¿Subir o bajar impuestos?: esa no es la cuestión

Con elecciones por delante, vuelve el viejo dilema: subir o bajar impuestos. Es un debate político, no económico: la prioridad de España debe ser recaudar más, porque llevamos décadas recaudando menos que Europa y urge ingresar más para afrontar la crisis. Para conseguirlo, hay que subir impuestos a los que pueden pagarlos, a las empresas con beneficios y a los ricos. Y si podemos, que paguen menos los que ya pagan y necesitan más ayuda, los trabajadores, autónomos y pymes. Es lo que recomiendan la Comisión Europea, OCDE, FMI y hasta el BCE: subir impuestos selectivamente y no hacer bajadas generalizadas. Y menos a los más ricos, como defiende el PP y sus autonomías. Ahora, a falta de una reforma fiscal de verdad, el Gobierno ha aprobado “un parche Robín Hood”: subir impuestos a 3.600 empresas y 23.000 ricos y bajárselos a 4 millones de trabajadores, 400.000 pymes y un millón de autónomos. Y aun así, recaudar 3.144 millones más en 2023. Por economía, no por ideología.

Enrique Ortega

Antes de entrar en el dilema sobre subir o bajar impuestos, veamos dónde estamos, cual es la situación fiscal de España. Y está claro que tenemos un grave problema de fondo, reiterado por la Comisión Europea y todos los organismos internacionales: recaudamos poco, menos que el resto de Europa. Y no es un problema de ahora, de este Gobierno o el anterior: lo arrastramos desde siempre, con Franco y con la democracia. Así, en 2004, en plena “burbuja inmobiliaria”, España recaudó el 37,4% del PIB, frente al 44,9% que recaudó la UE-28, el 53,9% que recaudaba Francia y el 45,2% que recaudaba Alemania. Y con la crisis, entre 2008 y 2012, la recaudación fue menor en España (36,5% del PIB) mientras se mantenía estable en Europa (45%) y quedaba lejos en Francia (50,7%) y Alemania (44,5%, según la Comisión Europea.

No se trata de que nosotros paguemos más o menos impuestos que el resto de europeos. Se trata de que España recauda un porcentaje menor de su riqueza (PIB), que tenemos mucho menos “músculo fiscal”. Si se toma un periodo amplio, la década entre 2011 y 2020, España recaudó el 38,7% de su PIB, frente al 46,1% la UE-28. Significa que hemos ingresado 85.000 millones menos cada año que si recaudáramos como los demás europeos: una pérdida de ingresos de 851.000 millones en la pasada década. Y si tomamos los datos de 2021, la brecha de recaudación con Europa sigue ahí, aunque se ha reducido por la mejora de recaudación tras la pandemia y las subidas de impuestos del Gobierno Sánchez: España recaudó el 43,7% del PIB, frente al 46,9% de media la UE-27, el 47,8% de Alemania, el 48,3% de Italia y el 52,8% de Francia, según Eurostat. Eso significa que si recaudáramos como los demás europeos, España ingresaría entre 38.562 millones (UE-27), 49.407 millones más (Alemania) o 109.600 millones más (Francia)… cada año.

¿Por qué España recauda menos que la mayoría de Europa? (sólo Irlanda, Rumanía, Bulgaria, Malta, Estonia, Letonia y Lituania recaudan comparativamente menos). Porque recaudamos menos en todos los impuestos. En el IRPF, somos el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea: un 7,5% del PIB frente al 10% la UE-27, el 9% que recaudan Alemania o Francia, el 12% de Italia o el 27% en Dinamarca. Y no porque tengamos tipos más bajos, sino porque hay muchas deducciones y exenciones fiscales. En el IVA, somos también el tercer país que menos recauda, tras Irlanda e Italia: el 6,3% del PIB frente al 6,9% de media en la UE. La culpa es del exceso de productos con el IVA reducido (al 10%) o superreducido (4%). En el impuesto de Sociedades (empresas), la recaudación española está a la cola de Europa: el 2,3% del PIB, por debajo del 2,5% que recauda la zona euro. Otra vez, la culpa son las enormes exenciones y beneficios fiscales, que restan recaudación. Y en los impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco), también España recauda menos: un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media europea y el 3% en los paises nórdicos, debido a que el tabaco, el alcohol y los carburantes pagan menos impuestos en España. Y también ingresamos menos por las herencias (-3.250 millones menos cada año que la media UE), las tasas y los precios públicos.

