España fue el primer país europeo en aprobar un Plan de Recuperación, el 27 de abril de 2021, para optar a las ayudas y créditos del Fondo “Next Generation EU”, unos 140.000 millones inicialmente adjudicados a España (70.000 en subvenciones a fondo perdido y 70.000 en créditos con bajo interés), con 4 objetivos básicos: la transición energética, la digitalización de la economía, las reformas económicas necesarias y la reducción de desigualdades regionales, sociales y de género. El Gobierno Sánchez envió el Plan a Bruselas el 30 de abril y un mes y medio después, el 16 de junio de 2021 lo aprobó la Comisión Europea (fue el primer Plan nacional aprobado), siendo ratificado por los ministros de Economía de la UE, el 13 de julio de 2021, “con la máxima calificación”.
Mostrando entradas con la etiqueta Bruselas. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Bruselas. Mostrar todas las entradas
jueves, 21 de mayo de 2026
Quedan 100 días para adjudicar Fondos UE
A partir de este domingo 24 de mayo, quedan 100 días para
adjudicar los proyectos que se financian con los Fondos
europeos, 103.000 millones de euros para el Plan de Recuperación
puesto en marcha en 2021, tras la pandemia. Y hay que correr, porque a
finales de marzo sólo se habían adjudicado 67.000 millones, el 71% de
los Fondos, y el plazo se acaba el 31 de agosto. En principio, lo
que no se adjudique se pierde, aunque el Gobierno ha pedido a Bruselas una
prórroga de 6 a 12 meses. Y además, aprobó este martes un Fondo soberano
(“España crece”), con recursos de estos Fondos UE para seguir
promoviendo inversiones después de 2026. Además, faltan
reformas por aprobar (bloqueadas en el Congreso) para conseguir el
7º pago de Bruselas, 24.166 millones, antes de finales de año. Es mucho
dinero, que debería anteponerse a las peleas políticas. Porque los Fondos
Europeos han sido y son claves para modernizar la economía,
crecer más y crear millones de empleos. Ahora, no se puede perder ni un euro. Enrique Ortega
España fue el primer país europeo en aprobar un Plan de Recuperación, el 27 de abril de 2021, para optar a las ayudas y créditos del Fondo “Next Generation EU”, unos 140.000 millones inicialmente adjudicados a España (70.000 en subvenciones a fondo perdido y 70.000 en créditos con bajo interés), con 4 objetivos básicos: la transición energética, la digitalización de la economía, las reformas económicas necesarias y la reducción de desigualdades regionales, sociales y de género. El Gobierno Sánchez envió el Plan a Bruselas el 30 de abril y un mes y medio después, el 16 de junio de 2021 lo aprobó la Comisión Europea (fue el primer Plan nacional aprobado), siendo ratificado por los ministros de Economía de la UE, el 13 de julio de 2021, “con la máxima calificación”.
A partir de ahí, el Plan de Recuperación empezó a andar
y enseguida llegaron los primeros Fondos europeos: el 17 de agosto de 2021, el
Tesoro español recibió la
primera transferencia de la UE: 9.036 millones en concepto de “prefinanciación”.
El primer
desembolso oficial condicionado (tras el anticipo de agosto) llegó el 27
de diciembre de 2021: 10.000 millones de euros, recibidos tras
confirmar la Comisión que España había cumplido 52 hitos y reformas.
El 27 de junio de 2022, la Comisión Europea aprobó un 2º desembolso oficial a España: otros
12.000 millones de euros de subvención, recibidos tras cumplir 40
hitos más. Ya en 2023, el 17 de febrero, la Comisión Europea
autorizó el
tercer desembolso condicionado para España: 6.000
millones de euros, que llegaron el 28 de marzo, tras confirmarse que España
había cumplido otros 29 hitos y objetivos en 2022. Y en pleno verano, el 26 de
julio de 2024, España
recibió el 4º pago condicionado, de 9.883 millones de euros, tras
confirmar Bruselas que había cumplidos 61 hitos y objetivos más. El 5º pago
fue el
que más tardó en llegar, el 8 de agosto de 2025, siendo el de mayor
importe: 23.100 millones de euros, 7.100 millones en subvenciones y
16.000 millones en créditos, tras solicitar España (en
las Navidades de 2022) recibir también créditos europeos, a cambio de más reformas.
El 6º pago de Fondos europeos lo
ha solicitado España el pasado 3 de marzo, por un importe de 7.256
millones de euros (6.205 millones en subvenciones y 1.051 millones en
créditos), tras justificar el cumplimiento de otros 78 hitos y objetivos. La
Comisión Europea aprobará este pago en mayo y lo ratificará el Consejo en
junio. Con ello, España habrá recibido este verano un total de 78.294
millones de Fondos europeos (60.511 millones en subvenciones a fondo
perdido y 17.783 millones en créditos), tras haber cumplido 343 hitos y objetivos
de reformas, el 70% del total, según el Gobierno. Y queda
por recibir este año el 7º y último pago, a solicitar en
septiembre, por un importe de 24.166 millones de euros (18.649 millones
en subvenciones y 5.517 millones en créditos), un pago elevado, que implica
aprobar los hitos y reformas pendientes (247) y adjudicar los proyectos en
trámite.
