Aunque esta semana llueve
algo, no soluciona el grave problema de la sequía, en Europa (sufre la peor sequía en 500 años) y en
España, con los embalses al nivel
más bajo desde hace 27 años. Las olas de
calor y la falta de lluvia están
afectando seriamente a la economía,
provocando una mayor subida de la luz
(la energía hidroeléctrica aporta la mitad que en 2021) y de los alimentos, al haber caído la cosecha de cereales, aceite,
vino y frutas, obligando a los ganaderos a encarecer leche, huevos y carnes por
la falta de forraje. Una sequía que incluye restricciones de agua en media España. Tenemos un serio problema de
agua, no sólo porque cada vez llueva menos sino porque se dispara su consumo, sobre todo para la agricultura (85%), para que España sea “la despensa de Europa”.
Hay que ahorrar agua, recuperar ríos y acuíferos y usarla mejor, porque el agua
es clave también para la economía. Y ahora, la sequía agrava
la inflación.
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| Enrique Ortega |
El Cambio Climático se
ha acelerado este verano, con olas de calor y falta de lluvia en toda Europa, que sufre la
peor sequía en 500 años, según alertó en agosto del Observatorio
Europeo de Sequía: el 17% de la UE está en situación de alerta y otro 47% en
aviso por sequía (dos tercios del
continente sufre el problema), con 340 millones de europeos afectados.
Y eso se traduce en un
alto coste económico para
Europa, por la caída de la energía hidroeléctrica, los problemas en el transporte fluvial (en centro Europa, han cambiado barcazas fluviales por
camiones), el mayor consumo de aire acondicionado, el coste de los incendios (660.000
hectáreas quemadas en la UE, un tercio en España) y, sobre todo, la caída de las cosechas, con el
consiguiente subida extra de los
alimentos.
En España, como
en todo el sur de Europa, la situación es
más preocupante. Por un lado, el verano
2022 ha sido el
más caluroso de la serie histórica (desde 1961), con una temperatura
media en agosto de 24,7grados, 0,4 grados más que el anterior verano récord
(2003) y 2 grados por encima de la media de temperatura de 1981 a 2010, con 42 días de “olas de calor” entre junio
y agosto. Y a este calor inusual se ha sumado la falta de lluvia: ha llovido un 26% menos de los valores normales
entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de agosto de 2022, según
la AEMET, con un enero y febrero muy secos, un marzo y abril con más
lluvias de lo habitual y un verano muy seco. Y ahora, a pesar de las tormentas
de esta semana, la AEMET prevé un otoño más seco (y cálido) de lo
habitual.
La falta de lluvias y
el calor excesivo han provocado una caída drástica del agua embalsada: este martes 13 de septiembre, cuando llovía en casi
toda España, los embalses estaban al
34,22% de su capacidad, frente al 40,74% hace un año y el 51,88% hace 10 años, según embalses.net. Es el menor porcentaje de agua embalsada desde
el año 1.995 (31,03%). Y están por debajo de ese 34,22% los embalses
vitales de Andalucía y Extremadura,
las cuencas del Guadalquivir (al 20,95%
capacidad), Guadiana (23,91%) y Guadalete-Barbate (23,99%), estando muy
bajos en la cuenca del Duero (33,04%), Segura (35,18%), Tajo (36,66%), Cataluña
interior (38,26%), Ebro (39,48%) y Miño-Sil (46,67%).
La primera consecuencia de este “nivel rojo” en los embalses es que media España ha sufrido restricciones
de agua, sobre todo en agosto (al haber más población en el sur y este
de España, por el turismo): en unos casos (Galicia, Cataluña, Andalucía,
Extremadura, Castilla y León) ha habido que llevar agua a muchos pueblos con camiones cisternas y con barcos
(Euskadi). Y en muchos municipios se ha prohibido regar jardines, ducharse en
las playas o llenar piscinas. Y si no llueve este otoño, pueden agravarse las
restricciones, sobre todo en Andalucía, Extremadura, Cataluña y Galicia.
La segunda consecuencia de la sequía
y la falta de agua en los embalses es la
mayor subida de la luz, derivada de la caída de la energía hidroeléctrica,
que se
ha desplomado al nivel más bajo en 30
años. Este año, de enero al 15 de agosto, las centrales hidroeléctricas han
aportado la mitad de energía eléctrica que en 2021, obligando que
funcionaran muchas más horas las centrales de gas y disparando así el precio de
la electricidad (la luz ha subido un +60,6%
en el último año, según
el INE). Y mucho tiene que ver,
además de la guerra de Ucrania y el precio del gas, la sequía y la falta de agua en los embalses: la energía hidráulica
sólo aporta en septiembre el
4% de la energía eléctrica, cuando en 2021 aportó el 11,4% y en 2018 (con
los embalses al 82%) aportaba el 13,8% de la electricidad.
