Luz más cara y más sucia

El recibo de la luz subió un 10,3% en 2017, debido en parte a la sequía, que redujo la luz producida con centrales hidroeléctricas y molinos eólicos y aumentó la generada con carbón, fuel y gas, más cara y más sucia (CO2). Pero no es sólo eso: el mercado eléctrico utiliza un sistema de precios que prima las energías más caras y promueve  el fraude, por lo que han expedientado a varias eléctricas. Además, la mayor parte del recibo son “peajes”, que fija el Gobierno y pagan costes que deberían cargarse al Presupuesto o suprimirse, como la deuda eléctrica, las ayudas a renovables, nucleares o centrales de gas y a la industria vasca. Y también pagamos más impuestos. Por estos “extra costes” y no por el clima, la luz en España es un tercio más cara que en Europa, en beneficio de tres grandes eléctricas. Mientras no hagan una auditoria de costes y paguemos la luz por lo que vale, el recibo seguirá subiendo en 2018.

enrique ortega

Durante el año 2017, subió la luz en 7 meses (incluido el último trimestre), con lo que la factura de un consumidor medio (4,4 kw de potencia y 3.900 kWh consumidos)  se encareció en 77 euros, hasta los 830 euros anuales, un +10,3% de subida en 2017, según la estimación de la Comisión de la Competencia (CNMC), tras haber bajado un -10,8% en 2016 y subir antes un  +10.30% en la primera Legislatura de Rajoy (2012-2015).

Si la luz ha subido tanto en 2017 ha sido en gran parte por el clima, por la sequía, que ha reducido el peso de la luz producida en las centrales hidroeléctricas (-48,4%) y los molinos eólicos (-1,6%), más barata, obligando a producir más luz en las centrales de carbón (+22,6%), de fuel (+3,9%) y las de ciclo combinado de gas (+32,9%), según Red Eléctrica, una luz más cara y que genera más emisiones de CO2. También ayudó, en enero de 2017 (subida de la luz del 28,9%), el cierre de varias nucleares en Francia, que disparó el precio de la luz importada, y la subida del gas y el petróleo, que habían bajado los años anteriores.

Pero la subida no es sólo culpa del clima y los altos precios de la energía. Una parte del aumento del recibo hay que achacárselo al funcionamiento mercado eléctrico ibérico (MIBEL), que funciona desde 1998: es un mercado estrecho (un “mercadillo”) y con precios muy volátiles, donde muy pocas empresas (Endesa, Iberdrola y Gas natural) tienen un gran poder y se benefician de un sistema de precios “de locos”, que les permitió Aznar con la Ley eléctrica de 1.997. En esencia, es un mercado donde cada empresa va aportando su electricidad, empezando por las más baratas (hidroeléctrica, renovables, nucleares) y siguiendo con las más caras (fuel y gas), que son las que fijan el precio a que se paga a todas. O sea, que si el kilowatio de gas entra a 90 euros, es lo que se paga por el kilowatio hidroeléctrico (que cuesta producir 10 euros) o el nuclear (que cuesta 22 euros). Un negocio redondo para estas centrales, que además están ya amortizadas. Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y la pagáramos a precio de chuletón. De hecho, el experto Jorge Fabra estima que los consumidores hemos pagado 20.000 millones de más a las eléctricas, sólo entre 2005 y 2015, por este injustificable sistema de precios.

Además de engordar los precios del mercado eléctrico, este sistema incentiva el fraude, porque algunas eléctricas pueden verse tentadas a cerrar hidroeléctricas y meter centrales de gas, para subir artificialmente precios Es lo que detectó en diciembre de 2013 la CNMC, que multó a Iberdrola por parar la producción de sus centrales hidroeléctricas del Duero, Tajo y Sil, provocando una falta de oferta que disparó los precios del mercado. En enero de 2017, algunos expertos denunciaron que las eléctricas habían “manipulado el mercado”, retrasando la entrada de las centrales de gas y marcando luego un precio muy alto que benefició a sus centrales más baratas. Y la CNMC ha abierto, en diciembre de 2017, otro expediente a Gas Natural y Endesa, por haber encontrado “indicios” de que ambas compañías contribuyeron a “alterar el precio mayorista de la electricidad entre octubre de 2016 y enero de 2017”. Y por si fuera poco, se ha detectado otro problema adicional, a raíz de la fuerte subida de la luz en octubre 2017: existe un algoritmo en el mercado eléctrico (introducido en 2013) que hace entrar en juego a los mercados secundarios y funciona mal, “elevando artificialmente los precios”, como ya denunció la propia CNMC en 2014. Y este algoritmo nos pudo costar una subida extra de la luz en octubre pasado de más de 4 millones de euros.

