Coronavirus: la bolsa o la vida

España es el 2º país del mundo con más contagios y muertos por coronavirus: 12.418 fallecidos, el 60% mayores de 80 años. Un mazazo al que añadir los 900.000 despedidos sólo en marzo y unos 2 millones de trabajadores temporalmente sin trabajo (ERTEs).Una emergencia sanitaria, económica y social, pero no olvidemos el auténtico dilema: la bolsa o la vida. Tenemos que salvar vidas, alargando el confinamiento para vencer al coronavirus, aunque la economía entre en coma. Y mientras, seguir ayudando a parados, trabajadores, empresas y familias a subsistir. Pero ojo: papá Estado no es infinito. Cada español y cada empresa deben pensar cómo ayudar en esta emergencia, cargando con sus costes el que pueda y no limpiando plantillas a costa del Presupuesto. El coronavirus nos hace a todos más pobres, también a las empresas, y hay que asumirlo. Porque el dinero público no es infinito y luego habrá que pagar el déficit y la deuda, con poca ayuda de Europa. Pero ahora, la prioridad es salvar vidas. La bolsa, la economía, ya la recuperaremos.

A partir de una imagen de la película La invasión de los ladrones de cuerpos enrique ortega

El coronavirus avanza implacable por el mundo, con 1.224.375 contagios en 180 paises, y 66.503 muertos, según la Universidad Johns Hopkins. España se mantiene como el segundo país con más contagios, 130.759, tras Estados Unidos (311.654), más que Italia (124.632), Alemania (96.108), Francia (89.953) y Reino Unido (47.806 contagios). Y somos  también el 2º país con más muertos, 12.418 fallecidos (9,5% de letalidad), sólo por detrás de Italia (15.362, el 12,3% contagiados) y aún lejos de Francia (7.580 muertos, 8,42% letalidad), Alemania (1.446 muertos, el 1,5%), Reino Unido (4.313 muertos, el 10,31%) y Holanda (1.776 muertos, un 9,94%), ambos paises e Italia con más letalidad que España. De momento, el duro confinamiento de los españoles empieza a dar frutos. El ritmo de contagios ha bajado, del +24% hace dos semanas al +15% hace una semana, el 8% la última semana y el +4,82% que aumentaron ayer domingo, así que esta esta semana podrían estabilizarse. La entrada de enfermos en los hospitales también ha reducido su ritmo y lo mismo el aluvión en las UCIs (aún colapsadas), aunque se esperan muchos muertos varias semanas más.


El coronavirus sigue atacando España de una manera desigual, según los datos oficiales, que quizás no revelan el alcance real de la pandemia y que no son homogéneos por autonomías. Pero al menos sirven para indicarnos que la emergencia sanitaria se ceba en 6 autonomías que superan la media de contagios del país (217 por 100.000 habitantes): La Rioja (611 contagios por 100.000 habitantes), Madrid (418), Castilla la Mancha (403), Navarra (348), País Vasco (296), Castilla y León (291) y Cataluña (277). Y la desigualdad es mucho mayor en las muertes por coronavirus, donde la media española es del 9,5% de los contagiados: es altísima en Madrid (13,14% de letalidad), Extremadura (10,64%) y Castilla la Mancha (10,51%), las tres por su elevada mortalidad en las residencias de ancianos, seguidas de Cataluña (10,12% de letalidad) y Castilla y León (9,68%), mientras sólo es del 1,40% en Galicia, el 4,77% en Murcia y el 5,80% en Baleares, regiones con pocos contagios. Eso sí, preocupan los elevados contagios y  la alta mortalidad en la España vaciada, como Soria (912 contagios por 100.000 habitantes y 61 muertos, el 7,6% letalidad) o Segovia (750 contagios por 100.000 habitantes y 107 muertos, el 9,32%).


Ahora, el problema más grave sigue centrado en la saturación de los hospitales y las UCIs, aunque sea menor que la semana pasada. Y aquí, el problema es que las 6.092 camas de UCIs que figuran en catálogo en la sanidad pública son insuficientes, sobre todo en Madrid, Cataluña, las dos Castillas, Comunidad Valenciana y País Vasco, lo que debería obligar a trasladar pacientes o máquinas de otras comunidades, algo que apenas se ha hecho. Y poner de una vez a disposición de los enfermos más graves las 2.200 UCIs de los hospitales privados, que no se están utilizando según aseguran ellos mismos. Además, urge generalizar los test de detección del coronavirus entre el personal sanitario, farmacéuticos, fuerzas de seguridad y, sobre todo, las residencias de ancianos.


Precisamente, hay un clamor para que se actúe de una vez en las residencias de ancianos, donde falta atención sanitaria y medios. En España hay unos 300.000 ancianos en residencias, el 72% de gestión privada, sin recursos humanos ni sanitarios para afrontar esta pandemia. Se estima que un 40% de los muertos por coronavirus son ancianos que estaban en una residencia, dado que se estiman 2.000 muertos más de los habituales sólo en Madrid y otros 2.200 en el resto de España, según la Cadena SER. Urge un Plan de choque residencia a residencia, pilotado por el Gobierno central, donde se hagan test a ancianos y empleados, se separen los contagiados y se les atienda con urgencia en centros específicos, en las mismas residencias o en hoteles y hospitales de campaña ad hoc. Hay que salvar vidas en este colectivo tan vulnerable: el 60% de los muertos por coronavirus tienen más de 80 años y el 87% tienen más de 70 años, según los datos de Sanidad.