El problema es que Bruselas obliga a los paises a adjudicar
los proyectos del Plan de recuperación antes del 31 de agosto de 2026, so
pena de perder el dinero disponible (en el caso de España, esos 24.166
millones). Y España, como el resto, va retrasada en las adjudicaciones. Al
31 de marzo de 2026, España había adjudicado 67.000 millones de
euros, el 71% de los Fondos disponibles, según
el balance hecho por el vicepresidente Cuerpo en el Senado. Estos Fondos UE
ya adjudicados benefician a 1.460.000 adjudicatarios, entre empresas
(70% son pymes y micropymes) y particulares, habiéndose transferido
17.000 millones a las autonomías, 9.300 a las Corporaciones locales y 40.000 a
la Administración del Estado, quienes ahora deben gestionar los
proyectos. La mayoría son proyectos de digitalización, infraestructuras y
cohesión territorial (corredores Mediterráneo y Atlántico), proyectos
industriales y tecnológicos de vanguardia y proyectos de energías
renovables, transición energética y movilidad sostenible.
Como se ve, aún
quedan muchos proyectos por adjudicar (unos 27.000 millones de
euros) y poco tiempo para hacerlo, ya que el 31 de agosto es la fecha
límite para asignar todas las inversiones financiables con Fondos UE (subvenciones
y créditos) mediante la resolución de las convocatorias y licitaciones
pertinentes. Y, en paralelo, España deberá justificar ante Bruselas que ha
cumplido todos los hitos y reformas pendientes (247) que se exigen para
recibir el 7º y ultimo pago (esos 24.166 millones). Una doble carrera
contra reloj, donde la mayoría de paises europeos están retrasados,
como España.
Por eso, la propia Comisión
Europea aprobó en junio de 2025 una
Comunicación a los paises donde les pidió que agilizaran los
Planes de Recuperación, suprimieran las reformas que no se pudieran cumplir
y aumentaran los proyectos con mucha demanda. En cumplimiento de esta petición,
el Gobierno aprobó
el 9 de diciembre una “Adenda de Simplificación del
Plan de Recuperación”, para agilizar el proceso administrativo de
adjudicación, priorizando proyectos y acelerando la aprobación de los hitos
y objetivos que dan acceso a las subvenciones (79.854 millones en total),
reduciendo los créditos a pedir (iban a ser 83.200 millones y se quedan ahora
en 22.800, porque España tiene un buen acceso al crédito libre, ahora barato),
lo que permitirá reducir los hitos y reformas vinculados a estos créditos.
Tras
la Adenda de simplificación, se eliminan 17 reformas con rango de Ley
(difíciles de aprobar y que ya no se harán) y quedarán 230 hitos o reformas,
que habrá que aprobar antes del 31 de agosto. España
ya ha renegociado 5 veces con Bruselas los programas de inversión y
las reformas, con el objetivo de no perder ni un euro de subvenciones (79.854
millones), aunque podría perder algunos créditos (22.800 millones en total), o
cambiar esos proyectos por subvenciones. Por un lado, se adelantan objetivos
y se cambian unos proyectos por otros, intentando incluir programas de defensa
(como ha hecho Polonia), inicialmente fuera del Plan de recuperación. Y se
negocia que los Fondos no gastados puedan rescatarse después en forma de
Fondos estructurales, con margen hasta 2027. Y la última carta: el
presidente Sánchez
planteó en la última Cumbre informal de Chipre
(24 de abril) que el Plan de recuperación se ampliara 6 meses o un año
más, para poder adjudicar los últimos proyectos y las últimas reformas,
una prórroga que sería bien vista por otros paises.
Si es complejo adjudicar
en 100 días los proyectos pendientes (unos 27.000 millones), quizás resulta
más complicado aprobar
en este plazo los hitos y reformas pendientes, máxime cuando el
Gobierno está en una permanente “minoría parlamentaria”, con el “chantaje”
de Junts y la oposición a todo del PP y Vox. El problema (grave) es
que sin estas reformas no llegarán los Fondos UE de la 7ª entrega
(24.166 millones). Entre estas reformas
prometidas a Bruselas y que están paradas están la
subida de impuestos al gasóleo, la Ley de Industria, el proyecto de
Ley de la Función Pública, el proyecto de Ley de Familias, la Ley de mejora
de la protección del desempleo, el real decreto que refuerza la universalidad
de la sanidad, la Ley de Protección de la Competencia, el sistema de cuotas de
autónomos…Proyectos y reformas atascados en el Parlamento. Mientras, el
Gobierno busca vías para aprobar otras reformas con normas y Reglamentos que no
tengan que convalidarse en el Congreso.
Como vemos, adjudicar los últimos proyectos de inversión y aprobar
las últimas reformas en estos 100 días es una tarea gigantesca,
máxime sin la colaboración de la oposición. Pero debería ser una “prioridad
nacional”, porque España no puede permitirse perder ni un euro de los
casi 103.000 millones de Fondos europeos que nos corresponden (79.854
millones en subvenciones y 22.800 millones en créditos). Algunos
expertos estiman que, al ritmo actual de adjudicaciones y reformas, podríamos
perder el 10% (unos 10.000 millones).
El Gobierno Sánchez, además de presionar a Bruselas
para conseguir una prórroga, ha buscado una vía para recuperar el dinero que
no se gaste: este martes aprobó
la creación de un Fondo Soberano (“España Crece”) que
se financiará con 13.300 millones no gastados del Plan de Recuperación,
unos recursos que se destinarán al ICO (Instituto de Crédito Oficial, un
sucedáneo de “banco público”) para que con ellos financie proyectos de
inversión a partir de junio y, sobre todo, en 2027 y 2028. El
objetivo es que con estos “Fondos UE reciclados”, se puedan movilizar
inversiones por 120.000 millones de euros, arrastrando inversiones
privadas. El objetivo de este Fondo soberano (similar a los que
tienen Noruega y muchos paises del Golfo Pérsico) es seguir promoviendo
inversiones en sectores claves para modernizar la economía: digitalización,
descarbonización y sostenibilidad energética, tecnología, Defensa, vivienda
asequible y mejora de competitividad de las pymes. Ahora falta que la
Comisión Europea apruebe la creación de este Fondo “España Crece” con
Fondos UE.
