Europa se defiende frente a China

La Unión Europea está muy preocupada por el Brexit, pero quien le quita el sueño es China. No es para menos: los productos chinos invaden Europa y el déficit comercial se ha triplicado, mientras en España supone el 61% de nuestro “agujero” exterior. Y se multiplican las inversiones chinas en Europa, comprando empresas con ayudas del Gobierno chino. Mientras, a los europeos les ponen trabas para vender a invertir en China. Por ello, este martes 9 de abril se ha celebrado una Cumbre UE-China, donde los gobernantes europeos han dicho “basta”: quieren una relación económica y comercial más equilibrada, sin competencia desleal. Y han aprobado medidas para vetar inversiones chinas en sectores estratégicos, como las redes 5-G (Huawei). Bruselas busca imponer la unidad entre los 28, porque Italia y algunos paises del Este van por libre con China, facilitando su penetración en Europa. El problema de fondo: Europa es un gigante comercial pero “un enano empresarial” y las grandes multinacionales son de USA o China. Algo que sólo se arregla con más unión europea. 

enrique ortega

China es “el país revelación” del siglo XXI. Si en 2000 era la 6ª economía del mundo (tras EEUU, Japón, Alemania, Reino Unido y Francia), en 2007 era ya la tercera, en 2010 superaba a Japón y en 2018 se consolidó como 2ª economía mundial, acercándose a EEUU (13,04 billones de dólares de PIB en China frente a 20,51 billones en USA), según los datos del Banco Mundial. Y todo apunta a que, en 2032, China será la mayor economía del mundo, según la consultora CEBR, superando a EEUU, como también India en 2037. El gran objetivo del ambicioso presidente Xi Jinping es que en 2049, cuando se cumpla el centenario de la gran Revolución de Mao Tse Tung, China vuelva a ser “el gran Imperio del mundo”, como lo fue entre los siglos I y XIX de nuestra era, cuando el imperio chino suponía un tercio del PIB mundial (el 32% en 1820), según se ve en este gráfico histórico publicado por The Economist, que revela cómo China e India suponían la mitad del PIB mundial hasta la Revolución Industrial y que Europa era “insignificante” hasta finales del siglo XIX.

El “gran salto adelante” de China, promovido por las reformas económicas de Deng Xiaoping (entre 1990 y 2003) se ha impulsado en dos motores: las exportaciones (China se convirtió en “la gran fábrica del mundo”) y las inversiones por todo el mundo (desde Latinoamérica y África a Europa), impulsadas por un enorme ahorro forzado por el Gobierno, que hace que China sea “el banquero del mundo“ y el mayor comprador de la deuda  pública de EEUU  (tiene el 18%) y de medio mundo (China tiene el 20% de toda la deuda pública española), que tiene un tremendo déficit comercial y muchas deudas con China. El primero en hacer frente a este imparable gigante chino fue Trump, hace un año, pero con una estrategia alocada y poco eficiente (como es él), que ha provocado un auge del proteccionismo y una debacle del comercio mundial que hacen  temer otra recesión. Y ahora, Europa toma conciencia del “problema chino”, una preocupación escenificada en una Cumbre de Merkel y Macron con Xi Jinping en París (26 marzo 2019) y la Cumbre UE-China de este 9 de abril.

Europa está muy preocupada con los avances de China y no es para menos. En 2018, China es el primer país vendedor de Europa (de allí vienen el 20% de las importaciones europeas), muy por delante de EEUU (13% de las importaciones UE) y Rusia (8%). Y China es el 2º país comprador de Europa (compran el 15,4% de las exportaciones europeas), por detrás de EEUU (destino del 17,1% exportaciones UE), según los últimos datos de Eurostat. Una relación comercial con China muy desequilibrada: Europa les vende por valor de 209.906 millones de euros y les compra por 394.697 millones, lo que supone que tenemos un déficit comercial con China de -184.791 millones (2018).Y lo peor es que ese déficit ha crecido exponencialmente: si en 2002 era sólo de -55.317 millones, en 2005 saltó a -109.258, en 2008 a -170.723 y en 2018 a los -184.791 millones de euros. O sea, que el “agujero comercial” de Europa con China se ha triplicado con creces (x 3,3).

Toda Europa tiene déficit comercial con China, salvo 4 paises europeos que tienen superávit (venden a los chinos más de lo que les compran): Alemania (+18.247 millones de euros en 2018), Bélgica (5.667), Finlandia (+1.447 millones) e Irlanda (1.012 millones), según Eurostat. Del resto, los paises que sufren el mayor desequilibrio comercial con China son Holanda (-74.156 millones de euros, el 40% del “agujero comercial europeo), Reino Unido (-29.954 millones, el 16,2% del déficit total), España (-20.632 millones de déficit en 2018, según Comercio), Italia (-17.611 millones), Portugal (-15.856 millones), República Checa (-10.987 millones) y Francia (-8.524 millones de déficit comercial), según Eurostat (2018).

En el caso de España, nuestras compras a China se han multiplicado por 15 en este siglo (de 1.756 millones importados en 1995 a 26.908 millones importados en 2018), mientras las exportaciones a China han crecido sólo 9,2 veces (de 679 millones exportados en 1995 a 6.276 millones exportados en 2018), con 15.000 empresas españolas que exportan a China (el 10% de nuestros exportadores), según el Instituto Elcano. Con estos intercambios, el déficit comercial de España con China se ha multiplicado por 20, pasando de -1.077 millones en 1995 a -18.300 en 2008 y -26.908 millones en 2018, según Comercio. Lo que más exporta España a China son alimentos (aceite, carne de cerdo y vino), materiales de automoción, aparatos mecánicos y minerales. Y compramos a China ropa y bienes de consumo, electrónica e informática, productos industriales y químicos, según el ICEX.

