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jueves, 21 de mayo de 2026

Quedan 100 días para adjudicar Fondos UE

A partir de este domingo 24 de mayo, quedan 100 días para adjudicar los proyectos que se financian con los Fondos europeos, 103.000 millones de euros para el Plan de Recuperación puesto en marcha en 2021, tras la pandemia. Y hay que correr, porque a finales de marzo sólo se habían adjudicado 67.000 millones, el 71% de los Fondos, y el plazo se acaba el 31 de agosto. En principio, lo que no se adjudique se pierde, aunque el Gobierno ha pedido a Bruselas una prórroga de 6 a 12 meses. Y además, aprobó este martes un Fondo soberano (“España crece”), con recursos de estos Fondos UE para seguir promoviendo inversiones después de 2026. Además, faltan reformas por aprobar (bloqueadas en el Congreso) para conseguir el 7º pago de Bruselas, 24.166 millones, antes de finales de año. Es mucho dinero, que debería anteponerse a las peleas políticas. Porque los Fondos Europeos han sido y son claves para modernizar la economía, crecer más y crear millones de empleos. Ahora, no se puede perder ni un euro.

                          Enrique Ortega

España fue el primer país europeo en aprobar un Plan de Recuperación, el 27 de abril de 2021, para optar a las ayudas y créditos del Fondo “Next Generation EU”, unos 140.000 millones inicialmente adjudicados a España (70.000 en subvenciones a fondo perdido y 70.000 en créditos con bajo interés), con 4 objetivos básicos: la transición energética, la digitalización de la economía, las reformas económicas necesarias y la reducción de desigualdades regionales, sociales y de género. El Gobierno Sánchez envió el Plan a Bruselas el 30 de abril y un mes y medio después, el 16 de junio de 2021 lo aprobó la Comisión Europea (fue el primer Plan nacional aprobado), siendo ratificado por los ministros de Economía de la UE, el 13 de julio de 2021, “con la máxima calificación”.

A partir de ahí, el Plan de Recuperación empezó a andar y enseguida llegaron los primeros Fondos europeos: el 17 de agosto de 2021, el Tesoro español recibió la primera transferencia de la UE: 9.036 millones en concepto de “prefinanciación”. El primer desembolso oficial condicionado (tras el anticipo de agosto) llegó el 27 de diciembre de 2021: 10.000 millones de euros, recibidos tras confirmar la Comisión que España había cumplido 52 hitos y reformas. El 27 de junio de 2022, la Comisión Europea aprobó un  2º desembolso oficial a España: otros 12.000 millones de euros de subvención, recibidos tras cumplir 40 hitos más. Ya en 2023, el 17 de febrero, la Comisión Europea autorizó el tercer desembolso condicionado para España: 6.000 millones de euros, que llegaron el 28 de marzo, tras confirmarse que España había cumplido otros 29 hitos y objetivos en 2022. Y en pleno verano, el 26 de julio de 2024, España recibió el 4º pago condicionado, de 9.883 millones de euros, tras confirmar Bruselas que había cumplidos 61 hitos y objetivos más. El 5º pago fue el que más tardó en llegar, el 8 de agosto de 2025, siendo el de mayor importe: 23.100 millones de euros, 7.100 millones en subvenciones y 16.000 millones en créditos, tras solicitar España (en las Navidades de 2022) recibir también créditos europeos, a cambio de más reformas.

El 6º pago de Fondos europeos lo ha solicitado España el pasado 3 de marzo, por un importe de 7.256 millones de euros (6.205 millones en subvenciones y 1.051 millones en créditos), tras justificar el cumplimiento de otros 78 hitos y objetivos. La Comisión Europea aprobará este pago en mayo y lo ratificará el Consejo en junio. Con ello, España habrá recibido este verano un total de 78.294 millones de Fondos europeos (60.511 millones en subvenciones a fondo perdido y 17.783 millones en créditos), tras haber cumplido 343 hitos y objetivos de reformas, el 70% del total, según el Gobierno. Y queda por recibir este año el 7º y último pago, a solicitar en septiembre, por un importe de 24.166 millones de euros (18.649 millones en subvenciones y 5.517 millones en créditos), un pago elevado, que implica aprobar los hitos y reformas pendientes (247) y adjudicar los proyectos en trámite.

El problema es que Bruselas obliga a los paises a adjudicar los proyectos del Plan de recuperación antes del 31 de agosto de 2026, so pena de perder el dinero disponible (en el caso de España, esos 24.166 millones). Y España, como el resto, va retrasada en las adjudicaciones. Al 31 de marzo de 2026, España había adjudicado 67.000 millones de euros, el 71% de los Fondos disponibles, según el balance hecho por el vicepresidente Cuerpo en el Senado. Estos Fondos UE ya adjudicados benefician a 1.460.000 adjudicatarios, entre empresas (70% son pymes y micropymes) y particulares, habiéndose transferido 17.000 millones a las autonomías, 9.300 a las Corporaciones locales y 40.000 a la Administración del Estado, quienes ahora deben gestionar los proyectos. La mayoría son proyectos de digitalización, infraestructuras y cohesión territorial (corredores Mediterráneo y Atlántico), proyectos industriales y tecnológicos de vanguardia y proyectos de energías renovables, transición energética y movilidad sostenible.