Al final, tenemos unos impuestos similares a los europeos, con tipos algo más bajos, pero que recaudan menos porque son “un queso de gruyere”, están llenos de agujeros por los que se pierde recaudación: las deducciones, exenciones y bonificaciones fiscales, que además benefician más a los que declaran mayores ingresos (fomentan la desigualdad). Un dato reciente: en 2021 se concedieron 39.049  millones de “beneficios fiscales”, un 17,5% de la recaudación fiscal. O sea, las deducciones suponen 1 de cada 6 euros de ingresos potenciales y son muy abultadas en el IVA (20.491 millones), en la Renta (11.178 millones) y en Sociedades (3.871 millones de deducciones). Con ello, las grandes empresas y las rentas de capital (intereses y dividendos) pagan un tipo efectivo (9,2% sobre beneficios)  inferior a las pymes (17,2%) y trabajadores (12,81%). Y además, España ingresa también menos porque hay mucho fraude fiscal: la economía sumergida (actividades no declaradas) supone el 20% del total, frente al 13% en Europa, según el FMI.

Así que tenemos un serio problema de baja recaudación, que acarrea dos consecuencias. Una, que como ingresamos menos, también gastamos menos que el resto de Europa. Así ha sido en el pasado (en 2003-2007, el gasto público era en España del 38,7% del PIB frente al 46,8% que gastaba Europa), después de la crisis financiera (44,9% del PIB frente a 48,6% entre 2011 y 2020) y el año pasado: en 2021, España gastó el 50,6% de su PIB (por las ayudas a la pandemia y la inflación), todavía menos que la UE-27 (51,6% del PIB) y que Alemania (51,5%), Italia (55,5%) y Francia (59,2% del PIB). Eso significa que gastamos 12.000 millones menos (al año) que si nuestro gasto público fuera como el del resto de los países europeos.

Y la segunda consecuencia es que, como los gastos públicos acucian y hay que pagarlos, cubrimos una parte de lo que no ingresamos con déficit público y nos endeudamos para financiarlo. El resultado de que “la recaudación no nos llegue” es que España tiene el 6º mayor déficit público de la UE-27 (un 6,9% del PIB en 2021) y la 4ª mayor deuda pública acumulada del continente (debemos 1.425.000 millones, el 118,4% del PIB), que nos obliga a gastar cada año 31.675 millones de euros en intereses, más “la herencia” de la devolución del  principal a nuestros hijos y nietos.

En definitiva, que por culpa de recaudar menos que el resto de europeos, tenemos más déficit y encima gastamos menos en lo que hace falta. Así, España gasta menos en sanidad (7,6% del PIB frente al 8% de media en la UE, el 8,5% en Alemania y el 9% en Francia), en educación (3,5% España frente al 3,9% la UE, el 4,5% Francia y el 5,2% Suecia), en gastos sociales (suponen el 16,9% del PIB frente al 19,2% en Europa) o en Ciencia (España gasta en I+D+i el 1,41% del PIB, la mitad que el 2,32% de la UE y un tercio del 3,14% que gasta Alemania). Y lo mismo podría decirse de una lista larga de necesidades públicas: vivienda,  infraestructuras, obras hidráulicas, protección civil, lucha contra incendios, formación… Todo menos en pagar el desempleo, donde gastamos más que el resto de Europa porque tenemos más del doble de paro.

Visto así, no parece que subir la recaudación sea una opción ideológica (de “izquierdas”) sino una necesidad económica, de puro sentido común. Recaudamos y gastamos menos en lo que hace falta que el resto de europeos y con este menor colchón de ingresos hemos tenido que afrontar dos crisis seguidas, la pandemia y la inflación disparada con la guerra en Ucrania. En la anterior crisis, de 2008 a 2011, Europa y el gobierno Rajoy optaron por “la mayor subida de impuestos de la democracia” (2012-2014) y los recortes. Ahora, Europa y el Gobierno Sánchez optan por el camino contrario: más ayudas, gastar más, con un Plan de recuperación (850.000 millones, 140.000 para España)  y 500.000 millones en ayudas a empresas y familias contra la inflación: España es el 4º país con más ayudas públicas (35.500 millones, el 2,9% del PIB), tras Alemania (100.200 millones, el 2,8%), Francia (71.600 millones, el 2,9%) e Italia (59.200 millones, el 3,3% de su PIB), según Bruegel.

Con este panorama, y el temor a que la guerra en Ucrania y la inflación se prolonguen y exijan más ayudas en los próximos meses, no está el patio para bajar impuestos sino para recaudar más. Es lo que defienden desde hace meses el FMI y la OCDE, y más recientemente la Comisión Europea y el BCE, organismos poco sospechosos de ser “de izquierdas”. Todos reiteran que hacen falta ayudas, no generalizadas sino selectivas (a las familias y empresas más afectadas) y que hay que recaudar más, poniendo impuestos a las empresas que se benefician de la crisis, como las energéticas. Incluso el economista jefe del BCE, Philip Lane acaba de defender “subir impuestos a los más ricos y a las empresas más rentables”. Por pura estrategia económica, no por ideología: es hora de recaudar más para gastar más, no menos. Y España, que recauda poco, con más motivo.

