Las plantillas han envejecido

En España trabajan ahora casi tantas personas como en 2007 (20,5 millones). Pero hay una importante diferencia: dos de cada tres trabajadores (64,18%) tienen más de 40 años, mientras en 2007, la mayoría de los que trabajaban tenían menos de 40 años (54,23%) y los mayores de 40 años eran minoría (45,77%). Así que en estos últimos 15 años, las plantillas se han envejecido, básicamente porque los más jóvenes (menores de 30 años) consiguen menos empleos: de ser 1 de cada 4 ocupados en 2007 han pasado a ser ahora 1 de cada 7 ocupados. Y son los que más han perdido empleo con  la crisis financiera, la pandemia y la inflación. Además, los más jóvenes tienen contratos más precarios y ganan menos: 1.123.000 trabajadores jóvenes (menos de 35 años) ganan el salario mínimo. Para mejorar la productividad  de la economía y aumentar el empleo total (menor al de Europa), las empresas deben contratar a más jóvenes y rejuvenecer plantillas, con ayudas públicas. Abran paso a los jóvenes.

Enrique Ortega

En los últimos 15 años, España ha casi recuperado el empleo que tenía antes de la crisis financiera: del récord de 20.510.600 ocupados alcanzado en 2007 (septiembre) se cayó al mínimo de 16.634.700 ocupados en 2013 (marzo), para recuperar una gran parte en 2019 (19.966.900 ocupados en diciembre), perder una parte con la COVID (19.344.300 ocupados a finales de 20020) y ganar empleo en 2021 y 2022, cerrando el año pasado con 20.463.900 ocupados, casi los mismos empleos de 2007, según la EPA. Hemos vuelto a la ocupación histórica de antes de la crisis financiera, pero con un cambio muy importante: hoy, la mayoría de los que trabajan tienen más de 40 años (el 64,18%), cuando hace 15 años no llegaban a la mitad de los trabajadores (45,77%). Y han perdido peso los trabajadores menores de 40 años: eran mayoría en 2007 (54,23%) y ahora son la tercera parte (35,82%).

El cambio en la edad de los que trabajan lo resume muy bien este dato, en 2007, había 11,12 millones de trabajadores menores de 40 años y hoy son sólo 7,33 millones (-34%). Y los mayores de 40 años, que eran 9,3 millones de trabajadores en 2007, han subido hoy a 13,13 millones (+40%), según la EPA (INE). Un cambio silencioso en la estructura por edades del empleo, causado por el envejecimiento de la población y por el menor peso del empleo joven, por la pérdida de ocupación de los jóvenes en las últimas crisis y sus menores posibilidades para conseguir los nuevos empleos creados.

Otra vez más, los datos de la EPA son muy explícitos sobre la caída del empleo de los más jóvenes. Si en 2007, casi 1 de cada 4 trabajadores tenía menos de 30 años (eran 4.952.700 ocupados, el 24,14% del total), a finales de 2022, los trabajadores jóvenes sólo suponían 1 de cada 7 trabajadores (2.875.100, el 14,03% del total). Y así, ahora trabajan 2 millones menos de jóvenes que en 2007 (-41,94%). Por el otro lado, los mayores de 45 años han pasado de ser un tercio de los trabajadores en 2007 (6.621.100 ocupados, el 32,27% del total) a ser ahora casi la mitad (10.145.700 trabajadores, el 49,55% del total). Y así, ahora trabajan 3.524.600 mayores de 45 años más (+53,23%) que en 2007. Y eso se traduce en un envejecimiento generalizado de las plantillas: si la edad media de los que trabajaban en 2007 eran 39,7 años, ahora roza los 45 años.

¿Qué ha pasado? Además del hecho evidente de que los jóvenes de 2007 tienen hoy 15 años más, el problema es que los más jóvenes han perdido mucho empleo con las tres crisis que hemos sufrido y además, no han conseguido la mayoría de los nuevos empleos creados en estos años, que han ido sobre todo a los mayores de 45 años. Veámoslo crisis a crisis.

En la crisis financiera de 2008-2013, España perdió 3.875.900 empleos. Dos tercios de estos empleos suprimidos los perdieron los más jóvenes: -2.663.300 empleos perdieron los trabajadores que tenían entre 16 y 29 años, según la EPA, una caída de su empleo del -53,7%, que fue mayor entre los más jóvenes (-85,3% del empleo perdieron los que tenían entre 16 y 19 años y -60,42% los que tenían entre 20 y 24 años). Los trabajadores con edades medias (entre 30 y 44 años) perdieron -1.345.800 empleos (-15,06%, una caída un tercio menor a la de los más jóvenes). Y los mayores de 45 años acabaron ganando empleo a pesar de la dura crisis: a principios de 2013 ya trabajaban +133.800 mayores que en 2007, perdiendo sólo algo de empleo (-3,5%) los de 45 a 49 años.

En el siguiente ciclo, la recuperación económica de 2013 a 2019, España ganó 3.332.200 empleos, el 86% de los perdidos con la crisis financiera. Pero otra vez, los más jóvenes salieron peor parados: las personas de 16 a 29 años recuperaron 482.800 empleos, sólo el 18,12% de los perdidos antes. Los trabajadores de edad “mediana” (30-44 años) ganaron 308.000 empleos, el 22,8% de los perdidos. Y el tercer bloque, los mayores de 45 años, volvió a salir ganando: aumentan 2.541.400 empleos. Y como también habían ganado empleo durante la crisis (+133.800), resulta que, a finales de 2019, hay 2,67 millones de trabajadores mayores de 45 años ocupados que en 2007 (aumentan su empleo un +40%).

