Necesitamos empresas más grandes

Las pymes disfrutan en España de una excelente imagen pública, mejor que las grandes empresas. Pero lean este dato: de los 2,5 millones de empleos creados desde 2020, casi el 70% lo han creado las grandes empresas, mientras las micropymes (1 a 9 trabajadores) sólo han creado el 1,5% del nuevo empleo. Y esto es preocupante porque sólo un 0,2% de las empresas españolas son grandes (más de 250 trabajadores) y el 90% son pymes con menos de 50 empleados. Los estudios demuestran que las grandes empresas son más competitivas, exportan más, tienen más innovación y tecnología y crean más empleo estable y mejor pagado. Y que una de las causas de que España tenga menos productividad es que tenemos demasiadas pymes. Por eso, Europa, que también tiene muchas pymes, busca apoyar a las empresas medianas para que ganen tamaño y competitividad. En España se aprobó en 2022 la Ley Crea y Crece, para facilitar la creación de empresas y aumentar su tamaño. Porque el tamaño importa y mucho.

                             Enrique Ortega

España ha crecido en los últimos 5 años (de 2021 a 2025) más que la media europea y más que Alemania, Francia o Italia. Y se ha consolidado como la 4ª potencia económica de la Unión Europea, con una producción (PIB) de 1.685.783 millones de euros en 2025, sólo por detrás de Alemania (4.469.910 millones), Francia (2.979.085 millones) e Italia (2.258.049 millones), aunque somos la 5ª economía europea si contamos a Reino Unido (3.545.339 millones de PIB). Y las tres economías que nos siguen quedan todavía lejos: Paises Bajos (1.179.660 millones € de PIB), Polonia (918.464 millones) y Bélgica (641.893 millones).

Pero este dato del PIB total es engañoso, porque unos paises tienen más población que otros. Por eso, lo relevante es lo que produce cada país por habitante, el verdadero indicador de la productividad y renta de cada país. Y con este dato, nuestra  posición cambia drásticamente: España produjo 28.310 euros por habitante en 2025 (ajustado con la inflación), el 83% del PIB real per cápita de la UE-27, que fue 34.100 euros, según acaba de publicar Eurostat. 

Y si ajustamos este PIB por habitante con el poder de compra de cada país (PPA), la producción real por habitante, España salta del 4º al 15º puesto de la UE-27, según publica hoy Eurostat, porque hay 14 paises más productivos (PIB real per cápita) que España (92% del PIB real UE-27): Luxemburgo (239% del PIB por habitante europeo), Irlanda (237%), Paises Bajos (134%),  Dinamarca (127%), Austria (117%), Bélgica (115%), Alemania (115%), Malta (110%),  Suecia (110%), Finlandia (101%), Francia (98% del PIB real comunitario), Chipre (98%), Italia (96%) y Chequia (92% del PIB por habitante real UE). España baja un puesto en este ranking (nos adelanta Chequia) y mantiene el porcentaje del 92% del PIB por habitante de 2024, que empezó en el 76% en 1986 (al ingresar en la CEE), subió del 100% entre 2002 y 2009, bajó hasta el 83% en 2020 (pandemia) y se recupera hasta el actual 92% del PIB por habitante europeo.

Este es el dato importante para comparar la productividad entre paises y el que explica la diferencia entre nuestra renta y nuestros salarios y los de otros paises europeos con mayor productividad y mejor nivel de vida. Así que crecemos mucho, más que el resto, pero también ha crecido mucho nuestra población (somos 2,5 millones más que en 2019, básicamente por los inmigrantes), con lo que se mantiene una “brecha”, una distancia con Europa en nuestro PIB real por habitante (era el 83,45% en 2019 y el 83,02% ahora).

¿Por qué somos menos productivos y por tanto menos ricos que 14 paises europeos? Básicamente, hay 2 causas “de fondo” que lo explican: en España trabaja menos gente que en la mayoría de Europa y trabajan peor, con menos eficacia y productividad. Veámoslo.

Primero, trabaja menos gente, hay un porcentaje menor de personas en edad de trabajar que están ocupadas y creando riqueza (PIB). La tasa de empleo en España (porcentaje de personas de 20 a 64 años ocupadas) era, a finales de 2025, del 72,4%, frente al 76,2% en la UE-27, el 81,4% en Alemania y el 75,5% en Francia, según Eurostat. Y sube al 83,4% en Paises Bajos, al 80,2% en Irlanda, al 81,8% en Suecia o al 83,6% en Malta, paises con más PIB por habitante que España (mientras es más baja en Italia, el 67,6%). Este bajo nivel de empleo tiene mucho que ver con nuestro modelo de crecimiento, basado en los servicios y el turismo, en empresas más pequeñas, con poca tecnología y exportación, que crean menos valor añadido y menos empleo. Ojo: si España tuviera la tasa de empleo de la UE-27, tendríamos 1,12 millones de personas más trabajando (y aumentando nuestro PIB por habitante y nuestra renta). Y si tuviéramos la tasa de empleo de Alemania, en España trabajarían 2,7 millones más. Y con ello, aumentaría el numerador del PIB por habitante (PIB producido /habitantes) y seríamos más productivos y más ricos.

Segundo, los españoles que trabajan lo hacen “peor”, son menos eficientes. Un dato lo resume bien: en la eurozona, cada hora trabajada aporta 61 dólares al PIB, frente a 53 dólares en España (-13,11%), según la OCDE. Y esa menor productividad en España acumula una caída del -7,3% del año 2.000 al 2022, mientras en Estados Unidos creció un +15,5%, en Alemania un +11,8% y en Francia un +0,8%, bajando también en Italia (-5,1%), según un reciente estudio de la Fundación BBVA e Ivie. De hecho, nuestra baja productividad es un problema que arrastramos hace décadas y que nos sitúa en el puesto 39º del ranking mundial de competitividad 2025 publicado por el Foro Económico Mundial, por detrás de la competitividad de 19 paises europeos: Suiza (1º del ranking mundial), Dinamarca (4º), Irlanda (7º), Suecia (8º), Paises Bajos (10º), Noruega (12º),Finlandia (14º), Islandia (15º), Alemania (19º), Luxemburgo (20º), Lituania (21º), Bélgica (24º), Chequia (25º), Austria (26º), Reino Unido (29º), Francia (32º), Estonia (33º), Portugal (37º) y Letonia (38º).

¿Por qué España tiene menos productividad? La causa que siempre se argumenta es nuestro modelo productivo, el elevado peso en la economía de los servicios (turismo, hostelería y comercio), actividades intensivas en mano de obra y con baja productividad, y el menor peso de la industria. Pero si España tuviera la misma estructura productiva del resto de Europa, seguiríamos teniendo un -10% de productividad, según la Fundación BBVA e Ivie, que señala otro factor que suele esgrimirse, con razón: el menor tamaño de nuestras empresas (demasiadas pymes), lo que les dificulta financiarse, invertir e innovar.

Estos expertos argumentan otras 3 causas de peso para explicar nuestra menor productividad. La primera y fundamental, la menor formación de los trabajadores españoles y sus jefes. Hay pocos trabajadores con formación tecnológica y capacidades digitales. En paralelo, muchas empresas adolecen de capacidades gerenciales y hay empresarios que gestionan sin la suficiente formación y sin capacidad de organizar equipos, apoyados en el “ordeno y mando”. La 2ª causa es la falta de tecnología e innovación en las empresas. En España, el gasto en I+D+i fue del 1,50% del PIB en 2024, frente al 2,25% en la UE-27. Un tercer factor contra la productividad es la caída de la inversión en España, pública y sobre todo privada, desde 2008. Otras causas se atribuyen a factores institucionales: demasiada economía sumergida (¿20%?), excesiva dependencia de las empresas del crédito bancario (más que en el resto de Europa ), mucha  burocracia (sólo en 2024, el Estado y las autonomías aprobaron más de 1.000 nuevas normas), barreras de entrada sectoriales y territoriales que reducen la competencia, dispersión normativa en 17 autonomías y dificultades regulatorias y fiscales para que las pymes superen los 50 trabajadores.