Como se ve, el mercado eléctrico, donde se fija el precio base de la luz, es complejo y poco transparente, pero juega a favor de las subidas. Y más desde abril de 2014, cuando el Gobierno Rajoy acordó que el precio de la luz en el mercado mayorista se fijara cada día y cada hora, algo que no sucede en ningún otro país de Europa, donde los precios se fijan mensual o trimestralmente. Eso hace que el español sea un mercado muy volátil, con muchos altibajos, un tobogán de precios muy sensible al clima, al cierre de tal o cual central o a la mayor o menor demanda, interna o extranjera. Y eso se traduce directamente en la factura de los usuarios, que sufren esta enorme volatilidad.

 Este coste de la luz en el mercado mayorista es una de las tres partes del recibo y supone el 37,5% de la factura que pagamos, según la CNMC. Y no para todos los usuarios, sólo para los que tienen un “precio regulado” de la luz, que son 11,9 millones de españoles. El resto, otros 17 millones de consumidores, pagan una “tarifa libre”, generalmente anual, fija (“tarifa plana”), que no varía con el clima o los vaivenes del mercado de la electricidad. Pero estas tarifas libres tienen dos pegas. Una, que suelen ser más caras que las tarifas reguladas (32 euros más de media), porque las eléctricas tienen que cubrirse de que suba la electricidad. Y la otra, que al renegociar la tarifa cada año, la eléctrica les subirá el importe si el mercado eléctrico está subiendo los precios. Se lo acabarán repercutiendo.

Vayamos a la segunda parte del recibo, un 41,5%de la factura que pagamos, que no tiene que ver con cómo evolucione el precio de la luz en el mercado mayorista y que pagan igual todos los consumidores, los que tienen precios “regulados” y libres”. Son los costes regulados que fija el Gobierno cada año y que se llaman “peajes”. Llevan cuatro años sin subir y tampoco subirán en 2018, pero son un enorme “cajón de sastre” de costes que encarecen nuestro recibo y que deberían suprimirse o cargarse al Presupuesto. Aquí pagamos algunos costes justificados pero demasiado elevados, como por transportar la electricidad (el 2,96% del recibo) o distribuirla (el 10,04% del recibo) y otros injustificados: ayudas a las renovables (6.403 millones en 2016, el 17,22% del recibo), a las nucleares (155 millones, el 0,41% del recibo, por el parón nuclear de 1986), para amortizar la deuda eléctrica acumulada (2.828 millones, el 2,84% del recibo), para compensar a Endesa por el mayor coste de producir luz en las islas (4,2% del recibo), para compensar a grandes industrias de que puedan cortarles la luz si hace falta (algo que nunca ha pasado y por lo que pagamos 525 millones, el 3% del recibo) o incluso este año para abaratar la luz a las industrias vascas (50 millones que salen de nuestro recibo, en contrapartida al apoyo del PNV a los Presupuestos 2017…). Y hay más, como las ayudas a las centrales de gas para que estén disponibles, aunque no funcionen.

Como se ve, en esta 2ª parte del recibo nos cargan muchos costes que poco tienen que ver con el coste directo de la electricidad y que son compensaciones que las eléctricas han ido consiguiendo en las últimas décadas, a costa de nuestro bolsillo. Muchas son criticadas por la Comisión de la Competencia (CNMC) y otras por la Comisión Europea, que tiene abiertos tres expedientes a España, por las ayudas a las centrales de gas que no funcionan y a las empresas por poder cortarles la luz (“ayudas a la interrumpibilidad”, que consideran una “ayuda encubierta”) y, sobre todo, porque el Gobierno Rajoy fija estos “peajes” y no lo deja en manos de un organismo independiente, como pasa en el resto de Europa. Aquí debía ser la CNMC (aunque depende del Ministerio de Economía), pero el ministro de Energía se niega a perder esta competencia de los peajes, lo que ha llevado a algo insólito: la CNMC ha llevado al Gobierno a los Tribunales, presentando un recurso al Supremo contra el real decreto que aprobó el Gobierno en octubre para seguir aprobando tarifas y peajes eléctricos.

Y queda la tercera parte del recibo, el 21% restante de la factura que pagamos, que son impuestos, y donde también pagamos de más, más impuestos a la electricidad que la media de Europa. La luz paga en España dos impuestos, el impuesto especial eléctrico (del 5,113% sobre la potencia contratada y el consumo, 1.300 millones recaudados que van a las autonomías) y el IVA sobre la factura total (incluido el impuesto eléctrico, con lo que pagamos un impuesto sobre otro impuesto), que es del 21%, uno de los más altos de Europa: en Reino Unido se paga el 5% de IVA en la luz, en Italia el 10%, en Grecia el 13%, en Irlanda el 13,5%, en Francia el 16,7% y en Alemania el 19%.