Frenar el aumento de contagios y hospitalizaciones no significa haber vencido al virus. Hay que seguir afrontando la emergencia sanitaria, con más personal (no acaban de incorporarse los 52.000 nuevos sanitarios prometidos), más camas de hospital y más UCIs (urge preparar polideportivos y hospitales de campaña en todas las autonomías, no sólo en las hoy saturadas), más compras de equipos de protección y respiradores, para hacer frente a esa demanda que sigue sin cubrirse y para crear una reserva estratégica frente a lo que pueda venir este invierno. Ya lo ha dicho la OMS, la Organización Mundial de la Salud: no hay que bajar la guardia, no basta con el confinamiento, hay que seguir reforzando el sistema de salud y tratar de detectar los enfermos encubiertos entre sanitarios y ciudadanos. Y sobre todo, coordinar mejor esta guerra contra el coronavirus con las autonomías, porque a pesar del Estado de alarma y el mando único, da la impresión que hay 17 batallas, no una.


La semana pasada, la emergencia sanitaria, incluso el goteo dramático de muertos diarios, pasaron a un segundo plano al publicarse los 2 primeros datos de la emergencia económica, verdaderamente espeluznantes. Uno, los 900.000 empleos perdidos desde el 12 al 31 de marzo, despidos puros y duros, dos tercios (613.250) a trabajadores con empleo temporal, los más vulnerables. Una cifra de despidos en 19 días similar a la que se produjo al inicio de la crisis de 2008 (901.387), pero entonces en 100 días (octubre 2008-febrero 2009). Eso sí, con la gran diferencia que entonces, la mayoría de despedidos (temporales) no tuvieron derecho a paro y ahora sí. El segundo dato son los trabajadores temporalmente sin empleo, a los que su empresa ha hecho un ERTE (expediente de regulación de empleo temporal, por 6 meses) y cuyo sueldo lo paga ahora la Seguridad Social, no la empresa. De momento, el miércoles se habían registrado oficialmente 9.670 ERTEs, que afectaban a 620.000 trabajadores, pero hay muchos en marcha (unos 374.150 el viernes 3, con 1,84 millones de trabajadores, según Europa Press), por lo que los trabajadores temporalmente sin empleo serán unos 2 millones (más 500.000 autónomos que ya han solicitado el fin temporal de actividad por el coronavirus).


Son cifras impresionantes, que superan cualquier cifra conocida antes en la historia (en EEUU, 10 millones de norteamericanos han perdido su empleo en las últimas 2 semanas). El Gobierno aprobó la última semana un tercer paquete de medidas para tratar de ayudar a los trabajadores, empresas, autónomos y familias afectados, en un intento desordenado de “tapar agujeros” que siempre deja a alguien fuera, por lo que seguirán nuevas ayudas. Lo novedoso en esta ocasión es que se intenta que todos los parados tengan ayuda (aunque sean sólo 430 euros al mes), que las empresas y autónomos no paguen las cotizaciones y tengan créditos con aval para sobrevivir, que puedan no pagar hipotecas sobre locales y que las familias tengan ayudas para pagar el alquiler, moratoria en hipotecas (6 meses) y créditos al consumo (3 meses) y no poder cortarles luz, o agua por impago de recibos. Ver aquí una completa Guía con todas las medidas aprobadas por el Gobierno.


Habría que hacer mucho más, seguro, pero sobre todo hay que agilizar los procesos y flexibilizar los expedientes, para que los más vulnerables sobrevivan, a la espera de que se apruebe esa renta mínima vital que podría beneficiar a 5 millones de españoles. Pero ojo, hay que hacer una reflexión que nadie hace: papá Estado no es infinito, los recursos públicos son limitados. Hay que ayudar a los más vulnerables, algo que no hizo el Gobierno Rajoy en la anterior crisis. Pero no vale con decir “¿Qué hay de lo mío?”/ ”Quiero mis ayudas”. Algunos, los que pueden, también tendrían que decir:”¿Cómo puedo ayudar?" "Qué puedo hacer yo por mi país" Y eso pasa porque las empresas que ganaban dinero (algunas mucho) ni despidan ni pidan ERTEs ni soliciten ayudas si pueden sobrevivir a costa de menos sueldos de directivos, dividendos y beneficios (Es el ejemplo del Banco de Santander: ha prometido no hacer ningún ERTE). Y lo mismo las familias que puedan “aguantar el tirón”, porque hace falta concentrar los recursos en los más vulnerables. El coronavirus nos ha robado la bolsa, la cartera, y saldremos de esta emergencia más pobres, todos y también las empresas. Hay que asumirlo. Y saber que papá Estado no es infinito, que lo que gastemos en esta emergencia habrá que pagarlo después entre todos. 