Como se ve, aún quedan muchos proyectos por adjudicar (unos 27.000 millones de euros) y poco tiempo para hacerlo, ya que el 31 de agosto es la fecha límite para asignar todas las inversiones financiables con Fondos UE (subvenciones y créditos) mediante la resolución de las convocatorias y licitaciones pertinentes. Y, en paralelo, España deberá justificar ante Bruselas que ha cumplido todos los hitos y reformas pendientes (247) que se exigen para recibir el 7º y ultimo pago (esos 24.166 millones). Una doble carrera contra reloj, donde la mayoría de paises europeos están retrasados, como España.

Por eso, la propia Comisión Europea aprobó en junio de 2025 una Comunicación a los paises donde les pidió que agilizaran los Planes de Recuperación, suprimieran las reformas que no se pudieran cumplir y aumentaran los proyectos con mucha demanda. En cumplimiento de esta petición, el Gobierno aprobó el 9 de diciembre una “Adenda de Simplificación del Plan de Recuperación”, para agilizar el proceso administrativo de adjudicación, priorizando proyectos y acelerando la aprobación de los hitos y objetivos que dan acceso a las subvenciones (79.854 millones en total), reduciendo los créditos a pedir (iban a ser 83.200 millones y se quedan ahora en 22.800, porque España tiene un buen acceso al crédito libre, ahora barato), lo que permitirá reducir los hitos y reformas vinculados a estos créditos.

Tras la Adenda de simplificación, se eliminan 17 reformas con rango de Ley (difíciles de aprobar y que ya no se harán) y quedarán 230 hitos o reformas, que habrá que aprobar antes del 31 de agosto. España ya ha renegociado 5 veces con Bruselas los programas de inversión y las reformas, con el objetivo de no perder ni un euro de subvenciones (79.854 millones), aunque podría perder algunos créditos (22.800 millones en total), o cambiar esos proyectos por subvenciones. Por un lado, se adelantan objetivos y se cambian unos proyectos por otros, intentando incluir programas de defensa (como ha hecho Polonia), inicialmente fuera del Plan de recuperación. Y se negocia que los Fondos no gastados puedan rescatarse después en forma de Fondos estructurales, con margen hasta 2027. Y la última carta: el presidente Sánchez planteó en la última Cumbre informal de Chipre (24 de abril) que el Plan de recuperación se ampliara 6 meses o un año más, para poder adjudicar los últimos proyectos y las últimas reformas, una prórroga que sería bien vista por otros paises.

Si es complejo adjudicar en 100 días los proyectos pendientes (unos 27.000 millones), quizás resulta más complicado aprobar en este plazo los hitos y reformas pendientes, máxime cuando el Gobierno está en una permanente “minoría parlamentaria”, con el “chantaje” de Junts y la oposición a todo del PP y Vox. El problema (grave) es que sin estas reformas no llegarán los Fondos UE de la 7ª entrega (24.166 millones). Entre estas reformas prometidas a Bruselas y que están paradas están la subida de impuestos al gasóleo, la Ley de Industria, el proyecto de Ley de la Función Pública, el proyecto de Ley de Familias, la Ley de mejora de la protección del desempleo, el real decreto que refuerza la universalidad de la sanidad, la Ley de Protección de la Competencia, el sistema de cuotas de autónomos…Proyectos y reformas atascados en el Parlamento. Mientras, el Gobierno busca vías para aprobar otras reformas con normas y Reglamentos que no tengan que convalidarse en el Congreso.

Como vemos, adjudicar los últimos proyectos de inversión y aprobar las últimas reformas en estos 100 días es una tarea gigantesca, máxime sin la colaboración de la oposición. Pero debería ser una “prioridad nacional, porque España no puede permitirse perder ni un euro de los casi 103.000 millones de Fondos europeos que nos corresponden (79.854 millones en subvenciones y 22.800 millones en créditos). Algunos expertos estiman que, al ritmo actual de adjudicaciones y reformas, podríamos perder el 10% (unos 10.000 millones).

El Gobierno Sánchez, además de presionar a Bruselas para conseguir una prórroga, ha buscado una vía para recuperar el dinero que no se gaste: este martes aprobó la creación de un Fondo Soberano (“España Crece”) que se financiará con 13.300 millones no gastados del Plan de Recuperación, unos recursos que se destinarán al ICO (Instituto de Crédito Oficial, un sucedáneo de “banco público”) para que con ellos financie proyectos de inversión a partir de junio y, sobre todo, en 2027 y 2028. El objetivo es que con estos “Fondos UE reciclados”, se puedan movilizar inversiones por 120.000 millones de euros, arrastrando inversiones privadas. El objetivo de este Fondo soberano (similar a los que tienen Noruega y muchos paises del Golfo Pérsico) es seguir promoviendo inversiones en sectores claves para modernizar la economía: digitalización, descarbonización y sostenibilidad energética, tecnología, Defensa, vivienda asequible y mejora de competitividad de las pymes. Ahora falta que la Comisión Europea apruebe la creación de este Fondo “España Crece” con Fondos UE.

