El sobrecoste político de la luz

El precio de la luz en el mercado mayorista bajó en septiembre (-10,8%), por tercer mes consecutivo, recuperándose del apagón. Pero el recibo de la luz que pagamos apenas ha bajado (13 céntimos), porque aunque la luz sea más barata en origen (por las renovables), hay que pagar las centrales de gas disponibles para evitar otro corte. El Gobierno aprobó en junio un “Decreto antiapagones”, para reforzar la red eléctrica, pero no consiguió aprobarlo en el Congreso: en julio, lo  tumbaron PP, Vox, UPN, Junts, BNG y Podemos. A falta de estas medidas, los consumidores pagamos en el recibo un sobrecoste, 2.300 millones anuales. Ahora, el Gobierno busca aprobar algunas medidas por Decreto-Ley, para no pasar por el Parlamento, como el apoyo al autoconsumo (560.000 hogares y empresas tienen placas solares). Y propone invertir 13.590 millones en la red eléctrica, para multiplicar por 14 su capacidad. Objetivo: electrificar la economía y que las renovables aporten el 81% de la luz en 2030, abaratando más nuestro recibo.

                             Enrique Ortega

La luz se ha comportado bien este verano, costando menos en origen (mercado mayorista) que en junio y con un recibo estabilizado para los consumidores, aunque sea mayor que el del verano de 2024 porque este año ha subido el IVA que pagamos (del 10 al 21%) y los peajes (costes fijos del sistema). Concretando, en septiembre, el precio de la electricidad en el mercado mayorista ha sido de 61,04 euros/MWh, según OMIE, una bajada del -10,8% sobre el precio medio de agosto y la tercera bajada mensual consecutiva desde el máximo de junio (72,60 euros/MWh). La rebaja del precio mayorista de la luz en septiembre se debe a que no tuvimos olas de calor (como en agosto), a una menor demanda (menos turistas) y a una fuerte generación eólica y solar (un 53,7% de la luz fue renovable).

Sin embargo, esta rebaja de la luz en septiembre en origen (-10,8%) no se ha trasladado a los consumidores que tiene tarifa regulada (PVPC), 8,4 millones (otros 20 millones tienen tarifa “libre”, que renegocian cada año). Y eso porque el precio mayorista supone sólo un tercio del recibo final: los otros dos tercios son impuestos, costes fijos regulados (para pagar la deuda eléctrica, el parón nuclear, la ayuda a las islas o a las renovables), el transporte y la distribución y los “ajustes del sistema”. Y aquí está pesando ahora el coste específico que tiene Red Eléctrica (REE) por mantener disponibles 30 centrales de gas para evitar otro apagón como el del 28 de abril. Este coste, llamado “operación reforzada”, pasó de 8,19 euros/MWh en julio a 16,15 euros en agosto y 17,5 euros en septiembre… Un extracoste que pagamos en el recibo (hace un año eran 10,24 euros) para “evitar apagones”.

Al final, la factura media de la luz que ha pagado un hogar (con 4,6 KW de potencia y un consumo mensual de 292 kwh) ha sido de 67,61 euros en septiembre, sólo 13 céntimos menos que en agosto (67,74 euros), menos que en julio (68,12 euros) y casi como en junio (67,43 euros), según la OCU. Y es una factura algo más cara que hace un año (62,08 en septiembre 2024) y que hace dos (65,19 en septiembre de 2023) , por la subida del IVA y los mayores peajes obligatorios este año.

El Gobierno aprobó el 24 de junio un “Decreto antiapagones” para reforzar la seguridad de la red eléctrica y evitar a medio plazo este “extracoste” en el recibo por pagar las centrales de gas. Por un lado, reforzaba la vigilancia y la supervisión del sistema eléctrico, con más poder de la CNMC y REE, que deben hacer informes periódicos de funcionamiento y control de tensión, modificando procedimientos y regulación. Por otro, se fomenta el almacenamiento de las energías renovables (baterías) y la electrificación de la economía, para sustituir el uso de combustibles fósiles (petróleo, fuel, gas) por electricidad renovable. Además, este “Decreto antiapagones” tenía otro objetivo: dar un empujón a las energías renovables, flexibilizando y agilizando los plazos para instalar nuevos proyectos renovables, incentivando el almacenamiento (ayudas a las baterías) y facilita que las renovables participen en el control de tensión del sistema (cobrando por ello). El objetivo es avanzar en los proyectos renovables, donde el sector debe invertir 200.000 millones.