Seguimos. En 2020 estalla la 2ª crisis, por el COVID 19, y España pierde -622.600 empleos en 2020 (-3,11%). Pero otra vez, el balance es muy desigual por edades. Los más jóvenes (16 a 29 años) son porcentualmente los que más empleos pierden: -288.800 empleos, el -10,4% del empleo que tenían a finales de 2019. Los trabajadores de edad “mediana” (30-44 años) perdieron -465.600 empleos, un -5,89% de los que tenían en 2019. Y de nuevo, los mayores de 45 años ganaron empleo en vez de perderlo (salvo los de 50 a 54 años): +131.800, un +1,4% del empleo que tenían antes de la pandemia, según la EPA.

Y vayamos al cuarto ciclo, la crisis de la inflación y la guerra de Ucrania, que se superó con  la recuperación del empleo en 2021 y 2022, año que España cerró con 497.000 empleos más que antes de la pandemia (en 2019), rozando los 20,5 millones de empleos de 2007. Esta vez, los más jóvenes (16 a 29 años) tuvieron que esperar a 2022 para recuperar el empleo de 2019 (porque en 2021 seguían con menos). Y ganaron +102.900 empleos sobre 2019 (+3,71%). Una novedad  es que los trabajadores de edad media (30-44 años) no han conseguido todavía recuperar el empleo de 2019: pierden aún -355.300 empleos (-4.49%). Y los que vuelven a ganar empleo son los mayores de 45 años: a finales de 2022 trabajaban +849.400 mayores más que antes de la pandemia (+9,13%, el triple de aumento que los más jóvenes). Así que llevan 15 años ganando empleo, pase lo que pase, y por eso ahora los mayores de 45 años suponen dos tercios de los trabajadores.

Al final, la reflexión es que los jóvenes son los primeros que pierden empleo con las crisis y los que tienen más difícil recuperarlo y ganar empleos nuevos. Por eso, además, la tasa de paro de los más jóvenes (29,6% entre 19 y 25 años)  duplica con creces la tasa de paro española (13,1% en diciembre). Y somos el país europeo con más paro juvenil, duplicando la media europea (15% de paro juvenil en la UE-27) y multiplicando por 6 la tasa de paro juvenil de Alemania (5,8% en diciembre de 2022), según Eurostat.

No es sólo que los jóvenes en España tengan el doble de paro que en el resto de Europa sino que además tienen una menor tasa de empleo, trabajan porcentualmente menos jóvenes aquí: sólo están ocupados el 36,2% de los jóvenes de 15 a 29 años, frente al 47,4% que trabajan en la UE-27 y el 68,1% de los jóvenes en Alemania, según Eurostat. O sea que si España consiguiera que los jóvenes trabajaran como en el resto de Europa, habría 703.500 jóvenes (15 a 29 años) más trabajando. Y si la ocupación fuera como en Alemania, deberían trabajar aquí 2 millones más de jóvenes que los que trabajan (son 2.875.100).

Además de trabajar menos los jóvenes (menos que hace 15 años y menos que en Europa), sufren también otro problema: tienen peores contratos. Por un lado, son líderes en contratos temporales: a finales de 2022, había 1.049.900 jóvenes (16-29 años) con contrato temporal, el 36,5% de los que tenían trabajo asalariado, cuando en el conjunto de España, los contratos temporales los tenían solo el 17,92% de los asalariados. Y eso que la reforma laboral ha conseguido aumentar los contratos fijos de los jóvenes, 359.700 más que hace un año (en 2021, el 51,55% de sus  contratos eran temporales). Y además, hay 756.000 jóvenes (16 a 29 años) con contrato a tiempo parcial, por días o por horas: lo tienen 1 de cada 4 jóvenes ocupados (el 26,4%), sobre todo mujeres jóvenes (un tercio con contrato a tiempo parcial),  cuando en el conjunto de empleados sólo lo tienen el 13,6% de los ocupados.

En definitiva, los más jóvenes tienen más contratos precarios y por eso tienen sueldos más bajos que el resto de trabajadores. Eso se debe a que tienen más proporción de contratos temporales (cobran un 70% del sueldo que tienen los contratos fijos, según el INE) y de contratos a tiempo parcial (que cobran el 36% de un contrato a jornada completa). Además, la mayoría de los más jóvenes que trabajan tienen poca antigüedad en su empleo, que es un componente clave de los salarios: los que llevan menos de 1 año trabajando ganan el 57% del sueldo de los que llevan 10 años o más, según el INE.

El resultado es que los salarios de los jóvenes son mucho más bajos que los del resto de trabajadores, según la estadística del INE (2021): el sueldo medio de los que trabajan con 16 a 24 años es de 1.234,9 euros brutos, 1.037 euros netos al mes, 393 euros menos (-27,5%) que el salario mediano de todos los trabajadores. Y dos tercios de los asalariados menores de 25 años ganaban un salario neto inferior a 1.147 euros netos mensuales. Eso se traduce en que 1 de cada 3 jóvenes menores de 24 años cobran el salario mínimo. Y también 1 de cada 5 trabajadores de 25 a 34 años. En total, 1,35 millones de trabajadores jóvenes (menores de 35 años) cobran el salario mínimo, que ha subido a 1.080 euros en 14 pagas.

Con este bajísimo nivel de ingresos y un tercio de contratos precarios, resulta casi imposible que los jóvenes se emancipen, aunque tengan trabajo (menos aún los 486.000 menores de 25 años que están en paro). De hecho, sólo el 15,9% de los jóvenes españoles (de 16 a 34 años) están emancipados, viven fuera de la casa de sus padres, la mitad que en Europa (donde la tasa de emancipación alcanza el 32,1%). Y eso, porque además de tener menos empleo y peores sueldos, chocan con el problema de los altos precios de los alquileres y la dificultad para conseguir y pagar una hipoteca, lo que retrasa el formar una familia y ser padres, agravando así la baja natalidad en España.