En definitiva, España
tiene ante sí el mayor reto: cerrar en 100 días un Plan de Recuperación que
cumple 5 años y que ha transformado radicalmente la economía española,
disparando las inversiones en digitalización, energía, infraestructuras y
nuevas tecnologías. Este empujón de los Fondos europeos explica entre
el 10 y el 14% del crecimiento español entre 2021 y 2025, según
Funcas, que ha sido estos 5 años muy superior al de Europa (+21,9% creció el PIB en España, frente a +12,9% en la UE-27). Y junto al turismo, los
inmigrantes y las exportaciones, los Fondos UE han ayudado a crear
3.118.700 nuevos empleos en esos 5 años.
Ahora, no se trata de criticar si el cumplimiento del Plan
de recuperación va
lento o no (es el mayor reto inversor de nuestra historia para el
Estado, las autonomías, Ayuntamientos y empresas) y si se puede agilizar más
(hay más
de 3.700 funcionarios y empleados públicos trabajando en el Plan y se han
aportado ya más de 1,7 millones de documentos de verificación a Bruselas,
un tremendo reto burocrático). Lo importante es que hay que volcarse en estos 100
días que quedan, desde el Gobierno a todas las autonomías,
Ayuntamientos y empresas implicadas, para acelerar las adjudicaciones y
poner en marcha los proyectos. Y habría que lograr un pacto político
para que el Congreso trabajara a destajo (incluso en agosto) para aprobar como
sea las reformas que nos exige Bruselas, so pena de perder muchos millones.
Pero no parece que los políticos estén por acordar esta doble tarea, así que perderemos
dinero, proyectos y empleos. Es una “vergüenza nacional”.
España fue el primer país europeo en aprobar un Plan de Recuperación, el 27 de abril de 2021, para optar a las ayudas y créditos del Fondo “Next Generation EU”, unos 140.000 millones inicialmente adjudicados a España (70.000 en subvenciones a fondo perdido y 70.000 en créditos con bajo interés), con 4 objetivos básicos: la transición energética, la digitalización de la economía, las reformas económicas necesarias y la reducción de desigualdades regionales, sociales y de género. El Gobierno Sánchez envió el Plan a Bruselas el 30 de abril y un mes y medio después, el 16 de junio de 2021 lo aprobó la Comisión Europea (fue el primer Plan nacional aprobado), siendo ratificado por los ministros de Economía de la UE, el 13 de julio de 2021, “con la máxima calificación”.
Etiquetas:
adjudicaciones Fondos UE,
Bruselas,
Fondo España Crece,
Fondos europeos,
Fondos UE,
Plan de Recuperación,
prórroga Fondos UE,
reformas Plan Recuperación
jueves, 11 de abril de 2019
Europa se defiende frente a China
La Unión Europea está muy preocupada por el Brexit, pero quien le quita el sueño es China. No es para menos: los productos chinos invaden Europa y el déficit comercial se ha triplicado, mientras en España supone el 61% de nuestro “agujero” exterior. Y se multiplican las inversiones chinas en Europa, comprando empresas con ayudas del Gobierno chino. Mientras, a los europeos les ponen trabas para vender a invertir en China. Por ello, este martes 9 de abril se ha celebrado una Cumbre UE-China, donde los gobernantes europeos han dicho “basta”: quieren una relación económica y comercial más equilibrada, sin competencia desleal. Y han aprobado medidas para vetar inversiones chinas en sectores estratégicos, como las redes 5-G (Huawei). Bruselas busca imponer la unidad entre los 28, porque Italia y algunos paises del Este van por libre con China, facilitando su penetración en Europa. El problema de fondo: Europa es un gigante comercial pero “un enano empresarial” y las grandes multinacionales son de USA o China. Algo que sólo se arregla con más unión europea.
![]() |
| enrique ortega |
China es “el
país revelación” del siglo XXI. Si en
2000 era la 6ª economía del
mundo (tras EEUU, Japón, Alemania, Reino Unido y Francia), en 2007 era ya la tercera,
en 2010 superaba a Japón y en 2018
se consolidó como 2ª economía mundial,
acercándose a EEUU (13,04 billones de dólares de PIB en China frente a 20,51
billones en USA), según los datos del Banco Mundial. Y todo apunta a que, en 2032, China será la mayor economía del mundo, según la consultora CEBR, superando a EEUU, como también India en 2037. El
gran objetivo del ambicioso presidente
Xi Jinping es que en 2049, cuando
se cumpla el centenario de la gran Revolución de Mao Tse Tung, China
vuelva a ser “el gran Imperio del mundo”, como lo fue entre los siglos I y XIX de nuestra era, cuando el imperio chino suponía un tercio del PIB
mundial (el 32% en 1820), según se ve en
este gráfico histórico publicado por The Economist,
que revela cómo China e India suponían
la mitad del PIB mundial hasta la Revolución Industrial y que Europa
era “insignificante” hasta finales del siglo XIX.
El “gran salto adelante” de China, promovido por las reformas
económicas de Deng Xiaoping (entre 1990 y 2003) se ha impulsado en dos motores: las exportaciones (China se
convirtió en “la gran fábrica del mundo”) y las inversiones por todo el mundo (desde Latinoamérica y África a
Europa), impulsadas por un enorme ahorro forzado por el
Gobierno, que hace que China sea “el banquero del mundo“ y el mayor comprador de la deuda pública de EEUU (tiene el 18%) y de medio mundo (China tiene el 20% de toda la deuda pública española), que tiene un tremendo déficit comercial y
muchas deudas con China. El primero en hacer
frente a este imparable gigante chino fue Trump, hace un año, pero con una
estrategia alocada y poco eficiente (como es él), que ha provocado un auge del
proteccionismo y una debacle del comercio mundial que hacen temer otra recesión. Y ahora, Europa
toma conciencia del “problema chino”, una preocupación escenificada en una Cumbre de Merkel y Macron con Xi Jinping en París (26 marzo 2019) y la Cumbre UE-China de este 9 de abril.
