Pensiones: suben, pero su gasto preocupa

Los 9 millones de pensionistas han cobrado la nueva pensión de enero, un +8,5% superior (+107 euros mensuales la media). Con ello, las pensiones suben un +25% desde 2018 (+300 euros mensuales), ganando poder adquisitivo (+15,5% creció la inflación). Pero preocupa que la factura de las pensiones se dispara: en 2023 costarán 190.000 millones (+9,4%), el 13,7% del PIB, lo que iban a costar en 2030. Muchos expertos piden frenar el gasto en pensiones, porque si no, en 2050 seremos el país UE con más gasto, tras Grecia e Italia. El Gobierno aprobó una primera reforma, en 2021, para bajar gastos y subir ingresos. Y ahora prepara la 2ª reforma, que no gusta a sindicatos y patronal, para subir cotizaciones a los sueldos altos y ampliar el cómputo a 30 años. Todavía podría ser insuficiente, al dispararse las pensiones de 10 a 15 millones en 2050 y haber menos ocupados para pagarlas. Urge apuntalar el futuro de las pensiones, atemperando gastos y aumentando ingresos. Por nuestros hijos y nietos.

Enrique Ortega

Este año, los 9.067.433 pensionistas no han recibido en enero una “paguilla” para compensarles por la subida extra de la inflación el año anterior, como se hizo de 2018 a 2021. Como ya les pasó en enero de 2022, van a cobrar todo el año una subida de la pensión que tiene en cuenta la subida de la inflación media anual el año anterior (hasta noviembre). En enero de 2022, la subida fue del +2,5%. Y ahora, como la inflación se disparó el año pasado, en enero de 2023, la subida de las pensiones contributivas es del +8,5%, una subida media de 107 euros mensuales, que dejará la pensión media de jubilación en 1.367 euros y la pensión media de viudedad (que sube 66 euros al mes) en 788,6 euros. Y así subirán las pensiones en el futuro: lo que suba la inflación media el año anterior y no lo que decida el Gobierno de turno, al aprobarse en diciembre de 2021 la Ley 21/2021 de revalorización automática de pensiones, con los votos en contra del PP, Vox y Ciudadanos.

Con la subida aprobada para este año, las pensiones han subido el +25% entre 2018 y 2023, lo que ha permitido a los pensionistas ganar poder adquisitivo, porque la inflación aumentó un +15,5% estos años. La pensión media de jubilación ha subido un +27% (casi 300 euros al mes, de 1.074,83 a 1.367 euros). Y la pensión media de viudedad ha subido un +21% (´+137 euros mensuales, de 651,20 a 788,3 euros). Sin embargo, estas pensiones medias “esconden” que una gran parte de las pensiones son todavía muy bajas: de las 10.009.149 pensiones pagadas en enero, el 60% cobran menos del salario mínimo, menos de 1.000 euros mensuales. De todas las pensiones de jubilación (6,3 millones), casi la mitad (47,58%) cobran todavía menos de 1.000 euros mensuales. Y de las pensiones de viudedad (4,38 millones), el 81,32% cobran menos de 1.000 euros y casi la cuarta parte de las viudas (el 22%) cobra menos de 500 euros al mes.

A pesar de estas desigualdades, la factura de las pensiones es cada año más abultada, porque crecen mucho los pensionistas y se jubilan cada vez con sueldos más altos, que dan derecho a pensiones más altas. Además, la revalorización automática con la inflación dispara el gasto: la subida para 2023 (+8,5%) supone un gasto adicional en pensiones de 13.600 millones este año (sólo en pensiones contributivas). De hecho, el Presupuesto en 2023 contempla un gasto en pensiones histórico: 190.000 millones, un +9,4% sobre 2022. Y un 31% más de gasto que en 2018 (144.834), el último Presupuesto de Rajoy.

Como se ve, el gasto en pensiones crece mucho más que la economía y que la mayoría de otros gastos, lo que preocupa a muchos expertos. De hecho, el gasto en pensiones para 2023 (190.000 millones), supone el 13,7% del PIB español, que es precisamente el porcentaje que el Gobierno Sánchez preveía gastar para 2030, al aprobar el primer paquete de reformas. Así que llegamos a ese nivel de gasto 7 años antes. En 2019, el último año con datos europeos, España ocupaba el 6º lugar en gasto en pensiones (12,7% del PIB), en línea con la media europea (12,7% PIB) y por detrás de Grecia (16,1%), Italia (15,9%), Francia (14,7%), Austria (14,1%), Portugal (13,7%) y Finlandia (13,3%). Y teníamos más porcentaje de gasto  en pensiones que Bélgica y Dinamarca (12,6 del PIB), Paises Bajos (12%), Alemania (11,9%), Suecia (10,7%) y todos los paises del Este de Europa.

El problema ahora es que, los expertos y la Seguridad Social creen que si no se toman medidas, el gasto en pensiones supondría el 16,6% del PIB en 2050, lo que nos situaría como el tercer país europeo con más gasto, sólo por detrás de Grecia e Italia, según el Banco de España, que analiza los 5 factores que determinan el gasto en pensiones: el envejecimiento de la población, el porcentaje de mayores beneficiarios del sistema, la pensión que se recibe, la tasa de empleo para pagar las pensiones y el peso de los salarios.

El informe del Banco de España detalla que el primer factor, la demografía, va a ser el que más juegue en contra de España, ya que seremos el país europeo donde más crezcan los mayores de 64 años entre 2019 y 2050 (de ser el 29,5% de la población entre 16 y 64 años a ser el 59,5%). Eso supone que nuestro envejecimiento será mayor que el de Francia (en 2037) y el de Alemania (en 2039) y reduciríamos nuestra ventaja demográfica sobre Portugal e Italia. Sólo por este factor, el envejecimiento, España pasará de ser el 7º país con más gasto en pensiones al 3º (tras Grecia e Italia). Otro factor que jugará a la contra, aumentando el gasto en pensiones, es que aumentará la cobertura, porque en España hay hoy menos mayores que cobran pensión que en Francia, Alemania, Italia o Portugal, porque las mujeres tienen un menor porcentaje de pensiones de jubilación. Si el trabajo de la mujer aumenta, lo normal es que en 2050 haya más trabajadoras con derecho a jubilarse, aumentando el gasto.

El tercer factor de gasto, el porcentaje de pensión sobre el salario medio, también va a jugar a la contra, porque en España, la jubilación sobre el último salario es la tercera más alta en la UE (sólo por detrás de Grecia e Italia), un 34% más alta que en Alemania y un 31,6% más alta que Francia, con lo que las futuras pensiones serán también más altas a medida que suban los salarios. Y quedan dos factores que pueden jugar a favor de que no suba tanto el gasto en pensiones: los salarios (más bajos que en la mayoría de Europa y con menos peso en el PIB) y la mejora del empleo: España tiene una tasa de empleo bajísima (67% población 16-64 años trabaja, frente al 73,1% en la UE-27 y el 80% en Alemania). Si la economía se modernizara y trabajara más gente, podrían ayudar a pagar mejor las pensiones futuras.