Voy a centrarme en una de estas causas, el pequeño tamaño de nuestras empresas, clave para explicar nuestra baja productividad y el empleo que se crea. En 2025, las estadísticas oficiales registraban casi 3 millones de empresas, de las que sólo 6.019 eran grandes (0,2% con más de 250 trabajadores), 27.673 eran medianas (0,8%) y el resto (99%) eran pequeñas: 175.597 tenían entre 10 y 49 trabajadores y 1.140.107 tenían de 1 a 9 trabajadores (la gran mayoría, el 84,5% de las pequeñas), siendo el resto (1.614.187) empresas registradas por autónomos sin asalariados. La estructura es similar a la del resto de Europa, donde hay un 0,2% de grandes empresas (salvo en Francia, centro Europa y Alemania, donde hay un 0,7% de empresas grandes, 25.000 en Alemania), aunque más empresas medianas (el 0,93%) y casi igual porcentaje de pequeñas y microempresas (98,87%).

El problema de tener demasiadas pymes es que suelen ser menos competitivas que las medianas y grandes empresas, exportan, invierten e innovan menos, tienen más dificultades para financiarse y, sobre todo, crean menos empleo. El dato aportado por Funcas es muy llamativo: de los 2.496.400 nuevos empleos creados tras la pandemia (2020-2025), más de dos tercios (el 68,7%) lo han creado las grandes empresas (con más de 250 trabajadores), mientras las microempresas (1 a 9 trabajadores), que son la mayoría (84,5%) sólo han creado el 1,5% de los nuevos empleos, creado el resto del empleo (29,8%) las empresas medianas (50 a 249 empleados) y pequeñas (de 10 a 49 empleados). Según este estudio, una de las claves es que las grandes exportan mucho más (1.000 grandes empresas suponen el 67% de la exportación total) y eso les permite crecer y crear más empleo. También pasa en Europa, donde las grandes empresas (el 0,2% del total) mantienen el 37% del empleo total, mientras las medianas mantienen el 15% y el resto de pymes acapara el 48% del empleo total.

Lo positivo de los últimos años, según Funcas, es que el número de grandes y medianas empresas ha crecido en España tras la pandemia: hay +23,6% grandes empresas (+250 trabajadores) y +11,5% medianas y pequeñas (10 a 249 empleados), mientras ha caído el número de micropymes (-1,1%). Este mayor aumento de grandes y medianas se observa en la mayoría de sectores, más en servicios profesionales y actividades con alto contenido tecnológico, también en sectores ligados al turismo y al consumo interno. Parece que las empresas españolas han ganado tamaño para acceder mejor a los Fondos europeos, por el aumento del salario mínimo (que fuerza a las empresas a una mayor eficiencia y al cierre de micropymes) y por las ayudas públicas y la reducción de los umbrales regulatorios y tributarios que les ha permitido crecer de tamaño.

Con todo, seguimos con demasiadas pymes y hay poco dinamismo y regeneración empresarial: se crean pocas empresas nuevas y las que se crean duran pocos años, mientras persisten las más longevas (las empresas con más de 22 años de antigüedad), que aportan la mitad de la inversión total. Por eso, los expertos piden ayudar a las nuevas empresas a hacerse un hueco, fomentando la formación y el talento (que no encuentran las empresas más jóvenes), su internacionalización y financiación (que tienen más difícil), reduciendo la normativa (a la estatal se suman las normas “dispares” de 17 autonomías).

Pero otro estudio de AFI señala que la principal causa de que las pymes españolas no crezcan más no es la falta de financiación y ayudas o el exceso de regulación sino “las decisiones de gestión” y el mayor o menor “apetito por el riesgo”. Y lo justifican con un estudio en 9.000 empresas medianas y su evolución entre 2008 y 2023, donde vieron que había un Top de 100 empresas medianas líderes en crecimiento de ventas (x10), plantillas (x8), inversión (el doble que la media), productividad y rentabilidad (+50% que la media). Y además, la mitad de estas 100 empresas “scalers” (crecimiento rápido) o “scaleups” dieron un salto a la categoría de “gran empresa”. Y los autores creen que este éxito de esas empresas se explica por su estrategia y ambición, siendo menos relevantes las exigencias contables, fiscales o laborales que argumentan las pymes como freno para crecer.

Cara al futuro, el estudio de AFI señala que España necesita duplicar el número de empresas medianas (de 27.673 a 50.000) y grandes (de 6.019 a 10.000) y además que estén mejor repartidas por todos los sectores (hoy las grandes se concentran en los servicios y la industria)  y territorios (Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía concentran las medianas y grandes empresas), como requisito clave para mejorar la productividad y crear más empleo. Y plantean este dilema: o mejoramos la productividad (produciendo más por habitante, con más valor añadido) o será la baja productividad quien nos gobierne, con sus secuelas de salarios bajos (son un 20% más bajos porque tenemos un 20% menos de productividad que la zona euro) y menor PIB por habitante, un menor nivel de vida que gran parte de Europa.

Como el problema del tamaño empresarial no es sólo español (aunque se agrava en España), la Comisión europea aprobó en mayo de 2025 una Recomendación para promover a las empresas medianas-grandes, las llamadas “small mid-caps” (de 250 a 750 trabajadores y una facturación anual de 50 a 150 millones de euros), para que sean la punta de lanza de un proceso de aumento de tamaño de las empresas europeas, para ayudarles con una regulación y financiación específica a que den un salto de escala y en unos años ganen tamaño, productividad y competitividad, clave para que Europa compita mejor en el mundo.

En España, el Gobierno Sánchez aprobó en julio de 2024 el Consejo Nacional de Productividad, integrado por 15 expertos independientes, que han publicado este 4 de marzo el I Informe sobre la Productividad en España, donde proponen impulsar la inversión privada, mejorar el acceso de las empresas jóvenes a la financiación no bancaria (mercados, emisiones, micromecenazgo), una “mejor” regulación (no “menos”) y el fomento de la formación y el capital humano, alertando de que si las empresas españolas no aceleran la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA), podría aumentar nuestra “brecha de productividad”. Además, falta que se desarrolle la Ley “Crea y Crece”, aprobada por el Congreso en septiembre de 2022, para facilitar la creación de empresas (ahora se pueden  constituir con 1 €, frente a 3.000 antes), mejorar su financiación, reducir los obstáculos regulatorios e impulsar su crecimiento, reforzando la unidad de mercado (1 país y 17 autonomías).

En resumen, es fundamental conseguir que haya más empresas y de mayor tamaño, para que compitan mejor, vendan y exporten más, creen más empleo estable y ayuden a mejorar la productividad del país, con lo que mejoraría el nivel de vida de todos. Para eso hace falta modernizar la economía, digitalizarla y resolver los retos medioambientales, una normativa laboral con amplio apoyo y que mejore la calidad del empleo, apostar por  la educación y la formación, gastar más en tecnología y apoyar la reindustrialización. Pero también tener más empresas medianas y grandes. Porque el tamaño sí importa.

Récord de ciberataques (sin Ley)

Europa está empeñada en una política de Seguridad propia, que no consiste en comprar más tanques o aviones sino en políticas que también luchen contra los hackers de Putin (atacaron a España en febrero) o los ciberdelincuentes internacionales, un negocio criminal que supera a las drogas, la trata o el tráfico de armas. Los ciberataques se disparan y 2024 ha sido un año récord, con ataques a grandes empresas españolas, bancos e instituciones, incluidos hospitales. Y los delitos informáticos se duplican en España desde 2019 , afectando a una gran parte de ciudadanos, con más eficacia gracias al uso de la Inteligencia Artificial (IA). El problema es que las empresas (sobre todo las pymes) no gastan suficiente en ciberseguridad, faltan expertos y los ciudadanos no tomamos medidas eficaces. Y encima, España no tiene aún una Ley de Ciberseguridad, que Bruselas obligó a aprobar para octubre de 2024. Urge un pacto político  para aprobarla cuanto antes y medidas para garantizar nuestra ciberseguridad, porque estamos a merced de una potente delincuencia internacional y geopolítica.

                            Enrique Ortega

La gran desventaja de que todo el mundo funcione hiperconectado a Internet es que somos muy vulnerables a los ataques, desde la energía, los transportes o las infraestructuras básicas a los datos sanitarios o nuestras cuentas bancarias. Y cada día más. De hecho, se estima que cada segundo se producen 500 ciberataques en el mundo. Y los daños son tales que habrán superado los 10 billones de dólares en 2024, el 1% del PIB mundial. Así que la ciberdelincuencia se ha configurado ya como el primer negocio criminal en el mundo, por delante de las drogas, la trata de personas o el tráfico de armas. Un negocio ilegal que tiene dos ventajas, según los expertos: requiere poca inversión previa y pocos medios y tiene un enorme “retorno” (el 1.400%). Y en los últimos años, cuenta además con la  ayuda de la Inteligencia artificial (IA), que sofistica y mejora los ciberataques.

