Reforma desempleo y fallos políticas de empleo

El 1 de noviembre entró en vigor la reforma del desempleo asistencial: 1 millón de parados registrados cobrarán algo más (570 euros) y otros 450.000 que no cobraban lo recibirán un tiempo. A cambio, tendrán que declarar el IRPF y cumplir diversas obligaciones para facilitar su contratación (incluso podrán cobrar el paro y trabajar hasta 6 meses). Esta reforma parcial del desempleo está bien, pero el problema de fondo es otro: las oficinas de empleo (SEPE) no funcionan. Sólo consiguen trabajo al 2,2% de los parados, la mayoría de los jóvenes ni se apuntan, hacen cursos largos que no interesan a los parados y las empresas no las utilizan para buscar trabajadores (sólo ETTs privadas y conocidos). Resultado: tenemos el doble de paro que Europa y hay 1 millón de parados que llevan más de un año sin trabajar (585.000 llevan más de 4 años parados). Urge tomar medidas eficaces para ayudarles a trabajar, sobre todo las autonomías, que gestionan (también) las fallidas políticas de empleo.

                            Enrique Ortega

Empecemos por ver cuántas personas cobran hoy el subsidio de desempleo. En septiembre de 2024 (último dato de Trabajo), cobraban alguna ayuda 1.703.095 desempleados, el 66,13% de los parados registrados en las oficinas de empleo (2.575.285 en septiembre). Eso significa que hay 872.190 parados registrados en el SEPE que no cobran ninguna ayuda, porque se les ha acabado el subsidio contributivo (24 meses ) o porque no han cotizado lo suficiente. Pero si miramos otro dato, las personas que “se consideran en paro”, según la EPA del tercer trimestre de 2024 (INE), los parados “estimados” eran 2.754.100 personas en septiembre. Hay 178.815 parados que “no se molestan” en registrarse como parados. Y así, hay más de 1 millón de parados “reales” (1.051.005) que no cobran ningún subsidio en España.

Pero además, los que sí cobran no cobran lo mismo. Hay “2 clases de parados”. Unos, los que tienen un subsidio contributivo, cuya cuantía tiene que ver con lo que cotizaron al desempleo cuando trabajaban y el tiempo cotizado: eran 783.907 parados beneficiarios de prestaciones contributivas en septiembre (el 46% del total) y cobraban de media 988,70 euros al mes. Y luego están el resto de parados que cobran alguna ayuda (919.188 beneficiarios, el 54% del total), un subsidio “asistencial”, por unos meses, porque se les ha acabado el subsidio contributivo o porque no tenían derecho a él por haber cotizado poco o nada. Y esta mitad larga de parados cobran 480 euros al mes. 

Resulta que el seguro de desempleo, aunque es una de las mayores partidas del Presupuesto (22.130 millones gastados en 2023), no llega a un tercio de los parados reales (a 1 millón de parados) y además, supone un ingreso mínimo para casi  otro millón. Por eso, ser parado en España (se cobre o no) es ser “casi pobre”: el 41,4% de los parados eran “pobres” en 2023 (ingresaban menos del 60% de la media española, menos de 916 euros mensuales), frente al 20,2% de pobres que hay entre todos los españoles, el 14,8% entre los jubilados y el 11,9% entre los que trabajaban, según la Red EAPN.

Así que el subsidio de paro, aunque lo critican como un “despilfarro” los neoliberales y muchos empresarios, es claramente “insuficiente”. Lo señala incluso un reciente estudio del Banco de España, que indica dos diferencias con Europa. Una, que la cobertura del desempleo es baja (61% sobre el paro real) y menor que en la mayoría de paises. Y la otra, que el subsidio recibido aquí es más alto, entre el 60 y el 80% del último salario, más que la media en Europa (claro que aquí también los sueldos son mucho más bajos). Además, la Comisión Europea lleva años pidiendo a España que reforme el subsidio de desempleo, no sólo para cubrir a más parados sino para que incluya mecanismos que inciten al parado a buscar más activamente un trabajo y le ayuden mejor a recolocarse. 

Bruselas pidió a España que incluyera la reforma del desempleo dentro del paquete de reformas exigidas a cambio de los Fondos europeos. Pero esta reforma supuso primero un enfrentamiento político entre dos “alas” del Gobierno Sánchez: el Ministerio de Trabajo (Yolanda Díaz) hacía más hincapié en mejorar las ayudas a los parados y la Vicepresidenta económica (entonces Nadia Calviño) estaba más preocupada por exigir una actitud más activa a los parados para buscar trabajo y en las medidas para recolocarles. Al final, se llegó a “un pacto contra reloj” entre ambas, porque era una reforma obligada a aprobar en 2023 para que España cobrara la 4ª entrega de los Fondos Europeos. Y por eso, el Real Decreto se aprobó el 19 de diciembre de 2023, en uno de los primeros Consejos del nuevo Gobierno Sánchez (21 noviembre). Después se envió al Congreso para convalidarse, pero tropezó: en enero de 2024, Podemos votó en contra, como “castigo al Gobierno” por no mejorar la cotización de los parados mayores de 52 años y PP y Vox aprovecharon para hacer “la pinza” y echar atrás la reforma pactada con Bruselas.

El Gobierno, ya fuera de plazo, se puso a la tarea de aprobar otra reforma. Yolanda Díaz quiso “arroparse” en sindicatos y patronal para sacarla adelante. El 8 de mayo de 2024, la ahora vicepresidenta y ministra de Trabajo se hizo una foto con los sindicatos, que apoyaron el nuevo texto de la reforma, que incluía “subir del 100 al 125% lo que se cotiza por los parados mayores de 52 años hasta que se jubilan”. Pero la patronal no apoyó la reforma, alegando que no se había dado “una verdadera negociación” y no se avanzaba en mejorar “la empleabilidad” de los parados ni en reformar las políticas activas de empleo”. Con este apoyo parcial, el Gobierno Sánchez volvió a aprobar la reforma del desempleo, el 21 de mayo, y la reenvió al Congreso, donde finalmente se aprobó el 20 de junio, con el apoyo ahora de Podemos (178 votos a favor) y 171 abstenciones (ahora) de PP y Vox.

El Decreto-ley de reforma entró en vigor este 1 de noviembre y afecta al desempleo “asistencial”, no al subsidio contributivo. El primer objetivo es ampliar el número de beneficiarios y aumentar lo que cobran. Para ello, se incluyen en este subsidio asistencial a 450.000 nuevos beneficiarios, de 3 colectivos que hasta ahora no cobraban: 160.000 parados menores de 45 años sin cargas familiares (recibirán 6 meses de subsidio), 260.000 eventuales agrarios de toda España (ahora solo tienen derecho los de Andalucía y Extremadura) y otros 30.000 que son trabajadores “transfronterizos” (marroquíes) en Ceuta y melilla. Estos nuevos beneficiarios y los 919.188 que ya cobraban el subsidio asistencial recibirán, ya este mes, una ayuda mayor: los 480 euros actuales subirán a 570 euros los primeros 6 meses, bajarán a 540 euros los 6 siguientes y volverán a 480 euros los 18 meses restantes (el máximo de este subsidio asistencial son 30 meses, según edad, circunstancias familiares y duración prestación contributiva). Sólo los parados mayores de 52 años seguirán cobrando lo mismo: 480 euros hasta que se jubilen.