La otra preocupación de Europa es la avalancha de inversiones chinas en el continente. China se ha convertido en el mayor inversor mundial (en 2016 invirtieron en 7.961 empresas de 164 paises) y una cuarta parte de esas inversiones chinas van a Europa. En 2018, la inversión china en Europa rondó los 70.000 millones de euros, según la firma Baker Mackenzie, destacando las inversiones hechas en Reino Unido, Suecia, Alemania, Luxemburgo, Francia y España, el 6º destino europeo de las inversiones chinas (1.020 millones de euros en 2018). La inversión de China en Europa ha dado un tremendo salto en la última década, multiplicándose por 100 (de 707 millones de euros en 2008 a 70.000 en 2018) y acumulando ya los 181.000 millones de euros invertidos entre 2000 y 2018.

Esas inversiones chinas en Europa se dirigen sobre todo a empresas tecnológicas (31,3%), industria y automóvil (24,7%), servicios (16,2%) y otros, como infraestructuras  transporte y sector inmobiliario, destacando por paises Reino Unido (42.200 millones de euros chinos invertidos entre 2000 y 2017), Alemania (20.600), Italia (17.300), Francia (12.400), Holanda (9.000), Finlandia (7.100), Portugal (6.000) y España (3.400 millones). Entre las empresas europeas que han caído en las redes chinas, recordemos Volvo (Suecia), Pirelli (Italia), TAP y EDP (Portugal), Lumileds (Holanda), Peugeot (Francia), Kious (Alemania), Pizza Express (RU), Syngenta (Suiza) o la reciente Supercell Oy (empresa de videojuegos finlandesa).  En España, las mayores inversiones chinas han comprado Urbaser (servicios y medio ambiente), instalaciones en los puertos de Valencia, Bilbao y Barcelona, Madrileña de Gas (energía), Grupo Miquel (alimentación), Marqués de Atrio (bebidas), NH Hoteles (vendida), Osborne (vendida), Eptisa (ingeniería), Clínica Baviera (salud), Iberwind (energía) y los Clubes de fútbol Atlético de Madrid (grupo Wanda), Valencia (Peter Lim), Espanyol (Rastar Group), Granada (grupo Desport) y Lorca (Xu Genbao).

Tras una década de creciente invasión china en Europa, los dirigentes comunitarios empiezan a tomar conciencia de que hay un problema y deben “frenar a China”, que la Unión Europea tiene que defenderse. Básicamente, porque el éxito chino es consecuencia de una política comercial proteccionista  (ayuda a los exportadores chinos y problemas a los europeos que quieren vender en China) y las inversiones chinas crecen al amparo de empresas públicas (el 60% de las que vienen) y privadas que compiten “dopadas”, gracias a ayudas y créditos sin interés y sin límite del Gobierno chino. Vamos, que el gigante chino hace competencia desleal a los europeos, que pierden así crecimiento y empleo en beneficio de China.

“El tiempo de la ingenuidad se ha acabado”, ha dicho recientemente el presidente francés Macron, abanderado de la cruzada contra China. Y aunque tanto Francia como Alemania han vetado algunas inversiones chinas, quieren que la UE, como un bloque, adopte una política común frente a China, a la que definen ahora como “un rival sistémico”. Y para perfilar esta nueva política frente a China, la Comisión Europea aprobó el 12 de marzo este Documento donde se proponen 10 acciones concretas para afrontar la invasión comercial e inversora de China. Un Plan que fue aprobado en la Cumbre europea del 21-22 de marzo de 2019, junto a la postura sobre el Brexit. Y luego fue expuesto a China en la mini Cumbre de París, el 26 de marzo, entre Macron, Merkel, Juncker (CE) y Xi Jinping. Y ha sido el documento sobre el que ha girado la Cumbre UE-China, celebrada este martes 9 de abril en Bruselas.

La nueva estrategia de la Unión Europea ante China tiene 2 objetivos. Uno, presentar un frente común y único ante China, que tiene acuerdos e inversiones bilaterales con Italia (el gobierno populista firmó el 22 de marzo un acuerdo comercial y 29 acuerdos de colaboración con China, en el terreno comercial, bancario o turístico), Portugal y Grecia, 5 paises de los Balcanes y 11 paises del Este europeo (sobre todo con Hungría y Polonia), el Foro 16+1, un "caballo de Troya" chino para penetrar en Europa país a país y dividir así la “resistencia europea”. El otro objetivo es “equilibrar” las relaciones comerciales y vigilar las inversiones chinas, para que no penetren en sectores estratégicos o sensibles, sobre todo en las futuras redes 5G, donde EEUU tampoco quiere a Huawei, porque temen que su tecnología “abra una puerta trasera” a China en las comunicaciones estratégicas europeas.