Este evidente envejecimiento de las plantillas en España, del que no se habla tiene unas consecuencias muy negativas sobre la economía y la protección social: tener menos porcentaje de jóvenes trabajando hace más difícil la necesaria transición tecnológica y agrava un problema estructural de Espala, la baja productividad. Además, si España tuviera la tasa de empleo juvenil de otros paises, contaría con más trabajadores para cotizar y pagar impuestos, lo que despejaría el futuro de las pensiones y del Estado del Bienestar.

¿Qué se puede hacer? A corto plazo, incentivar la contratación de jóvenes en las empresas, bonificando sus contratos. El 10 de enero, el Consejo de Ministros aprobó un Decreto-Ley para destinar 1.821 millones a bonificar la contratación de colectivos con problemas: discapacitados, mujeres, mayores de 45 años y jóvenes. La idea es concentrar las ayudas y dirigirlas a crear empleos fijos. En el caso de los jóvenes, la medida estrella es bonificar con 275 euros al mes (durante 3 años) la contratación de jóvenes de menos de 30 años con baja cualificación. Además, se bonifica también (con 366 euros al mes) la contratación de jóvenes desempleados para sustituciones por embarazo, lactancia o cuidados. Y se bonifica la cotización de los nuevos contratos de formación en alternancia para la Formación Profesional (compatibilizan trabajo y formación en las empresas). Y se bonifican también los contratos formativos y de relevo (un joven por un mayor) que se hagan indefinidos, así como los contratos de investigadores. El problema es que estas ayudas no entrarán en vigor hasta el 1 de septiembre…

A medio y largo plazo, hacen falta otras medidas. Primero en el campo de la formación y la educación, porque España tiene demasiados jóvenes poco formados (por la lacra del abandono escolar, que afecta al 13,3% de los jóvenes de 18 a 24 años): un 27,7% de los jóvenes (25 a 34 años) tienen la ESO o menos, frente al 11,8% de media en Europa y el 14,2% en Occidente, según la OCDE. Eso obliga a reformar la educación, desde la escuela a la Universidad, promoviendo más la Formación Profesional (sólo un 12% de los jóvenes españoles están matriculados en FP, frente al 25% en la UE-27 y el 40% en Alemania) y reformando las enseñanzas universitarias, para que se adapten mejor al mercado de trabajo. Porque igual que tenemos más jóvenes en paro, también tenemos más licenciados en paro y un alto porcentaje de universitarios en trabajos básicos: un 34,5% de los universitarios realizan trabajos para los que están “sobrecualificados”, frente a un 21% en la UE-27.

Y además de facilitar su contratación y mejorar su formación, España necesita más jóvenes, fomentar la natalidad, para aumentar el número de empleados, cotizantes y contribuyentes. Porque cada año nacen menos niños (337.380 en 2021 frente a 397.632 en 2000) y hay menos jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo: si en 1.995 entraron 750.000 jóvenes mayores de 16 años, en 2005 entraban sólo 450.000 y ahora rondan los 200.000. Así, ya tenemos un problema de falta de mano de obra (que cubren los inmigrantes), pero se agravará para 2050, con la baja natalidad y el menor empleo por la tecnología. Así que urge aumentar la natalidad y los jóvenes en edad de trabajar, con ayudas a las familias, a la vivienda y a la conciliación laboral de las mujeres, que ayudarían a rejuvenecer plantillas.

Al final, la reflexión es que España crea empleo pero se reparte mal, beneficiando más a los que tienen más edad, que están “taponando” su relevo con jóvenes, a los que se destina ahora para cubrir vacantes y empleos de temporada, desde las rebajas a la Navidad o el verano. No se fomenta ni la formación adecuada ni el empleo de los jóvenes y acabamos contando con una “generación perdida”, desmotivada, que ha sufrido muy negativamente las últimas tres crisis. Hay que abrir paso a los jóvenes.

La amenaza de la inflación

Los precios suben un 4% anual hasta finales de septiembre, la mayor inflación en España desde hace 13 años (2008). La culpa es doble: una subida récord de la electricidad en el mercado mayorista (máximo histórico de 189,83 euros para hoy) y precio récord de los carburantes (gasolina y gasóleo), el más alto desde 2014, con el petróleo en máximos desde hace 3 años. Pero también suben los alimentos, hoteles y restaurantes, transportes y muchos productos industriales, por el encarecimiento internacional de las materias primas (desde el maíz, aceite y trigo a los metales) y la falta de microchips. La altísima inflación preocupa en todo el mundo (+5,3% en EEUU y +3,2% en UE-27) y se teme que fuerce a la Reserva Federal USA y al BCE a retirar la liquidez extra y subir los tipos de interés, asfixiando la incipiente recuperación. Además, esta fuerte subida se está comiendo pensiones (subieron +0,9%) y sueldos (+1,5%), lo que puede frenar el consumo y el crecimiento. Urge “vigilar” los precios.

Enrique Ortega

La pandemia, al provocar la mayor recesión de la historia reciente, enfrió los precios: si la inflación estaba ligeramente por encima del 1% en 2019, en 2020 empezó a bajar, se estancó en marzo (+0%) y empezó a caer en abril (-0,7%) y hasta diciembre (-0,5%), 9 meses con inflación negativa. Pero en 2021, con la vacunación y el repunte de la actividad, los precios volvieron a subir (+0,5% enero) y se dispararon desde abril (+2,2%), alcanzando una inflación del 3,3% en agosto y un 4% en septiembre, según anunció ayer el INE, el mayor nivel de precios conocido en España desde hace 13 años (septiembre 2008).

Este repunte de la inflación se está dando en todo el mundo, desde Estados Unidos (+5,3% de inflación en agosto, la más alta en 13 años) a Europa (3,2% de subida de precios hasta agosto, la mayor inflación de los últimos 10 años), alimentada por la subida de la energía, los alimentos y muchas materias primas, así como por la mayor actividad económica. En la UE, las mayores subidas de precios se dan en Alemania (+3,4% en agosto), paises bálticos (del +5% en Estonia al +3,6% en Letonia), Luxemburgo (+3,5), Polonia (+5%) y Hungría (4,9%), todas por delante de España (+3,3% en agosto), mientras tienen menos inflación Italia (+2,6%), Francia (+2,4%), Portugal (+1,3%) y Grecia (+1,2%), según Eurostat.

