Nos invaden los alimentos ultraprocesados

Cuando vamos al supermercado llenamos el carro de alimentos ultraprocesados, comida y bebida con exceso de grasas, azúcares, sal y aditivos que provocan sobrepeso y obesidad, la causa de múltiples enfermedades. Una “comida basura” más atractiva y barata que los alimentos frescos y que las industrias publicitan sin control, atrayendo sobre todo a niños y jóvenes. Un reciente estudio alerta que estos alimentos ultraprocesados dominan la dieta mundial y pide medidas a los Gobiernos frente a esta “pandemia global”. En España, 4 de cada 10 niños y 3 de cada 10 adolescentes tienen exceso de peso, como la mitad de los adultos, provocando enormes costes sanitarios y económicos. El Gobierno obligó al etiquetado de los alimentos y subió el IVA a las bebidas azucaradas, con poco éxito. Ahora, va a controlar la alimentación en hospitales y residencias de ancianos, tras aprobar un Decreto para controlar los menús escolares. Pero la batalla contra la comida basura y el sobrepeso es de todos y empieza en las familias. El sobrepeso mata.

                  Alimentos ultraprocesados: triplican su peso en nuestra dieta y agravan el sobrepeso 

En las últimas dos décadas hemos sufrido la avalancha de alimentos ultraprocesados en las estanterías de los supermercados. No son alimentos naturales sino preparaciones industriales  que utilizan grandes cantidades de aceites y grasas, azúcares y sal más una serie de aditivos artificiales (conservantes, texturizantes, saborizantes y edulcorantes) para mejorar la apariencia de los alimentos (sabor, olor y textura) y prolongar su vida útil. Se trata de “comida basura”, elaborada para estimular artificialmente nuestro apetito: bebidas azucaradas, “snacks” empaquetados (patatas fritas y otros) galletas y bollos, comida rápida, cereales endulzados, embutidos, carnes procesadas (salchichas), “nuggets”, barras de chocolate, helados, rebozados y platos preparados.

Cada día compramos más alimentos ultraprocesados porque tenemos menos tiempo para cocinar y porque la industria alimentaria innova constantemente para ofrecernos productos que son más baratos que los alimentos frescos (frutas, verduras, legumbres, carnes y pescados). Un reciente estudio de 43 expertos mundiales, publicado hace unos días en la revista The Lancet, ha dado la alarma: “la comida basura domina la dieta mundial, impulsada por el afán de lucro de las grandes multinacionales de la alimentación”. Y añaden que estos alimentos ultraprocesados dominan la dieta en todo el mundo, propagados como “una especie invasora”, tanto en los paises desarrollados (donde su consumo ha crecido un 20% en los últimos 15 años) como en paises de ingresos medios (crecen un 40%) y sobre todo en los paises pobres (crecen mucho más, un 60% entre 2007 y 2022).

El consumo de esta “comida basura” oscila entre el 9% de la dieta energética en Irán al 60% en EEUU, según el estudio, con un consumo intermedio del 14% en Italia o el 46% en Reino Unido y Suecia. En España, la ingesta de calorías procedente de ultraprocesados se ha triplicado, pasando del 11 al 32% de la dieta en los últimos 30 años. De hecho, un estudio de la Red Europea de Nutrición, con datos de 2021, reflejaba que los alimentos ultraprocesados aportaban el 25% de la energía de la dieta de los españoles, algo menos que en el conjunto de Europa (27,2%), más que en Italia (13,4%) o Portugal (22,15%) y menos que en Suecia (42%), Paises Bajos (37,1%) o Alemania (38,4%).

El estudio alerta también sobre el modelo de negocio de los ultraprocesados, que se basa en manipular a gran escala materias primas baratas (maíz, trigo, soja o aceite de palma) para convertirlos en productos “llamativos, apetecibles y sabrosos”, que se diseñan para ser muy atractivos (“adictivos”) y se comercializan muy agresivamente (con enormes gastos en publicidad) para fomentar su consumo repetido, especialmente entre niños y jóvenes. Una estrategia dirigida no a alimentar a la población sino a conseguir enormes beneficios. Y para asegurarlos, denuncian, emplean sofisticadas técnicas y presiones, para bloquear regulaciones, involucrarse en litigios legales (para retrasar medidas),  influir en debates científicos, presionar a políticos (y comprarlos) y “manipular” a la opinión pública, según el estudio, que ve paralelismos entre estas industrias y las tabaqueras.

En definitiva, concluye el estudio publicado en The Lancet, las multinacionales de la alimentación gastan millones en desarrollar nuevos alimentos y bebidas que publicitan sin límite para aumentar sus ventas y beneficios, a costa de la salud de millones de personas. Los expertos alertan de los 12 riesgos para la salud que comporta consumir estos alimentos ultraprocesados: sobrepeso y obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión, dislipemia, enfermedades cardiovasculares, coronarias, cerebro-vasculares, renales crónicas, enfermedad de Crohn, Parkinson y depresión. Y además de daños a la salud, la “comida basura” atenta contra el medio ambiente, por las emisiones que generan la producción, procesamiento y transporte de estos alimentos, más millones de envases de plástico generados.

En paralelo a la publicación de este estudio, la OMS ha enviado una carta donde reitera que “el consumo creciente de alimentos ultraprocesados representa una amenaza sistémica para la salud pública, la equidad y la sostenibilidad ambiental”, insistiendo en que este tipo de alimentos los consumen más los paises y familias pobres, cuya dieta es baja en frutas, verduras, carnes y pescados frescos. La UNICEF también ha publicado un editorial donde denuncia que la proliferación de alimentos ultraprocesados se ha convertido en “una de las amenazas más urgentes para la salud humana en el siglo XXI” y aboga por “defender a los niños de esta plaga”, que se  prioricen la salud y la alimentación sobre los beneficios.

En España, el consumo de ultraprocesados es muy elevado, según los datos europeos, sobre todo los productos de panadería y bollería industrial, las galletas, salchichas, productos lácteos endulzados y las salsas. Y es especialmente preocupante en los alimentos que consumen niños y adolescentes. De hecho, el 80% de los alimentos infantiles comercializados en España no cumplen los criterios nutricionales establecidos por la OMS, según la 1ª tabla de composición nutricional de alimentos para niños elaborada por investigadores catalanes, que recoge 850 productos de 42 marcas disponibles en los supermercados. También alertan que el 60% de los artículos estudiados contienen exceso de azúcar , que el 30% incorporan  azúcares o edulcorantes añadidos o jugos concentrados y que el 98% presentan mensajes promocionales no autorizados.