Esta nueva estrategia UE frente a China propone a los paises europeos actuar en 4 frentes. El primero, buscar unas relaciones comerciales e inversiones “más equilibradas y más recíprocas”, acabando con la competencia desleal de China. La Comisión explica que el Gobierno chino ha ido creando grandes empresas (los llamados “campeones nacionales”), multinacionales estatales y privadas que compiten gracias a las infinitas subvenciones que reciben y a un crédito público y privado inagotable y barato. Y así consiguen ganar terreno en Europa, vendiendo e invirtiendo, mientras, en paralelo, China cierra sus mercados y discrimina  a los productos e inversiones europeas. La segunda queja es que Europa tiene el mercado de contratación pública mayor del mundo (2 billones de euros anuales que compran los Estados y sus Administraciones públicas) y el más abierto, que aprovechan para vender las “dopadas” empresas chinas, mientras en China, las empresas europeas más competitivas tienen bastante cerrada la entrada para competir en contratos públicos chinos de transportes, telecomunicaciones, electricidad, construcción y equipos médicos.

En ambos casos, la nueva estrategia europea defiende igualdad de trato: si los chinos quieren vender o invertir en Europa, sus empresas no pueden tener ayudas o créditos públicos, prohibidos a las empresas europeas. Y si no me dejan exportar o invertir en determinados sectores en China, tampoco podrás hacerlo aquí. Además, Europa no quiere que la inversión extranjera (ni China ni USA ni rusa) entre en sectores estratégicos, porque puede poner en riesgo la seguridad de la UE. Y por eso, la Comisión y el Parlamento europeo han aprobado, el 20 de febrero de 2019, un Reglamento que regula las inversiones extranjeras directas en Europa, una normativa que tienen que aprobar los paises y que entrará en vigor plenamente en noviembre de 2020. Con ella, se mirarán con lupa y se vetarán si hace falta las inversiones extranjeras en sectores estratégicos, empresas tecnológicas, infraestructuras y equipos críticos (como las redes 5G), con especial vigilancia y sanciones frente a los “ciberataques”.

Tras estos dos frentes, comercial e inversor, la Unión Europea, hace otras dos advertencias a China, una política y otra militar. El frente político del documento de la Comisión insta a China a colaborar en la política internacional, con la defensa de los derechos humanos (“la situación de los derechos humanos en China se está deteriorando”, dice textualmente), una lucha más eficaz contra el cambio climático (China ayuda a construir centrales de carbón en varios paises) y profundizar en los objetivos de paz y seguridad en el mundo (la UE les critica sus peligrosas reivindicaciones en el mar del sur de China, donde desoyen el laudo de la ONU). Y en el frente militar, Europa muestra su preocupación por el militarismo de China (ha disparado sus inversiones en Defensa) y “su ambición por tener en 2050 las Fuerzas Armadas tecnológicamente más avanzadas del mundo”, lo que, según la Comisión “plantea problemas de seguridad  para la UE”…

Hasta aquí, “el toque” de Europa a China, firme, aunque tardío. Ahora habrá que ver si se queda sólo en palabras o si la UE denuncia a China ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), por “competencia desleal”. Mientras, China, enfrentada a Trump, quiere “suavizar” su encontronazo con Europa, prometiendo que “van a ser buenos” y van a liberalizar sus mercados a las ventas e inversiones europeas. De hecho, antes de esta Cumbre, China ha tratado de “calmar a Europa” aprobando una nueva Ley de inversiones extranjeras más flexible (e insuficiente, según los expertos occidentales), que entrará en vigor el 1 de enero de 2020. Pero es sólo una justificación, un “señuelo”, mientras intenta mejorar su posición inversora y comercial en la Europa del Este y del sur, con apoyo de Italia. Y mientras gana tiempo, el capitalismo de Estado chino sigue creciendo (menos, pero un 6,6%, 6 veces lo que la zona euro) y ganando peso en el mundo, a golpe de inversiones, créditos y ventas, con el horizonte de volver a ser el Gran imperio del mundo para 2049.

China tiene que seguir creciendo, sin que ni Europa ni Trump le paren, porque la estrategia del Partido Comunista Chino, que rige el país y la economía (los principales empresarios públicos y privados están afiliados) es un “contrato social” en que ofrecen a los 1.400 millones de chinos vivir mejor (su renta per cápita se ha triplicado desde 2008) a cambio de no tener libertades y de pertenecer al país más poderoso del mundo, como explica el profesor  Julio Aramberri en su reciente libro “La China de Xi Jinping”, un extraordinario análisis donde sostiene que el desarrollo chino no traerá la democracia y sí un nacionalismo militarista, peligroso para el mundo. China está empeñada en reforzar su creciente poderío económico con una mayor influencia internacional, asentada a golpe de invertir en medio mundo, endeudar y hacer dependientes a los paises en desarrollo y  asegurarse una mayor presencia estratégica a través de la nueva Ruta de la Seda, cuatro nuevas vías terrestres y marítimas de llegar a Europa a través de Asia, Oriente Medio y África. Así que está bien que Europa “se ponga las pilas”.

Pero no basta con el cierre de filas frente a China. Europa tiene que tomar conciencia de que el mundo está cambiando y que la Unión Europea es un gigante económico y comercial pero “un enano empresarial”: entre las 40 mayores empresas del mundo, sólo 5 son europeas (Shell, BP, Volkswagen, Daimler y Total). Y entre las 10 mayores multinacionales, 7 son tecnológicas: 5 son de EEUU y 2 de China, ninguna de Europa. Aquí está el fondo del problema: Europa no puede defender su futuro sin grandes empresas que puedan competir con las chinas y norteamericanas (luego con las indias). Y para ello, hay que lanzar ya una estrategia para crear “campeones europeos”, grandes empresas europeas fruto de la fusión de menores empresas alemanas, francesas, británicas, italianas o españolas. Eso exige tiempo, ayudas y financiación, además de leyes, cuestiones todavía pendientes y que figuran como un reto clave del futuro Gobierno europeo que salga del 28-M.

