Renta 2026: más declaraciones a pagar

Queda hasta finales de junio para presentar la declaración de la Renta, por los ingresos de 2025. Este año, aumentan los contribuyentes que les sale a pagar (+1,64 millones que en 2025) y además pagarán más (+5.535 millones), porque hay más gente trabajando y han subido los sueldos, dividendos y plusvalías de Bolsa y de la venta de viviendas. También porque Hacienda no descuenta la inflación en tramos y tipos. La Renta se consolida como el principal impuesto (43,78% de la recaudación)  y la pagan sobre todo los que viven de un trabajo o pensión, principalmente las clases medias y medias altas. Con todo, no es verdad que “vivamos en un infierno fiscal”, como reitera Feijóo: el porcentaje del salario bruto que se llevan impuestos y cotizaciones es mayor que en la OCDE pero menor que en Alemania, Francia e Italia. Y España sigue recaudando porcentualmente menos que Europa. Por eso, si queremos mejorar los servicios públicos, algunos (los más ricos, inversores y empresas) tendrán que pagar más.

                               Enrique Ortega

Esta primavera de 2026, Hacienda espera recibir 25.251.000 declaraciones de la Renta (IRPF) por los ingresos que tuvimos en 2025, un +2,1% que en 2025. La novedad es que bajan las declaraciones negativas, con derecho a devolución (serán 15.706.000 declaraciones, 1,36 millones menos que el año pasado, -1,8%) y suben mucho las declaraciones positivas, en las que sale a pagar: se esperan 7.709.000 declaraciones, 1,64 millones más que en 2025 (+10,3%). Las razones son varias: hay más gente viviendo y trabajando en España y a muchos de estos declarantes les han subido los sueldos y en algunos casos, los dividendos que perciben (+12,7% en 2025) y las plusvalías por la subida de la Bolsa (+49,27% en 2025) y por la venta de viviendas (que subieron el 12,7%). Ahora lo que se paga con la declaración no es todo el IRPF, sino la parte que “queda pendiente” tras las retenciones mensuales en 2025, con lo que el pago neto de los contribuyentes (pago positivas menos ingreso negativas) será un saldo positivo para Hacienda de 11.357 millones (19.093 el año pasado).

La declaración del IRPF de este año tiene pocas novedades fiscales, salvo las deducciones por obras en viviendas para reducir el consumo energético, así como por la compra de vehículos eléctricos o por instalación de postes de recarga, más la deducción (hasta 340 euros) para los que ganen menos de 18.276 euros y los ajustes a los que ganan el salario mínimo (SMI). Eso sí, hay que destacar que Hacienda enviará este año 3,5 millones de “avisos” preventivos para alertar de sus obligaciones fiscales a los que tienen criptomonedas (1,2 millones de avisos), a los que obtienen rentas en el extranjero, a los que venden cantidades destacadas en plataformas digitales (como Wallapop o Vinted: 437.000 avisos más) o los que tienen un piso en alquiler no declarado (avisos a 867.000 propietarios…).

Las mayores novedades de la Renta siguen estando en la mitad que gestionan las autonomías. Sigue habiendo una gran diferencia regional en el tipo mínimo (9,5%), que sólo mantienen Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Cataluña y Murcia) y que han rebajado el resto, mientras el tipo máximo autonómico (24,5%) lo mantiene sólo Cantabria, subiéndolo 8 autonomías (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Extremadura, la Rioja y Comunidad Valenciana, con el tipo más alto, 29,5%) y bajándolo otras 6 (Castilla y León, Galicia, Castilla la Mancha, Murcia, Andalucía y Madrid, con el tipo máximo más bajo, 20,5%). Tipos que se suman al tipo mínimo (9,5%) y máximo (24,5%) estatal.

Además de que las autonomías compiten entre ellas con unos tipos del IRPF al alza o a la baja, también difieren en las deducciones que aplican, muy diferentes entre ellas. En esta declaración a presentar en 2026, hay deducciones autonómicas muy llamativas: un 15% de la cuota del gimnasio, con 100 euros máximo (Andalucía y Murcia), un porcentaje del gasto veterinario en mascotas (Andalucía y Murcia), a los celíacos (Asturias), por gastos en dentistas (hasta 150 euros de deducción) y oculistas, así como por estudios musicales, hasta 150 euros (las 3 deducciones en la Comunidad Valenciana), ayuda para material escolar (Galicia),para gastos de guardería o mudanza entre islas (Canarias), por ahorro para previsión social (País Vasco) o para compra de vivienda (Castilla la Mancha), para compensar los gastos de una ocupación de vivienda (en Baleares), para bonificar los trabajos en el campo de nuevos residentes (La Rioja) o para incentivar a los que vengan de otras regiones (una deducción nueva este año en Extremadura y Cantabria).

Con tipos autonómicos distintos y diferentes deducciones, los españoles pagan un IRPF diferente según donde vivan, según demuestra este estudio de los economistas asesores fiscales (REAF). Un soltero sin hijos que ingrese 20.000 euros pagará de Renta 1.772 euros al año en todas las regiones, salvo en Navarra (1.200 euros) y País Vasco (0 euros).Si gana 30.000 euros, la horquilla varía entre 4.958 euros que paga en Cataluña (4.926 en Castilla la Mancha) y 4.495 en el País Vasco, 4.582 en Navarra y 4.598 en Madrid. Para 45.000 euros, vuelve a ser Cataluña donde más de paga (9.684 euros), seguida por Extremadura (9.653) y menos en el País Vasco (8.626) y Madrid (8.881). Para 70.000 euros de ingresos, el mayor pago hay que hacerlo en Extremadura (19.365 euros) y Cataluña (19.097), siendo el menor en el País Vasco (34.724) y Madrid (35.000 euros). Y a partir de 110.000 euros de ingresos anuales, el reparto se repite: pagan más los contribuyentes (ricos) que viven en la Comunidad Valenciana y los que menos quienes viven en Madrid (ahí, “los más ricos” pagan de Renta entre 7.000 y 46.000 euros menos que en la Comunidad Valenciana: ver cuadro).

El IRPF se consolida en España como el primer impuesto, la mayor fuente de ingresos tributarios: en 2025, Hacienda recaudó con la Renta 142.466 millones de euros, casi la mitad (el 43,78%) de toda la recaudación fiscal en España (325.356 millones), un peso que ha ido en aumento tras la pandemia (el IRPF suponía el 40,83% de toda la recaudación en 2019). Y la recaudación por Renta ha crecido un +64% desde 2019 (cuando ingresó 86.892 millones), el 2º mayor aumento de ingresos de todos los impuestos, sólo por detrás del impuesto de Sociedades (cuya recaudación ha crecido un +78% desde 2019 porque entonces las empresas pagaban muchos menos impuestos y ahora ganan más). Muy lejos del IRPF quedan la recaudación del IVA (99.532 millones en 2025), la de Sociedades (42.266 millones) y los impuestos especiales (23.083 millones por carburantes, tabaco y alcohol), los 4 principales impuestos que pagamos cada día y cada año.

Este fuerte tirón de la recaudación por el IRPF tras la pandemia se debe a varios factores:  más población residente y trabajando (+2.496.400 ocupados que en 2019), con mayores sueldos (han subido +16,66% en estos 6 años) y con unos ingresos extras para muchos declarantes que ahorran e invierten (generando plusvalías), desde los que cobran dividendos (42.671 millones cobrados en 2025, la cifra máxima en once años) a los que invierten en Bolsa (2,4 millones de familias, el 12% de los hogares) o los que compraron una vivienda y la han venido (+62% ha subido desde 2019) o alquilado (+47% subieron los alquileres). Todo ello explica que la recaudación por IRPF se haya disparado tras la pandemia y especialmente en 2025 (+10,1%), lo que ha aumentado las declaraciones positivas este año.

Y hay otra razón muy importante, que explica parte de la mayor recaudación por IRPF: Hacienda no deflacta los tramos ni la tarifa del IRPF, lo que significa que ganamos más cada año por la inflación, aunque se coma parte del poder adquisitivo. Y eso se traduce en contribuyentes que saltan de tramo de la renta, que pagan un tipo más alto que años anteriores. El PP lleva años pidiendo al Gobierno que “deflacte” la tarifa, que descuente de nuestros ingresos lo que ha crecido la inflación. Y lo ha aplicado en las 11 autonomías que gobierna, aunque lo hizo en años anteriores, porque las autonomías “populares” no han deflactado la tarifa ni en 2025 ni en 2026.

Hacienda rechaza deflactar la tarifa, argumentando que esa medida “favorece más a los más ricos” y que las medidas fiscales adoptadas en los últimos años por el Gobierno han rebajado más a las rentas bajas que deflactarles la tarifa. En cualquier caso, los expertos de AIReF estiman que Hacienda recauda 10.000 millones “extras” al año por no deflactar la tarifa de la Renta, algo que pagamos todos, pero unos más que otros. Así, un declarante que ingresa 25.000 euros paga un extra por no deflactar la tarifa de 250 euros (Extremadura) a 263 euros el año (Comunidad Valenciana). Uno que declara 30.000, paga de más entre 337 euros (Madrid) y 352 (Extremadura). Uno que ingresa 45.000 paga un extra de 522 euros (Madrid) a 533 (Extremadura). Quien ingrese 75.000 euros, paga entre 750 euros de más (Baleares) y 769 (Comunidad Valenciana). Y los contribuyentes de 400.000 euros pagan extra entre 2.134 euros (Madrid) y 2.163 euros (Comunidad Valenciana). Como se ve, hay grandes diferencias.