Recapitulando, vemos que en las tres partes del recibo de la luz (coste de producirla, peajes que aprueba el Gobierno e impuestos) pagamos costes de más. Pero incluso antes, al contratar la luz, ya pagamos de más muchas veces, porque contratamos más potencia de la que necesitamos, por miedo a que “nos salte el automático”: un 20% de españoles tienen contratada más potencia de la que necesitan y pagan así 52,82 euros de más al año, según un estudio de Mirubee. Antes no era tan caro hacerlo, pero en 2013, con la “reforma eléctrica” aprobada por el Gobierno Rajoy, se subió mucho el componente potencia del recibo (+92% a los consumidores domésticos y +145% a los industriales), como una forma de “garantizar ingresos” a las eléctricas en unos años de menos consumo, por la crisis. Y ahora, podemos pagar casi tanto por potencia (gastemos o no luz) como por consumo. Yo pago 19,84 por potencia y 29,50 por consumo. Miren su recibo. Y si pueden, contraten menos potencia.

Al final, entre tanto “extra coste” (en el precio de mercado, peajes, impuestos y potencia contratada) no resulta extraño que el precio de la luz se haya disparado, subiendo en España un 52% durante la crisis (2008-2014), casi el doble que en Europa (+34%). Y ahora, los consumidores domésticos pagamos la luz más cara de Europa, según Eurostat : 0,181 euros/kWh sin impuestos, un 41,4% más cara que la media europea (0,128 e/kWh en la UE-28) y un 37% más cara que en la zona euro (0,132 euros/kWh), según los últimos datos del Ministerio de Energía (precios junio 2017). Y más cara que en Francia (0,109 €/kWh), Portugal (0,111 €/kWh), Reino Unido (0,134 €/kWh) y Alemania (0,139 €/kWh). Lo mismo les pasa a las empresas: pagan 0,084 euros/kWh sin impuestos, un 21,7% más que las empresas europeas (0,069 €/kWh media UE-28) y un 23,5% más que las empresas de la zona euro (0,068 €/kWh), sí como un 33,3% más que las empresas alemanas (0,063 €/kWh) y un 37,7% más que las francesas  (0.061 €/kWh), aunque menos que las británicas (0,095 €/kWh).

Ya no se trata sólo que paguemos la luz más cara que la mayoría de europeos. Es que  además es más “sucia”, se emite más CO2 al producirla, sobre todo en 2017. Y eso porque la sequía ha aumentado el peso, en la generación de electricidad, del carbón (17,4%), del fuel (2,6%) y del gas (14,8%), con lo que las energías renovables sólo han producido el 33,3% de la electricidad en 2017, según Red Eléctrica (REE), el peor dato de los últimos 5 años. Y con ello, las emisiones de CO2 para producir electricidad han subido un 18% en 2017, hasta los 74,8 millones de toneladas, el peor dato desde 2015, según los datos de REE.

Y cuando emitimos más CO2 para poner encender la luz, el ministro de Energía nos sale defendiendo las centrales de carbón y poniendo pegas a Iberdrola, que quiere cerrar dos centrales de carbón en Palencia y Asturias. El ministro Nadal quiere impedir esos cierres y otros que puedan venir, por razones políticas (el voto de los mineros) y lo justifica por riesgo de suministro y porque la luz se encarecería un 15%. Pero ambos argumentos son falsos. Los expertos creen que el cierre de las centrales de carbón (hay 64 en España: ver listado) sólo encarecería la factura un 2,2% y sólo a corto plazo. Y además, en España sobran centrales, hay un exceso de capacidad instalada, más de la mitad: 104.517 MW de potencia frente a una demanda máxima en 2017 de 41.0015 MW, según los datos de REE. Y el carbón aporta sólo 10.004 MW. El 1 de julio de 2020, las centrales de carbón tendrán que cerrar o haber acometido una profunda reconversión, por exigencia europea.