La excepción internacional ha sido la nueva ministra británica, la conservadora Liz Truss, que aprobó un plan para bajar los impuestos… a los ricos: los que ganan más de 150.000 libras al año (172.500 euros) pagarían el 40% en vez del 45%. La medida provocó un desplome de la libra, porque los inversores temían que Reino Unido no pudiera financiar sus ayudas contra la crisis (lleva gastados 178.400 millones de euros, el 6,5% de su PIB) si reduce su recaudación. Incluso sus colegas conservadores estaban en contra, forzando a Truss a retirar esta rebaja concreta, aunque sigue con su Plan: "bajar impuestos es lo correcto, moral y económicamente", reiteró ayer. La otra excepción en Europa es el PP español, con Feijoo defendiendo desde hace semanas la bajada de impuestos, como medida estrella para luchar contra la inflación. Ideología antes que realismo.

Y en medio de este panorama, Andalucía y Madrid, dos autonomías gobernadas por el PP anuncian bajadas de impuestos en 2023, año de elecciones. Ambos aprueban “deflactar” la tarifa de la Renta, lo que supone descontar la inflación a lo que se ha ganado en 2022, lo que hará que se pague menos. Pero ojo, la medida reducirá la recaudación (que tanta falta hace para sanidad, educación, gastos sociales y en Andalucía, contra la sequía) de forma desigual: pagarán menos los que más tienen. En Madrid, por ejemplo, la deflactación ahorrará 19 euros anuales a las rentas más bajas y 110 euros a las más altas. Además, Andalucía se suma a Madrid y también suprime el pago por el impuesto de patrimonio  a sus 20.660 contribuyentes más ricos, con lo que perderá 120 millones de recaudación. Madrid lleva desde 2011 sin cobrar patrimonio y beneficiando a 19.508 declarantes más ricos (250 con más de 30 millones), perdiendo 905 millones de recaudación al año.

Tras las rebajas de Andalucía y Madrid, las demás autonomías gobernadas por el PP  (Murcia, Galicia, Castilla y León) se han lanzado a prometer rebajas de impuestos en 2023, por la vía de deflactar la tarifa o suprimir el impuesto de sociedades. Incluso tres comunidades gobernadas por el PSOE, Valencia, Baleares y Castilla la Mancha, se suman a las rebajas, aunque de otra manera: proponen bajar impuestos a las familias con menos ingresos y subirlas a los más ricos, con un saldo de pérdida de recaudación.

Esta rebaja autonómica de impuestos es injusta por partida triple. Injusta con Europa, cuyos contribuyentes no entenderán que algunas regiones españolas bajan impuestos cuando nos han prometido 140.000 millones (77.200 millones a fondo perdido), que saldrán de sus bolsillos. Injusta con otras autonomías, porque con el sistema de financiación autonómica actual, hay regiones que ingresan de más y otras menos: Madrid recibe el 101,2% de la media (es de las sobre financiadas, junto a Cantabria, la Rioja, Canarias, Extremadura y Baleares), mientras otras reciben menos en el reparto (Valencia, Murcia, Castilla la Mancha y Andalucía están infra financiadas). Y sobre todo, injusta con la mayoría de los ciudadanos: las autonomías que bajan impuestos son las que menos gastan en sanidad (Madrid, Cataluña, Murcia y Andalucía tienen el menor gasto por habitante), en educación (Madrid es la que menos gasta) y gastos sociales (Murcia, Madrid y Andalucía entre las 5 que menos gastan). No es casualidad: si se bajan impuestos, se recauda menos y se gasta menos.

El Gobierno ha querido cortar de raíz esta “carrera de rebajas fiscales”, aprobando varios cambios fiscales para 2023 y 2024, que son un “parche”, un sucedáneo de la reforma fiscal a fondo que España necesita, pero que es imposible pactar en víspera de un año electoral. Es una “estrategia fiscal Robín Hood”: bajar impuestos a una mayoría de familias y empresas con más problemas, a cambio de subirlos a una minoría, buscando que el saldo sea positivo: +3.144 millones de recaudación entre 2023 y 2024.

La bajada de impuestos no es generalizada (en línea con Europa) sino que afecta a tres grupos. El primero, entre 4 y 5 millones de trabajadores con menos ingresos, que ganan menos de 21.000 euros anuales (el salario mediano en España): no se toca su tarifa en el IRPF pero se extiende la deducción por el trabajo, con lo que pagarán menos en Renta (entre 331 euros un matrimonio con dos hijos, 689 menos un pensionista medio y 746 euros un soltero). El segundo, los autónomos, a los que se rebaja un 5% adicional el rendimiento neto de los módulos por los que pagan (beneficiará a 577.000) y se les permite aumentar del 5 al 7% los gastos deducibles sin justificar (beneficia a 956.000 autónomos). Y el tercero, la rebaja de tipos (del 25 al 23%) a las pymes que facturan menos de 1 millón de euros (son 407.384). Y baja el IVA de las compresas al 4%. En total, un ahorro fiscal de 2.505 millones.