Pero de momento, la prioridad es vencer al virus y salvar vidas. La vida, no la bolsa. Hay que tenerlo claro esta semana, tras haber decidido el Gobierno ampliar el confinamiento hasta el 26 de abril (de momento).También en Italia van a ampliar el confinamiento (iniciado el 9 de marzo) hasta el 11 de mayo. Lo recomiendan los expertos sanitarios: hay que bajar la curva de contagios y hospitalizaciones  y eso obliga a minimizar los contactos y seguir confinados, aunque tenga un altísimo coste para todos. Y seguir con la economía “en coma”, manteniendo sólo los servicios esenciales y la plantilla mínima en las empresas estratégicas para que no perezcan. Porque si abrimos la mano, si establecemos excepciones (aún con la “excusa” de los niños y sus paseos y la "emergencia económica"), podemos “dar marcha atrás” y eso nos supondría volver a la angustia sanitaria y a que mueran más españoles. La vida, no la bolsa.


Y entre tanto, pensar cada uno cómo podemos ayudar para reducir el coste público de la emergencia económica, especialmente las empresas, que no pueden agarrarse al coronavirus para “limpiar plantillas” a costa del Presupuesto (los ERTEs los pagamos los contribuyentes). Hace falta gastar “lo que haga falta” en afrontar la emergencia sanitaria, en reforzar la sanidad y las residencias de ancianos. Y gastar también “lo que haga falta” en atender a los españoles más vulnerables: los más pobres, los parados (ahora sin posibilidades de encontrar empleo), las madres solas con niños, los emigrantes y muchos jóvenes y ancianos que ya eran “pobres antes”. Y frente a la emergencia económica, concentrar las ayudas en los sectores más golpeados (turismo, hostelería, construcción, ocio) y las regiones que han perdido más empleo (Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia), así como en las pymes y autónomos más vulnerables. Y el resto, sobre todo las grandes empresas, deberían aguantar al máximo, aprovechar su “músculo” para mantenerse, aunque ganen menos.


Porque algún día saldremos de la emergencia sanitaria y habrá que volcar todos los recursos en la emergencia económica. Y necesitaremos todo el dinero posible en la reconstrucción del país. Así que cuando más aguantemos ahora sin pedir (“qué hay de lo mío”), con los ahorros y beneficios que tengamos (quien tenga), mejor afrontaremos el futuro. Porque las ayudas actuales ya suponen unos 25.000 millones de gasto (un 2% del PIB). Y con eso y lo que hará falta para la reconstrucción, el déficit público se puede ir al 8 o al 10% del PIB (desde el 2,64% de 2019). Y para financiarlo sólo tendremos 2 vías: endeudarnos y subir impuestos. Así que los que ahora piden más gasto sin pensar (Casado: “el cese de actividad lo ha de pagar el Estado/ Vox: “que el Estado pague sueldos afectados 3 meses"), tendrán que dejar de criticar luego el aumento drástico del déficit y apoyar una subida de impuestos (siempre quieren bajarlos) a particulares y empresas para financiar los estragos del coronavirus. Sean coherentes.


Tendremos que endeudarnos y recaudar más en unos meses, porque de Europa no vendrá mucha ayuda. Ahora parece que Alemania y Holanda abren la mano a ayudar más a España e Italia, pero ojo, que no nos engañen: son créditos para pagar las ayudas y el desempleo, a bajo interés (menos que “los mercados”) pero habrá que devolverlos. Y eso porque la recesión se va a cebar en Europa, también en Alemania y la Europa del norte, no sólo en España (donde el PIB caerá este año entre el -3 y el -4%, según los expertos), con lo que estos 220.000 millones de créditos habrá que repartirlos entre 27 (nos tocarían 35.000 millones). Y lo que más falta nos hace, un Plan de reconstrucción europeo queda aún en el limbo. Y otro Plan en España, apoyado por un gran acuerdo político y social, similar a los Pactos de la Moncloa de 1977.


Pero todo esto será la prioridad en mayo o junio, cuando hayamos vencido al virus. Ahora, la prioridad debe ser salvar vidas. Hay que seguir con el confinamiento en casa y con la economía en coma, para seguir frenando el ritmo de contagios y hospitalizaciones, poniendo más recursos en reforzar la sanidad y las residencias de ancianos. El empleo y las empresas van a sufrir mucho. Pero no podemos dudar en la respuesta ante el terrible dilema: la vida, no la bolsa. Ya recuperaremos la economía. Lo importante es seguir vivos.

Urge aprobar un Plan de empleo

Rajoy y su Gobierno se fueron de vacaciones eufóricos con el empleo, por la EPA y los contratos de julio. Pero al volver, el jarro de agua fría: agosto sufrió el mayor aumento del paro desde 2008. El empleo es un tobogán, con millones de contratos que se firman y luego se rescinden a la semana o al mes. Crece el empleo, pero es inestable y precario. Mientras, más de la mitad  de los parados no cobran nada y el 15 de agosto se suspendió el Plan Prepara, las ayudas a los parados “viejos” con familia. Urge aprobar un Plan de empleo con 4 patas: más ayudas a los parados, formación e incentivos a la contratación de jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, reforma de las oficinas de empleo y medidas contra el empleo precario y el fraude en los contratos. Con más dinero para políticas de empleo, tras los recortes impuestos desde 2012. No podemos seguir con el doble de paro y el empleo más precario de Europa.



                                                                                                                                  enrique ortega

A finales de julio, el Gobierno Rajoy reiteró su habitual triunfalismo sobre el mucho empleo que estaban creando: 375.000 empleos en el segundo trimestre (EPA), más que el año anterior (+271.400), aunque eran menos que los empleos creados en la primavera de 2015 (+411.800) y 2014 (+402.400). Y luego mostraron su euforia con los contratos firmados en julio, al calor del récord turístico: 222.862 altas netas a la Seguridad Social. El jarro de agua fría vino con el final de agosto: el 31 de agosto se perdieron 313.141 contratos, el día con más pérdida de empleo de nuestra historia. Y con ello, el número de parados registrados creció en 46.000 personas, la mayor subida en agosto desde 2008.