La tercera consecuencia de la actual sequía es que ha dañado muy seriamente las cosechas y la ganadería, encareciendo los alimentos y disparando aún más la inflación. Según las organizaciones agrarias COAG
y ASAJA,
la sequía ya ha dañado de forma irreversible la cosecha de cereales (trigo,
cebada, avena y centeno), recortándola un -23% sobre la media
de los últimos tres años. En maíz se
espera recoger un 25% menos y en girasol, las olas de calor y la falta
de lluvia reducirán el rendimiento a la mitad. En el viñedo, el clima ha
obligado a adelantar una vendimia que espera recoger entre un 15 y un 20% menos de uva. En el olivar, ha afectado muy seriamente a
las 900.000 has de regadío (de un total de 2,7 millones) y se espera recoger un
20% menos de cosecha (tras la caída
de 2021). En arroz, frutas y hortalizas, el calor y la
sequía (más las heladas y pedrisco) ha deteriorado las cosechas. Y para
terminar, la falta de pastos ha obligado a los ganaderos a gastar más en piensos y forrajes, reduciendo producción
y encareciendo leche, huevos y carnes.
Todo ello ha desembocado en una fuerte subida de los
alimentos este año, no sólo por la guerra de Ucrania y la energía (que suben
los costes de agricultores y ganaderos) sino también por la sequía y las olas de calor, por su desastroso efecto sobre las cosechas y la ganadería. Basta
ver los
datos del INE, sobre la inflación en agosto, con una subida anual de los alimentos del +13,8%, la mayor desde 1994. Y lo que más sube son los
cultivos más afectados por la sequía: cereales
(+21,7%), mantequilla (+31,8%) y leche (+25,6%), aceites y grasas (+24%), huevos (+22,4%), carne de pollo (+17,6%) y
vaca (+15,2%), patatas (+15,9%), lácteos
(+15,8%), pan (+15,2%), legumbres y hortalizas (+14,8%) o las frutas (+12,1%). Subidas
que tienen mucho que ver con el aumento de costes y la subida de
márgenes de los intermediarios, pero también con el clima y la sequía, con las malas cosechas.
Este problema, la subida
de los alimentos, está muy ligado al Cambio Climático y por eso irá a más en el futuro,
cuando se resuelva el conflicto de Ucrania y la crisis de la energía. El
problema se agravará más en España,
porque sufriremos más la falta de agua
(los recursos hídricos podrían disminuir un 11%), debido a dos
causas: el 75% de la superficie está en riesgo de desertificación, con un “estrés hídrico” alto o severo, y
el 25% de los acuíferos están en
riesgo de agotarse. Así que se espera que llueva menos y eso nos afectará más
porque tenemos un terreno que capta peor
el agua y unas reservas subterráneas (acuíferos y pozos) muy agotadas. Pero
el mayor problema no es sólo que vaya a
llover menos en el futuro sino que ya hoy consumimos demasiada agua.
¿Quién consume la
poca agua que tenemos? Básicamente, la
agricultura, los regadíos, que se llevan el 85% del consumo (del 80 al 90%, según zonas). Y además, el gasto
de agua de la agricultura y ganadería se ha disparado, mientras se reducía el
agua disponible: se ha pasado de
3.044.710 hectáreas regadas en 2010 a 3.877.901
hectáreas en 2021, según los
datos del Ministerio de Agricultura. Y en realidad, superan los 4 millones has, por el aumento de los riegos ilegales,
según diversas ONGs. Eso coloca a España (el país con menos lluvias de Europa) como el país con más regadíos del
continente, muy por delante de Italia (2 millones has regadas), Francia
(1,5 millones) y Grecia (1 millón has). Es el
precio (en agua) que pagamos por ser
“la
despensa de Europa”: naranjas,
frutas, tomates, cerdo, aceite o vino son nuestro “petróleo” y
vendemos fuera el doble de alimentos que
de coches. Somos el 4º exportador agroalimentario europeo
y el 7º del mundo, lo que mantiene
2,5 millones de empleos en España, a
costa de un regadío que esquilma el agua.
El gran salto
en los regadíos se ha dado en la última década, por el crecimiento de la agricultura intensiva y, sobre todo, porque se riegan ahora cultivos leñosos que
antes eran de secano: olivos
(suponen ya un 22,58% de la superficie regada), viñas (10,25%), frutales
(10,56%) y cítricos (7,40% de la
superficie regada), aunque la mayor superficie de regadío siguen siendo los cereales (24,06% del total regado), según
los datos de Agricultura (2021). Andalucía (1,1 millones de has regadas),
Castilla la Mancha (582.767 has), Castilla y León (472.113 has) y Aragón (420.527
has), regiones muy secas, se llevan más
de la mitad del agua para la agricultura, aunque las regiones con más peso del regadío son Canarias (el 58% de la superficie cultivable se riega), Comunidad Valenciana (45,7%), Murcia (39,19%), Navarra (31,27%) y Andalucía
(31,84%), todas más que la media (22,94% cultivos).