Para compensarlo, se suben los impuestos a dos pequeños grupos. Uno, a los grandes grupos empresariales, a los que se limita un 50% la posibilidad de compensar las pérdidas de sus filiales (pagarán más 3.600 grandes empresas). Y otro, a los más ricos, con la creación de un nuevo impuesto de Solidaridad a las grandes fortunas, que afectará sólo a 22.935 contribuyentes con más de 3 millones de patrimonio, que pagarán este impuesto vivan donde vivan. Además, se sube el impuesto a los que ingresan más de 200.000 euros anuales en intereses y dividendos (del 26 al 27 y 28%, según la cuantía), lo que subirá los impuestos a 17.814 contribuyentes. En total, entre grandes empresas y los más ricos, se espera ingresar 5.649 millones más entre 2023 y 2024. Restando los 2.505 millones que se rebajan a trabajadores, autónomos y pymes, se recaudará 3.144 millones más. Que falta van a hacer.

Estos cambios fiscales se suman a los dos nuevos impuestos, a los beneficios extraordinarios de las energéticas (en línea con lo aprobado por Europa) y la banca, para recaudar 7.000 millones extras en dos años, que el Gobierno pondrá  en marcha en 2023, con una Ley ad hoc que tampoco apoya el PP. En conjunto, se busca recaudar más, porque hará falta “con la que está cayendo”. Es una necesidad económica, no ideológica. Por eso digo que subir o bajar impuestos es un falso dilema: ahora, en esta coyuntura económica, hacen falta más ingresos, no menos. Es puro sentido común, no ideología. En España, ya nos faltaban ingresos antes y más ahora, para afrontar esta nueva crisis por la inflación, tras la pandemia. Y urge reforzar la sanidad, la educación, la lucha contra la desigualdad, la modernización del país, que buena falta nos hace. Que no les engañen.

Cae el crédito : demasiadas deudas

En Europa y en España hay liquidez de sobra y los bancos vuelven a presumir de beneficios, tras un costoso rescate. Pero el crédito ha vuelto a caer en 2014, como viene pasando desde 2008. Empresas y familias no piden créditos, sobre todo porque ingresan poco y porque están muy endeudados: lo que venden o ganan lo dedican a quitarse deudas. Por eso, para reanimar de verdad la economía, hace falta que el Gobierno ponga en marcha un Plan para reestructurar esta deuda privada, reduciendo tipos y ampliando plazos de devolución. Y además, hay que subir los salarios y potenciar la inversión pública y privada. No basta con presumir de “crecer más que Europa”: el empleo (escaso) es aún muy débil y ha vuelto a caer en enero, tras las Navidades. Por eso, hay que empujar la recuperación, facilitando que empresas y familias devuelvan sus créditos y pidan más. Y no dormirse en la propaganda.
 

enrique ortega

El crédito a empresas y familias cayó en 2014, por sexto año consecutivo. El saldo acumulado del crédito a empresas era 959.358 millones de euros (-3,4%) y el de las familias 745.793 millones (-4,7%). En los nuevos créditos de 2014, caen también los concedidos a empresas (-11,2%: se pidieron 353.507 millones, un tercio de los créditos solicitados  en 2007), pero subieron los de las familias (+3,4%: 60.813 millones concedidos). Con ello, se observa un mayor interés de los bancos por prestar, sobre todo a algunas pymes (para créditos inferiores al millón de euros) y a algunas familias (con empleo estable y vinculación con el banco), abriéndose una cierta “guerra comercial” para venderles hipotecas y créditos para el consumo.

Tras este balance, 2015 podría ser el primer año de recuperación del crédito en España, porque hay liquidez suficiente y los bancos están más saneados. Por un lado, el BCE ya inyectó 400.000 millones de liquidez a la banca, que fue excesiva, porque los bancos sólo pidieron la mitad de ese dinero medio regalado. Además, en marzo, el BCE iniciará la compra de bonos privados y deuda pública europea, con lo que habrá aún más liquidez en Europa. Por otro, el rescate a las Cajas y bancos españoles (que ha costado 108.351 millones en ayudas públicas) ha saneado las entidades, que han mejorado sus beneficios en 2013 y 2014 (9.756 millones ganados por la gran banca, un 27,13% más). Pero aun así, no creció el crédito.

La culpa no es de la banca, porque su negocio es prestar y ganar prestando. En unos casos, no prestan porque el que pide dinero (empresa o familia) no es solvente y les da miedo aumentar la cifra de morosos (12,75% en 2014). Pero en la mayoría de casos, no hay crédito porque no se pide. Por ejemplo, 7 de cada 10 autónomos no fueron a un banco a pedir dinero en 2014, según el Barómetro de ATA. Y de los 3 que fueron, se lo concedieron a más de la mitad (53,78%), quizás porque pidieron poco (menos de 18.000 euros). Y se pide poco crédito porque empresas y familias están súper endeudadas y los ingresos que tienen (ventas y salarios) los dedican a quitarse créditos, a devolver deuda. No a pedir más crédito.