Este “Decreto antiapagones” contaba con el apoyo de las eléctricas, de los ecologistas y consumidores y de Bruselas, pero chocó con un Parlamento donde prima la derrota política del Gobierno sobre el contenido de lo que se vota. Y así, el 23 de julio, el Congreso rechazó convalidar el “Decreto antiapagones”, que fue tumbado por 183 votos en contra (al PP, Vox y UPN se sumaron Junts, BNG y Podemos). Este rechazo ha provocado que REE siga con su política de mantener las centrales de gas (su producción ha aumentado un 33% este año) para asegurar mejor el suministro, dominado por las energías renovables (con menos mecanismos para afrontar las tensiones del sistema). Y todo apunta a que este extracoste lo seguiremos pagando en el recibo este año y en 2026, al menos el primer trimestre. Un extracoste que nos supone a los consumidores un pago extra en el recibo de 2.300 millones anuales…De momento, Red Eléctrica acaba de pedir a la CNMC que apruebe cambios urgentes en las operaciones de la red para evitar nuevos apagones (alerta de que "hay riesgos"), cambios que reconoce subirán temporalmente el recibo de la luz a los consumidores. .

El Gobierno no se resigna a reforzar la seguridad del sistema eléctrico, aunque la pelea política haya frustrado el Decreto antiapagones que apoyaba el sector. Y así, va a aprobar algunas de sus medidas por vía Decreto-ley, para no tener que pasar por el Parlamento, aunque la Comisión de la Competencia (CNMC) las considera "innecesarias". De momento, el Gobierno ultima un Decreto para fomentar el autoconsumo eléctrico, para facilitar que particulares y empresas instalen paneles solares y molinos para producir su propia electricidad, una vía cada vez más utilizada: son ya 484.000 hogares y 76.000 empresas las que utilizan este autoconsumo, a un coste cero en su factura (el coste es la instalación y mantenimiento). Y ahora, el objetivo del Decreto es facilitarlo más, permitiendo que haya hasta 5 kilómetros desde la instalación al punto de consumo y facilitando vender los excedentes (un colegio o una empresa podrá vender un domingo la luz solar que no usa).

En paralelo, el Gobierno, la Comisión de la Competencia (CNMC) y Red Eléctrica estudian otras medidas para reforzar la seguridad de la red sin pasar por el Parlamento. Y en paralelo, está en fase de consulta pública el Plan de inversiones para la red eléctrica entre 2026 y 2030, que pretende invertir 13.590 millones en los próximos 5 años, un 65% más que en 2021-2026. Y con ello, se pretende multiplicar por 14 la capacidad de la red eléctrica española, para evitar los “cuellos de botella” actuales y permitir que se “enchufen” a la red más polígonos industriales, nuevas viviendas, líneas de ferrocarril y puertos, además de nuevos proyectos tecnológicos (hidrógeno verde, centros de datos). Se trata de evitar la actual saturación de algunos puntos de la red eléctrica y conseguir una red más extensa y segura.

Estas importantísimas inversiones en la red eléctrica han de ser negociadas ahora con las eléctricas y los futuros usuarios, además de con las autonomías, en un reparto del pastel que traerá enfrentamientos. El objetivo de este ambicioso Plan de inversiones es aumentar la capacidad de la red para hacer frente a la “electrificación de la economía” (cambiar el petróleo, el carbón y el gas por luz de origen renovable), pero sin pasarse, sin crear una “burbuja eléctrica” (como sería aceptar los aumentos de capacidad que piden algunas industrias y muchas eléctricas), porque estas inversiones en la red se acaban pagando con nuestro recibo, las financiaremos los consumidores…

Cara al futuro, contar con una red eléctrica más potente y segura llevará a un aumento de la tarifa eléctrica, que debería ser compensado por la rebaja que supone producir más de la mitad de la electricidad con energías renovables, mucho más baratas. De hecho, el auge de las renovables en España ya han provocado un gran ahorro en la factura: el precio de la electricidad en España era en 2025 un 32% más barato que en Europa (cuando en 2019 era más cara), gracias al mayor peso de las renovables, según un reciente estudio de Ember, que refleja como en 2019, los combustibles fósiles (fuel, carbón y gas) determinaban el 75% del precio mayorista de la electricidad y en 2025 sólo influyen en el 19%.

Ahora, el gran reto es seguir promoviendo las energías renovables (entre diciembre de 2019 y junio de 2025, España ha duplicado su capacidad eólica y solar, consiguiendo un liderazgo en Europa). Entre enero y septiembre de 2025, el 56,8% de la electricidad generada ha sido renovable, superando la eólica (20,4%) y la fotovoltaica (20%) a la energía nuclear (19,5%) y al gas (15,5%), con un  13,1% de energía hidráulica. Y tanto en agosto como en septiembre, el carbón no ha generado ni un kilovatio de electricidad en España… Ahora, se trata de seguir avanzando, con más  inversiones en las nuevas instalaciones renovables , sobre todo en seguridad ( instalando inversores, que convierten la corriente continua en corriente alterna, permitiendo su vertido a la red) y en la instalación de baterías, que permitan almacenar la energía renovable que no se consume.