El año 2024 ha batido todos los récords de ciberdelincuencia, según los expertos, y 9 de cada 10 organizaciones sufrieron al menos una amenaza cibernética, según el Foro Económico Mundial. Estos ciberataques han aumentado con la guerra de Ucrania, por la participación de Rusia y sus granjas de bots (programas informáticos que simulan interactuar en Internet) en ataques a infraestructuras básicas europeas (aumentaron los ataques a España en febrero, tras la visita de apoyo de Sánchez a Kiev), así como por la proliferación de dispositivos conectados a Internet (Internet de las cosas), el auge del 5G y la Inteligencia Artificial, que permite detectar y aprovechar mejor las brechas de seguridad de instituciones, empresas y ciudadanos, que siguen sin invertir suficiente en su ciberseguridad. El problema es tan serio que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha alertado que los ciberataques son “una amenaza crítica” para la estabilidad  financiera mundial.

El último informe de Europol, la policía europea, sobre los ciberataques en la UE señala el salto que han dado en 2024, los ciberataques contra empresas e infraestructuras críticas europeas, con la técnica del ransomware: robo de datos o anulación de las infraestructuras con una petición de rescate para anularlo. El informe alerta que estos ciberataques son cada vez más sofisticados, con cifrados más complejos, que no solo pretenden robar datos (para luego venderlos en el mercado negro digital) sino acceder a información sensible e inutilizar servicios e infraestructuras críticas (como suministro eléctrico, aeropuertos y hospitales), poniendo en riesgo servicios públicos y la propia seguridad nacional.

Tras el ransomware a empresas e instituciones, Europol alerta sobre el crecimiento de los fraudes online a particulares, con el phishing (“pesca” de datos), cada vez más sofisticados, ya que no sólo son mails que buscan que los internautas envíen datos y contraseñas, sino que se han perfeccionado los sistemas de fraude, con la Inteligencia artificial (IA). Así, se ha generalizado el “fraude del CEO”, por el cual un trabajador recibe un correo (o un vídeo o nota de voz) del jefe de su empresa (que parece muy “real”) en el que le pide que haga un pago o transferencia. Y también  se envía a proveedores, para que hagan pagos o paguen facturas falsas. O a empleados de recursos humanos para que envíen datos de empleados. Y también se han popularizado los “fraudes románticos”, a través de redes sociales o aplicaciones de citas, donde se pide el envío de dinero o la colaboración en “inversiones solidarias”. 

Y además, Europol alerta sobre el auge de las criptomonedas y su colaboración con los ciberdelincuentes, para cobrar rescates en criptos y comprar y vender datos en la Web oscura (operaciones muy difíciles de rastrear), lo que configura unas redes internacionales de ciberdelincuencia cada vez más poderosas. Y también ha crecido de forma alarmante, según Europol, el material pedófilo y de explotación sexual infantil, cuya oferta se puede multiplicar gracias al uso de la Inteligencia artificial (IA).

En España, el año 2024 ha batido todos los récords de ciberdelitos: “la ciberseguridad ha llegado a un punto crítico”, señala un detallado informe de APTE, donde se destaca que los ciberataques al sector público se han duplicado en 2024 (+190%), mientras también han crecido los ataques a empresas, concentrados en un 62% en el sector tecnológico, financiero e infraestructuras. De hecho, ya en 2023, el Centro Criptográfico Nacional (dependiente del CNI) detectó en España 107.777 ciberataques, el doble que en 2022 (55.695), más otros 83.567 ataques “menores” detectados por el Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridad). Ahora, a falta de los datos oficiales de 2024, España es el 8º país del mundo con más ataques de ransomware y casi la mitad de los internautas han sufrido algún ataque informático el año pasado, según una Encuesta del CIS.

En 2024, han sido muchas las grandes empresas del IBEX 35 que han sufrido importantes ataques informáticos que se han hecho públicos (otros no), poniendo en riesgo los datos de sus clientes (Telefónica, Repsol, Banco de Santander), así como importantes empresas (Orange, FIATC Seguros, Total Energies, Alcampo, Cortefiel, Perfumerías Douglas, consultoras Ayesa o Aerotecnic), medios (RTVE, El Confidencial), organismos públicos (la DGT, INTA, Comisión Nacional de la Competencia o la Guardia Civil, a través de una empresa de chequeos médicos), hospitales, Ayuntamientos y Diputaciones…

En muchos casos, la ciberdelincuencia conduce a infracciones penales, que acaban en el listado de delitos del Ministerio del Interior. En 2024, el balance fue de 465.838 delitos informáticos, el 19% de todos los delitos reportados (9,6 ciberdelitos por cada 1000 habitantes frente a 41 delitos/1000 habitantes de los delitos “convencionales). Esta cifra supone duplicar los ciberdelitos de 2019 (218.032 reportados)  y cuadruplicarlos desde 2016 (92.716 ciberdelitos, sólo el 4,6% del total). Un dato llamativo: los ciberdelitos son 4 veces más que los robos con fuerza en viviendas y establecimientos (114.978 en 2024). El 88% de los ciberdelitos denunciados son fraudes (estafas) y el resto amenazas o coacciones (5,9%) y delitos sexuales (0,81%). A la cabeza de los ciberdelitos denunciados están Andalucía (17,5%), Cataluña (16,25%), Madrid (15,88%) y la Comunidad Valenciana (10,06%).

Lo que parece claro, frente a este auge de la ciberdelincuencia, es que no estamos preparados, ni las empresas ni los organismos públicos ni los particulares. De hecho, sólo el 2% de las organizaciones españolas cuentan con una infraestructura adecuada para enfrentarse a los ataques más sofisticados de la ciberdelincuencia, según el Informe de APTE. Y en el caso de las pymes, la mayoría siguen siendo muy vulnerables ante ciberataques que las pueden llevar al cierre. En  cuanto a los ciudadanos, el 60% admiten carecer de conocimientos (y de antivirus eficaces) para evitar sufrir fraudes online.

Frente a los ataques a empresas e infraestructuras críticas, es donde más se ha avanzado, pero también los que más preocupan, por su tremendo impacto. En España existe un triple mecanismo público de defensa ante los ciberataques: el INCIBE, que protege a los ciudadanos (con alertas y consejos, su web y el teléfono 017), las empresas y los organismos universitarios y de investigación, el Centro Criptográfico Nacional (adscrito al CNI), que protege a la administración y al sector público y el equipo de respuesta de emergencias informáticas (CERT) de Defensa. Y además está la Oficina de Coordinación de la Ciberseguridad (integrada por policías y guardias civiles) que colabora con las empresas para la Ciberdefensa de los 171 operadores críticos (que en 2023 sufrieron 237 incidentes graves, según el INCIBE), en la energía, banca, agua y salud. Sin olvidar que las grandes empresas cuentan con Centros de respuesta ante emergencias informáticas (CERT), igual que Cataluña y País Vasco, coordinados con los del Estado.

Todos ellos suponen una enorme red de Ciberdefensa, que realiza básicamente un trabajo preventivo (detectar la llegada de virus a las redes, para evitar ataques) y posterior a los ataques, coordinando medidas. Un sistema de protección, público y privado, que convirtió a España en el 4º país más ciberseguro del mundo (cuando en 2016 éramos el 23º), según el Índice de Seguridad Global 2020, elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ONU): sólo estamos por detrás de EEUU, Reino Unido y  Arabia Saudí. En el último informe, de 2024, ya no hay ranking, pero España está en el grupo de cabeza, entre los 46 paises más ciberseguros del mundo, con una nota de 95 sobre 100, la mayor puntuación en cuatro de los 5 pilares que analiza y superando la nota media de la UE-27.

Mientras España ha avanzado en Ciberseguridad global, como país, y en la estrategia de las grandes empresas (bancos, aseguradoras, energía, telecomunicaciones, servicios), queda mucho por hacer en la ciberseguridad de la mayoría de las empresas (sobre todo pymes, que sólo invierten un 6% en seguridad informática) y de los particulares, los internautas. Los grandes retos pendientes son, según el informe de APTE, la mayor inversión de empresas y organismos en ciberseguridad, la formación de expertos (faltan 80.000 especialistas), la vigilancia de los avances en IA para los ciberdelincuentes, el cierre de las brechas que deja el 5G y el Internet de las cosas, el aumento de empresas españolas que ofrezcan soluciones de ciberseguridad, una mayor cooperación público-privada, una mayor conciencia y seguridad de los internautas y más campañas públicas de prevención. Y sobre todo, reforzar una Estrategia europea de seguridad cibernética, más en momentos de crisis geopolíticas.