Esta avalancha de “comida basura” (y bebidas azucaradas) es un factor clave para explicar el aumento del sobrepeso y la obesidad en el mundo y en España, según todos los expertos. Los datos son muy preocupantes: 4 de cada 10 niños y niñas españoles tienen exceso de peso (de ellos, el 19% de los niños y el 14% de las niñas tienen obesidad, un porcentaje que se ha duplicado en los últimos 20 años), según el informe Aladino 2023. Y 3 de cada 10 adolescentes tienen exceso de peso. Entre los adultos españoles, el 55,8% tienen exceso de peso (31,7% tienen sobrepeso y el 18,7% tienen obesidad), según los datos de la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

Unos datos muy preocupantes, por sus consecuencias sobre la salud de los españoles y que suponen altos costes. De hecho, la OCDE realizó en 2019 un estudio económico de la obesidad en 52 paises y estos fueron sus resultados para España: la obesidad supone una reducción de 2,6 años en la esperanza de vida, provoca el 9,7% del gasto sanitario, reduce la productividad laboral (en el equivalente a 479.000 jornadas laborales anuales) y supone en conjunto una reducción del PIB del 2,9% (46.000 millones anuales). Y añaden que para cubrir estos costes de la obesidad, cada español paga 265 euros al año de impuestos. Frente a estos costes, la OCDE proponer tomar medidas, algo que creen muy rentable: por cada euro invertido contra la obesidad en España, recuperaríamos 6 euros…

El Gobierno ha tomado estos años algunas medidas contra los alimentos ultraprocesados y la obesidad. En 2021, el etiquetado de alimentos en España comenzó a incorporar el sistema de calificación nutricional Nutriscore (con letras y colores)  y se reforzaron las normas sobre la información del país de origen, la cantidad de ingredientes clave y la etiquetado de alérgenos y bebidas alcohólicas. Pero este etiquetado sigue siendo voluntario, por lo que lo utilizan sólo las empresas alimentarias que tienen productos con buena puntuación. Otra medida fue la aprobación de un impuesto a las bebidas azucaradas, al subirlas el IVA del 10 al 21% en enero de 2021, medida que inicialmente frenó el consumo para subir después. Pero no se ha actuado sobre la publicidad de alimentos y bebidas no saludables: un estudio de la Gasol Foundation constató que el 80% de los niños y adolescentes españoles reciben publicidad de alimentos y bebidas no saludables. Y piden regularlo con urgencia.

El 10 de junio de 2022, el presidente Sánchez presentó, con la Gasol Foundation y la OMS, el Plan Estratégico Nacional 2022-2030 para la reducción de la obesidad infantil, con 200 medidas sobre nutrición, fomento del ejercicio, la alimentación infantil, el uso de pantallas y la educación nutricional, con el objetivo de reducir el sobrepeso infantil un 25% y bajar un 40% la brecha social asociada (la pobreza infantil “alimenta” el sobrepeso). Al hilo de este Plan, se han aprobado dos medidas este año. Una, el 15 de abril, un real decreto para limitar la presencia de los alimentos ultraprocesados en los centros escolares no universitarios, medida que entrará en vigor en 2026, cuando se renueven los contratos con las empresas de catering. Y la otra, un decreto aprobado en mayo por Consumo y Sanidad, para garantizar la alimentación saludable en hospitales y residencias de mayores, decreto que ha estado en periodo de audiencia pública y que se espera aprobar definitivamente en breve.

Son pasos adelante, pero falta mucho por hacer. El informe The Lancet propone varias medidas a nivel mundial: impuestos para gravar los productos insanos y ayudas a los productos frescos, mejora del etiquetado y la inclusión de mensajes sobre los riesgos de la comida basura (como en las cajetillas de tabaco), regular su presencia en centros escolares y sanitarios y limitar su millonaria publicidad. Por su parte, la OCDE propuso a España mejorar el etiquetado de alimentos y menús, promover la actividad física y programas de actividad en los centros de trabajo. Y la Federación Mundial de la Obesidad propuso en 2023 siete  medidas para frenar el sobrepeso: un compromiso político de alto nivel e inversiones suficientes, no dejar a nadie atrás en el tratamiento, formar mejor a los profesionales sanitarios, abordar la prevención y los tratamientos sin estigmas y prejuicios, mejorar la vigilancia de datos con Encuestas y estudios periódicos, financiar los tratamientos  (con ingresos derivados de impuestos a las bebidas azucaradas) y tener objetivos auditables.

Los expertos del estudio The Lancet urgen a “desescalar” el avance de la “comida basura” y la obesidad, porque ya domina nuestra dieta e irá a más. Las perspectivas para España son preocupantes, según el Atlas de la Obesidad Mundial 2025: si ahora tenemos un 50% de adultos con sobrepeso y el 15% de ellos tienen obesidad, auguran que en 2030 todavía tendremos un 33% de la población adulta con sobrepeso (13.200.000 personas), de ellas un 13,2% con obesidad (5.350.000 adultos). Unas cifras todavía impresionantes, que exigen tomar medidas eficaces para reducirlas desde ya.

En resumen, tenemos un problema de mala alimentación, con una alto consumo de comidas y bebidas basura, que han calado entre niños y jóvenes y que anticipan una España con más obesos, como ya se ve en muchos paises desarrollados. Urge actuar desde la Administración, forzando y pactando una comida más saludable con la industria alimentaria (la 2ª más poderosa, tras el turismo). Pero al final, la mayor responsabilidad está en las escuelas y las familias, que deben tener más sensibilidad ante los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas, acostumbrándose a no comprarlas y a educar a hijos y nietos en una dieta más natural y saludable. Porque la comida basura y el sobrepeso matan.

La inflación cambia los hábitos de consumo

La guerra de Ucrania continúa y con ella los precios disparados, sobre todo de la energía (luz y carburantes) y los alimentos, que han subido un +11% el último año, el mayor alza en los últimos 28 años. Es doblemente preocupante, porque los alimentos son el 2º mayor gasto de las familias (tras la vivienda) y porque la subida afecta más a los hogares con menos recursos, que gastan porcentualmente más en alimentación. Por eso, está aumentando la pobreza alimentaria, que alcanza a 6 millones de españoles, con 2 millones recibiendo comida de los bancos de alimentos. Entre tanto, el campo se queja de que ellos no suben los precios, que aumentan por el camino, entre las industrias alimentarias, distribuidores y supermercados. Las familias han cambiado sus hábitos de consumo, recortando la cesta de la compra y buscando promociones y marcas blancas, que han aumentado su cuota. Urge controlar márgenes y precios de los alimentos, para frenar una especulación que aumenta la pobreza.

Enrique Ortega

La inflación en España sigue por las nubes, con una subida anual del +8,7% en mayo, la más alta desde 1986 (+9,3% en octubre). El IPC anual estuvo por debajo del 3% hasta el verano pasado, en que subió al 3,3% en agosto y al 5,4% en octubre, por la mayor demanda tras el paréntesis de la pandemia, los atascos en el comercio mundial y la subida de la energía, cerrando 2021 con una inflación anual del +6,5%. Pero el 24 de febrero, Putin invadió Ucrania y los precios se dispararon, hasta un máximo de +9,8% en marzo, que luego ha bajado algo en abril (+8,3%) y mayo (+8,7%). Los “culpables” de esta inflación disparada son, según el INE, los precios de la energía (el gasóleo ha subido un +33,9% el último año, la electricidad un +30,2% y la gasolina un 23,5%) y los alimentos (han subido un +11% el último año, la mayor subida conocida en España desde 1994, cuando empezó a publicarse el IPC).

