Renta 2015: volvemos a pagar más

Queda este mes de junio para presentar la Renta y aunque nos salga a devolver, este año volvemos a pagar más, como los dos anteriores, por la subida de impuestos que hizo Rajoy en 2011. Y la bajada (electoralista) que aprobó el año pasado no se notará hasta la próxima primavera, cuando presentemos la declaración de 2015. Y además, Hacienda nos mira con lupa: el 80% de los inspectores vigilan a los que viven de un sueldo, aunque el fraude venga de grandes empresas, multinacionales y grandes fortunas. El problema está en que España es el quinto país del euro que menos recauda, porque hay mucho fraude. Y eso obliga a que los que pagamos, paguemos más de lo que deberíamos. Y sepamos que en esta Legislatura de Rajoy, entre tres años de subidas y uno de bajadas, pagaremos 19.500 millones más de impuestos (además de los recortes). No lo olvidemos al hacer la declaración y al votar en noviembre.
 

enrique ortega

La Renta, el IRPF, es el principal impuesto que hay en España. Recaudará este año 72.957 millones de euros, un 39,2% de todos los ingresos fiscales. Pero ha perdido peso, ya que en 2010 suponía el 45% de todos los impuestos. Eso quiere decir que ahora tienen más peso los impuestos indirectos (IVA, gasolinas, luz, tasas), más injustos, porque los pagan igual los que no tienen ingresos que los ricos, frente a la Renta, que se paga según lo que uno gana. Además, la mayor parte del impuesto sobre la Renta lo pagamos durante el año, con las retenciones en la nómina o pensión, y ahora, con la declaración del IRPF sólo pagamos 1 de cada 10 euros: los otros 9 los pagamos el año pasado con las retenciones, sin darnos tanta cuenta.

Por eso, ahora, al ajustar cuentas con Hacienda, a la mayoría le sale negativa: no es ningún regalo, es porque pagamos de más el año pasado, con las retenciones y sale a devolver al aplicar las deducciones. De hecho, de las 19.270.000 declaraciones del IRPF que Hacienda espera esta primavera, 14.250.000 declaraciones (casi tres de cada cuatro) saldrán a devolver y el resto a pagar. Pero son 100.000 declaraciones más a pagar que el año pasado, que abonarán 7.350 millones de euros (511 millones más que en 2014). Y también Hacienda devolverá menos, 10.550 millones frente a 10.651 el año pasado.

Más contribuyentes a pagar más, porque estamos ajustando el impuesto de la Renta de 2014, el tercer año en que estuvo en vigor la subida de impuestos que Rajoy aprobó en 2011: los tipos subieron entre el 0,75% y el 7%, según los ingresos. Eso supone pagar entre 82 euros más (para ingresos de 20.000 euros) y 600 euros extras (para ingresos de 45.000 euros). También se pagan más impuestos por los ahorros, inversiones y dividendos (pasan de pagar el 19% al 21%). Pero la mayor subida se debe a que Hacienda no descuenta (desde 2008) el efecto de la inflación. Al no revisar los tramos de renta ni actualizar el mínimo personal y familiar ni la deducción por rendimientos del trabajo. Una penalización de 33,24 euros más por contribuyente, según GESTHA (entre 18 y 1.321 euros, según ingresos).

En esta declaración que presentamos en 2015 seguimos pagando más y no será hasta la declaración de la primavera de 2016 cuando notemos la pequeña bajada (más electoralista que significativa) que aprobó Rajoy el año pasado, en su “mini reforma fiscal”. Eso sí, en la declaración del año que viene, los contribuyentes se podrán deducir menos por alquiler (tanto el inquilino como el propietario) y por contratar planes de pensiones privados (el máximo a invertir baja este año 2015 de 12.500 a 8.000 euros).

Una cuestión clave es dónde paga cada uno la Renta, porque hay enormes diferencias entre las autonomías. Por un lado, en la declaración de este año, hay autonomías que establecen un recargo en el tipo máximo del IRPF, que queda así en el 49% en Cataluña, Andalucía o Asturias, en el 48,5% en Extremadura, el 47,5% en Canarias o el 47% en la Comunidad Valenciana, La Rioja y Murcia, frente al 45% en Castilla y León, Galicia, Baleares y Aragón o el 44,5% de Madrid, la autonomía con el tipo más bajo del IRPF. Eso puede suponer, para un contribuyente soltero con 30.000 euros de ingresos, una diferencia en el pago de la Renta de 273 euros entre Madrid (4.932 €) y Cataluña o Andalucía (5.205 €), según el análisis del Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral.