¿Qué pasa? Pues que se crea empleo pero es muy inestable y vulnerable, porque el 92,5% del empleo que se crea es temporal, muy ligado a la temporada turística, a las rebajas, las tareas agrícolas o al calendario escolar. Y así, un mes se firman muchos contratos que se rescinden a la semana, al mes o al final de temporada. Y se hacen hasta 36 contratos por cada empleo. De hecho, la cuarta parte de los empleos temporales son por una semana o menos, según las oficinas de empleo (SEPE). Así que los datos de empleo son un tobogán: suben mucho unos meses y bajan mucho otros, generando enorme precariedad en las personas contratadas.

El Gobierno Rajoy presume de que lleva cuatro años creando empleo, más que en el resto de Europa. Y es verdad. Pero hay dos cosas que no dice. Una, que es uno de los pocos paises europeos que aún está lejos de recuperar el empleo perdido (también más que en el resto de Europa). Así, España perdió 3.802.800 empleos entre septiembre de 2007 y marzo de 2014. Y sólo se han creado1.678.100 nuevos empleos entre la primavera de 2014 y junio de 2017, así que quedan pendientes de recuperar 2.124.700 empleos, el 55,8% del empleo perdido. Y la otra cuestión que no dice es que la mayoría del empleo creado es precario: sólo el 5,6% de los contratos firmados en 2017, hasta agosto, son fijos y a jornada completa. Y lo mismo entre 2014 y 2016: el 95% de los contratos fueron temporales o a tiempo parcial.

De hecho, España es el segundo país europeo donde hay más asalariados con contratos temporales: un 26,8% en 2017 (4.206.100 trabajadores), tras Polonia (27,5% de trabajadores temporales), muy por encima de la media europea (14,2%) y de paises como Alemania (13,2% temporalidad), Francia (16,1%), Italia (14%) o Portugal (22,3%), según Eurostat. Pero además, la mayoría de estos trabajadores tienen un empleo temporal de forma forzosa, porque no encuentran un trabajo fijo. España es el 2º país europeo con más empleo temporal no deseado: un 91,4% de los trabajadores temporales, tras el 92,2% de Chipre y muy por encima del 62% de media en Europa. Y si hablamos de trabajos a tiempo parcial, por horas, los tienen el 15,25% de los trabajadores, menos que la media en Europa (19,5%), pero hay dos datos preocupantes. Uno, que España es el país europeo donde más ha crecido el trabajo a tiempo parcial durante la crisis. Y el otro, que el 60% de los españoles que trabajan a media jornada o por horas preferirían trabajar a jornada completa, frente a sólo un 27,5% de trabajadores europeos que trabajan forzosamente por horas, según la OIT.

Esta enorme precariedad se traduce además en salarios muy bajos: los trabajadores temporales cobran un 36,6% menos que los indefinidos (15.680 euros frente a 24.746) y los que trabajan a tiempo parcial ganan un 63,7% menos que los empleados a jornada completa (9.794 euros brutos anuales frente a 26.965), según la Encuesta de estructura salarial del INE. El resultado es que han aumentado los “trabajadores pobres: tenemos un 12,5% de trabajadores pobres (2.196.137 empleados, 1 de cada 8 asalariados), un porcentaje superior al de trabajadores pobres en Europa (9,5%), según la OIT.

La enorme precariedad laboral acarrea también otros graves problemas. Aumenta la incertidumbre sobre el futuro, lo que está reduciendo las familias y la natalidad (España lleva 5 años perdiendo población), así como la independencia de los jóvenes (el 80,3% sigue viviendo con sus padres, frente al 70% en Europa) y su capacidad para consumir y alquilar o comprar una vivienda. Pero, sobre todo, la precariedad laboral merma la recaudación de impuestos y recorta las cotizaciones de la Seguridad Social, provocando un enorme déficit de las pensiones (-18.898 millones en 2016) y ensombreciendo su futuro. Y para los trabajadores precarios, se reduce su seguro de desempleo y su futura pensión.

Pero no sólo el empleo es mucho más precario en España. El paro español es el segundo más elevado en Europa: 17,22% de la población activa, tras el 21,7% de Grecia y muy por encima del 7,7% de la UE-28 y del 9,1% de la zona euro, por no hablar del 3,7% de Alemania, el 4,4% de Reino Unido, el 9,8% de Francia, el 11,3% de Italia o el 9,1% de Portugal, según Eurostat (julio 2017).Y tenemos otro problema: más parados “de larga duración”, que llevan mucho tiempo sin trabajar, lo que les aleja más de la posibilidad de ser contratados. De hecho, 2.135.600 parados, el 54,5% de los parados EPA, llevan más de un año sin trabajo (en la UE-28, son el 44%). Y de ellos, 1.593.000 llevan parados más de 2 años y casi 1,2 millones llevan más de 4 años, según un estudio de Fedea. Son una enorme bolsa de “parados crónicos”, que tienen muy difícil volver a trabajar algún día. Y más si tienen poca formación: el 63% de estos parados de larga duración sólo tienen la ESO o incluso menos.