Europa está muy
preocupada con los avances de China
y no es para menos. En 2018, China es el
primer país vendedor de Europa (de allí vienen el 20% de las importaciones europeas), muy por delante de EEUU (13%
de las importaciones UE) y Rusia (8%). Y China
es el 2º país comprador de Europa (compran el 15,4% de las exportaciones
europeas), por detrás de EEUU (destino del 17,1% exportaciones UE), según los últimos datos de Eurostat. Una relación
comercial con China muy desequilibrada:
Europa les vende por valor de 209.906 millones de euros y les compra por
394.697 millones, lo que supone que tenemos
un déficit comercial con China de -184.791 millones (2018).Y lo peor es que
ese déficit ha crecido exponencialmente: si
en 2002 era sólo de -55.317 millones,
en 2005 saltó a -109.258, en 2008 a -170.723 y en 2018 a los -184.791 millones
de euros. O sea, que el “agujero comercial” de Europa con China se ha triplicado con creces (x 3,3).
Toda Europa tiene
déficit comercial con China, salvo 4
paises europeos que tienen superávit (venden a los
chinos más de lo que les compran): Alemania
(+18.247 millones de euros en 2018), Bélgica
(5.667), Finlandia (+1.447 millones) e Irlanda (1.012 millones), según
Eurostat. Del resto, los paises que sufren el mayor
desequilibrio comercial con China son Holanda (-74.156 millones de euros, el 40% del “agujero comercial
europeo), Reino Unido (-29.954
millones, el 16,2% del déficit total), España
(-20.632 millones de déficit en 2018, según Comercio),
Italia (-17.611 millones), Portugal
(-15.856 millones), República Checa
(-10.987 millones) y Francia (-8.524
millones de déficit comercial), según Eurostat (2018).
En el caso de España,
nuestras compras a China se han multiplicado por 15 en este siglo (de 1.756 millones
importados en 1995 a 26.908 millones importados en 2018), mientras las
exportaciones a China han crecido sólo
9,2 veces (de 679 millones exportados en 1995 a 6.276 millones exportados
en 2018), con 15.000 empresas españolas que exportan a China (el 10% de
nuestros exportadores), según el Instituto Elcano. Con estos intercambios, el déficit comercial de España con China se
ha multiplicado por 20, pasando de -1.077 millones en 1995 a -18.300 en
2008 y -26.908 millones en 2018, según Comercio. Lo que más exporta España a China son alimentos (aceite, carne de
cerdo y vino), materiales de automoción, aparatos mecánicos y minerales. Y
compramos a China ropa y bienes de consumo, electrónica e informática,
productos industriales y químicos, según el ICEX.
La otra preocupación
de Europa es la avalancha de inversiones chinas en el continente. China se ha convertido en el
mayor inversor mundial (en 2016 invirtieron en 7.961 empresas de 164
paises) y una cuarta parte de esas
inversiones chinas van a Europa. En 2018, la inversión china en Europa rondó los 70.000 millones de euros, según la firma Baker Mackenzie, destacando las inversiones hechas en Reino Unido,
Suecia, Alemania, Luxemburgo, Francia y España, el 6º destino europeo de las
inversiones chinas (1.020 millones
de euros en 2018). La inversión de China en Europa ha
dado un tremendo salto en la última década, multiplicándose por 100
(de 707 millones de euros en 2008 a 70.000 en 2018) y acumulando ya los 181.000
millones de euros invertidos entre 2000 y 2018.
Esas inversiones chinas en Europa se
dirigen sobre todo a empresas tecnológicas (31,3%), industria y automóvil (24,7%),
servicios (16,2%) y otros, como infraestructuras transporte y sector inmobiliario, destacando
por paises Reino Unido (42.200
millones de euros chinos invertidos entre 2000 y 2017), Alemania (20.600), Italia (17.300), Francia (12.400), Holanda
(9.000), Finlandia (7.100), Portugal (6.000) y España (3.400 millones). Entre
las empresas europeas que han caído en las redes chinas, recordemos Volvo (Suecia), Pirelli
(Italia), TAP y EDP (Portugal), Lumileds (Holanda), Peugeot (Francia), Kious
(Alemania), Pizza Express (RU), Syngenta (Suiza) o la reciente Supercell Oy (empresa
de videojuegos finlandesa). En España, las mayores inversiones chinas han comprado Urbaser (servicios y medio
ambiente), instalaciones en los puertos de Valencia, Bilbao y Barcelona, Madrileña
de Gas (energía), Grupo Miquel (alimentación), Marqués de Atrio (bebidas), NH Hoteles (vendida), Osborne (vendida), Eptisa (ingeniería), Clínica Baviera (salud), Iberwind (energía) y los Clubes de fútbol Atlético de Madrid
(grupo Wanda), Valencia (Peter Lim), Espanyol (Rastar Group), Granada (grupo
Desport) y Lorca (Xu Genbao).