La subida de los alimentos (+11%) es muy llamativa porque suben casi todos, pero sobre todo hay 14 alimentos básicos cuyo precio ha aumentado más del 10%: aceites y grasas (+44,7%: +36,5% el aceite de oliva y +95,4% otros aceites, sobre todo el de girasol), huevos (+25,3%), mantequilla (+17,6%), leche (+16,5%), cereales (+16,3%), yogures (+14,8%), pollo (+13,6%), pan (+12,6%), cordero (+12,6%), carne de vacuno (+12,3%), café (+11%), pescado fresco (+11,7%) y arroz (+10,2%), según el IPC de mayo.

La subida de estos alimentos es desigual por autonomías, según el INE: han subido más (del 11%) en algunas de las autonomías más pobres, como Melilla (14,5%), Extremadura (+12,9%), Murcia (+12,4%), Castilla y León (+11,9%), Canarias (+11,8%), Castilla la Mancha (+11,7%) y Andalucía (+11,6%), donde el peso de la alimentación es mayor en el gasto que en las autonomías más ricas (en el País Vasco, los alimentos han subido un 4,1%, en Cataluña un 9,3% y en Baleares un 9,5%). Y la subida ha sido también desigual por supermercados: los precios han subido más en las cadenas que eran más baratas y tenían algo más de margen para subirlos (+12,1% en Carrefour y +11,4% en Mercadona), subiendo algo menos en el resto (+9,5% en Eroski, +9,2% en Alcampo, +8,5% en Día, +8,4% en Caprabo y Condis y +7,7% en Hipercor), según un primer sondeo hecho en marzo por la OCU.

¿Por qué han subido tanto los alimentos? Ya estaban subiendo mucho a finales de 2021 (+5% en diciembre de 2021, frente a sólo un +1,1% un año antes), pero ahora su precio se ha duplicado por el impacto de la guerra de Ucrania, que ha recortado drásticamente la oferta de aceite (Ucrania y Rusia producen el 52% del aceite de girasol del mundo) y cereales (ambos paises exportan un tercio de los cereales mundiales), agravando la subida mundial de los alimentos, desatada por una mayor demanda y una menor producción por problemas climáticos y en el comercio mundial. Pero además, la subida de la energía y la guerra han agravado los costes de la energía y el transporte, aumentando los costes de la producción y distribución de alimentos. Y las empresas y supermercados han trasladado estos mayores costes a los precios al consumidor, aprovechando que los alimentos no pueden dejar de comprarse.

En el origen de la cadena alimentaria, agricultores y ganaderos se quejan de que ellos no son los culpables del aumento de precios, porque no han podido subirlos a pesar de que les han subido la energía, los piensos y los fertilizantes. Y los datos les dan la razón. En mayo, apenas cobraban un poco más por la mayoría de alimentos, mientras habían subido mucho más al consumidor, según el IPOD que publica mensualmente COAG. Vemos algunos ejemplos. El aceite de oliva, por el que les pagaban 3,38 euros/kilo (3,24 euros en enero) se cobraba al consumidor a 5,10 euros (+51%). La patata, por la que cobran 0,20 euros kilo (igual que en enero) se vende a 1,31 euros (+555%). La naranja, que ahora les pagan a 0,17 euros kilo (0,14 en enero) nos cuesta al consumidor 1,47 euros (+765%). La ternera la cobran a 4,91 euros el kilo (4,45 en enero) y nos cuesta 17,20 euros (+250%). El cerdo, de 1,57 euros que les pagan por kilo a 6,18 euros que nos cuesta (+294%).Y la leche, de 0,39 euros litro que cobran (0,35 en enero) a 0,80 que nos cuesta (+105%). En conjunto, el IPOD revela que pagamos los productos agrícolas 4,62 veces más caros de lo que cobran los agricultores y las carnes, leche y huevos, 2,79 veces más caros de lo que reciben los ganaderos.

A partir de ahí, los alimentos empiezan a sumar márgenes, desde el transporte, la industria agroalimentaria, la distribución y la venta final en tiendas y supermercados, eslabones que han aprovechado la coyuntura de la guerra de Ucrania y la subida de costes para aumentar los precios, cada uno los suyos. Y en otros casos, la industria agroalimentaria ha utilizado un truco: vender menos producto por el mismo precio (o por más). Lo llaman “reduflación”, una táctica comercial que ya denunció la OCU en abril, con una enorme cantidad de alimentos (ver ejemplos) a los que se ha quitado peso (desde yogures a pasta o botes de Cola-Cao) para venderlos al precio de antes o incluso un poco más caros. Es una manera “camuflada” (y legal) de subir los precios de los alimentos sin que lo notemos.

Esta subida generalizada de los alimentos ha forzado a los consumidores a “cambiar de hábitos” de consumo, según señalan los expertos. Por un lado, las familias han tratado de comprar menos, como revela el dato de que las compras de alimentos con tarjeta han caído un -2,4% entre enero y mayo, según los datos de BBVA Research. Lo que ha hecho la mayoría es ir más veces al Super y comprar menos cada vez, bajando el ticket medio. La otra tendencia ha sido dejar de comprar “caprichos” y centrarse más en los alimentos imprescindibles, buscando más promociones y descuentos: 4 de cada 10 hogares buscan ahora promociones en productos de gran consumo, según la consultora Kantar. Y el tercer cambio de hábitos es apostar más por las marcas blancas.

Precisamente, la inflación disparada ha conseguido que las marcas blancas consigan este año la mayor cuota de mercado de la historia: suponen ya el 43% de las ventas en el primer trimestre de 2022, frente al 38,4% hace un año, el 30,1% en 2010 y el 19,72% en 2002. Y las marcas de fabricantes, que se habían recuperado tras la pandemia (61,6% hace un año), bajan al 57% de las ventas. Eso también tiene que ver con la estrategia comercial: las marcas de fabricantes fueron las primeras en subir sus precios en marzo, mientras las marcas blancas aguantaron más y los subieron después, en abril y mayo, bastante más: un +18% de subida en las marcas blancas este año frente al +10% las marcas de fabricantes.