Europa se empezó a tomar en serio la Ciberseguridad con la Directiva 2022/2555 , aprobada el 14 de diciembre de 2022 por el Parlamento europeo y el Consejo. Conocida como NIS2, esta Directiva europea pretende que los paises europeos apliquen medidas, en sus organismos y empresas para mejorar la Ciberseguridad en la UE. Las entidades públicas y privadas afectadas (organismos, grandes empresas y pymes que presten servicios esenciales) están obligadas a hacer una evaluación de sus riesgos informáticos, aprobar medidas para elevar su seguridad y prevenir riesgos. Y además, deben informar de los ataques e incidentes significativos y comunicárselos a los personas afectadas, creando el responsable de Ciberseguridad, que elaborará y supervisará esta estrategia.

El plazo para que los paises europeos aplicaran esta Directiva NIS2 se terminó el 17 de octubre de 2024. Y España fue uno de los pocos paises europeos que no cumplió este plazo: ha retrasado su trasposición hasta el 14 de enero de 2025, cuando el Consejo de Ministros ha aprobado (tarde) un anteproyecto de Ley de Ciberseguridad, elaborado por tres Ministerios (Interior, Defensa y Transformación Digital). Ahí se fija qué entidades y empresas públicas están obligadas a aprobar planes de ciberseguridad, básicamente en sectores críticos: energía, transporte, banca y mercados financieros, sanidad, agua, infraestructuras digitales y servicios tecnológicos, industria nuclear y entidades públicas. En general, la Ley de Ciberseguridad afectará a organismos y empresas grandes y medianas (más de 50 empleados y más de 50 millones de euros de negocio), aunque también afectará a pequeñas empresas de sectores críticos (mensajería, gestión residuos, químicas, alimentación, proveedores de servicios digitales, seguridad privada e investigación científica).

Tras la ronda de consultas, el anteproyecto de Ley de Ciberseguridad volverá al Consejo de Ministros, para aprobarla como proyecto de Ley y enviarla al Parlamento, para tramitarla por el procedimiento de urgencia. Pero a la vista de los plazos y de la polarización política, no será posible aprobarla antes de finales de 2025. Sólo entonces podrá crearse el Centro Nacional de Ciberseguridad contemplado en la Ley, adscrito a la Presidencia del Gobierno y máximo organismo de coordinación con la política de Ciberseguridad de la UE. Un retraso que agrava la vulnerabilidad de organismos, empresas y ciudadanos, por lo que debería pactarse una tramitación rápida y unánime. Y en paralelo, habrá que destinar más recursos públicos a la Ciberseguridad de organismos e instituciones, así como incentivos y ayudas para que las empresas (sobre todo las pymes) se gasten más en seguridad informática y contraten a más expertos, formando mejor a sus empleados para cerrar brechas a los ciberdelincuentes. Y luego queda que nosotros, los internautas, tomemos conciencia de lo vulnerables que somos, gastemos en antivirus y seamos más precavidos en Internet.

Estamos en guerra frente a una Ciberdelincuencia sofisticada y poderosa, que pone en peligro nuestras economías, nuestros servicios básicos, nuestra intimidad y nuestro dinero, hasta nuestras libertades. No podemos perderla.

España, un país mucho más digital

En unos pocos años, desde la pandemia, España ha dado un salto de gigante en la digitalización de la vida y la economía. Por un lado, somos el 5º país europeo con más hogares conectados a Internet y uno de los paises que más utiliza WhatsApp, las redes sociales o lee noticias, mientras más de 30 millones de españoles compran online. También somos el 5º país europeo con más uso online de servicios públicos (pago impuestos o cita sanitaria, por ejemplo), mientras tenemos más personas con competencias básicas de Internet que la UE-27. Incluso nuestras empresas se han digitalizado y un tercio de nuestras pymes venden online, siendo más las empresas que utilizan el análisis de datos, la factura electrónica o la inteligencia artificial que la media europea. Pero todavía queda mucho por hacer, sobre todo gastar más en tecnología y formación de especialistas TIC. La digitalización se lleva un 30% de los Fondos UE y hay que aprovechar para seguir avanzando hasta 2026, cuando se acaban.

                            Enrique Ortega

España es el 5º país europeo con más hogares con acceso a Internet: un 96,83% de los hogares españoles (18,75 millones, donde viven 47,4  millones de personas) tenían acceso a Internet en 2024, frente al 94,09% de hogares conectados en la UE-27, según los últimos datos de Eurostat. Sólo están más “conectados” que nosotros Paises Bajos (99,04% hogares conectados), Luxemburgo (98,84%), Finlandia (97,35%) y Dinamarca (96,83%), mientras superamos en conexión a Internet a Suecia (95,43%), Austria (94,96%), Francia (94,44%), Italia (93,41%), Alemania (92,65%) o Bélgica (91,38%). Un gran salto, dado que en 2015, sólo el 78,75% de los hogares españoles estaban conectados a Internet, frente al 84,7% en la UE-27, donde ocupábamos el puesto 15º en el ranking de conectividad.

Además de ser un país muy conectado, los españoles usamos mucho Internet: un 95,78% de los adultos (16 a 74 años) lo han usado en los últimos 3 meses, más que la media UE-27 (92,83% lo usaron) y nos coloca como el 8º país europeo con más uso de Internet, sólo por detrás de Dinamarca (99,77%), Paises Bajos (99,52%), Luxemburgo (98,76%), Irlanda (98,60%), Finlandia (97,95%) y Bélgica (95,98%), superando en uso de Internet a paises como Austria (94,92%), Francia (94,14%), Alemania (93,50%) o Italia (89,23%). Y si miramos los españoles que se conectan a Internet diariamente, son ya el 92% (entre 16 y 74 años), somos también el 8º país del ranking, tras Paises Bajos e Irlanda (98%), Dinamarca (97%), Suecia (96%), Luxemburgo o Chipre (94%) y Bélgica (93%), muy por delante de la UE-27 (88% adultos se conectan diariamente), Alemania o Francia (88%) e Italia (87%). Además, la “inclusión digital” de mayores y zonas rurales es mejor aquí que en la UE-27.

¿Para qué nos conectamos tanto a Internet? El último informe de Eurostat revela el elevado uso del correo electrónico (lo utilizan el 83,04% de los adultos en España, frente al 80,42% de media en la UE-27, siendo el 12º país del ranking de uso, por detrás de los paises nórdicos, Francia y Alemania), pero sobre todo el altísimo uso de la mensajería instantánea (el 93,12% de los adultos españoles usan WhatsApp y otros, siendo el 2º país donde es más popular, tras usarlo un 97,82% de las personas en Paises Bajos y el 79,22% en la UE-27) y la menor participación en las redes sociales: las utilizan en España el 64,7% de los adultos (16-74 años), frente al 79,22% de media en la UE-27, el 90,02% en Dinamarca, el 80,96% en Paises Bajos o el 72,64% en Bélgica, aunque su uso es aún menor en Alemania (58%), Italia (55,96%) o Francia (44,50%). Y España ocupa el lugar 10º en el ranking de lectura de noticias por Internet: las leen así el 75%, más que en la media UE (65%), Alemania (63%), Italia /55%) y Francia (52,6%), pero menos que en Paises Bajos y los nórdicos.

En España, los internautas también se conectan más que en Europa para ver vídeos de intercambio en YouTube o TikTok (75% de usuarios frente al 62% en la UE-27) y para ver los canales de TV de pago por streaming (58% en España, sólo por detrás de Dinamarca, Finlandia, Irlanda y Paises Bajos, frente al 48% en la UE-27). También los internautas españoles destacan en la utilización de servicios de e-salud: búsqueda de información sanitaria online (70% frente al 58% en la UE-27), reserva online de cita médica (el 61”, lo que nos convierte en el 2º país tras Finlandia, frente al 40% de media europea) y acceso online a historiales médicos (45% usuarios frente al 28% en la UE-27). Y en educación, España es el 4º país europeo donde se hacen más cursos online: un 30% de los adultos frente al 17% en Europa (ojo: 10% en Alemania, 14% en Francia y 18% en Italia).

