El negocio funerario crece y se concentra

La muerte es un negocio muy seguro: cada día hay 1.268 defunciones en España. Y va a más: en 2062 habrá 1.831 defunciones diarias (+44%). Esta demanda, asegurada y creciente, ha generado más de 1.000 empresas que ofrecen servicios funerarios y que han creado una "burbuja" de tanatorios y crematorios muy superior a los que hacen falta. Y se acelera la concentración del negocio, con unas pocas grandes empresas (de aseguradoras) comprando a funerarias pequeñas por toda España. La "gasolina" de este negocio de la muerte son los seguros de decesos, que tienen contratados ya 22 millones de españoles. Y los que no tienen seguro, pagan cada vez más por los entierros, sobre todo por los servicios complementarios, que cada día se contratan más, mientras las funerarias se quejan del IVA del 21%, el tercer tipo más alto en Europa. El negocio funerario tiene poca competencia y transparencia, carece de una Ley estatal y se rige por una norma de 1974. Hay que controlarlo más. 

                        Enrique Ortega

Los servicios funerarios son un negocio muy seguro y con gran futuro. Desde 2015, en España hay más muertes que nacimientos, por primera vez desde la Guerra Civil, debido a la caída de la natalidad y el envejecimiento de la población (hoy, el 6% de los españoles tienen más de 80 años, frente al 3,4% en 2001), por el aumento de la esperanza de vida (de 50 años que se vivía de media en 1941 a 84,4 años en 2023). El hecho es que las defunciones han aumentado un 60% en los últimos 40 años, saltando de 289.344 en 1980 a 360.391 en el año 2.000, 402.950 en 2012 y 463.133 en 2022, según el INE. Eso significa que hemos pasado de 792 entierros diarios en 1980 a 1.268 entierros al día en 2022.

Pero además de que aumenta la mortalidad (y los entierros), las previsiones apuntan que habrá más defunciones en el futuro, porque seguirá aumentando la esperanza de vida (87,5 años de vida media en 2061) y el envejecimiento de la población (un 13% de españoles tendrán más de 80 años en 2060, el doble que hoy). La estimación del INE es que para los años 2037-41 haya 516.136 muertes anuales en España y 633.172 fallecimientos anuales en el periodo 2052-53. Y que lleguemos a una cifra máxima de 668.451 muertos anuales en el periodo 2062-66 (ojo: 200.000 muertos más al año que hoy), para bajar ligeramente hacia 2070 (659.894 muertes anuales). Eso supone que pasaríamos de los 1.268 entierros diarios de hoy a 1.831 entierros al día en 2065, un 44% más que hoy.

Con estos datos, es normal que muchos se apunten al "negocio de la muerte", la prestación de servicios funerarios, una actividad con sólo medio siglo de historia en España. Antes, los fallecidos se velaban en casa y sólo se generaba actividad con los ataúdes, nichos y lápidas. Pero a partir de los años 70 (el primer tanatorio se abrió en Barcelona en 1968), surgió un negocio nuevo: la oferta de servicios funerarios completos a las familias de los fallecidos. Primero fueron compañías de seguros las que crearon empresas funerarias y luego invirtieron constructoras y pequeños empresarios locales. Y en este siglo, con el "boom" de la construcción y el tirón de ingresos de los Ayuntamientos, proliferaron tanatorios y crematorios municipales, incluso en pequeños pueblos. Y así, ahora nos encontramos con una "burbuja funeraria", miles de tanatorios y crematorios medio vacíos. 

Actualmente, hay en España 2.567 tanatorios, con una capacidad de 7.000 salas de velatorio, según los datos de 2022 de la patronal Panasef. Eso indica que hay disponibles 5,5 salas por cada persona que fallece al día (1.268 muertes diarias), un exceso claro de capacidad, más notorio en algunos pueblos y ciudades. Y aún es peor la sobrecapacidad de crematorios: había 537 hornos disponibles en 2022, con una capacidad de 1.663 incineraciones diarias, según Panasef. Pero resulta que sólo se incineran en España el 45% de los fallecidos, unas 571 incineraciones en 2022, la tercera parte de las que podrían hacerse en los crematorios disponibles (que tienen así 2/3 de su capacidad sin utilizar). De hecho, España es el país con más hornos crematorios de Europa (537, frente a 307 en Reino Unido, 185 en Francia o 159 en Alemania), cuando aquí se hacen menos cremaciones.

Esta "burbuja" de instalaciones, que encarece el coste final de los servicios funerarios, es fruto de un crecimiento vertiginoso y desordenado del sector, donde muchos han hecho el negocio al construir tanatorios y hornos crematorios, no tanto con la explotación del servicio. Actualmente hay 1.076 empresas de servicios funerarios en España (con 12.433 trabajadores), un negocio muy disperso, con muchas empresas en Andalucía (181), Galicia (171), Comunidad Valenciana (131) y Castilla y León (115) y más concentrado en Madrid (22 empresas), Cataluña (47) o Euskadi (33). Y en los últimos 5 años ha habido un proceso de concentración: las grandes empresas de servicios funerarios han comprado empresas pequeñas locales, desapareciendo 360 empresas: se ha pasado de 1.435 en 2015 a 1.076 en 2022. Ha desaparecido un 25% del sector funerario.