En España, el último dato detallado publicado por el INE (IPC de agosto: +3,3% anual) indica los dos componentes que suben más que la media: vivienda (+11,5% anual) y transporte (+8,8%). Analizando los 222 componentes del IPC, destaca la tremenda subida anual de 3 renglones: +34,9% de subida de la electricidad, +20,9% de subida anual de la gasolina y +18,5% el gasóleo. Además, suben bastante en el último año los hoteles (+10,6%), los alimentos (+1,9%), en especial los aceites (+22,9%), agua y refrescos (+7,1%), huevos (+3,6%) y ovino (+3,5%) y los restaurantes (+1,3%). En septiembre, el dato adelantado del IPC publicado ayer por el INE, eleva la inflación anual al 4%, señalado que este nuevo aumento se debe a la subida de la electricidad y los carburantes.

Vistos los datos del IPC, hay dos culpables claros de este repunte histórico de la inflación en España: la subida de la electricidad y la de los carburantes. Veámoslos en detalle. La subida de la luz a los consumidores se produce porque se está disparando el precio de la electricidad en el mercado mayorista de electricidad (en origen): ha saltado de 43,49 euros por megavatio hora en septiembre de 2020 a 84,85 euros/MWh a principios de junio y a 189,83 euros/MWh para hoy 30 de septiembre, un récord histórico, que se refleja en una subida de la mitad del recibo de 11 millones de consumidores (los que están en el mercado regulado) y también en los 16 millones restantes (los que están en el mercado “libre”).

Esta subida descontrolada de la electricidad, en toda Europa, pero más en España (frente a los 189,83 €/MWh de España hoy, en Francia cuesta 165,57 euros, en Alemania 112,57 y en Paises Bajos 133,80, aunque cuesta 206 euros en Italia) se debe a dos factores. Uno, la subida disparada del gas natural, por el mayor consumo en Asia y en el resto del mundo, la menor venta de Rusia a Europa, el recorte de producción en EEUU (por el último huracán en el golfo de México) y el conflicto entre Argelia y Marruecos (que podría afectar mucho a España) : el precio del gas natural, que se utiliza en las centrales térmicas de electricidad, ha saltado de 10,49 euros/MWh hace un año a 40 euros en julio 2021 a 82,75 euros/MWh ahora, que se espera suban a 86,04 euros en diciembre. Y el otro factor, la subida también disparada de los derechos de CO2, que han de pagar las eléctricas que producen luz con energías contaminantes (carbón, fuel o gas) y que luego nos trasladan a los precios mayoristas: su coste ha pasado de 27,81 euros/Tm hace un año a 62,58 €/Tm ahora. Un coste que seguirá al alza. Máxime cuando hay Fondos y bancos de inversión que especulan con estos derechos en el mercado secundario.

El otro componente de la altísima inflación que sufrimos son los carburantes, que suben en toda Europa pero también más en España (somos el 3º país europeo con la gasolina más cara, deducidos los impuestos, tras Dinamarca y Alemania, y el 9º con el gasóleo sin impuestos más caro), por la menor competencia y transparencia en el mercado petrolero (controlado, como el eléctrico, por dos o tres compañías). A finales de septiembre, la gasolina cuesta ya 1,437 euros/litro (incluso un 2,1% más que a finales de julio, en plenas vacaciones) y el gasóleo 1,291 euros/litro (+2,1% que a finales de julio), según el Boletín Petrolero UE. Unos precios de los carburantes en España que son los más altos desde 2014. Básicamente, porque el petróleo está en máximos desde octubre de 2018: hoy cotiza a 79 dólares por barril, después de caer a 19,5 dólares con la pandemia (abril 2020) y subir un +51% este año 2021, básicamente por el aumento de la demanda, problemas de suministro (huracanes) y estabilización de la producción OPEP.

Pero la inflación no se dispara solo por la subida de la electricidad, el petróleo y los carburantes. Hay otros dos factores muy importantes: la subida de precios de las materias primas y la falta de microchips. El aumento de la demanda de muchos suministros  para la industria, con el inicio de la recuperación, ha chocado con una escasez de oferta, provocada por la pandemia y por fenómenos naturales (desde huracanes e incendios a sequías). Con ello, se ha disparado el precio de muchas materias primas, desde los alimentos (maíz, trigo, soja, carnes, aceites, café…) hasta la energía, los metales, la madera o el aluminio, lo que crea “cuellos” de botella en el abastecimiento de muchas empresas y les encarece los costes, que trasladan  a los precios a los consumidores.

De hecho, la última Encuesta de la Comisión Europea (julio 2021) revela que el 22% de las empresas europeas sufrían problemas de restricciones de producción por la escasez de materias primas o equipos, siendo las más afectadas las empresas de caucho y plásticos (53% tienen problemas de suministro), material eléctrico (48%) automoción (43%), productos metálicos (39%), madera y corcho (35%), informática y electrónica (33%). Un ejemplo llamativo de esta falta de componentes son los microchips, cuya escasez está asfixiando a toda la industria europea (más a la fabricación de automóviles y electrónica), que depende en un 70% de los chips que se fabrican en Asia y donde habrá escasez todavía un año más.

Y también hay otro problema que reduce los suministros y encarece las materias primas y los costes de las empresas: la escasez de mano de obra tras la pandemia, al haberse producido “trasvases” de empleos. Así, la falta de personal ha rebajado la producción de café en Brasil, de arroz en Vietnam o de aceite de Palma en Malasia, mientras faltan transportistas no sólo en Reino Unido (cierre de gasolineras) sino en toda Europa (unos 400.000). Y hay muchos empresarios en España que se quejan de que no encuentran trabajadores para la construcción (faltan 700.000, dicen) y para la hostelería, los sectores castigados por las 2 crisis, lo que provoca un encarecimiento de costes al contratar ahora.