El tremendo salto en el número de internautas en España y el gran uso de Internet se traduce en que cada vez más españoles compran online: en 2024, casi el 69%  de los adultos (16-74 años) compraron algo por Internet, un 10% más que antes de la pandemia (58% en 2019), lo que nos sitúa en la mitad del ranking europeo (puesto 16 de 27), con un porcentaje menor de compradores online que los paises líderes (94,70% Irlanda, 94,06% Paises Bajos, 90,86% Dinamarca y 88,39% Suecia), por debajo de Francia (80,29% adultos compran online) o Alemania (77,89%) y por delante de Italia (53,6%) y paises del Este. Y si tomamos sólo a los internautas, el porcentaje de los que compraron online el último año sube al 71,54% en España, por debajo de 19 paises y de la media UE (76,58% internautas).

Así que hemos dado un gran salto en compras online, pero todavía compramos por Internet menos que la mayoría de los europeos. Con todo, ya son más de 30 millones los españoles que compran online, según un reciente estudio de Red.es, con una cifra de ventas de 99.200 millones de euros en 2023, lo que supone 3.307 euros de gasto medio por comprador online. Lo que más compramos por Internet son ropa, calzado y accesorios (78,9% compras), seguido de entradas a eventos (57%), cosméticos (56,7%) y compra de comida (56,5). Los compradores online en España son, mayoritariamente, personas de mediana edad y con alto nivel de estudios e ingresos, que valoran la comodidad y el precio y se sienten cada vez más seguros al comprar online, sobre todo con el móvil (78,9% compras).

El tirón de las compras online tiene mucho que ver con el auge de las Webs extranjeras, porque más de la mitad de las compras online  hechas en 2023 (el 56,84%) fueron hechas fuera de España, sobre todo en Webs europeas (94,4% de las utilizadas), Reino Unido (2,1%), EEUU (1,4%) y Asia (0,8%), según los datos de la CNMC. Pero las empresas españolas cada vez venden más por Internet, según los datos de Eurostat: el 32,3% de las pymes españolas venden online, frente al 23,83% de las pymes europeas, lo que nos sitúa como el 6º país con más ventas online de las pymes, tras Lituania (42,07% pymes), Irlanda (39,57%) Dinamarca (38,76%), Suecia (36,50%) y Malta (34,51), muy por delante del porcentaje de pymes que venden online en Francia (18,34%), Alemania (22,97%) e Italia (20,41%). Sin embargo, tomando el conjunto de empresas que venden online, España aún tiene mucho pendiente: el volumen del comercio online es sólo el 10% del total, frente al 12% en la UE-27.

El gran salto digital que ha dado España en los últimos años se traduce en el índice DESI, que elabora la Comisión Europea sobre la digitalización de los paises UE. En el último estudio sobre la Década Digital, publicado en julio de 2024 (datos 2023), España se sitúa en el 8º lugar del ranking europeo de digitalización (con una nota de 62,9 puntos), frente al 11º lugar que ocupaba en el ranking DESI 2020. Y destaca que sólo nos superan en digitalización Dinamarca (69,6 puntos), Finlandia (68,4), Paises Bajos (67,5), Malta y Suecia (67), Irlanda y Luxemburgo (63 puntos). Y que estamos 6 puestos por encima de la media UE-27 (56,8 puntos) y muy por delante de Francia (56,8), Alemania (55) e Italia (54 puntos).

Este informe de la Comisión Europea evalúa 4 bloques de indicadores. El primero, sobre “capacidades digitales”, donde España ocupa el 7º lugar de Europa (con 8,8 puntos, por delante de los 7,6 puntos de media europea), tras Dinamarca, Finlandia, Paises Bajos, Suecia, Irlanda y Luxemburgo, gracias a que hemos mejorado en usuarios de internet, en personas con capacidades básicas digitales  (66%, frente al 56% de media en la UE-27 y todavía lejos del 85% de objetivo para 2030) y en graduados TIC, aunque todavía tenemos menos especialistas TIC (4,4% de los trabajadores) que la media europea (4,8%).

El 2º bloque que se evalúa son “las infraestructuras digitales” de cada país y aquí España ocupa el tercer lugar en Europa (23,7 puntos frente a 19,3 puntos en la UE-27), sólo por detrás de Dinamarca y Paises Bajos, gracias a nuestra extensa red de fibra óptica instalada  (tenemos más red de fibra óptica instalada que Francia, Alemania, Italia y Reino Unido juntos) y a la mayor cobertura de 5G y redes de alta capacidad, fruto de las inversiones hechas las últimas décadas por las telecos españolas, a costa de sus beneficios y nuestras tarifas.

El tercer bloque donde España también destaca es el de “digitalización de servicios públicos”, donde ocupamos el 5º lugar europeo (21,7 puntos frente a 20,3 la UE-27), sólo por detrás de Irlanda, Finlandia, Malta y Paises Bajos. Aquí, España destaca por tener más usuarios de la Administración electrónica (79,69% frente al 70% la UE-27), la mayor disponibilidad de servicios públicos online para ciudadanos (84% frente a 79%) y para empresas (91% frente al 85%, con el objetivo de llegar al 100% en 2030) y un alto acceso a servicios de salud electrónicos (85% en España y 79% en la UE, para llegar al 100% en 2030).

Donde España “pincha” en digitalización, a pesar de lo avanzado estos años, es en el bloque de “digitalización de empresas”, donde ocupamos el puesto 11º, con una nota inferior a la media UE (8,7 puntos frente a 9,6).  Estamos bien en el porcentaje de pymes con un nivel básico de intensidad digital (61% frente a 58% UE-27), intercambio de información electrónica (54% frente a 42%), uso de redes sociales (38% frente a 31%), análisis de datos (38% frente a 33% UE), ventas online pymes (32,22% frente a 23,83%), pero hemos avanzado menos en la utilización de “la nube” (27,2 frente al 38,9% la UE), el peso del comercio electrónico (10% frente al 12%), igualando el poco uso de la inteligencia artificial (9% frente al 8% la UE). Y tenemos menos empresas con alta intensidad digital (26 frente al 27,08% la UE).

Al final, salimos bastante bien parados de este “examen digital” de la UE, en un puesto intermedio, con menos digitalización que los paises nórdicos, Irlanda y Países Bajos, pero más avanzados digitalmente que Francia, Alemania, Italia y la Europa del Este, lo que no deja de ser “un milagro”, fruto en gran medida del Plan de Recuperación y de la apuesta de este Gobierno por la digitalización de la economía y la transición ecológica. De hecho, la digitalización de la economía es el 2º mayor bloque de gasto de los Fondos Europeos : se lleva el 29% de los Fondos, unos 33.700 millones (ayudas y créditos) entre 2021 y 2026. Un dinero que ya se ha gastado en gran parte, para financiar las grandes partidas de la Agenda Digital 2025: digitalización de pymes, desarrollo 5G, mejora competencias digitales, modernización de la Administración y digitalización del sistema educativo, sanitario y del turismo, junto al desarrollo del comercio online y la inteligencia artificial.

España ha conseguido que estas y otras inversiones (europeas, públicas y privadas) estén mejorando la digitalización de nuestra vida y nuestras empresas, algo imprescindible para competir, crecer y sostener el empleo. Pero todavía queda una gran tarea por delante, que hemos de “acelerar”, porque en 2026 han de ultimarse los proyectos financiados con Fondos europeos. Hay que seguir apostando por la digitalización desde la enseñanza (más FP y más carreras universitarias orientadas a formar especialistas TIC) a las pymes, pasando por los servicios públicos y la Administración. Tenemos ventajas de partida (como el amplio despliegue de fibra óptica y 5G) o el mayor porcentaje de internautas mejor formados), pero  queda avanzar en el mundo empresarial, con más gasto (público y privado) en tecnología e innovación: España invierte en I+D+i el 1,5% del PIB frente al 2,2% la UE.

La transformación digital es uno de los grandes retos del mundo en el siglo XXI, junto a la sostenibilidad medioambiental , la tecnología y la demografía. España ha conseguido subirse a este tren, del que va a depender nuestra competitividad, nuestro crecimiento y los futuros empleos (que nos obligarán a un completo reciclaje). Pero necesitamos avanzar en ese tren, con ayudas, inversiones y mucha formación, desde los jóvenes al último consumidor, desde las grandes empresas a las pymes y exportadores. Hay que completar esta “reconversión digital”.