Todas estas inversiones persiguen conseguir el gran objetivo del Plan de Energía y Clima (PNIEC 2023-2030) : que el 81% de la electricidad generada en 2030 sea renovable. Y por supuesto, conseguir una luz mucho más barata, además de más limpia (con menos emisiones). Son objetivos que deberían unir a todos los partidos, al Gobierno central y a las autonomías, a los consumidores. Pero resulta imposible y la energía se ha convertido en otra bandera política, en medio de un preocupante auge de las posiciones negacionistas sobre el Cambio Climático. En definitiva, que la tarifa de la luz debería seguir a la baja (salvo subidas puntuales), por el peso creciente de las renovables y la baja demanda: de hecho, los precios mayoristas están bajando en octubre. Y los futuros de la electricidad apuestan por un precio mayorista de la luz de 60 euros/MWh en 2026 (en septiembre fue de 61 euros) y en torno a 58 euros/MWh entre 2027 y 2030.

Pero todo va a depender de la política, de que los enfrentamientos partidistas bloqueen o no los cambios y nos hagan pagar más cara la luz. Y provoquen ir más despacio para conseguir una luz mayoritariamente renovable. El riesgo es político, no tecnológico: podemos tener una luz más limpia y barata. No lo impidan políticamente a costa de nuestro bolsillo.

Decreto "antiapagón" y luz más cara

Unos días antes de cumplirse los 2  meses del apagón (28 de abril), se han hecho públicos tres informes que aclaran poco lo que pasó. Uno del Gobierno, que reparte culpas entre Red eléctrica (REE) y las compañías. Otro de REE que culpa a las eléctricas y un tercero de las eléctricas que culpa a Red Eléctrica. Al final, seguimos sin saber quien tuvo la culpa y quien debe indemnizar a empresas y consumidores. Mientras, el Gobierno aprobó este martes un Decreto para reforzar la seguridad del sistema eléctrico, multiplicando los controles y las exigencias a las compañías, que tardarán meses en ser efectivas y podrían encarecer el precio de la electricidad. Y en paralelo, incluye medidas para potenciar las renovables, mejorando su seguridad y facilitando que almacenen su energía. De momento, el precio mayorista de la electricidad se ha multiplicado por 4 en junio, por la mayor demanda y la menor producción hidroeléctrica. Y todo apunta a que el recibo medio subirá entre 5 y 6 euros este mes.

                                          Más vigilancia y control para evitar apagones                                        REE

Hay tres informes por falta de uno sobre “el gran apagón” del 28 de abril. El primero, del Gobierno, que lo ha presentado a los 49 días del corte de suministro, aunque tenía de plazo hasta agosto. Es “salomónico”: reparte las culpas entre Red Eléctrica (REE, la empresa que gestiona el sistema eléctrico) y las eléctricas. A REE le achaca un error de planificación: el día anterior, una de las 10 centrales convencionales preparadas para completar la oferta señaló a REE que no iba a estar disponible. Y Red Eléctrica no la sustituyó por otra. A las eléctricas, el informe del Gobierno les achaca dos errores. Uno, que las 9 centrales de refuerzo no absorbieron la tensión extra que se generó en el sistema. Y el otro, que se desconectaron instalaciones (en Granada, Badajoz, Segovia, Huelva y Cáceres) “de forma indebida”, aumentando la tensión en el sistema y llevando al apagón. Y además, cuando REE, ante las oscilaciones previas al apagón (cuyo origen se desconoce), ordenó la entrada de una nueva planta (ciclo combinado de gas), no entró en funcionamiento hasta las 2 de la tarde, hora y media después del apagón.

El segundo informe, presentado un día después (el 18 de junio) es el de Red Eléctrica: niega que su programación para el 28 de abril fuera incorrecta y culpa a las eléctricas de no haber regulado tensión con sus 9 centrales de apoyo (6 térmicas de gas y 3 nucleares), como era su obligación (y por lo que cobran). REE les achaca, como el Gobierno, dos errores: no ayudar a regular la tensión con estas plantas “de apoyo” y realizar “desconexiones injustificadas” de algunas plantas, que aumentaron la tensión y aceleraron el apagón. Eso sí, ni el informe de REE ni el del Gobierno dan nombres de instalaciones y empresas, porque así lo han exigido las eléctricas en cumplimiento de la Ley (en los informes están “tachados”).