Una luz más cara y más sucia, no sólo en 2017, sino también se espera en 2018, a juzgar por la meteorología, el mercado eléctrico (los futuros auguran otra subida del 6,5%), los peajes e impuestos. Y antes o después, nos tocará pagar el “bono social eléctrico”, un descuento del que se benefician 2,5 millones de españoles y que el Gobierno quiere que paguen las eléctricas, aunque hasta ahora se pagaba también en el recibo. Pero las 5 grandes eléctricas ya lo han recurrido en diciembre de 2017 ante el Supremo y es como para que nos echemos a temblar, porque en recursos anteriores, los jueces les dieron la razón y el Gobierno se ha visto obligado a  devolverles 503 millones desde 2009, una parte a costa de nuestro recibo y otra a costa del reciente superávit eléctrico. Y ahora está en juego quien paga los 230 millones del bono en 2017 y otros tantos en 2018. Seguro que nos acaban cayendo encima.

Como he detallado, el recibo de la luz es un galimatías que pagan los 29 millones de usuarios (particulares y empresas) y beneficia sobre todo a las 3 grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Gas natural controlan el 96,3% del mercado), con un gran poder económico, político y mediático, que llevan décadas engrosando sus beneficios (y dividendos) a costa de asegurarse pagos crecientes en el mercado mayorista de electricidad y en los pagos regulados. Es hora de acabar con tantos extra costes y la solución resulta muy evidente: realizar una auditoría de costes, que establezca lo que cuesta realmente la electricidad. Así evitaríamos pagar costes de más, entre un 20% y un 30% del recibo que pagamos hoy. Una reforma a fondo del sistema eléctrico, otra gran asignatura pendiente de la transición que ningún Gobierno se ha atrevido a hacer en estos 40 años. Luz y taquígrafos para que paguemos la luz por lo que realmente cuesta. Mucho menos de lo que nos cobran por ella.

La luz baja en enero y subirá después

El Gobierno Rajoy no se cortó un pelo al decidir bajar la luz 4 días antes de las elecciones, como anticipé aquí en octubre. Una rebaja ridícula: 0,7% en enero. Pero la luz subirá después, a lo largo de 2016, porque tendremos que pagar facturas que han dejado pendientes para hacer ese “regalo electoral”. Y además, porque el cambio climático está encareciendo la luz, al producirse menos kilovatios con agua y viento, las energías más baratas. El recibo de la luz ha subido un 5,3% en 2015, tras bajar en 2014. Y en la pasada Legislatura, subió un 10,23%: ya somos el 4º país con la electricidad más cara de Europa. Y eso porque pagamos costes de más a las eléctricas, que multiplican beneficios. Tenemos la luz más cara y la más sucia: el carbón es la principal fuente de electricidad desde junio. Urge hacer una auditoría de costes, para pagar la luz por lo que vale y conseguir que sea más barata y más limpia.
 

enrique ortega

Bajar la luz antes de las elecciones. Era el gran objetivo del ministro de Industria desde septiembre, cuando supo que el sector eléctrico iba a tener superávit en sus cuentas (ingresos menos gastos), por primera vez desde el año 2000. Ya lo anticipé en este blog el 1 de octubre: “me la juego a que el Gobierno Rajoy nos hace un regalo en diciembre, antes de las elecciones: anunciar que la luz bajará en enero”. A finales de noviembre, el ministro Soria envió la propuesta de bajada (un ridículo 0,7%) a la CNMV, que la aprobó el 3 de diciembre, apareciendo ya la noticia de la bajada en los medios. Pero les debió parecer poco. Y el 16 de diciembre, 4 días antes de las elecciones, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos “volvió a aprobar” la bajada de la luz. Más titulares.

La intención del ministro Soria era haber bajado más la luz, aprovechando los 550,3 millones de superávit en las cuentas del sector eléctrico en 2014, “vendidas” a la opinión pública como “un éxito de la gestión del Gobierno”, aunque en realidad es fruto de una serie de recortes que hemos pagado todos, en el recibo o como contribuyentes: el sector eléctrico tiene superávit por la implantación de un impuesto nuevo del 7% a la electricidad (que las eléctricas nos han acabado cargando en el recibo), por el recorte de ayudas a las renovables, por las subidas extras del recibo en 2012 y 2013  y por los costes eléctricos que ahora paga el Presupuesto (o sea todos nosotros). El problema era que este superávit eléctrico no se puede utilizar para bajar la luz, porque lo prohíbe la Ley Eléctrica de 2013, que obliga a destinar este excedente a amortizar la deuda eléctrica acumulada (26.000 millones). Así que el ministro Soria tuvo que buscar un subterfugio, una “ingeniería regulatoria” que ya había utilizado en agosto de este año, cuando nos bajaron el recibo de la luz un 2,2%, también pensando en las elecciones.