El Gobierno Sánchez dice no estar preocupado porque el gasto se pueda disparar en 2050, porque cree que el PIB es mayor del que se publica (lo que rebajaría el porcentaje de gasto) y porque el empleo y las cotizaciones está creciendo con fuerza, mientras la Seguridad Social  recibe 20.000 millones extras de los Presupuestos. Y el ministro Escrivá cree que es posible recortar el gasto, del 16,6% sobre el PIB “temido” para 2050 al 13,1%, gracias a las 2 reformas de las pensiones. Con la 1ª reforma, aprobada en octubre de 2020 por el Pacto de Toledo, se transfieren impuestos a la SS para que asuma “gastos impropios”, se acerca la edad real de jubilación (64,8 años hoy)  a la edad legal (66 años y 4 meses, que serán 67 años en 2027), penalizando la jubilación anticipada y facilitando jubilarse más tarde y se crea una “hucha de las pensiones”, con una cotización extra del 0,6% a partir de 2023.

Además, el Gobierno ultima este trimestre una 2ª reforma de las pensiones, que busca más ingresos y recortes de gastos, con 2 medidas. Una, ampliar el periodo de cómputo para calcular la pensión: se subiría de los 25 años actuales (en 1985 se pasó de 2 a 8 años, en 1997 se subió a 15 y en 2011 se subió a 25 años) a 30 años, pero con la salvedad de que el trabajador puede desechar los 2 peores. La otra medida propuesta es que coticen más los sueldos altos: hoy el techo está en 49.672 euros, a partir de ahí los sueldos altos no cotizan (hay 35.000 millones que ganan los trabajadores con más salarios que no cotizan). Aunque esta medida supondría aumentar en paralelo la pensión máxima (3.059 euros), tendría un efecto ahorro .Y otra medida contemplada en paralelo, que los autónomos coticen por sus ingresos reales, también ayudará a bajar el gasto.

Habrá que ver si esta 2ª reforma de las pensiones sale adelante, dado el rechazo de los sindicatos (a la subida del cómputo) y de la patronal (a que coticen más los salarios altos). El  Gobierno se comprometió con la Comisión Europea a aprobar esta 2ª reforma antes de finales de 2022 y, aunque ha conseguido unos meses más, debería presentarla antes de finales de marzo, porque es una reforma clave para que Bruselas conceda o no a España, en abril, una nueva entrega de los Fondos Europeos (otros 19.000 millones). El riesgo es que a la Comisión Europea, las medidas le resulten insuficientes, como les parecen a muchos expertos, y fuercen al Gobierno español a tomar medidas más drásticas.

Nadie defiende el recorte por el recorte, máxime cuando el 60% de los pensionistas reciben menos de 1.000 euros al mes. Pero algo habrá que hacer si no queremos problemas en el futuro, sobre todo a partir de 2027, cuando se empezarán a jubilar los españoles del “baby boom” (nacidos entre 1960 y 1975). La cuestión de fondo es que las pensiones tienen un problema estructural, a medio plazo: el gasto va a crecer exponencialmente y resultará difícil financiarlo, dado que tenemos un grave problema demográfico (muchos viejos y pocos niños) que se agrava por la baja creación de empleo futura (por la renovación tecnológica y digital). Basten 2 datos muy explícitos sobre el reto que nos espera: habrá que pagar a 15,6 millones de pensionistas en 2050 (frente a 9 millones hoy), que además vivirán 4 años más de media (cobrando pensión 20,2 años), y tendremos que hacerlo con 1,65 activos por cada jubilado, cuando ahora hay 3 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años. Es una “bomba” de relojería que hay que “desmontar ya, sin retrasos ni parches.

Lo primero es convencer a los españoles que las pensiones futuras están aseguradas. Y lo están porque somos una economía desarrollada, que crear riqueza y empleo y se puede permitir destinar el 16% o el 20% de su riqueza en pagar pensiones. Se puede y se debe. Pero con planificación y control, asegurando que las cuentas “cuadren” a medio plazo y no haya “sustos” que obliguen a adoptar recortes drásticos. Eso obliga a los Gobiernos, a las fuerzas sociales y a todos a planificar una senda realista de gastos (qué pensiones dignas se pueden pagar en el futuro) y estudiar con qué ingresos reales se puede contar y qué otros se podrían buscar. Con transparencia y sin demagogia ni politiqueo.

Lo primero y fundamental es planificar los ingresos que pueden tener las pensiones hasta 2050, según el empleo previsto y unas cotizaciones razonables y justas (que coticen más los que más ganan, mejorando su pensión pero menos). Y ver qué parte de los impuestos se pueden trasvasar a pagar las pensiones, lo que pasa por recaudar más (se puede, si pagan más los que pagan poco: España ingresó en 2022 un 44,1% del PIB, 28.168 millones menos que si recaudara como la media europea, 38.000 menos que Alemania y 107.000 menos que si recaudara como Francia). Aumentar los ingresos, con cotizaciones e impuestos, es más eficaz que los trabajadores se tengan que pagar un plan de pensiones privado.

Y luego habrá que actuar por el lado de los gastos, si hace falta, aunque no nos guste: no se trata de recortar las pensiones futuras, sino que crezcan menos (si hace falta), “atemperar” su crecimiento futuro para garantizarlas con seguridad. Y aquí hay varias vías, que antes o después se pondrán sobre la mesa: ampliar los años de cotización (ahora se habla de 30, pero podría llegarse a toda la vida laboral), aumentar los años cotizados exigibles para cobrar el 100% de la pensión (hoy 36 años y 38,5 años en 2027, mientras en Francia exigen 43 años y en Alemania 45 años). Y evaluar el posible reparto de lo que se cobra entre los años que se cobra (más al principio, menos después), dado el aumento de la esperanza de vida.

Al final, se trata de ver qué pensiones se pueden pagar, en base a los pensionistas que se esperan y el empleo que puede pagarlo. De momento, y a pesar de las muchas pensiones bajas, España es uno de los paises “más generoso” con las pensiones, según las estadísticas. Por un lado, los jubilados cobran de pensión (2021) un 80% del último salario, un porcentaje muy superior a la media de la OCDE (62%), a Alemania (57,9%), Francia (71,3%), Italia (78,4%) y la media europea. Por otro lado, los jubilados españoles reciben de media un 74% más de lo que cotizan, según el Banco de España: cobran 21 años de pensión cuando con lo que han cotizado sólo les daría para cobrar 10 años.

Además de plantear con claridad las perspectivas de las pensiones, hay que tomar otras medidas económicas y demográficas que ayudarían. Por un lado, reconvertir el modelo económico español, con la ayuda de los Fondos europeos, para crear una economía más competitiva, que cree más empleo: si tuviéramos la tasa de ocupación europea (73,1% en vez de 67,7%), habría 1.656.000 españoles más trabajando (y cotizando para pagar las pensiones).Y si tuviéramos la ocupación de Alemania, habría 3.650.000 empleados más. Y por otro, promover la natalidad, para conseguir en unas décadas que haya más niños y futuros jóvenes trabajando. Mientras ambos cambios se consiguen, la inmigración puede ayudarnos, con su empleo y sus cotizaciones: los extranjeros residentes pasarán de 7.471.460 en 2020 a 12.801.714 en 2050 (+5,8 millones), según la última estimación del INE.