El teletrabajo vuelve a crecer

Aumentan los empleados que teletrabajan uno o dos días por semana desde casa, el campo o la playa y también los que teletrabajan más de la mitad de su jornada semanal. En total, son 3,05 millones de teletrabajadores, un récord que supera el de 2021 (por la pandemia), aunque estamos por debajo del teletrabajo en Europa. Teletrabajan más las mujeres, los empleados de 35 a 54 años, en información y comunicaciones, finanzas y seguros, energía, actividades profesionales, inmobiliarias y educación, en Madrid, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Galicia. Mientras, los funcionarios reclaman poder teletrabajar 3 días por semana, como les prometieron, porque ahora sólo teletrabajan 1 día (algunos). En general, las pymes y muchas empresas son reacias a que sus empleados teletrabajen, porque les supone costes y temen “el escaqueo”. Pero está demostrado que en las actividades donde se puede teletrabajar (un tercio), se pierde menos tiempo en viajes y mejora la productividad de las empresas, facilitando la necesaria digitalización de la economía española. Trabajemos más a golpe de clic.

                    Enrique Ortega

La pandemia supuso un gran salto para el teletrabajo en España, que era marginal antes de 2020: en 2009, sólo teletrabajaban en España 1,12 millones de trabajadores, el 5,9% de los ocupados y diez años después, en 2019, sólo trabajaban a distancia 1,64 millones de ocupados, el 8,3% de la mano de obra, según el INE. Pero en 2020, con el COVID-19 y el confinamiento, el salto del teletrabajo fue espectacular: 3.015.200 trabajadores (1 de cada 6 ocupados) optaron por trabajar desde casa entre abril y junio de 2020, según la EPA. Al acabarse el estado de alarma y reanudarse la actividad casi normal, el teletrabajo perdió peso, pero aún cerró con 2,87 millones de españoles teletrabajando en 2020 (el 15% de los ocupados). Y en 2021, con las sucesivas oleadas de COVID, el teletrabajo logró su máximo: 3,03 millones trabajando a distancia (el 15,3% de los ocupados), la mayoría (1,86 millones) teletrabajando más de la mitad de su jornada semanal y el resto (1,16 millones) teletrabajando ocasionalmente, uno o dos días a la semana), según la última EPA.

En 2022, al superarse lo peor de la pandemia, el teletrabajo se desinfló y muchos trabajadores volvieron a sus fábricas y oficinas toda su jornada laboral. De hecho, en 2022 sólo teletrabajaron 2,81 millones de empleados (el 13,7% de los ocupados). Pero en 2023, en la primavera, el teletrabajo repuntó (2,91 millones en el 2º trimestre) y aunque cayó algo en verano (2,71 millones en el tercer trimestre), alcanzó un récord histórico en el último trimestre del año: 3,06 millones de personas teletrabajando. Y la tendencia se ha mantenido al inicio de 2024: 3,05 millones teletrabajando en el primer trimestre (un 14,4% de los ocupados), por encima del récord de 2021, tras la pandemia. Crece el teletrabajo, pero sólo los que teletrabajan “ocasionalmente” (uno o dos días a la semana): han pasado de 1,16 millones en 2021 (el anterior récord) a 1,46 millones a principios de 2024 (+300.000 teletrabajadores ocasionales). Porque los que teletrabajan “habitualmente” (más de la mitad de los días de su jornada semanal) han bajado, de 1,86 millones en 2021 a 1,59 millones en 2024.

Estos datos de la EPA indican claramente que lo que crece son los trabajadores que consiguen que sus empresas les permitan teletrabajar uno o dos días por semana, generalmente viernes o lunes (desde casa o desde una “escapada al campo o a la playa”), como una “compensación” para “retener a los empleados mejor formados y más necesarios”, en lugar de subirles más el sueldo. Son ya el 6,9% de los ocupados, un récord histórico (eran el 5,9% en 2021). Pero el teletrabajo “importante”, el que supone un cambio estructural en las condiciones laborales (trabajar más días a distancia que en la empresa), pierde peso desde 2021 y sólo lo disfrutan el 7,5% de los ocupados en 2024 (9,4% en 2021).

Con todo, este modelo de teletrabajo “híbrido” (1 o 2 días en casa y 3 o 4 días en la empresa) parece ser el que se está imponiendo en España, sobre todo entre los hombres (814.000 teletrabajan “ocasionalmente” frente a 670.000 mujeres) y los empleados de mediana edad (511.900 de los que trabajan ocasionalmente tienen entre 45 y 54 años y otros 384.900 teletrabajadores ocasionales tienen entre 35 y 44 años), básicamente en actividades de servicios, finanzas y seguros y administrativas, especialmente en grandes ciudades.

Analizando a todos los teletrabajadores (ocasionales y habituales), esos 3,05 millones que trabajaban a distancia en el primer trimestre, la mayoría son mujeres (53% del total), que aprovechan el teletrabajo para conciliar su empleo con la atención a niños y a mayores y las tareas del hogar. Y el teletrabajo se concentra entre los empleados de mediana edad (casi 1 millón de los 3 millones que teletrabajan tienen entre 45 y 54 años), así como entre los empleados de 35 a 44 años (800.000 teletrabajan), siendo casi inexistente el teletrabajo entre los menores de 24 años (menos de 90.000). Por sectores, el teletrabajo se concentra en los servicios (el 85%), sobre todo en las finanzas y seguros, la energía, el trabajo administrativo, las inmobiliarias y la educación, según un estudio de Adecco. Y por autonomías, destaca el teletrabajo en Madrid (19,1% de los ocupados, frente al 14,1% de media en España en 2023), por la mayor concentración de sedes centrales de empresas, Cataluña (14,1%), País Vasco (12,6%), Asturias (12,4%), Comunidad Valenciana(11,9%) y Galicia (11,8%).

De los 3,05 millones de empleados que teletrabajan, 2,1 millones son asalariados y el resto autónomos y empresarios, según un detallado estudio de CCOO. La mayoría de asalariados que teletrabajan  son mujeres (el 51,2%) y por sectores, destaca el altísimo teletrabajo de los asalariados de la información y telecomunicaciones (375.000, el 55% de los ocupados), finanzas y seguros (171.000 teletrabajadores, el 39% de ocupados), electricidad y gas (37% ocupados teletrabajan), actividades profesionales, científicas y técnicas (282.000 teletrabajan, el 32%), inmobiliarias (24% teletrabajan) y educación (330.000 teletrabajan, el 23% de ocupados). Hay otros sectores que tienen muchos teletrabajadores pero que suponen un bajo porcentaje del total de ocupados, como la industria (228.000 asalariados teletrabajan), la administración pública (194.000 teletrabajan) o el comercio (134.000). Y 6 autonomías concentran el 82% de todos los asalariados que teletrabajan: Madrid (22,8% asalariados teletrabajan, el doble del 11,6% de media en España), Cataluña (12,4%), País Vasco (11,8%), Comunidad Valenciana (10,7%) , Galicia (10,1%) y Andalucía (9,1%).

A pesar del nuevo salto en el teletrabajo, desde la primavera de 2023, España sigue por debajo del teletrabajo en Europa: ocupamos el puesto 13º en porcentaje de ocupados que teletrabajan, un 14,1% frente al 24,1% de media de ocupados que teletrabajan en la UE-27, según Eurostat (2023). Eso nos sitúa muy lejos de los paises líderes en teletrabajo, como Holanda (56,8% de los ocupados teletrabajan), Suecia (48%), Finlandia (43,3%) o Luxemburgo (43,1%) y también por debajo de Francia o Dinamarca) (el 36,4% de ocupados teletrabajan), de Austria (29,5%), Alemania (25,9%) o incluso Portugal (19,6%), aunque mejor que Italia (donde sólo teletrabajan el 13,1 de los ocupados). Y lo peor es que desde 2019 (antes de la pandemia) ha aumentado “la brecha” de teletrabajo con Europa (del 8,5 al 10% actual).

Una parte del retraso de España en teletrabajo se debe a nuestro modelo productivo: tenemos una economía muy basada en sectores y actividades donde es más difícil el trabajo a distancia (como el turismo, la hostelería y parte del comercio), un exceso de pymes (el 99% de las empresas), poco proclives a la digitalización y el teletrabajo, y una mano de obra menos formada digitalmente (12 millones de españoles no son capaces de manejarse en entornos digitales y otros 7,6 millones más solo acreditan habilidades digitales “básicas”, según este estudio de UGT). Además, nuestra estructura económica sólo permite teletrabajar a 1 de cada 3 ocupados, como mucho, según este estudio de CaixaBank: pueden hacerlo en la mayoría de los servicios, pero no en gran parte de la industria (sólo en un 25%), el comercio, la hostelería y el transporte (sólo el 23%), las actividades artísticas y recreativas (sólo el 19% del personal) o en la construcción (el 14%).