El “truco”utilizado ha sido rebajar los pagos por capacidad a las eléctricas, pagarles 517 millones menos de lo que les pagan por tener disponibles centrales (de gas y carbón) por si aumenta el consumo y para garantizar el suministro a las grandes empresas (para la bajada de agosto, los rebajó otros 200 millones). Es un pago que nos cargan en el recibo de la luz y que legalmente no se incluye dentro de los peajes de acceso que la ley Eléctrica prohíbe bajar (aunque también lo regula el Gobierno) Una “trampa legal” que le ha permitido rebajar ese 0,7% el recibo. Pero es algo temporal. En 2016, el próximo Gobierno tendrá que actualizar estos pagos por capacidad y lo normal es que los suba. Y con ello, el recibo de la luz. Pero ya habrán pasado las elecciones.

La decisión tomada por el Gobierno Rajoy es tan jurídicamente dudosa que ha sucedido algo insólito: el director de promoción de la Sala de Competencia de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC, un organismo dependiente del Ministerio de Economía) publicó dos informes el 7 de diciembre (cuatro días después de que la Sala de Regulación de la misma CNMC aprobara la bajada propuesta por Industria) donde señalaba que la decisión contenía “una serie de ilegalidades, tanto de forma como de contenido”. O sea, que consideraba ilegal la rebaja y también otra decisión que ha tomado el Gobierno en diciembre: rebajar un 6,7% las tarifas de la luz de las empresas de Euskadi y Navarra, como “premio” a que el PNV apoyara al PP en 2013 para sacar adelante la Ley del Sector Eléctrico (ya les rebajó las tarifas en 2015). Según uno de los informes de la CNMC, esta decisión “rompe la unidad de mercado”, ya que la tarifa industrial de la luz no es la misma en toda España. Dos informes que podrían servir a las organizaciones de consumidores para reclamar ante los Tribunales.

Legal o ilegal, la bajada de la luz para enero está aprobada, pero podría durar poco, no sólo porque el próximo Gobierno tendrá que revisar los pagos por capacidad (y cargar el aumento en el recibo) sino porque también está pendiente de fijar el margen por comercialización que se paga a los suministradores de electricidad. El Gobierno Rajoy estableció un margen de 4 euros anuales por cliente, pero a las eléctricas les pareció poco y recurrieron al Supremo, que ha decidido a su favor, estableciendo que el pago se fijó sin una metodología previa por lo que obliga al Gobierno a establecerla y a partir de ahí, fijar una nueva tarifa a pagar a los comercializadores de la luz. Los expertos esperan que el futuro sistema suba un 50% la tarifa, al menos otros 2 euros. Y eso obligará, en su momento, a refacturar todos los recibos de la luz emitidos desde el 1 de abril de 2014. Vamos que en unos meses, nos tocaría pagar esos 2 euros de más (o los que fijen) desde 2014. Otra subida extra del recibo.

Y queda saber cuánto nos acabará costando en 2016 el cambio climático: como hace más calor del habitual y no hay agua ni viento, la electricidad se está produciendo menos con centrales hidroeléctricas y eólicas (kilovatios más baratos) y más con centrales de carbón y de gas natural (más caras). Esto es algo que ya viene encareciendo la luz desde el verano y por lo que subirá este año 2015, tras haber bajado un 4,9% en 2014. De hecho, se ha detectado que las eléctricas dan entrada a unas u otras centrales según vayan sus márgenes, lo que ha provocado ya una multa de la CNMC a Iberdrola, de 25 millones de euros, por “considerar probada la manipulación de precios en 2013”: Iberdrola “cerró el grifo” de sus centrales hidroeléctricas para subir artificialmente el precio de la energía hidroeléctrica y con ello forzar el suministro de electricidad nuclear, de carbón y gas, con la que obtuvo más margen y más beneficio, según considera probado el expediente de la CNMC. Unas “trampas” que se achacan a todas las eléctricas, manipulando precios y subiendo el recibo más de lo debido.

De hecho, el recibo de la luz a un consumidor medio (3,98 kW de potencia y 210kwh de consumo mensual) subió un 4,84% en los nueve primeros meses de 2015, según un estudio  de la propia Comisión de la Competencia (CNMC). Y luego, la luz bajó en octubre y ha subido en noviembre y diciembre: el recibo ha subido un 5,3% en 2015, según los consumidores de FACUA, tras bajar en 2014 (-4,9%). La factura mensual del usuario medio pasó de 72,84 euros en 2014 a 76,67 euros el año pasado, lo que supone una subida de 3,83 euros al mes (45,96 euros más en todo 2015).