Como se ve, el problema de las pensiones es muy complejo y tampoco aquí hay soluciones simplistas, salvo la demagogia y el populismo. Hay que actuar en múltiples frentes y a medio plazo, con una hoja de ruta de ingresos y gastos hasta 2050. Y planteando con realismo y transparencia las posibles medidas, que deberían pactarse y explicarse bien. Si no nos anticipamos, si nos conformamos con parches y retoques, el problema saltará después y obligará a ajustes más duros e injustos. Se puede y se debe salvar el sistema de pensiones públicas, pero eso exige actuar ya, planificar su futuro. El problema no son nuestras pensiones, sino las de nuestros hijos y nietos. Asegurémoslas.

La "mini reforma" de las pensiones

Gobierno, sindicatos y patronal han pactado esta semana una primera reforma de las pensiones, que deshace parte de la reforma impuesta por Rajoy en 2013. Se aprueban 3 cambios claves: subida anual de las pensiones con el IPC, penalización de las jubilaciones anticipadas y derogación del factor de sostenibilidad. Y se acuerda pagar la mitad del déficit de las pensiones con impuestos. Más que una reforma de las pensiones, es “un parche” para atajar lo más urgente, porque se dejan para 2022 los temas más polémicos: ampliar los años de cotización exigidos, subir las cotizaciones máximas y de autónomos o cómo sustituir el factor de sostenibilidad para “atemperar” el gasto futuro. Así que la verdadera reforma sigue pendiente: cómo conseguir más ingresos y contener un gasto creciente para pagar al doble de pensionistas en 2050. Un problema complejo, que exige tomar medidas polémicas y repartir el esfuerzo entre los pensionistas de hoy y los futuros. Urge una reforma a fondo de las pensiones, pactada y realista. Asegurar hoy las pensiones futuras.

Enrique Ortega

La pandemia ha sido “la puntilla” para las pensiones y las cuentas de la Seguridad Social, al reducir mucho los ingresos por cotizaciones (pérdida de empleo y ERTEs) y disparar los costes, por la necesidad de mayores ayudas. Al final, la Seguridad Social cerró el año 2020 con un déficit de -29.685 millones de euros, el mayor “agujero” de su historia. Y eso que el Estado transfirió a la SS una cantidad de 22.000 millones de euros, para compensarla de los gastos extras derivados de la pandemia (ayudas y reducción de cotizaciones para EREs y autónomos). Así que, sin esa aportación extra del Presupuesto, el déficit real de la SS en 2020 hubiera sido de -51.685 millones de euros.

Pero el “agujero” de la SS no se debe a la pandemia, aunque lo haya agravado. La realidad es que el déficit de las pensiones se arrastra desde hace 10 años (ver gráfico déficit SS), desde que perdió -2.433 millones de euros en 2010. Posteriormente, el déficit superó los -10.000 millones en 2012, 2013 y 2014, superó los -13.000 millones en 2015 y rondó los -17.000 millones en 2016,2017 y 2018, para mantenerse en los -16.502 millones de euros en 2019 y rozar los -30.000 millones en 2030 (con la aportación extra del Estado, sino superaría los -51.000 millones). En total, un “agujero” acumulado  en la última década de -142.620 millones de euros, que se han “tapado” con deuda (la SS tiene una deuda acumulada de 85.355 millones), aportaciones del Estado y tirando de “la hucha” de las pensiones.  

Y lo peor es que el déficit no iba a mejorar en el futuro, una vez pasada la pandemia. La previsión del Gobierno, enviada a Bruselas en mayo de 2020, era que “el agujero” de las pensiones se mantuviera muy elevado en los próximos años: -30.000 millones de euros en 2021 y unos -20.000 millones en 2022 y 2023. Un déficit insostenible para las arcas públicas y que ponía en grave riesgo el sistema de pensiones. Por eso, la Comisión Europea ha exigido a España que la reforma de las pensiones sea una de las tres reformas exigidas (junto a la reforma laboral y fiscal) para acceder a los 140.000 millones de euros de los Fondos europeos. La negociación empezó en 2020 y se ha cerrado esta primavera, con un principio de acuerdo con Bruselas: la reforma de las pensiones debe ser pactada y para conseguirlo, se aprobará una primera reforma este año (los temas más fáciles) y se dejará el grueso de la reforma (lo polémico) para 2022.

Tras meses de negociación entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal, este lunes se llegó al acuerdo de esa primera fase de la reforma, “la más sencilla” (aunque ha costado decenas de reuniones), que aprobará el Consejo de Ministros el próximo martes 6 de julio y que luego irá al Parlamento, para convertirla en Ley que entre en vigor el 1 de enero de 2022.

Una “mini-reforma” que viene precedida de un compromiso del Gobierno para afrontar el problema más urgente, el déficit de la SS. El acuerdo establece que el Presupuesto, los impuestos, financiarán parte de los gastos de la Seguridad Social, los considerados “gastos impropios” (22.871 millones), que hasta ahora se pagaban con cotizaciones: subsidios de paro no contributivos (11.305 millones), tarifas planas y rebajas de cotizaciones (1.818 millones), prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos (2.953 millones), pago complementario de maternidad (1.082 millones), subvenciones a regímenes especiales (1,14 millones), costes extras en el cálculo de pensiones (788) y los propios gastos de funcionamiento de la Seguridad Social (3.911 millones que pagan las cotizaciones, no el Presupuesto como en el caso de otros Ministerios).

El compromiso del Gobierno con sindicatos y empresarios es que el Presupuesto se hará cargo de estos “gastos impropios”, descargado de ellos a la SS, lo que supone quitarle casi todo el déficit. El compromiso ya se ha hecho efectivo en el Presupuesto de este año 2021, donde se han asumido 13.929 millones de esos costes de la SS, con la intención de asumir más en 2022 y asumirlos todos (22.871 millones) en 2023, para conseguir así que la Seguridad Social no tenga déficit dentro de dos años.

Con el compromiso de que el Gobierno “tapará el agujero” de la SS en 2023, sindicatos y empresarios han apoyado las otras 3 medidas de este primera reforma de las pensiones. La primera, el sistema de revalorización anual de las pensiones: subirán cada año según la inflación del año anterior (IPC medio anual) y si bajan los precios un año, no se tocarán (ni bajarán). Eso supone asegurar que las pensiones mantienen el poder adquisitivo, gobierne quien gobierne, frente a la reforma aprobada por Rajoy en 2013, que fijaba una subida anual del 0,25% mientras las pensiones tuvieran déficit. Eso sí, la medida tiene un coste extra para la Seguridad Social, estimado en unos 30.000 millones de euros.