Esta ganancia de cuota de mercado de las marcas blancas ha permitido que ganen terreno este año los supermercados que se apoyan más en ellas, en especial Mercadona, el súper ganador de esta crisis: tiene ya un 26,3% de cuota de mercado (primer trimestre 2022), un +1,7% que a finales de 2021 (24,6%), gracias a que su marca blanca representa el 72% de sus ventas (68,3% en 2021), según la consultora Kantar. También gana cuota Carrefour (9,8%, un +0,5% que en diciembre), aunque su marca blanca solo supone el 28,4% de sus ventas. Se estancan Lidl (5,5% de cuota), Día (4,6%) y Consum (3,1%) y pierden cuota de mercado Eroski (baja del 4,5 al 4,2%) y Alcampo (baja del 3,2 al 3%).

La elevada subida de los alimentos (+11%) es doblemente preocupante, porque resulta un gasto clave en los hogares y les resulta muy difícil recortarlo. Así, en 2020 (último dato del INE), la alimentación supuso el 16,96% del gasto total de los hogares: 4.578,87 euros al año (381,54 euros al mes de media), sólo por detrás del gasto en vivienda (9.621 euros anuales, el 35,64% del total) y muy por encima de lo que gastan las familias en transportes (2.741 euros, el 10,16% del total) y en hostelería (1.752 euros, el 6,42%), según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE. Eso supone que si los alimentos suben un 10% este año, cada familia pagará 460 euros más, de media, al hacer la compra.

La otra razón de que la subida de los alimentos sea muy preocupante es que afecta más a las familias con menos recursos, porque porcentualmente gastan más en su alimentación. Así, los hogares con menos renta (hasta 12.000 euros anuales) gastan un 13% en alimentación, frente al 10% que gastan los que más ganan. Y gastan otro 20% en vivienda, gas, electricidad y calefacción, frente a sólo el 5% los que tienen ingresos altos. En total, los productos de primera necesidad, que son los que más suben ahora, suponen un 33% del gasto de las familias con menos ingresos y el 15% del gasto de las más ricas.

Eso está provocando un aumento de la pobreza alimentaria: en España hay 2,5 millones de hogares (el 13,3% del total), más de 6 millones de personas, que no tienen una dieta alimenticia adecuada, en cantidad y calidad,  según un estudio de la Universidad de Barcelona presentado en febrero, antes de la guerra de Ucrania. Y casi la mitad (975.000 hogares) sufren una inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que significa que han reducido el consumo de alimentos por falta de recursos. La mayoría son familias de rentas bajas y poco empleo, que han sufrido más la subida de los alimentos, pero el estudio revela que también se ven afectados hogares de clase media, sobre todo donde hay niños y discapacitados. Y el Banco de Alimentos alerta que si cerró 2021 ayudando a alimentarse a 1,5 millones de españoles, este año 2022 espera 450.000 peticiones más de ayuda alimentaria.

Además, la altísima inflación en general, al afectar más a las familias más desfavorecidas, está aumentando la desigualdad y la pobreza en España. Un estudio de la semana pasada, del IERMB, revelaba que la subida del coste de la vida, mayor en algunas regiones y grandes ciudades,  ha aumentado la pobreza un +37% en la Comunidad de Madrid (+434.000 pobres más) y un +35% en Cataluña (+150.000 pobres más). Y también ha subido la pobreza más de un 10% en  Bilbao, Cádiz, Girona, Santander, Sevilla y Vigo.

Ahora, si la guerra de Ucrania continúa, se espera una alta inflación durante todo el verano, por un alto consumo de energía (seguirán caros los carburantes, al aumentar la demanda por las vacaciones) y, sobre todo, por un alto consumo de alimentos, tanto por los españoles como por los extranjeros: si este verano se superan los turistas de 2019 (28,9 millones), será mucha más gente a comprar y consumir alimentos, lo que mantendrá muy altos sus precios (sobre todo, frutas y carnes). Y después, en otoño, los precios seguirán altos, tanto por la menor oferta de energía (Rusia) como por la esperada subida de los alimentos y materias primas: el Banco Mundial cree que subirán hasta 2024.

Así que si la inflación es un grave problema hoy, lo seguirá siendo el resto del año, aunque el Banco de España cree que la inflación actual (8,7%) bajará un poco, al +7,2% de media en todo 2022. Pero como los salarios y las pensiones suben mucho menos, seguiremos perdiendo poder adquisitivo, sobre todo las familias con menos ingresos. Y lo más preocupante son los precios de los alimentos, que seguirán altos hasta el otoño, agobiando a muchas familias. Por eso, urge tomar medidas, en dos frentes. Por un lado, frenar la escalada de subidas, con controles en los márgenes desde el campo al súper: es algo que debía vigilar el Gobierno, a través de Agricultura, Comercio y la Comisión de la Competencia. Por otro lado, hay que volcarse en ayudar a las familias más desfavorecidas, apoyando a las organizaciones que distribuyen alimentos. Y, sobre todo, ampliando el ingreso mínimo vital, que sigue sin funcionar: lo reciben 461.788 hogares (1.176.000 beneficiados), la cuarta parte de los que lo han solicitado y la mitad de lo prometido (llegar a 2 millones de beneficiados).

En resumen, que a todos nos preocupa la inflación, pero no nos afecta a todos por igual. Y es muy preocupante la subida de los alimentos, porque está muy  generalizada y porque ha disparado la pobreza alimentaria, “las colas del hambre”, una vergüenza para todos que hay que atajar con controles en los precios y ayudas eficaces que lleguen a más familias. Porque en el río revuelto de la inflación, unos ganan mucho y otros pierden mucho.

Nueva Ley contra residuos y plásticos

El domingo 10 de abril entró en vigor la nueva Ley de Residuos, que traspone (con retraso) la Directiva europea de 2019. El objetivo es que España recicle más su basura (reciclamos el 36%, frente al 48% la UE), que aumente la recogida separada de residuos orgánicos y reducir drásticamente el uso de plásticos (dos tercios de todos los residuos). Además, se fomentará la recogida de envases (“devolver los cascos”) y se prohíben ya los plásticos de un solo uso  (bastoncillos, vasos, platos), obligando a bares y restaurantes a servir gratis agua a granel. Para incentivar el reciclaje, se aprueban 2 nuevas tasas, que se cobrarán desde enero de 2023: una tasa estatal a los que generan basuras (particulares, negocios, empresas) y otra a la fabricación de plásticos. Eso se traducirá en una subida del recibo de la basura a todos (40 euros al año por familia) y un encarecimiento de alimentos y artículos que llevan plásticos, que pagaremos también los consumidores. Es el coste de tener un país “más limpio”.

Enrique Ortega

El mundo sigue metido en una espiral infernal donde cada año consume más y genera más basura. Vivimos en “un mundo muy sucio”, según los datos de la ONU: generamos 11.200 millones de toneladas de basura al año (1,27 millones de Tm. cada hora). Y un 20% de toda esta basura mundial son residuos urbanos, que tiramos los ciudadanos: 2.240 millones de toneladas, una media de casi un kilo por persona (0,84 kg). El gran problema es que el 70% de esta basura mundial no se trata (sólo el 16% se recicla y otro 5% se incinera) y acaba en vertederos o se tira a los ríos y al mar, provocando una peligrosa contaminación, emisiones y múltiples enfermedades. Y una gran parte de esta basura son plásticos (400 millones de Tm. al año), botellas (se consumen un millón cada minuto) y bolsas (5 billones al año) que acaban en los vertederos y en el mar, contaminando durante siglos. Y crece la basura electrónica: generamos ya 7,3 kilos por persona y año en el mundo, según la ONU, reciclando sólo el 18%, que acaba exportada (muchas veces ilegalmente) a Asia y Africa.