Tras una década de creciente invasión china en Europa, los
dirigentes comunitarios empiezan a tomar conciencia de que hay un problema y deben “frenar a China”, que la Unión
Europea tiene que defenderse. Básicamente, porque el éxito chino es
consecuencia de una política comercial proteccionista (ayuda a los exportadores chinos y problemas a
los europeos que quieren vender en China) y las inversiones chinas crecen al amparo de empresas públicas (el
60% de las que vienen) y privadas que
compiten “dopadas”, gracias a
ayudas y créditos sin interés y sin límite del Gobierno chino. Vamos, que el
gigante chino hace competencia desleal a los europeos, que pierden así
crecimiento y empleo en beneficio de China.
“El tiempo de la ingenuidad se ha acabado”, ha dicho recientemente el presidente francés Macron, abanderado de la cruzada
contra China. Y aunque tanto Francia como Alemania han vetado algunas inversiones chinas, quieren que la UE, como un
bloque, adopte una política común frente a China, a la que definen
ahora como “un rival sistémico”. Y
para perfilar esta nueva política frente a China, la Comisión Europea aprobó el 12 de marzo este Documento
donde se proponen 10 acciones concretas
para afrontar la invasión comercial e inversora de China. Un Plan que fue
aprobado en la Cumbre europea del 21-22 de marzo de 2019, junto a la postura sobre el Brexit. Y luego fue expuesto a China en la mini Cumbre de París, el 26 de marzo, entre Macron, Merkel, Juncker (CE) y Xi Jinping.
Y ha sido el documento sobre el que ha girado la Cumbre UE-China, celebrada este martes 9 de abril en Bruselas.
La nueva estrategia de la Unión Europea ante China tiene 2 objetivos. Uno, presentar un
frente común y único ante China, que tiene acuerdos e inversiones
bilaterales con Italia (el gobierno populista firmó el 22 de marzo un acuerdo comercial y 29 acuerdos de colaboración con
China, en el terreno comercial, bancario o turístico), Portugal y Grecia, 5
paises de los Balcanes y 11 paises del Este europeo (sobre todo con Hungría y
Polonia), el Foro 16+1, un "caballo de Troya" chino para penetrar en Europa país a país y dividir así la
“resistencia europea”. El otro objetivo es “equilibrar” las relaciones comerciales y vigilar las inversiones chinas, para
que no penetren en sectores estratégicos o sensibles, sobre todo en las futuras redes 5G, donde EEUU tampoco quiere a Huawei, porque temen que su tecnología “abra una puerta trasera” a China en las
comunicaciones estratégicas europeas.
Esta nueva estrategia
UE frente a China propone a los paises europeos actuar en 4 frentes. El primero, buscar unas relaciones comerciales e
inversiones “más equilibradas y
más recíprocas”, acabando con la competencia desleal de China.
La Comisión explica que el Gobierno chino ha ido creando grandes
empresas (los llamados “campeones
nacionales”), multinacionales estatales
y privadas que compiten gracias a las infinitas subvenciones que reciben y
a un crédito público y privado inagotable y barato. Y así consiguen ganar terreno en Europa, vendiendo e invirtiendo,
mientras, en paralelo, China cierra sus
mercados y discrimina a los productos e
inversiones europeas. La segunda queja es que Europa tiene el mercado de contratación pública mayor
del mundo (2 billones de euros anuales que compran los Estados y sus
Administraciones públicas) y el más
abierto, que aprovechan para vender las “dopadas” empresas chinas, mientras
en China, las empresas europeas más
competitivas tienen bastante cerrada la
entrada para competir en contratos públicos chinos de transportes,
telecomunicaciones, electricidad, construcción y equipos médicos.
En ambos casos, la nueva estrategia europea defiende igualdad de trato: si los chinos quieren vender o invertir en Europa, sus empresas no
pueden tener ayudas o créditos públicos, prohibidos a las empresas europeas. Y
si no me dejan exportar o invertir en determinados sectores en China, tampoco
podrás hacerlo aquí. Además, Europa no
quiere que la inversión extranjera (ni China ni USA ni rusa) entre en sectores estratégicos, porque
puede poner en riesgo la seguridad de la UE. Y por eso, la Comisión y el
Parlamento europeo han aprobado, el 20 de febrero de 2019, un Reglamento que regula las inversiones extranjeras directas en Europa, una normativa que tienen que aprobar los
paises y que entrará en vigor plenamente en noviembre de 2020. Con ella, se mirarán con lupa y se vetarán si hace
falta las inversiones extranjeras en sectores estratégicos, empresas
tecnológicas, infraestructuras y equipos críticos (como las redes 5G), con especial vigilancia y
sanciones frente a los “ciberataques”.
Tras estos dos frentes, comercial e inversor, la Unión
Europea, hace otras dos advertencias a China, una política y otra militar. El frente político del documento de la
Comisión insta a China a colaborar en la
política internacional, con la defensa de los derechos humanos (“la situación de los derechos humanos en
China se está deteriorando”, dice textualmente), una lucha más eficaz
contra el cambio climático (China ayuda a construir centrales de carbón en varios paises) y profundizar en los objetivos de paz y seguridad en
el mundo (la UE les critica sus peligrosas reivindicaciones en el mar del sur de China, donde desoyen el
laudo de la ONU). Y en el frente militar,
Europa muestra su preocupación por el militarismo de China (ha
disparado sus inversiones en Defensa) y “su ambición por tener en 2050 las Fuerzas Armadas tecnológicamente más avanzadas del
mundo”, lo que, según la Comisión “plantea problemas de seguridad
para la UE”…
Hasta aquí, “el toque” de Europa a China, firme, aunque tardío. Ahora habrá que
ver si se queda sólo en palabras o si la UE denuncia a China ante la
Organización Mundial del Comercio (OMC), por “competencia desleal”. Mientras,
China, enfrentada a Trump, quiere “suavizar”
su encontronazo con Europa, prometiendo que “van a ser buenos” y van a liberalizar sus mercados a las ventas e
inversiones europeas. De hecho, antes de esta Cumbre, China ha tratado de “calmar a Europa” aprobando una nueva Ley de inversiones extranjeras
más flexible (e insuficiente, según los expertos occidentales), que entrará en
vigor el 1 de enero de 2020. Pero es sólo una
justificación, un “señuelo”, mientras intenta mejorar su posición inversora y
comercial en la Europa del Este y del sur, con apoyo de Italia. Y mientras gana
tiempo, el capitalismo de Estado chino sigue creciendo (menos, pero un 6,6%, 6 veces lo que la zona euro) y ganando peso
en el mundo, a golpe de inversiones, créditos y ventas, con el horizonte de volver
a ser el Gran imperio del mundo para 2049.