Para contrarrestarlo, esta primera reforma aprueba una segunda medida: penalizar las jubilaciones anticipadas y favorecer que los trabajadores se jubilen más tarde, una medida que el Gobierno estima ahorrará 15.000 millones anuales (otros estudios rebajan este ahorro a la tercera parte). El problema hoy es que la edad legal de jubilación (66 años en 2021 y 67 años para 2027, según la reforma de pensiones de 2011 hecha por Zapatero) no se cumple y la edad real de jubilación está en 64,6 años, lo que encarece la factura de las pensiones. Ahora se pretende rebajarla, penalizando a los que se jubilen antes de tiempo (el palo) e incentivando a los que trabajen más años sin jubilarse (la zanahoria).

Si esta reforma se aprueba en el Congreso, el 1 de enero de 2022, los que se quieran jubilar anticipadamente (antes de los 66 años) cobrarán menos pensión. En el caso de un despido, el trabajador podrá jubilarse 4 años antes (a los 62), con una penalización del 0,5%  al 30% de recorte de su pensión, según el tiempo cotizado y los meses que se anticipe (ahora se contará los meses, no los trimestres como hasta ahora).En el caso de una jubilación anticipada “normal” (sin despido), sólo se podrá adelantar 2 años (a los 64) y el jubilado tendrá una penalización del 2,81% al 21%, según los años cotizados y los meses que adelante la jubilación  (ver cuadro con los recortes en cada caso).

Y veamos “la zanahoria”, el incentivo que tendrán los que decidan trabajar después de los 66 años. Podrá elegir entre un aumento extra de su pensión (del 4% por cada año que retrase, cuando ahora se le bonifica el 2%) o un cobro único, una prima que oscilará entre 12.060 euros (para los que tienen derecho a pensiones máximas y un alto periodo de cotización) y 4.786 euros (para los que se van a jubilar con pensiones mínimas), con una media de 8.230 euros de pago único a los que corresponda jubilarse con una pensión media (20.000 euros).

La tercera medida pactada en esta primera reforma de las pensiones es derogar el factor de sostenibilidad, la medida estrella de la reforma de Rajoy, que pretendía ajustar la pensión futura de los nuevos pensionistas a sus años de vida: si ahora viven más años, se repartiría el pago de la pensión y cobrarían menos cada año. La estimación de algunos expertos era que la aplicación de este factor de sostenibilidad rebajaría las futuras pensiones, entre un -5 y un -6% dentro de 10 años y un -22% a los que se jubilaran dentro de 30 años. Al final, este factor de sostenibilidad iba a entrar en vigor en 2019, pero la polémica hizo que Rajoy retrasara su entrada en vigor para 2023. Ahora se deroga esta medida, que pretendía ahorrar 11.000 millones de euros en la factura de las pensiones para 2050. Y en paralelo, se acuerda pactar, antes del 15 de noviembre un “mecanismo de solidaridad intergeneracional”, que se aprobaría a fin de año y entraría en vigor en 2027.

Hasta aquí la “mini-reforma” de pensiones ahora aprobada, un “parche” que deja fuera los temas más polémicos, que se retrasan para negociarlos en los próximos meses y en 2022, con el compromiso ante Bruselas de que el resto de la reforma (la parte más dura) estará aprobada antes de finales de 2022 (año preelectoral). El primer tema pendiente, muy polémico, es el periodo de cómputo de las cotizaciones para calcular la pensión: actualmente se tienen en cuanta los últimos 24 años cotizados y desde 2022 serán ya 25 años (hasta 2013 se miraban los últimos 15 años). El debate ahora es subir a 35 años o incluso tener en cuenta toda la vida laboral, dos medidas que no quieren los sindicatos porque rebajarían las futuras pensiones. Otra medida pendiente, que no gusta a los empresarios, es subir las cotizaciones de los autónomos (la mayoría cotizan en mínimos) y subir las cotizaciones máximas (ahora tienen un tope), lo que obligaría también a subir las pensiones máximas.

En definitiva, la “mini reforma” pactada ahora cambia de sitio el “agujero” de las pensiones (de la Seguridad Social al Presupuesto) y retoca lo más urgente, pero no afronta el problema de fondo de las pensiones, que es estructural: los ingresos no llegan para pagar las pensiones y eso se va a agravar en el futuro, sobre todo a partir de 2027, cuando se jubilen los españoles del “baby boom” (los nacidos entre 1960 y 1975). Basten dos datos. Uno, la evolución de los pensionistas: si hoy tenemos 9,27 millones de españoles mayores de 65 años (el 19,6%), en 2050 serán 15,67 millones (el 31,4%), según el INE. Y si hoy tenemos 3 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años, en 2050 habrá 1,65 activos por cada jubilado, por la caída de la natalidad y el envejecimiento, según CaixaBank. Serán menos españoles a trabajar y más jubilados, que además vivirán 4 años más que ahora (de media, estarán 20,2 años cobrando pensión si se jubilan a los 67 años.

Este es el verdadero problema de las pensiones, un problema demográfico (muchos más jubilados y menos personas para trabajar) que es una verdadera “bomba de relojería”, frente a la que no valen “parches” ni politiqueos. Sólo queda actuar, tomar medidas realistas y rigurosas por dos caminos: aumentar ingresos y “atemperar” gastos.

El primer camino, aumentar ingresos para financiar el mayor gasto en pensiones, exige actuar en dos frentes. Uno, aumentar los ingresos por cotizaciones sociales (no ahora, cuando se consolide la recuperación), porque son más bajas que en Europa, según Eurostat (2019): suponen en España un 12,9% del PIB frente al 14,2% en la UE-27, el 15,1% en la zona euro, el 13,5% en Italia, el 16,8% en Francia y el 15,7% en Alemania, los tres paises con los que competimos. Esto significa que si las cotizaciones sociales fueran como las europeas, la SS ingresaría 26.950 millones más cada año. Sería un coste extra para empresas y trabajadores, pero mejor subir la cotización pública que tener que pagarse una pensión privada. Y el otro frente, aumentar la recaudación fiscal del Estado y así poder financiar parte de la factura de las pensiones cuando haga falta. Aquí también, España recauda menos por impuestos que la media europea: 85.889 millones menos en 2019, según Eurostat. Si se hace la reforma fiscal (que también nos exige Europa) habría más dinero para todo, también para las pensiones.

El segundo camino que habrá que recorrer, aunque no nos guste, será “atemperar” el gasto en pensiones: no recortarlas pero sí que crezcan menos, para asegurar que se pueden pagar en 2050. Y eso pasa por tomar ahora algunas decisiones, aunque sean impopulares. Sobre todo dos: ampliar los años de cotización  que se toman para calcular la pensión (habría que subirlos de 25 a 35 y quizás a toda la vida laboral) y, además, si hace falta, aumentar los años de cotización  exigidos para tener derecho al 100% de la pensión (hoy 36 años y 37 años en 2027). Y la otra medida, tener en cuenta la mayor esperanza de vida (más de 20 años de cobro de pensión) para repartir cuantías. Un factor de sostenibilidad más justo que el anterior, pero que sirva para atemperar la factura. Suena mal, pero al ritmo actual (de aumento de pensionistas, con pensiones más altas) será imposible pagar las 15 millones de pensiones de 2050, con los ingresos y empleo previstos hoy.