Cinco días después, el 23 de junio, las eléctricas presentaron su propio informe, elaborado por dos consultoras. Ahí se señala como “responsable único” del apagón a Red Eléctrica, por “falta de planificación” (la generación programada era ·escasa”, sobre todo en el sur de España) y “mala gestión” (critican que no se dispusiera de toda la generación hidráulica disponible). Además, rechazan que sus plantas de apoyo no regularan correctamente la tensión y añaden que todas las instalaciones que se desconectaron “cumplieron los protocolos”.

Así que entre todos la mataron y el sistema se apagó…Los informes hablan del cómo pero no del porqué del apagón. No hay responsabilidades claras ni ceses o dimisiones. Ahora falta conocer el 4º informe, el de la Comisión Europea, que podría conocerse después del verano. Y el informe de la Comisión de la Competencia (CNMC), que tardará meses y que podría acabar en expedientes con inhabilitaciones y fuertes multas para REE o para las eléctricas. Y en paralelo, hay empresas y particulares que ya están pensando en ir a los tribunales para exigir indemnizaciones por el gran apagón”.

Mientras, el 12 de junio se tomó la primera medida para evitar nuevos apagones: la CNMC aprobó la revisión de las normas técnicas que regulan los “servicios de ajuste” del sistema eléctrico, el mecanismo que permite disponer de centrales de apoyo (normalmente térmicas de gas) frente a posibles tensiones en el sistema, algo que no funcionó el 28 de abril. Lo más llamativo es que Red Eléctrica ya había pedido esta nueva norma… en 2021, a la vista de que la norma actual es del año 2000 y por la necesidad de dar más seguridad al sistema por la entrada de renovables. La CNMC ha tardado pues 4 años en aprobar este nuevo procedimiento de control de tensión que, según muchos expertos, habría evitado el gran apagón si hubiera estado vigente. 

Ahora, se va a modernizar y dotar de un marco retributivo al control de tensión, incluyendo también a las energías renovables. Pero este nuevo modelo de operaciones no estará listo hasta la primavera de 2026, con lo que hasta entonces, lo que hace Red Eléctrica es curarse en salud y tener más centrales convencionales disponibles, aunque esa medida esté encareciendo el coste de la luz, para pagar estos “servicios de ajuste”.

Tras su informe sobre el apagón, el Gobierno ha aprobado este martes 24 de junio un Decreto-ley para reforzar la supervisión y resiliencia del sistema eléctrico. Incluye medidas para controlar mejor el cumplimiento de las obligaciones de los distintos agentes del sistema, la inclusión de nuevas herramientas para reforzarlo (como la norma aprobada por la CNMC), además de medidas para impulsar el almacenamiento y la electrificación. Por un lado, refuerza la vigilancia y la supervisión del sistema eléctrico, con más poder de la CNMC y REE, que deben hacer informes periódicos de funcionamiento y control de tensión, modificando procedimientos y regulación. Por otro, se fomenta el almacenamiento de las energías renovables (baterías) y la electrificación de la economía, para sustituir el uso de combustibles fósiles (petróleo, fuel, gas) por electricidad renovable. Para ello, se bajará la luz a las industrias más consumidoras, se facilitará la instalación de postes de recarga de vehículos eléctricos y se fomentará fiscalmente que los edificios tengan climatización por aerotermia.

Este “Decreto antiapagones” , además de multiplicar la vigilancia y los controles sobre el sistema eléctrico (para evitar “sustos futuros”, tiene otro objetivo: dar un empujón a las energías renovables, que antes del apagón pasaban por un momento “delicado”: los precios de la luz habían bajado mucho (reduciendo su rentabilidad), sufrían muchas dificultades burocráticas (retrasos en los permisos y recursos en los tribunales) , falta de regulación, aumento de costes y problemas de financiación (por dudas de los inversores). Ahora, este Decreto flexibiliza y agiliza los plazos para instalar nuevos proyectos renovables, incentiva el almacenamiento (ayudas a las baterías) y facilita que las renovables participen en el control de tensión del sistema (cobrando por ello). El objetivo es avanzar en los proyectos renovables, donde el sector debe invertir 200.000 millones para cumplir el gran objetivo: que el 81% de la electricidad sea renovable en 2030 (ahora es el 64%).