El segundo gran consumidor de agua en
España (12% del total) son los hogares y el ocio, con un gasto
medio de 132 litros por persona, que está en la
media europea, sólo por encima del consumo doméstico en Alemania (125
litros habitante) y con menos gasto de agua que en Italia (220 litros),
Portugal (205), Francia (170), Grecia (150) y reino Unido (140 litros por
persona). Pero los expertos creen que aún gastamos demasiada agua en casa,
debido a que la pagamos más barata: una media de 1,88 euros/m3, el 7º
precio más barato de Europa, donde se paga de tarifa doméstica desde
los 9,32 euros/m3 en Dinamarca a 4 euros en Francia, 3,50 en Reino Unido o 2
euros en Italia. Y el tercer gran consumidor de agua son las industrias (3% del
total), donde hay una gran divergencia por sectores y negocios, aunque se echan
en falta planes de ahorro, también por las bajas tarifas del agua para las industrias.
Esos son los consumos “oficiales” de agua, pero
las ONGs llevan años denunciando “el
robo de agua” por muchos agricultores
y ganaderos, también por algunas
industrias. En España puede haber hasta 1 millón de pozos ilegales robando
agua de nuestros acuíferos, según una
estimación de Greenpeace. Y la ONG WWF ha publicado un informe (“El
saqueo del agua”) donde investigó 4
grandes acuíferos (Doñana, las Tablas, Mar Menor y los Arenales) y descubrió
que riegan
de forma ilegal 88.645 hectáreas (1,5 veces la superficie de Madrid
capital), con 220 millones de m3 de agua robada. A primeros de septiembre se
secó la laguna de Santa Olalla, la última laguna de Doñana, por la sequía y la
sobreexplotación de acuíferos (por el turismo y los cultivos regados).
El agua en España, además de ser escasa, por la sequía y el
consumo disparado en la agricultura, tiene mala calidad, debido a que la agricultura y la ganadería intensivas
lanzan
restos de fertilizantes (nitratos y fósforo) y purines, que se transfieren
a ríos y aguas subterráneas, con un serio peligro para la salud y los
ecosistemas. Por ello, la Comisión
Europea, en octubre de 2021, alertó
a España y otros 11 países europeos (Alemania, Bélgica y Países Bajos
entre ellos) por “registrar una mala
calidad del agua en todo su territorio y un problema sistémico para gestionar
la contaminación por nutrientes de la agricultura”. Y ha puesto en marcha
un proceso de infracción, que puede acarrear multas a los países.
Además, España ya
paga (desde 2018) una multa importante
“por falta de depuración de aguas
residuales en 9 aglomeraciones urbanas” (donde viven 350.000 personas). Y
este mes de abril, la Comisión ha vuelto a llevar a España
ante la Justicia europea por incumplir el tratamiento de las aguas
residuales en otras 133 poblaciones…
Visto el panorama, es evidente que España tiene un serio problema de agua, en cantidad y calidad, llueva o no (con sequía más, claro). E irá a peor con el Cambio Climático,
porque España será uno de los 33 países del mundo con problemas serios de
desabastecimiento de agua en 2040, según
un informe del Word Resources Institute. Eso obliga a plantearse la política del agua como una
prioridad de futuro. Para afrontarla, el Gobierno presentó en junio de
2021 los borradores de Planes Hidrológicos para
2022-27, reformulando el actual Plan Hidrológico de 2001. Su objetivo
es reducir el consumo de agua un 5%,
aumentar las desaladoras e invertir 21.000 millones de euros (la
mayoría con Fondos europeos) en la restauración de ríos (11.000 millones),
saneamiento y depuración de aguas (650 millones), restaurar acuíferos y mitigar
el riesgo de inundaciones (800 millones) y facilitar la transición digital de la
agricultura (250 millones), junto a un Decreto-ley para reducir la
contaminación del agua de origen agrícola-ganadero. Ahora, las autonomías
están preparando los Planes de Cuencas, pero con el riesgo de enfrentamientos
regionales y “politización” de la
política del agua, que exige un gran Pacto político y regional para
repartir la escasez.
Las ONGs piden
“ir
más lejos” en la política del
agua, con propuestas más radicales: reducir
un 25% la superficie de regadío en 6 años (con un tope de 3 millones de
has), eliminar los regadíos ilegales y
clausurar esos pozos no autorizados en 6 años, depurar el 100% de las aguas residuales de consumo humano e
industrial para 2027, no subvencionar el
agua desalada para riegos agrícolas y subir
las tarifas de agua para fomentar un consumo responsable de los usuarios. Otros
expertos piden trasvases interterritoriales (polémicos
pero necesarios), reducir pérdidas agua
en los suministros, recuperar las aguas
de lluvia y, sobre todo, modernizar
los sistemas de regadío para que sean más eficientes.
Como siempre, no hay atajos ni soluciones fáciles, sino que
urge tomar múltiples medidas a corto
y medio plazo para afrontar la falta de
agua, llueva o no. Porque el
agua es clave, no sólo para la vida sino para asegurar el crecimiento
y la economía. Ya lo vemos ahora, con el
calor y la sequía agravando la inflación. Hay que luchar con firmeza contra
el Cambio Climático y por el agua, un bien más escaso cada año.