Esta enorme bolsa de parados que llevan más de un año sin trabajo lleva a otro problema: a muchos se les ha acabado el paro y no cobran ningún subsidio. De hecho, en julio de 2017, había 2.063.125 parados que no cobraban nada, el 52,7% de los parados EPA (junio). Y de los 1.851.175 parados que sí cobraban algo, sólo un 41% tenían un subsidio contributivo, de 776 euros al mes (42 euros menos que en enero) y la mayoría tenían un subsidio asistencial de 426 euros. Este porcentaje de parados que no cobran (recordemos, el 52,7%) ha ido aumentando mes a mes desde 2012, ya que al llegar Rajoy a la Moncloa cobraban subsidio el 55,4% de los parados EPA y hoy lo cobran sólo el 47,3% de los parados estimados.

Y la situación ha empeorado en agosto, al paralizarse las ayudas del Plan Prepara, un programa creado en febrero de 2011 por el Gobierno Zapatero para los parados de larga duración con cargas familiares y del que se han beneficiado (400/450 euros al mes) 952.000 parados en estos años. Pero el 27 de julio, una sentencia del Tribunal Constitucional daba la razón a un recurso del Gobierno vasco, estimando que son las autonomías quienes han de gestionar el Plan, lo que ha llevado al Gobierno Rajoy a paralizarlo el 15 de agosto, con lo que ningún parado puede ahora solicitar esta ayuda (sí cobrarla los que la tenían, los 6 meses que les corresponde). Los sindicatos han  pedido al Gobierno que resuelva el problema y Empleo propone que las autonomías firmen una autorización para que las oficinas de Empleo (SEPE) lo gestionen hasta el 30 de abril y estos meses se aprueben nuevos Planes de ayudas, legalmente aceptables. Pero de momento, las ayudas del Plan Prepara están paralizadas.

La cuestión de fondo es que el Gobierno Rajoy ha recortado drásticamente las ayudas a los parados y a las políticas de empleo. Si en 2010 España gastaba 38.717 millones de euros, en 2017 gasta sólo 23.806 millones de euros, un 38,5% menos, a pesar de que sólo hay un 14,7% menos de parados (600.000 menos), según UGT. La mayor parte de esta factura se destina a prestaciones a parados, que han caído de 30.974 millones que se pagaban en 2010 a 18.318 millones que pagarán en 2017 (un 40,8% menos). Y también ha caído  mucho el dinero para  políticas activas de empleo (orientación a parados, formación, bonificación cotizaciones y SEPE), que ha pasado de 7.742 millones en 2010 a 5.487 millones este año, un 29,12% de caída (el doble de lo que cayó el paro). Comparado con otros paises, España gasta en desempleo un 2% del PIB, lo mismo que Francia (con el 9,8% de paro) y casi lo mismo que la zona euro y Alemania (gastan el 1,7% del PIB), cuando tienen la mitad y la quinta parte de paro. Y en políticas activas de empleo, en fomentarlo, España gasta el 0,5% del PIB, menos que Francia (0,9%), Alemania (0,64%) o Dinamarca (1,81), según datos de la OCDE.

Así que tenemos un doble problema: se crea un empleo mucho más precario que en Europa y tenemos el doble de paro, con unos parados que en su mayoría no cobra y a los que destinamos menos recursos, tanto en ayudas como en políticas de empleo para colocarlos. Habría que dejarse de triunfalismos y aprobar con urgencia un Plan de empleo con cuatro patas: aumentar el número de parados que cobran ayudas, mejorar las políticas de empleo para colocar a los parados que lo tienen más difícil (jóvenes, mujeres y mayores de 45 años), reformar a fondo las oficinas de empleo y luchar contra la precariedad laboral.

El primer objetivo del Plan, que cobren más parados, exige unificar los distintos programas de ayuda que hoy existen (Prepara, Programa de activación en el empleo, Renta activa de inserción) y ampliar las ayudas a muchos parados que hoy no las cobran, al menos a 1 millón de parados de los 2.063.125 parados EPA  que hoy no cobran nada.  Eso supone un gasto adicional de 5.000 millones anuales, para que haya menos “parados pobres”. Eso debería complementarse con la segunda pata del Plan, más políticas activas de empleo para ayudar a que los parados consigan un empleo: más formación y orientación profesional, incentivos a la contratación y coordinación con las empresas y entre autonomías. Eso exigiría gastar unos 2.500 millones más en promover mejor el empleo, sobre todo de jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, especialmente en las 5 autonomías con más del 22% de paro (Melilla, Extremadura, Andalucía, Canarias y Castilla la Mancha).

La tercera pata del Plan sería la reforma a fondo de las oficinas de empleo (SEPE). No funcionan (sólo encuentran trabajo al 1,8% de parados, frente al 10% en Europa), no asesoran ni orientan (sólo al 8,7% de parados), no dan formación (sólo el 5% de parados dan cursos) y además no tienen medios: cada empleado atiende a 473 parados cuando en Alemania atienden a 47 y a 22 parados en Reino Unido. Haría falta ampliar plantilla y modernizar su gestión, con al menos 1.000 millones más al año. Y la cuarta pata del Plan debería ser luchar contra la precariedad laboral, con el palo y la zanahoria. El palo de la inspección de Trabajo, para frenar los abusos en la contratación, acabar con esos contratos temporales que son para puestos fijos o contratos por 4 horas donde se acaba trabajando 10 y cobrando 8. Eso exige también reforzar la Inspección de trabajo, donde hay 1 inspector por cada 15.000 asalariados, la mitad que en Europa (1 inspector por cada 7.300 trabajadores). Y la zanahoria serían incentivos (fiscales y de cotización) para fomentar la contratación estable.