El teletrabajo crece, aunque lentamente, en las empresas privadas, pero ha caído en la Administración y en las empresas públicas. En abril de 2021 estaban teletrabajando un 30% de los empleados públicos (la mayoría 3 días por semana), para atender servicios esenciales. Pero en octubre de 2021, el Gobierno decidió que sólo teletrabajaran  un día los funcionarios de la Administración General del Estado (229.310 funcionarios) , una tendencia que siguieron los 2,3 millones de empleados públicos de autonomías y Ayuntamientos. Y aunque en 2022 aumentaron los empleados públicos que teletrabajaban, por el Plan de ahorro energético que siguió a la invasión de Ucrania, la mayoría de los funcionarios y empleados públicos ya no teletrabajan ( o sólo lo hacen 1 día a la semana). Y eso a pesar de que, en abril de 2021, los sindicatos de la Función Pública firmaron un acuerdo con el ministro Iceta para regular el teletrabajo de los empleados públicos: se les prometió 3 días por semana. Al día de hoy, siguen a la espera de un Decreto del Gobierno que cumpla lo prometido.

En el sector privado, muchas empresas, sobre todo pymes, no acaban de desarrollar el teletrabajo de sus empleados, a pesar de la Ley que regula el teletrabajo, que entró en vigor el 13 de octubre de 2021. En ella se reguló el teletrabajo (“voluntario y reversible”), obligando a las empresas a dotar a sus empleados del equipo necesario para teletrabajar y pagarles los gastos acarreados (equipos, wifi y electricidad), regulando la jornada, el alcance y los sistemas de control (y “desconexión digital”, un derecho de los teletrabajadores). Han pasado casi 3 años y muchas empresas no han aprobado sus Planes para fomentar el teletrabajo, a pesar de que sindicatos y patronal lo incluyeron (Capítulo X) en su V Acuerdo sobre el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado en mayo de 2023. Pero se avanza poco: así, en 2023, sólo se firmaron 181 nuevos convenios colectivos que regulaban el trabajo a distancia, según UGT.

El teletrabajo es una fuente de conflictos y demandas ante los Tribunales de lo Social, básicamente por reclamaciones de gastos que las empresas no asumen y por la falta del material adecuado para teletrabajar, así como por excesos en el control. En general, muchas empresas (sobre todo pymes) no son favorables a que sus empleados teletrabajen, por dos motivos: por el aumento de costes que les supone y por el miedo a que los teletrabajadores “se escaqueen”, un temor a no controlar bien el teletrabajo que hacen y los posibles abusos. Además, pesa mucho la cultura del “presentismo” en el trabajo, la costumbre de “calentar la silla” para justificar el trabajo de los empleados.

Sin embargo, la mayoría de expertos hacen hincapié en los enormes beneficios del teletrabajo. Básicamente, que se evita la pérdida de tiempo en los desplazamientos (hasta 3 horas diarias en las grandes ciudades) y la consiguiente factura para el medio ambiente (contaminación y gasto de combustibles fósiles), además de que el teletrabajo facilita la conciliación familiar y el cuidado de hijos y dependientes. Pero además, teletrabajar puede ser tan productivo o más que el trabajo presencial, ya que evita reuniones y pérdidas de tiempo innecesarias, permitiendo un mayor control de resultados, siempre que la empresa tenga un Plan concreto de teletrabajo y aporte medios y formación. Eso sí, el teletrabajo tiene algunos inconvenientes que hay que anticipar y evitar: menor seguridad y más riesgo de ciberataques, un posible bajón de la creatividad, dificultades para el trabajo en equipo (y el liderazgo) y menores oportunidades para la formación de los nuevos empleados.

La clave del teletrabajo es que la empresa (o la administración pública) tengan un Plan detallado de teletrabajo y destinen personal y medios para aplicarlo. Pero España tiene dos problemas “estructurales”, dos “cuellos de botella” para ampliar el teletrabajo: el primero, la baja formación digital de los trabajadores: 10,7 millones no se han formado nunca en competencias digitales, según la UGT. Sin embargo, el 64% de los adultos tienen competencias digitales básicas, más que en la media europea (54%), aunque sólo tenemos un 4,3% de especialistas TIC, frente al 4,6% en la UE-27, según el estudio DESI 2023. El 2º problema es el retraso digital de las empresas españolas, sobre todo las pymes. En general, invierten poco en herramientas digitales y España es el 5º país europeo con más empresas de bajo nivel digital: el 56,8%, frente al 45,8% en la UE-28, 38,4% en Reino Unido, 41,4% en Alemania y 50,3% en Francia, según este estudio de UGT.

Cara al futuro, una mayoría de los trabajadores está a favor del teletrabajo, un 27% para teletrabajar al 100% y un 38% apuesta por un modelo híbrido (teletrabajo ocasional y trabajo en la empresa), según un estudio de Edenred y Seresco. Incluso para muchos jóvenes, un motivo básico para cambiar de trabajo es que les impidan teletrabajar. Pero la realidad es que muchas empresas se están pensando reducir los días de teletrabajo e incluso suprimirlo, según una reciente Encuesta de EADA, donde las empresas temen por los costes y la pérdida de creatividad con el teletrabajo. Así que cara al futuro, nos debatimos entre un interés creciente de los trabajadores (sobre todo los más jóvenes) por el teletrabajo y una desconfianza empresarial creciente, salvo entre algunas grandes empresas y sectores. Hay que dar un empujón al teletrabajo donde se puede ampliar, porque es una garantía de mejorar la productividad y la digitalización de la economía, dos retos claves para España. Y de conseguir una mejor calidad del trabajo, que nos permita conciliar la profesión, los horarios, la familia y el ocio. Trabajemos más a golpe de clic.

Empresas: el tamaño sí importa

España tiene un viejo problema de baja productividad: somos el país nº 18 en el ranking europeo de producción (PIB) por habitante y por eso tenemos menos nivel de vida. Y mucho tiene que ver el tamaño de nuestras empresas, donde la gran mayoría (93,58%) son muy pequeñas (menos de 10 trabajadores) y sólo tenemos un 1% de empresas medianas y grandes (un tercio menos que Alemania). El problema es que las empresas pequeñas son menos productivas, crean menos empleo, exportan menos y aportan menos crecimiento, como demuestra un estudio de su patronal, CEPYME. Por eso, proponen medidas para ayudar a las pymes a “dar el salto”, lo que permitiría crear 1.175.000 empleos más, subir salarios, crecer un 5,2% más y recaudar 20.000 millones extras en impuestos. Conseguir empresas más grandes, como pide la Comisión Europea, es uno de los objetivo del Plan de Recuperación y de una Ley (“Crea y Crece”) que el Gobierno quiere aprobar antes de fin de año. Aquí, el tamaño sí importa.

Enrique Ortega

Uno de los problemas más de fondo que tiene España, y del que apenas se habla, es nuestra baja productividad, que producimos mucho menos por habitante que la media europea y que los paises del norte, que por eso son mucho más ricos. El problema viene de lejos. En 1986, cuando España ingresó en la CEE, producíamos (PIB por habitante) el 76% de la media europea. La adhesión y los ajustes económicos mejoraron nuestra productividad, hasta conseguir superar la productividad media europea (también por la adhesión de paises del Este poco competitivos) en 2006, cuando alcanzamos un 105% de la productividad media de la UE-27. A partir de ahí, con la crisis de 2008, nuestra productividad cayó en picado, hasta ser un 90% de la europea en 2013. Y luego mejoró algo, hasta el 93% en 2017, para caer de nuevo al 91% en 2018 y 2019. Y con la pandemia, cayó de nuevo al 86% en 2020, según Eurostat.

Producimos menos por habitante por muchas razones, entre ellas por nuestro modelo económico (demasiados bares, hoteles y comercios pero pocas industrias), por la baja formación de los españoles (un 37,1% tienen “baja formación”, la ESO o menos, el doble que en  Europa), la escasa inversión en tecnología e innovación, el menor peso de la exportación y un problema del que se habla poco: tenemos demasiadas empresas pequeñas, menos competitivas y que crean menos empleo, más vulnerable y peor pagado.

El último Censo oficial, de octubre de 2021, indica que tenemos 2.929.722 empresas, de las que un 93,58% son muy pequeñas: 1.670.995 son empresas sin asalariados (38,60%) y 1.131.163 empresas (54,98%) que son “microempresas” (tienen de 1 a 9 trabajadores). Otras 157.103 empresas (5,36%) son también pequeñas. Así que sólo tenemos 25.499 empresas medianas (de 50 a 249 trabajadores), un 0,87%, y 5.012 empresas grandes (más de 250 empresas grandes), el 0,17% restante. En definitiva, que sólo un 1,04% de todas las empresas españolas tienen más de 50 trabajadores, cuando en Europa son el 1,12% (pero tienen más medianas y sólo un 92,86% de microempresas). Y en Alemania, las microempresas son sólo un 87,23% del total de empresas y tienen el triple de medianas y grandes empresas.