Las empresas españolas son las más endeudadas de Europa, a pesar de que se han quitado una cuarta parte de la deuda que tenían en 2008: de 1.273.637 millones de deuda (noviembre 2008) han pasado a 959.358 millones (diciembre 2014), tras devolver  314.279 millones (un 24,7%). Aun así, las pymes españolas triplican el endeudamiento de las pymes francesas o italianas, según el FMI. Y sólo las 35 empresas del IBEX acumulan unos 170.000 millones de deuda, más de cinco veces sus beneficios. Y lo peor: un 41% de todas las empresas españolas dedican el 100% de su beneficio a pagar deudas. Vamos, que trabajan para pagar a los bancos. Como para pensar en pedir más créditos.

Las familias lo tienen aún peor, porque España es un país de propietarios, donde el 83% de españoles tienen piso en propiedad (frente al 60% de media en Europa y el 44% en Alemania). Con ello, 1 de cada 3 familias españolas tiene pendiente el pago de su hipoteca, que se lleva hasta el 40% de los ingresos mensuales (en el caso de dos tercios de los hipotecados, según el Banco de España). Y por ello, 1 de cada 10 familias con hipoteca tiene graves dificultades para pagarla cada mes, 600.000 familias candidatas a un desahucio, que siguen creciendo mes a mes (+13,5% en 2014). Como para pedir más créditos.

Esta  deuda es una pesada losa para que empresas y familias salgan de la crisis, inviertan y consuman, la clave para que se recupere de verdad  la economía Y el mayor hándicap para que aumente el crédito. Por eso, si el Gobierno quiere que la economía crezca más, hace falta buscar una salida a la deuda de empresas y familias, asfixiadas por pagarla.

En el caso de las empresas, las grandes se van “buscando la vida”, vendiendo lo que pueden y renegociando sus deudas con la banca, como han hecho Telefónica, El Corte Inglés, FCC, ACS, Repsol  o muchas inmobiliarias. Pero las pymes lo tienen más difícil. Una solución sería comprarles estos créditos, a través del ICO y la banca, y cambiarlos por deuda a más largo plazo y tipos más bajos, costeando el Presupuesto la operación. Y para los autónomos, el Gobierno va a aprobar una Ley de segunda oportunidad, que exima del pago de las deudas que no se han podido afrontar a los tres años del cierre del negocio, aunque la norma va a exigir requisitos que se consideran “excesivos”, por lo que suena a una medida “electoralista”.

En el caso de las familias, habría que poner en marcha, con el ICO y la banca, un Plan de reestructuración de hipotecas, para renegociar plazos y tipos en los casos que pagar la mensualidad suponga más de un 25% de los ingresos familiares. Y en los casos más problemáticos (parados, familias sin ingresos), habría que “rescatar a las familias” (como se ha hecho con los bancos), buscándoles vivir en alquiler y creando un “banco malo” de hipotecas particulares, como hizo el presidente Rooselvet en EEUU en 1933. Si no se alivia la carga financiera de las hipotecas (las familias aún deben 745.793 millones), no habrá consumo ni recuperación. Y seguirán los desahucios y los fallidos en la banca.

España tiene un grave problema de deuda (pública y privada), el mayor del mundo tras EEUU, según el FMI. Y mientras no se alivie su pago, ni habrá más crédito ni habrá inversión ni consumo. Pero no basta con aligerar el pago de la deuda. Para salir de verdad de la crisis, hay que crecer más. Primero, porque no es verdad que seamos los que más crecemos de Europa: en 2014, crecimos (+1,4%) menos que Alemania (+1,5%) y que otros 7 países de la zona euro. Y en 2015, la Comisión Europea prevé para España un crecimiento (+2,3%) que es inferior al de 7 países de la zona euro (Irlanda, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta y Eslovaquia van a crecer más). Y segundo, porque sí somos los que tenemos más del doble de paro (24,3% frente a 11,6%), que según Bruselas, no va a bajar del 20% hasta 2017. Y eso son 4,7 millones de parados dentro de dos años.

Por eso, habría que dejar de hacer propaganda con el crecimiento y apostar por crecer más y crear más empleo estable, porque el que se crea es muy volátil: en 2014 se crearon 433.900 empleos netos y sólo en enero se perdieron 199.902 empleos, al pincharse el tirón navideño. Para ello, además de aliviar el peso de la deuda a empresas y familias, hay que reanimar más el consumo (subiendo los sueldos, por encima del 0,6% que ofrecen los empresarios) y potenciando la inversión, de la mano de una mayor inversión pública. Y ello es posible si el Estado ingresa más, recortando el fraude y haciendo pagar más a multinacionales, grandes empresas y los más ricos: los expertos de FEDEA  creen que se podría ingresar 40.000 millones extras, para dedicar a reindustrializar, a tecnología y fomento de la inversión privada en sectores clave. Además, hay que dedicar más recursos a políticas activas de empleo, a colocar a los parados (todavía 5,45 millones), porque más de la mitad (3,35 millones) llevan más de un año en paro y sin perspectivas de encontrar trabajo. Es una vergüenza que hasta el 6 de febrero de 2015 no se haya puesto en marcha en el SEPE (antiguo INEM) un servicio de asesoramiento individualizado para cada parado (veremos su eficacia si faltan recursos, funcionarios/asesores y empleos).

