La pobreza se estanca

España crece, crea empleo y baja la inflación, pero casi la mitad de los españoles tienen problemas para llegar a fin de mes y 1 de cada 4 personas está en riesgo de pobreza, según la última estadística del INE. Son una décima menos que en 2024, pero como somos más habitantes, hay más españoles en riesgo de pobreza. Y tenemos más “pobres”, personas que ganan menos del 60% de la media: son 9.666.291 personas. Así que, pese a nuestro mayor crecimiento, España es el 5º país con más pobreza de Europa. Y aunque han aumentado las ayudas públicas, están mal diseñadas y tenemos 4 millones de personas muy vulnerables, con carencias materiales severas. Y la pobreza infantil ronda los 2 millones de menores. Urge tomar medidas, mejorando los sueldos más bajos, reduciendo el subempleo, promoviendo alquileres asequibles y aprobando ayudas para familias con niños, el epicentro de la pobreza. Precisamente, el Gobierno aprobó este martes una ayuda de 200 euros al mes por hijos menores de 18 años, pero sin concretar cuándo ni cómo se podrá pagar. Hay que repartir mejor el crecimiento, porque demasiadas personas no lo notan.

                               Enrique Ortega

Europa es un continente con un alto nivel de vida pero también tiene muchas personas en situación vulnerable: en 2024, 93,3 millones de personas en la UE estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, el 21,0% de la población (tasa AROPE), según Eurostat. Un dato que incluye los europeos que sufren una de estos tres situaciones: pobreza monetaria (ingresar menos del 60% de la renta media de cada país UE), carencia material severa (problemas para comer adecuadamente, afrontar gastos o mantener la vivienda a una temperatura adecuada) o bajo nivel de empleo (trabajar menos del 20% potencial). De 2025 no hay todavía datos europeos, pero sí de España: el porcentaje de españoles en riesgo de pobreza o exclusión social fue del 25,7%, según el INE, bajando sólo una décima respecto a 2024 (25,8%, cuando éramos el 4º país UE con más riesgo de pobreza, tras Bulgaria, Rumanía y Grecia). Pero como ha crecido la población española en 2025 (+ 442.428 habitantes), ahora hay más españoles en riesgo de pobreza (12.739.676 personas) que en 2024 (12.675.100).

Veamos los tres indicadores que componen la tasa europea AROPE. El primero y más importante es la tasa de pobreza monetaria, los que ingresan menos del 60% de la media del país (en 2025, menos de 12.220 euros los solteros y menos de 25.663 euros las familias con dos adultos y dos niños): eran el 19,5% de la población española, dos décimas menos que en 2024 (19,7%). Pero como la población ha aumentado en 2025, el número de habitantes pobres es casi igual  (9.666.291 personas, 11.983 menos que en 2024). El mayor porcentaje de “pobres” se da en familias con niños, con un 28,5% de menores de 16 años viviendo en familias pobres, casi 2 millones de niños, lo que nos coloca como el 2º país europeo con más pobreza infantil (tras Rumanía). Además, la pobreza monetaria (19,5% de la población) es mayor en Melilla (39,3%), Ceuta (37%), Andalucía (27,7%), Murcia (26,7%), Extremadura (26,2%) y Comunidad Valenciana (26%), según el INE.

El segundo indicador de exclusión social es la carencia material severa, las personas que carecen de 4 de estos 9 conceptos: no pueden irse de vacaciones al menos 1 semana (el 32,2% de los españoles, 16 millones de personas), no pueden comer carne, pescado o pollo al menos cada dos días (5,4% de la población, 2,7 millones de personas), no pueden calentar su casa (el 15,9%), no pueden afrontar gastos imprevistos (el 36,4%de la población, 18 millones de personas), han tenido retraso en el pago de sus gastos de vivienda o compras a plazo (13,3%), no pueden tener un coche (5,4%), ni teléfono ni televisor ni lavadora. En conjunto, sufrían esta carencia material severa el 8,1% de los españoles en 2025, prácticamente 4 millones de personas (62.420 menos que en 2024, cuando eran el 8,3%).

El tercer indicador de exclusión social es tener un nivel de empleo mínimo, trabajar en 2025 menos del 20% del tiempo potencial: les pasó al 8% de los españoles, unos 4 millones de personas, el mismo porcentaje que en 2024, a pesar de la mejoría del empleo. La mayoría de los excluidos cumplen 1 de estas 3 condiciones (sobre todo la pobreza monetaria, por sus bajos ingresos), pero hay un 1,4% de españoles (700.000 personas) que cumplen las tres condiciones: bajos ingresos, varias carencias materiales severas y un mínimo nivel de empleo. Son los más vulnerables de los vulnerables.

Otro dato que revela la Encuesta del INE es el nivel de desigualdad de España, medido con dos indicadores. El primero, el índice S80/20 indica la relación de ingresos entre el 20% de la población que más gana y el 20% que menos gana: era de 5,2 veces en 2025, menos desigualdad que en 2024 (5,4 veces) y que en 2019 (5,9 veces). El segundo, el índice de Gini, que cuanto más bajo es refleja menos desigualdad: ha bajado de 33 en 2019 a 31,2 en 2024 y 30,8 en 2025, el índice de desigualdad más bajo desde 1989. Pero todavía tenemos mucha más desigualdad que la media UE-27 (índice 4,66 veces en 2024) y que Alemania (4,49) o Francia (4,66), aunque menos que Italia (ganan 5,53 veces más los más ricos), según Eurostat.

Fuera de estos indicadores de pobreza y desigualdad, el INE ha publicado otro dato importante, en su Encuesta de Condiciones de Vida 2025: los españoles que tienen problemas para llegar a fin de mes. Y la estadística mejora, pero poco. El 8,5% de la población (4,2 millones de personas) tiene “mucha” dificultad para llegar a fin de mes, menos que en 2024 (9,1%) aunque más que antes de la pandemia, en 2019 (7,4% tenían entonces “mucha” dificultad para llegar a fin de mes). Otro 12,1% llegan a fin de mes “con dificultad” (12,7% en 2024 y 14,2% en 2019). Y un 25,3% llega “con cierta dificultad” (25,6% en 2024 y el mismo 25,3% en 2019). Así que, sumando los tres grupos, casi la mitad de los españoles (el 45,9%) tiene algún problema para llegar a fin de mes, algo menos que en 2024 (47,4%) y que en 2019 (46,9%), aunque entonces había menos población. Los que tienen más problema para llegar a fin de mes (con “mucha” dificultad) son los hogares con un adulto y uno o más niños (el 19,6%) y los hogares de Castilla la Mancha (12,7% llegan a fin de mes con “mucha” dificultad), Murcia (12,1%), Canarias (11,5%), Andalucía (11,3%) y Ceuta (10,5%).

A la vista de estos datos, queda claro que España tiene un problema de pobreza, desigualdad y para llegar a fin de mes, aunque la economía y el empleo crezcan más que nunca. Y a pesar de que en los últimos años se hayan disparado las ayudas públicas a los más vulnerables, primero con la pandemia y luego con la hiperinflación que siguió a la invasión de Ucrania: ERES para paliar la pérdida temporal de empleo, ayudas a los carburantes y al recibo de la luz, control de la subida de alquileres, freno temporal al IVA de los alimentos, ayudas al alquiler y bonos sociales (eléctrico y térmico), así como mejora de la asistencia social y freno a los desahucios de las familias más vulnerables. 

Y sobre todo el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que puso en marcha el Gobierno Sánchez en junio de 2020. Inicialmente avanzó muy lentamente, por un exceso de requisitos y burocracia, pero en diciembre de 2025 llegaba ya a 799.553 hogares (+125.824 que en 2024), donde viven 2.441.647 beneficiarios, que reciben una ayuda mensual de 483 euros (mayor si hay menores), que subirá +11,4% este año. Pero la introducción de este IMV ha provocado que 13 autonomías hayan reducido sus ayudas, las rentas mínimas, según un estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales: en 2024 las recibían 532.070 beneficiarios, 263.791 menos que en 2020, debido a que 13 autonomías gastan ahora 398 millones menos en esas ayudas, sobre todo Madrid (-95%), Aragón (-92,6%), Castilla la Mancha (-88,2%), Castilla y León (-80,7%) y Andalucía (-79,8%).