Si analizamos sólo la basura urbana (la quinta parte del total), sin tener en cuenta la que generan las industrias, la construcción, la minería o la energía (el 80% del total de residuos), los paises que generan más basura urbana son los más grandes y poblados: China (300 millones Tm. al año), EEUU (228), India (226), Brasil (62), Indonesia (59) y Alemania (50,5 millones Tm/año), según los datos de Waste Atlas. Pero si analizamos la basura por habitante, resulta que los paises que generan más residuos urbanos son los paises más desarrollados, el mundo “rico”: Canadá (813 kg/habitante al año), Estados Unidos (734), Suiza (730), Dinamarca (758), Alemania (620, Irlanda (586), Austria (566), Francia y Grecia (509), Italia (468), Finlandia y Reino Unido (482 kg de residuo por habitante y año).

España genera menos residuos totales por habitante que la mayoría de los paises europeos: 4.485 kg en 2018, por debajo de la media de la UE-27 (7.050 kilos), según Eurostat (datos 2018), lo que nos sitúa como el 8º país con menos residuos (sólo por delante de Letonia, Croacia, Portugal, Hungría, Chipre, Eslovaquia y Lituania), muy por debajo de los residuos totales que generan los paises ricos de Europa, como Finlandia (25.822 kg de residuos por persona), Suecia (15.763), Holanda (11.041), Bélgica (9.421), Austria (9.312), Alemania (6.763 kg por habitante), Francia (6.604) o Italia (4.705 kg/habitante). Y si miramos sólo los residuos urbanos, España también genera menos: 455 kg por habitante al año, frente a 505 kg de media en la UE-27, según Eurostat (datos 2020). En este ranking, España es el 10º país europeo que genera menos basura urbana, sólo más que la mayoría de paises del Este, Bélgica y Suecia, pero mucha menos que Dinamarca (845 kg por habitante/año), Luxemburgo (790), Alemania (632), Finlandia (596), Austria (585), Francia (537), Holanda (535), Portugal (513) e Italia (505 kg/habitante/año).

España es un país “más limpio” que los grandes de Europa pero tiene un problema de fondo, que arrastramos desde hace décadas: reciclamos poco. De hecho, en 2020, reciclamos sólo un 36,4% de los residuos urbanos, frente a la media de la UE-27, que recicló el 47,8%, según Eurostat. Y además, nos hemos estancado e incluso bajado en el reciclaje: hemos pasado de reciclar el 39,7% de la basura urbana en 2008 al 39,3% en 2019 y el 36,4% en 2020 (mientras la UE-27 subió del 36,5% en 2008 al 48,1% en 2019 y al 47,8% actual). España es el 10º país europeo que menos recicla su basura urbana (36,4%), muy lejos de las tasas de reciclado de Alemania (67%), Italia (59,6%) o Francia (42,6%).

Y la consecuencia de reciclar poco es que la mayoría de la basura acaba en vertederos: un 51,86% de los residuos urbanos en España, frente al 23% de media en la UE-27 y sólo el 0,8% en Alemania, el 18% en Francia y el 20,8% en Italia, según Eurostat.  Y la tercera opción, incinerar la basura para recuperar energía, es también muy escasa en España: un 11,6% de los residuos urbanos frente al 27,12% de media en la UE-27, el 32,2% en Alemania, el 38% en Francia y el 19,6% en Italia. El exceso de basura que va a vertederos ha causado un grave problema a España con las autoridades europeas: ya hay 3 sentencias del Tribunal de Justicia de la UE por vertederos ilegales y el último informe de Bruselas (2018) denunciaba la existencia de 1.513 vertederos ilegales, la mayoría todavía sin cerrar.

La Comisión Europea lleva más de una década dictando normas para reducir los residuos. Ya en 2008, aprobó una Directiva sobre gestión de residuos con un doble objetivo: que los paises reciclaran el 50% de su basura y sólo el 35% acabara en vertederos para 2020. Después, en 2018, la Comisión Europea aprobó unos objetivos más ambiciosos para el futuro: subir el reciclaje al 55% en 2025 y al 65% en 2035. Y más recientemente, en junio de 2019, la Comisión aprobó otra Directiva para retirar del mercado los plásticos de un solo uso, dando un plazo a los paises de 2 años (debía entrar en vigor en julio de 2021).

Pero llegó este plazo y España no tenía aún aprobada la nueva Ley de Residuos, que se había retrasado y que el Gobierno Sánchez no aprobó hasta el 18 de mayo de 2021. Y como el debate de la Ley también se retrasó, la Comisión Europea abrió un expediente informativo a España el 9 de febrero de 2022, insistiendo en que la Ley de Residuos era una de las reformas estructurales exigidas por Bruselas para que España acceda a los Fondos Europeos. Finalmente, el 31 de marzo se ha aprobado la nueva Ley en el Congreso, con la abstención del PP y la oposición de Vox y ERC (por la gestión de las tasas).

La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular tiene 2 objetivos básicos: reducir los residuos generados (un -13% para 2025 y un -20% para 2030 sobre los generados en 2010) y aumentar su reciclado (será difícil alcanzar el objetivo europeo de reciclar el 60% de los residuos urbanos en 2030 si ahora estamos en el 36,4%). Y se añade un tercer objetivo para lograrlo: reducir un -50% los plásticos de un solo uso para 2026 y un -70% para 2030 (sobre el consumo de 2022).

La primera medida, que entró en vigor al día siguiente de publicarse la Ley en el BOE ( 9 de abril) es la prohibición de los plásticos de un solo uso (bastoncillos, pajitas, cubiertos o platos). Y además se prohíbe añadir microplásticos a cosméticos o productos de limpieza. Otra medida ya vigente es la obligación de bares y restaurantes de servir gratis agua a granel a sus clientes. Y se da amparo legal a los Ayuntamientos que quieran prohibir fumar en las playas.

La Ley aprueba 2 nuevas tasas estatales ligadas a los residuos y plásticos, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2023. La primera es una tasa estatal a los residuos, de 40 euros por tonelada, que pagarán los que lleven residuos a reciclar (“quien contamina paga”). Hasta ahora, hay 10 autonomías que tienen tasas por vertidos y residuos industriales, mucho más bajas que las tasas europeas (la tercera parte) y que además son muy distintas entre regiones, lo que provoca “el turismo de las basuras”, buscando llevarlas a donde se paga menos (Castilla la Mancha, Galicia, Asturias, País Vasco, Baleares y Canarias no cobran tasas). Y en cuanto a los vertidos municipales, sólo los cobran ahora 4 autonomías (Extremadura, Castilla y León, Cataluña y Navarra). Ahora, se crea una tasa igual a los vertidos que pagará quien los genere. Y en el caso de los residuos municipales, se da un plazo de 3 años a los Ayuntamientos para que desarrollen una tasa asociada a la gestión de residuos que prestan.