Con ello, el negocio funerario se ha concentrado en 12 grandes empresas, que facturan entre 10 y 50 millones de euros anuales (30 millones de media) y que controlan más del 35% del mercado, mientras todavía hay unas 850 empresas locales muy pequeñas, que facturan menos de 1 millón de euros al año, según la patronal Panasef. Y cada semana, muchas de estas pequeñas funerarias desaparecen o son compradas por las grandes, sobre todo en Galicia, Andalucía y Castilla y León. Esto ha reforzado a las 5 grandes empresas, cada día mayores por sus compras y que controlan el 26% del mercado funerario. Un negocio que facturó 1.653 millones de euros en 2022, según el último dato de Panasef, con lo que supera ya los ingresos de 2019 (1.565) aunque todavía no llega al récord de facturación que tuvieron con la pandemia (1.700 millones en 2020).

La empresa líder del sector funerario en España es Memora, con 200 millones de facturación anual y unos 50.000 servicios anuales en sus 146 tanatorios, 45 crematorios y 35 cementerios. Es propiedad de la aseguradora Catalana de Occidente, que compró en julio de 2022 la empresa funeraria (por 401,3 millones) a Ontario Teacher's (el Fondo de pensiones de los profesores de Ontario), que antes se la habían comprado al Fondo de inversiones británico 3i. La segunda mayor funeraria es Albia, propiedad de la aseguradora Santa Lucía, que factura 90 millones anuales y gestiona unos 55.000 servicios anuales, con 126 tanatorios, 40 crematorios y 20 cementerios. La tercera es Servisa, de la aseguradora Ocaso, que factura 65 millones y anuales y tiene 60 tanatorios. La cuarta es Funespaña, propiedad de la aseguradora Mapfre, con 48 millones de facturación, 160 tanatorios, 25 crematorios y 24 cementerios. Y 5ª está ASU, de la familia alicantina Payá y Meridiano Seguros, con una facturación anual de 30 millones.

El problema de esta creciente concentración y gran poder de "las 5 grandes" es que se han repartido el mercado y fijan unas condiciones de "cuasi-monopolio" donde operan, impidiendo en la práctica la entrada de otras empresas, en perjuicio del usuario, que ha de aceptar sus precios y condiciones en un momento muy doloroso. De hecho, han sido numerosas las denuncias de pequeñas funerarias contra las grandes. Y eso llevó al Gobierno Zapatero a aprobar una Ley de Servicios Funerarios, en junio de 2011, que incluía dos cambios claves: suprimía la exigencia de que una empresa funeraria estuviera autorizada en el lugar donde iba a recoger al fallecido o donde lo iba a enterrar y suprimía también la obligación de esperar 24 horas desde la muerte para trasladar el cadáver, dos requisitos que impiden, de hecho, que una funeraria de provincias se ocupe del enterramiento de alguien fallecido en Madrid o Barcelona, por ejemplo.

Pero esa Ley no llegó a aprobarse, porque se acabó la Legislatura, y el Gobierno Rajoy nunca contempló una reforma funeraria, aunque se lo prometió a Bruselas en 2014, dentro del Plan Nacional de Reformas. Y a pesar de la petición (en 2014) de la Comisión de la Competencia (CNMC), que habló incluso de "connivencia entre empresas y Ayuntamientos" para impedir la libre competencia en los cementerios y servicios funerarios, en perjuicio de los usuarios. Ya un informe del Tribunal de Cuentas denunció en 2006 grandes diferencias de precios funerarios entre ciudades y la falta de transparencia del sector. Un sector que sigue "bajo vigilancia" de la CNMC, que ha frustrado en octubre de 2021 la fusión de dos grandes, Albia y Funespaña, solicitada en 2019. Ahora, el sector funerario sigue sin una Ley que lo regule y se rige por el Decreto de Policía Sanitaria Mortuoria de 1974.

La "gasolina" que alimenta este negocio funerario, además de la creciente mortalidad, son los seguros de decesos que contratan los españoles a las aseguradoras y que pagaron 1.050 millones en 2022 a las empresas funerarias (dos tercios de su facturación el año pasado), según la patronal Unespa. Este seguro de decesos es el 2º seguro más popular en España, tras el de automóviles (obligatorio: 33,2 millones de coches asegurados), con más de 22 millones de asegurados en 2022 (22.129.957, según Unespa), 1,8 millones de asegurados más en la última década. Eso significa que lo tienen el 47% de los españoles, aunque su penetración es mayor en Extremadura (70,6%), Andalucía (62,4%), Asturias (59,3%) y Castilla la Mancha (56,29%), siendo mucho menor en Madrid (39,18%), Cataluña (33,88%) y Navarra (21,87%). Y sorprende el alto porcentaje que tienen este seguro de decesos en Cádiz (78%), Ávila (76%), Ciudad Real (71%) y Cáceres (66%), según los datos de Unespa. En general, lo contratan más las familias con menos ingresos y los mayores de 60 años.