Parece que, tras el apagón, el Gobierno, la CNMC y Red Eléctrica “se han puesto las pilas”, con más control de la operativa y cambios legales para tener un sistema eléctrico (decenas de operadores, cientos de intermediarios y 700.000 kilómetros de Red) más regulado y más seguro. Pero ahora queda convalidar este Decreto antiapagones en el Parlamento, algo que será complicado por los enfrentamientos políticos. Y luego, queda que las eléctricas colaboren y operen con más transparencia, algo que no suelen hacer. Basta recordar las multas que les han impuesto los reguladores en el pasado: en noviembre de 2015, la CNMC impuso una multa de 25 millones a Iberdrola,  por reducir la producción de algunas centrales hidroeléctricas `para “manipular” al alza el precio. En julio de 2022, la CNMC multó a Endesa con 4,9 millones por dos infracciones de “abuso de posición dominante” en dos nudos de acceso a la red de transporte de energía. Y en julio de 2023, la CNM multó a Naturgy con 6 millones por “manipular” el precio en el mercado eléctrico…

Mientras se sacan conclusiones del apagón para reformar el sistema eléctrico, los consumidores asistimos a una fuerte subida de la luz en junio: el precio medio en el mercado eléctrico mayorista (en origen) ha sido de 69,65 euros por MWh entre el 1 y el 25 de junio, lo que supone cuadruplicar el precio medio mayorista de mayo (16,97 euros/MWh, el 2º más bajo de la historia) y duplicar con creces el de abril (26,81 euros/MWh), antes del apagón. En este caso, la subida del precio de la luz en origen no se ha debido a que REE se cubra en salud y tenga disponibles más centrales de gas (luz más cara), que fue lo que pasó en mayo, sino que este encarecimiento de la luz en origen se debe a 2 causas: un fuerte aumento de la demanda, por el calor (+7%, frente al -2,1% y el -0,8% que cayó en abril y mayo) y una menor generación eléctrica hidráulica (pocas lluvias), además de la subida del gas (por los ataques a Irán) en las centrales térmicas. Mientras, la aportación de las renovables fue similar (62% de la electricidad en junio).

Con esta fuerte subida de la luz en origen, nos subirá también el recibo de junio, entre 5 y 6 euros de media : de los 60,44 euros que pagamos en mayo (según la OCU) podría subir a unos 66 o 67 euros en junio. Y el recibo también subirá en julio y agosto, por la mayor demanda de electricidad en verano, la falta de lluvias y el mayor uso de las centrales de gas (más caro) para que REE se asegure de que no tendremos nuevos apagones. El “sobrecoste” por este mayor uso de centrales de reserva( los “servicios de ajuste”) se mantendrá todo el año y hasta que las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno y la CNMC entren en vigor. Ese “extracoste” se traslada directamente al recibo de los consumidores que tienen tarifa regulada (PVPC), que son 8,3 millones de clientes, pero no deberían pagarlo los consumidores que tienen una “tarifa libre” (24,1 millones), al menos hasta que llegue la revisión anual de su contrato, según ha advertido ya la CNMC a las eléctricas y comercializadoras. Pero algunas ya han anticipado que van a subir las tarifas un 7% por estos costes extras…

Cara a los próximos meses, la luz en el mercado mayorista subirá en verano (hasta los 100 euros/MWh)  y bajará en octubre y noviembre  (hasta los 85 euros), para bajar en 2026, año en que los futuros auguran un precio mayorista de 65 euros/MWh, según OMIE. Y a partir de ahí, los precios mayoristas seguirían bajando en 2027 (58,30 euros) y en 2030 (57,70 euros), gracias a la mayor producción de electricidad renovable (81% previsto en 2030), lo que permitirá un menor coste del recibo a los usuarios y una ventaja competitiva a la industria española. Pero para que esto sea posible, hay que asegurar que el sistema eléctrico funciona como un reloj, que se hacen los ajustes e inversiones necesarias, que los que tienen que vigilar vigilen y que los que producen y transportan electricidad cumplan los protocolos y no hagan trampas. Sólo así, con vigilancia, normas y responsabilidad se evitará otro gran apagón.

Tras el apagón, luz barata y renovable

Se ha cumplido un mes desde el histórico apagón del 28 de abril y seguimos sin saber las causas, mientras parte del sector y la derecha aprovechan para culpar a las renovables y pedir que no se cierren las nucleares. Pero en mayo, las renovables han vuelto a liderar la producción de electricidad (el 61,8%) y no hemos tenido apagones. Y gracias a ellas, el precio mayorista de la electricidad ha bajado a un mínimo histórico (el más bajo de Europa), aunque Red Eléctrica ha subido la factura mensual (+3,35 euros) al mantener en "alerta" centrales de gas. Ahora, el recibo se estabilizará este mes y subirá algo en verano, por el mayor consumo. Eso sí, en el futuro subirán los costes de la energía solar y eólica, para compensar las inversiones necesarias en baterías e  inversores solares, para evitar “sustos”. Y urge presionar a Francia para aumentar las interconexiones, porque somos “una isla eléctrica”. Pero necesitamos mayor transparencia y nuevos protocolos en un sector dominado por las tres grandes eléctricas.