Así que no queda más remedio que abordar una reforma a fondo de las pensiones, no quedarse en “parches”. Por responsabilidad con los pensionistas actuales y, sobre todo, con los futuros. Y además, porque nos lo va a exigir Europa, que lleva años diciendo que España debe ajustar su gasto en pensiones, como vía para ajustar el déficit público. También critican  que sean “demasiado generosas” (aunque más de la mitad de los pensionistas, 4,8 millones, cobran menos del salario mínimo, menos de 950 euros al mes). El dato es claro:  la pensión media en España supone el 78,7% del último salario, frente al 45,5% del salario que suponen las pensiones en la zona euro, el 45,4% en Francia o el 37,8% en Alemania, según los datos de la UE. Y además, cotizamos menos de lo que recibimos de pensión: quien ha cotizado 37 años ha pagado con ello 13,2 años de pensión media, así que los 8 años restantes que cobra pensión (21,2 años de media) los cobra sin haber cotizado por ellos, según este detallado estudio de FEDEA. Y otro estudio del Banco de España insiste en lo mismo: cotizamos entre el 40 y el 60% de la pensión que recibimos. Y que por cada 1.000 euros aportados a la SS por un jubilado, se lleva 1.740 euros de pensión.

En definitiva, que las cuentas de las pensiones no salen y menos que van a salir cuando se dupliquen los pensionistas. Y aunque muchos reciban pensiones de miseria, la pensión media es superior a lo que se cotiza por ella, lo que genera déficits permanentes que hay que solucionar, ingresando más y atemperando las nuevas pensiones. Y todo ello, en un difícil equilibrio entre los pensionistas actuales y los futuros, a los que no se les puede dejar un sistema quebrado. Hay que pactar una reforma realista, que garantice nuestras pensiones y las de nuestros hijos y nietos, repartiendo esfuerzos. Asegurar hoy las pensiones futuras.

Pensiones: el que venga detrás, que arree

A nadie parece preocuparle el futuro de las pensiones. Sólo “el hoy”: lo que subirán en enero y los años próximos, mientras vivamos. Después, qué pasará con las pensiones de nuestros hijos, no preocupa tanto. No se plantea el grave problema de las pensiones como lo que realmente es: una cuestión de “solidaridad entre generaciones”, donde hay que combinar las pensiones que se pueden pagar hoy con asegurar las que hay que pagar mañana. Eso exige pensar muy bien los criterios de revalorización de las pensiones (una subida del 2% hoy cuesta 327.000 millones en 20 años), la pensión que se puede pagar durante 20 años y la que se podrá pagar en 2050, cuando haya 15 millones de pensiones y no 10 millones. Hay que hacer cuentas con rigor, forzar al máximo los ingresos y atemperar el gasto, para asegurar unas pensiones dignas hoy y a mediados de siglo. No pensar sólo en nosotros, sino en las pensiones de nuestros hijos y nietos. Esa es la reforma que necesitamos.

enrique ortega

La factura de las pensiones bate récords mes a mes. En septiembre, pagar las pensiones ha costado 9.643 millones de euros, un 53% más que hace solo una década (6.332 millones en septiembre de 2009: ver gráfico evolución del gasto). La factura ha subido un +6,56% este año (enero-agosto) porque sube el número de pensiones (son ya 9.760.220), porque las nuevas pensiones son más altas que las anteriores (y sube la pensión media a 993 euros, a 1.140 euros la de jubilación y a 713 euros la de viudedad) y, sobre todo, por la revalorización de pensiones (+1,6% y +3% las mínimas), que supone más de la mitad de la subida (+3,7%). Y aunque también han subido los ingresos por cotizaciones, por el aumento de algunas bases de cotización (máximas y autónomos), del empleo y los salarios (incluida la subida del salario mínimo a 900 euros, que cotiza más), no ha sido suficiente para pagar todos los gastos de la Seguridad Social, que tuvo -5.703 millones de déficit hasta agosto.


La previsión de la Seguridad Social es que la factura de las pensiones será de 153.800 millones en 2019 (421 millones diarios), un 57% más que en 2008 (98.000 millones) y casi el doble que en 2005 (79.200 millones). Eso supone que gastaremos el 12,5% de lo que produzcamos (PIB) en pagar pensiones, cuando en 2011 era el 10,43% y en 2008 el 8,8% del PIB. Un tremendo esfuerzo que, otro año más, no se podrá pagar con cotizaciones y provocará otro déficit en la SS, estimado por el Gobierno en -17.430 millones de euros en 2019, incluso superior al déficit de 2018 (-17.088 millones) y similar al de 2017 (-16.775) y 2016 (-17.720 millones). Con ello, serán ya 10 años de déficit en las cuentas de la Seguridad Social (desde 2010), un “agujero” de las pensiones que suma -118.022 millones de déficit entre 2010 y 2019, tras 11 años antes de superávit, desde 1999 (ver gráfico).


Para “tapar este agujero” de la SS, el Gobierno Rajoy tiró de “la hucha” de las pensiones, creada por Aznar en el año 2000 y "engordada" por Zapatero (la recibió en abril de 2004 con 12.025 millones y la dejó a finales de 2011 con un máximo de 66.815 millones). En 2017 ya sólo quedaban en la hucha 8.095 millones y los gobiernos de Rajoy y Sánchez han tenido que hacer préstamos a la Seguridad Social (37.660 millones entre 2017 y 2019) para poder pagar las pensiones, además de seguir tirando de la hucha (sólo quedaba 5.043 millones en junio 2019), que se quedará con 1.500 millones a finales de 2019. Así que el agujero de las pensiones se ha financiado con la hucha (se han sacado 80.000 millones si contamos lo que había más los intereses ganados al invertirla en deuda y lo que se ha cogido de las Mutuas) y con deuda (la SS tendrá 54.833 millones de deuda a finales de 2019), que tendremos que pagar a los inversores en las próximas décadas.


Pero no podemos seguir así, porque si no se toman medidas el agujero de las pensiones crecerá, y ya no hay “hucha” ni podemos endeudarnos más. Esto es lo que hay que tener in mente cuando ahora se debate la revalorización de pensiones para 2020. Nadie dice que no haya que subir las pensiones, sólo que hay que hacerlo pensando en las cuentas que tenemos y cómo se puede compatibilizar una subida razonable con que el sistema no quiebre.


La propuesta de Pedro Sánchez, en víspera de las elecciones del 10-N, es que si gana, subirá las pensiones un 0,9% en enero, lo que se prevé que suba el IPC a finales de 2020, según el Plan presupuestario enviado la semana pasada a Bruselas. Eso costará 1.404 millones en 2020, según sus cuentas. Pero ese es el coste en un año y no tiene en cuenta que la subida se incorpora a la pensión y afecta al coste de las futuras subidas. De hecho, una revalorización del 2% anual cuesta 2.365 millones en el primer año, pero como se consolida, al cabo de 20 años (la vida media de un pensionista), cuesta a la SS un total de 327.000 millones de euros, según un estudio hecho por FEDEA a raíz de la revalorización de 2019 (+1,6% todas las pensiones y un 3% las mínimas). Ojo a la revalorización que se hace, porque es una hipoteca a las pensiones de aquí a 20 años.