Este seguro de decesos es el 4º seguro que más primas recauda en España: 2.626 millones en 2022, sólo por detrás del seguro de automóviles (11.352 millones) el seguro de salud (10.543 millones) y el seguro multirriesgo (8.578 millones). Y ha sido uno de los seguros que mejor se ha comportado en las últimas crisis, duplicando sus primas en los últimos 17 años (ingresó 1.370 millones en 2015). Es un negocio muy concentrado y 5 aseguradoras controlan casi el 70% del mercado de seguros de decesos: Santa Lucía (34,9%), Ocaso (21,2%) y Mapfre (12,6%), las 3 aseguradoras que controlan también el negocio funerario, más Adeslas (5%) y Norte Hispania (4,7%). Y las 10 mayores aglutinan el 82,4% de estos seguros.

El seguro de decesos tiene 3 modalidades, según el sistema de pagos por el que se opte (menos al principio y más con la edad o más nivelado). Y actualmente se mantiene una cierta "guerra de precios", como en el resto del seguro, con ofertas "low cost" muy bajas al principio, para captar clientes. Los comparadores disponibles en Internet hablan de cuotas desde 109 a 182 euros al año, aunque la tarifa depende mucho de la edad y la cobertura del seguro. En cualquier caso, un estudio reciente de la OCU revela que estos seguros no son recomendables, porque se acaba pagando el triple de lo que cuesta el servicio funerario. Y la prima sube cada año más, un +4,9% este año, según el INE.

Los seguros de decesos pagan 6 de cada 10 funerales, pero los 4 restantes los pagan los familiares cuando se produce el fallecimiento. El coste medio de un servicio funerario ronda los 3.700 euros, según la OCU, aunque varía mucho según la ciudad, oscilando entre 5.200 euros en Madrid y 3.800 en Barcelona (ver "comparador de precios"). En el desglose del gasto funerario, lo más caro es el féretro (1.198 euros), seguido de la cremación (646), el tanatorio (546), las esquelas (319), personal y servicio (291), coche (211), trámites y gestiones (205), flores (186) y otros (137). Y el coste se dispara más si no hay cremación (55% entierros) y hay que pagar un nicho o tumba (difícil de comprar en muchos cementerios).

La patronal funeraria estima que un 58% del coste se debe al servicio funerario estricto, otro 14,3% al crematorio o cementerio y el 12,8% restante se lo lleva el pago de servicios complementarios (certificados y tasas, esquelas, iglesia, coronas y lápida). Y recuerdan que un 15% se lo llevan los impuestos, el IVA del 21%, que Rajoy subió en 2012 desde el 10% que se pagaba antes. La patronal funeraria se queja de que España paga el tercer IVA más alto en Europa por los servicios funerarios (tras el 27% de Hungría y el 24% de Grecia), mientras se paga un 20% en Francia, un 19% en Alemania y un IVA cero en los servicios funerarios en Italia, Portugal, Irlanda, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia y Suecia. Por eso piden bajarlo al 10%, lo que reduciría el coste de un sepelio en 350 euros.

Cara al futuro, las empresas funerarias están aumentando al máximo sus servicios, lo que encarecerá el coste de los entierros, porque muchas familias empiezan a contratar servicios complementarios: sepelios laicos (15%), viajes para tirar las cenizas, música, psicólogos y servicios personalizados, servicios digitales (funerales "en streaming", Memoria, historial del difunto) y en redes sociales, gestión de legados y huella digital... Y avanza el concepto de funerales "sostenibles", con la oferta de ataúdes de cartón y reducción de emisiones más plantación de árboles. En paralelo crecen los cementerios y servicios funerarios para mascotas (hay 31 millones en España). De hecho, Málaga tendrá a finales de 2023 el primer cementerio público para mascotas de España.

En resumen, la muerte se ha convertido en un gran negocio y en un coste creciente para las familias, que no tienen tiempo ni ganas para elegir cómo entierran a sus seres queridos, mientras la oferta se concentra y las grandes funerarias imponen condiciones, con poca transparencia y sin una Ley que ponga orden y competencia en el sector, evitando los abusos y unos precios disparados. Hasta morirse es caro.