China tiene que
seguir creciendo, sin que ni Europa ni Trump le paren, porque la
estrategia del Partido Comunista Chino, que rige el país y la economía
(los principales empresarios públicos y privados están afiliados) es un
“contrato social” en que ofrecen a los 1.400 millones de chinos vivir
mejor (su renta per cápita se ha triplicado desde 2008) a cambio de no tener
libertades y de pertenecer al país más poderoso del mundo, como explica el
profesor Julio Aramberri en su reciente libro “La China de Xi Jinping”, un
extraordinario análisis donde sostiene que el
desarrollo chino no traerá la democracia y sí un nacionalismo militarista,
peligroso para el mundo. China está empeñada en reforzar su creciente poderío económico con una mayor influencia internacional, asentada a golpe de invertir en medio mundo, endeudar y hacer dependientes a los paises en desarrollo y asegurarse una mayor presencia estratégica a través de la nueva Ruta de la Seda, cuatro nuevas vías terrestres y marítimas de llegar a Europa a través de Asia, Oriente Medio y África. Así que está
bien que Europa “se ponga las pilas”.
Pero no basta con el cierre de filas frente a
China. Europa tiene que tomar conciencia de que el mundo está cambiando
y que la Unión Europea es un gigante económico
y comercial pero “un enano empresarial”: entre las 40 mayores empresas del mundo,
sólo 5 son europeas (Shell, BP, Volkswagen, Daimler y Total).
Y entre las 10 mayores multinacionales, 7 son tecnológicas: 5 son de EEUU y 2 de China, ninguna de Europa. Aquí está el
fondo del problema: Europa no puede defender su futuro sin grandes empresas que
puedan competir con las chinas y norteamericanas (luego con las indias). Y para
ello, hay que lanzar ya una estrategia para crear “campeones europeos”,
grandes empresas europeas fruto de la fusión de menores empresas alemanas,
francesas, británicas, italianas o españolas. Eso exige tiempo, ayudas y financiación, además de leyes, cuestiones
todavía pendientes y que figuran como un reto clave del futuro Gobierno europeo que salga del 28-M.
En definitiva, que sabemos poco de China, Europa se ha descuidado y ahora los
chinos han penetrado a tope en lo que compramos y en nuestras empresas, en perjuicio de los empleos europeos.
Pero no se les puede frenar con normas y denuncias, hay que pararlos
con una economía europea más competitiva. Y eso pasa por integrarnos
más los europeos, en avanzar en los
Estados Unidos de Europa. Unirnos
más, no dividirnos.
Etiquetas:
Bruselas,
China,
comercio chino,
Comisión Europea,
déficit comercial,
EEUU.,
España,
Europa,
Huawei,
inversiones chinas,
proteccionismo,
Trump,
Unión Europea
lunes, 1 de mayo de 2017
Negociación Brexit: España se juega mucho
Este fin de semana, una Cumbre europea ha fijado la postura de los 27 paises UE para negociar con Reino Unido su salida de la Unión Europea. La negociación del Brexit durará casi dos años, hasta marzo de 2019, y España es el país grande que más se juega, según Standard&Poors. Y eso porque los británicos son 1 de cada 5 turistas que nos visitan, es el tercer país donde más invierte España, nuestro cuarto cliente comercial, el origen de un 20% de beneficios de las empresas del IBEX y donde trabajan 300.000 españoles. El Brexit puede recortar un 0,5% nuestro crecimiento (-5.500 millones) y empleo (-90.000) y afectará más al turismo, automoción, industria agroalimentaria, banca y algunas grandes empresas, sobre todo en Madrid, Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana y Canarias. Por todo ello, el Gobierno Rajoy debe estar muy encima de esta negociación y asegurar que no frena nuestra recuperación. Y debe aprobar un Plan de choque para compensar sus costes. Ojo al Brexit.
.
![]() |
| enrique ortega |
Ha comenzado la cuenta atrás para que Reino Unido (RU) abandone la Unión Europea (UE), como decidió por un estrecho margen (51,9%) en el referéndum del 26 de junio de 2016. El pistoletazo de salida lo dio la carta enviada por Theresa May a Bruselas, el 29 de marzo de 2017, anunciando que desean abandonar la Unión Europea, donde el Reino Unido lleva desde 1973 (cuando ingresó en la CEE, al tercer intento, tras dos vetos del general de Gaulle). A partir de ahí, el Tratado de Lisboa contempla un plazo de 2 años para materializar esa salida. Y si no se logra un acuerdo para entonces, el 29 de marzo de 2019, el Reino Unido quedaría automáticamente fuera de la UE (salvo que se decidiera por unanimidad seguir negociando). Ahora, los 27 ya han acordado una base común de negociación, que la Comisión Europea debe concretar en un mandato negociador el 22 de mayo, para reunirse después con Londres, a finales de junio, tras las elecciones anticipadas (8 junio) por Theresa May para reforzar su posición negociadora. Y luego, el objetivo es negociar durante año y medio, para tener listo un acuerdo de salida a finales de 2018, porque todavía tendrían que aprobarlo, antes de marzo 2019, los Parlamentos de la UE y Reino Unido.