En definitiva, España tiene ante sí el mayor reto: cerrar en 100 días un Plan de Recuperación que cumple 5 años y que ha transformado radicalmente la economía española, disparando las inversiones en digitalización, energía, infraestructuras y nuevas tecnologías. Este empujón de los Fondos europeos explica entre el 10 y el 14% del crecimiento español entre 2021 y 2025, según Funcas, que ha sido estos 5 años muy superior al de Europa (+21,9% creció el PIB en España, frente a +12,9% en la UE-27). Y junto al turismo, los inmigrantes y las exportaciones, los Fondos UE han ayudado a crear 3.118.700 nuevos empleos en esos 5 años.

Ahora, no se trata de criticar si el cumplimiento del Plan de recuperación va lento o no (es el mayor reto inversor de nuestra historia para el Estado, las autonomías, Ayuntamientos y empresas) y si se puede agilizar más (hay más de 3.700 funcionarios y empleados públicos trabajando en el Plan y se han aportado ya más de 1,7 millones de documentos de verificación a Bruselas, un tremendo reto burocrático). Lo importante es que hay que volcarse en estos 100 días que quedan, desde el Gobierno a todas las autonomías, Ayuntamientos y empresas implicadas, para acelerar las adjudicaciones y poner en marcha los proyectos. Y habría que lograr un pacto político para que el Congreso trabajara a destajo (incluso en agosto) para aprobar como sea las reformas que nos exige Bruselas, so pena de perder muchos millones. Pero no parece que los políticos estén por acordar esta doble tarea, así que perderemos dinero, proyectos y empleos. Es una “vergüenza nacional”.

jueves, 11 de abril de 2019

Europa se defiende frente a China


La Unión Europea está muy preocupada por el Brexit, pero quien le quita el sueño es China. No es para menos: los productos chinos invaden Europa y el déficit comercial se ha triplicado, mientras en España supone el 61% de nuestro “agujero” exterior. Y se multiplican las inversiones chinas en Europa, comprando empresas con ayudas del Gobierno chino. Mientras, a los europeos les ponen trabas para vender a invertir en China. Por ello, este martes 9 de abril se ha celebrado una Cumbre UE-China, donde los gobernantes europeos han dicho “basta”: quieren una relación económica y comercial más equilibrada, sin competencia desleal. Y han aprobado medidas para vetar inversiones chinas en sectores estratégicos, como las redes 5-G (Huawei). Bruselas busca imponer la unidad entre los 28, porque Italia y algunos paises del Este van por libre con China, facilitando su penetración en Europa. El problema de fondo: Europa es un gigante comercial pero “un enano empresarial” y las grandes multinacionales son de USA o China. Algo que sólo se arregla con más unión europea


enrique ortega

China es “el país revelación” del siglo XXI. Si en 2000 era la 6ª economía del mundo (tras EEUU, Japón, Alemania, Reino Unido y Francia), en 2007 era ya la tercera, en 2010 superaba a Japón y en 2018 se consolidó como 2ª economía mundial, acercándose a EEUU (13,04 billones de dólares de PIB en China frente a 20,51 billones en USA), según los datos del Banco Mundial. Y todo apunta a que, en 2032, China será la mayor economía del mundo, según la consultora CEBR, superando a EEUU, como también India en 2037. El gran objetivo del ambicioso presidente Xi Jinping es que en 2049, cuando se cumpla el centenario de la gran Revolución de Mao Tse Tung, China vuelva a ser “el gran Imperio del mundo”, como lo fue entre los siglos I y XIX de nuestra era, cuando el imperio chino suponía un tercio del PIB mundial (el 32% en 1820), según se ve en este gráfico histórico publicado por The Economist, que revela cómo China e India suponían la mitad del PIB mundial hasta la Revolución Industrial y que Europa era “insignificante” hasta finales del siglo XIX.

El “gran salto adelantede China, promovido por las reformas económicas de Deng Xiaoping (entre 1990 y 2003) se ha impulsado en dos motores: las exportaciones (China se convirtió en “la gran fábrica del mundo”) y las inversiones por todo el mundo (desde Latinoamérica y África a Europa), impulsadas por un enorme ahorro forzado por el Gobierno, que hace que China sea “el banquero del mundo“ y el mayor comprador de la deuda  pública de EEUU  (tiene el 18%) y de medio mundo (China tiene el 20% de toda la deuda pública española), que tiene un tremendo déficit comercial y muchas deudas con China. El primero en hacer frente a este imparable gigante chino fue Trump, hace un año, pero con una estrategia alocada y poco eficiente (como es él), que ha provocado un auge del proteccionismo y una debacle del comercio mundial que hacen  temer otra recesión. Y ahora, Europa toma conciencia del “problema chino”, una preocupación escenificada en una Cumbre de Merkel y Macron con Xi Jinping en París (26 marzo 2019) y la Cumbre UE-China de este 9 de abril.

Europa está muy preocupada con los avances de China y no es para menos. En 2018, China es el primer país vendedor de Europa (de allí vienen el 20% de las importaciones europeas), muy por delante de EEUU (13% de las importaciones UE) y Rusia (8%). Y China es el 2º país comprador de Europa (compran el 15,4% de las exportaciones europeas), por detrás de EEUU (destino del 17,1% exportaciones UE), según los últimos datos de Eurostat. Una relación comercial con China muy desequilibrada: Europa les vende por valor de 209.906 millones de euros y les compra por 394.697 millones, lo que supone que tenemos un déficit comercial con China de -184.791 millones (2018).Y lo peor es que ese déficit ha crecido exponencialmente: si en 2002 era sólo de -55.317 millones, en 2005 saltó a -109.258, en 2008 a -170.723 y en 2018 a los -184.791 millones de euros. O sea, que el “agujero comercial” de Europa con China se ha triplicado con creces (x 3,3).