Un problema que tiene el IRPF, frente a otros impuestos, es que la mayoría lo pagan los que viven de un sueldo a de una pensión, (el 90,8 % de todas las declaraciones son de rendimientos del trabajo). que además son los más fáciles de controlar por Hacienda que los ingresos que declaran los que tienen ahorros o inversiones (lo incorporan el 40% de las declaraciones), los que obtienen ingresos de inmuebles (otro 38% declaraciones) y los que declaran actividades económicas (empresarios y autónomos, 12,5% declaraciones). Y muchas de las personas con grandes patrimonios no declaran en el IRPF, porque utilizan sociedades e intermediarias (SICAV) para canalizar sus pagos fiscales (reducidos).

Con todo, los que declaramos en el IRPF pagamos más cada año, por esos mayores ingresos que no notamos por la inflación. Así, el tipo medio de las declaraciones ha saltado del 12,7% de media sobre ingresos que pagábamos en 2019 al 14,4% en 2024 y al 16,2% de 2025, según la Agencia Tributaria. Un pago de la Renta que recae sobre todo sobre las personas de ingresos medios y medios altos, según los últimos datos de Hacienda, de la Declaración de 2023: los que declaran ingresos entre 30.000 y 60.000 euros (22,02% declarantes) pagan el 37,54% del IRPF, una media de 8.370 euros por declarante. Y los contribuyentes que ganan entre 60.000 y 150.000 euros (el 4,88% del total) pagan el 24,19% del IRPF, 24.317 euros de media. Así que entre ambos grupos (de 30.000 a 150.000 euros, el 26,9% de declarantes) pagan casi dos tercios del IRPF. Y la mayoría de contribuyentes, los que ingresan menos de 30.000 euros (el 67% de declarantes) pagan sólo el 20,31% del IRPF, una media de 190 a 3.761 euros.  Y la minoría que gana más de 150.000 euros (175.665 contribuyentes, el 0,73% del total) pagan el 17,97% del IRPF, entre 81.586 y 543.472 euros…

Visto así, queda claro que en el IRPF pagan más los que más tienen. Pero estos datos esconden un grave problema, nuestros impuestos en general no son “progresivos” ni “justos”, algo que ya piensan la mayoría de los españoles (españoles (el 78,9% no se creen que en España pague más impuestos quien más tiene, según la última Encuesta del CIS). Una experta recordaba los datos de Fedea: el 1% más rico paga de impuestos el 25% de sus ingresos mientras los hogares más pobres pagan el 30% y las clases medias destinan el 40% de sus ingresos a pagar impuestos. Eso pasa porque el actual sistema fiscal penaliza más los ingresos del trabajo (pagan un 30% los salarios hasta 25.000 euros) que los ingresos del capital (hasta el 28% pagan dividendos y plusvalías).Y a que los más ricos utilizan empresas e “ingeniería fiscal” para pagar menos “legalmente”…

Otro mito que circula en el imaginario popular es que “en España pagamos más impuestos que en otros paises”, una idea agravada con la última consigna de Núñez Feijóo: “España es un infierno fiscal”. Algo que es sencillamente mentira: la presión fiscal en España en 2024 (ingresos tributarios más cotizaciones sociales) es del 37,3% del PIB, lejos de la media de la UE-27, que es el 40,4%, según Eurostat. Y si miramos “la cuña fiscal”, el porcentaje del salario bruto que pierden los trabajadores tras el pago de impuestos y cotizaciones, es en España el 41,4%, más que la media de la OCDE (35,1%), pero menos de lo que pierden los trabajadores de Alemania (49,3%), Francia (47,2%), Italia (45,8%) o Bélgica (52,5%).

Lo que sí es preocupante para España, aunque nunca lo diga Núñez Feijóo, es que recaudemos muchos menos ingresos que otros paises en relación a nuestro PIB, algo que pasaba hace una década (40% del PIB entre 2017 y 2021, frente al 46,3% que recaudaba la UE-21) y que pasa ahora: España recaudó en 2025 una cifra récord, pero suponía el 42,8% del PIB, otro año por debajo de la UE-27 (recaudó el 46,3% del PIB), de Alemania (47,5% del PIB), Francia (52% del PIB) e Italia (47,6% del PIB). Eso significa, a lo claro, que en 2025 recaudamos 59.000 millones menos que la media europea, un dinero que nos hubiera venido muy bien para mejorar la sanidad, educación, Dependencia o los servicios públicos.

Estas fechas en que nos toca el mal trago de presentar la declaración de la renta (pagar impuestos lo hacemos todo el año), es buen momento para hacer una reflexión: necesitamos recaudar más, homologarnos con Europa, para reforzar el Estado del Bienestar, desde la sanidad (un trasplante de corazón cuesta 90.000 euros) a la educación pasando por la Dependencia, las ayudas sociales, la vivienda, las infraestructuras (desde vías de tren a carreteras), los servicios públicos y emergencias…, tantas y tantas cosas que necesitan recursos y personal.

Ojo, no se trata de pagar más impuestos la mayoría que ya los pagamos, sino que paguen más los que pagan poco: grandes empresas (un tercio de nuestras multinacionales pagan un tipo efectivo inferior al 15%, menos que un trabajador en el IRPF), multinacionales y grandes patrimonios (los más ricos). Y reducir las vías de fraude fiscal, “legales” o ilegales (economía sumergida). Además, Bruselas nos recomienda aprobar una reforma fiscal (imposible hace décadas) que reduzca los tipos reducidos del IVA, suprima deducciones en Renta y Sociedades y aumente los “impuestos verdes” (llevamos años sin cumplir la exigencia de subir impuestos al gasóleo). Sólo así recaudaremos más, de una forma más justa, y podremos mejorar los servicios públicos. No bajando impuestos.

El deterioro de los servicios públicos

El Foro de Davos alerta que 1 de los 3 mayores riesgos de España es “la insuficiencia de los servicios públicos”. Mientras, en España se multiplican las quejas sobre las deficiencias en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, que fuerzan a pagar servicios privados. Un deterioro del Estado del Bienestar que se explica con un dato: España gasta menos que Europa (-43.000 millones anuales) en financiar los servicios públicos fundamentales. Y se agrava porque dos tercios los financian las autonomías, con grandes diferencias en el gasto social: Navarra, País Vasco, Extremadura y Asturias son las que más gastan por habitante y las que menos Madrid, Cataluña, Andalucía y Murcia. Las autonomías se quejan de falta de recursos, mientras muchas bajan impuestos. Ahora, el Gobierno propone un nuevo sistema de financiación, que les aportaría 21.000 millones más para mejorar los servicios públicos. Pero las autonomías rechazan el sistema, dentro del acoso político al Gobierno. Y han aprobado Presupuestos para 2026 que apenas refuerzan los servicios públicos. No mejorarán mientras los políticos no pacten cambios.

                             Enrique Ortega 

En los últimos meses, crece la preocupación de los españoles por el deterioro de los servicios públicos, desde los cribados de cáncer de mama en Andalucía a las Universidades públicas en Madrid, los 32.704 ancianos que murieron en 2025 sin recibir las ayudas a la Dependencia  o las familias vulnerables que no reciben el ingreso mínimo vital  o las rentas mínimas (sin olvidar los transportes). Un deterioro que ha llevado al Foro de Davos a señalar que 1 de los 5 principales “riesgos” de España es “la insuficiencia de los servicios públicos” , junto a la polarización social, la escasez de talento y mano de obra especializada, la elevada deuda pública y la falta de oportunidades para los desempleados.

Los servicios públicos en España han pasado por múltiples vaivenes en la historia reciente. Durante el franquismo, los españoles teníamos pocos servicios públicos, a cambio de que también pagábamos pocos impuestos. Con la democracia, aumentó la demanda ciudadana y hubo un fuerte aumento del gasto público hasta 2009 (+5,1% anual), que se truncó con la crisis financiera y europea, que provocó fuertes recortes del Estado de Bienestar en España. A partir de 2014, el gasto público se recupera lentamente (+1,8% anual) hasta 2020, cuando el COVID obliga a un mayor gasto público, situación agravada después por la hiperinflación de 2022 y 2023, tras la invasión de Ucrania. Y ahora llevamos dos años (2024 y 2025) con menores aumentos del gasto social, también por la falta de Presupuestos.

Con todos estos vaivenes, el gasto público primario (sin contar el pago de intereses de la deuda) ha crecido este siglo, del 36% del PIB en 2002 al 43% en 2024. Pero seguimos, antes y ahora, con un gasto público muy inferior al del resto de Europa, que fue el 47,3% de su producción (PIB) en 2024, según un reciente estudio de Ivie, un porcentaje que es mucho mayor en Francia (el 55% de su PIB), Italia (50,3% del PIB) o Alemania (47.5% del PIB). Y si analizamos qué parte del gasto público se destina a servicios públicos fundamentales (sanidad, educación, servicios sociales, pensiones y desempleo), España también gasta menos: el 26,4% del PIB, frente al 28,2% que gasta la UE-27, el 34,2% de Francia, el 29,6% de Italia y el 27,6% de Alemania.