Vistas las causas de la elevada inflación actual, resulta difícil prever qué va a pasar ahora, aunque la mayoría de expertos creen que la inflación seguirá subiendo este otoño. De momento, los precios del gas natural, el carbón y el petróleo siguen en máximos y todo apunta a que seguirán altos, por la mayor demanda ante el invierno. Y los cuellos de botella en las materias primas y los suministros tardarán meses en resolverse. Así que la inflación anual podría mantenerse entre el 3,5% y el 4% hasta finales de 2021, superando todas las previsiones hechas por el Gobierno (+1,9% de inflación anual).

Antes de conocer el dato de la inflación en septiembre, en el resto de Europa y EEUU, los bancos centrales (Reserva Federal USA y Banco Central Europeo) decían que el repunte de la inflación es “temporal” y que no exige tomar medidas extraordinarias para frenar los precios. Pero el temor de muchos expertos es que las autoridades monetarias “se asusten” y den marcha atrás en sus políticas de estímulos para reanimar la economía inyectando liquidez (comprando deuda), iniciadas en marzo de 2020 y que han servido para evitar una recesión más profunda. Y que además, luchen contra la inflación subiendo los tipos de interés.

La Reserva Federal USA y el BCE quieren esperar un poco más para decidir si dan o no marcha atrás. Pero de momento, ya han lanzado el mensaje de que podrían tomar medidas pronto, recortando la compra de deuda pública (“el gota a gota” para reanimar la economía durante la pandemia): la Reserva Federal reduciría los 120.000 millones de dólares que compra al mes (inyectando liquidez al sistema) y el BCE sus 80.000 millones de euros de compras mensuales, además de suprimir antes esas compras (previstas hasta marzo 2022). Y también estudian si subir los tipos de interés (al encarecer el dinero, se gasta e invierte menos y deberían bajar los precios), que están planos en el 0% (0 al 0,25% en USA).

Si la inflación no se frena este otoño (y no parece fácil), todo apunta a que la Reserva Federal USA  recortará sus ayudas a primeros de noviembre y el BCE en diciembre. Y que ambos podrían anunciar una subida de tipos para 2022. Dos medidas que suponen un riesgo de frenar la recuperación post-COVID, más en Europa (que crece menos) que en EEUU. Y sobre todo, sería un grave riesgo para España y la Europa del sur, que tendrían menos ayuda del BCE para colocar su deuda, ahora que se ha disparado por las ayudas COVID: 1,42 billones de deuda pública española en junio 2021, el 122% del PIB. Quedaríamos más en manos de “los mercados” para financiarnos, con lo que sería más caro y más peligroso (no olvidemos la crisis de la deuda de Grecia, Portugal, España e Italia de 2010 a 2012).

Así que los bancos centrales tienen un dilema: frenar la inflación poniendo en peligro la recuperación o ser flexibles para no dañar al crecimiento y el empleo. Y mientras la Reserva Federal y el BCE se lo piensan, nosotros, los consumidores, ya sufrimos en nuestros bolsillos el embate de la inflación (luz, gas, carburantes, alimentos, transportes…), que se está comiendo parte de nuestra pensión y nuestro sueldo.

De momento, los 9 millones de pensionistas ya han sufrido una fuerte pérdida de poder adquisitivo: en 2021 las pensiones han subido un +0,9% (+1,8% las no contributivas), mientras la inflación media rondará este año el 3%, lo que supone perder un 2,1%. Eso llevará al Gobierno a compensarles con una “paguilla” en enero de 2022, que podría ser de unos 300 euros para los jubilados (tienen una pensión media de 1.192 euros), con un coste para la Seguridad Social que rondará los 2.500 millones de euros. Y además, como la aprobada reforma de las pensiones prevé revalorizar las pensiones en 2022 con la subida media del IPC este año 2021 (del 2,5 al 3%, el dato que salga en noviembre), la subida de las pensiones será mucho mayor que este año (0,9%), para evitar perder poder adquisitivo.

Los 2,8 millones de funcionarios públicos también pierden este año poder adquisitivo, ya que su subida media ha sido del 1,5% (frente a una inflación media del 2,5 al 3%). Eso supone una pérdida de 36 a 45 euros al mes de media (3.000 euros de sueldo bruto), con lo que será el primer año desde 2013 en que los funcionarios pierden poder adquisitivo (han ganado +5,14% en los últimos 8 años). Para 2022 está previsto que los sueldos públicos suben un 2%, con lo que si la inflación crece más (del 2,2 al 2,4%), volverán a perder poder adquisitivo, por lo que ya han pedido revisar sus salarios.

El resto de trabajadores, más de 16 millones de asalariados, también están perdiendo poder adquisitivo, dado que los convenios firmados hasta ahora (datos de Trabajo hasta agosto) han pactado una subida salarial del +1,5%, frente a un 4% de inflación anual en septiembre (que será un 3% de subida media). Eso supone una pérdida media de 31 euros al mes y 376 euros al año de media (2.091 euros brutos es el sueldo medio en el sector privado). Y muchos trabajadores, los recién contratados con sueldos muy bajos perderán aún más. Y esta alta inflación va a endurecer la negociación colectiva para 2022, donde los sindicatos pedirán aumentos superiores al 2% y la patronal tratará de frenarlos con la justificación de que las empresas no se han recuperado aún de la pandemia

En definitiva: tenemos un serio problema de inflación, que ya afecta seriamente a nuestros bolsillos y que puede afectar a toda la economía si los bancos centrales retiran antes de tiempo los estímulos y suben tipos, dos medidas que frenarían la débil recuperación. Además de pedir a la Reserva Federal y al BCE que sean moderados en sus decisiones, hay que pedir a los gobiernos que actúen, aprobando medidas que frenen la subida de la luz, como ya han pedido España y el BCE a la Comisión Europea. Y presionar a la OPEP y a los paises productores de petróleo y gas para que no especulen y disparen los precios, porque ponen en riesgo la recuperación mundial. Además, en España, el Gobierno debería encargar a la Comisión de la Competencia (CNMC) que supervise las subidas de precios y evite que haya poca transparencia y manipulaciones en los mercados (electricidad y carburantes, pero también en los intermediarios de los alimentos). Hay que “vigilar” los precios.