Por eso, algunos expertos y el Banco de España creen que “es insostenible económicamente” una revalorización de las pensiones con el IPC: supondría aumentar el gasto en pensiones en 24.000 millones para 2035 y en 36.000 millones para 2050 (casi la cuarta parte de la factura de las pensiones hoy). Son puras cuentas. También es cierto, como dice la ministra de Trabajo, que no subirlas con el IPC es “insostenible social y políticamente”: a ver qué Gobierno se atreve a hacerlo. Y más cuando dos tercios de las pensiones actuales (6.164.441 pensiones) son inferiores al salario mínimo (900 euros), un tercio cobran menos de 650 euros y el 12% menos de 400 euros al mes.


El debate de la revalorización de pensiones hay que inscribirlo en el debate sobre las cuentas de las pensiones y su tremendo déficit. Porque no se trata solo de una cuestión de justicia social (que también) sino de una cuestión de evitar la quiebra del sistema. Por eso, primero hay que ver cómo se pueden encajar las cuentas, a corto y medio plazo, y en este contexto decidir cuánto se pueden revalorizar las pensiones.


A corto plazo, lo más urgente es reequilibrar las cuentas de las pensiones, “tapar el agujero” para no tener que endeudarse más. Y puede hacerse. Por un lado, hay que quitar gastos que cargan sobre las pensiones y no deben pagarse con cotizaciones, sino con el Presupuesto: el coste de las medidas de fomento de empleo (3.358 millones anuales en bonificaciones a la cotización de empresas, poco útiles para crear empleo además), el coste de los permisos de paternidad y maternidad (2.558 millones que salen también de las cotizaciones), los 1.585 millones de prestaciones familiares, el pago del desempleo no contributivo (5.967 millones en 2018) y hasta los 4.000 millones que cuesta mantener el Ministerio de Trabajo (y que pagan las cotizaciones, no el Presupuesto). Si quitamos a la SS estos costes (17.500 millones anuales), que financian las cotizaciones, no tendría déficit.


Pero aunque tapemos el déficit a corto de la SS, seguimos con el problema a medio y largo plazo: los ingresos por cotizaciones no cubren unos gastos crecientes, que se van a disparar a medida que España envejezca más. Sobre todo a partir de 2027, cuando se jubilen los españoles del “baby boom”, los nacidos entre 1960 y 1975. Por eso, el verdadero problema es que los 9,7 millones de pensiones actuales serán 15 millones en 2050. Y para poder pagarlas sin problemas necesitaríamos contar entonces con 30 millones de españoles trabajando, 10,5 millones más de empleos que hoy, algo imposible: la Comisión Europea estima que sólo habrá 20 millones de españoles trabajando para 2050, lo que daría 1,3 ocupados por pensión. Y así no salen las cuentas.


Como no nos podemos “inventar” empleos y los pensionistas serán los que sean, sólo queda un doble camino para intentar ajustar las cuentas: aumentar los ingresos y atemperar los gastos. Para aumentar los ingresos de la SS, los expertos señalan tres caminos. Uno, aumentar los ingresos por cotizaciones: en España son más bajas que en la media de Europa (según Eurostat) y podrían subirse algo (las de las empresas y también las de los trabajadores: mejor eso que tener que pagarse una pensión privada), todas y en especial las de los sueldos más altos (hoy hay topes). El segundo camino sería trasvasar ingresos del Presupuesto, una parte de la recaudación actual y otra de ingresos nuevos (tasa Tobin sobre operaciones financieras) o cambios en los ingresos actuales (subir el IVA reducido a algunos productos y servicios, por ejemplo). No olvidemos que España recauda 73.000 millones menos que Europa y tenemos margen para ingresar más por IRPF, IVA, sociedades, patrimonio e impuestos verdes: una parte podría ir a financiar las pensiones.


Pero no bastaría con recaudar algo más con cotizaciones o impuestos, entre 20.000 y 30.000 millones extras para 2050. Haría falta además, “atemperar” el gasto en pensiones, otros 30.000 millones, porque si no, la inercia del aumento de pensionistas, la subida de las nuevas pensiones y la revalorización se comerían los ingresos, incluso con una recaudación extra. Por eso, nos guste o no, hay que ver las pensiones que se pueden pagar a medio plazo, no las que nos gustaría cobrar. Y sobre todo porque ya hoy, las pensiones en España son de las más generosas de Europa (la pensión media supone en 78,7% del último salario, frente al 45,4% que suponen en la zona euro, el 45,4% en Francia o el 37,8% en Alemania, según los datos de la UE) y no hemos cotizado suficiente por ellas: si se ha cotizado 37 años, se pagan 13,2 años de la pensión media, con lo que los 8 años restantes que se cobran no se ha cotizado por ellos, según explica este detallado estudio de Fedea.


No se trata de recortar el gasto en pensiones sino de que crezca menos, para asegurar su futuro. Para ello, habría que actuar en varios frentes. Uno, aumentando la edad real de jubilación, que hoy está en 64,2 años aunque la oficial se subió a 65 años y 8 meses para este año 2019 (y 67 años para 2027). Conseguir frenar las jubilaciones anticipadas y hacer que la edad real de jubilación suba sólo 1 año (hasta 65,2), como plantean Trabajo y la Autoridad Fiscal (AIReF) permitiría reducir el gasto en pensiones un 1% anual (acumulativo). Otra medida eficaz para atemperar el gasto sería aumentar el periodo de cálculo de la pensión, de los últimos 25 años cotizados ahora (previstos para 2027) a 35 años de cómputo, con la idea de ampliarlos después y tener en cuenta toda la vida laboral. Y en tercer lugar, habría que decidir un sistema de revalorización de las pensiones que se pueda pagar a medio plazo.


En este tema de la revalorización, hay que dejarse de demagogias y plantear una solución justa y financiable. Revalorizar las pensiones con el IPC puede ser muy costoso en años de alta inflación y en otros, como 2019, poco “justo”: las pensiones han subido un 1,6% y la inflación media (la que habría que mirar) subirá un 0,77%, ganando más poder adquisitivo las pensiones altas que las mínimas. Por eso, algunos ven más justo revalorizar con el IPC sólo las pensiones más bajas y compensar al resto periódicamente si pierden poder adquisitivo. Y dedicar recursos sobre todo a subir las pensiones más bajas, ya que un 0,9% de subida no les compensa de la miseria y no supone casi nada para los que reciben 1.200 euros (10 euros al mes). Pero sepamos que si se aprueba “IPC para todos”, en 20 años el sistema se resiente.


Al final, se trata de echar cuentas y ver qué pensiones se pueden pagar hoy y dentro de 30 años, con los ingresos previsibles y otros nuevos. Y parece indudable que eso pasa por unas pensiones más altas para los que cobran las mínimas y unas pensiones que crezcan menos para el resto, durante más años de vida, para asegurar que cobramos los pensionistas de hoy y que cobrarán también pensiones dignas las generaciones futuras. Se trata de asegurar el pastel de las pensiones hoy y mañana y repartirlo con solidaridad entre generaciones. Urge aprobar una reforma de las pensiones que valga para 2050. No vale exigir que me suban mi pensión ahora “como sea”, sin pensar si esa revalorización pone en peligro las pensiones del futuro. Porque son las de nuestros hijos y nietos.