Veamos las diferencias por tipo de gasto, según el informe de Ivie. En sanidad, España gasta (2024) un 6,6% del PIB, frente al 7,3% que gasta la UE-27, el 8,8% de Francia, el 7,5% de Alemania y el 6,5% de Italia. En educación, España gasta el 4,2% del PIB, frente al 4,7% la UE-27, el 5% de Francia, el 4,5% de Alemania y el 3,9% de Italia. Y en servicios sociales (políticas de inclusión social, familia, infancia y vivienda social), España gasta el 1,7% del PIB, casi la mitad que la UE-27, mucho menos que Francia (4,3%) y por debajo de Alemania (2,8%) e Italia (2,3%). Esto significa, a lo claro, que si gastáramos “como europeos”, tendríamos que destinar 43.000 millones más cada año a sanidad (+11.160 millones), educación (+7971 millones) y servicios sociales (+23.914 millones).

El problema no es sólo que España gaste menos que la mayoría de Europa sino que ha habido un cambio en ese gasto: en 2002, era el Estado central el que más gastaba (51,6%), mientras ahora (2024) son las autonomías quienes aportan el 53,6% de gasto, con las transferencias del Estado y sus propios recursos. Y además, los recortes hechos principalmente por el Gobierno Rajoy en el gasto público (-62.659 millones entre 2009 y 2013) se concentraron en las autonomías (se llevaron el 99,8% del recorte), según el informe de Ivie, lo que se tradujo en menos recursos para los servicios públicos. Posteriormente, el fuerte aumento de población (hay 2,25 millones más de habitantes que en 2019) ha disparado la demanda de servicios, sin que las autonomías hayan disparado sus recursos.

Y esto nos lleva a la situación actual, donde la sanidad, la educación, los servicios sociales y la Dependencia (un 4º pilar del Estado de Bienestar, que ha atendido a 4 millones de mayores y dependientes desde 2007) sufren problemas, básicamente de falta de medios y personal, porque la demanda ha crecido más que la financiación. Y como estos servicios públicos los gestionan las autonomías, su nivel y calidad dependen en gran medida de los recursos que destine cada una. Y el problema es la enorme disparidad en el gasto en servicios públicos entre las autonomías, que condiciona la sanidad, la educación , los servicios sociales o las ayudas a la Dependencia que recibimos según donde vivamos.

El estudio de Ivie, con datos de 2024, revela que en sanidad, hay autonomías que gastan mucho más que la media (como Murcia o Navarra) y otras mucho menos (como Andalucía, Galicia y Madrid, las tres que menos gastan). En educación, gastan por encima de la media País Vasco, Cantabria, Castilla León y Galicia y están a la cola del gasto Madrid (otra vez el “farolillo rojo”), Murcia, Cataluña y Baleares. Y en protección social, también gastan por encima del resto Navarra y País Vasco, siendo Galicia la que menos gasta (Madrid vuelve a gastar por debajo de la media). Globalmente, las autonomías que más gastan en servicios públicos fundamentales son País Vasco, Navarra, Canarias y Extremadura, mientras están a la cola de este gasto Madrid, Andalucía, Galicia y Asturias (ver cuadro).

Otro estudio, de los Directores de Servicios Sociales, pone cifras más concretas a esta desigualdad autonómica en el gasto social. En 2024, el gasto autonómico en políticas sociales fue de 3.277 euros/habitante, con grandes diferencias entre las que más gastaron (Navarra 4.500 euros, País Vasco 4.343 y Extremadura 4.124 euros/habitante) y las que menos (Madrid 2.702 euros, Cataluña 2.940, Andalucía 3.158 y Murcia 3.259 euros/habitante). Si se desglosa, el gasto medio en sanidad fue de 1.717 euros/habitante, con grandes diferencias entre los que más gastaron (2.318 euros Asturias, 2.222 País Vasco. 2.170 Navarra, 2.164 euros/habitante Extremadura) y los que menos (1.415 euros Madrid, 1.457 Cataluña, 1.602 euros Murcia, 1.623 Comunidad Valenciana y 1.639 euros Andalucía). En educación, superan el gasto medio de España (1.126 euros/habitante) País Vasco (1.608 euros), Navarra (1.492), Extremadura (1.300) y Murcia (1.264 euros/habitante), mientras encabezan la cola del menor gasto Madrid (910 euros), Asturias (1.034), Cataluña (1.042) y Galicia (1.055 euros/habitante). Y en servicios sociales, el gasto medio en 2024 fue de 433 euros/habitante, superado por Navarra (837 euros), Extremadura (659), Asturias (608), la Rioja (560) y País Vasco (512 euros/habitante), mientras a la cola del gasto están Baleares (273 euros), Canarias (327), Andalucía (368 euros) y Madrid (377 euros/habitante).

Estas tremendas diferencias autonómicas se dan también en el gasto en Dependencia, una prestación clave pero con problemas por falta de recursos: a finales de 2025, había 258.167 dependientes en listas de espera (esperando una prestación reconocida o ser valorados), lo que provocó que 32.704 mayores murieran esperando una ayuda en 2025. Y los que sí reciben alguna prestación (1.635.000 en diciembre 2025), la mayoría perciben “ayudas low cost” (una ayuda a la familia de 180 a 455 euros al mes, teleasistencia o pocas horas de ayuda a domicilio). Las autonomías aportan el 73% del gasto en Dependencia y muchas tratan de recortar este gasto, retrasando o revisando ayudas. Y su gasto es también muy desigual, según el informe de los Directores de Servicios Sociales: si la media es 8.592 euros por beneficiario atendido, en el País Vasco gastan 13.554, 12.670 en Navarra y 11.395 euros en Extremadura, mientras a la cola de gasto están Andalucía (7.173 euros), Aragón (7.125) y Murcia (7.455), ocupando Madrid el 8º lugar por la cola (8.894 euros/beneficiario).

 
Cara a este 2026, no parece que las autonomías vayan a hacer un esfuerzo especial por gastar más en servicios públicos, a pesar de su deterioro. Un ejemplo es el gasto en sanidad, según los Presupuestos aprobados o prorrogados: el gasto por habitante será de 2.013 euros, sólo un +3,5% que en 2025. Y el País Vasco, Extremadura o Navarra gastarán entre 2.373 y 2.288 euros por habitante, un 50% más que el gasto sanitario de Madrid (1.537 euros/habitante), el tercero más bajo, tras Murcia (1.511 euros) y Cataluña (1.516 euros/habitante).

Así que la financiación de los servicios públicos depende básicamente de las autonomías, que gastan más o menos según quien gestione y sus políticas, no según sus ingresos: hemos visto como Madrid y Cataluña están a la cola de gasto, aunque sean más ricas. Lo que ha pasado estos últimos años es que muchas autonomías (sobre todo las gestionadas por el PP) han reducido el peso del gasto social, como reveló un estudio de los Directores de Servicios Sociales: en 2024, las autonomías gastaron 2.364 millones menos en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, además de reducir el peso de este gasto social en sus Presupuestos desde 2019, gastando más en infraestructuras, personal y deuda, además de favorecer en muchos casos la sanidad y la educación privadas.

Muchas autonomías se quejan de falta de recursos para justificar que no destinen más medios a sanidad, educación, Dependencia o gastos sociales. Pero es una “cortina de humo”, porque hay autonomías con pocos recursos (como Extremadura o Castilla y León) que gastan relativamente más en servicios públicos que otras ricas. Y además, en los últimos años, la recaudación fiscal de Hacienda  ha batido récords año tras año, siendo también récords las transferencias del Estado a las autonomías (por el 50% del IRPF o del IVA y el 58% de los impuestos especiales). Así, en 2025, Hacienda transfirió a las autonomías 158.167 millones, una cifra récord como en 2023 y 2024. Y en 2026 recibirán 170.300 millones, +7,7% que en 2025. Incluso cuando el Estado aumentó su aportación para Dependencia, hubo autonomías que “hicieron caja”, recortando su Presupuesto. Y cuando el Estado creó el ingreso mínimo vital, algunas autonomías aprovecharon para recortar sus rentas mínimas…

En cualquier caso, lo que está claro es que España gasta menos en servicios públicos esenciales que Europa, a pesar de que cada vez tenemos más habitantes (en 2030 seremos 2 millones más que ahora) y más envejecidos (más gasto en sanidad y Dependencia). La causa de esta situación está en que España también recauda menos que Europa, según destaca el estudio de Ivie: en 2024, los ingresos públicos en España eran el 42,3% del PIB, frente al 46% de media UE-27, el 51% de Francia, el 46,8% de Alemania y el 47,1% de Italia. A lo claro: que recaudamos 59.000 millones menos cada año que la media de los europeos. Por eso gastamos menos en los servicios públicos que tanta falta nos hacen.

¿Solución? Recaudar más, para lo que urge poner en marcha una reforma fiscal, como la que propusieron el Comité de Sabios en 2022: armonizar los impuestos autonómicos (evitar la pelea por ver quien baja más los impuestos), reformar el IVA y quitar la mayoría de los tipos reducidos, revisar las deducciones en el IRPF y en sociedades (muy abultadas), aumentar la fiscalidad ambiental (carburantes) y al alcohol y tabaco, además de una mayor lucha contra el fraude y la “elusión” fiscal de los más ricos y grandes empresas.