El segundo cambio de esta reforma del subsidio asistencial es que se simplifica y se reduce burocracia. A partir de ahora, sólo hay 2 motivos para cobrar este subsidio. Uno, haber agotado la prestación contributiva (por la que se cotiza) o no haber cotizado suficiente para recibirla. Y el otro, ser un parado mayor de 52 años. Para el resto, los que no tengan ahora derecho a prestación, se abre “una pasarela” para que accedan a cobrar el ingreso mínimo vital (IMV), ya fuera del desempleo. Otras novedades pretenden simplificar el “papeleo”: se suprime el mes de espera para solicitar un subsidio, se amplía a 6 meses el plazo para solicitarlo y se recibirá desde el día de la solicitud. Además, se suprime el doble requisito de que justifiquen  rentas bajas el beneficiario y su familia. Eso sí, tendrán que presentar la declaración de la renta (IRPF) cada año, ganen lo que ganen.

El tercer cambio y el principal objetivo de este reforma es promover y facilitar que los parados encuentren trabajo. La primera medida es que a todos los parados que cobren ayudas se les va a exigir ahora la firma de “un acuerdo de actividad”: una serie de obligaciones que ha de cumplir cada parado para mejorar su empleabilidad, desde cursos de formación y adaptación hasta explicar los trabajos que rechacen. Significa que habrá “un mayor control” del parado, no bastará con que renueve su demanda y cobre, como ahora (de hecho, el reconocimiento del subsidio durará ahora 3 meses: luego tendrá que renovar la solicitud). A cambio, la reforma abre una vía inédita a los parados: que puedan aceptar un trabajo (6 meses) sin perder temporalmente el desempleo. Hasta ahora era incompatible y eso hacía que muchos parados renunciaran a trabajos de temporada (verano o Navidad) porque perdían el paro y no les compensaba. Este cambio ahora puede facilitar que los parados acepten trabajos y las empresas “los prueben”. Sólo se ponen dos salvaguardas para evitar fraudes: que no puedan hacerlo empresas con ERE y que una empresa no pueda contratar temporalmente a un parado que haya trabajado con ella el año anterior.

Ahora falta ver cómo se desarrolla esta reforma del subsidio asistencial, si la cobran más parados y si les ayuda a salir del desempleo. Porque esta es la clave: recolocar a los parados, algo que las oficinas de empleo no consiguen. Los datos son muy evidentes, en el pasado y ahora. Así, en la última década (julio 2012 a julio de 2022), las oficinas de empleo sólo intermediaron 4,2 millones de contratos, el 2% de los contratos hechos (mientras las ETTs privadas intermediaron el 16,4% ). Y en 2022, las oficinas de empleo (SEPE), gestionadas por las autonomías, sólo intermediaron el 2,2% de los contratos . Por si no quedara claro, en el último Barómetro del CIS (octubre 2024), cuando se pregunta a los españoles “cómo consiguieron su trabajo actual”, sólo el 1,9% responde que a través de los servicios de empleo (INEM o SEPE). La mayoría dice que lo consiguió por “familiares, amigos y conocidos” (19,5%), llevando su currículo a empresas (18,2%), por “oposición” (14,4%), haciéndose autónomo (13,5%), en Webs de empleo (11,1%) o ETTs (2,5%).

España gasta menos que el resto de Europa en “políticas activas de empleo”, a pesar de que tenemos el doble de paro: en 2024, vamos a gastar 6.400 millones de euros, más del doble que hace una década  pero un porcentaje más bajo (el 0,41% del PIB) que la media europea (0,55% del PIB), Alemania (0,5%), Francia, Dinamarca o Finlandia (gastan 0,65% de su PIB). Este es “el primer contrasentido”: gastamos comparativamente más que toda Europa en pagar a los parados (y aún así, 1 millón no cobran nada hasta esta reforma) y muchísimo menos en ayudarles a buscar trabajo. Y “el 2º contrasentido”: gestionamos mal las políticas de empleo, porque no les interesan ni a los parados.

El primer dato llamativo es que hay 178.815 parados que se consideran como tales cuando les pregunta el INE (EPA) y que no están registrados como parados en las oficinas de empleo (SEPE) : ni se “molestan”, porque piensan que no van a pagarles un subsidio. Pero el desinterés por el SEPE es mayor entre los jóvenes. Salta a la vista con este otro dato: hay 524.000 parados menores de 30 años “estimados” en la EPA (septiembre 2024) y sólo 394.434 parados menores de 30 años registrados en el SEPE. De hecho, un estudio de InfoJobs y Linkedin señala que sólo la mitad (58%) de los parados de 16 a 24 años están registrados en las oficinas de empleo, porque la mayoría busca trabajo en Internet y con la ayuda de amigos y familiares.

Y no es de extrañar, porque las 4.000 oficinas de empleo (SEPE), mal gestionadas por las autonomías (y de forma muy desigual),  están colapsadas y no tienen ni medios ni personal (8.100 personas, pero necesitarían 12.000, según los sindicatos) ni tecnología (su sistema informático es obsoleto y colapsa con frecuencia) para ayudar a los 2.602.054 parados registrados (octubre 2024). Y sobre todo, no tienen personal cualificado ni realizan un seguimiento para “asesorar a los trabajadores” (uno a uno) a buscar y encontrar empleo, como establece la Ley de Empleo aprobada en febrero de 2023 y que debería estar aplicándose este año. Pero la realidad es otra: sólo 1 de cada 38 parados recibe una oferta de empleo del SEPE, según sus propias estadísticas. El resto, “se busca la vida”…

Mucha culpa de esta ineficacia de la SEPE la tienen las empresas españolas, que se quejan de que “no encuentran trabajadores” pero que apenas utilizan las oficinas de empleo públicas para buscar empleados: se apoyan más en ETTs, redes sociales y conocidos. Baste otro dato: en la web del SEPE hay registradas sólo 74.419 empresas, que tienen registradas 26.710 ofertas de trabajo…Y además, las empresas no colaboran con las oficinas públicas de empleo para promover cursos de formación a parados que les sean útiles para contratarlos después. De hecho, los cursos de formación del SEPE son otro fracaso: asisten menos del 10% de los parados registrados. Y en muchos casos, porque son demasiado largos (más de 600 horas) y poco ligados a la formación que se necesita, además de muy presenciales.

Otra pata que falla en las políticas de empleo son los incentivos a la contratación de parados, generalmente bonificaciones o deducciones en las cotizaciones sociales a las empresas que contratan a determinados trabajadores (mayores, discapacitados, mujeres, jóvenes. Los expertos (AIReF, Funcas) han reiterado que estos contratos subvencionados (15 millones al año) son un coste inútil, “un peso muerto”: la mayoría se harían sin la ayuda, que sólo reduce el coste laboral de las empresas. Hay colectivos de parados cuya contratación hay que apoyar, pero por otras vías, como la formación y reconversión. Una urgencia  son los “parados de larga duración” , los que llevan más de 1 año sin trabajar: son ya 1.025.000 parados (el 79%, mayores de 45 años), el 37,21% del total (el 44% en Andalucía y Canarias). Y entre ellos, hay 585.000 que llevan parados más de 4 años. El Gobierno prometió en 2023  un Plan especial para combatir  este “paro enquistado” y no se ha aprobado nada.

En resumen, somos el país con más paro de Europa y el que menos y peor gasta en ayudar a esos 2,7 millones de parados reales a recolocarse. Esa es la reforma del paro que urge y la que no se aborda, porque la gestión del empleo está (también) en manos de las autonomías y cada una gestiona a su aire los recursos públicos de Europa, del Presupuesto estatal y de sus propias cuentas (poco). Así que seguimos fracasando ante “una tasa de paro inadmisible”, nuestra gran “asignatura pendiente”.