                           Enrique Ortega

Ha pasado algo más de un mes desde el histórico apagón del 28 de abril, a las 12 horas, 33 minutos y 21 segundos, que dejó a toda España a oscuras durante más de 10 horas. Y, a pesar de las múltiples investigaciones en marcha, hay pocas certezas y muchas dudas. La certeza es que el apagón se originó por tres pérdidas sucesivas de generación eléctrica en Granada (primero en la subestación de Huéneja,  cerca de Guadix, de Endesa), Badajoz y Sevilla. Pero a partir de ahí surgen las preguntas. ¿Porqué no funcionaros los cortafuegos, para aislar estas pérdidas de tensión, aunque se intentó hacerlo en 6 ocasiones? ¿Cómo pudo provocarse el apagón un día de baja demanda, donde sobraba energía? (minutos antes del apagón, España estaba exportando electricidad a Portugal y Francia) ¿Tuvo algo que ver el apagón con oscilaciones anteriores detectadas en la red europea? ¿Qué falló en los protocolos y automatismos que tiene Red Eléctrica (REE) y que ha ensayado antes cientos de veces?

Son preguntas que tardarán meses en responderse, según los investigadores del Gobierno y Red Eléctrica. Pero entre tanto, voces interesadas  ya han culpado del apagón a las renovables, por ser “menos seguras”, dado que su energía no es síncrona (es menos estable). Sin embargo, hay hechos que desmienten esta “peligrosidad”: unos días antes del apagón, el 16 de abril, hubo bastantes horas en que el 100% de la electricidad generada fue renovable (hidráulica, solar y eólica), sin que hubiera ningún problema. Entre enero y abril de 2025, las energías renovables han aportado el 58,64% de la electricidad generada (25% la eólica, 17% la hidráulica, 14,1% la solar fotovoltaica, 0,8% la solar térmica y 1,7% otras renovables, según REE). Sin problemas. Y en abril, el mes del apagón, su aportación subió al 64,3%.

Mientras se investigan las causas del apagón, veamos qué ha pasado con la electricidad este mes de mayo. Primero, habría que recordar que la luz bajó drásticamente en abril en el mercado de origen (mayorista), cerrando a un precio medio de 26,81 euros/MWh, la mitad que en marzo (53,3 euros/MWh) y la cuarta parte que en enero (96,69 euros) y febrero (108,31 euros), gracias a las lluvias y el sol, que produjeron mucha electricidad renovable (más barata). Un precio mayorista superior al de abril de 2024 (13,67 euros/MW) pero que es la tercera parte del precio habitual del mercado mayorista en abril durante los últimos 5 años (72,32 euros/MWh). Y este precio medio español (26,81 euros/MWh en abril) ha sido el más bajo de los mercados europeos, porque tenemos más electricidad renovable: 99,85 euros/MWh en Italia, 91 euros en Reino Unido, 78,33 euros en Alemania y 42,21 euros en Francia.

Este bajo precio mayorista de la luz en abril se trasladó directamente a los 8,3 millones de consumidores que tienen tarifa regulada (PVPC), que pagaron un recibo medio en abril de 58,62 euros, según la OCU, menos que el recibo de marzo (65,72 euros), febrero (81,60 euros) y enero (77,53 euros), aunque mayor que el recibo de 1 año antes (48,85 en abril de 2024) porque este año ha subido el IVA de la luz (del 10 al 21% en enero) y otros impuestos, además de las tarifas reguladas (que pagan el transporte, la distribución y otros costes).

Tras la bajada del recibo en abril, básicamente por el clima, la previsión era que el recibo siguiera bajando en mayo y hasta el otoño, para subir algo después hasta fin de año, por el mayor consumo y la menor aportación de renovables. ¿Qué ha pasado tras el apagón? : el precio de la luz ha seguido bajando en el mercado mayorista y todo apuntaba a que el recibo de la luz de mayo sería similar o algo menor para los que tienen tarifa regulada (8,6 millones) y que podría bajar en la próxima revisión de tarifas a los consumidores que tienen tarifa “libre” (21,4 millones de clientes).

Para ver lo que ha pasado realmente con el precio de la luz en mayo hay que analizar dos factores. Uno, que Red Eléctrica (que gestiona la red) ha querido “curarse en salud” y ha tomado medidas especiales para evitar otro apagón: ha aumentado las centrales de gas disponibles, ("de guardia") , para “evitar sustos”, aunque su electricidad no se vuelque al sistema porque hay muchas renovables. Y eso ha disparado unos costes que hasta ahora pesaban poco en mercado mayorista, los “servicios de ajuste”: han alcanzado en mayo un promedio de 37,2 euros por megavatio hora (MWh), más del doble que los 17 euros por MWh de abril y casi el doble de los 19,7 euros por MWh de mayo de 2024, según los registros de Red Eléctrica. Este “sobre coste”, por tener a mano centrales de gas, supondrá unos 5,5 euros de subida en el coste mayorista de la electricidad en mayo para los 8,6 millones de consumidores que pagan la tarifa regulada. Y esa subida se trasladará a los consumidores del mercado libre (21,4 millones), sobre todo a la industria. De hecho, algunas comercializadoras se plantean cobrar un extra a sus clientes para compensar esta subida coyuntural de los "servicios de ajuste".