En definitiva, que sabemos poco de China, Europa se ha descuidado y ahora los chinos han penetrado a tope en lo que compramos y en nuestras empresas, en perjuicio de los empleos europeos. Pero no se les puede frenar con normas y denuncias, hay que pararlos con una economía europea más competitiva. Y eso pasa por integrarnos más los europeos, en avanzar en los Estados Unidos de Europa. Unirnos más, no dividirnos.

Negociación Brexit: España se juega mucho

Este fin de semana, una Cumbre europea ha fijado la postura de los 27 paises UE para negociar con Reino Unido su salida de la Unión Europea. La negociación del  Brexit durará casi dos años, hasta marzo de 2019, y España es el país grande que más se juega, según Standard&Poors. Y eso porque los británicos son 1 de cada 5 turistas que nos visitan, es el tercer país donde más invierte España, nuestro cuarto cliente comercial, el origen de un 20% de beneficios de las empresas del IBEX y donde trabajan 300.000 españoles. El Brexit puede recortar un 0,5% nuestro crecimiento (-5.500 millones) y empleo (-90.000) y afectará más al turismo, automoción, industria agroalimentaria, banca y algunas grandes empresas, sobre todo en Madrid, Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana y Canarias. Por todo ello, el Gobierno Rajoy debe estar muy encima de esta negociación y asegurar que no frena nuestra recuperación. Y debe aprobar un Plan de choque para compensar sus costes. Ojo al Brexit.
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enrique ortega

Ha comenzado la cuenta atrás para que Reino Unido (RU) abandone la Unión Europea (UE), como decidió por un estrecho margen (51,9%) en el referéndum del 26 de junio de 2016. El pistoletazo de salida lo dio la carta enviada por Theresa May a Bruselas, el 29 de marzo de 2017, anunciando que desean abandonar la Unión Europea, donde el Reino Unido lleva desde 1973 (cuando ingresó en la CEE, al tercer intento, tras dos vetos del general de Gaulle). A partir de ahí, el Tratado de Lisboa contempla un plazo de 2 años para materializar esa salida. Y si no se logra un acuerdo para entonces, el 29 de marzo de 2019, el Reino Unido quedaría automáticamente fuera de la UE (salvo que se decidiera por unanimidad seguir negociando). Ahora, los 27 ya han acordado una base común de negociación, que la Comisión Europea debe concretar en un mandato negociador el 22 de mayo, para reunirse después con Londres, a finales de junio, tras las elecciones anticipadas (8 junio) por Theresa May para reforzar su posición negociadora. Y luego, el objetivo es negociar durante año y medio, para tener listo un acuerdo de salida a finales de 2018, porque todavía tendrían que aprobarlo, antes de marzo 2019, los Parlamentos de la UE y Reino Unido.

La negociación será larga y dura y girará sobre 4 temas claves. El primero y fundamental, qué se va a negociar. La posición de los 27 paises europeos es clara: ahora sólo hay que negociar la salida del Reino Unido de la UE. Pero el Gobierno británico quiere negociar a la vez la salida y el futuro acuerdo comercial con la UE, pensando que así “sacará más” que dejándolo para 2019. “El Reino Unido abandona la UE pero no Europa”, insiste Theresa May para apoyar que ambas cuestiones se negocien juntas. Pero Bruselas es tajante: “Brexit es Brexit” y no va a aceptar que Reino Unido elija unas cosas de Europa (libertad de comercio o de capitales) y no otras (libertad de personas, política social y demás reglas comunitarias).

Si se consigue separar ambas cuestiones y dejar la negociación del futuro acuerdo comercial RU-UE para cuando estén fuera (en marzo de 2019), como insiste Bruselas, el segundo escollo será “el pago del divorcio”: Reino Unido tiene que hacer frente a una serie de costes ya comprometidos (futuro pago de pensiones, inversiones y fondos comprometidos), una factura estimada por Bruselas en 60.000 millones de euros y que Londres pretende rebajar a menos de la mitad. Y el tercer tema clave es qué pasa con los 3.300.000 ciudadanos comunitarios que viven en Reino Unido y los 1.200.000 británicos que viven en la UE: que derechos se les garantiza a partir de marzo de 2019. Bruselas teme que Londres utilice a los extranjeros UE como “rehenes” de la negociación, como “escudos humanos” en esta “guerra”.

El cuarto tema clave de la negociación será configurar la transición, en dos periodos muy diferentes. Uno, de aquí a la salida del Reino Uhttp://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/27/actualidad/1493285631_032397.htmlnido de la UE (marzo 2019). Londres insiste en pedir facilidades comerciales y financieras para una parte de su industria (automóvil) y sus finanzas (banca y seguros), mientras Bruselas reitera que “Brexit es Brexit” y que no se puede permitir que una parte de la economía británica se beneficie del mercado único (“por la puerta de atrás”) mientras otra parte lo rechaza. Pero si Bruselas rechaza “tratos especiales” para el Reino Unido de aquí a 2019, sí tendrá que negociar una fase de transición para después, cuando haya salido de la UE pero aún no se haya firmado  ningún futuro acuerdo comercial, del estilo del que Bruselas tiene con Noruega, Suiza o Canadá, por ejemplo. Negociar este acuerdo comercial llevará varios años, con lo que habría un largo periodo transitorio, al menos hasta 2022. Y en la negociación de ese acuerdo, Bruselas es tajante: Londres no puede conseguir más ventajas que si estuviera en la UE (sin cargar con los compromisos de estar). Y durante estos dos periodos transitorios (hasta salir de la UE y luego hasta firmar un acuerdo comercial), el Reino Unido tiene que aceptar la autoridad del Tribunal Europeo de Justicia en los posibles litigios, algo que levanta “ampollas” en el gobierno británico.