Elecciones 28-M: nos jugamos mucho

Este domingo son las elecciones en 8.131 municipios y 12 autonomías, más Ceuta y Melilla. La derecha se empeña en desvirtuarlas y convertirlas en un plebiscito sobre el Gobierno Sánchez, cuando lo que se juega es quien gestiona los servicios y problemas que más nos preocupan: sanidad, educación, Dependencia, ayudas sociales, vivienda, empleo, Justicia, transportes, tráfico y contaminación o despoblación. España es el tercer país más descentralizado de Europa y el Estado del Bienestar depende de autonomías y Ayuntamientos. Y cada uno gasta distinto, baja o sube impuestos y tiene distintas prioridades. Eso es lo que deberíamos valorar y no los pactos con Bildu o la gestión del Gobierno. Pero los grandes temas, desde la sanidad a la pobreza, los transportes o el empleo, no han salido apenas en esta campaña. Este Blog recopila los datos básicos, la situación por autonomías y el papel de los Ayuntamientos, para centrar el debate en lo que nos importa. Lee, infórmate (aquí y fuera) y vota.

Enrique Ortega

España es uno de los paises más descentralizados del mundo, con un gran peso de los gobiernos regionales y locales en la política y el gasto. Así, el 44% de todo el gasto público en España lo hacen las autonomías (32%) y los Ayuntamientos (12%), según la OCDE (datos 2019). Y así, somos el tercer país con más descentralización del gasto en Europa, tras Suiza (57% gasto lo realizan cantones y ciudades) y Bélgica (46% de gasto público es no estatal). Y superamos en gasto descentralizado a paises federales como Alemania (40%) o Estados Unidos (48%) y a la media OCDE (31%), muy por delante de dos paises bastante centralizados como Francia (sólo el 20% del gasto no lo hace el Estado) e Italia (28%), según este reciente estudio del Banco de España.

Sin embargo, el informe revela que esta gran descentralización de los gastos públicos en España no se corresponde con la descentralización en los ingresos, que es mucho menor: así, autonomías y Ayuntamientos sólo recaudan el 22,6% de todos los ingresos públicos. Este desequilibrio indica dos cosas. Una, que autonomías y Ayuntamientos están muy dispuestos a gastar pero no a subir sus impuestos, que les puede costar votos. Y la otra, que este desequilibrio “se tapa” con las aportaciones (crecientes) del Estado central, que traspasa parte de sus ingresos impositivos a autonomías y Ayuntamientos (un porcentaje de lo que recauda por IRPF, IVA o impuestos especiales, más transferencias anuales). Y eso permite que algunas autonomías y Ayuntamientos bajen impuestos, como bandera electoral, gracias a la mayor aportación de fondos del Estado central.

En 2023, esta disparidad entre gastos descentralizados e ingresos se ha agravado, porque el Gobierno Sánchez ha multiplicado sus transferencias a autonomías y Ayuntamientos, gracias al aumento extra de la recaudación prevista (+35.000 millones), por la inflación, el aumento del empleo y el crecimiento de la economía. Así, los gobiernos regionales y locales recibirán este año 157.000 millones del Estado central, la mayor aportación de la historia: las autonomías recibirán 134.335 millones (+26.130 millones, +24% más que en 2022) y los Ayuntamientos 23.035 millones (+1.100 millones, un 5% más que en 2021. Y también han sido importantes las transferencias recibidas en años anteriores. Con ello, las autonomías recibirán 178.750 millones más en los 5 años de Gobierno Sánchez (2019-2023) que los recibidos en los cinco años anteriores del Gobierno Rajoy (2013-2017).

No es ningún “regalo”: simplemente, se ha recaudado más y una parte de esos ingresos extras se han transferido a autonomías y Ayuntamientos, que no recaudan más, porque asientan su financiación en un sistema que les quita responsabilidad fiscal y deja el grueso de los ingresos periféricos al Estado central. Pero lo realmente chocante es que algunas autonomías y Ayuntamientos, sobre todo las gobernadas por el PP, han aprovechado estos mayores ingresos del Estado para bajar ellos sus impuestos (autonómicos y municipales), en lugar de aprovecharlos para reforzar servicios, desde la sanidad y la Educación a la Dependencia o la Vivienda. Incluso, y es más escandaloso, algunas han recortado gastos en Dependencia, en servicios sociales (rentas básicas) o en vivienda, sanidad y educación, destinando los extras recibidos a otras partidas (y a bajar impuestos: la Comunidad de Madrid pierde 900 millones de ingresos cada año por suprimir el impuesto de patrimonio).

Al final, la clave de la gestión autonómica y municipal (y de estas elecciones) debería ser quien  ingresa más o menos y quien gasta más o menos. Si analizamos los Presupuestos autonómicos de 2022, la conclusión es clara: algunas autonomías apuestan por ingresar menos y, en consecuencia, gastan menos en sus ciudadanos. Veámoslo. Ingresos: de las 6 autonomías que menos ingresan por habitante, 5 están gobernadas por el PP: Madrid (3.809 euros por habitante), Andalucía (4.225), Canarias (4.410), Murcia (4.547), Castilla y León (4.729) y Galicia (4.866 euros por habitante). Unos ingresos que contrastan con los de Navarra (7.967 euros/habitante), La Rioja (6.121), País Vasco (6.024), Cataluña (5.781), Castilla la Mancha (5.557) y Aragón (5.315 euros). Y lógicamente, a la hora de gastar pasa lo mismo: son las mismas 6 autonomías (5 gobernadas por el PP) las que menos gastan (en servicios al ciudadano): Madrid (3.809 euros por habitante), Andalucía (4.225), Canarias (4.410), Murcia (4.547), Castilla y León (4.854) y Galicia (4.866). Y se repiten las 6 autonomías que más gastan: Navarra (7.967 euros/habitante), La Rioja (6.121), País Vasco (6.024), Cataluña (5.781), Castilla la Mancha (5.532) y Aragón (5.315 euros/habitante).

Esto es aún más importante porque las autonomías son las que gestionan la mayor parte del Estado del Bienestar, dado que España es el 2º país europeo con más descentralización de competencias, tras Alemania. Basten tres datos: las autonomías gestionan el 92% del gasto sanitario público, el 85% del gasto educativo y el 73% del gasto en Dependencia… Por eso son tan importantes estas elecciones: nos jugamos quien gestiona y cómo servicios claves: sanidad, educación, Dependencia, servicios sociales, vivienda, fomento del empleo, transportes, Justicia… Y ayudas importantes a la cultura, la agricultura, la industria y el comercio, la investigación, la familia o la despoblación. Y en el ámbito municipal, la limpieza, los servicios municipales, el transporte, el agua, la movilidad o la contaminación y los servicios sociales. Hagamos un repaso de su situación.

La sanidad es la 4ª mayor preocupación de los españoles, según el CIS, tras la crisis económica, el paro y la política. Los ciudadanos dan una nota de 6,14 a la sanidad pública (6,74 en 2019), pero un 46,8% piensan que necesita cambios importantes, sobre todo en la atención primaria y en reducir las listas de espera. Y aquí volvemos a la desigualdad en el gasto. Hay 6 autonomías que gastarán poco en sanidad este año 2023, mucho menos que la media (1.809 euros por habitante): Madrid (1.446 euros), Cataluña (1.456), Murcia (1.535), Andalucía (1.605), Comunidad Valenciana (1.628) y Canarias (1.651). Y otras 6 que gastan bastante más en sanidad: Asturias (2.133), País Vasco (2.130), Extremadura (2.092), Navarra (2.020), Castilla y León (1.999) y Baleares (1.827 euros). Y el gasto sanitario autonómico apenas ha crecido, a pesar de la pandemia. Es más: hay 4 autonomías que gastaron menos en sanidad en 2021 que en 2019: Madrid (-874 millones, -9,96%), Murcia (-231 millones, -9,58%), Cataluña (-969 millones, -9,10%) y Canarias (-6,3 millones, -0,19%).