Vuelve fuerte la inflación

Los precios han escalado hasta el 3% anual en febrero desde el -0,1% que bajaban hace 6 meses, según el IPC conocido hoy. Vuelve la inflación, tras 3 años de bajadas de precios, un coste extra que pagaremos todos, pero sobre todo los pensionistas y asalariados, que perderán poder adquisitivo este año y el próximo. Además, esta alta inflación  recortará el consumo y frenará las exportaciones y el turismo, reduciendo el crecimiento y el empleo. Se echa la culpa al petróleo, pero esta inflación tiene mucho que ver con monopolios que imponen subidas, como las petroleras, eléctricas, telecos o banca: no es casualidad que paguemos los carburantes, la luz, los móviles o las hipotecas más caros de Europa. También hay precios que crecen por el camino, por exceso de intermediarios. Y empresas poco eficientes, que solo sobreviven con precios altos. Urge controlar cómo se forman los precios y fomentar la competencia. No permitir que ahora suba todo con la excusa del petróleo.
 

enrique ortega

Desde que España está en el euro (1999), los precios en España han subido casi siempre más que en Europa: 2,3% de media en 2008-2012 (frente a 2,1% en la zona euro) y 1,5% en 2013 (1,3% en la eurozona). Pero en 2014, los precios comenzaron a bajar, más en España que en Europa, gracias a la rebaja del petróleo, los bajos tipos de interés y un euro débil. Y así, hemos tenido en España inflación media negativa en 2014 (-0,2%), 2015 (-0,5%) y 2016 (-0,2%). La situación cambió en otoño pasado y el IPC subió por primera vez en septiembre de 2016 (+0,2%), con subidas posteriores y una inflación anual del 1,6% en diciembre, básicamente por la subida del petróleo y los carburantes. Pero en enero, la situación se agravó, con la fuerte subida de la luz, elevando la inflación anual al 3%, la más alta desde . Y en febrero se ha mantenido en ese 3% anual, según el IPC anticipado conocido hoy, gracias a la bajada de la luz (-10%), aunque subieron en febrero los móviles e internet, algunos alimentos y los alquileres. Con ello, tenemos la inflación más alta desde octubre de 2012.

La primera causa de esta alta inflación es la subida del petróleo, que ronda los 57 dólares por barril, más del doble que hace un año (22,77 dólares en enero 2016). Eso repercute directamente en la subida de los carburantes, agravada tras la decisión de la OPEP (30 de noviembre 2016) de recortar la producción de crudo para hacer subir los precios. Y así, estamos pagando la gasolina un 6,84% más cara que el 28 de noviembre y el gasóleo otro 6,76% más caro, lo que dispara el IPC (16% enero). También ha pesado mucho en enero la subida de la luz (un 26%), al dispararse el precio del kilowatio por la climatología y la ola de frío, que también han disparado los precios de las frutas y verduras y muchos alimentos. En febrero subieron también las tarifas del móvil e Internet (Movistar y Orange), que pesan mucho en el IPC. Y también los alquileres llevan meses subiendo en toda España, por encima del 10% en las grandes ciudades.

Ahora, los expertos auguran que la inflación siga alta hasta el verano, con precios altos de los carburantes y la energía, además de los alimentos y alquileres. Y que no bajen hasta septiembre, para cerrar el año con una inflación media del 1,5%, que la Comisión Europea eleva hasta el 1,9% en 2017 (y el 1,7% en 2018). Con ello, España sería este año el 5º país europeo con más inflación, sólo por detrás de Estonia, Letonia, Bélgica y Luxemburgo, por encima del 1,7% que subirán los precios en la zona euro en 2017. Y eso si el petróleo no dispara su precio o se encarece más porque baje más el euro con lo que lo pagamos.

Vuelve la inflación, hasta una subida media del 1,9% este año, y eso va a cambiar la vida de los españoles, que ya se habían medio acostumbrado a las bajadas de precios (2014 a 2016). Ahora, todo será más caro y la inflación aparece como “el peor impuesto”, porque “se come” los ingresos de todo el mundo pero sobre todo de los que menos tienen: los pensionistas y los que viven de un sueldo modesto.

Para los 8.647.825 pensionistas españoles, 2017 será el primer año en que perderán poder adquisitivo desde 2013, cuando ya habían perdido un 4,6% de poder adquisitivo desde 2011. Ahora, el Gobierno Rajoy les ha subido la pensión un 0,25% este año y como la inflación media subirá un 1,9%, perderán otro 1,65% de poder adquisitivo. Y perderán otro 1,45% en 2018. Todo apunta a que, a la vista de las maltrechas cuentas de la Seguridad Social, les seguirán subiendo ese 0,25% hasta 2040 (así lo vaticina el Banco de España) y como la inflación seguirá en el 1,8% anual, los pensionistas seguirán perdiendo poder adquisitivo: un 7% hasta 2022, según los cálculos de la Autoridad independiente de responsabilidad fiscal (Airef).

Otros “paganos” del repunte de la inflación serán los 2,5 millones de funcionarios públicos. Tras perder un 14% de poder adquisitivo de 2010 a 2015 (por la bajada de sueldos del 5% en mayo de 2010 y la congelación salarial de 2011 a 2015), en 2016 recuperaron algo (los sueldos les subieron un 1% y la inflación media bajó el 0,2%), pero ahora van a volver a perder poder adquisitivo, ya que se espera que les suban el sueldo un 1% este año (con la inflación anual al 1,9%, perderían un 0,9%, más de lo ganado en 2016). Y con una subida similar, volverán a perder poder adquisitivo (-0,4%) en 2018.

