IVA: se pierde la mitad de la recaudación posible

Un caballo de batalla de las próximas elecciones serán los impuestos. PSOE y Podemos quieren subirlos (como en su Presupuesto 2019) y PP, Ciudadanos y Vox prometen bajarlos (como en Andalucía y Madrid). Al final, parece una propuesta “ideológica” cuando hay un dato objetivo: España recauda menos que Europa (-73.703 millones en 2018) y por eso tenemos más déficit y menos gasto social. Hay que recaudar más, al margen de “derechas” o “izquierdas”, para afrontar el futuro. La Comisión Europea nos dio un ejemplo hace días: España es el país europeo que tiene un IVA “efectivo” más bajo, por las exenciones y tipos reducidos. Y por eso, recaudamos 23.400 millones menos que la media europea. Y perdemos la mitad de la recaudación posible. Lo mismo pasa en sociedades, renta o carburantes. Se puede y se debe recaudar más. Al 95% de españoles no les afectaría. Sólo el 5% con más recursos pagarían más. Si no se ingresa más, habrá  más déficit y recortes sociales. Lean por qué.

enrique ortega

El IVA es un impuesto “silencioso”: lo pagamos todos los días, casi sin darnos cuenta, sobre todos los productos y servicios que consumimos. Y por eso, los políticos de todos los paises suben el IVA cuando vienen mal dadas, porque se nota menos que si suben el impuesto de la renta (a familias) o sociedades (a empresas). De eso sabemos mucho los españoles: somos el 2º país europeo donde más ha subido el IVA en la última década, un +5%, tras Hungría (+7%), igual que Reino Unido (+5%) y mucho más que Italia (+2%), la UE-28 (+1,8%), Francia (+0,4%) o Alemania (no subió nada el IVA), según Eurostat. Recordemos que Zapatero lo subió en 2010 (+2%) y Rajoy en 2012 (+3%), hasta el 21%. Y ahora, el IVA es el 2º impuesto que más recauda en España (72.012 millones en 2018), casi tanto como el IRPF (80.180 millones) y el triple que sociedades (24.401 millones pagan las empresas).

Así que el IVA es un impuesto clave, el que más ha crecido su recaudación en la última década: +30,75% sobre 2007, casi el triple que la recaudación total (+13,55%) y casi el doble que la Renta (+18%), mientras las empresas pagan menos (-44% ha caído la recaudación en sociedades). Sin embargo, la Comisión Europea acaba de publicar un informe donde nos dice que España podría recaudar mucho más por IVA, concretamente 25.206 millones más, si redujéramos el fraude (1.806 millones) y aplicáramos unos tipos efectivos del IVA similares a Europa (otros 23.400 millones). No se trataría de una “locura”, sólo de recaudar mejor en el IVA, en línea con Europa.

El primer problema que tenemos, en España y en toda Europa, es el fraude que hay en el IVA, derivado de la economía sumergida y de las operaciones que se hacen “sin IVA”. El problema es serio en toda Europa, ya que el informe de la Comisión Europea revela que los 28 perdieron por este fraude 137.470 millones de euros, un 11,2% del total de ingresos. Los paises con mayor fraude son Rumanía (pierde un 36% de sus ingresos), Grecia (34%), Lituania (25%) e Italia (23,8%, la que más millones deja de ingresar: 33.629 en 2018). Reino Unido (10,6% de fraude: 19.199 millones), Alemania (9,9% de fraude: 25.016 millones) y Francia (6,9% de fraude: 12.030 millones) están en el grupo de paises con fraude intermedio del IVA. Y España es el 5º país con menos fraude (2,4%: 1.806 millones perdidos en 2018), tras Chipre (perdió el 0,6% del IVA), Luxemburgo (-0,7%), Suecia (-1,5%) y Malta (-1,6%).