La negociación
será larga y dura y girará sobre 4 temas claves. El primero y fundamental, qué se va a negociar. La posición de los 27 paises europeos es
clara: ahora sólo hay que negociar la salida del Reino Unido de la UE. Pero el Gobierno británico
quiere negociar a la vez la salida y el futuro acuerdo comercial con la UE,
pensando que así “sacará más” que
dejándolo para 2019. “El Reino Unido
abandona la UE pero no Europa”, insiste Theresa May para apoyar que ambas cuestiones se negocien juntas. Pero
Bruselas es tajante: “Brexit es Brexit”
y no va a aceptar que Reino Unido elija unas cosas de Europa (libertad de comercio
o de capitales) y no otras (libertad de personas, política social y demás reglas comunitarias).
Si se consigue separar ambas cuestiones y dejar la
negociación del futuro acuerdo comercial RU-UE para cuando estén fuera (en
marzo de 2019), como insiste Bruselas, el
segundo escollo será “el pago del divorcio”: Reino Unido tiene que hacer frente a una serie de
costes ya comprometidos (futuro pago de pensiones, inversiones y fondos
comprometidos), una factura estimada por
Bruselas en 60.000 millones de euros y que Londres pretende rebajar a menos de la mitad. Y
el tercer tema clave es qué pasa con
los 3.300.000 ciudadanos comunitarios que viven en Reino Unido
y los 1.200.000 británicos que viven en la UE: que derechos se les garantiza a
partir de marzo de 2019. Bruselas teme
que Londres utilice a los extranjeros UE como “rehenes” de la negociación,
como “escudos humanos” en esta “guerra”.
El cuarto tema clave de la negociación será configurar la transición, en
dos periodos muy diferentes. Uno, de
aquí a la salida del Reino Uhttp://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/27/actualidad/1493285631_032397.htmlnido de la UE (marzo 2019). Londres insiste en
pedir facilidades comerciales y financieras para una parte de su industria (automóvil) y sus finanzas (banca y seguros),
mientras Bruselas reitera que “Brexit es Brexit” y que no se puede permitir que una parte de la economía británica
se beneficie del mercado único (“por la puerta de atrás”) mientras otra parte
lo rechaza. Pero si Bruselas rechaza “tratos especiales” para el Reino Unido de aquí a 2019, sí tendrá que negociar una fase de
transición para después, cuando haya
salido de la UE pero aún no se haya firmado ningún futuro acuerdo comercial, del estilo
del que Bruselas tiene con Noruega, Suiza o Canadá, por ejemplo. Negociar este acuerdo comercial llevará
varios años, con lo que habría un largo periodo transitorio, al menos hasta
2022. Y en la negociación de ese acuerdo, Bruselas es tajante: Londres no puede conseguir más ventajas que si estuviera en la
UE (sin cargar con los compromisos de estar). Y durante estos dos
periodos transitorios (hasta salir de la UE y luego hasta firmar un acuerdo
comercial), el Reino Unido tiene que aceptar la autoridad del Tribunal Europeo de Justicia en los posibles litigios,
algo que levanta “ampollas” en el gobierno británico.
Al final, si en diciembre de 2018 hay acuerdo y no ruptura,
lo negociado tendrá que ser ratificado por el Parlamento europeo y británico, sin vetos de ningún país clave.
Y más
difícil todavía será alcanzar el acuerdo comercial futuro, porque las posibles
concesiones a Reino Unido podrían sufrir el veto de algún país o incluso de
alguna región de un país, que argumentarían pérdidas industriales, agrícolas,
financieras y comerciales. De momento, en
la Unión Europea se perfilan tres bandos ante la negociación con Reino
Unido. Uno, el de los partidarios del Brexit
duro, liderados por Merkel y apoyados por Francia: Londres se va y fuera no podrá elegir lo
que le conviene de Europa, no podrá estar
mejor que dentro. España, con Rajoy, lidera la opción del Brexit blando,
apoyada por Italia: aboga una “negociación
amistosa” y conceder estos dos años un trato privilegiado a Londres, para negociar
después un acuerdo comercial preferente. Y en medio están los paises del Este, liderados por Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia,
cuya preocupación es el futuro de sus muchos ciudadanos en Reino Unido, la moneda de cambio para suavizar su
postura frente a Londres.
España está en el bando de los “blandos” en esta
negociación, no por generosidad sino porque tiene mucho que perder y Rajoy piensa que sacará más con un “diálogo amistoso” que con el Brexit duro que
defiende Merkel. De hecho, España es el país europeo de los grandes más
afectado por el Brexit, según un estudio realizado antes del referéndum por la agencia Standard&Poors: somos el 8º país más expuesto al Brexit (1,5
puntos), tras Irlanda (3,5), Malta (2,9), Luxemburgo (2,4), Chipre (2,3), Suiza
(2), Bélgica y Holanda (1,6), mucho más expuesto que Francia (0,8 puntos),
Alemania (0,8) o Italia (0,4 puntos).
Y hay varias razones que lo justifican. Una,
que la primera industria española, el
turismo, depende en gran medida del Reino Unido: en 2016 nos visitaron 17.840.292 británicos, el 23,6% de todos los turistas que
llegaron a España (y se gastaron el 20,9% del total). Y si el Brexit frena el
crecimiento del Reino Unido y debilita su moneda (la libra ya ha perdido más de
un 10%), lo esperable es que se reduzca el turismo británico a España, sobre todo en 2019 y después.