A pesar de las mayores ayudas estatales y los recortes de muchas autonomías, el gasto social en España es inferior al de la mayoría de Europa. Las ayudas públicas a las familias (claves para luchar contra la pobreza) suponen el 1,6% del PIB en España (2021), frente al 2,5% de media en la UE-27, el 3,7% en Alemania o el 2,5% en Francia. Pero además de gastarse poco, en España se gastan mal estas ayudas públicas, según nos han reiterado la OCDE y la Comisión Europea: benefician más a las familias de rentas medias y altas que a las familias con rentas bajas, porque el grueso de las  ayudas son desgravaciones fiscales en el IRPF, que benefician a 8 millones de contribuyentes, la mayoría con rentas medias y altas, porque las rentas bajas y los más pobres no declaran (los ingresos de menos de 22.000 euros al año, todos los que están en pobreza severa y la mayoría de los considerados “pobres”).

La propia Comisión Europea alertó, en su informe de diciembre de 2024, sobre el hecho de que las ayudas contra la pobreza en España “tienen menos impacto que en otros paises”, por “los problemas de adecuación y cobertura del sistema de protección social, las disparidades regionales de acceso a los servicios públicos y la persistente pobreza en el trabajo”. Sobre este último punto, recordar que en 2025 eran “pobres” el 11, 6% de los asalariados, 2,6 millones de trabajadores, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.  Y que España es el tercer país europeo con más porcentaje de “trabajadores pobres” (11,2% en 2024), sólo por detrás de Luxemburgo (13,4%) y Bulgaria (11,8%), peor que Portugal (9,2%) o Grecia (10,7%) y por encima de la UE-27 (8,2% de trabajadores “pobres”), Italia (10,2%), Francia (8,3%) o Alemania (6,5%), según Eurostat.

Por todo ello, expertos y ONGs piden modificar el esquema de protección social a las familias más vulnerables, reformar la política contra la pobreza en España. Por un lado, es urgente coordinar las ayudas públicas, creando “una ventanilla única” donde se soliciten y se gestionen, con menos burocracia, más colaboración entre administraciones (incluyendo los Ayuntamientos, claves en las ayudas contra la pobreza) y dando más entrada a las ONGs, quienes tienen más experiencia y conocimiento del problema. Y por otro, hay que destinar más recursos públicos a la lucha contra la pobreza, gastando el doble (como hace la UE) en ayudas a la familia. Además, urge aprobar una ayuda universal por hijos, clave para reducir la pobreza infantil, como reitera Save the Children.

De hecho, en 17 paises europeos existe una ayuda universal por hijo, que la OCDE ha propuesto a España (y que sólo aplica el País Vasco, desde marzo der 2023, cuando entró en vigor una ayuda universal por hijo de 200 euros que cobrarán las familias durante 3 años). Con esta ayuda, “se matarían dos pájaros de un tiro”: se reduciría la pobreza infantil y la pobreza de las familias (más concentrada en las que tienen hijos) y se fomentaría la baja natalidad, un grave problema estructural de España, que pone en peligro el futuro de las pensiones y del Estado del Bienestar. El Gobierno Sánchez aprobó este martes una ayuda universal por hijo hasta los 18 años, de 200 euros mensuales, dentro de una Estrategia de Desarrollo Sostenible para reducir un 10% en 2030 la tasa de pobreza AROPE (ahora es del 25,7%). Problema: se trata de un objetivo más que de una medida concreta, porque se necesita incluirla en unos Presupuestos para 2026 (casi imposibles de aprobar por ahora) y estudiar con Hacienda cómo se financia (la parte de Sumar del Gobierno propone crear un nuevo impuesto sobre grandes fortunas para costear esta ayuda). Así que de momento, es más un anuncio ("preelectoral") que una ayuda concreta contra la pobreza infantil.  

Para que haya menos pobres y más gente “note” el crecimiento y el empleo, hay que actuar también sobre los salarios, porque son muy bajos y desiguales, lo que provoca que casi la mitad de españoles tengan problemas para llegar a fin de mes. En España, el 30% de los asalariados (5,6 millones de trabajadores) ganan menos de 1.582 euros brutos (1.345 euros netos). Y otro 40% de asalariados (7,5 millones de trabajadores) ganan entre 1.582 y 2.659 euros brutos (entre 1.345 y 1.995 euros netos). Además, la inflación de los últimos años ha subido más que los sueldos, con lo que los asalariados han perdido poder adquisitivo: la subida salarial de los convenios fue del +16,65% entre 2.000 y 2025, según Trabajo, mientras la inflación ha subido un +23,5% entre 2000 y 2025, según el INE.

Otro eje de actuación es la vivienda y los alquileres, culpables de mantener tan alta la tasa de pobreza. Los datos del INE son claros. El porcentaje de españoles en riesgo de exclusión (tasa AROPE) alcanza el 43,1% entre los que viven de alquiler y baja al 19,3% entre los que tienen su vivienda en propiedad. Y lo mismo entre los “pobres monetarios”: son el 14,5% de españoles propietarios, pero el 32,6% entre los que viven de alquiler. Y la carencia material severa se dispara al 17% entre los inquilinos, frente al 4,5% en los propietarios. Así que para bajar las cifras de pobreza, hay que ofrecer alquileres asequibles a los más vulnerables.

El Gobierno aprobó en diciembre de 2024 una Estrategia contra la pobreza 2024-2030, con 4 ejes: garantizar recursos a los más vulnerables (con el IMV y las prestaciones sociales) y un mejor acceso a la vivienda, invertir en las familias más vulnerables, tanto en su educación como en su acceso al empleo, reforzar las ayudas a las familias y mejorar la coordinación entre Administraciones para hacer más eficaces las ayudas sociales. Pero hay pocos recursos para estas políticas sociales, sobre todo en autonomías y Ayuntamientos, con lo que la reducción de la pobreza es muy lenta. De hecho, el escenario macro del Gobierno contempla que la pobreza, que hoy afecta al 19,5% de españoles (9.616.610) sólo baje al 19,1% en 2028: serán 9.747.484 pobres, +130.874 más que hoy, porque seremos 51 millones de habitantes…

Si España no toma medidas drásticas y eficaces, sobre los salarios, la vivienda y las ayudas sociales, tendremos más pobres en unos años. Y esto, además de socialmente injusto, es muy negativo para la economía (menos consumo, menos crecimiento y empleo) y para la política: más españoles malviviendo y sin perspectivas, el caldo de cultivo para el desencanto y los extremismos, un riesgo para la democracia. Por eso, los partidos y la sociedad deberían tomarse en serio el problema de la pobreza y acordar un Plan de choque para que estos millones de españoles vulnerables vivan mejor. Pero eso exige un Pacto entre administraciones y gastar más, algo imposible con los actuales enfrentamientos políticos y las propuestas de bajar impuestos. Otro reto grave que no podemos afrontar mientras persistan los radicales enfrentamientos políticos. Hay que repartir mejor el crecimiento, para reducir la desigualdad y consolidar la democracia. Pero no están por la labor.

Otra revisión masiva de alquileres

En 2025, más de medio millón de inquilinos tuvieron que revisar el precio de su alquiler, al cumplirse 5 años del contrato. Este año 2026, son todavía más los contratos a revisar: 632.369, 1 de cada 5 alquileres. Y como estos 5 años se han disparado los alquileres, los nuevos contratos subirán una media de 1.735 euros al año, según Consumo. Y en algunas autonomías mucho más (+2.042 euros en Madrid). Sumar ha propuesto congelar estos alquileres, pero el Gobierno no lo contempla, porque teme que fuera inconstitucional. El resto de alquileres tendrán su revisión anual, el IPC (+3%) o el nuevo índice IRAV (+2,29%), para los contratos firmados después de mayo de 2023. Los que buscan un alquiler tendrán más problemas en 2026, porque se ha reducido la oferta y se espera una nueva subida del +10%, que se suma al +41,34% que han subido los alquileres desde 2020, el doble que el IPC y el triple que los salarios. Urge tomar medidas en la vivienda, aunque lo impide el actual bloqueo político.