Hasta aquí medio bien. Pero el segundo problema detectado por la Comisión Europea es el dinero que se deja de ingresar por IVA en Europa, no por fraude sino por exenciones (operaciones que no pagan IVA) y tipos reducidos y superreducidos. Y aquí sí tenemos un problema, porque España es el país europeo con el tipo efectivo del IVA más bajo, el 8,5%. Quiere esto decir que aunque tenemos un IVA general del 21% (en la media de Europa, donde hay paises con el 19% o 20% y otros, como los nórdicos, con el 25%), al final, lo que acabamos pagando de IVA,  por las operaciones exentas, el IVA reducido del 10% (que existe en toda Europa, salvo en Dinamarca, entre el 6 y el 18%) y el superreducido del 4% (que sólo tienen otros 4 paises europeos: 2,1% Francia, 3% Luxemburgo, 4,8% Irlanda y entre el 4 y el 5% Italia), acabamos pagando sólo el 8,5%. Y eso es mucho menos que Dinamarca (14,7% de tipo efectivo de IVA), el 13,4% de Suecia, el 10,6% de Alemania, el 10,1% de Holanda, el 9,5% de Reino Unido o el 9,4% que se paga efectivo en Francia.

La Comisión Europea revela que España recauda así por IVA el 40,58% de lo que podría ingresar, con lo que pierde el 59,42% de la recaudación potencial (nada menos que 93.196 millones en 2017). Y perdemos por IVA mucho más que la media europea, ya que la pérdida (lo llaman “el gap” del IVA) de la UE-28 es el 44,5% de la recaudación potencial. Si tomáramos medidas en exenciones y tipos  para “perder como ellos” (un gap del 44,5% en vez del 59,42% que tenemos), podríamos ingresar 23.400 millones más al año por IVA, que nos vendrían muy bien para gastos sociales y reducir el déficit. Y podríamos ingresar otros 1.806 millones más si no hubiera fraude en el IVA (algo más difícil).

Así que la Comisión Europea nos ha mostrado un camino para recaudar mucho más por IVA: revisar las exenciones actuales y los tipos reducidos y superreducidos, que hacen que seamos el país con el tipo efectivo más bajo de Europa. De hecho, en 2018, España dejó de ingresar 41.028 millones por IVA (más de la mitad de los 72.012 millones recaudados) por beneficios fiscales, según la Memoria de los Presupuestos: 17.232 millones por las operaciones exentas de IVA, 17.337 por el consumo que se beneficia del tipo reducido del 10% y otros 6.460 millones por los que disfrutan del IVA superreducido. Aquí es donde habría que actuar para recaudar más, al menos como en Europa.

Las exenciones del IVA benefician a las operaciones en Canarias, Ceuta y Melilla (exentas de IVA, aunque pagan un impuesto indirecto, el IGIC o el IPSI, más bajo), la enseñanza, la sanidad, los servicios financieros, los seguros y las actividades culturales públicas, actividades exentas de pagar IVA. El IVA reducido del 10% beneficia al transporte de viajeros, a hostelería y restaurantes, a la compra de vivienda nueva, agua y alimentos elaborados, limpieza y recogida de residuos, entradas de cine, gafas graduadas y semillas, bulbos y esquejes (?). El  IVA superreducido del 4% beneficia a la compra de alimentos básicos, medicamentos, libros, periódicos y revistas, compra de viviendas protegidas (VPO), teleasistencia, prótesis y residencias de ancianos. Son los que se llevan esos 41.028 millones que dejamos de ingresar por IVA.

Muchos expertos ponen en duda los tipos reducidos y superreducidos del IVA, así como que haya tantas operaciones exentas. La propia OCDE, en un informe de 2014, analizó los tipos reducidos de los alimentos en 16 paises (entre ellos España) y concluyó que "benefician más a los más ricos", porque gastan más: el 10% más rico se ahorra 400 euros frente a 300 euros el 10% más pobre. Y lo mismo sobre el tipo reducido del 10% en hoteles y restaurantes: los más ricos en España se ahorran con ello 207 euros al año y los más pobres sólo 19 euros. En general, se argumenta, las familias con más ingresos son los que más se benefician de las operaciones exentas de IVA, porque son los que más gastan en sanidad y educación privadas, en servicios financieros y seguros.