España, en realidad, tiene dos problemas con sus empresas, según un reciente informe que acaba de publicar CEPYME, la patronal de las pymes. El primero, que se mueren antes que en el resto de Europa. Aquí “nacen más empresas”, en contra de lo que se piensa: se crean 35,3 empresas por cada 10.000 habitantes, con lo que somos el tercer país más emprendedor de Europa (tras Reino Unido y Portugal), por delante de la media europea (27 empresas/10.000 habitantes) y duplicamos la creación de empresas de Alemania (17,8), Holanda o Irlanda. Pero nuestras nuevas empresas “mueren antes”: la mitad de las nuevas empresas españolas no sobreviven a los 3 años (el 50,6%), frente al 54,6% en la UE-28 y el 56,6% en Alemania. Y sólo un tercio (el 38,5%) de las empresas españolas sobreviven a los 5 años, frente al 42,4% que sobreviven la UE-28 y el 45,9% en Alemania.

Nacen más empresas en España pero sobreviven menos por su pequeño tamaño: las pequeñas son más vulnerables a las crisis que las medianas y grandes. Se vio en la anterior crisis de 2008: se cerraron un 33% de las empresas de 10 a 49 trabajadores y sólo un 23% de las empresas de más de 500 empleados, según el informe de CEPYME. Y lo mismo ha vuelto a pasar con la pandemia: se han mantenido las empresas de más de 500 empleados y han caído un 4% de las empresas de 10 a 49 trabajadores.

El 2º problema de las empresas españolas, de esos dos tercios que sobreviven, es que son demasiado pequeñas y eso les resulta una desventaja para operar, según detalla el informe de CEPYME. Primero, venden menos, porque hay demasiadas micropymes. Las empresas españolas son las terceras de Europa que menos venden: 1,1 millones de euros por empresa, frente a 1,4 millones de media en la UE-28, 1,5 millones las francesas, 2,2 millones las británicas y 3 millones por empresa las alemanas (solo venden menos las italianas, 1 millón por empresa, y las portuguesas, 600.000 euros). Y eso se debe, sobre todo, al mayor peso de las microempresas (menos 10 empleados), que son las menos productivas: venden 122.000 euros por empleado en España frente a 135.600 en la UE-28, 131.700 en Alemania, 132.200 en Italia, 175.100 en Francia y 202.800 en Reino Unido. Eso fuerza a la baja la productividad de todas las empresas españolas, la 3ª más baja de Europa: venden 222.200 euros por empleado, frente a 230.900 en la UE-28, 232.500 en Reino Unido, 250.700 en Italia, 251.800 en Alemania y 271.600 euros por empleado en Francia.

Al ser menos productivas, por su menor tamaño, las empresas españolas también crean menos empleo: la empresa media española ocupa a 4,7 personas cuando el promedio en Europa son 6 personas por empresa, 4,1 en Italia, 5,7 en Francia, 9,3 en Reino Unido y 12 en Alemania (el triple que en España). Y eso se explica también por el gran peso de las microempresas, que concentran mucho más empleo en España (el 36,3% del total) que en la media europea (27,7%) y Alemania (sólo un 19% del empleo está en microempresas). Además, la menor productividad conlleva también peores salarios, sobre todo en las microempresas y pymes: en España, el salario medio era de 1.340 euros mensuales en las pequeñas empresas, un 22% inferior al sueldo  en las grandes (2.005 euros, 665 más al mes). Un empleo en las pymes peor pagado y más vulnerable: en la crisis de 2008, la mitad de todo el empleo perdido fue en las empresas españolas de 10 a 249 empleados.

Sigamos con otras desventajas de las pymes. Exportan menos (sólo venden fuera el 2,2% de las micropymes, el 13,7% de las empresas de 10 a 19 y el 24,5% de las que tienen de 20 a 49 empleados, frente al 59,5% de las empresas grandes que exportan), lo que les quita “una válvula de escape” esencial en las crisis. Se financian peor: las pymes tienen más problemas para conseguir un crédito y pagan tipos más altos. Innovan menos y apenas gastan en tecnología y en la formación de sus trabajadores. Y como también pagan menos y ofrecen peores contratos, tienen más problema para captar “talento”.

Parece claro que las microempresas y pymes tienen muchos motivos para ganar tamaño, algo que debería ser también un objetivo para el país. Pero no resulta fácil. El informe de CEPYME repasa algunos obstáculos que tienen las pymes para crecer: fiscales, laborales, contables, financieros, de seguros y competencia. Contabilizan hasta 100 regulaciones vinculadas al tamaño empresarial que desalientan el crecer, desde la obligación de auditorías, la posibilidad de crear comités de empresa a la pérdida de ayudas fiscales. El problema es lo que pierden y a lo que se les obliga cuando saltan el umbral de tamaño. Es lo que se llama “el síndrome del empleado nº 50”. Mejor no contratarlo por lo que se exige y se pierde.

La patronal CEPYME se queja de que faltan incentivos para ganar tamaño, para conseguir que una microempresa o una pequeña empresa se conviertan en mediana y una mediana en grande. Y también de que en España hay demasiados y costosos trámites para crear una empresa, un proceso que habría que facilitar para sustituir a las empresas que cierran. Según su informe, crear una empresa en España exige más trámites (7 frente a 5 en la UE, 5 en Francia, 4 en Reino Unido o 3 en Irlanda, aunque en Alemania son 9 y en Italia también 7), más tiempo (12,5 días frente a 11,9 en la UE-28, 11 en Italia,  8 en Alemania, 4,5 en Reino Unido y 4 en Francia), más coste (el 3,9% del ingreso per cápita en España frente al 3,1% de media en Europa, el 6,5% en Alemania, el 0,7% en Francia o el 0% en Reino Unido) y más exigencia de capital (11,6% del ingreso per cápita en España frente al 8,1% en la UE, el 29,8% en Alemania, el 0,02% en Francia y el 0% en Reino Unido y varios paises). Y además de los trámites estatales, hay entre 7 y 12 trámites más en las autonomías.

Al final, la patronal CEPYME propone un objetivo: favorecer la fusión de empresas y que las pymes ganen tamaño, para conseguir que haya 40.171 microempresas menos, que 20.051 den el salto a tener de 10 a 19 empleados y otras 9.665 salten a tener de 20 a 49 trabajadores. Y conseguir que 8.800 empresas pequeñas salten a medianas (50 a 249 trabajadores) y que haya 1.655 grandes empresas más. De conseguirlo y tener así la misma estructura de empresas por tamaño que la media de Europa, el informe resalta lo que España conseguiría: 1.175.200 empleos más (+440.000 en empresas medianas y +413.000 en empresas grandes), mayores ventas (+246.000 millones), mejores salarios (las empresas, con mayor tamaño, podrían pagar  29.000 millones más), exportar un 5% más, crecer el PIB un +5,2% y que Hacienda recaudase 20.000 millones más en impuestos.

El premio es como para plantearse intentar conseguir empresas de más tamaño. La Comisión Europea lleva décadas pidiéndoselo a España, informe tras informe. Y por eso, el Gobierno, para asegurar los Fondos europeos, ha incluido un apartado del Plan de Recuperación (el punto 13: “Impulso a la PYME”) con medidas e inversiones para impulsar la creación y el crecimiento de empresas. Y el 27 de julio, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de creación y crecimiento de empresas, que ahora está en proceso de consulta pública, para enviarse al Congreso antes de fin de año, otra promesa a Bruselas. La Ley (“Crea y Crece”) va a permitir crear una empresa con 1 euro, elimina el capital mínimo (3.000 euros), facilita la entrada de inversores (crowdfunding y mecenazgo) y tratará de reducir las trabas al crecimiento y fusión de empresas.

Es fundamental conseguir que haya más empresas y de mayor tamaño, para que compitan mejor, vendan y exporten más, creen más empleo estable y ayuden a mejorar la productividad del país, con lo que mejoraría el nivel de vida de todos. Para eso hace falta modernizar la economía, digitalizarla y resolver los retos medioambientales, una normativa laboral con amplio apoyo y que mejore la calidad del empleo, apostar por  la educación y la formación, gastar más en tecnología y apoyar la reindustrialización. Pero también tener más empresas medianas y grandes. Porque el tamaño sí importa.