Mientras el Gobierno Rajoy  vendía su “reforma eléctrica” como otro éxito de su gestión, la CNMC (un organismo oficial) hacía el balance de la Legislatura: de 2011 a 2015, el recibo eléctrico medio se ha encarecido un 10,23%, tras dos años de subidas (+7,47% en 2012 y 4,84% en 2015) y dos años de bajadas (-1,96% en 2013 y -0,21% en 2014). Y con ello, España es el 4º país con la luz más cara de Europa para los consumidores domésticos, sólo por detrás de Dinamarca, Alemania e Irlanda, según un estudio para The Oxford Institute. Eso después de que la luz haya subido un 52% con la crisis (2008-2014), 81 euros por Mwh, el doble que en Europa (+42 euros/Mwh). Una factura que muchas familias españolas, en paro o con sueldos mínimos, no pueden pagar, lo que ha elevado un 69% la pobreza energética desde 2011: ahora hay 5.155.901 españoles (11,1% de la población) con problemas para pagar el recibo de la luz, según el INE, 2,1 millones más de “pobres energéticos” que hace cuatro años.

¿Por qué pagamos la luz más cara que los demás europeos? Básicamente, porque en el recibo estamos pagando costes de más, extracostes que el Gobierno mantiene (hoy Rajoy y antes Zapatero) desde la época de Aznar en dos de las tres partes del recibo. En la parte donde pagamos el coste de producir la electricidad (35,46% del recibo) pagamos de más los kilovatios que producen las centrales hidroeléctricas y nucleares (un sobreprecio que les garantizó Aznar en 1997), así como el exceso de centrales (ayudas a las centrales de gas y carbón solo porque estén disponibles, aunque no funcionen porque sobra potencia instalada) y la compensación a las grandes empresas consumidoras (550 millones por compensarles de “posibles cortes de suministro” que no se dan nunca). En la parte de los precios regulados por el Gobierno (43,17% del recibo) pagamos otros extracostes que deberían suprimirse o pagarse en los Presupuestos: ayudas a las renovables (6.728 millones) o al carbón nacional, al transporte (1.742 millones) y a la distribución de electricidad (5.000 millones), ayudas al parón nuclear y la hipoteca de la deuda eléctrica acumulada (22.000 millones pendientes, un extracoste del 6,5% del recibo de la luz). Y en la tercera parte del recibo (21,37% restante), los impuestos, pagamos menos que el resto de europeos (en la UE-28, el 32% del recibo son impuestos).

Y además, tenemos otro problema: no sólo pagamos una luz más cara sino que tenemos una luz “más sucia”, se produce una electricidad que genera más CO2. Y eso, porque las empresas hidroeléctricas están aumentando la generación de electricidad con carbón y gas natural, ante la caída de los precios de estas energías y por haber menos agua y viento, por el clima. Con ello, ha subido un 23% el consumo de carbón (la energía más contaminante), que se ha convertido en 2015 en la segunda fuente de producción de electricidad (20,3%), tras la energía nuclear (21,9%), aunque de junio a diciembre fue la fuente más utilizada (salvo en septiembre). Y ha crecido un 20% el consumo de gas natural (que también emite CO2, aunque menos) para producir electricidad. El resultado es que España sigue aumentando sus emisiones de CO2 y no cumple las exigencias europeas contra el Cambio Climático.

Habría que acabar de una vez por todas con esta situación, que nos sube el recibo y sólo beneficia a las eléctricas, las compañías del sector con más margen en Europa, lo que multiplica sus beneficios (8.166 millones en 2014) y sus dividendos, a costa de nuestro recibo. Incluso, el cambio de tarifa aprobado por el Gobierno Rajoy en marzo de 2014 (cambio de la tarifa TUR a la tarifa PVPC) ha mejorado los márgenes de las 5 comercializadoras eléctricas un 30%, según un estudio de la CNMC. La solución es sencilla: poner en marcha una auditoría de costes del sector eléctrico, para que los usuarios paguemos en el recibo lo que realmente cuesta producir, transportar y distribuir la electricidad, no los extracostes que se van sumando y pagamos injustificadamente desde hace 18 años. Según un riguroso estudio de Jorge Fabra, se pagan 60 euros/Mwh por la electricidad generada por las viejas centrales hidroeléctricas (ya amortizadas) cuando el coste real de producirlo es 11 euros/Mwh. Y 45 euros por el Mwh nuclear, cuando su coste real es 22 euros. Con ello, hemos estado pagando de más 28.000 millones de euros (el famoso “déficit de tarifa”) sólo en los últimos 10 años. Y así seguimos.

Cortar este “chorreo de extracostes” es un gran reto que no ha querido afrontar ningún Gobierno, porque supone enfrentarse a un sector con gran poder económico, político y mediático y a un verdadero oligopolio: las tres grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural-Fenosa acaparan el 92% de los consumidores domésticos y un 72% del mercado empresarial. Pero hay que presionar para que el próximo Gobierno lo haga. Porque no podemos seguir pagando una luz más cara y más sucia que el resto de europeos. Hagan algo ya. Luz y taquígrafos.