Y además de recaudar más, hay que reformar el sistema de financiación autonómica, para que las transferencias que reciben las autonomías aumenten y se distribuyan con nuevos criterios (porcentaje de mayores y población joven, dispersión geográfica y renta) no sólo el de población. El actual sistema de financiación es de 2009 y lleva pendiente de reforma desde 2014, cuando prometió hacerlo Rajoy. Es una reforma clave, porque el sistema actual provoca que 6 autonomías reciban menos recursos por habitante que la media: Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla la Mancha, Aragón y Madrid (muy poco menos), beneficiándose las 9 restantes (el País Vasco y Navarra tienen un régimen foral que les beneficia sobre el resto, un privilegio histórico difícil de corregir). Pero además de esta reforma, urge frenar las bajadas de impuestos en cadena que llevan años promoviendo las autonomías gobernadas por el PP, porque son injustas (benefician más a quien más tiene) y porque reducen ingresos que impiden gastar más en sanidad, educación, servicios sociales o Dependencia (caso muy evidente de Madrid).

A principios de año, el 9 de enero, el Gobierno ha hecho una propuesta para aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica, forzado por sus acuerdos con ERC y Junts. Pero el nuevo sistema aumenta el porcentaje del IRPF (al 55%) y el IVA (al 56,5%) que se transfiere a las autonomías, junto a una mayor aportación del Estado, con lo que las autonomías recibirían 20.975 millones extras en 2027. Una ganancia para todas, sobre todo para Andalucía (+4.846 millones), Cataluña (+4.686 millones), Comunidad Valenciana  (+3.669), Madrid (2.555) y Castilla la Mancha (+1.248 millones). Pero la propuesta ha sido rechazada por todas las autonomías, salvo Cataluña, más por causas políticas que económicas o fiscales.

 Y así, con esta imposibilidad política de llegar a acuerdos para pactar una reforma fiscal y una reforma de la financiación autonómica, los ciudadanos seguiremos sufriendo las consecuencias de una financiación escasa y mal repartida de nuestros servicios públicos esenciales. Y cada vez tendremos más problemas en la sanidad, la educación, la Dependencia o los servicios sociales, porque el deterioro se acumula y somos más habitantes. Lo grave es que la incapacidad de los políticos para buscar acuerdos perjudica nuestra vida diaria.

Guerra comercial: el chantaje de Trump

Trump ha declarado una guerra comercial a 185 paises del mundo, algo inédito. Lo justifica porque han “estafado” a EEUU, provocando déficits comerciales y hundiendo su economía, obviando que son ellos quienes han perdido competitividad y se han lanzado a fabricar en  medio mundo. Europa se debate entre negociar y defenderse con nuevos aranceles, como ha hecho China. Pero Trump no dará marcha atrás: ha lanzado un “chantaje” y pretende conseguir dinero (hasta 600.000 millones) y contrapartidas para sus tecnológicas, para bajar impuestos en USA y consolidar su revolución de extrema derecha. Si Putin se saltó hace 3 años todas las reglas al invadir Ucrania, ahora Trump (otro autócrata) se salta todas las reglas económicas para imponer al mundo unos aranceles que nos van a empobrecer a todos. Como frente a Putin, hay que aliarse frente a Trump, porque lo que está en juego no son las ventas de coches, aceite o vino, sino la ruptura de las reglas de juego y el futuro de Europa. Ya sabemos por la historia que no se detiene a un dictador negociando.

             Trump "justifica" con mentiras sus aranceles a 185 paises

El anuncio de aranceles de Trump, el 3 de abril, fue un “reality show” para consumo interno en EEUU, para sus 77 millones de votantes, aunque el resto del mundo lo siguiera conteniendo la respiración. Sus argumentos fueron tan simples como su populismo: el mundo se ha aprovechado de EEUU, “nos han timado”, invadiéndonos con sus productos, que han hundido a las empresas y al campo norteamericano, con pérdida de riqueza y empleo. Y ha llegado la hora de responder, “el día de la liberación”: les vamos a imponer aranceles, para recuperar parte de lo que nos han “robado”. Una explicación “simplista” y “falsa”: EEUU ya no es la potencia económica que era hace tres décadas porque su economía ha perdido competitividad y porque muchas empresas norteamericanas han preferido fabricar en China, Vietnam o México para ahorrarse costes y ganar más. EEUU compra más fuera porque los norteamericanos apuestan por coches coreanos o teléfonos fabricados en China.

Pero claro, esa no puede ser la explicación de un presidente “nacionalista”, que prefiere recurrir al viejo tópico del “enemigo exterior” para “hacer a America grande de nuevo”, en lugar de explicarles que han de reconvertir a fondo su economía para competir en un mundo globalizado. Y como buen “populista”, Trump apuesta por “soluciones simples”: seremos un país grande de nuevo si ponemos “aranceles”, impuestos a los productos extranjeros” (una medida del siglo XIX, sin sentido hoy) y obligamos a las empresas (las norteamericanas y las extranjeras) a instalarse en Estados Unidos. Es el cuento de la lechera: “así vamos a ingresar millones de dólares y a recuperar empresas y empleos”.

Y para poner en marcha esta estrategia unilateral frente al mundo, se inventa una fórmula que es otra mentira: vamos a imponer unos “aranceles recíprocos”, para responder a los aranceles que otros paises imponen ahora a EEUU. Y como somos “buenos”, en lugar de responder con el arancel que ellos nos imponen, les impondremos un arancel más bajo. Todo mentira. La fórmula (verla al lado), una ecuación teóricamente “sesuda” (incluso con letras griegas) es un invento (otro): refleja solo una cosa, el déficit comercial que tiene cada país con EEUU, que es el criterio para imponerles ahora los aranceles. Veamos el caso de Europa. El arancel a imponer a la UE-27 sale de dividir el déficit comercial (235.600 millones) entre las importaciones USA (605.800): da 39%. Nada que ver con el arancel real que aplica Europa a los productos USA, que ronda el 3%. Y como “somos buenos”, añade Trump, divido ese 39% por la mitad y, redondeando, me sale ponerles un 20% de arancel…

Y así con todos los paises que venden a EEUU más de lo que les compran, 185 paises del mundo, incluidas dos islas autónomas australianas (Heard y McDonald) donde sólo viven pingüinos y excluyendo a Rusia, Bielorrusia, Cuba y Corea del Norte. … No hay “formulas” que valgan: los aranceles se imponen unilateralmente contra todos los paises (un 10% de entrada), pero se agravan contra los paises con los que EEUU tiene más déficit comercial. En 2024, ese déficit comercial (importaciones-exportaciones) alcanzó la cifra récord de -1.212.000 millones de dólares (1,2 billones), más que en 2013 (1,06 billones) y 2023 (1,17 billones). La cuarta parte del déficit total USA fue por China (-295.400 millones $), seguida de la Unión Europea (-235.571 millones $), México (-171.189 millones $), Vietnam (-123.436 millones), Taiwán (-73.900 millones), Japón (-68.500 millones $) y Canadá (-63.336 millones).

Y estos son, justamente, los paises a los que Trump ha aplicado sus aranceles más altos, no porque estos paises les apliquen a ellos aranceles (apenas tienen) sino porque son quienes les venden más que les compran, bien porque tienen productos más competitivos o bien porque en ellos fabrican muchas multinacionales USA (coches Tesla o iPhone de Apple en China o zapatillas Nike en Vietnam). Así, el mayor arancel se impone a China (39% ahora, que se suma al 20% de aranceles impuestos en enero y febrero: 54%), seguida de Lesoto (50%: allí se fabrican los Levi´s), Camboya (49%), Vietnam (46%),Sri Lanka (44%), Bangladés (37%), Tailandia (36%), Taiwán e Indonesia (32%), India (26%), Suiza (31%), Sudáfrica (30%),Corea del Sur (25%), Japón y Malasia (24%) y Europa (22%), con un 10% para Reino Unido (ver listado de aranceles por paises).

Estos nuevos aranceles entraron en vigor el 5 de abril (para los 117 paises a los que “sólo” les aplica un 10%) y desde este miércoles el 9 de abril para los 40 paises con aranceles más altos, entre ellos los paises europeos. Pero estos son “los nuevos” aranceles, porque hay otros aranceles USA que ya se están aplicando. Recapitulemos. El 4 de marzo entraron en vigor los aranceles del 25% a México y Canadá (al 50% de los productos, los que están excluidos del Tratado de Libre Comercio). El 12 de marzo entraron en vigor los aranceles del 25% a todas las importaciones extranjeras de aluminio y acero. El 3 de abril se empezaron a cobrar los aranceles del 25% a los coches extranjeros (las piezas lo pagarán desde el 2 de mayo). Y también están en vigor los aranceles que se impondrán a los paises que compren petróleo a Venezuela (España entre ellos). Y además, el 2 de mayo entra en vigor la extensión de aranceles (54%) a los productos chinos que lleguen en pequeños paquetes (por importe inferior a 800 euros), que hasta entonces no pagan aranceles.

Hasta aquí el “órdago” de Trump, el “chantaje” de Trump al mundo, que ya es un hecho. Ahora, está sentado a la espera de que el mundo “negocie”, le ofrezca algo (“tiene que ser fenomenal”, ha dicho) para rebajar estos aranceles que, insisto, ya están en marcha. En el caso de Reino Unido, ya ha anticipado que podría ser una rebaja de impuestos y controles a los grandes de Internet (sus financiadores y socios), algo que también va a pedir a la Unión Europea. Y por si acaso el mundo no cede, dice que estudia futuros aranceles específicos al vino y bebidas alcohólicas, cobre, los productos farmacéuticos, la madera, los minerales críticos y la energía (petróleo y gas).