                            Enrique Ortega

Muchas personas que viven de alquiler están preocupadas porque haya llegado 2026, porque saben que les llamará su casero para decirles que tienen que firmar un nuevo contrato de alquiler, ya que han pasado 5 años del que firmaron en 2021. Ya pasó en 2025: se renovaron 568.500 contratos de alquiler firmados en 2020, en plena pandemia, según los datos del Ministerio de Consumo. Y prevé que este año serán más las revisiones de contrato: afectarán a 632.369 contratos, 1 de cada 5 alquileres que hay en España, lo que afectará a 1.600.000 personas, según sus estimaciones. Y la alerta de Consumo es porque estos nuevos contratos pueden disparar el alquiler, porque los precios han subido mucho desde 2021.

En concreto, un alquiler medio que estaba en 10,6 euros/m2 en enero de 2021 ha cerrado el año 2025 con un precio medio de 14,7 euros/m2, según el portal Idealista. Una subida media de +38,7%, que se traduce en 317 euros más al mes por un alquiler de 90 m2.Y esa es la subida media en España, porque en Madrid la subida del alquiler estos 5 años ha sido del +56,5% (de 14,5 a 22,7 euros/m2), lo que se traduce en 738 euros más al mes por un piso de 90 m2. Y en Barcelona, la subida del alquiler ha sido del +65,2% (de 14,4 a 23,8 euros(m2), lo que se traduce en 846 euros más de alquiler por un piso de 90 m2.

Con estos datos en la mano, el propietario de un piso en alquiler tratará de subir eso o algo menos a su inquilino al revisar el contrato que cumple 5 años en 2026. El estudio hecho por el Ministerio de Consumo señala que la subida de los nuevos alquileres puede ser en algunas zonas hasta +383 euros al mes (+4.596 euros al año), aunque cifran la media de subida en toda España en +1.735 euros anuales por vivienda (+144,5 euros al mes). Pero hay 6 autonomías donde la subida será mayor: Baleares (+4.615 euros anuales), Comunidad Valenciana (+2.386), Canarias (+2.267), Madrid (+2.042), Cantabria (+1.969) y Andalucía (+1.952 euros anuales). Y supondrá menos de 1.000 euros anuales la subida de los nuevos alquileres en Melilla (+329 euros), Ceuta (+784), Aragón (+832), Castilla y León (+902), Extremadura (+961) y Galicia (+980 euros anuales). En el caso de Cataluña, los nuevos contratos no podrán subir más del IPC en las zonas declaradas “tensionadas”, por la Ley de Vivienda. Y Navarra o el País Vasco quedan fuera de este estudio, por falta de estadísticas.

Esta importante revisión de contratos que se hará en 2026 se concentra en cuatro autonomías, según Consumo, que suponen dos tercios del total (632.369 alquileres): Madrid (145.881 contratos a revisar  este año), Cataluña (112.728 contratos), Andalucía (85.491 contratos) y Comunidad Valenciana (65.528 contratos a revisar). Y son muchos menos en el resto, destacando Canarias (39.974 contratos), Galicia (36.543) y Baleares (24.456 contratos). No se tienen en cuenta en estas cifras los contratos de alquiler hechos por empresas (inmobiliarias), que se renuevan cada 7 años (la primera gran revisión será en 2027).

Sumar, que dirige el Ministerio de Consumo, ha hecho público este informe sobre la importante revisión de alquileres que toca hacer este año para solicitar al Gobierno que aprobara, antes de finales de 2025, una congelación de estos alquileres, para que al renovarse no pudieran ponerse un nuevo precio y sólo subieran el IPC. Trasladaron formalmente esta petición al Ministerio de Vivienda (en manos del PSOE), que no ha dado una respuesta oficial, aunque oficiosamente han comentado que la medida (que además “no les gusta”) podría ser "inconstitucional", además de retraer aún más la oferta de nuevos alquileres.

Así que estos 632.369 inquilinos tendrán que negociar con su casero lo que les sube el nuevo alquiler que han de firmar en 2026. Y será una “negociación desigual”, porque si no llegan a un acuerdo, el propietario tendrá ese mismo día una cola de peticiones de nuevas personas que quieran alquilar su casa. Y el inquilino sabe que si no cede y acepta una subida “suficiente”, cuando busque un nuevo alquiler (si lo encuentra) será más caro que el que le ofrecen.

El resto de los alquileres (hay algo más de 3 millones de casas en alquiler) tendrán que hacer la revisión anual, que tiene 2 índices de revalorización, según la fecha del contrato. Por un lado, los contratos de alquiler firmados antes del 26 de mayo de 2023 (la fecha en que entró en vigor la nueva Ley de Vivienda) subirán  este año lo que el IPC (generalmente el IPC anual de dos meses antes a la actualización), en torno al +3%, lo que supone una subida del alquiler medio de +27 euros al mes (+33,3 euros en Madrid y +41,6 euros en Barcelona). Pero los contratos más recientes, firmados después del 26 de mayo de 2023, se revisarán (salvo que en el contrato estén referenciados al IPC) según un nuevo índice, el IRAV (índice de referencia arrendamientos vivienda), que publica el INE y que suele estar por debajo del IPC: en noviembre era el +2,29%, lo que supone una subida del alquiler medio este año de +21 euros al mes (+30,52 euros al mes en Madrid y +38,15 euros mensuales en Barcelona).

Con esta doble subida, la de los alquileres que se revisan tras 5 años y los que se revisan anualmente, todos los inquilinos pagarán más este año 2026. Y eso agravará aún más la situación de muchos de ellos, que tienen que destinar el 40% y más de sus ingresos al alquiler. Con ello, aumentarán los desahucios por impagos de alquiler, tras una ligera bajada en los últimos años, por las medidas del Gobierno para cubrir a los más vulnerables. Entre enero y septiembre de 2025 hubo 19.347 desahucios, algunos menos (-6,3%) que en esos mismos 9 meses de 2024 (20.581). Pero el 75% de esos desahucios son por impago de alquileres, mientras bajan los desahucios por impago de hipotecas.

Este año 2026 se vuelven a prohibir los desahucios de vivienda por impagos de familias vulnerables, una medida acordada por el Consejo de Ministros del 23 de diciembre, tras acordarlo el día antes el Gobierno con EH Bildu. Sin embargo, esta medida ha de ser convalidada en el Congreso este mes de enero y queda ver si será vetada o no por Junts y Podemos, junto a las subidas de las pensiones y el resto del “escudo social”. De momento, UGT y distintas entidades sociales han contactado con Junts para que apoyen la prórroga de prohibición de desahucios a las familias vulnerables, porque evitará un grave problema social.

Otra medida, un Real decreto aprobado por el Gobierno el 9 de diciembre, pretende mejorar la situación de los alquileres, aumentar su oferta y conseguir que muchos propietarios “pierdan el miedo a alquilar”: se garantiza con avales públicos que los propietarios cobren el alquiler en caso de impago de los inquilinos más jóvenes (menores de 35 años) y familias vulnerables. La medida, que será gestionada por las autonomías (un problema…) cubre al propietario los alquileres impagados, los suministros debidos y los daños sufridos hasta que vuelva a recuperar su vivienda, con dos condiciones más para el propietario: que tenga depositada la fianza legal y que el alquiler que cobre no supere en índice estatal de referencia. Es un avance para dar “tranquilidad” a los propietarios frente a posibles impagos, pero debería ampliarse a todos los inquilinos (no sólo a los jóvenes), como hace el País Vasco (“Programa Bizigune”). Y ahora falta que el Congreso no bloquee la medida.

Con todo, el problema no son los desahucios o los impagos. El gran problema de los alquileres es que no hay apenas oferta, que apenas salen alquileres al mercado y que cuando se ofrecen hace decenas de personas pujando, lo que produce dos efectos: el propietario sube el precio del alquiler y “selecciona” a los inquilinos, dejando fuera a los jóvenes precarios, los inmigrantes y hasta las familias con hijos, “elitizando” el alquiler. Y en las zonas tensionadas, donde se han controlado los precios (gran parte de Cataluña y municipios de Navarra y el País Vasco más A Coruña), bajan los precios algo pero sobre todo se reduce más la oferta, con lo que resulta aún más difícil encontrar un alquiler. Y también hay menos oferta porque siguen desviándose pisos del alquiler “normal” a los alojamiento turísticos y a los alquileres de temporada. Y recientemente, muchos propietarios optan por el alquiler por habitaciones, cobrando 500 euros y más por habitación, lo que dispara aún más los precios.