La luz baja pero nos cuesta más

Parece un acertijo, pero es lo que está pasando con la luz en 2015: el recibo ha bajado un 0,95% en el primer trimestre pero la luz nos cuesta un 10% más que hace un año. Y aunque bajó el coste de producir electricidad (por la climatología), el recibo nos sube porque pagamos más por la potencia instalada que por el consumo, tras la reforma de 2014. Ahora, se espera que la luz baje en primavera, suba en verano y baje en otoño, para acabar con una subida del 4,3% en el recibo de todo 2015. Pero la mayor subida vendrá en 2016, pasadas las elecciones, cuando el próximo Gobierno tenga que subir la parte regulada de la luz. Al margen de lo que baje o suba un mes, los españoles pagamos la luz más cara de Europa, salvo Irlanda y Chipre. Y encima, en 2016, la Comisión Europea quiere liberalizar el precio de la luz, como están los carburantes o el teléfono. Lo que puede traducirse en más subidas. Nos funden.
 

enrique ortega

Recordemos que el recibo de la luz tiene tres partes: los costes de producirla (que suponen el 37,48% del recibo), los impuestos (21,38%) y la parte regulada por el Gobierno (41,14% del recibo), que este año no se ha tocado, porque el Gobierno Rajoy no quería un aumento extra de la luz en año electoral y para ello ha “cuadrado” a la fuerza las cuentas del sector eléctrico para que no haya déficit, algo que no se confirmará hasta diciembre : se teme que lo haya y el próximo Gobierno tenga que hacer una subida extra de la luz en enero de 2016.

Así que este año, lo único que subirá la luz es lo que suba el coste de producirla, un precio muy oscilante y que depende de la climatología (de que haya agua, viento o sol), del tipo de centrales que utilicen las eléctricas (la luz producida con carbón y fuel es más cara y la producida por energía renovables e hidráulica es más barata), así como de la demanda (si hay más consumo de electricidad, suben los precios).

En enero de 2015, los costes de producir electricidad subieron (+5,3%), pero bajaron en febrero (-7,6%) y marzo (-1,6%), con lo que la parte del coste de la electricidad del recibo habrá bajado un 3,9% en el primer trimestre. Traducido a un recibo medio (familia con dos hijos), la electricidad ha bajado un 0,95% en el primer trimestre, según el simulador de la CNMC. Pagamos algo menos (-0,68 euros al mes)  que a finales de 2014, pero un 10% más que hace un año, porque los precios de la electricidad son ahora un 22% más altos que en el primer trimestre de 2014, cuando hubo una climatología muy favorable (con mucha lluvia y viento). Además, en el recibo pagamos una parte por el coste de la electricidad que consumimos (más barata este año) y otra por la potencia contratada. Y desde la reforma de febrero de 2014, pagamos más por la potencia contratada (60% del recibo, cuando antes era el 35%) que por el consumo (40%), para compensar a las eléctricas de la caída del consumo. Así que la electricidad cuesta algo menos, pero en realidad pagamos más por ella. El recibo medio de los usuarios ha subido un 12,7% en el primer trimestre de 2015 sobre un año antes, según cálculos de Facua.

Ahora, el mercado de futuros anticipa que el coste de la electricidad bajará en primavera, subirá en verano y bajará en otoño, para cerrar el año con una subida anual del 11,5% (repercutiría un +4,3% en la subida del recibo de 2015). Y es que este año, las eléctricas tienen que repercutir en sus costes una serie de gastos que antes pagábamos en la parte regulada del recibo: los 500 millones que se pagan a las grandes empresas (cementeras, aluminio, siderurgia…) por compensarles de posibles cortes de luz (que nunca han tenido desde 2009), el “regalo” de la mitad de los peajes que pagan las grandes empresas vascas (en contrapartida a que el PNV  apoyara al PP en la Ley del Sector Eléctrico de 2013), o los 200 millones del “bono social” que pagan eléctricas y distribuidores. Y además, este año, la energía eólica será más cara, porque le han quitado ayudas y deja de aportar energía a coste cero.