Toda Europa tiene déficit comercial con China, salvo 4 paises europeos que tienen superávit (venden a los chinos más de lo que les compran): Alemania (+18.247 millones de euros en 2018), Bélgica (5.667), Finlandia (+1.447 millones) e Irlanda (1.012 millones), según Eurostat. Del resto, los paises que sufren el mayor desequilibrio comercial con China son Holanda (-74.156 millones de euros, el 40% del “agujero comercial europeo), Reino Unido (-29.954 millones, el 16,2% del déficit total), España (-20.632 millones de déficit en 2018, según Comercio), Italia (-17.611 millones), Portugal (-15.856 millones), República Checa (-10.987 millones) y Francia (-8.524 millones de déficit comercial), según Eurostat (2018).

En el caso de España, nuestras compras a China se han multiplicado por 15 en este siglo (de 1.756 millones importados en 1995 a 26.908 millones importados en 2018), mientras las exportaciones a China han crecido sólo 9,2 veces (de 679 millones exportados en 1995 a 6.276 millones exportados en 2018), con 15.000 empresas españolas que exportan a China (el 10% de nuestros exportadores), según el Instituto Elcano. Con estos intercambios, el déficit comercial de España con China se ha multiplicado por 20, pasando de -1.077 millones en 1995 a -18.300 en 2008 y -26.908 millones en 2018, según Comercio. Lo que más exporta España a China son alimentos (aceite, carne de cerdo y vino), materiales de automoción, aparatos mecánicos y minerales. Y compramos a China ropa y bienes de consumo, electrónica e informática, productos industriales y químicos, según el ICEX.

La otra preocupación de Europa es la avalancha de inversiones chinas en el continente. China se ha convertido en el mayor inversor mundial (en 2016 invirtieron en 7.961 empresas de 164 paises) y una cuarta parte de esas inversiones chinas van a Europa. En 2018, la inversión china en Europa rondó los 70.000 millones de euros, según la firma Baker Mackenzie, destacando las inversiones hechas en Reino Unido, Suecia, Alemania, Luxemburgo, Francia y España, el 6º destino europeo de las inversiones chinas (1.020 millones de euros en 2018). La inversión de China en Europa ha dado un tremendo salto en la última década, multiplicándose por 100 (de 707 millones de euros en 2008 a 70.000 en 2018) y acumulando ya los 181.000 millones de euros invertidos entre 2000 y 2018.

Esas inversiones chinas en Europa se dirigen sobre todo a empresas tecnológicas (31,3%), industria y automóvil (24,7%), servicios (16,2%) y otros, como infraestructuras  transporte y sector inmobiliario, destacando por paises Reino Unido (42.200 millones de euros chinos invertidos entre 2000 y 2017), Alemania (20.600), Italia (17.300), Francia (12.400), Holanda (9.000), Finlandia (7.100), Portugal (6.000) y España (3.400 millones). Entre las empresas europeas que han caído en las redes chinas, recordemos Volvo (Suecia), Pirelli (Italia), TAP y EDP (Portugal), Lumileds (Holanda), Peugeot (Francia), Kious (Alemania), Pizza Express (RU), Syngenta (Suiza) o la reciente Supercell Oy (empresa de videojuegos finlandesa).  En España, las mayores inversiones chinas han comprado Urbaser (servicios y medio ambiente), instalaciones en los puertos de Valencia, Bilbao y Barcelona, Madrileña de Gas (energía), Grupo Miquel (alimentación), Marqués de Atrio (bebidas), NH Hoteles (vendida), Osborne (vendida), Eptisa (ingeniería), Clínica Baviera (salud), Iberwind (energía) y los Clubes de fútbol Atlético de Madrid (grupo Wanda), Valencia (Peter Lim), Espanyol (Rastar Group), Granada (grupo Desport) y Lorca (Xu Genbao).

Tras una década de creciente invasión china en Europa, los dirigentes comunitarios empiezan a tomar conciencia de que hay un problema y deben “frenar a China”, que la Unión Europea tiene que defenderse. Básicamente, porque el éxito chino es consecuencia de una política comercial proteccionista  (ayuda a los exportadores chinos y problemas a los europeos que quieren vender en China) y las inversiones chinas crecen al amparo de empresas públicas (el 60% de las que vienen) y privadas que compiten “dopadas, gracias a ayudas y créditos sin interés y sin límite del Gobierno chino. Vamos, que el gigante chino hace competencia desleal a los europeos, que pierden así crecimiento y empleo en beneficio de China.