Y lo mismo les pasará a la mayoría de los trabajadores que viven de un sueldo. Si bien en los últimos tres años han ganado poder adquisitivo, por la inflación negativa, a pesar de las mínimas subidas de sueldos de 2014 (+0,57%), 2015 (+0,48%) y 2016 (+1,09%), este año 2017 lo perderán: la patronal CEOE defiende subidas del 1 al 1,2 % (máximo 1,5%), insuficientes para cubrir la esperada subida de la inflación (1,9%). De hecho, la Comisión Europea, en sus recientes previsiones de invierno, calcula que los trabajadores españoles perderán poder adquisitivo en 2017 (-0,3%) y 2018 (-0,4%). Y eso es más preocupante porque España tiene los salarios más bajos de Europa: el salario medio por hora (sin cotizaciones) era en España de 15,8 euros en 2015, frente a 19 euros en la UE-28 y 22 euros en la zona euro, según Eurostat. Y si comparamos los salarios medios, el salario bruto es de 1.640 euros en España, frente a 1.995 euros en la UE-28, un 17,8% menos, según el IV Monitor de salarios de Adecco (datos 2015). O sea, tenemos menos salarios y más inflación.

La primera consecuencia del repunte de la inflación, en Europa pero más en España, es que las subidas de precios se comerán parte de las pensiones y salarios, reduciendo el consumo de millones de españoles. Y con menos gasto, las empresas venderán menos, invertirán menos y crearán menos empleo. Además, la alta inflación tiene otros efectos negativos. El más inmediato, que encarece el dinero, porque los inversores piden más por su ahorro ahora que se come una parte la inflación. De hecho, el coste de la deuda pública ya ha subido y también las empresas tienen más caro financiarse, a la vez que han subido las hipotecas. Dado que España es un país muy endeudado, que necesita 350.000 millones de financiación este año, la mayor inflación nos encarecerá este dinero: pagar un 1% más supone, al Estado, las empresas y familias, pagar 3.500 millones más de intereses. Un dinero que tendrá que salir de otro sitio, obligando a más recortes del Presupuesto y del gasto de empresas y hogares.

Pero hay más. Una alta inflación penaliza a los ahorradores, ya que "se come" una parte de los intereses que reciben, hoy en mínimos. Así, los hogares españoles tenían 771.200 millones en depósitos bancarios, a finales de 2016, por los que recibían entre un 0,07% (a 1 año) y un 0,13% (a más de 2 años), intereses mínimos que ahora se comerá la inflación.

La subida de precios será también muy negativa para el turismo, el principal motor de crecimiento de la economía española estos años. Ahora, España será un país un 1,9% más caro y eso se traducirá en menos turistas o en los mismos turistas que vienen menos días (ya se ha reducido la estancia media a 7,9 días) o gastan menos. Pero lo peor puede ser el efecto negativo de la inflación sobre las exportaciones, otro de los motores de nuestro crecimiento. España ganó competitividad entre 2014 y 2016, porque tuvimos menos inflación que en la zona euro, pero eso ha empezado a cambiar. En enero de 2017, la inflación anual en España era del 3% frente al 1,8% en la zona euro, el mayor diferencial desde agosto de 2013. Y tenemos ahora el doble de inflación que Francia (1,6) o Italia (1%), dos de nuestros competidores en Europa, lo que supondrá un freno a nuestras exportaciones (que batieron récords en 2016). Y si el euro sigue alto, por encima de 1,05 dólares, eso dificulta además nuestras ventas fuera de Europa, ya complicadas con las amenazas de proteccionismo de Trump.

Así que la alta inflación frena el consumo y las ventas, aumenta la factura de los intereses, penaliza el ahorro, entorpece el turismo y las exportaciones. En definitiva, reduce más el crecimiento, que ya se estimaba bajo para este año: un 2,3% según la Comisión Europea, frente al 3,2% de 2015 y 2016. Y eso se traduce en menos empleo, lo que más debería preocuparnos especialmente: se espera crear 370.162 nuevos empleos este año 2017, según las previsiones de la Comisión Europea, menos de los 413.900 creados en 2016 y de los 525.100 creados en 2015. Así que la alta inflación es “la puntilla” para el empleo en un año de grandes incertidumbres económicas y políticas en el mundo y en Europa.

¿Qué se puede hacer? El Gobierno Rajoy “le echa la culpa al petróleo”, dice que los precios bajarán en el segundo trimestre y mientras intenta dar la imagen de que “hace algo”, aprobando el 3 de febrero un decreto para desarrollar la llamada Ley de Indexación, aprobada sin aplicarse en 2015. Se trata de prohibir “actualizar con el IPC precios y tasas públicas”, con la excepción de la luz, el gas, el butano y algunos contratos públicos. En teoría, significa que no subirán las tarifas públicas que dependen del Gobierno (como peajes, trenes, tarifas postales, etc.), que ya han subido o no iban a subir (autopistas). Y mientras, las empresas privadas pueden subir lo que quieran. Una medida “de cara a la galería”, poco efectiva para frenar de verdad la inflación.