Un reciente informe de FEDEA reitera que el IVA es un impuesto muy regresivo (todos pagamos el 21%, pero eso supone un mayor esfuerzo para los que menos tienen) y que beneficia  más, con las exenciones y tipos reducidos, a las rentas más altas. Por eso plantean varias alternativas, que supondrían más ingresos: aplicar el 4% a las operaciones ahora exentas (+1.425 millones de recaudación), subir del 4 al 10% el superreducido (+1.757 millones), subir del 10 al 21% el reducido (+10.051 millones) o una combinación de varias. Y en los casos en que se perjudique a las rentas bajas (pocos), compensarles (gracias a estos nuevos  ingresos) con deducciones en el IRPF, un impuesto más progresivo.

Algo habría que hacer con el IVA, para recaudar como europeos. Y lo mismo puede hacerse con los demás impuestos. En el impuesto sobre la Renta, España es el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según otro estudio de FEDEA: un 7,5% del PIB frente al 10% de media en la UE-28, el 9% de Francia o Alemania, el 12% de Italia o el 27% de Dinamarca. Y no porque tengamos unos tipos mucho más bajos sino por el fraude y porque los tipos efectivos que se pagan son menores. Y así, en el IRPF se dejan de ingresar 15.693 millones de beneficios fiscales (el 19,5% de la recaudación en 2018), algunos muy cuestionables (como por contratar planes de pensiones privados, que benefician a las rentas altas).

En el impuesto de Sociedades (que pagan las empresas), la recaudación española está también a la cola de Europa: un 2,3% sobre el PIB frente al 2,5% que recauda la zona euro. Y eso por dos razones. Una, que Rajoy bajó el tipo nominal del 35 al 25% actual, inferior a la media de la UE (28%) y de paises como Francia o Bélgica (34%), Italia (31%) o Alemania y Portugal (30%), según el informe de FEDEA. Y además, ese tipo nominal no se aplica, porque también aquí hay muchos beneficios fiscales: 3.453 millones en 2018, según la Memoria de los Presupuestos, el 14,15% de la recaudación de 2018. Y con ello, las grandes empresas, gracias a las deducciones fiscales que consiguen, acaban pagando un tipo efectivo del 5,99% sobre beneficios, menos que las pymes (pagan el 16,93% sobre beneficios) y que la mayoría de los contribuyentes (pagamos el 14,9% de los ingresos en el IRPF).

También España recauda menos que Europa en los impuestos especiales (carburantes, tabaco y alcohol): ingresamos un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media en la UE-28 y el 3% en Dinamarca, Finlandia, Reino Unido o Grecia. El alcohol paga en España la mitad de impuestos que en Europa (0,10% del PIB frente al 0,20%). El impuesto del tabaco (especiales + IVA), que es más bajo en España: supone un 78,8% del precio de venta, en línea con Portugal (78,1%), Italia (74,4%) y Alemania(74,4%), pero mucho más bajo que en Finlandia(86%), Reino Unido e Irlanda (84%), Grecia (83,9%), Polonia (81,2%) o Francia (80,8%), según datos de Eurostat (2016). Y donde hay una gran diferencia con Europa es en los carburantes: en diesel, España es el 5º país UE con menos impuestos (0,588 euros/litro frente a 0,811 euros/litro en la UE-28, 0,699 en Alemania, 0,847 en Francia o 0,854 euros/ litro en Italia) y en la gasolina, el 7º país europeo donde se pagan menos impuestos (0,699 euros/litro frente a 0,788 euros/litro en la UE-28, 0,878 en Alemania, 0,939 en Francia y 1,01 euros/litro en Italia), según los precios del 16 de septiembre aportados por el  Weekly Oil Bulletin de la UE.