El tiempo de la ingenuidad se ha acabado”, ha dicho recientemente el presidente francés Macron, abanderado de la cruzada contra China. Y aunque tanto Francia como Alemania han vetado algunas inversiones chinas, quieren que la UE, como un bloque, adopte una política común frente a China, a la que definen ahora como “un rival sistémico”. Y para perfilar esta nueva política frente a China, la Comisión Europea aprobó el 12 de marzo este Documento donde se proponen 10 acciones concretas para afrontar la invasión comercial e inversora de China. Un Plan que fue aprobado en la Cumbre europea del 21-22 de marzo de 2019, junto a la postura sobre el Brexit. Y luego fue expuesto a China en la mini Cumbre de París, el 26 de marzo, entre Macron, Merkel, Juncker (CE) y Xi Jinping. Y ha sido el documento sobre el que ha girado la Cumbre UE-China, celebrada este martes 9 de abril en Bruselas.

La nueva estrategia de la Unión Europea ante China tiene 2 objetivos. Uno, presentar un frente común y único ante China, que tiene acuerdos e inversiones bilaterales con Italia (el gobierno populista firmó el 22 de marzo un acuerdo comercial y 29 acuerdos de colaboración con China, en el terreno comercial, bancario o turístico), Portugal y Grecia, 5 paises de los Balcanes y 11 paises del Este europeo (sobre todo con Hungría y Polonia), el Foro 16+1, un "caballo de Troya" chino para penetrar en Europa país a país y dividir así la “resistencia europea”. El otro objetivo es “equilibrar” las relaciones comerciales y vigilar las inversiones chinas, para que no penetren en sectores estratégicos o sensibles, sobre todo en las futuras redes 5G, donde EEUU tampoco quiere a Huawei, porque temen que su tecnología “abra una puerta trasera” a China en las comunicaciones estratégicas europeas.

Esta nueva estrategia UE frente a China propone a los paises europeos actuar en 4 frentes. El primero, buscar unas relaciones comerciales e inversiones “más equilibradas y más recíprocas”, acabando con la competencia desleal de China. La Comisión explica que el Gobierno chino ha ido creando grandes empresas (los llamados “campeones nacionales”), multinacionales estatales y privadas que compiten gracias a las infinitas subvenciones que reciben y a un crédito público y privado inagotable y barato. Y así consiguen ganar terreno en Europa, vendiendo e invirtiendo, mientras, en paralelo, China cierra sus mercados y discrimina  a los productos e inversiones europeas. La segunda queja es que Europa tiene el mercado de contratación pública mayor del mundo (2 billones de euros anuales que compran los Estados y sus Administraciones públicas) y el más abierto, que aprovechan para vender las “dopadas” empresas chinas, mientras en China, las empresas europeas más competitivas tienen bastante cerrada la entrada para competir en contratos públicos chinos de transportes, telecomunicaciones, electricidad, construcción y equipos médicos.

En ambos casos, la nueva estrategia europea defiende igualdad de trato: si los chinos quieren vender o invertir en Europa, sus empresas no pueden tener ayudas o créditos públicos, prohibidos a las empresas europeas. Y si no me dejan exportar o invertir en determinados sectores en China, tampoco podrás hacerlo aquí. Además, Europa no quiere que la inversión extranjera (ni China ni USA ni rusa) entre en sectores estratégicos, porque puede poner en riesgo la seguridad de la UE. Y por eso, la Comisión y el Parlamento europeo han aprobado, el 20 de febrero de 2019, un Reglamento que regula las inversiones extranjeras directas en Europa, una normativa que tienen que aprobar los paises y que entrará en vigor plenamente en noviembre de 2020. Con ella, se mirarán con lupa y se vetarán si hace falta las inversiones extranjeras en sectores estratégicos, empresas tecnológicas, infraestructuras y equipos críticos (como las redes 5G), con especial vigilancia y sanciones frente a los “ciberataques”.

Tras estos dos frentes, comercial e inversor, la Unión Europea, hace otras dos advertencias a China, una política y otra militar. El frente político del documento de la Comisión insta a China a colaborar en la política internacional, con la defensa de los derechos humanos (“la situación de los derechos humanos en China se está deteriorando”, dice textualmente), una lucha más eficaz contra el cambio climático (China ayuda a construir centrales de carbón en varios paises) y profundizar en los objetivos de paz y seguridad en el mundo (la UE les critica sus peligrosas reivindicaciones en el mar del sur de China, donde desoyen el laudo de la ONU). Y en el frente militar, Europa muestra su preocupación por el militarismo de China (ha disparado sus inversiones en Defensa) y “su ambición por tener en 2050 las Fuerzas Armadas tecnológicamente más avanzadas del mundo”, lo que, según la Comisión “plantea problemas de seguridad  para la UE”

Hasta aquí, “el toque” de Europa a China, firme, aunque tardío. Ahora habrá que ver si se queda sólo en palabras o si la UE denuncia a China ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), por “competencia desleal”. Mientras, China, enfrentada a Trump, quiere “suavizar” su encontronazo con Europa, prometiendo que “van a ser buenos” y van a liberalizar sus mercados a las ventas e inversiones europeas. De hecho, antes de esta Cumbre, China ha tratado de “calmar a Europa” aprobando una nueva Ley de inversiones extranjeras más flexible (e insuficiente, según los expertos occidentales), que entrará en vigor el 1 de enero de 2020. Pero es sólo una justificación, un “señuelo”, mientras intenta mejorar su posición inversora y comercial en la Europa del Este y del sur, con apoyo de Italia. Y mientras gana tiempo, el capitalismo de Estado chino sigue creciendo (menos, pero un 6,6%, 6 veces lo que la zona euro) y ganando peso en el mundo, a golpe de inversiones, créditos y ventas, con el horizonte de volver a ser el Gran imperio del mundo para 2049.