Pensiones: el Gobierno propone más recortes

Está claro que tenemos un problema con las pensiones: el ingreso por cotizaciones no llega para cubrir el gasto en pensiones. Y por eso, cada mes hay 1.500 millones de déficit en la Seguridad Social. Y como siempre, hay dos soluciones: ingresar más o gastar menos. El PP y Rajoy, en su reforma de las pensiones de 2013, optaron por gastar menos, por los recortes, básicamente no subir las pensiones más del 0,25% hasta 2040. Pero no dicen nada de los ingresos. Y es que bajan porque los nuevos empleos, 2 millones desde 2014, son precarios y mal pagados (mileuristas y menos), con lo que hay más gente trabajando pero cotizan menos. Así que la clave, más que ajustar los gastos (los pensionistas se van casi a duplicar de aquí a 2050) es aumentar los ingresos de la Seguridad Social, como he explicado en este blog, vía aumento de cotizaciones (son más bajas que en Europa) y mejora de la calidad del empleo, más un trasvase de fondos del Presupuesto, consiguiendo más ingresos fiscales: si España recaudara como el resto de Europa, debería ingresar 72.000 millones más cada año. Y una parte podría ir a las pensiones.


      Fátima Báñez, ministra de Empleo

Pero el Gobierno Rajoy no quiere ni hablar de aumentar las cotizaciones ni la recaudación fiscal, porque les supondría recortar los beneficios de las empresas y hacer que paguen más impuestos las grandes empresas, los bancos, las multinacionales y los más ricos, sus "apoyos políticos" (y los de Ciudadanos, que está en esto con el PP). Por eso, la ministra Báñez se ha descolgado con otra “ocurrencia”, un “globo sonda” tras más de un año sin hacer ninguna propuesta en la comisión del Pacto de Toledo: aumentar los años de vida laboral para calcular la pensión, pudiendo quitar los 5 peores para el trabajador. “Suena bien” de entrada, pero a pesar del azúcar y de las trampas (habría que cotizar más de 38 años para hacerlo), hay un hecho evidente: para la mayoría de trabajadores, tener en cuenta para calcular la pensión toda la vida laboral en vez de los 21 últimos años actuales (o 25 en 2022) es peor, porque hace 30 o 40 años, la mayoría de la gente (algunos no, pero son minoría) cotizaba por menos que hace 20 años,10 o 2 años.

O sea, que es otra medida más para hacer recortes, como las que aprobó Zapatero en 2011 y Rajoy en 2013. Un estudio del Instituto Santa Lucía estima que provocaría un recorte del 15 al 35% en las pensiones del futuro. E incluso advierte de que el impacto podría llegar al 49% si no se aplica de una manera gradual. Así que ya saben, eso de que “podrá elegir los años de jubilación” es sólo una trampa para encubrir aumentar el periodo de computo a toda la vida laboral (con el regalo de poder quitar 5 años malos…), a costa de bajar las pensiones futuras. Y lo mismo, cualquier otra solución “milagrosa” que no hable de ingresar más. Todo lo que no sean propuestas para conseguir más recursos son medidas para recortar las pensiones. Que lo sepan.

Cataluña: la economía es clave, de principio a fin

El nacionalismo es un sentimiento atractivo para muchos jóvenes catalanes, pero su origen está en los intereses económicos de una burguesía que, desde el siglo XIX hasta hoy, defiende privilegios frente a España. Y en los 30 años que los nacionalistas han gobernado Cataluña, prefirieron pactar (con Aznar y González) y luego defender un “pacto fiscal” a la vasca: sólo desde hace 5 años son independentistas. Pero ahora, una economía globalizada hace que una Cataluña independiente sea “un mal negocio”: los catalanes vivirían peor durante generaciones. Y también los demás españoles. Les guste o no, el independentismo no es moderno ni progresista ni económicamente viable. Si no se frena, Cataluña perderá empresas, comercio, turistas, riqueza y empleo. Habrá que buscar  soluciones también en la economía y en la financiación, pero sin que Cataluña consiga privilegios. Porque sigue habiendo 2 Españas, más alejadas hoy que hace 30 años. Arreglarlo pasa por la solidaridad de la España rica (Cataluña) con la pobre. Eso sí es innegociable.

 

“La pela es la pela”. La economía tiene mucho que ver con la relación y los desencuentros históricos de Cataluña y el resto de España. Empezando porque la peseta (del catalán peceta, diminutivo de peça), la moneda española desde 1868 hasta el 2001, se acuñó por primera vez en Barcelona en 1808. Ya durante todo el siglo XIX y primera parte del XX, la burguesía catalana se peleó con los distintos gobiernos de España para defender su industria y su comercio de ultramar, a golpe de aranceles (impuestos a los productos extranjeros), que hicieron que el resto de España pagara más caros los textiles catalanes (o los metales vascos). Y esa misma burguesía catalana se echó en brazos de Primo de Rivera para que su dictadura (1923-1930) asegurara la paz laboral en sus empresas y los aranceles más altos de Europa. Durante los primeros años de la guerra civil, el nacionalismo catalán fue una rémora para la República y luego se desdibujó durante la larga dictadura franquista, sin dejar de hacer negocios. En 1959, Jordi Pujol fundó Banca Catalana y su fiasco en 1982 provocó el primer gran rescate bancario: nos costó 2.000 millones de euros a todos los españoles.