Al final, si en diciembre de 2018 hay acuerdo y no ruptura, lo negociado tendrá que ser ratificado por el Parlamento europeo y británico, sin vetos de ningún país clave. Y más difícil todavía será alcanzar el acuerdo comercial futuro, porque las posibles concesiones a Reino Unido podrían sufrir el veto de algún país o incluso de alguna región de un país, que argumentarían pérdidas industriales, agrícolas, financieras y comerciales. De momento, en la Unión Europea se perfilan tres bandos ante la negociación con Reino Unido. Uno, el de los partidarios del Brexit duro, liderados por Merkel y apoyados por Francia: Londres se va y fuera no podrá elegir lo que le conviene de Europa, no podrá estar mejor que dentro. España, con Rajoy, lidera la opción del Brexit blando, apoyada por Italia: aboga una “negociación amistosa” y conceder estos dos años un trato privilegiado a Londres, para negociar después un acuerdo comercial preferente. Y en medio están los paises del Este, liderados por Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, cuya preocupación es el futuro de sus muchos ciudadanos en Reino Unido, la moneda de cambio para suavizar su postura frente a Londres.

España está en el bando de los “blandos” en esta negociación, no por generosidad sino porque tiene mucho que perder y Rajoy piensa que sacará más con un “diálogo amistoso” que con el Brexit duro que defiende Merkel. De hecho, España es el país europeo de los grandes más afectado por el Brexit, según un estudio realizado antes del referéndum por la agencia Standard&Poors: somos el 8º país más expuesto al Brexit (1,5 puntos), tras Irlanda (3,5), Malta (2,9), Luxemburgo (2,4), Chipre (2,3), Suiza (2), Bélgica y Holanda (1,6), mucho más expuesto que Francia (0,8 puntos), Alemania (0,8) o Italia (0,4 puntos).

Y hay varias razones que lo justifican. Una, que la primera industria española, el turismo, depende en gran medida del Reino Unido: en 2016 nos visitaron 17.840.292 británicos, el 23,6% de todos los turistas que llegaron a España (y se gastaron el 20,9% del total). Y si el Brexit frena el crecimiento del Reino Unido y debilita su moneda (la libra ya ha perdido más de un 10%), lo esperable es que se reduzca el turismo británico a España, sobre todo en 2019 y después. Además, España es el tercer país con más inversiones en Reino Unido (unos 60.000 millones), sólo por detrás de Francia (127.000) y Alemania (94.000), inversiones que se verán afectadas por futuros aranceles y cambios normativos. Y en tercer lugar, Reino Unido es el cuarto cliente comercial de España, tras Francia, Alemania e Italia: en 2016 les vendimos productos por 19.153 millones (el 7,5% de nuestras exportaciones). Y es el 5º país al que más compramos: 11.184 millones (4,1% importaciones). Este superávit comercial de España con Reino Unido podría reducirse cuando se aprueben aranceles y controles, tras salir de la UE.

Todo ello se traduce en empresas españolas que tendrán más difícil vender en Reino Unido, sobre todo en el sector del automóvil, alimentación (vino, carnes, frutas y hortalizas), industria farmacéutica o aeronáutica. Y luego están las más de 300 empresas españolas que operan en Reino Unido y que consiguen una buena parte de su facturación y beneficios allí: Ferrovial (34% ventas son en RU), Telefónica (30% facturación), Banco Santander (24% beneficio total procede de RU), Iberdrola (14% de sus ingresos), FCC (10% beneficio), Inditex (101 tiendas), Banco Sabadell (150% negocio), IAG-Iberia… De hecho, se estima que un 21% de los beneficios de las grandes empresas del IBEX se generan en Reino Unido, lo que indica que también está en juego una buena parte de su empleo aquí. Según un informe de la consultora KPGM, a partir de una encuesta a 3.000 grandes empresas españolas, el 45% de ellas dice tener relación económica o comercial con Reino Unido. Y todas están ahora pendientes de cómo va a quedar el Brexit y cómo van a poder operar en el futuro con un país fuera de la UE.

Y aún hay otros frentes de preocupación. El principal, los 300.000 españoles que viven en Reino Unido, ahora preocupados por qué va a ser de ellos en la negociación del Brexit, si se les mantendrán sus actuales derechos o los perderán, con riesgo de ser expulsados. Lo mismo temen el casi millón de británicos que viven en España (300.000 de forma permanente), que además han sido el motor de las ventas de viviendas en la Costa española, ahora en el aire. De hecho, las compras de viviendas por británicos sólo aumentaron un 2% en 2016, cuando en los dos años anteriores crecieron un 43%. Eso sí, también hay expertos que creen que España podría conseguir algo positivo con el Brexit: atraer a empresas y entidades que abandonen Londres cuando Reino Unido salgan de la UE. Pero esto es discutible por dos razones: es dudoso que la mayoría de multinacionales dejen la City y las que lo hagan pensarán en irse a Frankfort o a París antes que a Madrid o Barcelona.