De momento, China, el país más afectado, se queja ante “una intimidación unilateral” y ha respondido anunciando nuevos aranceles a EEUU del 34% (como los últimos de Trump) a partir del 10 de abril. Ya había respondido antes a los aranceles USA  que sufre desde enero (10%) y febrero (otro 10%), imponiendo aranceles del 10 al 15% a muchos productos norteamericanos, desde alimentos a productos manufacturados y energía (por un valor global de 35.000 millones de euros). Ahora la respuesta es más contundente, porque los últimos aranceles USA afectan a 440.000 millones de exportaciones chinas. Pekín ha anunciado otras medidas, como penalizar exportaciones a 27 empresas USA (que se suman a otras 15 penalizadas antes) y restringir la venta de minerales estratégicos a empresas norteamericanas, además de abrir una investigación antimonopolio a Google y denunciar a EEUU ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Y ¿cómo reacciona Europa? En principio, con muchas palabras y pocos hechos. La presidenta Von der Leyen dijo que estos aranceles serán “nefastos para millones de personas en el Planeta”, pero mantiene abiertas todas las puertas para negociar con Trump antes de aprobar aranceles a los productos made in USA. El viernes ya hubo contactos (telemáticos) y la Comisión mantiene las puertas abiertas a negociar con Trump antes de contraatacar. De hecho, hasta el 9 de abril no se votarán en Bruselas los aranceles europeos de respuesta (a la soja, algunos wiskis y motos) a los aranceles impuestos ya al aluminio y acero (25% desde el 12 de marzo), que entrarían en vigor el 15 de abril. Y todavía no han cerrado una 2ª lista de aranceles europeos para responder a los aranceles al automóvil (25% desde el 3 de abril) y a los aranceles adicionales del 20% impuestos el 3 de abril. Cada país tiene su lista y no resulta fácil pactar la respuesta, que sería para el 15 de mayo. 

La gran "baza negociadora" de Europa es presionar con más controles normativos (evaden todas las normas de libre competencia)  e impuestos (apenas pagan)  a los gigantes de Internet USA (Google, Meta, Amazon, X, Microsoft ..), que tienen en Europa un gran negocio online (publicidad, búsquedas, ventas online, redes sociales, centros de datos...), con un superávit a favor de EEUU frente a Europa del que no habla Trump: +109.000 millones de euros en 2023, según la Comisión Europea. 

El mayor error que puede cometer Europa es retrasar su respuesta o dar señales de debilidad ante EEUU. Porque Trump, como Putin, sólo valora a los “enemigos” fuertes, se agranda frente a los débiles (como “los abusones” del patio de colegio…). Y si no ven una actitud dura y firme en Europa, no van a ceder sino que amenazarán con nuevos aranceles. Hay que dar una respuesta firme y rápida a Trump por tres razones. Una, porque se ha saltado toda la legalidad internacional, al imponer unilateralmente aranceles, al margen de la OMC. Otra, porque Europa es la primera potencia comercial del mundo (450 millones de consumidores) y tiene que aparecer como “un faro” para el resto del mundo, liderar la respuesta a Trump y no intentar “librarse en lo posible” cediendo. Y la tercera, porque estos aranceles van a hundir la economía europea, que apenas crece, en otra recesión.

Esto es lo que el mundo debería entender y contraatacar: los aranceles de Trump van a dañar a todos los paises y a la mayoría de empresas y consumidores (incluidos los de EEUU). Por un lado, imponer aranceles conduce a encarecer todos los productos importados un 20 o un 25%, lo que hará subir la inflación, en Europa y en todo el mundo. Por otro, muchos paises podrán exportar menos y eso llevará a hundir sus ventas, su crecimiento y sus empleos. En el caso de Europa, se estima un daño de 750.000 millones de euros en 4 años (200.000 sólo en Alemania, el país más afectado junto a Irlanda, Italia y Francia), según el Instituto de Economía alemán. Y la Comisión cree que están en riesgo una cuarta parte de las exportaciones europeas a EEUU, nada menos que 133.000 millones en riesgo (la UE exportó por valor de 531.600 millones de euros). Es un tema muy serio, con muchas empresas y empleos en juego. En el caso de España, el daño será menor: están en riesgo 4.500 millones de los 18.179 millones exportados en 2024.

Y además de los aranceles, Trump está jugado otra “carta secreta”, que ya intentó EEUU el siglo pasado: depreciar el dólar, otra medida que también “empobrece” al resto del mundo, como los aranceles. Con una moneda más débil, EEUU tiene más fácil exportar sus bienes y servicios (desde el petróleo a la tecnología), porque son más baratos. Y el resto del mundo ve como se encarecen sus productos y venden menos en USA, no sólo por los aranceles. Los datos indican que el dólar se ha depreciado un -7,76% frente al euro desde la llegada de Trump a la Casa Blanca (el euro cotizaba el viernes  a 1,1035 dólares, frente a 1,024 el 13 de enero), con lo que los productos europeos son un 7,76% más caros.

Con los aranceles actuales y futuros y la debilidad del dólar, el daño económico de Trump al resto del mundo es muy preocupante. ¿Qué pretende Trump? . No está loco, tiene una estrategia de la que apenas se habla. Con estos aranceles pretende ingresar muchos millones del resto del mundo (hasta 600.000 millones de dólares anuales, 81.000 de Europa) para financiar con ellos, y con lo que se ahorre cuando Musk acabe de desmantelar la Administración y el gasto público USA (otros 400.000 millones), tener una “hucha” de 1 billón de dólares para poner en marcha su revolución conservadora: bajar drásticamente los impuestos (más a los ricos, pero también a la mayoría de norteamericanos) y promover un mayor poder de las grandes empresas tecnológicas, para defender sus valores de extrema derecha no sólo en EEUU sino en el resto del mundo, en especial en Europa. Sabe que ahora pueden caer las Bolsas, subir la inflación en EEUU y crecer menos a corto plazo, pero confía en que la bajada de impuestos y el tirón empresarial le lleven a asentarse en el poder, incluso a cambiar la Constitución para un tercer mandato (o para Vance y sus seguidores).

Así que lo que está en juego no es sólo si Europa vende menos coches en EEUU o si los españoles venden menos aceite o vino ni que comprar cualquier producto extranjero (electrónica, teléfonos, ropa y zapatillas, medicamentos) sea más caro. Lo que está en juego son unas relaciones económicas internacionales sin control, donde un autócrata sin contrapesos impone su Ley, la del más fuerte, empobreciendo al resto del mundo para financiar su modelo político de extrema derecha, intentando desmantelar el modelo europeo. Ya lo hizo Putin en 2014, con la invasión de Crimea, y como nadie reaccionó, lo repitió en Ucrania. Ahora, Trump declara al mundo esta “guerra comercial”, frente a la que no valen medias tintas. Ya sabemos por la historia qué pasa cuando no se hace frente a un dictador. Urge que Europa busque aliados y medidas eficaces (como controlar más a los gigantes de Internet) para frenar a Trump. No podemos perder esta guerra.

Castigo político a autonomías y Ayuntamientos

El enfrentamiento político constante provoca que no se resuelvan los grandes problemas que preocupan a los españoles, desde la sanidad y la educación a la vivienda, la Dependencia, el agua o las ayudas a la familia. Un ejemplo reciente: el PP ha bloqueado en el Senado el techo de gasto para 2024, paso previo a los Presupuestos (ahora prorrogados). Y así, ha privado a autonomías y Ayuntamientos (la mayoría gestionados por el PP) de gastar 4.380 millones extras este año, que no podrán destinarse a servicios públicos. Ese dinero está perdido, aunque el Gobierno ha asegurado, con una enmienda a otra Ley, que autonomías y Ayuntamientos reciban este año más dinero que nunca, a cuenta de la recaudación prevista. Pero la mayoría de autonomías y Ayuntamientos (gestionadas por PP y Vox) han aprovechado para bajar impuestos (más a los más ricos), con lo que recaudarán menos y no podrán gastar más en sanidad, educación, Dependencia, gastos sociales y servicios públicos, faltos de medios y recursos. La política manda.  

                    Enrique Ortega

El primer trámite para que cualquier Gobierno elabore unos Presupuestos es aprobar “el techo de gasto”, un tope al gasto que se puede presupuestar para rebajar el déficit y la deuda. Es una exigencia impuesta por Bruselas en 2011, que obligó a reformar la Constitución española (artículo 135, en septiembre de 2011) y aprobar una Ley de Estabilidad Presupuestaria (abril de 2012), que exige aprobar ese techo de gasto previo a cualquier Presupuesto (el primero, para el Presupuesto 2013). Esta vez, el Gobierno Sánchez aprobó el 12 de diciembre pasado ese techo de gasto para los Presupuestos de 2024 y lo envió al Congreso, que lo aprobó el 10 de enero. Luego tuvo que pasar al Senado, donde la mayoría absoluta del PP lo rechazó, como ataque político al Gobierno y su amnistía.  El Gobierno volvió a aprobar (13 de febrero) ese mismo techo de gasto y lo envió, por 2ª vez, al Congreso (que lo volvió a aprobar el 29 de febrero)  y al Senado, que volvió a rechazarlo (6 marzo), alegando está vez la corrupción y el caso Koldo.