Hace falta un “optimismo activo”, como dice el editorial de El País, que el Gobierno Rajoy, junto a tanta propaganda sobre “lo mucho que crecemos”, ponga en marcha medidas para reanimar de verdad la economía, lo mismo que Europa (todavía estancada). Porque tenemos una tasa de paro insoportable y hay millones de españoles (mayores de 45 años, mujeres y jóvenes) que no ven claro el futuro. Y así, un 84% de los españoles creen que la situación económica es igual o peor que hace un año, según el último Barómetro del CIS. ¡Basta de triunfalismos¡ .Hay que apuntalar la recuperación, con menos deuda, más salarios, más ingresos públicos y más inversión. Y sentar las bases de un nuevo crecimiento, asentado en la industria, la tecnología y los servicios. Nos hace falta otra política, tras cinco años de recortes.

Cumbre inútil, rescate virtual y recesión real

Cumbre europea nº 26 en dos años y medio de grave crisis. Inútil como la mayoría de las anteriores: los temas urgentes (Grecia, España, la recesión) no se han tocado formalmente. Retrasan la unión bancaria, en perjuicio de España, y marean la perdiz hablando de “más Europa”, con su receta mágica: más disciplina fiscal (un supercomisario que podría vetar los Presupuestos de los países) y más reformas (ajustes). Los líderes europeos se han ido sin afrontar el problema que les planteó el FMI: o reaniman sus economías o provocarán una crisis mundial. Hay que suavizar los recortes. Si no, se agravará la recesión, los países no podrán rebajar su déficit y los mercados se pondrán  nerviosos por temor a no cobrar. Es el problema de fondo, al margen de que España pida o no el rescate (aunque sea virtual). Hay que hacer otra política: frenar la austeridad, reanimar la economía y crecer. Por este camino no hay salida.

enrique ortega

Han sido diez horas de Cumbre y cuatro páginas de conclusiones para poco: avanzar un paso en la unión bancaria acordada en la Cumbre de julio (como pedían Francia, España e Italia), pero dejando el rescate directo a los bancos por el BCE para 2014 (pasadas las elecciones alemanas de septiembre 2013).Tampoco se concretan fechas para crear un Fondo de garantías y un Fondo de liquidación de bancos europeos, claves para asegurar sus ahorros a los clientes del continente. Con ello, la unión bancaria llegará  tarde para España y tendremos que financiar solos el saneamiento de nuestros bancos en 2012 y 2013: 40.000 millones que engrosarán la deuda y que supondrán pagar 2.000 millones anuales de intereses (darían para pagar un mes el desempleo). Y habrá que cargar con 90.000 millones de activos tóxicos en el banco malo, una factura que tampoco pagará Europa.

En paralelo, los líderes europeos han vuelto a marear la perdiz hablando del futuro y de “más Europa”, siguiendo con su receta: más disciplina fiscal y más reformas (recortes).Han quedado en debatir, para la Cumbre de diciembre, la creación de un Presupuesto de la zona euro (que podría ser tan insuficiente como el Presupuesto europeo: un 1% del PIB de los 27, cuando en EEEU el Presupuesto federal es del 20%) y un contrato de reformas que firmarían los países. Y de matute, Alemania lanza la idea de crear un supercomisario europeo con derecho a vetar los Presupuestos de los países que no cumplan. Más ricino.

Sin embargo, la Cumbre no ha abordado oficialmente los tres grandes problemas de Europa: Grecia, España y la recesión. Grecia, el origen de la crisis del euro en 2010, espera un nuevo tramo de ayudas (31.000 millones) a cambio de nuevos ajustes (-11.000 millones), que han provocado la quinta huelga general de este año. El país no aguanta más, su economía cae un 6% (por quinto año), debe el 160% de su PIB y la tensión social es insostenible. Como en Portugal. España, tras dos años y medio de duros ajustes, profundiza su recesión y agrava el paro, mientras el FMI augura otra caída del PIB en 2013 (-1,3%) y que por eso no podrá cumplir con los recortes del déficit prometidos ni en 2012 ni en 2013. Eso es lo que preocupa a los mercados (Standard & Poors nos ha bajado el rating por temor a que la recesión deteriore tanto las cuentas públicas que los inversores no cobren) y lo que les lleva  a presionar al Gobierno (Moodys) para que pida el rescate .