El alquiler seguirá subiendo este año 2026, en torno a otro +10%, según los expertos. Una subida que se suma al +41,34% que han subido los alquileres entre 2020 (10,4 euros/m2) y 2025 (14,7euros/m2 en diciembre), una subida que duplica la inflación en estos 6 años (+23,1%) y que triplica la subida de los sueldos en convenio (+15,18%).

El problema de fondo que explica estas subidas es la falta de alquileres, en unos casos porque se desvían a otros usos (turismo o alquiler de temporada), en otros porque hay miedo a alquilar y en otros porque no se rehabilitan casas viejas. Y sobre todo, porque no se construyen pisos nuevos, ni para alquilar ni para vender. El Banco de España estima que hay un déficit de 700.000 viviendas, un déficit que crece cada año porque se crean 330.000 familias anuales. Y sin embargo, apenas se construyen viviendas. Es más, en 2025 se han iniciado menos viviendas “libres” y protegidas (VPO) que en 2024: 58.824 viviendas “libres” entre enero y septiembre (frente a 61.910 en los primeros 9 meses de 2024)  y 11.567 viviendas protegidas (frente a 12.355 entre enero y septiembre de 2024), según datos del Ministerio de Vivienda. Así que la construcción de vivienda “pincha” cuando más falta hace, porque han desparecido promotoras, por los altos precios del suelo y la construcción, por la falta de mano de obra cualificada y por los bajos precios de los módulos de VPO.

Al final, el problema de los alquileres y la vivienda es político: el Gobierno central, la autonomías y los Ayuntamientos son incapaces de trabajar juntos para promover más vivienda, pública y privada, pactando la promoción de suelo y los planes urbanísticos, la financiación y la colaboración público privada, que permitiría duplicar las viviendas construidas (200.000 al año en vez de las 100.000 actuales). Y la mejor muestra de esta tremenda división política entre los que deben gestionar la política de vivienda es que el Gobierno ha presentado hace unos meses el nuevo Plan de Vivienda 2026-2030 y las autonomías gobernadas por el PP (11 de 17) dijeron de entrada, sin apenas conocerlo, que “no les gustaba…”. Así que el Plan nacerá muerto, aunque cuente con el triple de inversión (7.000 millones) que el Plan 2021-2025.

En resumen, el alquiler será un problema mayor este 2026 para 632.000 familias que tienen que revisar sus contratos tras haber pasado 5 años, con lo que tendrán fuertes subidas. Y también el resto tendrán revisiones en su alquiler, del 3 al 2,29%. Pero el mayor problema lo tendrán los jóvenes y nuevas familias que buscan un alquiler, porque hay pocos y cada vez más caros, teniendo que superar “el casting” de los propietarios. Y mientras, los políticos siguen enzarzados en sus peleas, con la derecha que gestiona las autonomías empeñada en desgastar y echar al Gobierno más que en resolver la grave situación de los alquileres y la vivienda, el problema que más preocupa a los españoles. Como si nada.

Navidad 2025: más ocupados, más consumo

Estamos otra vez en Navidad, la fiesta por excelencia del consumo. Y este año, vuelve a crecer el gasto de las familias, en regalos, comida y viajes, un gasto que empezó con el Black Friday y seguirá hasta las rebajas de enero. En total, gastaremos un 6,2% más, porque hay más población, 600.000 personas más trabajando que las Navidades pasadas y los sueldos han subido algo más que los precios, aunque siguen disparados los alimentos, la vivienda, los hoteles y la hostelería. Pero recordemos que hay varias Navidades, según el nivel de vida de las familias: casi 10 millones de españoles (1 de cada 5) están en situación de “pobreza monetaria” (ganan  menos del 60% de la media) y les cuesta mucho llegar a fin de mes como para derrochar en Navidad. Por eso, Cáritas y otras ONGs piden que miremos alrededor estos días y ayudemos a los que lo necesitan. Celebremos estas fiestas con familia y amigos, pero sin olvidarles y apoyándoles. 

¡ Feliz Navidad ¡

            Gran Vía de Madrid: pobres junto a luces y compras de Navidad

El gasto de las familias españolas crece especialmente estos días, pero en realidad lleva creciendo desde el inicio del verano. Así, en el tercer trimestre, el consumo familiar creció un +1.2%, el mayor aumento en el último año (había crecido un +05% y un 0,7% en los dos trimestres anteriores), según el INE, lo que impulsó la economía, junto al turismo y la inversión, tras “pinchar” las exportaciones (por los aranceles y el estancamiento europeo). Y ahora, en este 4º trimestre, todo apunta a que el consumo habrá crecido algo más, empujado por el Black Friday (aprovechado para comprar anticipadamente los regalos de Navidad y Reyes) y por el mayor gasto previo a estas fiestas navideñas.

CaixaBank Research ha detectado que el 25% de todo el gasto anual con tarjeta (presencial y online) se concentra entre el 22 de noviembre y el 8 de diciembre. Y este año ha vuelto a repetirse, con un aumento del gasto del 24% sobre el resto del año y un +6,2% sobre el que hicimos en estas fechas de 2024. El mayor aumento de este gasto “prenavideño” se ha dado en electrodomésticos y tecnología (+76%), moda (+77%) y muebles (+48%), sobre todo entre los mayores de 65 años (+30%) y en Madrid, Canarias, Cataluña y Andalucía, donde el gasto ha crecido en esas dos semanas más de un 25% sobre el resto del año.

¿Por qué ha vuelto a subir el consumo antes de Navidad? Hay varias razones. La primera, porque ha aumentado la población que vive en España, sobre todo por la llegada de inmigrantes: éramos 49.442.844 habitantes a 1 de octubre, +345.967 habitantes más que en las Navidades pasadas. Y con el aumento de población esperado para el 4º trimestre (128.500 el año pasado), podríamos acabar este año con 475.000 habitantes más que en 2024. Pero además de ser más a gastar, hay más personas con empleo, la 2ª razón que explica el aumento de gasto: a finales de septiembre había 22.387.100 personas ocupadas, +529.200 que en las Navidades pasadas. Y con el aumento de empleo esperado para este 4º trimestre, cerraremos el año con 600.000 personas más trabajando que en 2024.

Además, estos trabajadores récord tienen contratos más estables (el 85% de los asalariados tienen ahora un contrato indefinido), que les permiten gastar con menos “miedo”, y su sueldo ha subido este año (+3,49% hasta noviembre, según los convenios) algo más que los precios (+3% ha subido la inflación anual hasta noviembre, según el INE), aunque la mayoría siguen preocupados por las mayores subidas de los alimentos sin elaborar (+6,6%), la vivienda (+5,7%) y los hoteles y restaurantes (+4,55). Y también ayuda a gastar algo más el ahorro en el pago de las hipotecas de 4 millones de familias, al haber bajado el tipo de interés oficial (el BCE lo bajó del 3% en las Navidades pasadas al 2% ahora) y con ello, el Euribor (que ha bajado del 2,43% en diciembre de 2024 al 2,21% en noviembre de 2025).

Todo esto explica que las familias españolas hayan gastado más este Black Friday y en el puente de diciembre y augura un mayor gasto en Navidad y Reyes, empujado por un crecimiento de la economía que duplica con creces el europeo (+2,9% esperado este año, frente al +1,3% la UE-27). De hecho, España será uno de los paises europeos donde más aumentará el gasto estas Navidades, un +4,8%, sólo superado por Hungría (+5,2%) y Polonia (+5%), por delante del gasto esperado en Paises Bajos y Reino Unido (+3,5%), la UE-27 (+3,1%), Alemania (+2,9%), Italia (+2,1%) y Francia (+1,7%), según la encuesta realizada por MasterCard en 9 paises europeos. Un gasto navideño europeo que se destinará a belleza y cosmética, ropa, “experiencias en vivo”, restaurantes y viajes.

Ya en España, la previsión de gasto navideño es de 795 euros por persona, según el sondeo de la OCU, con un 68% de españoles gastando igual que el año pasado, un 17% gastando más y otro 15% menos. Casi la mitad de este gasto navideño se destinará a comprar regalos (370 euros), otros 132 euros por persona a comidas y cenas, 117 euros a viajes o vacaciones, 73 euros a fiestas y cotillones, 73 euros a Lotería (la media de gasto este año ha sido de 76 euros, desde 121 en Castilla y León a 47 en Canarias) y los 31 euros restantes se gastarán en decoración. Otro estudio, de Cetelem, baja el gasto navideño a 580 euros por persona y refleja las 5 mayores compras: perfumes (47%), moda (43%, juguetes (35%), calzado y complementos (35%) y libros (32%).