El presidente Rajoy, en su línea, ha pedido “no dramatizar sobre los efectos del Brexit para España”. Pero su Gobierno ha preparado un informe donde se estima que el Brexit recortará el crecimiento de España entre un 0,2 y un 0,4% del PIB (hasta -4.440 millones), lo que se traducirá también en una pérdida de empleo (hasta -90.000). Y hay otras estimaciones que suben el coste hasta el 0,5% del PIB (Instituto de Empresa) o el 0,6% (Ceprede). Lo que parece claro es que el Brexit va a afectar negativamente a las exportaciones, inversiones y ventas españolas en Reino Unido, así como al turismo. Las estimaciones del BBVA indican que el mayor efecto lo sufrirán Murcia, la Comunidad Valenciana y Canarias (por la caída de exportaciones y turismo), junto a Madrid y Cataluña (por bancos y grandes empresas).

Y habrá otras consecuencias negativas, como que España tendrá que aportar más al Presupuesto europeo cuando Reino Unido deje de pagar (10.751 millones de euros netos en 2015): el Gobierno Rajoy estima que tendremos que aportar 888 millones de euros más a Bruselas en 2019, con lo que seremos un país contribuyente neto cuando ahora salimos ganando (+825 millones en 2017). Y Murcia y Melilla podrían perder fondos europeos, con la reconfiguración de 2019. También pueden perder fondos europeos los agricultores españoles, porque la política agraria común (PAC)  tendrá entre 1.200 y 3.100 millones menos para repartir (y una parte de este recorte lo sufrirá España). Otro tema clave será cómo quedan las futuras cuotas de pesca y si los pescadores españoles podrán ir a los caladeros británicos.

Como se ve, lo que pase con el Brexit es clave para España y puede ser un grave obstáculo para la recuperación, el crecimiento y el empleo en los próximos años. Por eso, Gobierno y oposición deberían centrarse en esta negociación, pactar unos acuerdos mínimos y estar muy encima de lo que se discuta entre Bruselas y Londres, porque nos jugamos más que la mayoría. Hay que dejar claras las líneas rojas de España, que no sólo puede ser Gibraltar, sino el futuro de los españoles en Reino Unido, el trato a nuestras empresas e inversiones, los futuros acuerdos comerciales y el papel de España en una Europa a 27. Y en paralelo, aprobar un Plan de choque para paliar los daños del Brexit, centrado en ayudas a los sectores y las regiones más afectadas, buscando alternativas de ventas, inversión y turismo en otros paises. No lo duden: el Brexit debe ser una de las grandes prioridades de España en esta Legislatura. Nos afecta demasiado como para dejarlo en manos de Bruselas.

Presupuestos prorrogados y chantaje de Rajoy

No habrá Presupuesto 2017 y el Gobierno Rajoy aprobará una prórroga del Presupuesto 2016, congelando ingresos y gastos. También aprobará un Decreto para recaudar 6.000 millones más de las empresas, para “calmar” a Bruselas y evitar que nos multe en diciembre. Pero Rajoy no subirá pensiones, sueldos de funcionarios ni ayudas a parados y dependientes, 14 millones de españoles que dependen de los Presupuestos. Dice que legalmente no puede, pero el PSOE le dijo en el debate de investidura que apoyaría un decreto revisando estas partidas. Otro problema grave lo tienen autonomías y Ayuntamientos: Hacienda no quiere subirles su déficit ni darles previsiones de ingresos y gastos, así que no pueden aprobar sus Presupuestos 2017, en perjuicio del gasto sanitario, educativo, empleos y sueldos de funcionarios. Parece un “chantaje” de Rajoy para forzar al PSOE a abstenerse en la investidura, so pena de aparecer como responsable de perjudicar a millones de españoles. Una pelea política que pagarán los españoles más débiles y la economía.
 

enrique ortega

No se ha conseguido pactar un nuevo Gobierno y el gabinete Rajoy, en funciones desde hace 329 días, legalmente no puede aprobar los Presupuestos 2017, que deberían llegar a finales de septiembre al Parlamento. Por eso, el Gobierno en funciones aprobará una prórroga del Presupuesto 2016, como ya sucedió en 1983, 1990, 1996 y 2012, años con Presupuestos prorrogados. Eso significa que se congelan todos los ingresos y gastos públicos, que el año que viene sólo se podrá recaudar y gastar lo mismo que este año. Al menos hasta que haya un Gobierno, antes del 25 de octubre (difícil) o tras unas terceras elecciones, que revise las cuentas públicas, este año o el que viene.

En paralelo a la prórroga del Presupuesto 2016, el Gobierno Rajoy aprobará esta semana un Decreto ley para "calmar" a Bruselas, que nos había exigido un nuevo Presupuesto 2017 y medidas de ajuste (para recortar el déficit) antes del 15 de octubre. Se trata de aumentar este año en 6.000 millones los ingresos públicos, obligando a las grandes empresas a adelantar en octubre y diciembre un 20% del pago del impuesto de sociedades que deben hacer en 2017. Es un “truco contable”: se recaudará más este año, para recortar el déficit, y menos en 2017. La medida es más “chocante”: se aprueba para compensar la drástica caída de recaudación en el impuesto de sociedades (un -85% hasta julio), caída que se ha producido por culpa del Gobierno Rajoy: el año pasado aprobó una bajada de impuestos a las empresas, rebajando el tipo de sociedades del 28 al 25% y limitando drásticamente los pagos adelantados, que ahora sube con el nuevo Decreto. Y es que las grandes empresas apenas pagan impuestos en España, lo que perjudica la recaudación y el déficit. Basten dos ejemplos. el Corte Inglés lleva 5 años sin pagar ni un euro en el impuesto de sociedades y Hacienda le ha devuelto 343 millones de euros desde 2011. Y Hacienda devolvió al Banco de Santander 1.236 millones de euros por Sociedades en 2013 y 2014.