Entre tanto, se ha vuelto a retrasar la tarifa eléctrica por horas, que el Gobierno había prometido introducir el 1 de abril y que no estará hasta julio. Y solamente para los usuarios que tengan instalado un contador inteligente, que pueda informar de su consumo horario. A finales de 2014, de los 27,8 millones de usuarios con contrato de luz, sólo 14 millones tenían instalados contadores inteligentes. Y de ellos, sólo 10 millones permitían la lectura a distancia. Estos serán los primeros a los que se aplique la tarifa horaria, a partir de julio, y el resto tendrá que esperar a que estén instalados todos los contadores inteligentes, para lo que las eléctricas tienen de plazo hasta 2018. Mientras, el Gobierno aplica un sistema provisional, un “apaño”: cruza el precio medio diario de la luz en el mercado eléctrico con tres perfiles de consumidores (normales, con tarifa nocturna y con coche eléctrico) para “estimar” su consumo por horas y facturar en consecuencia (ver los precios en esta calculadora de REE).Pero es una estimación, que no coincide con el consumo horario real de cada uno de nosotros.

Mientras llegan estos cambios, los usuarios ven cómo les sube cada recibo, un 13,7% entre febrero de 2015 y febrero de 2014, según la asociación de consumidores Facua. Y un 4,4% de subida de la luz en 2014, según el INE, aunque el Gobierno dice que bajó un 4,5%. Con todo, a finales de 2014, los españoles pagábamos la luz un 28% más cara que la media de Europa, según Eurostat: 0,177 euros por KWh frente a 0,138 de media en la UE-28. Y éramos el  tercer país con la electricidad más cara de Europa, tras Irlanda (0,200 euros/KWh) y Chipre (0,186 euros/KWh), dos islas (lo que encarece producir electricidad). Y las empresas españolas se quejan de que no pueden competir con una electricidad que les cuesta un 20% más que a las alemanas, un 30% más que a las francesas o un 50% más que a las chinas.

Y si pagamos más cara la luz es porque pagamos unos extracostes que el Gobierno mantiene (hoy Rajoy y antes ZP) desde la época de Aznar, en las tres partes del recibo. En la parte que paga la producción de electricidad (37,48% del recibo), pagamos de más los kilovatios que producen las centrales hidráulicas y nucleares (un sobreprecio que les garantizó Aznar en 1997), así como el exceso de centrales (pagamos ayudas a las centrales de gas y carbón, sólo porque estén disponibles), porque  la potencia instalada duplica con creces al consumo. En la parte de los impuestos (21,38% del recibo), también pagamos más que otros países. Y en la parte de los precios regulados (41,14% del recibo) estamos pagando una serie de “extras” injustificables, que debían pagarse en el Presupuesto o suprimirse: ayudas a las renovables (7.100 millones), ayudas al transporte (1.689 millones) y la distribución de luz (5.000 millones), ayudas a la producción en las islas (887 millones), el parón nuclear y la hipoteca de la deuda eléctrica (40.000 millones más intereses).

Al final, habría que hacer una auditoría de costes, para que pagáramos por la luz en el recibo lo que realmente cuesta producirla, transportarla y distribuirla, no extracostes que engordan los beneficios y dividendos de las eléctricas desde hace décadas, a costa de pagar una electricidad que ha subido un 72,3% entre 2004 y 2014, según Facua. Es un reto que no ha querido afrontar ningún Gobierno y una asignatura pendiente para el que salga de las elecciones de diciembre de 2015, que se va a encontrar además con la necesidad de subir los costes regulados en enero de 2016 (41,14 % del recibo), para compensar las subidas no hechas en 2015.

Pero el mayor problema que vamos a tener en 2016 es que Bruselas quiere “liberalizar” los precios de la luz y el gas, lo que significa dejar que las eléctricas fijen libremente los precios, como hacen ahora las petroleras con los carburantes o las telecos con el teléfono. Todo hace pensar que eso provocaría mayores subidas de la luz, porque el mercado es un “oligopolio”: las tres grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural-Fenosa) acaparan un 92% de los consumidores domésticos y un 72% del mercado empresarial e industrial. Un poder que les lleva a pactar repartos de zonas y precios, aunque no siempre pueda demostrarlo la CNMC, como sí ha conseguido con las petroleras y los carburantes. Dejar en sus manos los precios, sin que intervenga el Gobierno, es apostar por fuertes subidas de la luz en el futuro.

Así que el futuro del recibo de la luz es preocupante, al margen de que nos digan que un mes u otro sube o baja la luz, por el clima, el consumo o el tipo de centrales que “enchufan” las eléctricas. El problema es de fondo, de que pagamos de más por la luz y ningún Gobierno se atreve a hacer una auditoría de costes y poner el cascabel al gato eléctrico, que tiene un gran poder económico, político y mediático. Un gran tema económico pendiente (otro) para las próximas elecciones. Piense también en su recibo de la luz al votar.