Otro gasto típico de esta Navidad serán los viajes: 1 de cada 4 españoles piensan viajar, la mayoría dentro de España, especialmente a Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias: las reservas para estas fechas han crecido un +4% sobre el año pasado, según Destinia, con 10 millones de viajes esperados, la mejor cifra de la última década. Los que viajen gastarán una media de 803 euros por persona, según Jetcost, y la mayor parte viajará un máximo de 3 días (el 43%) o entre 3 y 5 días (otro 27%), básicamente en coche (48%), avión (24%) y  tren) (10), en su mayoría en familia (48%).

Este mayor gasto de las familias, desde finales de noviembre a mediados de enero, se ha traducido ya en un aumento de la contratación: la campaña navideña (desde Black Friday a las rebajas de enero) ha supuesto la firma de 452.950 contratos de trabajo temporales (+4,7% sobre el año pasado), según Randstad, concentrados en la hostelería (174.190, +12,1% sobre el año pasado), transporte y logística (160.000, -6,8%) y comercio (119.000 contratos, +12,1%). Y repartidos sobre todo en Andalucía (78.100 contratos,+6%) y Cataluña (69.670, +2,5%), aunque donde más aumenta la contratación es en Extremadura (+7,5%, 7.710 contratos) y Navarra (+6,9%, 6.040 contratos). Pero los empleados de la gran distribución se quejan porque la Navidad será un récord de ventas pero faltan trabajadores (han crecido sólo un 2% desde 2018, frente a un aumento de ventas del +23%), lo que les obliga a largas jornadas con sueldos bajos (17.285 euros, ligeramente por encima del salario mínimo).

Con todo, este gasto navideño será muy desigual, según la situación económica de las familias españolas. Porque hay muchas que tienen ahora más gente trabajando y pueden gastar algo más, pero muchas otras no pueden y hay demasiadas en una situación vulnerable, pensando en cómo sobrevivir y llegar a fin de mes, aunque sea Navidad. Así que no hay una Navidad, sino tres tipos de Navidades, según los ingresos de las familias.

Recordemos que casi la mitad de las familias españolas tienen un problema, que se les agrava en Navidad: les cuesta llegar a fin de mes. Les pasa al 47,4% de las familias (un 1% más que las Navidades pasadas), según el INE: un 9,1% llega a fin de mes “con mucha dificultad”, otro 12,7% “con dificultad” y un 25,6% más “con cierta dificultad”. Estas familias tienen dos opciones en Navidad: restringir gastos (en comidas, regalos y viajes) o endeudarse, “tirar de tarjeta” o pedir un crédito. Y a pesar de la bajada de tipos, esto tiene un alto coste. Los créditos personales apenas han bajado (al 6,79%, del 6,97% que costaban la Navidad pasada), según el Banco de España. Y si optan por la tarjeta de crédito, el último tipo era del 18,34% en octubre, similar al 18,54% que costaban en diciembre de 2024. Y si piden una tarjeta “revolving” (un crédito que se devuelve con una cuota fija mensual), el tipo supera el 20% (y en ocasiones tipos abusivos del 25 al 30%).

El otro grupo de familias, las más vulnerables, lo tienen aún peor; su problema no es restringir gastos en Navidad o endeudarse sino simplemente “sobrevivir”. Y son muchos, En 2024, nada menos que 9.653.000 españoles estaban en situación de “pobreza monetaria”, según las estadísticas europeas, porque ingresaban menos del 60% de la media del país (personas que ganan menos de 827 euros al mes en 14 pagas o familias con dos niños que ingresan menos de 1.737 euros mensuales). Eso significa que un 19,7% (1 de cada 5 personas) está en situación de pobreza en España, el 6º país con más pobreza de Europa, según Eurostat, sólo por detrás de Letonia (22%), Bulgaria (21,7%), Lituania (21,5%), Estonia (20,6%) y Croacia (20,3%) y por encima de Italia (18,9%), Alemania (15,5%) y Francia (15,5%).

Y dentro de este grupo de “españoles pobres”, casi la mitad (4,3 millones de personas) están  en una situación de “exclusión severa”, según un reciente estudio de Foessa (Cáritas), que mide 35 indicadores y refleja que estos “españoles más pobres” son personas que trabajan en muchos casos o que estudian o buscan empleo, no son personas “tiradas en la calle” sino personas que pueden ser “vecinos nuestros”. Y que un 45% de ellos viven en alquiler, lo que en muchos casos los lleva a esa pobreza más extrema. Y no podemos olvidar que hay 2,5 millones de niños y niñas que viven en “hogares pobres”, según Save the Children, quien recuerda que somos el país europeo con más pobreza infantil (29,2%).

Para Cáritas y otras ONGs, el problema de la pobreza en España es que “se ha hecho estructural” y no sólo afecta a minorías marginadas sino a personas y familias que tienen un trabajo (2,5 millones de ocupados son “pobres”) y a españoles que antes tenían una situación saneada y ahora son especialmente vulnerables, sobre todo jóvenes, mujeres, inmigrantes y familias con hijos. Unos colectivos en los que las ONGs concentran sus ayudas estas Navidades, de comida, ropa y techo. Y unas personas a las que deberíamos tener presentes estas Navidades, ayudándoles en lo posible.

En resumen, que las luces y las fiestas nos llevan a gastar más en estos días, pero no deberíamos olvidar que a nuestro lado hay personas que tienen problemas (también estos días) para llegar a fin de mes y para simplemente sobrevivir, comer y pagar el alquiler. Así que celebremos estas fiestas con nuestra familia y amigos, pero sin gastar por gastar y teniendo presente que hay muchas personas que lo pasan mal y a los que podemos ayudar de muchas maneras. Es la mejor manera de celebrar esta Navidad y todas: que sea también una fiesta de la solidaridad con los que tenemos alrededor, con ayudas, atención y cariño.

¡Feliz Navidad¡

Menos pobreza pero más desigual por regiones

La crisis desatada por la pandemia y la alta inflación se saldó con una bajada de la pobreza en España en 2022, gracias a las ayudas públicas, al contrario que con la crisis financiera, que aumentó la pobreza (por los recortes). Pero ojo: España sigue siendo el 4º país europeo con más pobreza y afecta todavía a una cuarta parte de la población. Además, casi la mitad de los españoles tienen problemas para llegar a fin de mes, más que antes, por los bajos sueldos, la alta inflación y la vivienda. Y lo peor: hay 5 regiones donde sí aumentó la pobreza en 2022. Y 7 autonomías tienen ahora más pobreza que en 2019: Canarias, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Navarra, País Vasco y la Rioja. El problema es que el Estado (ingreso mínimo vital), las autonomías (rentas mínimas) y los Ayuntamientos (servicios sociales) “racanean” al ayudar a los más pobres, un problema olvidado para el 28-M. La pobreza es un cáncer social para la democracia.

Enrique Ortega

La evolución de la pobreza tiene mucho que ver con la política económica que se aplica en los paises. Así, en la anterior crisis financiera de 2008, los ajustes y recortes que se impusieron en todo el mundo, y especialmente en la Europa del sur, provocaron un aumento de la pobreza, sobre todo en España: la tasa AROPE, el porcentaje de españoles "en riesgo de pobreza o exclusión social" saltó del 23,8% en 2008 al 29,2% en 2014, según Eurostat. Después, la ligera recuperación de la economía rebajó las cifras de pobreza, hasta el 26,2% en 2019. Pero llegó otra crisis, con la pandemia y la inflación, y la tasa de pobreza volvió a subir en 2021 (27%) y 2021 (27,8%), aunque finalmente ha bajado en 2022 (al 26% de los españoles, una tasa de pobreza inferior a la de 2019), gracias a que en esta nueva crisis se ha optado (en Europa y en España) por ayudas públicas que han beneficiado a los más vulnerables.