Está claro que mejorar la sanidad no pasa sólo por gastar más (necesario pero no suficiente) sino por gestionar mejor, con más personal (faltan 8.000 médicos, 15.000 enfermeras y 10.000 administrativos), mejores políticas laborales (menos precariedad y más incentivos) y  potenciando la atención primaria (se lleva el 13,9% del presupuesto total, un 10,7% en Madrid, cuando debería recibir el 25%, según la OMS). Pero el gasto es clave. Y si no, veamos las regiones con peor sanidad, según el ranking de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que valora múltiples factores: a la cola están Andalucía (65 puntos sobre 143), Murcia (71), Comunidad valenciana (73) y Canarias (73), seguidas de Madrid (74), Cataluña (75), Castilla la Mancha (80) y Baleares (81), 6 de las 8 autonomías que menos gastan en Sanidad. Y dan la mayor puntuación a la sanidad de Navarra (108 puntos de 142), País Vasco (106), Extremadura (95), Asturias (93) y Aragón (92)… que son 4 de las 6 autonomías que más gastan en sanidad (¿casualidad?).

Vayamos a la educación, otra competencia clave que gestionan las autonomías. Aquí se repite la tremenda desigualdad en el gasto educativo. Y se repiten las autonomías que menos gastan en educación (año 2022): Madrid (819 euros por habitante), Canarias (907), Castilla y León (968), Galicia y Aragón (998), Asturias (935) y Baleares (937 euros/habitante). Y las que más gastan: País Vasco (1.445), Navarra (1.349), Murcia (sorpresa: 1.080 euros), Comunidad Valenciana (1.192), Cantabria (1.167), Extremadura (1.173) y Andalucía (1.017 euros/habitante). Y otra vez pasa lo mismo: el gasto educativo de las autonomías ha crecido poco estos años (+4.128 millones entre 2021 y 2019, un +9,98%), sobre todo en Cantabria (cayó en 0,6 millones, -0,10%), País Vasco (+102,5 millones,+3,51%), Madrid (+226,6 millones, +4,64%) y Cataluña (+313,9 millones, +4,89%).

Al final, la calidad de la educación también es muy diferente por autonomías, no sólo por su mayor o menor gasto sino por su gestión y los medios que tienen (de los 33.323 profesores contratados por la pandemia, 16.000 han sido despedidos entre 2022 y 2023). España es líder europeo en alumnos repetidores (el 29% de los jóvenes de 15 años han repetido, frente al 16,1% en la OCDE), estando en cabeza Andalucía, Castilla la Mancha, Madrid y Galicia. Y en abandono escolar temprano (el “cáncer” de nuestra educación: jóvenes de 18 a 24 años que no han completado la ESO o no han completado Bachillerato o FP), donde España alcanza un 13,9% (superior al 9,7% en la UE), superan esta media Murcia (18,7%), Baleares (18,2%), Cataluña (16,9%), Comunidad Valenciana (15,7%), Andalucía (15,3% y Castilla la Mancha (15,1%). Globalmente, Murcia y Madrid tienen los peores datos de educación pública en España y el País Vasco los mejores, según este completísimo estudio de la Asociación Sociedad Civil por la Educación.

Vayamos a la cuarta pata del Estado del Bienestar (en la 3ª, las pensiones, no intervienen las autonomías), la Dependencia, un derecho reconocido en 2007 y que gestionan y co-financian las autonomías. El balance es bastante desastroso: hay 353.965 dependientes desatendidos (176.542 dependientes “pendientes de valoración”, “aparcados”, y otros 177.423 dependientes en “lista de espera” de atención: tienen legalmente reconocida una ayuda, prestación o servicio, pero que no la reciben). Y la mayoría de estos dependientes “desatendidos” son  mayores, lo que condujo a que 45.360 ancianos murieran en 2022 sin recibir la atención que les correspondía.  Encima, en 2021, el Gobierno aprobó un Plan de Choque, con el que ha duplicado su aportación a la Dependencia, mientras 10 autonomías aprovecharon que había más recursos estatales para reducir ellos su financiación, para “hacer Caja” y gastar 309 millones menos en Dependencia: son Castilla y León, Galicia, Aragón, País Vasco, Navarra, Murcia, Extremadura, Canarias, La Rioja  y Castilla la Mancha.

En Dependencia, también el gasto autonómico es desigual, con grandes diferencias entre los que más gastan por habitante (7.159 euros La Rioja, 6.835 Castilla la Mancha y 6.752 Euskadi) y los que menos (4.101 euros Asturias, 4.155 Aragón, 4.377 Castilla y León y 4.537 euros Baleares). En conjunto, todos aportan relativamente menos que antes de la pandemia: si las autonomías financiaban el 63,8% de la Dependencia en 2019, en 2022 sólo financian en 53%, mientras crece la financiación del Estado (del 15,5 al 26,5%) y sobre todo el copago de las familias (financian el 20,5% del gasto). Y existe un ranking de la gestión autonómica de la Dependencia, que elaboran desde 2008 los Directores de Servicios Sociales: suspenden en 2022 Murcia (2,4 puntos sobre 10), Canarias (2,9), Cataluña, Cantabria y Asturias (3,5), Euskadi (3,8), Ceuta y Melilla (4,4), Aragón (4,4) y Extremadura (4,7), destacando Castilla y León (7,5 puntos), Castilla la Mancha (7,9) y Extremadura (7,6).

Vayamos a la vivienda, donde las autonomías tienen competencias para promover viviendas protegidas (VPO) y gestionar ayudas a la compra y alquiler (con fondos propios y del Estado central). La dejación de responsabilidades ha sido generalizada. Basten 2 datos. Uno, las autonomías han promovido 3.090 VPO en toda España en 2022. Y hay 5 autonomías que no terminaron en 2022 ninguna vivienda protegida: Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Murcia y la Rioja, más Ceuta y Melilla). Y tres autonomías (Aragón, Asturias y Extremadura) no promovieron ninguna VPO para alquilar. En general, no hay promoción pública de vivienda y los promotores privados se quejan de que no les facilitan suelo para construir y que se les fija unos precios (módulos) que no les compensan. Además, el gasto en políticas autonómicas de vivienda es ridículo y también desigual: el gasto menor por habitante lo hacen Baleares (26 euros), Castilla y León (27), Murcia (32), Andalucía (37), Madrid (40), Aragón (42), Asturias (43) y Galicia (48 euros por habitante), destacando sólo el esfuerzo de Navarra (153 euros), Euskadi (89), Cataluña (85) y Comunidad Valenciana (73). Otra crítica a las autonomías es que gestionan con retraso y excesiva burocracia las ayudas públicas (del Estado y propias) al alquiler (del 40 al 50% para jóvenes) y compra de vivienda.

Otra cuestión clave que gestionan las autonomías es la política de empleo, la gestión de las oficinas de empleo y con ella, la concesión de los subsidios, los cursos de formación y los incentivos a la recolocación. Otro desastre: las oficinas del SEPE sólo han gestionado el 2% de los contratos hechos en la última década. Y sólo 1 de cada 38 parados que cobran el desempleo llegan a recibir una oferta de empleo. Además, la gestión de cursos es ineficaz y por eso sólo los hacen el 2% de los parados. Todas las oficinas de empleo necesitan más personal y mejor formado para ayudar a la recolocación de los parados, pero los datos indican que las regiones que consiguen más recolocaciones son Extremadura, Andalucía y Canarias y las que menos son Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid.