Además, España es el tercer país con más
inversiones en Reino Unido (unos 60.000 millones), sólo por detrás de Francia
(127.000) y Alemania (94.000), inversiones que se verán afectadas por futuros
aranceles y cambios normativos. Y en tercer lugar, Reino Unido es el cuarto
cliente comercial de España, tras Francia, Alemania e Italia: en 2016 les vendimos
productos por 19.153 millones (el 7,5% de nuestras exportaciones). Y es el 5º país al que más compramos:
11.184 millones (4,1% importaciones). Este superávit comercial de España con Reino
Unido podría reducirse cuando se aprueben aranceles y controles, tras salir de
la UE.
Todo ello se traduce en empresas españolas que tendrán más difícil vender en Reino Unido, sobre todo en el
sector del automóvil, alimentación (vino, carnes, frutas y hortalizas), industria
farmacéutica o aeronáutica. Y luego están las más de 300 empresas españolas que operan en Reino Unido y que
consiguen una buena parte de su facturación y beneficios allí: Ferrovial (34%
ventas son en RU), Telefónica (30% facturación), Banco Santander (24% beneficio total procede de RU), Iberdrola (14% de sus ingresos), FCC (10% beneficio),
Inditex (101 tiendas), Banco Sabadell (150% negocio), IAG-Iberia… De hecho, se
estima que un 21% de los beneficios de las grandes empresas del IBEX se generan
en Reino Unido, lo que indica que también está en juego una buena parte de su
empleo aquí. Según un informe de la consultora KPGM, a partir de una encuesta a 3.000 grandes empresas españolas, el
45% de ellas dice tener relación económica o comercial con Reino Unido. Y todas
están ahora pendientes de cómo va a quedar el Brexit y cómo van a poder operar
en el futuro con un país fuera de la UE.
Y aún hay otros
frentes de preocupación. El principal, los 300.000 españoles que viven en Reino Unido, ahora preocupados por qué va a ser de ellos en la negociación del Brexit, si se les
mantendrán sus actuales derechos o los perderán, con riesgo de ser expulsados.
Lo mismo temen el casi millón de británicos que viven en España (300.000 de forma permanente), que además
han sido el motor de las ventas de viviendas en la Costa española, ahora en el
aire. De hecho, las compras de viviendas por británicos sólo aumentaron un 2% en 2016, cuando en los dos años anteriores crecieron un 43%. Eso sí, también hay expertos que creen que España podría conseguir algo positivo con el Brexit: atraer a empresas y entidades que abandonen Londres cuando Reino Unido salgan de la UE. Pero esto es discutible por dos razones: es dudoso que la mayoría de multinacionales dejen la City y las que lo hagan pensarán en irse a Frankfort o a París antes que a Madrid o Barcelona.
El presidente Rajoy,
en su línea, ha pedido “no dramatizar sobre los efectos del Brexit para España”.
Pero su Gobierno ha preparado un informe donde se estima que el Brexit recortará el
crecimiento de España entre un 0,2 y un 0,4% del PIB (hasta -4.440 millones),
lo que se traducirá también en una pérdida de empleo (hasta -90.000). Y hay
otras estimaciones que suben el coste hasta el 0,5% del PIB (Instituto de
Empresa) o el 0,6% (Ceprede). Lo que parece claro es que el Brexit va a afectar negativamente a las
exportaciones, inversiones y ventas españolas en Reino Unido, así como al
turismo. Las estimaciones del BBVA indican que el mayor efecto lo sufrirán Murcia, la Comunidad Valenciana y Canarias (por la caída de exportaciones
y turismo), junto a Madrid y Cataluña
(por bancos y grandes empresas).
Y habrá otras
consecuencias negativas, como que España
tendrá que aportar más al Presupuesto europeo cuando Reino Unido deje de
pagar (10.751 millones de euros netos en 2015): el Gobierno Rajoy estima que tendremos que aportar 888 millones de euros más a Bruselas
en 2019, con lo que seremos un país contribuyente neto cuando ahora salimos
ganando (+825 millones en 2017). Y Murcia y Melilla
podrían perder fondos europeos, con
la reconfiguración de 2019. También pueden perder
fondos europeos los agricultores españoles, porque la política
agraria común (PAC) tendrá entre 1.200 y
3.100 millones menos para repartir (y una parte de este recorte lo sufrirá
España). Otro tema clave será cómo quedan las futuras cuotas de pesca y si los pescadores españoles podrán ir a los caladeros
británicos.
Como se ve, lo que
pase con el Brexit es clave para España y puede
ser un grave obstáculo para la recuperación, el crecimiento y el empleo en
los próximos años. Por eso, Gobierno y oposición deberían centrarse
en esta negociación, pactar unos acuerdos mínimos y estar muy encima de lo que se discuta entre
Bruselas y Londres, porque nos jugamos más que la mayoría.
Hay que dejar claras las líneas rojas de España, que no sólo puede ser Gibraltar, sino el futuro de los españoles en Reino Unido,
el trato a nuestras empresas e inversiones, los futuros acuerdos comerciales y
el papel de España en una Europa a 27. Y en paralelo, aprobar un
Plan de choque para paliar los daños del Brexit, centrado en ayudas a
los sectores y las regiones más afectadas, buscando alternativas de ventas,
inversión y turismo en otros paises. No lo duden: el Brexit debe ser una de las grandes prioridades de España en esta Legislatura.
Nos afecta demasiado como para dejarlo en
manos de Bruselas.
Etiquetas:
acuerdo comercial,
bancos,
Brexit,
Bruselas,
Cumbre europea,
empresas,
españoles en Reino Unido,
Londres,
negociación Brexit,
Reino Unido,
turismo británico.,
UE,
Unión Europea
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