El Gobierno reaccionó a este doble veto manteniendo el anterior techo de gasto para 2024, que había enviado a Bruselas en abril y que aprobó la Comisión Europea. Pero ojo, este anterior techo de gasto, que podía aplicar este año, tiene una diferencia esencial: permite menos gastos a autonomías y Ayuntamientos. En el techo de gasto vetado por el PP en el Senado, se permitía a las autonomías tener un déficit del -0,1% de su PIB, mientras que en el anterior techo (el vigente ahora) no pueden tener déficit. Y se permitía a los Ayuntamientos tener un superávit del +0,2% de su PIB, mientras el anterior (el vigente ahora, tras el veto del Senado) les prohíbe tener superávit. Consecuencia: las autonomías podrán gastar 1.456 millones menos en 2024 y los Ayuntamientos otros 2.924 millones menos.

Así que el veto político del PP (y Vox) al nuevo techo de gasto (que permitía más gasto a Ayuntamientos y autonomías a cambio de menos gasto del Estado) suponía que autonomías y Ayuntamientos podrían gastar 4.380 millones menos. Un veto político que era “un tiró en el pie”, porque perjudicaba a instituciones gobernadas mayoritariamente por PP y Vox (11 autonomías y el 40% de Ayuntamientos).  De hecho, la Comunidad de Madrid va a poder gastar 284,2 millones menos este año, Andalucía -195,7 millones, la Comunidad Valenciana -137,3 millones, Galicia -75,8 millones, Castilla y León -69,7 millones y Canarias -53,2 millones, por ejemplo, mientras Cataluña pierde -277,1 millones, País Vasco otros -86,2 millones, Castilla la Mancha -50,7 millones, Aragón -45,4 millones, Murcia -38,9 millones, Baleares -38,5 millones, Asturias -28 millones, Navarra -24,5 millones, Extremadura -24 millones y Cantabria -17,6 millones, según cálculos de Hacienda, que recuerda que con ese mayor gasto autonómico (los 1.456 millones perdidos con el veto del Senado) se podrían crear 50.000 plazas de profesores o 28.000 de médicos.

El mayor recorte por el veto al nuevo techo de gasto lo sufrirán los Ayuntamientos, que no podrán gastar 2.924 millones más este 2024, unos recursos que les permitirían promover viviendas públicas, mejorar el transporte público o los servicios municipales, afrontar los problemas de agua o mejorar las ayudas a mayores y personas vulnerables. El Ayuntamiento que más pierde es el de Madrid (-202 millones), seguido de lejos por Barcelona (-101 millones), Sevilla (-42), Málaga (-36), Las Palmas (-23), Vigo (-18), A Coruña (-15), Fuenlabrada (-15), Alcorcón (-10) o Pontevedra (-5 millones), según datos del PSOE, que propondrá mociones en Ayuntamientos y autonomías para denunciar el perjuicio del veto del PP (y VOX) a sus propias instituciones. Y ,tanto Ayuntamientos como autonomías, tendrán que rehacer sus Presupuestos 2024, para incluir estos menores ingresos.

Una semana después del veto en el Senado al techo de gasto, el Gobierno catalán se descolgó con un adelanto electoral, al no poder aprobar sus Presupuestos para 2024, por el veto de los comunes. Y unas horas después, el Gobierno Sánchez comunicaba que renuncia a presentar unos Presupuestos para 2024, como tenía previsto (en abril) , porque necesitaba pactar con los nacionalistas catalanes (y vascos), que estarían enfrascados en sus elecciones (21 de abril en Euskadi y 12 de mayo en Cataluña) y eso enturbiaría sus exigencias. Además de que sólo servirían para 6 meses (sería imposible aprobarlos antes de junio). Su decisión es mantener la prórroga de los Presupuestos 2023 para todo 2024, una prórroga que ya aprobó el Gobierno el 27 de diciembre de 2023. Y ponerse a trabajar para presentar en septiembre los Presupuestos de 2025.

Esta será la 9ª prórroga de Presupuestos de la democracia. La prórroga más duradera fue la de los últimos Presupuestos de Montoro, los de 2018, que sirvieron para 2018, 2019 y 2020, siendo los de 2021 los primeros aprobados por el Gobierno Sánchez. La prórroga de Presupuestos afecta negativamente a la economía, aunque se salvaguardan temas claves, como la subida de las pensiones (se cumplirá la Ley de subirlos con el IPC) y los funcionarios (subida pactada), así como las rebajas de impuestos a la electricidad y los alimentos (aprobadas ya). Tampoco afecta la prórroga de Presupuestos a las inversiones ligadas a los Fondos europeos, que seguirán su curso. Eso sí, no se podrán retocar impuestos ni realizar nuevos gastos, lo que impedirá aplicar reformas como la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años, algunas mejoras a la dependencia, ayudas al campo y medidas ligadas a la nueva Ley de Familia y la de derechos de los consumidores. En definitiva, no poder aprobar un nuevo Presupuesto no ayuda a resolver problemas, paralizando algunos gastos e inversiones.

Cara a autonomías y Ayuntamientos, el Gobierno Sánchez ha encontrado “un truco” para que reciban en 2024 las “entregas a cuenta” de la recaudación prevista: las ha incluido a última hora como enmienda socialista al proyecto de Ley de ayudas anticrisis. Así, asegura que las autonomías recibirán este año 134.658 millones, un +8,3% que en 2023,  a cuenta de la recaudación prevista (les toca un 50% de lo que Hacienda espera ingresar por IRPF e IVA y un 58% de los impuestos especiales). Falta saber si les podrá abonar también (con un Presupuesto prorrogado) los otros 20.746 millones que les corresponden como liquidación definitiva de 2022 (se liquida 2 años después). En el caso de los Ayuntamientos, la misma enmienda les asegura este año 23.773 millones de euros, un +5,1% que en 2023, como entrega a cuenta de la recaudación prevista (municipios reciben el 2,13% de los ingresos por IRPF, el 2,32% del IVA y el 2,92% de los impuestos especiales). Y queda por saber si podrán recibirán alguna cantidad adicional (como otros años)  por la liquidación final de 2022.

En cualquier caso, Hacienda reitera que autonomías y Ayuntamientos recibirán en 2024 las mayores transferencias del Estado de la historia, como ya pasó en 2023, gracias a que Hacienda consiguió una recaudación récord, por el crecimiento del PIB y del empleo, aumento de recaudación que será menor en 2024, aunque Hacienda estimaba (antes de prorrogar el Presupuesto) que iban a recibir 20.000 millones más que en 2023. Y destacan que las autonomías han recibido 178.750 millones más (+40%) durante los Gobiernos de Sánchez (entre 2019 y 2013) que los recibidos en los 5 años de Gobiernos de Rajoy (2013-2017), según datos aportados por Hacienda como defensa ante las acusaciones de falta de recursos.

¿Qué han hecho las autonomías (y los Ayuntamientos) con estos mayores recursos recibidos del Estado central?  La mayoría los han destinado a mayores gastos e inversiones, aunque hay autonomías que también han aprovechado para gastar menos en algunas cosas. Dos ejemplos escandalosos. Uno, el gasto en Dependencia. En 2021, 11 autonomías aprovecharon que el Gobierno aprobaba un Plan de choque y aumentaba el gasto estatal en dependencia para gastar ellos menos (“ahorraron” 188,7 millones), según denunciaron los Directores de Servicios Sociales. Y en 2022, volvieron a hacerlo: 9 autonomías gastaron 203 millones menos en Dependencia, mientras había 180.000 dependientes “en lista de espera”. El otro ejemplo, las rentas mínimas: 13 autonomías han aprovechado que el Gobierno central ponía en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para reducir el gasto (-241 millones, entre 2020 y 2022) y los beneficiarios (-128.448) de las rentas mínimas que financian las autonomías, según otra denuncia de los Directores de Servicios sociales.

Lo que han hecho la mayoría de las autonomías (y Ayuntamientos), sobre todo a partir de 2023, cuando ganaron las elecciones del 28-M el PP (y Vox), ha sido bajar los impuestos, aprovechar los mayores recursos recibidos para reducir los impuestos (más a los que más tienen). En 2023, ya bajaron el impuesto de la Renta (bajando la tarifa o aumentando las deducciones) la Comunidad de Madrid, Andalucía, Aragón, Canarias, Extremadura y Canarias. Y en 2024, son ya 11 las autonomías (básicamente las gobernadas por PP y Vox) que han vuelto a bajar la tarifa del IRPF (aumentando además deducciones), así como la tarifa del impuesto de sucesiones y donaciones (peleando por quien cobra menos por las herencias), transmisiones patrimoniales y sobre todo, aprobando cambios en el impuesto de patrimonio: 7 autonomías han legislado para recuperar lo que perdían al aprobar Hacienda el impuesto alternativo sobre grandes fortunas, según refleja este estudio del Consejo de Economistas, donde se ve “el guirigay fiscal” de las autonomías.

El problema de estas bajadas de impuestos autonómicos (y municipales), que políticamente “suenan bien”, es que reducen la recaudación de las autonomías (y Ayuntamientos), perjudicando a sus ciudadanos. Se estima que en la Comunidad de Madrid, las rebajas sólo en el IRPF van a recortar sus ingresos en 379 millones en 2024 (más otros 1.200 millones que pierde por bonificar el Impuesto de Patrimonio). En Murcia, las rebajas supondrán recaudar este año 400 millones menos y otros 366 en la Comunidad Valenciana, 240 millones menos en Canarias, 120 millones en Baleares, 90 millones menos en Cantabria, 67 en Extremadura, 51 en Aragón y 50 millones menos en Galicia…

En definitiva, las mismas autonomías (y partidos) que se quejan de que están “infra financiadas”, aprueban por ideología política unas rebajas fiscales (que favorecen más a los contribuyentes con más recursos) que les suponen recaudar menos y por tanto poder gastar menos en servicios públicos y sociales, que necesitan más los que menos tienen. Basta analizar las autonomías que menos gastan en educación, Sanidad, Dependencia o rentas mínimas para ver que son las que más bajan impuestos. Veámoslo.