En total, habría que gastar unos 10.000 millones más en este Plan de empleo. Y en paralelo, reanimar la economía para crecer más y crear más empleo, porque al ritmo actual harían falta todavía 50 meses para recuperar el empleo perdido con la crisis, hasta el otoño de 2021. Demasiado tiempo. Por eso, además de aprobar un urgente Plan de empleo, Gobierno y oposición deberían pactar un Plan para reanimar la economía, no seguir con el ajuste previsto por Rajoy para 2018 (recortando el déficit al 2,2%, por debajo incluso del 3% que es el tope de Bruselas). Eso obliga a gastar más en lo que hace falta (infraestructuras, tecnología, educación y formación, industrialización y medio ambiente), para reanimar la inversión pública y privada y que tiren más del empleo. Y subir más los salarios, por encima del 2%, para reanimar el consumo y el empleo.

Este Plan de empleo y esta política para reanimar la economía tienen un coste, unos 30.000 millones de euros extras, pero se pueden financiar si España recauda mejor, como el resto de Europa: hoy recaudamos el 37,5% del PIB, frente a 46,1% Europa, según Eurostat. O sea, que Hacienda ingresa 94.000 millones de euros menos cada año que el resto de europeos. Se podrían recaudar 40.000 millones más cada año, para gastar en crecer más y recuperar el empleo, sólo con reducir el fraude fiscal y conseguir que paguen más los que pagan poco (multinacionales, grandes empresas y los más ricos), sin subir los impuestos a la mayoría.

El empleo y el paro son la primera preocupación de los españoles, no Cataluña ni el terrorismo yihadista. En ello deberían volcarse el Gobierno y la oposición. No se puede seguir con el triunfalismo de unos y la parálisis de los otros, mientras España es el segundo país europeo con empleo más precario y con más paro, a pesar de la cacareada recuperación. La precariedad de los que trabajan y  la angustia de los parados (que en su mayoría no cobran) piden a gritos soluciones, aprobar un urgente Plan de empleo con dinero y medidas eficaces. Es la gran tarea pendiente de este otoño.  

Europa alerta de la pobreza en España

No lo ha destacado el Gobierno ni los medios (no vende), pero en el último examen a España, en mayo, el Consejo Europeo destaca que somos el país donde más ha crecido la pobreza y recomienda al Gobierno tomar medidas para combatirla. Y lo mismo la ONU, que califica de “alarmante” la pobreza infantil en España. Ya hay más de 12 millones de pobres, uno de cada cuatro españoles. Con la crisis, miles de familias se han convertido en pobres y buscan cada día comida y ayuda en Cáritas y otras ONGs: parados, madres solas con niños, emigrantes y ancianos. Mientras, el Gobierno no ha presentado a Europa ningún Plan contra la pobreza y sus recortes sólo agravan la pobreza, cada vez más extensa, intensa y crónica. Hay riesgo de quiebra social. Es urgente tomar medidas.

Ser pobre en Europa, según las estadísticas (Eurostat) es cumplir uno de estos tres criterios: ganar poco (menos del 60% de la media: en España, 7.533€ un soltero, 13.560€ una familia con un hijo y 15.820€ con dos), tener privaciones (desde no poder pagar recibos o la hipoteca a no comer carne o pescado cada dos días) o trabajar poco o nada. Así había 115,4 millones de personas (2010), un 23,4 % de europeos. Y un 8% en situación de pobreza extrema. En el último año, los europeos pobres han crecido en millón y medio, un millón de ellos en España, el país donde más crece la pobreza: hay 11.675.000 pobres (2010), un 25,5% de españoles, según Eurostat. Somos el octavo país de Europa con más pobres, por detrás de Bulgaria, Rumanía, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia  y Grecia.

Y son datos de 2010. En 2011, la crisis ha traído más pobres: + 848.714 según el INE. Ya  serían 12,5 millones de pobres y a finales de 2012, con más crisis y más paro, podríamos alcanzar los 13,5 millones, un 28,6% de españoles. Y hay cuatro autonomías que superan el 30% de pobres: Extremadura (38,2%), Ceuta (34,3%), Canarias (31,1%) y Andalucía (30,1%). Y de ellos, un 4%, casi 5 millones de españoles, están en pobreza extrema.

En España, los más afectados por la pobreza son los parados (50%), sobre todo donde nadie trabaja (1.728.400 hogares), las madres solas con hijos (44%), las familias numerosas (padres jóvenes con empleo precario), los emigrantes (42%), los ancianos (25%) y, sobre todo, los niños. “La pobreza tiene cara de niño” alerta un informe de UNICEF que cifra en 2,2 millones (un 26% de los menores de 18 años) los niños pobres en España, el cuarto país de Europa con más niños pobres, tras Letonia, Rumanía y Bulgaria. Y la mitad de ellos viven en familias con pobreza extrema, lo que dificulta su alimentación, su educación, su atención sanitaria y la propia convivencia familiar.