Con la democracia, el nacionalismo catalán llegó al poder durante 30 años y en ese periodo asentó su ideología (básicamente económica) gracias al poder de las instituciones, los medios de comunicación públicos y la enseñanza (la lengua y la historia). Y defendió sus intereses “colaborando” sin pudor con los gobiernos de España. En junio de 1993, Ciu apoyó la investidura de Felipe González, a cambio de quedarse con el 15% del IRPF, más transferencias e infraestructuras. Y en mayo de 1996 apoyó la presidencia de Aznar (que “hablaba catalán en la intimidad”), a cambio del 30% del IRPF y más prebendas. En 2002, Artur Mas dice en un libro autobiográfico que apuesta “por la España plurinacional”. Y, tras el Estatuto de Autonomía de 2006, se reconoce como “un nacionalista tolerante y moderno pero integrado en el conjunto de España”. Pero como siempre, los nacionalistas quieren más y plantean, ya en 2012 y a Rajoy, el “pacto fiscal”: ser como el País Vasco, recaudar todos los impuestos y luego pagar al Estado central por los servicios que presta.

Pero Rajoy dice no. Y antes, lleva al Constitucional el Estatuto de autonomía catalán aceptado por ZP y la mayoría del Congreso, que es descafeinado por el alto Tribunal. A partir de estos dos rechazos, Mas y el nacionalismo catalán se radicalizan. Pero en octubre de 2012, todavía Mas decía: “No nos conviene plantear las cosas en términos de independencia total, ya que desapareceríamos de Europa y del euro”. En las elecciones de noviembre de 2012, Ciu se da un batacazo y tiene que gobernar con Esquerra (ERC), que impuso un referéndum para 2014. Y en las elecciones de 2015, Ciu vuelve a darse otro batacazo y necesitó para gobernar a otro grupo independentista radical, la CUP, unos anticapitalistas que apoyan a Puigdemont, a pesar de que los nacionalistas son la derecha más clásica: con Ciu en el poder, Cataluña ha sido la autonomía que ha hecho más recortes (un 20% del gasto desde 2010) y donde se han dado más casos de corrupción política (con el 3% de “mordida” para financiarse CiU).

A partir de aquí, el nacionalismo catalán se radicaliza y se multiplica en la calle, no por casualidad sino con la ayuda de dos poderosas organizaciones “ciudadanas”, financiadas por la Generalitat, Esquerra y la burguesía catalana: Ómnium Cultural (creada en 1961 por empresarios nacionalistas) y Asamblea Nacional de Cataluña (próxima a Esquerra y presidida hasta 2015 por Carme Forcadell, ahora presidenta del Parlament), las dos muy protagonistas del referéndum ilegal del 1-0 y de todas las acciones en la calle, con la ayuda de la CUP (unos anarquistas de nuevo cuño, extrañamente unidos a la burguesía catalana). Todos tratan de aprovechar una cierta “oleada de nacionalismo”, que ha prendido entre la juventud y en muchos catalanes, al calor de la manipulación histórica y sin tener en cuenta que el nacionalismo no ha servido estos años para mejorar la vida de los catalanes, de lo que “culpan a España”.

Su argumento es que “España nos roba”: Cataluña pierde 16.000 millones y si fuéramos  independientes, podríamos vivir como Dinamarca. No es verdad, como demuestra José Borrell en su libro “Las cuentas y los cuentos de la independencia”. El sistema de financiación actual es mejorable, pero busca que las autonomías más ricas paguen más que las pobres. Y así, Cataluña tiene un saldo negativo de -9.892 millones (2014), el 5% de su PIB, según las balanzas fiscales elaboradas por Fedea.. Pero hay también otras 3 autonomías con saldos fiscales negativos: Madrid (-19.205 millones, el 9,2% de su PIB), Baleares (-1.516 millones, el 6,3% PIB) y la Comunidad Valenciana (-1.735 millones, el 2,1% PIB). Y no piden independizarse, sino que cambie el sistema de financiación. Lo que no dicen tampoco los independentistas es que Cataluña es una de las regiones del mundo con más autonomía, tanto en competencias asumidas como en  autonomía fiscal: recauda el 23,1% de sus ingresos, más que los Länder alemanes (21,3%) o los Estados en USA (20,9%).

La gran mentira del nacionalismo es que en una Cataluña independiente se viviría mejor. Y aquí aparece otra vez la economía: la independencia de Cataluña es “un mal negocio” para los catalanes (y para el resto de España). Ya se ha empezado a ver, con la fuga de unas 1.200 empresas y bancos desde el 1-0, la pérdida de turistas (-15%, según Exceltur), la caída en las ventas de coches (entre el 30 y el 40%) y en comercios (-20%ventas grandes superficies). Y no es porque presione el Gobierno de España, sino porque las empresas y los bancos buscan estabilidad y seguridad, saben que la independencia les resta posibilidades de vender y crecer y les deja sin el paraguas europeo. El problema es que ahora se van las sedes, pero si el conflicto se enquista, se pueden ir las factorías y el empleo. La ruina.

El problema de fondo es que, con Europa y la globalización, una Cataluña independiente no es viable económicamente. Esa es la realidad que no ven los independentistas de buena fe. Y eso, básicamente, porque si se declara independiente, Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea. Lo han dicho una y otra vez los dirigentes europeos (la última vez, en la reciente Cumbre europea), pero además está escrito en un dictamen del 12 de abril de 2013 del Comité de las regiones de la UE (ver aquí punto 64): si una región europea obtuviese la independencia, “tendría que solicitar su adhesión como nuevo miembro de la UE y requeriría un acuerdo unánime”. Que no aprobaría España, ni tampoco paises con problemas nacionalistas, como Francia, Italia o Reino Unido. En Europa hay 200 lenguas diferentes y como ha dicho el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, “bastante difícil es gobernar una Unión a 28 como para hacerlo con 98 países”.