Pero además, hay grandes diferencias entre las deducciones que ofrecen las autonomías, un “galimatías” con 164 diferentes: por libros de texto y material escolar (Aragón, Baleares, Castilla la Mancha, Extremadura y Comunidad Valenciana), por gastos de guardería (Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana), por pago seguros privados de salud (Aragón y Baleares), por gastos de adopción internacional (Madrid y Castilla y León), por ayuda doméstica y gastos en abogados laboralistas (Andalucía), por gastos de enfermedad (Cantabria), por uso nuevas tecnologías (Galicia), por intereses préstamos master y doctorados (Cataluña), por gastos estudios hijos fuera islas (Canarias) y ayudas al alquiler, sobre todo a  jóvenes (en la mayoría de autonomías).

El otro impuesto que toca pagar ahora es el de Patrimonio, que declara una minoría (unos 190.000 contribuyentes este año), los que tengan más de 700.000 euros en propiedades (casa, cuentas, valores…), salvo en Cataluña (el umbral allí son 500.000 euros). Se paga  en todas las autonomías, salvo en Madrid (exento), una cantidad de 949 millones de euros de recaudación (929 en 2014), con tipos también diferentes: un contribuyente con 800.000 euros de patrimonio, por ejemplo, paga 769,51 euros en Cataluña, 300 euros en Extremadura, 240 euros en Galicia, Murcia, Andalucía o Asturias, 100 euros en La Rioja y 200 euros en las 7 autonomías restantes no forales. Eso sí, los que declaren impuesto de Patrimonio sólo pueden presentarlo por Internet (y con él, también el IRPF ha de presentarse telemáticamente).

En definitiva, que aunque nos salga negativa, sepamos que la mayoría paga más impuestos por los ingresos de 2014, como pasó en las tres declaraciones anteriores. De hecho, en 2014, los españoles pagamos más impuestos que nunca, según los datos de la Agencia Tributaria: el tipo medio que pagamos por todos los impuestos (IRPF, sociedades, IVA, impuestos especiales) fue del 15,2% sobre las bases imponibles (los ingresos sometidos a tributos), frente al 13,30% en 2011. Y la presión fiscal (cociente entre impuestos e ingresos) para un matrimonio con dos hijos fue del 33,8% en 2014, muy por encima de la media de la OCDE (26,8%). Y somos el 9º país con más presión fiscal entre los 34 países de la OCDE.

Y si hacemos balance de la Legislatura, el coste para los contribuyentes de las subidas de impuestos y recorte de deducciones (vivienda y otras) que aprobó Rajoy para los años 2012, 2013 y 2014 es de 23.259 millones, a los que hay que restar los 3.803 millones que supone la rebaja de impuestos que aprobó para 2015. Con ello, el balance de esta Legislatura de Rajoy será que vamos a pagar 19.500 millones más de impuestos estatales, a los que habría que sumar la subida de los impuestos autonómicos (además, han creado 50 impuestos nuevos) y municipales (IBI, transmisiones patrimoniales y tasas). Un pico.

Y todo ello porque España es incapaz de recaudar más, de ingresar por impuestos como otros países: los 28 de la Unión Europea recaudan de media un 46,7% de su riqueza (PIB), mientras España sólo recauda el 38,3% del PIB (2014). De hecho, somos el 5º país de los 19 de la zona euro que menos recauda, sólo por detrás de Irlanda (35%), Estonia (34,3%), Lituania (34,6%) y Eslovaquia (38%), según Eurostat. Eso significa que si fuéramos como la media de países europeos, España tendría que recaudar 84.000 millones más cada año. Y eso permitiría menos recortes y que la mayoría pagáramos menos impuestos.

¿Por qué España recauda menos impuestos? Porque hay más fraude. Primero en el IVA: la Comisión Europea estima que España deja de ingresar 12.400 millones al año por IVA. Y luego, hay fraude en las grandes empresas, multinacionales y entre los más ricos, unos 60.000 millones según cálculos de GESTHA. Mucho de este fraude es “legal”: pagan menos impuestos de los que deberían porque se acogen a deducciones y normas que se lo permiten, además de “camuflar” ingresos con operaciones internacionales, paraísos fiscales, empresas pantalla  y SICAV. De hecho, las grandes empresas pagaron en 2013 un tipo impositivo del 5,3%, frente al 16% de las pymes y el 15,2% de las familias, según datos de la propia Agencia Tributaria. Y hay muchas multinacionales, como Google, Apple, Amazon o Facebook que apenas pagan impuestos en España, por su “ingeniería fiscal”.