Pensiones: muchos Planes y ninguna reforma

Diciembre es el mes de los Planes de pensiones privados: bancos, financieras y aseguradoras nos bombardean con campañas, aprovechando el temor por las pensiones públicas. Pero los Planes están de capa caída : han bajado las aportaciones, han subido los rescates (de parados) y se han perdido un millón largo de partícipes mientras los que quedan (8 millones) aportan cada año menos (400 euros de media y dos tercios nada). Todo porque es un dinero "cautivo" y los Planes son poco rentables y pagan altas comisiones, El Gobierno Rajoy ha tratado de reanimar a los Planes, aprobando medidas para hacerlos más atractivos, “un parche” según la OCDE. Entre tanto, Gobierno y “oposición” llevan más de un año debatiendo la reforma de las pensiones públicas, sin alumbrar ninguna medida. El parto se retrasa, mientras los pensionistas pierden poder adquisitivo, sigue el déficit (-17.500 millones) y se agota la “hucha” de las pensiones, obligando a pedir un crédito para pagar la extra de Navidad. Urge tomar medidas para garantizar las pensiones públicas. 

enrique ortega

Los Planes de pensiones privados cumplieron este verano 30 años, al aprobar el gobierno de Felipe González, en junio de 1987, la Ley de Planes de pensiones, que ya existían en toda Europa. Entre 1998 y 2006 fue la época dorada de los Planes, triplicándose los partícipes y el dinero aportado. En 2007, el empuje aflojó, al suprimirse algunas ventajas fiscales, y empezó el declive a partir de 2008, con la crisis, hasta hoy: se han perdido 1.100.000 partícipes (hay 8 millones de españoles, 3 de cada 10 personas entre 25 y 65 años), se han reducido las aportaciones (de 8.093 millones en 2008 a 4.972 en 2016) y han subido los rescates (de 3.301 a 4.728 millones, por los parados que han pedido su Plan), con lo que en 2017, por primera vez en 30 años de Planes, el saldo será negativo: los rescates superarán a las aportaciones. Y los partícipes aportan cada año menos dinero a sus Planes: de los 800 euros de media en 2004 se ha pasado a 400 aportados en 2016. Y dos tercios de los partícipes (64,6%) no aportaron nada el año pasado, mientras otro 22% aportaba menos de 900 euros.

Como se ve, los Planes de pensiones privados están de capa caída, por muchas campañas que hagan los bancos, financieras y aseguradoras, campañas que son “engañosas”: ofrecen un regalo (del 2 al 4% de lo aportado o traspasado), pero la mayoría exigen una aportación mínima de 3.000 euros, aportación que sólo hacen una minoría, el 4% de los partícipes. Actualmente, hay 35 entidades que venden un rosario de Planes (más de 2.700), aunque es un negocio controlado mayoritariamente por los tres grandes bancos, CaixaBank (23,6% del mercado), BBVA (20%) y Santander (13,3 % si le sumamos los Planes de Allianz Popular), a los que añadir Bankia (6,2%), Ibercaja (5,7%), Mapfre (4,8%), Fonditel (3,5%) y Sabadell (3,3%), para totalizar el 80% del mercado. Los Planes tienen un patrimonio de 109.244 millones, sólo un 5,5% del ahorro de los españoles, colocado en depósitos (860.562 millones, el 40% del ahorro), Bolsa (450.000 millones, el 21%), Fondos de inversión (302.000 millones, el 14%) y seguros (243.000 millones, el 11,4%), según los datos de INVERCO (2017).

Los Planes de pensiones han tocado fondo porque los trabajadores (hay 7,5 millones de planes individuales, el 40% de los empleados) no los ven atractivos: supone inmovilizar un dinero durante muchos años (que sólo se puede rescatar en caso de paro de larga duración, enfermedad grave o desahucio) y saben que recuperarlo luego supone pagar un buen pico a Hacienda en impuestos. Además, hay que pagar altas comisiones anuales (el 1,50% y más), mayores que en el resto de Europa, y los Planes tienen una baja rentabilidad (2,04% de media en 2016), inferior a la de la Bolsa o los Fondos de Inversión. Y tampoco ven claros los Planes de pensiones las empresas (sólo un 0,4% de empresas los tienen, con 2 millones de trabajadores incluidos en planes de empleo), que han recortado sus aportaciones y ya no incluyen en los Planes, en muchos casos, a los nuevos contratados.

Las entidades que venden Planes de pensiones (bancos) han lanzado un SOS al Gobierno, pidiendo ayuda para insuflar oxígeno a un producto de ahorro que languidece. Y además, han tenido la peregrina idea de proponer una aportación “cuasi obligatoria”  a Planes privados de pensiones: un 2% de los sueldos lo aportarían las empresas y otro 2% los trabajadores… Así tendrían un negocio “cautivo” y “redondo”. Y nadie les dice que sería mucho más sensato subir las cotizaciones de empresas y trabajadores a la Seguridad Social, que son más bajas en España que en otros paises, para consolidar así las pensiones públicas y reducir su déficit, en lugar de alimentar un negocio privado plagado de comisiones.

Pero el Gobierno Rajoy ha recogido de alguna manera el guante de salvar los Planes de pensiones y ha aprobado por decreto, el 13 de noviembre, dos medidas, para reanimar la campaña de Planes de la banca. Una, rebajar la comisión máxima de los Planes del 1,75 al 1,45% (a partir de mayo de 2018). Y la otra, permitir que los partícipes de un Plan recuperen el dinero a los 10 años, no al jubilarse. La OCDE ha calificado este “reforma de urgencia” del Gobierno como “un parche”, porque las comisiones siguen siendo más altas que en Europa (en Reino Unido tienen un tope del 0,9%) y, sobre todo, porque “desvirtúan” lo que es un Plan de pensiones (ahorrar para la jubilación), transformándolos en “Planes de ahorro” sin más.

Eso sí, Planes de ahorro con desgravación fiscal, algo muy injusto y que la Comisión Europea ha calificado en varias ocasiones de “fiscalmente regresivo”. Porque todos los españoles costeamos que una parte, los que tienen Planes, se desgraven en el IRPF por ellos. En 2015, la desgravación por Planes costó 5.000 millones de euros y benefició sólo a 2,8 millones de contribuyentes, 1 de cada 6 españoles que declaran a Hacienda. Y los que más se benefician de esta desgravación son los que más ganan: 1,23 millones de contribuyentes, el 44% de los que desgravan por Planes, ganan más de 30.000 euros al año. Y cuanto más ganan, más aportan (el límite son 8.000 euros anuales) y  más desgravan. Así que tenemos  unos Planes en claro declive que sólo sobreviven gracias a una desgravación costosa que beneficia sobre todo a los más ricos. Urge cambiarlo.