Pero en paralelo a este “sobrecoste”, en mayo ha bajado el resto del precio mayorista de la electricidad, porque la mayoría de la luz se ha generado con renovables (otro mes más), más baratas: en mayo, el 61,8% de la electricidad generada fue renovable, casi como en abril (64,36%), gracias al enorme peso de la solar (25,7%), la hidráulica (17,4%), la eólica (16,9%) y otras renovables (1,8%). Eso lleva a que el precio mayorista de la electricidad (en origen) haya sido de 16,91 euros/MWh en mayo, el 2º precio más bajo de la historia reciente (tras los 13,67 euros/MWh de abril de 2024), casi la mitad del precio mayorista de abril de 2025 (26,81 euros/MWh) y que en mayo de 2024 (30,4 euros/MWh). Y llevamos ya 70 días consecutivos  donde los precios de la luz han sido "cero" o "negativos" en las horas centrales del día (por la energía solar). Además, en mayo volvimos a tener el precio mayorista más barato de Europa: 16,91 euros/MWh frente a 95 euros en Italia, 85 en Reino Unido, 66 en Alemania y 20 en Francia.

Eso significa que, con la electricidad a mitad de precio, en mayo debería haber bajado el recibo medio para los consumidores de tarifa regulada. Pero al haber subido los “servicios de ajuste” (la tarifa por tener “a mano” más centrales de gas) y los  precios "futuros" (que pesan ahora un 40% en la factura),  el recibo final ha subido un poco en mayo: si en abril pagaron 49,62 euros en un recibo medio, en mayo pagarán 52,97 euros (+3,35 euros) , según el simulador de la CNMC. A partir de ahora, se espera que el clima mantenga un alto porcentaje de generación renovable y que el precio mayorista se mantenga estable en junio y subiendo algo en julio y agosto (por el mayor consumo, que obligará a reforzar las centrales de gas), para subir en otoño e invierno, como anticipa el mercado de futuros : 41 euros en junio y 70 euros en el tercer trimestre, según OMIE, para cerrar a 61,05 euros en 2026 y 58,25 en 2027). Y lo mismo el recibo, que podría rozar los 63 euros de media este año (61,90 euros en 2024, según la OCU).

Con todo, la preocupación ahora no son los precios de la luz (moderados) sino asegurar el suministro y que no haya más apagones. Algunos expertos interesados y el PP (y Vox) proponen ampliar la vida de las centrales nucleares, como “garantía de suministro”. Pero es una posición más ideológica (poner en duda las renovables) que económica. Por un lado, las eléctricas ya pactaron en 2019 con el Gobierno el cierre de las 5 centrales nucleares, entre 2027 (la 1ª, Almaraz en otoño de 2027) y 2035. Ahora, las mismas eléctricas proponen ampliar la vida útil de estas centrales, pero piden a cambio “que se reduzca su fiscalidad”. A lo claro: piden que se les reduzca el coste de los residuos (muy elevado), a costa de subir el precio de esta luz nuclear a los consumidores, algo a lo que se niega el Gobierno. Y además de costosos, los residuos nucleares son peligrosos durante siglos.

La clave es seguir con las energías renovables, porque España tiene un potencial de sol y viento (y agua) que nos han convertido en líderes en Europa, permitiendo tener la electricidad más barata del continente, lo que facilita la instalación de empresas (Centros de datos, por ejemplo) y la electrificación de la industria (sustituyendo el petróleo y el gas), a precios muy competitivos. Un salto en las renovables que ha sido impresionante: generaban un tercio de la electricidad en 2009 (32,65%), pasaron a aportar casi la mitad en 2019 (49,3%), ya suponen dos tercios de la electricidad generada (64,3% en abril). Y el objetivo del Gobierno, en su Plan energético (PNIEC), es que generen el 81% de la electricidad en 2030.

Hay que seguir apostando por las renovables, como hace toda Europa, pero con seguridad, porque los expertos coinciden en señalar que una red con muchas renovables es más difícil de gestionar que una red con energías tradicionales. Pero se puede hacer, gracias a la tecnología. Por un lado, hay que invertir en centrales de bombeo en las centrales hidroeléctricas: en caso de necesidad sueltan agua de arriba abajo y generan rápidamente electricidad. Y en el caso de las centrales solares fotovoltaicas y las eólicas, hay dos tecnologías que las hacen “más seguras”. Una, la instalación de inversores (convierten la corriente continua en corriente alterna, permitiendo su vertido a la red). Y la otra, la instalación de baterías, que permitan almacenar la energía renovable que no se consume.