Lo efectivo sería que el Gobierno controlara los precios de los sectores dominados por oligopolios, pocas empresas que imponen precios. Es el caso de las petroleras (las grandes controlan el 62% de las gasolineras), las eléctricas (las 3 grandes controlan el 92% de los consumidores), las telecos (el triopolio de Movistar, Orange y Vodafone controlan el 84% de los móviles y el 93% de los accesos a Internet) o la banca (los 3 grandes controlan el 44% del mercado y los 6 mayores bancos el 69%). Y no sólo pactan y acuerdan precios, sino que los disparan, ante el descontrol del Gobierno. Por eso pagamos la 2º gasolina más cara de Europa (sin impuestos), la 3ª luz más cara (sin impuestos), el 5º ADSL más caro o las nuevas hipotecas más caras de la zona euro. Y lo mismo en muchos otros sectores: la Comisión de la Competencia (CNMC) ha abierto expedientes a 80 sectores, desde las petroleras a las telecos, pasando por las empresas de recogida de basuras, cementeras, concesionarios de automóviles y hasta las funerarias, por pactar precios (al alza, claro). Y siguen haciéndolo.

En otros casos, el problema es la larga cadena de distribución de los productos (los alimentos, por ejemplo), con una legión de intermediarios que suman comisiones y encarecen el precio final. Otras veces, las más, se trata de empresas poco eficientes (por su pequeño tamaño o su escasa competitividad), que se ven obligadas a vender a precios altos para sobrevivir, porque “no subsisten sin inflación”. Y en muchos sectores (como los servicios), el problema es la falta de competencia, de nuevas empresas y de más comercio online.

En todo ello debería intervenir el Gobierno, porque el petróleo cuesta igual a todos pero España tiene ahora la tercera mayor inflación de Europa. Y eso es porque nuestras empresas y nuestra economía son menos eficientes, tienen más costes (y más beneficios en el caso de los oligopolios) y  lo pagamos los consumidores. Habría  que crear un organismo de verdad independiente, no la Comisión de la Competencia (ineficaz por sus peleas internas y su dependencia del Gobierno), para analizar sector a sector, garantizar la competencia efectiva y ver qué subidas de precios están justificadas y cuáles no. Teóricamente es el mercado el que fija “libremente” los precios, pero sabemos que no es así, que hay sectores y empresas que “manipulan” los precios, como explica el libro “La economía de la manipulación”, de los Nobel Akerlof y Shiller. Y por eso vuelve la inflación a poco que suba el petróleo, atacando a los más débiles, al crecimiento y al empleo. Demasiado coste para no hacer nada y esperar a que la inflación “baje sola”. Muchos salen ganando.

Guerra al "cártel": basuras,leche y carburantes

La Comisión de la Competencia (CNMC) ha multado a Repsol, Cepsa y otras petroleras por pactar precios. Y también a 9 grandes empresas lácteas, por pactar condiciones que imponían a los ganaderos.Pero no son los únicos que lo hacen: muchas empresas se reparten los mercados y no compiten entre ellas, en perjuicio de los consumidores. Son los “cárteles”, mafias que pactan precios. Hace poco, la CNMC ha multado a 39 empresas de recogida de basuras y residuos, por repartirse las principales ciudades, con pactos incluso escritos. Es el “cártel” de la basura, grandes constructoras y empresas de reciclaje que llevan años repartiéndose la recogida de basuras, limpieza, saneamiento de aguas, reciclaje industrial y recogida de papel y cartón. Negocios que mueven más de 15.000 millones anuales. La consecuencia de que pacten precios es que pagamos más por las basuras o el agua. Y la CNMC tiene expedientes abiertos por pactar precios en decenas de sectores. El problema es que las multas son bajas y nadie acaba en la cárcel. Aunque en realidad nos roban.

enrique ortega

La basura es un gran negocio para algunos. Los españoles producimos 464 kilos de residuos por habitante, 137 millones de toneladas de basuras y residuos que hay que recoger, transportar, destruir o reciclar, junto a las aguas residuales. Cuatro negocios muy boyantes. Uno, la recogida de basuras y limpieza de ciudades en 6.200 municipios, realizado por una docena de empresas que facturan unos 5.000 millones anuales, según su patronal (ASELIP). Otro, el saneamiento y la traída de aguas, con otros 5.500 millones de negocio. El tercero, el reciclaje de productos industriales, desde neumáticos a productos químicos, donde trabajan unas 700 empresas, que facturan otros 4.000 millones de euros. Y por último, la recogida y reciclaje de papel y cartón, donde operan unas 110 empresas que facturan 700 millones de euros al año. En total, el saneamiento de basuras, residuos  y agua es un sector que mueve más de 15.000 millones al año y emplea a unas 150.000 personas.