Mientras el Gobierno Rajoy auxilia a los Planes de pensiones privados, deja languidecer la reforma de las pensiones públicas. La Comisión del Pacto de Toledo, que estudia en el Congreso las medidas a tomar, lleva ya más de un año de reuniones (desde el 22 de noviembre de 2016), sin avances, mientras el Gobierno no ha vuelto a reunir desde marzo a sindicatos y patronal para hablar de las pensiones. Y todo apunta a que, con el problema de Cataluña, no habrá avances hasta 2018. Incluso se habla de que las posturas entre PP, PSOE, Podemos y C´s están muy encontradas y que la reforma de las pensiones podría retrasarse sine die, máxime si Rajoy convoca elecciones en junio de 2018, como es posible.

La reforma de las pensiones públicas está atascada y eso es especialmente grave porque se mantiene la asfixia financiera de la Seguridad Social, cuyo déficit previsto en 2017 será de  -17.299 millones de euros (según las cuentas enviadas por el Gobierno a Bruselas), tras cerrar 2016 con un “agujero” de -18.500 millones, porque los ingresos no alcanzan a cubrir los gastos, debido a la mala calidad del empleo (más empleados que cotizan menos). Y ahora , la Seguridad Social ha casi agotado la “hucha” de las pensiones (quedan 8.095 millones, tras haber tenido 66.815 millones en 2011), con lo que ha tenido que recurrir a un crédito del Estado para pagar la extra de diciembre y la pension del mes (17.400 millones de desembolso total). Y cada mes aumentan los pensionistas (ya hay 8.679.378 pensionistas), que se jubilan con pensiones más altas (1.308 euros de media las altas en octubre).

Además, 2017 será el primer año desde 2012 en el que los pensionistas vuelven a perder poder adquisitivo, porque la pensión les subió un 0,25% y la inflación media subirá un 2%. Y lo mismo pasará en 2018: la pensión les subirá 0,25% (2,3 euros al mes la pensión media, 925 euros) y los precios el 1,6%. Eso pasa porque España es el único país europeo que, desde 2013, no liga la subida de las pensiones a la evolución de los precios o de los salarios, como hacen todos los demás paises de la UE, salvo Irlanda, según un reciente informe de la Comisión Europea.

Las pensiones públicas exigen una reforma urgente para hacer frente a dos problemas. Uno, la falta de recursos para revalorizar las pensiones actuales, lo que llevó a Rajoy a aprobar en 2013 un ajuste (el “Factor de Sostenibilidad”) para que las pensiones sólo suban un 0,25% anual hasta que las cuentas mejoren. Y eso no pasará hasta 2040, según el Banco de España, con lo que estos 25 años, las pensiones perderán hasta un 35% de poder adquisitivo. O sea, que una pensión de 700 euros hoy (son la mitad) quedaría en 455 euros reales en 2040. Y si se quiere evitar, subiendo las pensiones como los precios, el déficit de la SS subiría a 70.000 millones anuales, según FEDEA. El otro problema, más grave, es demográfico: en 2050, España será el país más envejecido de Europa y un tercio de los españoles tendrán más de 65 años, con lo que el número de pensiones pasará de los 9,5 millones actuales a 15 millones. Y además, los pensionistas vivirán más años (90 frente a 83 hoy). Y mientras este envejecimiento aumentará el coste de las pensiones, bajará la población española y habrá menos gente trabajando (900.000 activos menos en 2025). En definitiva, más jubilados viviendo más años y menos jóvenes para trabajar y pagar las pensiones. Oscuro panorama.

Para hacer frente a estos dos grandes retos, revalorizar las pensiones actuales y pagar las futuras, hace falta una cosa: más ingresos, entre 50.000 y 80.000 millones más de aquí a 20 años. Y hay que conseguir este dinero extra por dos razones. Una, por justicia, porque se debe, ya que España gasta en pensiones menos que el resto de Europa: un 10,6% del PIB en 2016, inferior al 11,6% de la UE-28 y muy por debajo de ocho paises europeos menos envejecidos como Italia (15,8%), Grecia (14,5%), Francia (13,8%), Austria (13,2%), Portugal (13%), Eslovenia (11,4%), Polonia (10,8%) y Alemania (10,6%), según la OCDE. Y la otra, porque se puede: España ingresa menos que la mayoría de Europa tanto por cotizaciones sociales como por impuestos.

Hay pues dos vías para conseguir esos ingresos extras que necesitan las pensiones. Una, subir las cotizaciones sociales, aunque no le guste a nadie porque puede penalizar el empleo (según  se haga). Pero hay margen para subirlas: los ingresos por cotizaciones netas suponen en España el 12,3% del PIB, frente al 13,2% en Europa y el 15,3% en la eurozona, muy por debajo del peso de las cotizaciones en Alemania (16,5% del PIB), Francia (18,9%), Italia (13,3%) o Portugal (11,6%) y sólo por debajo de Reino Unido (7,8%), según Eurostat. Eso significa que si en España se cotizara como en la eurozona, la Seguridad Social podría ingresar 34.000 millones más cada año. Y otro tanto pasa con los impuestos: la recaudación fiscal en España supone el 38,2% del PIB (2016) frente al 46,1% del PIB que recaudan los paises euro y el 44,8% del PIB que ingresa la UE-28. Eso significa que si recaudáramos como la eurozona, España ingresaría 86.900 millones más en impuestos cada año.

Así que se pueden salvar las pensiones, con más ingresos, siempre que se acuerde subir las cotizaciones (a empresas y trabajadores, que ya gastan dinero extra en contratar Planes de pensiones poco rentables) y se suban los impuestos, no a los trabajadores y pensionistas que ya pagamos, sino a las grandes empresas, multinacionales y los más ricos, que pagan legalmente menos y que defraudan más (en España y en los paraísos fiscales). Además, habría que hacer algunos ahorros en la Seguridad Social, como quitar las bonificaciones de cotizaciones a empresas y autónomos (3.700 millones de ingresos anuales que pierde la SS), porque son poco eficaces. Y quitar del presupuesto de la SS el coste del Ministerio de Empleo (4.000 millones), un anacronismo que debería pagar el Presupuesto del Estado, como los demás Ministerios. Y por último, tomar medidas serias para fomentar la natalidad (para aumentar los cotizantes futuros) y mejorar la calidad del empleo, porque los contratos temporales y por horas son un torpedo letal para las cotizaciones y las pensiones.

La prioridad debería ser salvar el sistema público de pensiones, no los Planes privados. Es una irresponsabilidad, del Gobierno y la “oposición”, haber perdido más de un año sin aprobar la reforma. Cataluña es importante pero no más que asegurar las pensiones actuales y futuras. Hay que acelerar la reforma, porque las medidas tardan décadas en hacer efecto. Hay soluciones, pero no sin subir cotizaciones e impuestos. Los trabajadores tendrán que pagar algo más para asegurarse una pensión digna. Y una minoría de españoles, las empresas y contribuyentes más privilegiados, tendrán que ayudar pagando más impuestos. Así que si oye al PP y a Ciudadanos que van a bajar los impuestos en 2018, sepa que están poniendo en peligro sus pensiones, además de la sanidad, la educación y el resto del Estado del Bienestar. No se pueden salvar las pensiones sin más ingresos, salvo que haya más recortes, como los aprobados en 2011 (ZP) y 2013 (Rajoy). Si es así, que lo digan.