Además de este Decreto para recaudar más ahora, el Gobierno Rajoy aprobó en agosto otra medida para “calmar” a Bruselas: “cerrar el grifo” del gasto en todos los Ministerios el 8 de agosto de este año, en vez del 31 de diciembre. A partir de esa fecha, ya no se autorizan gastos nuevos. Otro “truco contable”: las facturas se meten en el cajón y se pagarán el año que viene. Con ello, Hacienda prevé ahorrar 1.000 millones más, a sumar a los 6.000 extras que se recauden por sociedades. Y pretende recaudar 1.000 millones más en la lucha contra el fraude. En total, 8.000 millones más para reducir el déficit este año, el mensaje que se quiere enviar a Bruselas para evitar una multa en diciembre, de la que nos libramos en julio (hasta 2.200 millones), más la posible pérdida de fondos europeos (otros 1.350 millones más) .

Pero el Gobierno Rajoy no quiere aprobar nada más. Y por ello, no podrán revisarse al alza algunos gastos que afectan a 14 millones de españoles: la subida de las pensiones (9 millones), el sueldo de los funcionarios (2 millones), las prestaciones a parados (2 millones) o las ayudas a ancianos y Dependientes (1 millón). Estas pensiones, sueldos y prestaciones se congelarán en 2017, al no haber Presupuesto. El Gobierno Rajoy dice que legalmente no puede tocarlas, pero el PSOE le dice que sí puede, que ya lo hizo Zapatero en la prórroga de 2011 y que la Ley de Gobierno (aprobada por Aznar en noviembre de 1997) permite aprobar un Decreto así a un Gobierno en funciones “por razones de urgencia e interés general”. Y ya en el debate de investidura de Rajoy, Pedro Sánchez le dijo explícitamente que si mandaban al Parlamento un Decreto revalorizando pensiones, sueldos y prestaciones de paro y Dependencia, “los socialistas lo iban a convalidar” (a apoyar). Pero Rajoy insiste en que no lo hará, como tampoco revisará otras ayudas y gastos necesarios, como las becas y ayudas escolares, según acaba de confirmar el ministro de Educación en funciones. Y por supuesto, otras partidas que exigen mejoras, como muchas prestaciones sociales, ayudas a la pobreza o urgentes inversiones en infraestructuras.

Pero el problema de la falta de Presupuestos 2017 no está sólo  en la cerrazón del Gobierno Rajoy para aprobar un decreto de revalorización de prestaciones a los españoles más débiles. También preocupa mucho a los Ayuntamientos y, sobre todo, las autonomías. Básicamente, porque el Gobierno Rajoy se niega a aprobarles un “techo de gasto” para 2017 (el máximo que pueden gastar, compatible con la rebaja del déficit prometida a Bruselas): dicen que un Gobierno en funciones no puede hacerlo, aunque sí lo hizo Zapatero en 2011. Y tampoco les quiere decir la previsión de ingresos que pueden tener para 2017, en función de lo que espera recaudar el Estado central (una parte importante son transferencias a autonomías y Ayuntamientos). Así, sin saber sus ingresos y su límite de gastos, autonomías y Ayuntamientos no pueden elaborar sus Presupuestos 2017, que deben aprobar en octubre y noviembre. Y eso paraliza su actividad y perjudica el Estado del Bienestar (sanidad, educación, dependencia, gastos sociales), que depende básicamente de las autonomías.

Otro chantaje del Gobierno Rajoy para presionar a autonomías y Ayuntamientos (la mayoría controlados por la oposición) a que presionen al PSOE para que se abstenga en la formación de un nuevo Gobierno, so pena de paralizar los gobiernos autonómicos y municipales. Además, en el caso de las autonomías, el Gobierno Rajoy está utilizando otro instrumento de presión: no dejarles tener más déficit este año, lo que les obligaría a hacer 4.500 millones de recortes extras de aquí a diciembre, recortes que tendrían que salir de la sanidad, la educación, el empleo y los sueldos de los funcionarios o retrasando el pago a proveedores. En abril pasado, Hacienda pactó con las autonomías un aumento del déficit de este año 2016, permitiendo que fuera del 0,7% del PIB en vez del 0,3% inicialmente previsto (4.500 millones más de gasto), debido a que Bruselas había abierto la mano y permitía que España tuviera este año más déficit (hasta el 4,6%). Pero hasta ahora, el Gobierno Rajoy no ha materializado este nuevo déficit y dice que como está en funciones no puede legalizarlo. Y las autonomías se ven ahora con que tienen que hacer un ajuste mayor del previsto.