Y también recaudamos menos con el impuesto de sucesiones, sobre las herencias, que Ciudadanos y PP bajan en las autonomías que gobiernan: España recauda cada año 3.250 millones menos que la media europea. Y nos quedan las tasas y precios públicos, donde España es el 2º país con menos recaudación de Europa, tras Irlanda: recauda el 2,2% del PIB, frente al 3,1% de la UE-28, el 3,2% de Alemania, el 4% de Francia y el 7,5% de Finlandia.

Impuesto a impuesto hemos visto que España recauda menos que Europa, no sólo por el IVA. Y así se explica el dato final, que repito con frecuencia en este blog: España recaudó en 2018 el 38,9% del PIB, mientras los 28 paises UE recaudaron el 45% de su PIB y los paises del euro el 46,3%, según Eurostat. Eso significa que recaudamos 73.703 millones menos que Europa el año pasado. Y 89.410 millones menos que los paises euro y 177.612 millones menos que Francia. Una cifra tan importante que, si recuperamos sólo la mitad del “gap”, 40.000 millones más de recaudación, nos permitiría no tener déficit y gastar también como europeos en sanidad, educación, Dependencia, gastos sociales, tecnología y tantas otras cosas. Porque no les quepa duda: tenemos más déficit y menos gasto público (un 41,3% del PIB en España frente al 45,6% que gasta la UE-28) porque recaudamos peor.

¿Cómo se puede recaudar más? Por un lado, hay que luchar mejor contra el fraude fiscal, en todos los impuestos, para lo que necesitamos más medios (Hacienda solo tiene un inspector por cada 2.081 contribuyentes, frente a 1.914 en Italia, 1.176 en Reino Unido, 979 en Francia o 743 en Alemania). Y por otro, habría que pactar una nueva reforma fiscal, para aumentar la recaudación impuesto a impuesto, tocando tipos y sobre todo exenciones y deducciones, que en muchos casos son regresivas y benefician más a los que más tienen. Hay que conseguir  que paguen más impuestos los que hoy pagan poco (legalmente): multinacionales, grandes empresas, bancos y los más ricos. E incorporar nuevos impuestos, verdes y tecnológicos. 


No se trata de subir o bajar impuestos: hay que reformarlos para que recauden más y sean más justos. Bajarlos sólo, como plantean PP, Ciudadanos y Vox es conseguir que España recaude todavía menos que ahora. Y antes o después, eso se traducirá en más déficit público o más recortes sociales. O en impuestos y tasas que nos "claven” silenciosamente por otro lado. En economía no hay milagros. Esa es la dura realidad de las cuentas, al margen de las ideologías. Piénselo.

Elecciones 28-A : lo que queda por hacer

Muchos españoles se quedan sin ayudas y se perderán inversiones al no aprobarse los Presupuestos 2019. Y 31 Leyes quedan sin aprobarse. Pero el Gobierno Sánchez quiere aprobar en su último Consejo varios decretos Leyes : subsidio para 114.000 parados mayores de 52 años, pago de cotizaciones a 180.000 cuidadoras de dependientes o ampliación del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas. Y medidas de igualdad laboral entre hombres y mujeres, más algunos cambios urgentes en la reforma laboral. E incluso, la revalorización de pensiones con el IPC o reformas en alquileres. También pretende aprobar algunas Leyes antes del cierre del Parlamento (5 marzo). Pero como ha aprobado gastos y no más ingresos, deja como “herencia” un agujero de 8.000 millones (mínimo). Así que el futuro Gobierno, o consigue más ingresos o tendrá que hacer más recortes. Y tanto PP como Ciudadanos prometen bajar impuestos, con lo que la tijera sería mayor. Mientras, quedan pendientes los grandes problemas: paro, pensiones, sanidad, educación, vivienda, cambio climático, pobreza y desigualdad, tecnología o modernización del país. Retos mucho más importantes que Cataluña. 