China tiene que seguir creciendo, sin que ni Europa ni Trump le paren, porque la estrategia del Partido Comunista Chino, que rige el país y la economía (los principales empresarios públicos y privados están afiliados) es un “contrato social” en que ofrecen a los 1.400 millones de chinos vivir mejor (su renta per cápita se ha triplicado desde 2008) a cambio de no tener libertades y de pertenecer al país más poderoso del mundo, como explica el profesor  Julio Aramberri en su reciente libro “La China de Xi Jinping”, un extraordinario análisis donde sostiene que el desarrollo chino no traerá la democracia y sí un nacionalismo militarista, peligroso para el mundo. China está empeñada en reforzar su creciente poderío económico con una mayor influencia internacional, asentada a golpe de invertir en medio mundo, endeudar y hacer dependientes a los paises en desarrollo y  asegurarse una mayor presencia estratégica a través de la nueva Ruta de la Seda, cuatro nuevas vías terrestres y marítimas de llegar a Europa a través de Asia, Oriente Medio y África. Así que está bien que Europa “se ponga las pilas”.

Pero no basta con el cierre de filas frente a China. Europa tiene que tomar conciencia de que el mundo está cambiando y que la Unión Europea es un gigante económico y comercial pero “un enano empresarial”: entre las 40 mayores empresas del mundo, sólo 5 son europeas (Shell, BP, Volkswagen, Daimler y Total). Y entre las 10 mayores multinacionales, 7 son tecnológicas: 5 son de EEUU y 2 de China, ninguna de Europa. Aquí está el fondo del problema: Europa no puede defender su futuro sin grandes empresas que puedan competir con las chinas y norteamericanas (luego con las indias). Y para ello, hay que lanzar ya una estrategia para crear “campeones europeos”, grandes empresas europeas fruto de la fusión de menores empresas alemanas, francesas, británicas, italianas o españolas. Eso exige tiempo, ayudas y financiación, además de leyes, cuestiones todavía pendientes y que figuran como un reto clave del futuro Gobierno europeo que salga del 28-M.

En definitiva, que sabemos poco de China, Europa se ha descuidado y ahora los chinos han penetrado a tope en lo que compramos y en nuestras empresas, en perjuicio de los empleos europeos. Pero no se les puede frenar con normas y denuncias, hay que pararlos con una economía europea más competitiva. Y eso pasa por integrarnos más los europeos, en avanzar en los Estados Unidos de Europa. Unirnos más, no dividirnos.

lunes, 1 de mayo de 2017

Negociación Brexit: España se juega mucho



Este fin de semana, una Cumbre europea ha fijado la postura de los 27 paises UE para negociar con Reino Unido su salida de la Unión Europea. La negociación del  Brexit durará casi dos años, hasta marzo de 2019, y España es el país grande que más se juega, según Standard&Poors. Y eso porque los británicos son 1 de cada 5 turistas que nos visitan, es el tercer país donde más invierte España, nuestro cuarto cliente comercial, el origen de un 20% de beneficios de las empresas del IBEX y donde trabajan 300.000 españoles. El Brexit puede recortar un 0,5% nuestro crecimiento (-5.500 millones) y empleo (-90.000) y afectará más al turismo, automoción, industria agroalimentaria, banca y algunas grandes empresas, sobre todo en Madrid, Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana y Canarias. Por todo ello, el Gobierno Rajoy debe estar muy encima de esta negociación y asegurar que no frena nuestra recuperación. Y debe aprobar un Plan de choque para compensar sus costes. Ojo al Brexit.
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enrique ortega

Ha comenzado la cuenta atrás para que Reino Unido (RU) abandone la Unión Europea (UE), como decidió por un estrecho margen (51,9%) en el referéndum del 26 de junio de 2016. El pistoletazo de salida lo dio la carta enviada por Theresa May a Bruselas, el 29 de marzo de 2017, anunciando que desean abandonar la Unión Europea, donde el Reino Unido lleva desde 1973 (cuando ingresó en la CEE, al tercer intento, tras dos vetos del general de Gaulle). A partir de ahí, el Tratado de Lisboa contempla un plazo de 2 años para materializar esa salida. Y si no se logra un acuerdo para entonces, el 29 de marzo de 2019, el Reino Unido quedaría automáticamente fuera de la UE (salvo que se decidiera por unanimidad seguir negociando). Ahora, los 27 ya han acordado una base común de negociación, que la Comisión Europea debe concretar en un mandato negociador el 22 de mayo, para reunirse después con Londres, a finales de junio, tras las elecciones anticipadas (8 junio) por Theresa May para reforzar su posición negociadora. Y luego, el objetivo es negociar durante año y medio, para tener listo un acuerdo de salida a finales de 2018, porque todavía tendrían que aprobarlo, antes de marzo 2019, los Parlamentos de la UE y Reino Unido.