Y quedar fuera de Europa y del euro sería un drama económico para Cataluña. Primero, porque el gobierno catalán tendría que poner en marcha un “corralito”, como en Grecia, impidiendo que los catalanes saquen su dinero de los bancos, para evitar una fuga masiva de capitales, dado que los depósitos ya no estarían protegidos por el BCE (que tampoco financiaría a los bancos con sede en Cataluña: por eso se han ido). Luego, tendría que crear una nueva moneda (ni el BCE ni Bruselas les dejarían usar el euro, como permiten a Andorra, Mónaco o Kosovo, por el mayor tamaño de Cataluña), que se devaluaría automáticamente para poder competir, disparando la inflación. Y todos los productos catalanes se encarecerían, al tener que pagar un arancel (un 5,7%) para venderlos en el resto de España y de Europa, lo que reduciría las ventas de las empresas catalanas y su empleo.

Pero hay más. Cataluña perdería los fondos europeos (1.400 millones de euros previstos para 2014-2020) y las inversiones del Banco Europeo de inversiones (BEI). Y gran parte de impuestos, que las empresas fugadas pagarían al Gobierno español, que ya no les cedería la mitad del IRPF y otros ingresos. Además, Cataluña tendría que hacer frente a su deuda (75.443 millones de euros en 2017), sin recibir financiación ni ayuda de España como ahora (desde 2012, Cataluña ha recibido más de 70.000 millones de euros en préstamos de la Hacienda española, el FLA), lo que estrangularía sus cuentas, con graves problemas para financiarse en los mercados. Y los pensionistas tendrían problemas para cobrar sus pensiones, ya que Cataluña debería afrontar sola el déficit que tiene la Seguridad Social allí (-4.963 millones) y que hoy se cubre con la hucha de las pensiones y el Presupuesto español.

Se mire como se mire, la independencia es “un mal negocio” para Cataluña. Y también para el resto de España: perderíamos el 19% de la economía, la más dinámica, la que más exporta y crea más empleo. Ya nos está afectando, porque hay inversores europeos y norteamericanos preocupados por la situación en España debido al “problema catalán”. Y más cuando Rajoy no consigue apoyos para presentar el Presupuesto 2018, lo que ha obligado a prorrogar el Presupuesto 2017. Además, la tensión con Cataluña ya provoca que al Tesoro español le cueste más financiarse, colocar la deuda pública: un sobrecoste de 23 millones de euros en la última subasta del jueves. El Gobierno cree que esta incertidumbre política nos restará crecimiento en 2018 (-0,3% del PIB), lo que se traducirá también en menos empleo (el 30% del total se crea en Cataluña). Y si la situación se enquista, España podría crecer hasta 1,2% menos en 2018 (la mitad del 2,3% previsto), según la Autoridad Fiscal (AIReF).

La recuperación económica está en peligro por la crisis en Cataluña. Sobre todo porque la independencia sería un suicidio económico, para Cataluña y para toda España. Por si alguien lo dudaba, lo que ha pasado sólo en octubre lo demuestra. Y lo peor está por venir: empresas que cambian sus factorías (¿Seat?), turistas que dejan de venir, inversiones que no cuajan, boicot a productos catalanes… Antes o después, algún catalán se quedará sin trabajo por el independentismo, por un nacionalismo que es una ideología caduca y reaccionaria, que defiende los privilegios de los más ricos (“pagar menos a España y que andaluces y extremeños se las apañen…”). Como los aranceles del siglo XIX pero ahora son los impuestos, el “pacto fiscal”. Algo que no acaban de ver los miles de jóvenes que sueñan con la independencia, un sentimiento que puede ser atractivo pero que choca con un mundo abierto y sin fronteras. Y que, de aplicarse, supondría que los catalanes serían más pobres en varias generaciones. Y lo sufrirían los de siempre: los trabajadores, los parados y los pensionistas, no la burguesía nacionalista.

Algo hay que hacer, pero todo apunta a que aplicar el artículo 155 de la Constitución es un parche obligado que no soluciona el problema, que va a enquistarse, quizás meses. Hasta que una mayoría clara de catalanes comprenda que la independencia es una mala salida y exija elecciones (¿en enero?) y otro Gobierno. Y entonces, habrá que negociar una salida, con medidas políticas, pero sobre todo económicas: qué nivel de ingresos va a tener Cataluña y cuánto va a aportar al resto del Estado. Porque esta pelea no puede traducirse en más privilegios, como ETA trajo el cupo vasco. Porque hay una realidad: Cataluña lleva 2 siglos entre las regiones más ricas, mientras Extremadura, Andalucía y Canarias llevan los últimos 40 años de democracia (y antes, varios siglos) siendo las más pobres : 12.660 euros de renta por persona en Cataluña en 2016 (y 14.345 euros en el País Vasco), un tercio más que los 8.398 euros en Andalucía, 8.674 de Extremadura y 8.702 de Canarias, según el INE. Y esas históricas diferencias de renta por persona sólo pueden resolverse con solidaridad fiscal, pagando más los que más tienen (aunque le pese a la burguesía catalana y a los que arrastran detrás).

Así que reforma de la Constitución sí, reforma de la financiación autonómica también, pero no para legalizar situaciones de privilegio, sino para conseguir una España menos desigual y más justa, donde la calidad de la educación, la sanidad, las ayudas a los pobres y dependientes, las infraestructuras o el empleo no dependan de dónde uno vive, como pasa ahora. Eso es lo que apoyan la mayoría de españoles, cuyo “derecho a decidir” debería estar por encima del “derecho a decidir” de una parte de España. O del chantaje de sus líderes nacionalistas, como tantas veces en nuestra historia. Hay que aprovechar el problema de Cataluña para configurar una España más integrada y menos desigual. Acabar de una vez con las dos Españas. Esto no es negociable.