El problema es doble: no se endurece la legislación (española e internacional) para luchar contra el fraude fiscal y España apenas cuenta con medios, menos tras el recorte de personal en la Agencia Tributaria (-2.353 personas): Hacienda cuenta con un funcionario por cada 1.598 habitantes frente a 1 por 942 en Francia o 1 por cada 740 habitantes en Alemania. Y además, sólo se dedica el 20% de la inspección a vigilar a los más ricos, multinacionales y grandes empresas: el 80% de la inspección se dedica a vigilar a los asalariados, según acaba de reconocer el propio presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda. Tremendo.

Así resulta que los que viven de su trabajo son los que están más controlados y los que pagan la mayor parte del IRPF (el 79%) y de los demás impuestos: si se suman todos, el 90% de los ingresos fiscales salen de las familias y sólo un 10% de las empresas, bancos y grandes fortunas, según Intermon Oxfam. Este es el problema que no acaba de resolverse en España, con una verdadera reforma fiscal, que nos permita recaudar impuestos como el resto de europeos, gracias a que unos paguen más y la mayoría paguemos menos. Esta es la reflexión que debería acompañarnos al hacer esta nueva declaración de la Renta, porque seguimos pagando más aunque nos salga negativa. Y es lo que deberíamos tener presente al votar en las elecciones de diciembre: o pagan más otros o nos toca pagar de más a la mayoría. Así de claro.

Auditor que no ve, crisis que te cae encima

El detonante de la crisis de Bankia (y del rescate a la banca) fue una auditoría que revelaba un agujero no aceptado por Rato. Pero ese mismo auditor había dado antes por bueno que Bankia tenía 305 millones de beneficios cuando ahora se sabe que tenía 3.318 de pérdidas. Otros auditores bendijeron antes las cuentas de siete Cajas y bancos intervenidos, sin que tampoco el Banco de España detectara nada. En paralelo, los auditores públicos (interventores) han dado tres datos de déficit público en seis meses y han sido incapaces de detectar ni la corrupción de Gürtel o los ERES ni las facturas sin pagar desde 2002. Ha fallado estrepitosamente el control de las cuentas, públicas y privadas, y eso nos sale muy caro. El Gobierno quiere privatizar parte del control de las cuentas públicas, empezando por Ayuntamientos y empresas públicas.

enrique ortega

Rato entregó a principios de mayo las cuentas de Bankia-BFA sin auditar, por una discrepancia con su auditor (Deloitte), que quería aflorar un agujero de 3.500 millones, lo que provocó la nacionalización. Pero ese mismo auditor no tuvo problemas en bendecir, en julio de 2011, la salida a Bolsa de Bankia como una operación “redonda” para los 347.000 inversores que han perdido ya tres cuartas partes de su dinero. Y otros auditores acaban de decirnos que los 305 millones de beneficios de Bankia en 2011 son en realidad unas pérdidas de 3.318 millones. Y que su saneamiento nos costará 19.000 millones más.

Hace dos años, en junio 2010, nacía Bankia con la fusión de Caja Madrid, 5 cajas pequeñas y Bancaja, auditada también por Deloitte, que dio el visto bueno a sus cuentas 2010. Pero ahora, otra auditoría encargada por  Rato en febrero (a través del responsable de Auditoría de BFA, el exministro del Interior Ángel Acebes), ha revelado que Bancaja estaba en quiebra técnica, con un patrimonio de -4.465 millones. Y Deloitte también auditaba (“sin problemas”) al Banco de Valencia, controlado por Bancaja, intervenido por el Banco de España en noviembre 2011.  

No son casos aislados. La auditora KPMG no detectó ninguna irregularidad en las cuentas de los últimos veinte años de la CAM, intervenida en julio 2011 por el Banco de España (“la CAM es lo peor de lo peor”, dijo el Gobernador, pero cuando ya le había caído encima). Ni tampoco los auditores de Catalunya Caixa (Deloitte), Unnim (Price Waterhouse) o NovaCaixa Galicia (sólo una salvedad de Deloitte en las cuentas de 2011, no antes), intervenidas por el Banco de España en junio 2011. Sólo en Caja Castilla la Mancha (CCM), intervenida en marzo 2009, y Cajasur (mayo 2010), los auditores (Ernst Young para CCM y Deloitte) pusieron salvedades (tarde) en sus auditorías, que llevaron al Banco de España a intervenir y cambiar sus gestores.