Una competencia autonómica clave, compartida con los Ayuntamientos, son los servicios sociales, el gasto social para atender a los más desfavorecidos. Y aquí, también el esfuerzo es muy desigual: las que hacen menos gasto social son Baleares (227 euros por habitante), Canarias (266), País Vasco (296), Murcia (310), Andalucía (317) y Madrid (310 euros/habitante), mientras el mayor gasto social lo hacen Navarra (669 euros por habitante), Extremadura (557), Asturias (507) y la Rioja (504). Y además, muchas autonomías han aprovechado que el Estado aprobaba el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para reducir su renta básica, la ayuda que dan a los más pobres: les llegaba en 2021 a 645.317 beneficiarios, con un gasto de 1.772 millones de euros. Son 150.000 beneficiarios menos y un recorte de 247 millones (-12,58%) sobre los datos de 2020. Adivinen quien ha recortado más en rentas mínimas: Madrid (-55,4%), Aragón (-52,5%), Castilla la Mancha (-53,37%), Castilla y León (-40,15%) y Melilla (-44,93%), aumentando este gasto sólo Cataluña (+0,53%).

Este mínimo gasto social choca con las altas cifras de pobreza, muy desigualmente repartida entre las autonomías. En 2022, había 9.698.436 españoles “pobres” (el 20,40% de la población), algo objetivo de medir: los que ingresan menos del 60% de la renta media del país (menos de 841 euros al mes los solteros y 1.765 euros las familias con 2 hijos). De ese total, el 59% se concentra en 4 regiones: Andalucía (2.481.567 “pobres”, el 29,1% de la población), Comunidad Valenciana (1.129.539, el 22,3%), Cataluña (1.112.909, el 14,5%) y Madrid (1.004.418 “pobres”, según el INE, el 14,8% de los madrileños). Y si nos fijamos en los pobres que no llegan a ingresar ni el 40% de lo que gana el español medio, son 5.476.908 los españoles “en pobreza severa” (1.254.816 en Andalucía, 678.082 en la Comunidad Valenciana, 621.441 en Cataluña y 557.640 en Madrid), los que engrosan esas “colas del hambre” de las que casi nadie habla y a los que apenas se atiende.

Y luego quedan muchas competencias autonómicas en Justicia (transferida a 12 autonomías, todas salvo Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, Murcia y Baleares, más Ceuta y Melilla), con gran desigualdad en el gasto (60 euros por habitante en Galicia  a 96 en Euskadi), en transporte (con autonomías que apenas lo subvencionan), en comercio y turismo, en investigación (Castilla la Mancha gasta 22 euros por habitante y 30 Murcia, frente a 392 la Rioja y 250 euros Euskadi), o Cultura (Murcia gasta 14 euros/habitante y Madrid 31 frente a 113 Navarra y Cataluña 60). Y el grave problema de la despoblación: 6 regiones pierden población respecto a 2019 (-26.908 habitantes Castilla y León, -18.114 Asturias, -12.934 Extremadura, -9.035 Galicia, -1.660 Ceuta y -1.317 Melilla). Y la ganan Cataluña (+117.394), Madrid (+86.942), Andalucía (+85.947) y Comunidad Valenciana (+64.198).

Me he alargado con las autonomías, pero no quiero terminar sin hablar de los Ayuntamientos, que gastan unos 50.000 millones al año en servicios básicos para el ciudadano: recogida de basuras, transportes, abastecimiento de aguas, policía municipal y obras. Aquí también, el gasto es muy desigual, muy relacionado con su población y su economía, clave para los ingresos municipales: dos tercios proceden de la vivienda, del IBI, y el resto de los vehículos, la actividad comercial, las tasas y las transferencias del Estado y las autonomías.  Los Ayuntamientos con más gasto por habitante (media 2018-2021) son Barcelona (1.666 euros), Bilbao (1.612), Madrid (1.355), Granada (1.092), Santa Cruz de Tenerife (1.087), Sevilla (1.065), Pamplona (1.018), Málaga (1.010), Zaragoza (1.002) y Valencia (1.002). El mayor problema lo tienen los Ayuntamientos pequeños, con bajos ingresos y que han de mantener un gasto mínimo (la farola alumbra a menos personas y gasta lo mismo).

Uno de los grandes retos de los Ayuntamientos es ampliar su gestión, porque son "la primera línea de los problemas" (vivienda, empleo, pobreza) y les faltan recursos y competencias. El Gobierno Rajoy (Montoro) les utilizó para bajar el déficit público global  y llevan años con superávit y el contrasentido de que no lo pueden gastar: tienen 37.370 millones en efectivo y depósitos, que sólo pueden destinar a rebajar su deuda, no a la vivienda, el tráfico o los pobres. Y deberían recibir más recursos del Estado y las autonomías, hasta un 25% del total (ahora gestionan el 12% del gasto público). Sobre todo porque tienen grandes retos, como la movilidad, la contaminación, las infraestructuras y los servicios públicos, que conocen y deberían gestionar más, en detrimento de las autonomías y el Estado.

Si has llegado hasta aquí, verás que nos jugamos mucho en estas elecciones del 28-M, porque los políticos autonómicos y municipales gestionan cuestiones clave en nuestras vidas, desde la sanidad, educación o dependencia al empleo, la vivienda, la Justicia, el tráfico, el agua, la contaminación o los parques. Así que valora cómo están esos servicios, cómo se gestionan y el gasto que se hace (ver cuadro) antes de votar el domingo. Infórmate y vota.

EPA marzo 2023: se pierde empleo (menos)

La economía española crece menos y por eso llevamos medio año perdiendo empleo: -81.900 a finales de 2022 y -11.200 empleos en el primer trimestre (la menor caída desde 2008), según la EPA publicada hoy. Pero ahora trabajan 485.900 españoles más que antes de la pandemia. Y, sobre todo, hay 1,68 millones más de trabajadores fijos que antes de la reforma laboral. Eso sí, seguimos con más de 3 millones de parados y un 28% llevan más de dos años sin trabajo. Urge un Plan de choque para recolocar a estos parados, sobre todo mujeres, jóvenes y mayores de 45 años. Y la gestión de las políticas de empleo corresponde a las autonomías, que acaban de recibir 2.803 millones del Presupuesto y los Fondos UE para hacerlo. Un reto del que no se habla para las elecciones del 28-M. Además, urge subir los salarios para reanimar el consumo y la contratación. Hay que dar un empujón al empleo en un año difícil.

Enrique Ortega

El primer trimestre suele ser malo para el empleo, por el fin de las Navidades y el menor consumo en la “cuesta de enero”. Así, en 2022 se perdieron -100.200 empleos, otros -137.500 en el primer trimestre de 2021 y hasta -285.600 al inicio de 2020 (por la pandemia). Este año ha seguido la tendencia negativa, pero menos, por las contrataciones hechas para afrontar una Semana Santa récord: el empleo cayó sólo en -11.100 ocupados, la menor caída desde 2008, según la EPA conocida hoy. El empleo cayó sobre todo en el sector privado (-8.800 empleos) y menos en el sector público (-2.300 empleos), bajando en la industria (-11.200 empleos), agricultura (-5.000) y construcción (-2.700), pero subiendo en  los servicios (+ 7.800 empleos). La pérdida de empleo se debió a los hombres (-52.800 ocupados), porque el empleo de las mujeres aumentó en el primer trimestre (+41.700). Y cayó entre los más jóvenes, creciendo entre los 25 y 34 años y en los mayores de 50 años. Y por autonomías, el empleo cayó en Baleares (-38.600), Castilla y León (-21.400) y Canarias (-13.600), pero creció la ocupación en Andalucía (+66.300), Madrid (+31.400) y Aragón (+7.300).