En sanidad,  6 autonomías gastaron por debajo de la media (1.809 euros por habitante) en 2023: Madrid (1.446 euros), Cataluña (1.456), Murcia (1.535), Andalucía (1.605), Comunidad Valenciana (1.628) y Canarias (1.651 euros/habitante). En educación, gastaron por debajo de la media (en 2022) Madrid (816 euros por habitante), Canarias (907), Castilla y León (968), Galicia y Aragón (998), Asturias (935) y Baleares (937). En Dependencia, los que menos gastan por habitante potencialmente dependiente (2023) son Asturias (744 euros), Galicia (812), Canarias (858), Navarra (971), Aragón (986), Murcia (1.020), Baleares (1.238), Cantabria (1.239) y Comunidad Valenciana (1.292), todas por debajo de la media (1.305 euros), mientras Madrid recortó este gasto un -57%. Y en rentas mínimas, hay gran distancia entre los 526,4 millones que gastó Cataluña (2022), los 379,6 millones del País Vasco, 97,11 de Canarias o 77,22 de Andalucía y los 25,18 millones que gastó Madrid, 23,2 de Extremadura, 7,7 de Murcia, 7,3 de Aragón y los 3,4 millones gastados por Castilla la Mancha.

Y no podemos olvidar las desigualdades en el gasto de los Ayuntamientos, que sostienen unos Presupuestos de 50.000 millones al año, destinados al pago de personal y a atender servicios básicos para sus vecinos (transportes, basuras, abastecimiento agua, policía, seguridad e inversiones en infraestructuras y servicios). Aquí, el gasto es muy desigual, porque lo son sus ingresos, relacionados con su población y economía: dos tercios de su recaudación procede de la vivienda (del IBI) y el resto de los vehículos, la actividad comercial, las tasas y las transferencias que reciben del Estado y de su autonomía. Los Ayuntamientos con más gasto por habitante (2023) son Barcelona (2.243 euros), Marbella (2.227), San Sebastián (2.095), Bilbao (1.915), Lleida (1.630), Madrid (1.622), Cádiz (1.451), Tarragona (1.383), Zaragoza (1.325), Valencia (1.320), Huelva (1.314), Toledo (1.290), Logroño (1.281) y Málaga (1.258 euros por habitante). El gran problema lo tienen los Ayuntamientos pequeños (8.000), con bajos ingresos y unos gastos mínimos que han de afrontar.

En resumen, estamos ante un problema muy serio: la mayoría de los servicios públicos que nos importan dependen de los Ayuntamientos y, sobre todo, de las autonomías (gestionan el 92% del gasto sanitario, el 85% del educativo y el 73% de la Dependencia). Y aunque reciben muchos más recursos del Estado, racanean con los gastos sociales y rebajan impuestos, recortando así su recaudación. Este año 2024, sin el gasto extra del techo de gasto vetado y sin Presupuestos, tendrán que ajustar sus Presupuestos y hacernos recortes. Pero lo tienen peor para 2025, porque recibirán menos transferencias del Estado (recaudará menos y tendrá que bajar más el déficit público) y ellos también recaudarán menos. Así que convendría alcanzar acuerdos (tras las elecciones europeas de junio) sobre financiación e impuestos (estatales, autonómicos y municipales), para costear un Estado del Bienestar que necesita más medios y recursos. Con tanta pelea política, no avanzamos en resolver los problemas que preocupan a la mayoría.

Autonomías frenan gasto social (antes PP+VOX)

Es un doble escándalo, que ha pasado desapercibido. Por un lado, las autonomías gastaron menos en 2022 que en 2009 en sanidad, educación y servicios sociales, porque la inflación se comió los aumentos del gasto social. Y además, el porcentaje de Presupuesto que destinan al gasto social ha bajado estos 13 años (del 67,4 al 58,8%). Por otro, 9 autonomías han aprovechado que el Gobierno destinaba más dinero a la Dependencia para “hacer caja” y aportar ellos 203,4 millones menos en 2022, una “treta” que ya utilizaron 11 autonomías en 2021 (“ahorrándose” otros 188,7 millones). Ojo, este “desinterés” por reforzar el Estado del Bienestar (que gestionan y financian mayoritariamente las autonomías), viene de los anteriores Ejecutivos regionales, gobernados mayoritariamente por “la izquierda”. Ahora, con 11 autonomías en manos del PP (6 con Vox), el gasto social está aún más en el alero. Sobre todo porque las autonomías gestionadas por la derecha están bajando impuestos y recortando ingresos. Así que gastarán aún menos en lo fundamental. Vigilen.

                Enrique Ortega

Las autonomías son la clave en el Estado del Bienestar, para que funcionen la sanidad, la educación y los servicios sociales que tanto necesitamos. Por un lado, son los que gestionan estas competencias básicas. Y por otro, son los que las financian mayoritariamente, con los recursos que les transfiere el Presupuesto del Estado y sus propios ingresos. Así, las autonomías financian en España el 92% del gasto sanitario, el 85% del gasto educativo y el 74% de las ayudas a los dependientes. Pero resulta que las autonomías destinan cada vez menos recursos a los gastos sociales, tanto en importe total como en porcentaje de su gasto total, gastando más en otras cosas que no son el Estado del Bienestar (como la burocracia y el pago de la deuda), según un informe realizado por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, con datos comparativos entre 2009 y 2022.

Este balance del gasto social autonómico es “escandaloso”. Por un lado, revela que las autonomías gastan menos ahora en sanidad, educación y servicios sociales que en 2009 en términos reales, descontando la inflación: destinaron 139.100 millones de euros en 2022, frente a 116.900 en 2009, un +19,02%, inferior a la inflación acumulada estos años (+28,9%). A lo claro: en realidad están gastando un -9,88% menos, según sus Presupuestos. En Sanidad, las autonomías gastan ahora 8.602 millones más que en 2009 (+13,40%), en Educación 7.897 millones más que hace 13 años (+19,37%) y en servicios sociales 5.025 millones más (+48,13%, un aumento mayor por la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en 2007). Lo llamativo es que, en estos años, hay otras partidas, como el gasto en personal o gastos corrientes que crecen más y, sobre todo, se dispara el gasto autonómico en pagar los intereses de su deuda: este gasto financiero (que beneficia a los inversores y bancos que compran esa deuda autonómica) ha crecido en 34.645 millones entre 2009 y 2022, un +503,06% (su coste se ha quintuplicado).

Pero no es sólo que el gasto social real que hacen las autonomías haya bajado (al “comérselo” la inflación), sino que además, las autonomías destinan ahora menos porcentaje de sus Presupuestos a financiar el gasto social: si en 2009, dos tercios del Presupuesto autonómico (el 66,89%) se destinaba a sanidad, educación y servicios sociales, en 2019 ya sólo era el 61,8% y en 2022 (a pesar del COVID) bajó a poco más de la mitad (el 58,78% del gasto total de las autonomías), según este informe de los Directores de Servicios Sociales. Incluso este 2023, el porcentaje ha bajado al 58,64% del gasto total. A lo claro: que si hubieran mantenido la proporción de gasto social de 2009 en 2022, las autonomías tendrían que haber gastado 20.344 millones más en sanidad, educación y servicios sociales, prestaciones todas cortas de recursos. Y así se entienden mejor las listas de espera, el fracaso escolar o las listas de espera de la Dependencia.

Hasta aquí la primera idea: todas las autonomías gastaron menos, comparativamente, en el Estado del Bienestar en 2022 que en 2009, tras una dura fase de “recortes” en el gasto (de 2012 a 2014) y un escaso aumento de recursos hasta 2019, que crecieron más en 2020 y 2021, por la COVID, pero que luego han vuelto a bajar. Porque el informe refleja otro dato escandaloso: el gasto sanitario por habitante, que apenas había recuperado en 2019 (1.442 euros por persona) el nivel de antes de los recortes (1.479 euros en 2012), subió en 2020 (a 1.657 euros) y 2021 (1.678 euros), pero bajó en 2022 (a 1.578 euros), a pesar de las importantes transferencias del Estado a las autonomías. Y este año 2023, todavía el gasto sanitario por habitante será menor (1.645,39 euros) al de 2020, a pesar de todos los problemas que arrastra sin resolver la sanidad pública.

Pero hay otro problema adicional al recorte del gasto social de las autonomías: su reparto desigual por regiones, que evidencia que unas han recortado el peso del Estado del Bienestar más que otras. Así, mientras el conjunto de autonomías aumentaron su gasto social en un +19,02% (que se comió la inflación), hay 6 autonomías donde el gasto social creció (entre 2009 y 2022) menos que la media: Cataluña (+4,68%), Castilla la Mancha (+9,39%), Aragón (+10,59%), Madrid (+14,70%), Galicia (+16,8%) y Castilla y León (+17,28%). Y otras donde creció más que la inflación: Baleares (+48%), Valencia (40,46%) o Navarra (+34.48%), según el informe de los Directores de Servicios Sociales.