Las autonomías están agobiadas, porque sin techo de gasto y sin previsión de ingresos, no pueden aprobar los Presupuestos de 2017 y eso paraliza su actividad. Encima, si Hacienda no les sube el déficit de 2016, tienen que gastar este año 4.500 millones menos de lo que contaban hasta hace unos días. Y por si fuera poco, si el Gobierno Rajoy no aprueba un Decreto ad hoc, se quedarán también en 2017 sin los 937 millones que recaudan por el Impuesto de Patrimonio, que exige prorrogarlo explícitamente en cada Presupuesto. Por todo ello, las autonomías han presionado a Hacienda, para que convoque un Comité de Política Fiscal y Financiera (obligatorio si lo piden un tercio), que finalmente se celebrará este mes. Y allí exigirán información sobre ingresos y gastos para 2017 y que se respete el nuevo límite de déficit, tras haberlo cambiado Bruselas. Y se quejan de que el Gobierno Rajoy les “chantajea” financieramente (en perjuicio de sus ciudadanos), para presionar al PSOE (que gobierna en 7 autonomías y muchos Ayuntamientos) a que se abstenga.

La falta de Presupuestos y la actitud “pasota” del Gobierno Rajoy, no queriendo paliar los efectos negativos de la situación, no sólo puede perjudicar a pensionistas, parados, funcionarios, dependientes, Ayuntamientos o autonomías (sanidad, educación, ayudas sociales e inversiones) sino que también afecta muy negativamente a la actividad de la Administración, así como por supuesto a la economía y al empleo (que cayó en agosto). De entrada, hay más de 100 nombramientos de altos cargos que están paralizados. El 6 de octubre deberían renovarse la presidencia y vicepresidencia de la CNMV, el organismo que controla la Bolsa. Y a finales de año se va al Banco de Pagos de Basilea el subgobernador del Banco de España. Hay 3 consejeros de la Comisión de la Competencia (CNMC) que llevan un año en funciones y habría que renovarlos, lo mismo que 44 embajadores jubilados, fallecidos o cesados. Y están pendientes de nombramientos más de 30 Fiscales.

El Gobierno Rajoy dice que está en funciones y no puede hacer nombramientos, aunque sí propuso al ex-ministro Soria para el Banco Mundial y Defensa ha nombrado sin problemas 6 nuevos altos cargos militares (además de aprobar sin problemas, este mes de septiembre, un gasto militar extra de 1.160 millones para este año, como viene haciendo desde 2012). También están pendientes de trasponer 19 Directivas europeas y tomar decisiones que no permiten demora, como la renovación del Plan de Vivienda 2013-2016 (si no, el 1 de enero se paraliza) o decidir si se revisan las declaraciones de los contribuyentes acogidos a la amnistía fiscal (como pactaron el PP y Ciudadanos), para lo que hay plazo sólo hasta el 30 de noviembre. Ell Gobierno está en funciones, pero por el bien de todos urge pactar una solución a los problemas y nombramientos más urgentes, para no paralizar aún más el país. Pero parece que Rajoy piensa que “cuanto peor mejor”: más presión sobre el PSOE y más votos para el PP si hay terceras elecciones, en las que culpará de todos estos males al “obstruccionismo” de Sánchez (y no a la incapacidad de Rajoy para conseguir más apoyos a su investidura).

Entre tanto, la Comisión Europea nos vigila y Bruselas está esperando “con la escopeta cargada”. Saben que sin Gobierno no pueden exigir un Presupuesto para 2017 antes del 15 de octubre, pero advierten que España debe de tomar “medidas”. A lo claro: recortes. Como 2016 será “un año perdido”, tendrán que concentrarse en 2017. Y eso supone que para cumplir con el 3,1% de déficit que Bruselas nos exige para el año que viene, habría que recortar entre 16.500 millones (si cerramos 2016 con el déficit objetivo del 4,6%, algo casi imposible, ya que hasta julio tenemos más déficit que en 2015) y 21.300 millones, una barbaridad. Y otros 10.000 millones más de recortes el año siguiente, para dejar el déficit público al 2,2% del PIB que nos exigen para 2018. Y si no hacemos este duro ajuste, la Comisión Europea amenaza a España con una multa de hasta 5.000 millones de euros, según el ministro de Guindos.

Así que el panorama está muy negro. No hay Gobierno ni visos de lograrlo. Y si se consigue en septiembre o en octubre, tendría que empezar con recortes este año. Y aprobar muchos más para 2017. Algo que sufriremos todos, en más impuestos y sobre todo en recortes en sueldos, empleos públicos, pensiones, sanidad, educación, dependencia, gastos sociales e inversiones en Ciencia y en infraestructuras que tanta falta nos hacen. Y con estos recortes, la economía crecería menos y crearía menos empleo, en un año 2017 que ya se prevé crecer menos (2,3% frente al 3% este año) y crear menos empleos (439.000 frente a 460.00 en 2016 y 525.000 en 2015). Y con la mala suerte que los recortes y el menor crecimiento coinciden con una Europa estancada y una economía mundial que no despega.

Esto es lo que hay y lo que está detrás de la falta de Presupuestos y de las peleas políticas sin salida, mientras Bruselas sigue con su austeridad, un suicidio económico y político. Habría que cambiar drásticamente, en Europa y en España, reanimando la economía alemana y europea (lo ha pedido el BCE)  y pactando casi todo en España para mejorar el futuro, buscando aumentar la recaudación de grandes empresas, multinacionales y los más ricos, para poder gastar más y recortar el déficit público. Hacer otra política económica y social, en beneficio de la mayoría de españoles. Pero no parece que estén por la labor.