La negociación será larga y dura y girará sobre 4 temas claves. El primero y fundamental, qué se va a negociar. La posición de los 27 paises europeos es clara: ahora sólo hay que negociar la salida del Reino Unido de la UE. Pero el Gobierno británico quiere negociar a la vez la salida y el futuro acuerdo comercial con la UE, pensando que así “sacará más” que dejándolo para 2019. “El Reino Unido abandona la UE pero no Europa”, insiste Theresa May para apoyar que ambas cuestiones se negocien juntas. Pero Bruselas es tajante: “Brexit es Brexit” y no va a aceptar que Reino Unido elija unas cosas de Europa (libertad de comercio o de capitales) y no otras (libertad de personas, política social y demás reglas comunitarias).

Si se consigue separar ambas cuestiones y dejar la negociación del futuro acuerdo comercial RU-UE para cuando estén fuera (en marzo de 2019), como insiste Bruselas, el segundo escollo será “el pago del divorcio”: Reino Unido tiene que hacer frente a una serie de costes ya comprometidos (futuro pago de pensiones, inversiones y fondos comprometidos), una factura estimada por Bruselas en 60.000 millones de euros y que Londres pretende rebajar a menos de la mitad. Y el tercer tema clave es qué pasa con los 3.300.000 ciudadanos comunitarios que viven en Reino Unido y los 1.200.000 británicos que viven en la UE: que derechos se les garantiza a partir de marzo de 2019. Bruselas teme que Londres utilice a los extranjeros UE como “rehenes” de la negociación, como “escudos humanos” en esta “guerra”.

El cuarto tema clave de la negociación será configurar la transición, en dos periodos muy diferentes. Uno, de aquí a la salida del Reino Uhttp://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/27/actualidad/1493285631_032397.htmlnido de la UE (marzo 2019). Londres insiste en pedir facilidades comerciales y financieras para una parte de su industria (automóvil) y sus finanzas (banca y seguros), mientras Bruselas reitera que “Brexit es Brexit” y que no se puede permitir que una parte de la economía británica se beneficie del mercado único (“por la puerta de atrás”) mientras otra parte lo rechaza. Pero si Bruselas rechaza “tratos especiales” para el Reino Unido de aquí a 2019, sí tendrá que negociar una fase de transición para después, cuando haya salido de la UE pero aún no se haya firmado  ningún futuro acuerdo comercial, del estilo del que Bruselas tiene con Noruega, Suiza o Canadá, por ejemplo. Negociar este acuerdo comercial llevará varios años, con lo que habría un largo periodo transitorio, al menos hasta 2022. Y en la negociación de ese acuerdo, Bruselas es tajante: Londres no puede conseguir más ventajas que si estuviera en la UE (sin cargar con los compromisos de estar). Y durante estos dos periodos transitorios (hasta salir de la UE y luego hasta firmar un acuerdo comercial), el Reino Unido tiene que aceptar la autoridad del Tribunal Europeo de Justicia en los posibles litigios, algo que levanta “ampollas” en el gobierno británico.

Al final, si en diciembre de 2018 hay acuerdo y no ruptura, lo negociado tendrá que ser ratificado por el Parlamento europeo y británico, sin vetos de ningún país clave. Y más difícil todavía será alcanzar el acuerdo comercial futuro, porque las posibles concesiones a Reino Unido podrían sufrir el veto de algún país o incluso de alguna región de un país, que argumentarían pérdidas industriales, agrícolas, financieras y comerciales. De momento, en la Unión Europea se perfilan tres bandos ante la negociación con Reino Unido. Uno, el de los partidarios del Brexit duro, liderados por Merkel y apoyados por Francia: Londres se va y fuera no podrá elegir lo que le conviene de Europa, no podrá estar mejor que dentro. España, con Rajoy, lidera la opción del Brexit blando, apoyada por Italia: aboga una “negociación amistosa” y conceder estos dos años un trato privilegiado a Londres, para negociar después un acuerdo comercial preferente. Y en medio están los paises del Este, liderados por Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, cuya preocupación es el futuro de sus muchos ciudadanos en Reino Unido, la moneda de cambio para suavizar su postura frente a Londres.

España está en el bando de los “blandos” en esta negociación, no por generosidad sino porque tiene mucho que perder y Rajoy piensa que sacará más con un “diálogo amistoso” que con el Brexit duro que defiende Merkel. De hecho, España es el país europeo de los grandes más afectado por el Brexit, según un estudio realizado antes del referéndum por la agencia Standard&Poors: somos el 8º país más expuesto al Brexit (1,5 puntos), tras Irlanda (3,5), Malta (2,9), Luxemburgo (2,4), Chipre (2,3), Suiza (2), Bélgica y Holanda (1,6), mucho más expuesto que Francia (0,8 puntos), Alemania (0,8) o Italia (0,4 puntos).

Y hay varias razones que lo justifican. Una, que la primera industria española, el turismo, depende en gran medida del Reino Unido: en 2016 nos visitaron 17.840.292 británicos, el 23,6% de todos los turistas que llegaron a España (y se gastaron el 20,9% del total). Y si el Brexit frena el crecimiento del Reino Unido y debilita su moneda (la libra ya ha perdido más de un 10%), lo esperable es que se reduzca el turismo británico a España, sobre todo en 2019 y después. Además, España es el tercer país con más inversiones en Reino Unido (unos 60.000 millones), sólo por detrás de Francia (127.000) y Alemania (94.000), inversiones que se verán afectadas por futuros aranceles y cambios normativos. Y en tercer lugar, Reino Unido es el cuarto cliente comercial de España, tras Francia, Alemania e Italia: en 2016 les vendimos productos por 19.153 millones (el 7,5% de nuestras exportaciones). Y es el 5º país al que más compramos: 11.184 millones (4,1% importaciones). Este superávit comercial de España con Reino Unido podría reducirse cuando se aprueben aranceles y controles, tras salir de la UE.