Un negocio que está sobre todo en manos de las constructoras, que en los años 80 empezaron  a diversificar su negocio temiendo que la burbuja del ladrillo no fuera eterna. El 70% del negocio de la basura y el agua se lo reparten entre 4 grandes constructoras. La líder es  FCC (la empresa de Alicia Koplovitz), que factura un 37% de su negocio total en “servicios medioambientales” (4.518 millones de facturación), en recogida de basuras (en 3.449 municipios, entre ellos las grandes capitales), limpieza (9 grandes ciudades), tratamiento de residuos y saneamiento de aguas (un 36,7% de cuota a través de Aqualia). Le siguen Urbaser (filial de ACS, la empresa de Florentino Pérez), con 1.651 millones de facturación, un 10% del negocio total del grupo ACS, Cespa (filial de Ferrovial), presente en 800 municipios  y con 1.000 millones de facturación, y Valoriza (filial de Sacyr), que recoge la basura de 100 municipios y aporta un tercio del negocio total de la constructora. En reciclaje industrial hay muchas empresas, destacando Biotran, Grupo Otúa y Befesa (alemana). Y en reciclaje de papel y cartón dominan la multinacional española Saica Natur, de Zaragoza, que factura 2.200 millones en España y varios países de Europa y Holmen Paper (sueca).

Todas ellas y varias más han estado tres años bajo la vigilancia de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), que les abrió un expediente por presuntos acuerdos para repartirse los distintos mercados. Ha sido como una investigación policial, buscando pruebas y llegando a entrar en las sedes de empresas para comprobar papeles y mails. Al final, la CNMC ha multado a 39 empresas (y 3 asociaciones empresariales) de recogida de basuras, limpieza, saneamiento de agua, residuos industriales y recogida y reciclaje de papel/cartón por “considerar probada la existencia de una práctica concertada global de reparto de mercado por el cual las empresas sancionadas respetaron a los clientes de sus competidores, se repartieron los nuevos e intercambiaron información sensible”.

El expediente revela unas prácticas que parecen de novela pero son reales y ponen los pelos de punta. Vayamos por partes. En las empresas de recogida de basuras y saneamiento urbano, la CNMC ha confirmado acuerdos entre empresas teóricamente competidoras (sobre todo FCC, Cespa, Urbaser y Valoriza) para presentarse de forma conjunta (UTE) o con pactos bilaterales en contratos municipales de Madrid, Andalucía, País Vasco, Ceuta y Melilla. En muchos casos, la empresa ganadora se había comprometido con otra a que si no se presentaba luego le cedía una parte del contrato. Y en otros casos, uno no se presentaba a un concurso a cambio de que el competidor no se presentase a otro. Además, FCC y Urbaser, por ejemplo, tenían un pacto escrito para presentarse conjuntamente a cualquier licitación municipal de una planta de incineración de residuos urbanos en cualquier lugar de España. Y lo más increíble: la patronal de estas empresas (ASELIP) tenía un Código de conducta escrito de no agresión entre los socios, encargándose de “vigilar” que se cumpliera. Y en ese Código figuraba que ninguna empresa se presentaría a un concurso de un Ayuntamiento que tuviera deudas con otra empresa competidora (“solidaridad contra morosos”).

En el sector de la recogida y reciclaje de papel y cartón, la CNMC ha probado pactos bilaterales entre Saica Natur (la líder del sector) y otras empresas competidoras para “el respeto mutuo de clientes” y mercados. Y lo más increíble: la patronal del sector en Madrid (AREMA) era la que contrataba (desde el año 2000) la recogida directamente con el Ayuntamiento de Madrid (única oferta) y luego repartía el contrato, como también se hacía en Sevilla (ambos, Ayuntamientos gestionados por el PP). Y en el sector de gestión de residuos industriales, se han probado también pactos bilaterales y la creación de sociedades conjuntas para repartirse clientes durante los últimos 14 años, también con la inestimable ayuda de su asociación empresarial (Aceser), que hizo una recomendación escrita a sus asociados en la que se les recordaba que “cada uno debía respetar a los clientes de los otros”.

Las 198 páginas del expediente de la CNMC (ver aquí) demuestran claramente que estas empresas “no se cortaban” a la hora de repartirse el mercado: acuerdos escritos, incluso con mecanismos de vigilancia y compensación en caso de incumplimiento, recomendaciones para respetar los clientes, Códigos de conducta e incluso mails explícitos para recordar a los competidores lo que tenían que hacer: “Yo presento la oferta y si gano otorgaré a Urbaser y Cespa un 20%”, “no entremos en guerra con otros vertederos”, Aquí, por ahora, estamos en pacto de no agresión”, “Cedamos Sevilla, no lancemos contraoferta”, “Si no me equivoco, Isofotón es  tuyo, ¿verdad?. Es que los estuve visitando…Dime cuánto tengo que ofertarle para quedarme por encima vuestro”. “No quiero guerras con terceros…”.Descaro total.