¿Cómo se mide la pobreza? Europa utiliza un indicador, la tasa AROPE (en inglés, “personas en riesgo de pobreza o exclusión social”), que mide 3 indicadores: pobreza monetaria (personas que ingresan menos del 60% de la media del país), bajo nivel de empleo (trabajar menos del 20% de la jornada normal) y privación material severa (no poder atender 4 gastos básicos de 9, desde comer carne a pagar recibos) y. Si alguien cumple 1 de estos 3 indicadores, es oficialmente “pobre” o “en exclusión social”. Y según Eurostat, en Europa había 109,2 millones de pobres (un 21,7% de la población) en 2021. Y el INE acaba de publicar los datos de España para 2022, que señalan un 26% de españoles en situación de pobreza o exclusión social, 12.300.000 españoles, 840.000 menos que en 2021. Tras dos años subiendo (2020 y 2021), por la pandemia y la inflación disparada, la pobreza ha tenido en 2022 el mayor descenso (-1,8%) desde 2015.

A pesar de este descenso de la pobreza en 2022, España es el 4º país europeo con la más alta tasa de pobreza (AROPE), según los últimos datos publicados por Eurostat, los de 2021: entonces teníamos una tasa de pobreza del 27,8%, muy por encima de la media UE-27 (21,7%) y de paises como Alemania (21% de pobreza AROPE), Francia (19,2%) o Italia (25,2%), siendo sólo superados por la pobreza en Rumanía (34,5%), Bulgaria (31,7%) y Grecia (28,3%). Y aunque haya bajado la tasa en 2022, todo apunta a que también habrá bajado en la mayoría de Europa, con lo que seguiremos entre los paises con más pobreza.

Vayamos a los tres componentes de esta pobreza, los 3 indicadores que integran la tasa AROPE. El primero y principal, la pobreza monetaria, las personas consideradas “pobres” porque ingresan menos del 60% de la renta media del país (menos de 841 euros al mes los solteros y 1.765 euros las familias con 2 hijos). En 2022, eran el 20,4% de la población (frente al 21,7% en 2021 y el 20,7% en 2019), 9.676.000 españoles “pobres”, 609.000 menos que en 2021, según acaba de publicar el INE.

El perfil de estos “pobres” monetarios son principalmente mujeres (21,1% son pobres frente al 19,8% de los hombres) y superan la tasa media de pobreza los niños y adolescentes (27,8% de los menores viven en hogares “pobres”: 2,2 millones de niños y jóvenes con menos de 18 años), las mujeres solas con niños (43,2% son pobres), las personas que viven solas (25,7% son pobres, los extranjeros (el 52,6% de los inmigrantes de fuera de la UE y el 35,2% de inmigrantes europeos), las personas con poca formación (son pobres el 29,2% de los que sólo tienen primaria y el 24% de los que tienen sólo la 1ª etapa de secundaria, bajando al 10% entre los universitarios), los parados (el 41,7% son “pobres”) e incluso los que tienen un trabajo: el 12,5% de los ocupados son “pobres”, casi 2,5 millones de personas que trabajan. Y sólo son “pobres” el 15,1% de los jubilados, según el último informe de la Red Europea contra la Pobreza (EAPN-ES).

Vayamos al 2º indicador de pobreza o exclusión social, el que incluye a los españoles que viven en hogares con baja intensidad de empleo, que trababan menos del 20% de lo que podrían (subempleo), ganen lo que ganen. El INE estima que son el 8,6% de la población, 4.079.000 personas. Este indicador ha mejorado más que el de la pobreza monetaria, gracias a la importante creación de empleo: era del 11,6% en 2021 y han bajado los que viven en hogares con poco empleo en 1,1 millones de personas.

El tercer indicador de la pobreza mide las personas que tienen una carencia material severa en 7 de los 13 indicadores que se miden, al margen de lo que ganen: son el 7,7% de la población, 3.652.000 españoles, un porcentaje que lleva dos años bajando (era el 8,5% en 2020) y es ahora como en 2019. Pero ojo, han empeorado algunas carencias que son importantes. Así, han subido en 2022 las personas que no pueden mantener una temperatura adecuada en su hogar  (el 17,1% de la población, 8,1 millones), las personas que no pueden permitirse una comida con carne, pollo o pescado cada 2 días (el 5,4%, ojo: 2,5 millones de españoles), los que no pueden hacer frente a gastos imprevistos (35,5%, 16,8 millones), los que no pueden permitirse tener una semana de vacaciones al año (33,5%, 15,9 millones de españoles) o los que no pueden tener coche (5%,2,3 millones de personas). Sólo ha bajado el porcentaje de los que se retrasan en el pago de recibos (todavía un 11,6%, 5,5 millones de españoles) y los que no pueden comprar un ordenador (el 5,8%, 2,75 millones).

Hay personas que cumplen las tres condiciones (pobreza monetaria, bajo nivel de empleo y carencias materiales: sólo el 1,5%, 711.470 personas), otras que cumplen dos (el 15%) y otras que cumplen una (la pobreza monetaria incluye al 20,4%, 9,67 millones de españoles), suficiente para ser considerados en situación de pobreza y exclusión social.

Aunque el indicador español de pobreza haya mejorado en 2022, hay que resaltar que persiste la desigualdad entre regiones. Y que en 5 zonas de España se ha agravado la pobreza “monetaria” (personas que ingresan menos del 60% de la media) en 2022: Melilla (34,5%,+4,4%), Ceuta (34,8%,+2,5%), la Rioja (34,8%, +2,5%), Navarra (10,9%, +1,1%) y  Canarias (29,4%, +1%). Y hay 7 autonomías donde en 2022 había más pobreza monetaria que en 2019, antes de la pandemia, la mayoría de ellas las autonomías más ricas: Baleares (+4,9%), Castilla y León (+4,9%), la Rioja (+4,3%), Navarra (+3,2%), País Vasco (+2,2%),  Canarias (+0,9%) y Cataluña (+0,6%), según el INE.

Al margen de estos cambios en la pobreza en los últimos años, la realidad es que persiste la desigualdad histórica en su reparto, las 3 Españas. Así, si tomamos el indicador AROPE global, el 26% de pobreza o exclusión social en 2022, hay 8 regiones españolas con mucha más pobreza que la media: Melilla (41,3% son “pobres”), Ceuta (40,2%), Extremadura (36,9% son “pobres”), Canarias (36,2%), Andalucía (35,8%), Castilla la Mancha (31,6%), Murcia (31%) y Comunidad Valenciana (31% “pobres”).  Y existe la otra España, 7 autonomías donde hay poca pobreza: Navarra (14,5%), País Vasco (15,7%), Cantabria (19,5%), Aragón (19,1%), Madrid (20,3), Cataluña (20,4) y La Rioja (20,9%). Y una España intermedia, con una tasa de pobreza AROPE superior a la europea pero inferior a la España atrasada: Baleares (21,5%), Castilla y León (22,1%), Galicia (23,6%) y Asturias (25,3%). Un buen tema para debatir en esta campaña electoral del 28-M.

En paralelo a esta estadística sobre la pobreza, el INE informa también de otro indicador: las personas que llegan con dificultad a fin de mes, un dato muy revelador de la calidad de vida y la capacidad ante imprevistos de los españoles. Y un indicador que ha empeorado en 2022: han subido del 44,9% de la población (2021) al 47,8%, 22.672.923 españoles con problemas para llegar a fin de mes (1,39 millones más que en 2021). La estadística los reparte entre los que llegan a fin de mes “con cierta dificultad” (el 25,7%, frente al 23,3% en 2021), los que llegan “con dificultad” (el 13,4%, frente al 12,8% en 2º21) y los que llegan a fin de mes “con mucha dificultad (4,1 millones de españoles, el 8,7%, frente al 8,8% en 2021). La alta inflación, el encarecimiento de los alquileres y las hipotecas más el estancamiento de los salarios explican que casi la mitad de españoles (47,8%) tengan problemas para llegar a fin de mes. Y aquí también hay grandes diferencias regionales: lo sufren más de la mitad de la población en Canarias (el 60,7%), Ceuta (60,3%), Murcia (58,3%), Extremadura (55,7%) y Andalucía (54,5%), mientras sólo afecta a un tercio en el País Vasco (31,59%), La Rioja (36%), Aragón (38,9%) y Navarra (39,5%), según la EAPN-ES.