La otra tasa estatal es un impuesto a la producción de plásticos, de 0,45 euros por kilo, que pagarán los fabricantes, aunque la repercutirán las empresas que utilicen plásticos y envases. El objetivo es reducir el 50% de las botellas de un solo uso para 2030, conseguir envases 100% reutilizables, que las frutas y verduras con menos de 1,5 kilos se vendan sin envase y el fomento de la venta “a granel”: antes de finales de 2023, los supermercados de más de 400m2 tendrán que dedicar un 20% de su superficie a la venta a granel. Y la Ley abre el camino al sistema de recogida de envases (SDDR), a implantar en 2 años (2025), primero para el vidrio: volveremos al viejo sistema de “devolver el casco” y recuperar lo pagado al comprarlo. Y no se descarta aplicarlo también para los plásticos si no se cumplen los objetivos de reducción de uso: 70% de botellas recicladas para 2023 y 85% para 2027.

Otro cambio importante de la nueva Ley de Residuos es que acelera la recogida separada de residuos urbanos orgánicos, que ahora fija cada Ayuntamiento. A partir de julio de 2022, esa recogida separada será “obligatoria” para las ciudades con más de 5.000 habitantes y a partir de 2024 para todos los municipios, que tendrán que decidir cómo lo hacemos. A partir de 2022, se obliga a clasificar por materiales los residuos de la construcción y demolición. Y a partir de 2025, será obligatoria la recogida separada de residuos textiles, aceite de cocina usado y residuos domésticos peligrosos y voluminosos. El gran objetivo es que en 2035 se recojan separadamente el 50% de los residuos urbanos, facilitando así su reciclaje.  

Otra novedad importante es que se permite a los Ayuntamientos “la declaración de suelos contaminados”, si encuentran componentes peligrosos procedentes de actividades humanas o industriales, obligando a los responsables a reparar el daño causado al suelo. Y también se abre la vía para acabar con el amianto: se obliga a los Ayuntamientos a elaborar, en un año, un censo de instalaciones con amianto y un calendario de retirada. Además, se prohíbe la utilización del Bisfenol A, un producto contaminante que se utiliza en la fabricación de envases de plástico (los rígidos y transparentes) y tazas, un producto que Bruselas va a prohibir.

Ahora falta traducir esta Ley a medidas concretas y plazos en relación a los envases, con la aprobación final del Decreto-ley de envases, aprobado en septiembre de 2021 y que, tras 2.500 alegaciones recibidas, será aprobado por el Gobierno este 2º trimestre, para que entre en vigor en verano. La patronal de la alimentación FIAB se ha quejado duramente de este Decreto, que concreta la Ley de Residuos en cuanto a envases, porque consideran que les costará 7.050 millones y les obligará a invertir otros 6.270 millones para adaptarse, lo que podría obligar a cerrar a 2.400 industrias y 26.500 empleos. Enfrente, las organizaciones ecologistas valoran positivamente la Ley, pero creen que debería ser más radical en la reducción de envases y que no garantiza una retirada de residuos orgánicos de calidad.

Al final, esta Ley de Residuos puede reducir la basura que generamos y conseguir un mayor reciclaje, pero habrá que pagar el coste. Y aunque se pretende que “quien contamine pague”, todo apunta a que los que más pagaremos seremos los consumidores. Primero, al comprar alimentos y productos envasados, donde nos trasladarán el nuevo impuesto. Y luego en todos los artículos, donde el fabricante calculará el precio del reciclado y tratará de repercutirlo al consumidor. Y sobre todo, subirá el coste de la recogida de basuras, con la tasa a los vertidos, sobre todo a los negocios, comercios, bares y particulares. De hecho, algunos cálculos estiman en 40 euros anuales la subida de la tasa municipal de basuras.

Es lo que hay: si queremos reducir los envases y residuos, reciclar más y tener un país más limpio, habrá que pagarlo. El problema es cómo se reparte esta factura: si nadie vigila, lo esperable es que se repercuta a lo largo de la cadena, hasta llegar al consumidor final, que será quien pague más por casi todo. Es lo que le falta a esta nueva Ley de Residuos: un mecanismo concreto y eficaz de reparto justo de costes. Así que pagaremos los de siempre.

El alto coste de la obesidad

Más de la mitad de españoles tienen sobrepeso y 1 de cada 6 son obesos. En el mundo, la obesidad se ha triplicado desde 1975 y hay casi tantas personas obesas (650 millones) como hambrientas (821 millones). La OMS considera la obesidad como “la gran epidemia global del siglo XXI” y pide a Gobiernos, empresas alimentarias y familias que tomen medidas, porque provoca más enfermedades y muertes que el alcohol, el tabaco, la droga y el sexo inseguro juntos. En España, lo más preocupante es el sobrepeso infantil, que sufren el 40% de niños. Y para 2030, habrá más de 27 millones de españoles con sobrepeso, lo que agravará las enfermedades y el gasto sanitario (un 7% es por la obesidad). Sanidad y las empresas alimenticias han pactado recortar el azúcar, las grasas y la sal de muchos alimentos. Pero hay que hacer más: otra dieta, más ejercicio, una política sanitaria más agresiva y campañas públicas contra el sobrepeso, un grave problema sanitario, económico  y social.

enrique ortega

La Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de señalar la obesidad como “uno de los grandes retos de este siglo XXI”, junto a la diabetes, el cáncer y las dolencias cardiacas. Y es que el sobrepeso y la obesidad se han triplicado en el mundo desde 1975 y se han convertido en “una epidemia global”, que causa tantas enfermedades y muertes como el tabaco, el alcohol, las drogas y el sexo inseguro juntos. Y todo apunta, según la OMS,  a que la obesidad seguirá aumentando este siglo si los paises no toman medidas drásticas.

Empecemos por saber qué es sobrepeso y obesidad. Hay una sencilla fórmula para saberlo (pinche en esta calculadora): dividir el peso (en kilos) por el cuadrado de la altura (en metros) y nos da el índice de masa corporal (IMC). Por ejemplo, una persona que pesa 85 kilos y mide 1,72 metros tiene un IMC de 28,73. Si este índice está por encima de 25 tenemos sobrepeso y si supera los 30 somos obesos.