La CNMC concluye el expediente señalando que estos acuerdos de reparto de mercado “han tenido un carácter especialmente dañino, en la medida que encarecieron los servicios que se prestan a los ciudadanos”. O sea, que por culpa de los tejemanejes del cártel de la basura, hemos pagado de más por el recibo de las basuras, el agua o algunos productos industriales (al comprar neumáticos, electrodomésticos y muchos productos, pagamos su reciclaje). Y eso, al menos en los últimos quince años, según la CNMC. El problema es que con las multas no nos van a compensar a los consumidores. Y de momento, nadie ha abierto una investigación para averiguar la posible connivencia de los Ayuntamientos (presunta corrupción), que parece necesaria para asegurar este escandaloso reparto del negocio.

El problema es que este tipo de conductas no se da sólo en las basuras. La CNMC ha multado en el último año y medio a numerosos sectores, por “cárteles”, acuerdos para repartirse mercados: panificadoras, fabricantes de postes de hormigón, empresas suministradoras de Renfe, fabricantes de palés, empresas de equipos contra incendios, empresas de alquiler de coches o petroleras. Precisamente, la CNMC acaba de multar a Repsol, Cepsa, Disa, Galp y Meroil a 32,4 millones de euros por pactar precios de los carburantes en distintas ciudades (“Ya sabes que Ceuta es un corralito”, decía un mail interceptado) y por un pacto de no agresión firmado entre Repsol y Cepsa en 2011. Y tanto Repsol como Cepsa y BP tienen otras multas (casi 10 millones más, ahora recurridas) por fijación de precios y prácticas anticompetitivas desde 2009. Además, el 3 de marzo, la CNMC ha multado con 88 millones de euros a 9 grandes empresas lácteas (Danone, Nestlé, Peñasanta, Lactalis,Puleva, Pascual, Asturiana y Senoble, el fabricante de Mercadona), por ponerse de acuerdo para imponer condiciones en la compra de leche a los ganaderos ("Hay que bajar el precio de la leche. Nosotros lo bajaremos si lo hacéis los demás", dice un mail interceptado de CLAS a otras fábricas lecheras).

Y están pendientes de resolución por la CNMC otros expedientes abiertos a más sectores por repartirse mercados: empresas comercializadoras de luz, de transporte de fondos, empresas de hormigón y cemento, distribuidores de coches, empresas de material ferroviario, empresas de mudanzas internacionales, fabricantes de turrón, empresas de transporte frigorífico, fabricantes de pañales de adultos, vinos de jerez, sector de papel y embalaje de cartón ondulado, empresas radiofónicas, fabricantes de productos dietéticos o de tiras reactivas para la leucemia… Pero no es fácil de probar. Los funcionarios de la CNMC trabajan como inspectores, hacen registros, buscan pruebas y ofrecen inmunidad a los directivos que aportan documentos y pruebas (“testigos protegidos”), manteniendo un buzón en la web para denuncias anónimas (competidores que denuncian a otros que les dejan fuera de los acuerdos).

La competencia es clave para la economía y los consumidores, porque de ella nacen mejores ofertas y precios. Pero hay una larga tradición de acuerdos, de “cárteles” que prefieren repartirse el mercado antes que competir por él. El problema es que la CNMC cuenta con pocos medios para muchas tareas: 515 personas para vigilar los mercados de la luz y gas, las telecomunicaciones, el transporte ferroviario y portuario, el servicio postal y las televisiones, además de vigilar a la vez la competencia en toda la economía. Y aunque a su presidente lo nombró el Parlamento, no es independiente del Gobierno: lo propuso el ministro Luis de Guindos y el director de la Oficina Económica de Moncloa. Y sobre todo, cuenta con pocas armas para asegurar la competencia: las multas son bajas (el 3% del negocio) y los recursos de los implicados se eternizan, con lo que la CNMC tiene 700 millones pendientes de multas sin cobrar desde hace años. Y no hay ningún expediente en un Juzgado, porque el Código Penal no delimita claramente estas conductas como delictivas.

Hay que luchar de verdad contra los “cárteles”, esas mafias que se reparten mercados y nos encarecen productos y servicios. Las asociaciones de consumidores cuentan ahora para reclamar daños con una nueva arma: una Directiva de la Comisión Europea (aprobada en noviembre) que regula y facilita las demandas contra las empresas que pacten precios. Hay que dotar de más medios a la CNMC y blindar a su presidente (duramente atacado ahora por las petroleras), que debe ser independiente de verdad y sin “cuotas políticas” en los puestos directivos de la Comisión (como ahora). También, establecer un sistema de auditorías externas de los contratos públicos, sobre todo en Ayuntamientos y autonomías, para reducir la corrupción y los extraprecios.Y endurecer las multas y penas, para que los empresarios que se reparten mercados acaben en la cárcel. Porque nos están robando.