Otro indicador clave que ha mejorado en 2022 es la desigualdad, una de las grandes secuelas de todas las crisis. Una primera forma de medirlo es el indicador S80/S20, la proporción de ingresos que tiene el 20% más rico de la población sobre el 20% más pobre: en 2008, antes de la crisis financiera, ingresaban 5,6 veces más y después, la desigualdad subió hasta ingresar 6,9 veces más en 2015. Con la recuperación, la desigualdad bajó a 5,9 veces en 2019, pero volvió a subir con la COVID, a 6,2 veces en 2021, bajando ahora a 5,6 veces en 2022, el mismo índice de desigualdad que antes de la crisis financiera, según la EAPN-ES. Otra forma de medirlo, el índice de Gini (cuanto más bajo, menos desigualdad) nos dice lo mismo: en 2008 estaba en 32,4, subió a 34,7 en 2014, bajó a 33 en 2019, se mantuvo así en 2021 y ha bajado a 32 en 2022, el valor más bajo de toda la serie del índice. A pesar de la mejoría, España ocupa el 4º lugar en el ranking europeo de más desigualdad (2021), tras Letonia (35,7), Lituania (35,4) y Rumanía (34,3), por encima de la media europea (30,1 índice Gini) y de Italia (32,9), Alemania (31,2) y Francia (29,3), según el último dato de Eurostat.

Aunque tenemos más pobreza y más desigualdad que la mayoría de Europa, España ha mejorado en ambos problemas, gracias a la distinta política adoptada en Europa contra la pandemia y la inflación, aprobado un ambicioso Plan de Recuperación UE (750.000 millones de euros, de los que España recibirá 140.000), al que se suman las ayudas aprobadas por el Gobierno contra la inflación (43.000 millones). Con ello, España ha dado un gran salto en el gasto en protección social, pasando de suponer el 16,9% de todo el gasto público en 2018 al 20,6% en 2021, un porcentaje de gasto social más cercano al de Alemania (20,9%) o Bélgica y todavía alejado del de Francia (24,8%), Finlandia (24,6%) o Italia (23,4%). Pero además de gastar más contra la pobreza y la desigualdad, el gran reto de España es gastar mejor, porque la OCDE y la Comisión Europea ya han alertado que la mayoría del gasto social en España beneficia más a las clases medias y altas que a los más vulnerables. Por eso critican ayudas como el descuento de la gasolina o la bajada del IVA a la electricidad y a los alimentos, porque benefician más a los que más tienen, no a los más pobres.

En paralelo a gastar más y mejor en ayudas sociales, hay tres frentes más en los que avanzar. El primero, el Estado central, en el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital (IMV): se aprobó en mayo de 2020, con el objetivo de beneficiar a 850.000 hogares y, a finales de abril, sólo beneficia a 611.029 hogares (y 1.700.028 personas, frente a las 2,3 millones previstas), sólo ayuda a 1 de cada 5 "pobres". Urge flexibilizar requisitos y agilizar su concesión, para que este ingreso (565 euros) llegue a los más necesitados. Otro reto es para las autonomías, que gestionan las rentas mínimas de inserción, donde se ha producido un recorte escandaloso: aprovechando el IMV, las autonomías gastaron 247 millones menos en 2021 y la ayuda la reciben 150.000 personas menos que en 2020 (645.317 beneficiarios, que cobran entre 300 y 706 euros al mes, según autonomías. Y el tercer reto es para los Ayuntamientos: prestan ayudas sociales de urgencia a 1.576.052 personas, sólo el 42% de las que sufren graves dificultades materiales. Y las ayudas “urgentes” que prestan (para comida, ropa o vivienda) tardan hasta 2 meses, por el exceso de burocracia y lo complicado del papeleo, según los Directores y gerentes de Servicios Sociales, que llevan años pidiendo que se cambie la Ley para no tratar estas ayudas como subvenciones.

Así que todos (Gobierno, autonomías y Ayuntamientos)  tienen mucho que hacer para afrontar mejor la pobreza, que está ahí y se visualiza en las “colas del hambre” y en los desahucios, aunque no se hable de ella en esta campaña electoral  del 28-M. No podemos mirar para otro lado: la pobreza y la desigualdad son una realidad cotidiana, no son “un invento de la izquierda” como defiende la neoliberal Ayuso en Madrid. Es más, la pobreza es “un cáncer social, económico y político”, que debería ser una prioridad para todos, al margen de las ideologías. Porque la pobreza es un serio obstáculo a la recuperación económica, que se dificulta si la cuarta parte de la población no puede consumir y contribuir al crecimiento y al empleo. También ataca la democracia, porque las personas vulnerables y en exclusión social no participan en el sistema y son caldo de cultivo de populismos y extremismos. Y además, porque la pobreza es una grave muestra de desigualdad e injusticia social. Por eso, habría que extirpar la pobreza y no dejar a la cuarta parte de españoles atrás.

Las Navidades de la inflación

Tras las dos últimas Navidades marcadas por la pandemia, este año las fiestas están condicionadas por la subida de precios, sobre todo de los alimentos, que encarecen aún más las celebraciones de Navidad, los regalos y los viajes. Aún así, los españoles vamos a gastar más en estas fiestas, sobre todo en ocio y regalos, una media de 634 euros por persona. Eso sí, no todos, porque la pandemia dejó una secuela de 2 millones de personas más en situación de máxima precariedad, un total de 6 millones de españoles ya, a los que la inflación está asfixiando y obligando a recortar gastos y pedir ayuda y alimentos. Son la cara oculta de esta Navidad, donde un 31,5% de hogares tiene graves problemas para atender sus necesidades básicas, según Cáritas. Son, sobre todo, mujeres solas con niños, mayores dependientes, inmigrantes y parados, muchos de ellos vecinos y conocidos nuestros. Aprovechemos estas Navidades para ayudarlos. Y pedir más medidas contra la pobreza en 2023. ¡Feliz Navidad 2022!

Enrique Ortega

Esta podría ser una Navidad “como las de antes” del COVID-19, tras dos años marcados por un repunte de contagios que impidieron celebrar con normalidad las Navidades de 2020 y 2021. De hecho, el 83% de los españoles espera reunirse en estas fiestas con familiares y amigos, cuando en 2021 sólo lo hicieron el 67%, (por el repunte de contagios) y aún menos en 2020, en lo peor de la pandemia. Pero esta Navidad tampoco será “normal”, por la alta inflación, que se está “comiendo” parte de los ingresos de las familias, que pierden poder adquisitivo por 2º año consecutivo, recortando su gasto. Aunque la inflación anual lleva bajando 4 meses consecutivos (del +10,8% en julio al +6,8% en noviembre) y se acerca a la de hace un año (+6,5% anual en diciembre 2021), el problema es la gran incertidumbre actual, con altibajos en los precios de la energía, y, sobre todo, los altísimos precios de los alimentos: suben un +15,3% anual, el triple que hace un año (+5% en diciembre 2021).

Todo sube desde hace meses y por eso estas son “las Navidades de la inflación”. Ya no nos agobia tanto la factura de la luz (que ha bajado un -22,4% en el último año (según el INE), gracias a la bajada de impuestos y a la excepción ibérica que implantó un tope al precio del gas para producir electricidad), mientras sube menos el gas natural (+10,6% anual) y los carburantes: +18,9% anual el gasóleo y +0,4% la gasolina, gracias a la bajada temporal del petróleo y a la ayuda de 20 céntimos del Gobierno, que terminará a fin de año. Del resto de gastos, las mayores subidas se dan en los muebles (+9,1% anual), el turismo y la hostelería  (+7,8%), el transporte (+7,7%, aunque el transporte público urbano cae un -20%) y, sobre todo la mayoría de los alimentos (+15,3% anual).

De hecho, las subidas de precios más preocupantes se están dando en la comida, con 18 alimentos básicos que suben más del 10% anual, según el INE: azúcar (+50,2%), harinas y otros cereales (+37,6%), mantequilla (+37,5%), leche entera (+30,9%), huevos (+27,1%), aceite de oliva (+25,9%), patatas (+20,5%), queso (+20,3%), carne de ave (+16,6%), pizza (+16,4%), arroz (+15,3%), pan (+14,9%), legumbres y hortalizas (+14,6%), sal y especias (+14,3%), pescado congelado (+13,6%), carne de vacuno (+13,2%), carne de cerdo (+13,2%) y pescado fresco (+10,4%). Ahora, con la Navidad, aún están subiendo más (del 10 al 27%) el pescado, los mariscos, las carnes, algunas verduras y todos los dulces, además del resto de los alimentos, que no se espera empiecen a bajar hasta enero.