Y luego está el tema de fondo, la recesión en Europa. El FMI estima una caída del -0,4% en la zona euro para 2012, con 10 países europeos en recesión (España, Italia, Grecia, Portugal, Reino Unido, Holanda, Eslovenia, Chipre, República Checa y Hungría), otros 4 países estancados (Francia, Holanda, Luxemburgo y Finlandia) y Alemania (y Austria) creciendo sólo el 0,9%, mientras prevé un crecimiento del 2,2% en EEUU y un 5,3% en los países emergentes. Pero si Europa no resuelve su crisis, advierte el Fondo, toda la economía mundial puede caer en recesión. Por ello ha pedido a los líderes europeos que tomen medidas y suavicen los recortes en la Europa del sur (Grecia, España, Portugal), dándoles más años para recortar el déficit. Menos austeridad.

Merkel y los fundamentalistas de Bruselas han hecho oídos sordos al Fondo, paladín de ajustes en el mundo (desde Asia a Latinoamérica) y nada sospechoso de izquierdismo. Siguen con el fetichismo del déficit, con su austeridad y sus recortes, como los médicos de la Edad Media con sus sangrías (hasta que mataban al enfermo). Perseveran en la ceguera de su ideología conservadora (menos déficit, menos Estado, más mercados que trajeron la crisis y ni invierten ni dan trabajo), la que llevan aplicando dos años y medio y  nos ha llevado a la recesión, al paro, a la pobreza y a la desigualdad. Y a la desconfianza de los ciudadanos con sus políticos (CIS) y con Europa, de donde vienen recortes y no soluciones.

En este contexto, los mercados, bancos, Europa, y muchos expertos piensan que la salida de España es pedir un segundo rescate. Rajoy esperará a después de las elecciones de este domingo para hacerlo (lo ha vuelto a hacer: primero sus prioridades como partido). Y se agarra a una artimaña para suavizar el coste: pedir un rescate virtual, solicitar una línea de crédito al Fondo de rescate europeo pero no usarlo. Esa petición abriría el camino a que el BCE pudiera comprar deuda en el mercado secundario, forzando así a bajar la prima de la deuda. Pero sea virtual o no, las condiciones que impondrá Europa serán muy reales: más ajustes (en pensiones, desempleo y funcionarios) y más control sobre nuestras cuentas.

Y aquí está el problema: con la recesión, España no puede cumplir el déficit prometido este año ni el que viene, como reconoce el FMI. La desviación serán 20.000 millones. Si hay un segundo rescate y nos obligan a cumplir, el Gobierno y las autonomías tendrán que recortar esos 20.000 millones adicionales. Un suicidio imposible.

Así las cosas, la solución no es que España cuente con la ayuda del BCE como el primo de Zumosol frente a los mercados. La única solución es cambiar de política, crecer, crear empleo, para poder recaudar más y cumplir con la rebaja del déficit y con los mercados. ¿Cómo? Tendrían que darnos dos años más de margen, para llegar al 3% de déficit en 2016, aumentar los ingresos (subiendo impuestos a los que más ganan y a las empresas con beneficios) , incentivar el consumo (bajando impuestos a los que ganan menos de 25.000 €) y el empleo (con rebajas fiscales y de cuotas), promover el crédito (con avales públicos)  y aumentar la inversión pública en formación,  infraestructuras, tecnología, exportaciones, turismo y sectores con futuro, como la Dependencia y la agroindustria. Poner España a trabajar. Por el otro camino, el que sufrimos desde hace 1.000 días, hundirán más al país. Con o sin rescate.

Hacia un segundo rescate con más recortes

Agosto ha sido un mes más tranquilo de lo temido, pero con septiembre han vuelto las tensiones a los mercados. España sigue en el punto de mira y se apunta un segundo rescate blando para este otoño: Bruselas y el BCE comprarían deuda española, para bajar el coste de financiarnos, y a cambio, controlarían más nuestras cuentas y nos forzarían a nuevos ajustes, en pensiones, desempleo y despido de empleados públicos. Un segundo rescate que supondrá más sacrificios, menos crecimiento y más paro, agravando el problema de fondo: la economía sigue en recesión y así no se recauda y no se recorta suficiente el déficit público. Y eso crea desconfianza en los inversores, que temen no cobrar. Frente al parche de los rescates, hay que cambiar de política, en Bruselas y en España, para crecer y crear empleo.

enrique ortega

El BCE tranquilizó a los mercados en agosto, al asegurar Mario Draghi que ayudaría a los países presionados en su prima de riesgo (España e Italia). Pero ahora, los mercados esperan hechos. España no puede seguir muchos meses más pagando casi un 7% por financiarse y con el crédito cerrado a bancos, empresas y autonomías. Y Europa teme que la crisis de la deuda española (e italiana) acabe haciendo saltar por los aires el euro, sobre todo cuando no se ha desactivado la bomba de Grecia. Hay que hacer algo ya. España es demasiado grande para ser intervenida: habría que meter 500.000 millones de euros (más que lo aportado a Grecia, Portugal e Irlanda juntos), una cantidad imposible de vender a los contribuyentes europeos, sobre todo a los alemanes. Y otro tanto para Italia. Así que hay que buscar otro camino: el rescate blando, por la puerta de atrás: gastar mucho menos en comprar deuda española e italiana, para bajar su precio y aliviar a los dos países.