Salvo en estos dos casos (y tarde), el Banco de España no fue capaz de anticipar y evitar las  crisis bancarias que han supuesto el rescate de la banca española y costarán 60.000 millones en ayudas públicas. Los inspectores se defienden diciendo que ellos no deciden los planes de inspección y piden más independencia. Pero el prestigio del Banco de España está por los suelos y más después de que el Gobierno haya contratado 7 auditoras privadas (dos “ sospechosas”, Goldman Sachs y Oliver Wyman, y otras cuatro, Deloitte, Ernst  Young, KPMG y PWC, que llevan años auditando a bancos y cajas, incluidos los intervenidos…) para analizar las cuentas de la banca, junto al BCE, el FMI y la autoridad bancaria europea (EBA).

En paralelo, los auditores públicos (interventores) han dado el visto bueno a tres cifras distintas de déficit público en  menos de seis meses: 6% en noviembre, 8,5 % en febrero, 8,9% en mayo. Y si Europa ya no se fiaba, por lo que mandó dos misiones de inspectores de Eurostat en marzo, ha vuelto a mandarlos en mayo para revisar otra vez nuestras cuentas públicas. Cuentas que legalmente fiscalizan los interventores, funcionarios que trabajan en el  Estado, las autonomías y Ayuntamientos. Y también el Tribunal de Cuentas y las Cámaras de Cuentas que tienen 13 de las 17 autonomías.

Pero estos interventores tampoco han visto los problemas, desde el desvío de los déficits a las facturas impagadas desde 2002 o los casos de corrupción, como los de la Comunidad Valenciana (en especial, el caso Gürtel), Baleares (caso Matas) o Andalucía (EREs), donde la propia Guardia Civil han censurado a la Intervención General por “ignorar su deber”. La ley les obliga a fiscalizar pagos, pero o no ven o firman presionados por los políticos de turno.

La falta de credibilidad de los auditores está también detrás de la actual crisis mundial: no detectaron el problema de las hipotecas basura y las agencias de rating que ahora nos descalifican (Moodys, Standard &Poors y Finch) les otorgaron la máxima calificación hasta unos días antes de la quiebra de Lehman Brothers. Y en 2001, la crisis de Enron, tras falsear sus cuentas, ya supuso la desaparición de Arthur Andersen, la primera auditora del mundo.

Sin embargo, con la crisis, las auditoras son de los pocos negocios boyantes. Parece que “la transparencia vende”: en 2011, un 25% de las auditorías hechas en España fueron voluntarias. Las auditoras facturan 896 millones, pero un 76% lo mueven las cuatro grandes (Deloitte, Ernst Young, PwC y KPMG) que llevan muchos años auditando a los mismos: la mayoría de  los grandes bancos y empresas del IBEX llevan con el mismo auditor desde 1.990. Algo que quiere cambiar la Comisión Europea, con dos importantes cambios que tienen revolucionado al sector: las empresas tendrán que cambiar de auditor cada 12 años y no les podrán dar otros servicios (consultoría, legal, etc., que suponen ahora el 55% de la facturación de las auditoras).

Con esta norma, habrá más competencia y Bruselas quiere dar cancha a las medianas y pequeñas auditoras. Por eso, las auditoras presionan al Gobierno para que obligue a más empresas a auditarse (no sólo a las que cotizan). Y además, quieren entrar a saco en el sector público. El Gobierno ya les permite, en la Ley de Estabilidad,  participar en las futuras auditorías de los Ayuntamientos. Y también podrían entrar en las auditorías de las 20.630 entidades públicas, un jugoso pastel ya que sólo el 8% se auditan.

En definitiva, que en lugar de controlar y sancionar a los auditores, inspectores e interventores que no ven, el Gobierno busca corregirlo dando el  trabajo ( y la minuta) a las empresas privadas (que tampoco han visto), privatizando la fiscalización de las cuentas públicas. Para eso no hay recortes. Es nuestro dinero y debería controlarse con medios públicos. Eso sí, eficaces e independientes. Y si no vigilan y nos cae la crisis, que lo paguen.