Pobres ya había antes de la crisis (9 millones en España en 2007). Pero ahora, la pobreza se ha hecho ”más extensa, más intensa y más crónica”, según Cáritas, abrumada por las crecientes colas de pobres, que les recuerdan “a la postguerra” :el año pasado dieron un millón de comidas sólo en Madrid.  Y destacan que la pobreza se está haciendo más severa (hay 580.000 hogares sin ningún ingreso) y afecta ya a muchos españoles (42%), menores (35%), incluso universitarios y familias de clase media.

Europa, en su último examen a España, destaca el crecimiento de nuestra pobreza y critica que seamos “uno de los países de la UE que menos hace por reducir la pobreza infantil”, destacando el bajo gasto social en protección a la familia (el 0,7% del PIB frente al 2,3% en la UE) y la escasa redistribución de la renta. Y hace una recomendación, la séptima, junto al ajuste del déficit o la reforma financiera y de las pensiones: “tomar medidas específicas para combatir la pobreza, aumentando la eficacia del apoyo a la infancia y mejorando la empleabilidad de los grupos vulnerables”. También la ONU, denuncia que “la pobreza infantil en España resulta alarmante” y reclama políticas urgentes: UNICEF pide duplicar el gasto en la infancia (de 700 a 1.400 millones) y concentrarlo en familias jóvenes y emigrantes.

Dos alertas de alto nivel sin ningún eco en el Gobierno Rajoy: ni una palabra en los 264 folios del Plan Nacional de Reformas 2012-2015 habla de la pobreza.  Eso sí, su política de recortes en el Estado central, autonomías y Ayuntamientos ha reducido drásticamente las ayudas y la asistencia social.  Se reduce el paraguas protector cuando aumenta la necesidad de ayuda: 8 millones de españoles pidieron apoyo en 2010 a los servicios sociales municipales, 3 millones más que antes de la crisis. Ahora, los últimos recortes están provocando un aluvión de pobres hacia Cáritas y ONGs: el 67% que les llegan vienen desviados de los servicios sociales públicos.

No hay ningún Plan de Lucha contra la pobreza, como exige Bruselas (el último, lo mandó Zapatero en abril de 2011). Sólo se ha aprobado en junio en el Congreso, por unanimidad, una proposición por la que el Gobierno "se compromete a atajar la pobreza infantil". Pero  no se quiere aumentar el gasto social (256€ por habitante), un 74% de la media europea. Hacen falta políticas específicas sobre la infancia, las familias jóvenes sin ingresos, la juventud, los emigrantes y los ancianos, con mayores dotaciones a la asistencia social. Y sobre todo, cambiar de política y fomentar el crecimiento y el empleo, la única vacuna real contra la pobreza.

Todo apunta a que la pobreza seguirá creciendo, en 2012 y 2013, de la mano del paro y la bajada de salarios. El problema, alerta Cáritas, es que se están acabando los “colchones”, los ahorros y el apoyo familiar, lo que podría desembocar en una quiebra social. Y con la crisis, la sociedad se ha hecho más dual: los que tenían poco tienen menos y los que tenían mucho tienen más. España es el país europeo donde más han crecido las desigualdades con la crisis: los ricos han pasado de tener 5,3 veces más que los pobres en 2007 a tener 6,9 veces más, según Eurostat. Un tercer problema, del que alerta el CES: que la pobreza se haga crónica, que siga ahí cuando salgamos de la crisis, como pasó en los 90.

Al final, la pobreza está ahí, a nuestro lado, creciendo, aunque nadie quiera hablar de ella, como del cáncer: a ver si no nos toca. Es impúdico mirar para otro lado y eso lo han visto hasta los fundamentalistas de Bruselas. Pero no el Gobierno ni los demás partidos ni la sociedad. Es urgente tomar medidas ya. Antes que la pobreza nos estalle en las manos.

La Justicia, para el que se la pague

Presentar un pleito en un Juzgado nos costará más dinero desde otoño, ya que todos  tendremos que pagar tasas judiciales, que ahora sólo pagan grandes empresas. También para recurrir un despido. Y además, suben las tasas para todos y doblemente en Cataluña y Valencia, que han puesto tasas propias. Una Justicia que ya era más cara desde octubre, cuando entró en vigor que paguen las costas los que pierden los juicios, algo que disuade más a los ciudadanos para ir contra la Administración. Y para septiembre, el Gobierno quiere privatizar parte de la Justicia, pasándoles servicios a los notarios. Al final, pagaremos más por pleitear y habrá que ir más lejos al Juzgado, ya que se quieren concentrar y reducir a la mitad. Y habrá más recortes en la Justicia gratuita. Mientras, la Justicia sigue siendo lenta e ineficaz.

El franquismo introdujo las tasas judiciales, a partir de 1.947, para ayudar a sostener el rehabilitado sistema judicial. Y fueron suprimidas por Felipe González, en 1986. En 2002, Aznar las recuperó, eximiendo a los particulares, pymes y Fundaciones y fijando unas tasas a grandes empresas y bancos, para casos civiles y contenciosos: una parte fija (entre 90 y 210€, más entre 300 y 600€ la apelación y casación) y una variable (0,5% cuantía). Y en 2009, el Gobierno Zapatero aprobó un depósito obligatorio para presentar cualquier recurso, entre 30 y 50€ (apelación y casación), más otros 25 euros para algunos recursos.