Gracias a este mayor y menor aumento del gasto social en los últimos 13 años, llegamos al mapa actual (2022), donde hay una tremenda desigualdad en el gasto social por habitante según donde uno vida. La media española es de 2.939,8 euros de gasto por persona en sanidad, educación y servicios sociales (+404 euros que en 2009), pero es mucho mayor en Navarra (3.901 euros por habitante), País Vasco (3.708), Extremadura (3.629), Asturias (3.473), Cantabria (3.391), la Rioja (3.257), Castilla y León (3.185), Comunidad Valenciana (3.150), Galicia (3.065) y Aragón (3.007). Y están a la cola del gasto social por habitante 5 autonomías: Madrid (2.399 euros), Cataluña (2.781), Andalucía (2.992), Canarias (2.804), Murcia (2.823) y Baleares (2.924). Ojo, el dato es de 2022, cuando gobernaban estas 5 autonomías “menos sociales” el PSOE (2), el PP (2) y los nacionalistas (1)…

Veamos el desglose de este gasto social autonómico. El gasto en Sanidad se llevó en 2022 más de la mitad del Presupuesto social (52,3%, frente al 54,9% que suponía en 2009) y casi un tercio del gasto autonómico total (30,8%, frente al 36,74% en 2009). El aumento del gasto sanitario en estos 13 años (+8.602 millones) fue del +13,40% (“comido” con creces por la inflación), pero cayó el gasto sanitario en Cataluña (-12,22%), que gasta ahora -266,9 euros menos en sanidad por catalán que en 2009. Y apenas ha crecido en Aragón (+3,16%) y Madrid (+5,74%), mientras crecía el doble de la media o más en Baleares (+51%), Navarra (+30,44%), Cantabria (+28,53) y Andalucía (+25,55%).

Y así llegamos al dato clave, la desigualdad en el gasto sanitario autonómico en 2022, con un gasto medio en España de 1.538,66 euros por habitante (+146 euros que en 2009). Hay 5 autonomías a la cola del gasto sanitario (2022): Madrid (la que menos gasta: 1.248,97 euros por persona), Cataluña (1.362,50), Murcia (1.435,62), Andalucía (1.435) y Comunidad Valenciana (1.521,86). Y en cabeza del gasto sanitario se sitúan Asturias (1.997 euros por habitante, un 38% más que Madrid), País Vasco (1.989), Extremadura (1.904), Navarra (1.891) y Castilla y León (1.817 euros), según el informe de los Directores de Servicios Sociales.

El 2º mayor gasto social de las autonomías es la Educación, que supuso en 2022 el 35% del gasto social autonómico (similar porcentaje al 34,9% de 2009) y el 20,57% de todo el gasto autonómico (era el 23,34% en 2009). Este gasto educativo autonómico ha crecido en 13 años en +7,897 millones, un +19,3%. Pero ese aumento fue mucho mayor en la Comunidad Valenciana (+38%), Navarra (+36,65%), La Rioja (+35,25%) o Baleares (+33,75%)  y mínimo en Castilla y León (+5,94%), Castilla la Mancha (+6,88%), Galicia (+9,91%) y Asturias.

Y así llegamos a otra desigualdad, en el gasto autonómico en educación por habitante, que alcanzó en España una media de 1.028 euros en 2022 (+144 euros que en 2009). Hay 7 autonomías que gastan en educación menos que la media: Madrid (otra vez el farolillo rojo, con 826,98 euros de gasto educativo por habitante), Asturias (934,12), Canarias (942,05), Castilla y León (969,38), Baleares (981,68), Aragón (989,66) y Galicia (998,50). Y en cabeza del gasto educativo se sitúan el País Vasco (1.426 euros por habitante, un 48% más que Madrid), Navarra (1.342), Comunidad Valenciana (1.124.40), Extremadura (1.169), Cantabria (1.160), la Rioja (1.087) y Murcia (1.007), según los Directores de Servicios Sociales.

Y queda el tercer gasto social, los servicios sociales, donde destaca el gasto en Dependencia, gestionado y financiado mayoritariamente (74%) por las autonomías. En 2022 supuso el 12,7% del gasto social autonómico (10,2% en 2009) y sólo el 7,44% de todo el gasto autonómico (era el 6,80% en 2009). Esta partida ha crecido en 5.721 millones desde 2009, un +48,13%, por la puesta en marcha de la Ley de Dependencia en 2007. El gasto medio por habitante (en servicios sociales) es de 372,23 euros (2022) y hay 8 autonomías que gastan mucho menos. A la cola están Baleares (237,62), Canarias (276,71) y País Vasco (292 euros), pero los Directores de Servicios Sociales advierten que es un dato engañoso, porque tanto en las islas como en Euskadi, una parte de los servicios sociales los cubren los consejos insulares, cabildos y Diputaciones, cuyo gasto no se incluye aquí. Así que en realidad, lideran el furgón de cola del gasto en servicios sociales Murcia (309,49 euros por habitante), Andalucía (318,33), Madrid (323,36), Aragón (336,19) y Galicia (364,06). Y están en cabeza Navarra (666,90 euros por habitante, el doble que Madrid), Extremadura (555), Asturias (506,63) y la Rioja (498,61).

Un inciso sobre el principal gasto en servicios sociales, la Dependencia, el otro escándalo al que me refería al principio de este Blog. Desde su inicio (2007), la Dependencia  ha sufrido una falta de financiación, agravada por los recortes de Rajoy en 2013. Para subsanarlo, en enero de 2021, el Gobierno Sánchez y las autonomías pactaron un Plan de choque, con el compromiso de que el Presupuesto estatal aportaría un 44% más a la Dependencia (+3.600 millones) entre 2021 y 2023. Y eso hizo, Pero el primer año, hubo 11 autonomías que aprovecharon esta mayor aportación estatal (+608 millones) para “hacer caja” y aportar ellos menos (-188,7 millones). Y en 2022 volvió a repetirse el “truco”: el Estado aportó otros 669 millones más y 9 autonomías aportaron - 203,4 millones menos: Cataluña (-57,3 millones), Andalucía (-51,6), Comunidad Valenciana (-40,6), Madrid (-15), Extremadura (-11), Asturias (-10,8), Cantabria (-8,7), Castilla y León (-7,4) y Murcia (-1), según acaban de denunciar los Directores de Servicios Sociales. Algo especialmente grave si tenemos en cuenta que hay 350.000 dependientes “en lista de espera” y que muchos son ancianos y mueren antes de llegarles las ayudas (45.360 dependientes murieron esperando  sólo en 2022)…

Visto el panorama, está claro que el Estado del Bienestar no se consolida y quienes han de financiarlo y gestionarlo (las autonomías), gastan menos cada año, en dinero real y en porcentaje. Y eso, a pesar de que España gasta menos que la mayoría de Europa en sanidad, educación y gastos sociales. En Sanidad, España gastó  94.694 millones en 2021 (el 7,8% del PIB), 2.001 euros por habitante, frente a 4.785 euros Alemania (11% del PIB), 4.019 euros en Reino Unido (10,36% del PIB), 3.852 euros Francia (10,4% del PIB) y 2.141 euros Italia (7,1%) del PIB), según Sanidad. En Educación, gastamos 11.123 dólares por estudiante, frente a 12.275 la UE-25 y los 12.647 dólares de la OCDE, según el Panorama de la Educación 2023 (OCDE). Y en Servicios sociales, España gasta el 4,7% del PIB, frente al 6,5% de media que gasta la UE-27, según Fedea. Así que España gasta menos y encima las autonomías, los gestores del gasto social, le dan cada año menos peso en sus Presupuestos.

Lo más preocupante de este panorama es que refleja la situación en 2022 y el deterioro desde 2009, un periodo en el que “la izquierda” ha gobernado la mayoría de las autonomías, salvo Madrid, Murcia, Galicia, Castilla y León, Cataluña y Euskadi.  Ahora, tras las elecciones de mayo, el PP gobierna 11 autonomías (6 con el apoyo de VOX), lo que hace temer que le den aún menos prioridad al gasto social, a la recomposición de la sanidad, la educación y los servicios sociales, dado que defienden el trasvase de recursos públicos a la sanidad privada y a la educación concertada (y privada), considerando que son las familias las que deben cubrir el gasto en Dependencia y no priorizan los servicios sociales.

Además, hay otro motivo de preocupación: la bajada generalizada de impuestos que las autonomías del PP (y VOX) han prometido para 2023, tras las rebajas que ya hicieron algunas en 2022. Eso supondrá menos ingresos públicos y, en consecuencia, se teme que vuelva a caer el gasto social. De hecho, el Gobierno central ha enviado a Bruselas unas previsiones presupuestarias donde reflejan que las autonomías van a tener menos recaudación por la bajada de impuestos aprobadas o anunciadas: -801,9 millones en 2023 y -2051 millones en 2024. Unos menores ingreso que podrán compensar con una mayor transferencia de recursos desde el Presupuesto del Estado, que lleva años recaudando más (por el aumento del empleo y la actividad) y transfiriendo más fondos a las autonomías. Así, las autonomías recibirán en 2023 26.130 millones más del Estado que en 2022 (+24%). Y así viene pasando en los últimos años: han recibido 178.750 millones adicionales en los 5 años completos de Gobierno Sánchez (2019-2023) sobre los recibidos en los cinco años anteriores completos del Gobierno Rajoy (2013-2017). Pero como se ve, no los han dedicado a gastos sociales. Y el temor es que ahora, con más  autonomías gestionadas por la derecha, el Estado del Bienestar se debilite aún más. Esto es lo que deberíamos vigilar: que gasten en lo que importa.