Las cifras son espeluznantes: en el mundo hay 1.900 millones de adultos con sobrepeso, el 39% de la población mayor de 18 años, según la OMS (con datos de 2016). Y hay más de 650 millones de adultos obesos, el 13% de la población mundial (11% de los hombres y 15% de las mujeres), casi tantas personas obesas como hambrientas (821 millones de personas pasan hambre, según la FAO). Y este es otro grave problema del sobrepeso y la obesidad: no sólo se han triplicado en los últimos 40 años sino que se han extendido de los paises ricos a los medianos y pobres, sobre todo en las ciudades. Así, en muchos paises en desarrollo, coexiste el hambre de unos con el sobrepeso y la obesidad de otros, que comen alimentos y bebidas con demasiadas calorías. Un ejemplo es Latinoamérica: 3 de cada 5 latinoamericanos (360 millones) tienen sobrepeso, según un informe de la FAO. Y hay paises, como Haití, donde una parte de la población pasa hambre y otra tiene sobrepeso, porque compran alimentos ultra procesados, con muchas grasas y calorías.

El mapa del sobrepeso lo encabeza México (70,4% de la población 15-74 años), seguido de Estados Unidos (67,4% de la población), Hungría y Reino Unido (58,7%I), según el informe “Obesity Update 2017” de la OCDE. España, con un 46,7% de adultos con sobrepeso (los datos se refieren a 2015) es el 2º país europeo en exceso de peso, tras Reino Unido, por delante de Francia (40,8%) e Italia (40,7%). En obesidad, el ranking mundial lo encabeza EEUU, con un 38,2% de adultos obesos, seguido de México (32,4%), Reino Unido (26,9%), Canadá (25,8%) y Alemania (23,6%), según la OCDE. España ocupa el lugar 22 en este ranking mundial de obesidad, con un 16,7% de adultos obesos (2015), por debajo de la media OCDE (19,5% de obesos) pero por delante de Francia (15,3%), Portugal (16,6%) y sobre todo de Italia (9,8% de obesos), paises nórdicos (del 12 al 14,9% de obesos) y Japón (el país con menos obesos del mundo: sólo el 3,7% de los adultos).

A la OMS, lo que más le preocupa ahora es la obesidad infantil, que se ha multiplicado por 10 en los últimos 40 años, según un estudio del Imperial College de Londres y la OMS: ha pasado de 11 millones de niños y adolescentes (5 a 19 años) obesos en 1975  a 124 millones en 2016. Y en conjunto, 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos en 2016 y lo mismo 340 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años (124 millones, el 7% eran obesos, frente al 1% en 1975). Y esta obesidad en niños y adolescentes ha crecido sobre todo en los paises pobres: en África, los menores de 5 años con sobrepeso han crecido un 50% desde el año 2000, según la OMS. Y en 2016, casi la mitad de los niños con sobrepeso u obesidad vivían en Asia. Ello se debe a una mala alimentación de las madres gestantes y en la lactancia, así como en los primeros años de vida, con una dieta supercalórica. De seguir esta tendencia, según la OMS, en 2022 habrá en el mundo más niños y adolescentes obesos que desnutridos (estos son hoy 191 millones). Y esto es doblemente grave, porque la obesidad infantil provoca graves enfermedades y hace que los futuros adultos tengan muchas posibilidades de ser también obesos.

Las mayores tasas de obesidad infantil se dan en Polinesia y Micronesia, seguidos de los paises anglófonos de ingresos altos: EEUU (31% obesidad infantil), Canadá (24,5%), Australia, Nueva Zelanda, Irlanda y Reino Unido (20%), según la OCDE. España tiene un 40% de los niños con sobrepeso (datos 2015), lo que nos sitúa como el 2º país de Europa con más sobrepeso infantil, tras Chipre. De ellos, un 18% son niños obesos (18% niños y 19% niñas), lo que nos coloca entre los paises del sur de Europa (Italia, Chipre, España, Grecia y Malta son los paises con más obesidad infantil, entre el 18 y 21% de los niños), peor que Francia, Irlanda y paises nórdicos, con una obesidad infantil que no llega al 10%. 

En España, la última estadística oficial es la Encuesta Nacional de Salud 2017, publicada por el Ministerio de Sanidad, que cifra en el 54,5% de los adultos los españoles con sobrepeso (62,5% de los hombres y 46,8% de las mujeres), lo que indica que el sobrepeso se ha multiplicado por 1,38 en los últimos 30 años (afectaba al 39,25% de adultos en 1987). Y la obesidad se ha multiplicado por 2,35: afectaba al 7,4% de españoles adultos en 1987 y afecta ahora al 17,4% de adultos (18,2% hombres y 16,4% de mujeres). Y en los niños y adolescentes (entre 2 y 17 años), el 10,3% son obesos.

Un rasgo de esta obesidad española es que es muy desigual, porque afecta más a los hombres y sobre todo a las personas con menos ingresos, a los pobres: si sólo un 9,29% de los españoles ricos son obesos, lo son el 22,37% de los pobres (la media es el 17,43%). Y por eso, las mujeres pobres tienen un 23,98% de obesas frente al 7,26% las ricas, según el detalle de la Encuesta Nacional de Salud 2017. Y también cuentan mucho los estudios: los españoles universitarios tienen sólo un 11,36% de obesos y los que sólo tienen una formación básica alcanzan el 22,32% de obesos. Por ambas razones y por otras, hay regiones con alta obesidad (24,13% en Ceuta, 21,68% en Asturias, 21% en Andalucía o 20,32% en Castilla la Mancha) y otras con baja (13,84% obesos en País Vasco, 13,22% en Castilla y León, 14,94% en Cataluña y 14,95% en la Rioja, muy por debajo del 17,4% de media).

¿Qué provoca el sobrepeso y la obesidad? Según la OMS hay dos causas: la mala alimentación (el aumento de alimentos y bebidas muy ricos en grasas, azúcares y calorías) y la menor actividad física, por el trabajo en las ciudades y el sedentarismo. En ese sentido, la OMS reitera que el sobrepeso y la obesidad pueden prevenirse, simplemente reduciendo el consumo de grasas y azúcares (presentes sobre todo en los platos procesados), aumentando el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales y frutos secos y realizando actividad física periódica (60 minutos diarios los jóvenes y 150 minutos semanales los adultos). Y sobre todo, insisten en educar a los niños para que coman menos bollería industrial y bebidas azucaradas y consuman más frutas y verduras, además de hacer más ejercicio físico. Como detalle, los españoles consumimos el triple de azúcar del que recomienda la OMS y no porque nos echemos muchas cucharadas en el café sino porque lo tomamos sin saberlo con las bebidas y las comidas preparadas que consumimos cada día.