Con esta ligera pérdida de empleo en el primer trimestre de 2023, ahora trabajan en España 20.452.800 personas, la cifra más alta desde el verano de 2008 (20.556.400 ocupados), según la EPA. Trabajan ahora  368.000 personas más que hace un año y hay  485.900 ocupados más de los que había antes de la pandemia (19.966.900 trabajaban a finales de 2019), a pesar de la posterior crisis por la inflación y la guerra de Ucrania. Y sólo quedan unos 15.000 trabajadores “aparcados” en ERTEs (finales de marzo), la quinta parte que hace un año y muy lejos de los 3,5 millones en ERTEs que había en abril de 2020.

Esta pequeña caída del empleo al inicio de 2023 (-11.100 ocupados) ha llevado a una subida del paro mucho mayor (+103.800 parados en el primer trimestre), porque en paralelo han aumentado mucho los españoles “activos”, las personas que buscan trabajo ahora, tras lo peor de la pandemia: los “activos” aumentaron en 92.700 personas en el primer trimestre de 2022 (mientras caían en -29.400 personas el primer trimestre en 2022), agravando más las cifras de paro, según la EPA. Es un proceso que se ha ido viendo trimestre a trimestre: aumentan las personas que buscan trabajo. Y ya hay más adultos “activos” (buscando trabajo o trabajando) que antes de la pandemia: 23.580.500 personas frente a 23.064.100 activos a finales de 2019. Todo apunta a que seguiremos así, con lo que en los próximos meses sucederá lo que hasta ahora: el paro bajará menos de lo que sube el empleo. 

Volviendo al paro, ha subido en +103.800 personas en el primer trimestre, una subida mayor a la de comienzos del año pasado (+70.900 parados) y a las subidas del primer trimestre de 2021 (+65,800 parados) y 2019 (+49.900 parados), siendo superada sólo por el aumento del paro al inicio de 2020, por la pandemia  (+121.000 parados), según la EPA de hoy. El paro ha subido el triple entre las mujeres  (+75.400 paradas) que entre los hombres (+28.400 parados), un síntoma claro de que hay más mujeres buscando trabajo (activas). Y por edades, el paro crece sobre todo entre los mayores de 25 años (+93.400 parados) . El  paro subió sobre todo en los servicios (+147.700 parados). Y por autonomías, el mayor aumento del paro se dio en las autonomías turísticas (+48.000 parados en Baleares y +33.500 en Canarias) y en  Cataluña (+20.000 parados), bajando en Andalucía (-19.100), Madrid (-16.200 y Asturias (-6.700).

La cifra total de desempleados sube a  3.127.800 parados, la más baja en España desde diciembre de 2008 (3.206.800 parados entonces), según el INE. Y la tasa de paro española sube al 13,26 %,  la menor desde 2008 (13,79% de paro), aunque sigue duplicando la tasa de paro europea (6% en febrero) y la de los principales paises de la UE, como Francia (7% de paro), Italia (8%) y sobre todo Alemania (2,9% de paro, cinco veces menos que España).Y sigue muy elevada la tasa de paro juvenil (menores de 25 años): el 30,03% de los más jóvenes están en paro, el doble que en Europa (14,5% de paro juvenil) y más que en Francia (17,6), Italia (22,4%) y Alemania (5,7% de paro juvenil, la quinta parte que en España), según Eurostat.

Los datos de paro, aunque mejores que antes de la pandemia y al nivel de 2008, revelan tres cuestiones preocupantes. La primera, que todavía hay 1.055.300 hogares con todos sus miembros en paro (+ 42.100 hogares que antes de la pandemia). La segunda, que España sigue con 6 regiones que tienen una tasa de paro “escandalosa”: Melilla (26,06% de paro), Ceuta (23,9%),), Extremadura (19,53%), Andalucía (18,31%), Baleares (18,14%) y Canarias (17,17% de paro), según la EPA de hoy. Y hay 5 regiones con un paro “europeo”, que ronda el 10%: País Vasco (8,44%), Aragón (8,94%), Cantabria (9,29%), Cataluña (10,37%) y Navarra (12,13%). Y la tercera cuestión preocupante es que aumentan los parados de larga duración, los que llevan más de 1 año sin trabajo: son ya 1.305.000 parados (+22.200 que a finales de 2022), el 41,73 % de todos los parados.

Esto provoca que a muchos parados se les acabe el desempleo y no cobren ya ningún subsidio, pasando a una situación de pobreza extrema. En febrero de 2023, último dato de Trabajo, cobraban alguna ayuda 1.863.952 desempleados: menos de la mitad (el 45,8%) cobraban un subsidio contributivo (según lo cotizado), de 961,6 euros de media, y el resto (un 54,2%) cobraban un subsidio asistencial, de 480 euros mensuales. Así que, solo un 65% de los parados registrados en el SEPE (2.862.260 en marzo) cobran algún subsidio. Y si tomamos los parados estimados por la EPA de hoy (3.127.800 parados), la cobertura del desempleo alcanza sólo al 59,6%. Eso significa que casi la mitad de los parados (el 40,4% %) no cobra ninguna ayuda pública, cuando antes de la pandemia, en 2019, eran sólo un 38,5% los parados que no cobraban nada. De hecho, CCOO denuncia que un 35% de los parados  inscritos en el SEPE con experiencia laboral no cobran ninguna ayuda pública por desempleo (y un 41% si se suman los parados que nunca han trabajado).

Mientras cae el paro y el empleo vuelve a crecer, la mejor noticia es que el empleo que se está creando en 2023 sigue siendo  menos precario, de más calidad, gracias a la reforma laboral aprobada a finales de 2021. En este primer trimestre de 2023, el 45,5% de todos los contratos firmados fueron indefinidos (1.639.200 de 3.600.600), un porcentaje que duplica el de hace un año (22,7% de contratos indefinidos en el primer trimestre de 2021) y cuadruplica los contratos indefinidos de todo el año 2021 (10,9%), según los datos de Trabajo. Y además, de cada 3 contratos hechos este primer trimestre, 2 son a tiempo completo (2.088.600) y 1 a tiempo parcial. Con ello, aumentan los asalariados con contrato fijo (indefinido): eran ya  14.350.600 asalariados a finales de marzo, el 82,72% del total,  1.684.800 trabajadores fijos más que antes de la reforma laboral (había 12.665.800 asalariados fijos a finales de 2021, el 74,61% del total). Y el porcentaje de trabajadores temporales baja del 25,39% al 17,28% ahora, todavía más alto que la media de temporalidad en Europa (12,1% en 2022).

Mientras mejora la calidad del empleo que se crea, el gran reto sigue siendo crear más empleo, porque en España trabaja menos gente que en Europa, en relación a la población: aquí trabajan el 64,4% de los que tienen entre 15 y 64 años, frente al 69,9% que trabajan de media en Europa, el 68,1 en Francia, el 60,1% en Italia y el 77,2% en Alemania, según Eurostat (2022). Eso quiere decir (“a lo claro”) que debería haber 1,8 millones de españoles más trabajando si tuviéramos el nivel de empleo europeo. Y  4 millones más trabajando si fuéramos como los alemanes. Por eso  (y por nuestra menor productividad) tenemos menos nivel de vida que los paises del centro y norte de Europa.

Pero para crear más empleo hay que crecer más y este año 2023 creceremos bastante menos que el año pasado: +1,5% según el FMI y +2,1% según el Gobierno, mucho menos que el +5,5% que crecimos en 2022 y 2023. Por eso, la previsión es que España creará menos empleo en 2023, entre 100.000 y 150.000 nuevos empleos según distintas previsiones (frente a +278.900 empleos creados en 2022). Todo va a depender de la marcha de la guerra en Ucrania, de que siga moderándose la inflación y del daño que hagan las subidas de tipos del BCE, que ya ha aprobado 6 subidas y que se plantea aprobar otra el 4 de mayo (dejando los tipos en el 3,75%). Si la economía internacional no se hunde y tampoco Europa (al borde de la recesión, sobre todo Alemania, Italia y Reino Unido), el empleo podría crecer otra vez este año, empujado por el turismo (que volverá a los récords de 2019) y el tirón de los Fondos europeos (ya han llegado 37.030 millones, que financian casi 300.000 proyectos).