Visto el panorama de la inflación, la mayoría de las familias restringen su gasto, aunque estos días de Navidad harán una excepción: se espera que un 40% de los españoles gasten más que el año pasado, mientras un 30% gastarán menos y el resto lo mismo, según una Encuesta realizada por la consultora Deloitte. La mayoría de las familias, aunque están preocupadas por la inflación, va a celebrar estas fiestas con más gasto, tirando de sus ahorros (quedan más de 100.000 millones de ahorro familiar “embolsado” en 2020 y 2021) y con la mayor seguridad que les da tener más empleo (hay 360.000 personas más trabajando que en la Navidad de 2021) y además un empleo más estable (ahora, casi el 80% de los asalariados tiene un trabajo fijo, gracias a la reforma laboral). Y además, el 67% de los encuestados espera mantener o mejorar su situación financiera en 2023, con lo que su incertidumbre personal es menor que la incertidumbre de los precios.

El resultado es que los españoles gastarán casi igual esta Navidad (+0,4%), una media de 634 euros por persona, según la Encuesta de Deloitte. El mayor gasto lo destinarán a regalos (270 euros, un 12,4% más que en 2021), seguidos de comida y bebida (165 euros, +3,3%), en ocio y restaurantes (140 euros, +29%) y en viajes (59 euros, -51,6%), el único gasto que realmente baja estas Navidades, dónde recortan las familias para poder aumentar el resto de gastos. Los españoles que van a gastar más que la media son los que viven en Madrid, Cataluña, Baleares y Cantabria, mientras gastarán menos que la media estas Navidades en las dos Castillas, Aragón, la Rioja, Navarra, País Vasco, Asturias y Murcia. Y otra novedad es que suben las ventas en las tiendas (el 75% del total), tras el auge de las compras online con la pandemia, con preferencia por los comercios locales, salvo en electrónica y productos de lujo, donde predominan las compras en grandes almacenes. Eso sí, más de la mitad de las compras se pagarán con tarjetas, créditos o pagos online, sólo un 48% con efectivo.

Otra Encuesta, de la OCU, sube el gasto en esta Navidad a 735 euros por persona, un 14,66% más que la pasada. Sus respuestas indican que la mitad de los españoles (57%) gastarán igual, un 28% menos y el 15% restante más, destinando más de la mitad de su presupuesto a regalos (393 euros, 203 de ellos para los niños), 103 euros para celebraciones (comidas y fiestas), 101 euros para viajes, 70 para lotería y 32 euros para ocio. También esta Encuesta refleja la vuelta a las tiendas físicas y la bajada del comercio online. Y refleja que 1 de cada 3 personas están “estresados” por las compras de Navidad, mientras casi un tercio se queja de que los regalos que recibe son “poco útiles”.

Como siempre, hay tantas Navidades como familias y el gasto depende de la situación económica y laboral de cada uno, empeorada ahora por la alta inflación y unos salarios y pensiones que apenas han subido en 2022. Por eso, no deberíamos olvidar que en esta Navidad hay muchas familias vulnerables que lo pasan mal. De hecho, en los dos años largos de pandemia (2020 y 2021) aumentaron en 2 millones las personas vulnerables en España, según el último Informe Foessa encargado por Cáritas: pasaron de 4.036.378 personas en exclusión severa en 2018 (el 8,6% de la población) a 6.019.066 personas en 2020, españoles que están afectados por 5 de los 37 indicadores analizados.

Estos 6 millones de españoles que ya sufrían un alto nivel de precariedad son también los más afectados por la fuerte inflación actual, iniciada en el verano de 2021 y agravada con la guerra de Ucrania, según otro informe de Cáritas sobre los efectos de la inflación en las familias, presentado en noviembre de 2022. En conjunto, refleja que el gasto en vivienda, energía y alimentación, lo que más sube, se lleva el 50,3% de los ingresos de las familias españolas. Pero en las familias que ingresan menos de 1.000 euros mensuales, estos gastos básicos (los que más suben ahora) representan casi el 70% de sus ingresos. Y las que ganan de 1.000 a 2.000 euros gastan ahí más del 50% de sus ingresos. Y sólo el 42,2% las familias que ganan más de 5.000 euros mensuales.

Este estudio de Cáritas fija un Presupuesto mínimo de referencia para que las familias paguen sus necesidades básicas de energía, alimentación y transporte, que ya suponen el 71% del gasto total para el conjunto de familias españolas. Y sobre ese coste mínimo de referencia, concluyen que el 31,5% de las familias (6 millones de hogares) tienen hoy “graves dificultades” para pagar esas necesidades básicas. Son las llamadas “familias más vulnerables”, las que están en una situación verdaderamente precaria ante la inflación. Y que han tomado dos decisiones, según la experiencia de Cáritas: recortar gastos (incluso de alimentación, ropa y calzado, medicinas y comedor escolar) y buscar ayuda entre familiares, amigos y ONGs. Sólo Cáritas atiende a 3 millones de personas en España y Cruz Roja a 3,5 millones, mientras el Banco de Alimentos facilita comida a 1,5 millones de personas.

Este núcleo de 6 millones de españoles más vulnerables, los más precarios, forma parte de los 10.269.765 “pobres” (“en riesgo de pobreza o exclusión social”) que hay en España (+550.000 que en 2019) un 21,7% de la población total, personas así consideradas por las estadísticas oficiales (INE) por ingresar menos del 60% de la renta media española en 2021 (menos de 9.535 euros anuales las personas solas y menos de 20.024 los matrimonios con dos niños).  Sobre este grupo de españoles “vulnerables” (10,2 millones, 1 de cada 4 personas) o “muy vulnerables” (6 millones, 1 de cada 7,5 españoles) son a quienes hace más daño la actual inflación (tras sufrir también más la pandemia)  y los que tienen más difícil llegar  a fin de mes y ahora, afrontar la Navidad 2022. Son sobre todo, según Cáritas, mujeres solas con niños, familias con varios hijos o dependientes, algunos mayores y jóvenes, inmigrantes y personas en paro o con trabajo precario y a tiempo parcial.

Caritas, Cruz Roja y el resto de ONGs dan una importancia creciente a corregir los dos factores claves de pobreza: el desempleo (o empleo intermitente y precario) y los alquileres, un factor básico de generación de pobreza en los últimos dos años. Por eso piden medidas públicas para promover la formación y el empleo de las personas más vulnerables, a la vez que crear un parque de vivienda pública en alquiler (hoy casi inexistente: el 1,1% del parque total, frente al 38% en Países Bajos, 17,4% en Reino Unido o el 14% en Francia). Además, insisten en pedir cambios en los requisitos del Ingreso Mínimo Vital (IMV), demasiados restrictivos, lo que ha provocado que sólo cuente con 535.732 perceptores y beneficie a 1.495.128 personas, cuando el Gobierno Sánchez prometió que llegaría a 2 millones de beneficiarios. Y además, falta una mayor coordinación entre las ayudas públicas (IMV, rentas mínimas de las autonomías y seguro de desempleo), para sacar el máximo partido al dinero público y ligarlo más a la formación y empleabilidad de los beneficiarios y sus familias.

En definitiva, volvemos a estar ante unas Navidades difíciles, esta vez no por la pandemia (que sigue ahí, estancada y silenciosa: 156 casos por 100.000 habitantes entre mayores de 60 años y sin estadísticas del resto) sino por la inflación y el temor a una recesión en Europa en los próximos meses, con una guerra en Ucrania que dura ya 10 meses. Los españoles, como el empleo aguanta, no han desplomado su consumo y tratan de disfrutar de esta Navidad, gastando más el que puede. Pero no olvidemos a esa cuarta parte de la población que lo siguen pasando más, que sufrieron más la pandemia y sufren más la inflación. Necesitan que se prorroguen las actuales ayudas públicas y que haya una ayuda nueva para afrontar su alimentación. Pero también que cada uno de nosotros les ayudemos en lo posible, con donaciones a ONGs y ayudas directas a quien podamos. No les olvidemos.

¡Feliz Navidad!