Todo ello se traduce en empresas españolas que tendrán más difícil vender en Reino Unido, sobre todo en el sector del automóvil, alimentación (vino, carnes, frutas y hortalizas), industria farmacéutica o aeronáutica. Y luego están las más de 300 empresas españolas que operan en Reino Unido y que consiguen una buena parte de su facturación y beneficios allí: Ferrovial (34% ventas son en RU), Telefónica (30% facturación), Banco Santander (24% beneficio total procede de RU), Iberdrola (14% de sus ingresos), FCC (10% beneficio), Inditex (101 tiendas), Banco Sabadell (150% negocio), IAG-Iberia… De hecho, se estima que un 21% de los beneficios de las grandes empresas del IBEX se generan en Reino Unido, lo que indica que también está en juego una buena parte de su empleo aquí. Según un informe de la consultora KPGM, a partir de una encuesta a 3.000 grandes empresas españolas, el 45% de ellas dice tener relación económica o comercial con Reino Unido. Y todas están ahora pendientes de cómo va a quedar el Brexit y cómo van a poder operar en el futuro con un país fuera de la UE.

Y aún hay otros frentes de preocupación. El principal, los 300.000 españoles que viven en Reino Unido, ahora preocupados por qué va a ser de ellos en la negociación del Brexit, si se les mantendrán sus actuales derechos o los perderán, con riesgo de ser expulsados. Lo mismo temen el casi millón de británicos que viven en España (300.000 de forma permanente), que además han sido el motor de las ventas de viviendas en la Costa española, ahora en el aire. De hecho, las compras de viviendas por británicos sólo aumentaron un 2% en 2016, cuando en los dos años anteriores crecieron un 43%. Eso sí, también hay expertos que creen que España podría conseguir algo positivo con el Brexit: atraer a empresas y entidades que abandonen Londres cuando Reino Unido salgan de la UE. Pero esto es discutible por dos razones: es dudoso que la mayoría de multinacionales dejen la City y las que lo hagan pensarán en irse a Frankfort o a París antes que a Madrid o Barcelona.

El presidente Rajoy, en su línea, ha pedido “no dramatizar sobre los efectos del Brexit para España”. Pero su Gobierno ha preparado un informe donde se estima que el Brexit recortará el crecimiento de España entre un 0,2 y un 0,4% del PIB (hasta -4.440 millones), lo que se traducirá también en una pérdida de empleo (hasta -90.000). Y hay otras estimaciones que suben el coste hasta el 0,5% del PIB (Instituto de Empresa) o el 0,6% (Ceprede). Lo que parece claro es que el Brexit va a afectar negativamente a las exportaciones, inversiones y ventas españolas en Reino Unido, así como al turismo. Las estimaciones del BBVA indican que el mayor efecto lo sufrirán Murcia, la Comunidad Valenciana y Canarias (por la caída de exportaciones y turismo), junto a Madrid y Cataluña (por bancos y grandes empresas).

Y habrá otras consecuencias negativas, como que España tendrá que aportar más al Presupuesto europeo cuando Reino Unido deje de pagar (10.751 millones de euros netos en 2015): el Gobierno Rajoy estima que tendremos que aportar 888 millones de euros más a Bruselas en 2019, con lo que seremos un país contribuyente neto cuando ahora salimos ganando (+825 millones en 2017). Y Murcia y Melilla podrían perder fondos europeos, con la reconfiguración de 2019. También pueden perder fondos europeos los agricultores españoles, porque la política agraria común (PAC)  tendrá entre 1.200 y 3.100 millones menos para repartir (y una parte de este recorte lo sufrirá España). Otro tema clave será cómo quedan las futuras cuotas de pesca y si los pescadores españoles podrán ir a los caladeros británicos.

Como se ve, lo que pase con el Brexit es clave para España y puede ser un grave obstáculo para la recuperación, el crecimiento y el empleo en los próximos años. Por eso, Gobierno y oposición deberían centrarse en esta negociación, pactar unos acuerdos mínimos y estar muy encima de lo que se discuta entre Bruselas y Londres, porque nos jugamos más que la mayoría. Hay que dejar claras las líneas rojas de España, que no sólo puede ser Gibraltar, sino el futuro de los españoles en Reino Unido, el trato a nuestras empresas e inversiones, los futuros acuerdos comerciales y el papel de España en una Europa a 27. Y en paralelo, aprobar un Plan de choque para paliar los daños del Brexit, centrado en ayudas a los sectores y las regiones más afectadas, buscando alternativas de ventas, inversión y turismo en otros paises. No lo duden: el Brexit debe ser una de las grandes prioridades de España en esta Legislatura. Nos afecta demasiado como para dejarlo en manos de Bruselas.