Además de crecer más, el objetivo en 2023 debería ser fomentar el empleo de los colectivos con más problemas para colocarse, básicamente mujeres, jóvenes y mayores de 45 años, que constituyen el grueso de los 3 millones largos de parados a los que hay que dar una salida. Eso requiere dos cosas. Por un lado, dedicar más recursos públicos a las políticas activas de empleo, a formar y recolocar a los parados, sobre todo a los que llevan más de 2 años parados (el 28% de los desempleados). El pasado 11 de abril, el Consejo de Ministros aprobó una partida de 2.803 millones para incentivar la contratación de parados, con recursos del Presupuesto y de los Fondos europeos (231,8 millones). Ya los ha repartido entre las autonomías, que son ahora quienes tienen que gestionarlos. Y las autonomías gestionan también las oficinas de empleo, que necesitan reformarse y modernizarse, porque son un desastre: sólo gestionan el 2% de los contratos. Y sólo 1 de cada 38 parados que cobran el paro llegan a recibir una oferta de trabajo del SEPE.

Así que una buena parte del empleo depende de lo que hagan las autonomías, otra razón más para pensarse el voto este 28-M, junto a la sanidad, la educación o la Dependencia, las políticas públicas que gestionan los gobiernos autonómicos. Y en paralelo, también hay una gran responsabilidad de empresarios y sindicatos, que deberían pactar una subida razonable de salarios y planes de empleo en las empresas que tienen beneficios. Porque hay un problema de fondo, que notamos cada vez que nos obligan a hacer colas o retrasan prestarnos un servicio: muchas actividades están “cortas” de empleo, faltas de trabajadores, aunque ahora vendan y ganen mucho más que antes de la pandemia. Baste un dato: España produce hoy un 23% más que en 2007 (1,32 billones de PIB frente a 1,07 billones) con menos trabajadores (20.452.800 hoy frente a 20.600.000 en 2007). Hace falta que las empresas apuesten por contratar más trabajadores y no sólo por ganar más, a costa de tensar las plantillas en perjuicio del empleo y de la atención a los consumidores. Más contratos hoy son más clientes mañana.

EPA marzo 2019: menos empleo y más paro

La EPA publicada hoy, con una caída del empleo y un aumento del paro, debería servir para que los partidos hablaran menos de la Patria y de Cataluña y se plantearan resolver la 1ª preocupación de los españoles: el paro. Porque hay 3.354.200 parados, un 14,70% de los adultos (y un 35% de los jóvenes), más del doble que en Europa. Y casi la mitad llevan más de un año sin trabajo y sin cobrar el paro, sobreviviendo en la pobreza. Son datos como para que los partidos acordaran un Plan de choque contra el paro, con recursos, formación y ayuda a los parados que lo tienen peor: jóvenes, mujeres y mayores de 50 años. Y más cuando, este año, Europa está estancada y España crecerá menos y se crearán menos empleos (muy precarios). Pero no se unirán contra el paro: harán declaraciones, le echaran la culpa al otro y seguirán “a su bola”, mientras el paro se enquista y los jóvenes y muchos españoles “no ven una salida”. Volcarse en una “cruzada contra el paro”. Eso sí sería “patriotismo”. 

enrique ortega

El primer trimestre es, desde 2008, una mala época para el empleo, porque se acaban los contratos de Navidad y Reyes, que suelen ser de temporada. Y este año ha sido aún peor, porque la Semana Santa no ayudó en marzo (como en 2018), porque cayó en abril. Y por eso, el empleo cayó, entre enero y marzo de 2019, en -93.400 personas, según la EPA de hoy, aunque sea menor a la del año pasado (-124.100 empleos en el primer trimestre 2018) y mayor que en 2016 (-64.600) y 2017 (-69.800). El empleo ha “pinchado” sobre todo en los servicios (- 109.200 empleos), en el turismo, la hostelería y el comercio, mejorando muy poco  en la industria  (+200 empleos), la construcción (+1.400) y algo más en la agricultura (+ 14.100 empleos). El empleo se ha perdido más entre los hombres (-54.000 empleos) que entre las mujeres (-39.400) y entre los más jóvenes: dos tercios de empleos los pierden los jóvenes (-70.000 empleos entre 16 y 29 años), algunos menos los de 40 a 44 años (-48.400) y curiosamente mejoran su empleo los mayores de 50 años (+38.500 empleos). Y donde se pierden más empleos es en Baleares (-40.000), Castilla y León (-26.200) y Canarias (-20.900), mientras ganan empleo Andalucía (+15.900), País Vasco (+5.300) y Extremadura (+5.100).

El poco empleo creado este primer trimestre ha sido otra vez un empleo muy precario, como entre 2014 y 2018: de los 5.138.900 contratos firmados entre enero y marzo (una barbaridad, porque se hacen muchos para cada empleo), el 89,69% fueron temporales (la cuarta parte, por menos de una semana de duración) y un 10,31% indefinidos, un dato similar al 10,25% de contratos indefinidos firmados en todo 2018, según los datos del Ministerio de Trabajo. Y un 33,18% fueron empleos a tiempo parcial, por horas, similar dato al 35,8% de contratos a tiempo parcial de 2018. Con ello, sólo el 6,8% de todos los contratos firmados este año han sido “normales”, fijos y a jornada completa, una precariedad que se arrastra desde 2009 (6,5% en 2018).

Esta pérdida de empleo en 2019 ha llevado a un aumento del paro en este primer trimestre, sumando  49.400 parados nuevos parados (frente a +29.400 entre enero y marzo de 2018), lo que da una cifra estimada de 3.354.200 parados a finales de marzo de 2019, según la última EPA . Una cifra que podría haber sido mayor si no hubieran bajado este trimestre  los españoles que buscan trabajo, los “activos” (- 43.500 activos), porque hay más personas “desanimadas” que ya ni buscan empleo. Con ello, la tasa de paro sube al 14,70 %, todavía la más baja desde 2008 pero  seguimos teniendo más del doble de paro que Europa: 6,5% en la UE-28 y 7,8% en la zona euro, 8,8% en Francia y 3,1% de paro en Alemania, en febrero de 2019, según Eurostat . Y la tasa de paro juvenil (menores de 25 años) todavía está en el 34,9%  en España, frente al 14,6% en Europa.

El paro en España también es desigual, como el empleo, y se concentra en las mujeres (son más de la mitad de los parados: 1.783.800, con una tasa del 16,74%,frente al 12,90% de los hombres), los jóvenes ( 33,60% de paro entre los menores de 29 años), los inmigrantes (21% de paro) y los mayores de 50 años (el 13,02 % de paro, el triple que en 2017), donde ya hay 890.700 españoles mayores sin trabajo (y sin muchas posibilidades de conseguirlo), según la primera EPA de 2019. Por autonomías, todavía hay 5 regiones con una tasa de paro “insoportable”, que se mantiene o supera el 20%: Melilla (25,92% de paro), Extremadura (22,52%), Ceuta (22,31%), Andalucía (21,08%) y Canarias (21,03%). Y otras 3 autonomías que tienen un nivel de paro “europeo” y rondan el 10%, como Navarra (8,19% de paro), el País Vasco (9,62%) y Aragón (10,50% de paro). Además, hay más de 1 millón de hogares (1.089.400) con todos sus miembros en paro.