Ahora, el Gobierno Rajoy toma tres medidas. Una, que todos paguemos tasas judiciales, no sólo las grandes empresas. Dos, que el pago de tasas se amplíe a lo laboral (cuando se recurre), además del ámbito civil y contencioso-administrativo. Y tres, que se suben todas las tasas y bastante: se duplican las de pleitos civiles (de 150 a 300€) y los recursos de casación (al Supremo, de 600 a 1.200€) y se triplican las apelaciones (300 a 800€). Al final, litigar va a ser más caro: una demanda civil (300€), con recurso de apelación (800€) y casación (1.200 €) saldrá por 2.300 euros, más gastos (abogado, procurador, peritos, informes) y pago de costas si se pierde. Además, las nuevas tasas pueden retraer a los trabajadores a recurrir despidos y ERES: los sindicatos ya han denunciado que se busca” blindar la reforma laboral”.

Otra novedad es que se quita a los funcionarios el privilegio de acudir a los Tribunales sin abogado y procurador. Con todo, pagaremos en tasas judiciales 306 millones al año (un 20% del Presupuesto de Justicia), frente a 164 recaudados en 2011.Pero los que pleiteen en Cataluña y Comunidad Valenciana pagarán más, doblemente, porque acaban de establecer tasas judiciales propias, entre 50 y 120€, para recaudar otros 32 millones anuales.

No son las únicas subidas de la Justicia. El 31 de octubre entró en vigor la Ley de Medidas de Agilidad Procesal, aprobada por un pacto del PSOE y PP, con dos cambios importantes. Uno, limitar las apelaciones: no se pueden recurrir las sentencias de menos de 6.000 euros ni ir al Contencioso o al Supremo para cuantías inferiores a 800.000 euros. Es lo que algunos abogados critican como “dejar la justicia para los ricos”. El otro cambio generaliza que pagará las costas del juicio quien lo pierde (antes lo decidía el juez, si apreciaba temeridad o mala fe en la demanda) y amplía el pago de costas al contencioso administrativo. O sea,  que si recurrimos y perdemos, pagaremos las costas, incluso con la Administración, que nos gana tres de cada cuatro pleitos. Menos recursos y más impunidad de la Administración.

Para septiembre, Gallardón nos tiene preparada otra sorpresa: privatizar una parte de la Justicia, pasando a los notarios una parte de servicios que ahora resuelven los Juzgados: matrimonios y divorcios, declaraciones de herederos, adopciones, conflictos de lindes, convocatorias de Juntas… En vez de tasas, pagaremos aranceles (más altos). Y también se estudia dar un trozo del pastel de la Justicia a los registradores  y procuradores.

La subida de tasas judiciales ha sido muy criticada por la abogacía y rechazada por mayoría (11 a 7) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), porque “crea una desigualdad en el acceso a la Justicia”, disuadiendo a los más pobres. El Gobierno dice que para ellos está la Justicia gratuita, el turno de oficio, al que acceden 1,7 millones de españoles (los que ganan menos de 14.910 €). Pero también aquí va a haber cambios, según Gallardón, que ha anunciado “una revisión de los criterios actuales”. De hecho, muchas  autonomías (Madrid en cabeza) restringen el turno de oficio, sobre todo a emigrantes, a pesar de que sólo supone un 6,3% del gasto judicial (256,6 millones en 2010) y cuesta menos que en Europa. Ahora, con la subida de tasas, habrá más demanda de justicia gratuita, con 14 millones de españoles como potenciales clientes (5,6 millones de parados y más de 8 millones de mileuristas).

Vamos a tener una Justicia más cara, a pesar de su mala imagen entre los españoles: un 48% piensa que funciona mal o muy mal, tres de cada cuatro piensa que los pleitos son caros, largos y no compensan, y un 70% cree que las Leyes no protegen sus derechos si les toca pleitear con una gran empresa, un banco, un rico, Hacienda o la Administración. Una Justicia lenta, ineficaz, costosa e injusta. El Gobierno cree que con la subida de tasas, habrá menos pleitos (hay 9,5 millones al año, frente a 4 en Francia) y serán más ágiles (las demandas tardan entre un año y año y medio y las apelaciones se van a 4 y 6 años). Pero la agilidad también depende mucho de los medios y faltan jueces (10 por cada 10.000 habitantes, la mitad que en Europa), falta personal (un 20% son interinos, que ahora peligran), falta tecnología (hay 8 costosos sistemas informáticos, incompatibles entre sí), faltan medios y Juzgados. Y sobran recortes: un -13,2% en los Presupuestos 2011 y 2012, aunque España gasta en Justicia menos que Europa (0,38% PIB frente al 0,50% UE).

Justicia más cara y más lejos: el CGPJ ha propuesto concentrar y reducir los Juzgados, pasando de 431 partidos judiciales a 199. Eso supondrá que los ciudadanos de Cuellar ya no tendrán Juzgado en su pueblo y tendrán que ir a Segovia. Y lo mismo los de Don Benito (a Mérida) o los de Padrón (a Santiago), por ejemplo. Si antes desaparecieron de los pueblos las estaciones, las escuelas o el médico, ahora toca a los Juzgados. Es el progreso.