No hay otro camino para salvar el euro a bajo coste. Todavía habrá polémica sobre la forma de presentar este segundo rescate a España, pero se acabará aprobando, en septiembre o tras las elecciones del 21-O. Pero con una condición: quien ayuda y paga, manda. Merkel, Bruselas y el BCE no quieren que España baje la guardia en sus ajustes si nos ayudan. Así que será un rescate con condiciones. Por un lado, más control de las cuentas públicas, más papel de “los hombres de negro” de Bruselas en la gestión de la economía española. Y por otro, más presión para que el Gobierno Rajoy siga con los ajustes planteados por los dirigentes europeos: menos gasto en pensiones, en desempleo, en funcionarios  y en las autonomías.

Rajoy sabe que no tiene otro camino que pedir una nueva ayuda y ahora no la rechaza de entrada, aunque quiere vender que la consigue sin condiciones. Pero Merkel y los fundamentalistas de Bruselas van a aprovechar para imponer sus reformas de contrabando, su ideología conservadora: recortar el sector público, el Estado del Bienestar, los derechos sociales y laborales. Y de paso, asegurar que los recortes garantizan el pago de intereses a sus bancos, alemanes y franceses, nuestros principales acreedores.

El asunto se complica porque las autonomías están asfixiadas, sin ingresos y sin crédito: cada mes tienen problemas para pagar nóminas y a proveedores. Y antes de fin de año han de devolver más de 15.000 millones de deuda. Por eso, tres ya han pedido el rescate al Gobierno: Cataluña (5.027 millones), Comunidad Valenciana (4.500 millones) y Murcia (300), aunque hay otras que lo están pensando, como Canarias, Castilla-la Mancha, Baleares y Andalucía (ha pedido 1.000 millones de adelanto). El Gobierno ha creado un Fondo de 18.000 millones para ayudarlas, pero a cambio, les intervendrá aún más sus cuentas, exigiéndoles un duro ajuste, con fuertes recortes de gasto y subida de impuestos.

Entre el rescate a España y los rescates a las autonomías, se endurecerán los recortes este otoño. Primero, con despidos entre el personal interino y contratado de las autonomías, más de 50.000 según los sindicatos, junto a una posible bajada de sueldos para 2013. Segundo, con subida de impuestos y tasas, desde el agua, los transportes a muchos servicios públicos. Después, habrá que esperar nuevos recortes en el desempleo, cuyo gasto sigue subiendo como el paro. Y habrá nuevos cambios en pensiones, como exige Bruselas, empezando por más trabas a la jubilación anticipada y un anticipo de la jubilación a los 67 años, sin descartar una congelación de pensiones para 2013 e incluso no compensar la desviación de la inflación este año (algo reconocido por Ley pero que costará 3.500 millones). Y si la subida del IVA no surte efecto en los ingresos, habrá más subidas de impuestos antes de fin de año, empezando por los carburantes y siguiendo con nuevos impuestos ecológicos.

Nuevo rescate, más recortes y en consecuencia, menos consumo, menos inversión, menos crecimiento, más recesión. Más paro. Es el fruto que hemos recogido de más de dos años de la misma política fundamentalista, que lucha contra la crisis con recortes tras recortes y que ha llevado a la recesión a 12 países europeos (España, Italia, Gran Bretaña, Holanda y Bélgica entre ellos), con Francia medio paralizada. Una recesión que se agrava en España (-1,7% este año y -1,3% en 2013, según el FMI) y que provoca una caída de la recaudación, impidiendo cumplir con el recorte del déficit público: hasta julio, el Estado alcanzó ya el déficit previsto para todo el año. Y eso puede provocar que en octubre o noviembre haya que hacer más recortes, para cumplir con Bruselas. Más recesión. Una pescadilla que se muerde la cola y que preocupa a los mercados: si no crecemos y no recaudamos, temen no cobrar sus inversiones.

Merkel, el BCE y los fundamentalistas de Bruselas persisten en su política, a costa de duros sacrificios y una profunda recesión y paro en la Europa del sur. El rescate anunciado es sólo un parche más para imponer su política, con la excusa y la presión de los mercados. Una política que no nos saca de la crisis, sino que ha provocado una segunda recesión en tres años. Hace falta explorar otro camino, reanimar las economías del sur de Europa, con más consumo e importaciones de la Europa del norte y con un plan Marshall de inversiones para crear empleo, sobre todo entre los jóvenes, mujeres y mayores de 50 años. Si no, con más recortes, la economía entrará en un coma más profundo. Y el otoño será agitado, con más crisis social. El país está a punto de estallar.