El sobrepeso y la obesidad no son “un problema estético” sino “una epidemia global” que lleva asociadas más de 12 patologías y muchas muertes: cada año mueren en el mundo 2,8 millones de personas por culpa del sobrepeso y la obesidad, según la OMS. Y eso, porque causan múltiples enfermedades en los afectados: diabetes tipo 2, hipertensión arterial, exceso de colesterol (dislipemia), ictus, accidentes cardiovasculares, trastornos del aparato locomotor (osteoartritis), apneas del sueño, depresiones y, sobre todo, varios tipos de cáncer (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula, riñón y colon). Precisamente, una de las cuestiones que más preocupan es que la obesidad en los jóvenes está aumentando el cáncer en EEUU: el riesgo de padecer 6 tipos de cáncer entre los jóvenes obesos “millenials” (nacidos entre 1981 y 1993) es el doble del que tenían sus padres (los nacidos en el “baby boom”, entre 1950 y 1968), según un estudio publicado en febrero en la revista Lancet. Y muchos estudios clínicos vinculan la obesidad y el cáncer, lo que se traducirá en un aumento extra de cánceres en una o dos décadas, en el mundo y en España, por el aumento de la obesidad y el sobrepeso.

Pero además de enfermedades y muertes, el sobrepeso y la obesidad tienen un alto coste económico: unos 2 billones de dólares, el 2,8% del PIB mundial, según la consultora McKinsey. El mayor coste es para la sanidad de los paises (que aumenta un 50% con la obesidad y un 20% con el tabaquismo), pero también hay un coste para las empresas, al aumentar el absentismo laboral y reducir la productividad. Y para los ciudadanos: los obesos tienen más problemas para ser contratados (este prejuicio se llama “lookism”) y si trabajan suelen tener empleos más precarios y peor pagados. Ya hay líneas aéreas (Samoa Air) que cobran más a los obesos y los seguros médicos también les cuestan más caros.

Si el mundo no toma medidas drásticas  contra el sobrepeso y la obesidad, irá a más, como ha pasado en las últimas décadas. La OCDE anticipa que en 2030, un 46,62% de los estadounidenses será obesos (hoy lo son el 38,2%), el 39,15% de los mejicanos (hoy 32,4%), el 34,95% de los británicos (hoy 26,9%). Para España, vaticina que la tasa de obesidad (16,7% en 2015) subirá al 18,24% en 2020 y al 21,16% en 2030, por delante de Francia (19,48% en 2030) e Italia (13,26%). Pero lo peor será con niños y adolescentes: los 41 millones que tenían sobrepeso u obesidad  en 2016 será ya 70 millones, casi el doble, en 2025, según la OMS. En España, si había 27 millones de personas con sobrepeso en 2016, para 2030 habrá 3 millones más, 27 millones de personas, el 56% de toda la población estimada para entonces por el INE, según un escenario “conservador” del Instituto del Hospital del Mar (IMIM).

Esta mitad larga de españoles con sobrepeso va a sobrecargar aún más la sanidad pública, ya  muy “tocada” con el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida. Las personas con sobrepeso y obesidad requieren más consultas médicas, más pruebas, más ingresos hospitalarios, más cirugías y más tratamientos farmacológicos, según los profesionales. Y por ello, el coste directo del sobrepeso y la obesidad sobre la sanidad pública se ha casi cuadruplicado, pasando de 524 millones de euros en 2006 a 1.950 millones en 2016, según este estudio del IMIM. Y para 2030, los gastos sanitarios del sobrepeso superarán los 3.000 millones de euros. Y otros estudios (AECOSAN) calculan que el sobrepeso y la obesidad suponen un 7% del gasto sanitario, unos 5.200 millones de euros al año. Y los costes indirectos (laborales, ayudas y cuidados) serían otro tanto.

Enfermedades, muertes y altos costes. Un balance como para tomar medidas eficaces contra el sobrepeso y la obesidad, como acaba de pedir la OMS. En España, Sanidad y casi 400 empresas de alimentación han firmado en enero un acuerdo para reducir azúcares, grasas y sal en múltiples alimentos: aperitivos, bebidas refrescantes, bollería y panes envasados, cereales, derivados cárnicos, galletas, helados, néctar de frutas, platos preparados, lácteos y salsas. La reducción varía entre el 5% y el 10%, según productos (-5% el azúcar de las galletas, que bajaría así del 20% al 19%, demasiado poco), y todavía tardará unos meses en hacerse efectiva, porque las industrias tendrán que buscar ingredientes alternativos de sustitución y además el recorte se hará en 2 años, gradualmente, para que el paladar del consumidor se acostumbre. Y también se han comprometido con este acuerdo empresas de catering y comedores escolares y los que tienen máquinas expendedoras de alimentos, para fomentar la distribución y venta de los alimentos menos energéticos.

Es un buen principio, pero la industria alimentaria tiene que ir más allá, con planes a medio plazo para suprimir las grasas trans (en tentempiés, alimentos horneados y fritos), como pide la OMS en su Plan de actuación 2019-2023, exigiendo a los Gobiernos que impongan límites. Y también, poner impuestos a las bebidas azucaradas, como pidió la OMS a los Gobiernos en 2016: sólo lo aplica Cataluña, desde mayo de 2017, y ha conseguido reducir su consumo un 22%, según la Generalitat. Pero sobre todo, es clave un nuevo etiquetado de los alimentos, por colores, para que los consumidores sepamos las grasas, azúcares, sal y calorías de lo que comemos. Y regular mejor la publicidad de comida, sobre todo para niños, estableciendo prohibiciones a esos alimentos que son tan dañinos o más que el alcohol y tabaco.

En segundo lugar, hay que aprobar una política sanitaria pública contra el sobrepeso y la obesidad, con protocolos explícitos en los centros de salud, más especialistas y más unidades en los hospitales. Y ser más agresivos en la lucha contra la obesidad, aplicando más operaciones a los grandes obesos (IMC entre 35 y 40): la cirugía bariátrica es muy efectiva y su coste se recupera en 2,5 años, pero se aplica poco en España (se hacen unas 5.000 operaciones al año y deberían hacerse cuatro veces más para equipararnos a Europa, según The Economist). Y utilizar más fármacos, aunque su efecto sea bajo: hay 5 autorizados, pero sólo uno lo cubre la sanidad pública (Victoza), pero con visado del inspector y sólo para los obesos con diabetes 2, mientras el resto han de comprarlos y cuestan entre 63 y 283 euros (y recordemos: la mayoría de obesos tienen pocos recursos).

A final, la industria puede ayudar mucho y la sanidad más, pero la clave está en nosotros, en que hagamos una dieta equilibrada, comiendo la mitad de carne, azúcar, grasas y sal y el doble de verduras, hortalizas y frutas, según proponen los expertos. Y que hagamos ejercicio y andemos más, porque un tercio de los españoles son sedentarios y también los jóvenes. Pero sobre todo, hacen falta campañas públicas contra el sobrepeso y la obesidad, porque matan más que el tráfico, el alcohol o las drogas. Hay que “declarar la guerra a la obesidad” y cambiar la mentalidad de los españoles: no es un problema “estético”, es una “bomba de relojería” que acaba explotando en graves enfermedades y muertes.Tomémoslo muy en serio.