Pero quizás el dato más preocupante es que el paro se enquista y aumentan los parados que llevan más de un año sin trabajar, casi la mitad del total : 461.700 llevan parados entre 1 y 2 años y otros 1.053.900 parados llevan más de 2 años en paro, según la EPA del primer trimestre de 2019. En total, 1.515.600 parados “de larga duración”, el 45,18% de todos los parados. Una bolsa enorme de “parados crónicos” (668.000 llevan parados más de 4 años, según los datos aportados por UGT), que tienen muy difícil volver a trabajar, básicamente por su elevada edad (un 70% superan los 50 años y dos tercios son mujeres) y su baja formación: el 63% de estos parados de larga duración sólo tienen la ESO e incluso menos. Y además, estar más de un año fuera del mercado laboral reduce un tercio sus posibilidades de ser contratados, según los expertos.

Mientras ven muy difícil recolocarse, el mayor problema de muchos de estos “parados viejos” es sobrevivir, porque tras meses y años en el paro, se les ha acabado el subsidio. De hecho, en febrero de 2019, sólo cobraban el paro el 56,6 % de los españoles que se declaran en paro según la EPA: 1.898.369 parados con subsidio, según la última estadística del Ministerio de Trabajo. Y de ellos, la mayoría  (1.075.587 parados) cobraban  un subsidio asistencial, de sólo 430 euros al mes, mientras los 822.782 restantes cobran un subsidio contributivo, de 827,70 euros de media (con grandes diferencias, según autonomías, sexo y trabajo que hayan tenido). Esto significa que un 43,4 %de los parados EPA, 1,455.831 parados, no cobran ningún subsidio. Y sobreviven en la pobreza, gracias a ayudas de la familia y amigos y a “chapuzas” en la economía sumergida. La situación es peor en las 7 regiones donde son mayoría los parados que no cobran: Melilla (71% parados EPA no cobran), Madrid (57,4%), Canarias (54,6%), Ceuta (52%), Asturias, País Vasco  y La Rioja (51% parados EPA no cobran nada).

Volviendo al empleo, ahora se espera que siga débil en 2019, dado que España va a crecer menos este año: 2,2% frente al 2,6% en 2018, según el Gobierno, y podría ser incluso menos si Europa sigue débil  (Alemania va a crecer sólo un 0,5% este año) y hay turbulencias en la economía internacional (proteccionismo comercial, petróleo caro, subidas de tipos y crisis en paises emergentes). La estimación del presidente Sánchez, en la Cumbre de Davos, fue que se pueden crear 330.000 empleos en 2019, bastantes menos de los creados en estos 5 años de recuperación (372.500 empleos de media anual: 1.862.200 empleos en total). Y se espera crear otros 350.000 empleos en 2020, año en que también bajará el crecimiento. De ser así, España tendrá que esperar todavía a 2021 o 2022 para recuperar el empleo perdido antes de la crisis, los 20,51 millones de puestos de trabajo de 2007 (ahora hay 19,47 millones: falta todavía recuperar 1,1 millones de empleos).

Con menos empleo todavía que antes de la crisis y más del doble de paro que Europa, el empleo y el paro deberían ser la prioridad de todos los partidos en esta campaña electoral (no ha sido así) y del futuro Gobierno. Y más cuando tenemos el empleo más precario de Europa, con 1 de cada 4 asalariados con contratos temporales (el 25,88 % en marzo de 2018, según la EPA) y con 1 de cada 7 empleos a tiempo parcial (el 14,90% de los empleados), empleos por días o por horas que son “obligados”, forzados, para dos tercios de estos trabajadores, más “subempleos” que en la mayoría de Europa. Y lo peor: sólo un 8% de los contratos temporales se hacen fijos en España, cuando en Europa lo son el 24%, según ha advertido recientemente el Banco de España.

Urge algún acuerdo social, entre patronal y sindicatos (con el apoyo del Gobierno y los partidos), para conseguir más empleo “decente”, con una estrategia de “palo y zanahoria”: palo a las empresas y sectores (hostelería y servicios) que “abusan” de los contratos temporales y por horas para empleos que son estables y con jornadas normales. Hay que reforzar la Inspección de Trabajo y lanzar campañas contra los que defraudan, como se empezó a hacer en agosto. Y “enseñar la zanahoria” al resto, para incentivarles a que hagan contratos fijos y con jornadas normales, con menores cotizaciones e impuestos. Y con un seguimiento periódico y un objetivo: por ejemplo, rebajar del 89,75% al 70% el porcentaje de temporales en los contratos de 2020. Se puede conseguir si se convence a los empresarios que ahora, tras varios años con beneficios,  pueden y deben ofrecer contratos decentes. Y eso pasa también por una reforma normativa, para dar marcha atrás a la reforma laboral de Rajoy de 2012, como piden los sindicatos y la izquierda.

En paralelo a esta nueva reforma laboral, urge aprobar un Plan de empleo, dirigido especialmente a los jóvenes, las mujeres y los parados de larga duración, los colectivos que tienen más difícil colocarse. Primero, hay que volcarse en su formación (hay 1.504 millones de euros para formación sin gastar, de los ejercicios 2015, 2016 y 2017), con cursos más eficaces y ligados a lo que piden las empresas. Segundo, hay que reformar los servicios públicos de empleo (SEPE), para que no sean unas oficinas burocráticas sino que ayuden realmente a los parados a encontrar empleo, como agencias de colocación. Un avance pueden ser los 3.000 asesores que van a contratar las autonomías para orientar a los jóvenes parados, en cumplimiento del Plan de empleo joven aprobado por el Gobierno Sánchez en diciembre. Y tercero, hay que incentivar (ayudas fiscales, cotizaciones) a las empresas que contraten de forma estable parados de larga duración, casi la mitad de los parados.

En tercer lugar, además de promover empleos decentes y la contratación, hay que mejorar la situación de los parados, porque es escandaloso que el 43,4 %, casi millón y medio de parados no cobren ningún subsidio. Habrá que revisar el seguro de desempleo, para asegurar que cubra a más parados, en colaboración con las prestaciones sociales (renta mínima) que pagan las autonomías. Y sin olvidar que estamos en Europa y que, de cara a la futura Comisión Europea, somos los más interesados en que se apruebe un “seguro de paro europeo”.

Para todo esto hacen falta recursos (un Plan de empleo creíble, que gaste en formación, asesoramiento e incentivos a la contratación, exige no menos de 5.000 millones extras anuales y mejorar el seguro de paro exigiría 2.000 millones más) y medios, básicamente más personal para los servicios públicos de empleo: cada empleado del SEPE tiene a su cargo 450 parados mientras en Alemania, cada funcionario atiende a 47 parados y en Reino Unido a 22. En definitiva, España tiene que gastar más en “políticas activas de empleo”, porque no es de recibo que teniendo más del doble de paro que Europa, gastemos la mitad: 5.710 millones en 2018, el 0,5% del PIB frente al 1% que gasta de media la UE-28.

A 3 días de las elecciones generales, la EPA del primer trimestre debería servir para forzar a los partidos a ofrecer alternativas eficaces contra el paro y para crear empleo. Pero la principal medida sería dejarse de “peleas políticas” y pactar, a partir del lunes 29 de abril, un Plan de choque contra el paro, gobierne quien gobierne. Los parados de este país, sobre todo los jóvenes, las mujeres y los mayores de 50 años, lo necesitan con urgencia. Es importante que el próximo Gobierno inicie una verdadera “cruzada contra el paro”, con dinero y medidas eficaces, apoyadas por todos. Eso sí sería “patriotismo”.