Los expertos denuncian que las propuestas normativas que se han presentado desde REE para hacer obligatorios estos inversores en las plantas fotovoltaicas y eólicas “duermen en un cajón del Ministerio y de la CNMC”. Y también se ha pospuesto la regulación de los almacenamientos de baterías, donde España está muy retrasada: al cierre de 2024 sólo había 3,3 GWh de almacenamiento (el 4% de toda Europa) y el objetivo es subir esa capacidad a 22,5GWh en 2030, para lo que vamos muy retrasados (el sector se queja de que las autorizaciones para el almacenamiento se retrasan entre un año y medio y dos). Antes del apagón, el Ministerio había puesto en marcha un Plan de ayudas, con 700 millones de Fondos europeos, para cofinanciar proyectos de almacenamiento a gran escala de renovables. Pero sigue pendiente de aplicación la orden ministerial sobre capacidad aprobada en diciembre de 2024.

Hace meses que muchos expertos piden al Gobierno y a Red Eléctrica que aumente las inversiones en la Red, para evitar problemas. Pero hasta ahora, ha sido muy “conservador”, aprobado una inversión en redes para 2021-2026 de sólo 5.684 millones, menos de lo que querían las eléctricas: el Gobierno no quiso invertir más en redes porque eso suponía cargar más el recibo a los consumidores. Ahora, tras el apagón, parece claro que hará falta un Plan inversor para fortalecer las redes eléctricas (ojo: 700.000 kilómetros), para hacerlas más seguras (aunque el riesgo cero no existe).

Otro elemento clave para asegurar el suministro eléctrico y reforzar las redes es mejorar la interconexión eléctrica con Europa, dado que la Península es “una isla eléctrica”: la interconexión con Europa no llega al 3% de la electricidad (2.800 MW), cuando la Comisión Europea estableció en 2014 que debía ser del 10% en 2020 y del 15% en 2030. El problema está en las reticencias de Francia a que España exporte electricidad barata a Europa y en el alto coste económico (y ecológico) de las conexiones proyectadas. Actualmente hay 2 conexiones terrestres con Francia (a través de Euskadi y Cataluña) y está prevista otra conexión a través del Golfo de Vizcaya para 2028 (3.100 millones de inversión) y dos conexiones terrestres más, una por Navarra para 2035 (2.609 millones) y otra por Aragón, para 2041 (con un coste de 2.372 millones). La semana pasada, el propio Sánchez pidió a la presidenta Von der Leyen que intervenga para acelerar estas interconexiones.

Los apagones nunca se pueden evitar al 100%, pero parece claro que su riesgo es mucho menor si España invierte en fortalecer la red eléctrica y prepararla para tener un 81% de electricidad renovable .Eso pasa por un cambio en los Protocolos de actuación de Red Eléctrica (REE), porque los actuales son de 1996. Los expertos creen que habría que cambiar al menos un tercio de las más de 60 normas técnicas con que opera REE, sobre todo las normas relacionadas con niveles de tensión y frecuencia, protecciones, automatismos, restricciones, planes de seguridad, coordinación de operadores y conexiones internacionales. Pero dos son los cambios más urgentes. Uno, exigir a las energías fotovoltaicas y eólicas que ofrezcan las mismas garantías de firmeza y control de tensión que el resto de energías : la tecnología existe aunque es cara, por lo que hay que “obligar/incentivar” a las empresas a utilizarla. Y la otra, la revisión a fondo de los cortafuegos de emergencia, porque los “deslastres” utilizados fueron insuficientes.

Además, el apagón debería obligar a una mayor transparencia en el sector eléctrico, un negocio en régimen de monopolio (Endesa, Iberdrola y Naturgy suministran el 80% de la energía), donde hay más de 500 empresas operando (distribuidoras y comercializadoras), más una red con miles de kilómetros, estaciones y subestaciones, donde operan las propias eléctricas y coordina Red Eléctrica (Redeia), una empresa con un 20% de capital público y el 80% restante en manos privadas (sobre todo Fondos de inversión).  Ahora, con el apagón, se ha visto que ni el Gobierno ni REE controlan lo que pasa en este mercado y en toda la red. Y que el Gobierno ha remoloneado para invertir más porque eso obligaba a subirnos más la parte regulada del recibo. Si hay que invertir más para hacer una red más segura y prevenir apagones, habrá que hacerlo. Y eso pasa por forzar a las eléctricas (que ganaron 11.249 millones en 2024) a que financien la mayor parte, no nosotros como clientes. Luz y taquígrafos.