enrique ortega

El Gobierno Sánchez, con sólo 84 diputados, ha echado mano del decreto-ley para gobernar estos 8 meses: han sido 25 decretos-leyes aprobados en Consejo de ministros y luego todos convalidados en el Congreso, salvo el de alquileres, rechazado por Podemos. El decreto-ley está limitado por la Constitución a casos de “extrema y urgente necesidad”, pero ha sido un instrumento muy utilizado en los últimos años, más por Aznar y Rajoy que por Sánchez. Primero fue José María Aznar, que en su primera Legislatura (1996-2000), sin mayoría absoluta, aprobó 85 decretos-leyes, un 32,95% de sus 173 Leyes. Pero le ganó Mariano Rajoy, que en su primera Legislatura (2012-2016), aprobó el 33,8% de sus Leyes por decreto-Ley (y eso que tenía mayoría absoluta): fueron en total 76 decretos-leyes, entre ellos 15 de las 16 primeras Leyes que aprobó (143 en total). Sólo en julio de 2014, el Gobierno Rajoy aprobó un “macrodecreto” Ley que modificó 26 importantes Leyes, entre ellas el IRPF o la Ley de Empleo. En su segunda Legislatura (octubre 2016-mayo 2018), Rajoy sólo aprobó 16 decretos-Leyes y otros 9 proyectos de Ley, la mayoría por obligada trasposición de Directivas europeas.

El Gobierno Sánchez ha justificado su apelación a gobernar por decreto-Ley al “filibusterismo” parlamentario del PP y Ciudadanos, que han utilizado su mayoría en la Mesa del Congreso (5 de 9 miembros) para torpedear la aprobación de las Leyes enviadas al Parlamento. La estrategia, denuncian, ha sido la ampliación sistemática e indefinida de los plazos para presentar enmiendas. Un ejemplo es la Ley para reformar el Código Penal, para reducir las penas a los piquetes de huelga (como exigen los sindicatos): no se aprueba porque PP y Ciudadanos han conseguido ampliar los plazos de enmiendas… hasta 59 veces. Con este sistema y otras maniobras en las Comisiones, la oposición de PP y Ciudadanos ha bloqueado muchas de las 13 Leyes aprobadas por el Gobierno Sánchez y sus 25 decretos-leyes, convalidados por el Congreso pero luego muchos tramitados como proyectos de Ley.

Ahora, el Gobierno Sánchez intenta que algunas de estas 31 Leyes pendientes (ver listado) se aprueben en el Congreso antes del 5 de marzo, fecha de disolución de las Cortes. El pasado jueves 21 de febrero, el Pleno aprobó la Ley Hipotecaria, una trasposición de una Directiva Europea que debería haberse aprobado hace casi 3 años, en marzo de 2016. Pero el Gobierno Rajoy fue retrasando su aprobación, que incluye nuevas obligaciones para la banca y mayor protección para los hipotecados (en materia de reclamaciones, embargos y desahucios), además de una nueva regulación de las clausulas suelo y la asunción por la banca de todos los gastos hipotecarios (salvo la tasación), dos cambios introducidos por el Gobierno. De no aprobarse in extremis, Bruselas podría multar a España con 100.000 euros diarios.

Otras tres Leyes aprobadas en el Pleno del pasado jueves fueron la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual (incluye más control de las sociedades de gestión, como la SGAE, y más medidas contra la piratería y cierre de Webs), otra Ley obligada para trasponer una Directiva europea, la mejora de la situación de orfandad de los hijos de mujeres víctimas de violencia de género (pasarán de cobrar 140 euros a 600) y  una Ley para mejorar las condiciones de los profesores en la enseñanza no universitaria (volver a los alumnos por clase y régimen de sustituciones anteriores a los recortes de la Ley Wert). Y también se aprobó la convalidación de decreto-ley de medidas urgentes para paliar los daños de inundaciones y catástrofes.

Para el próximo jueves 28 de febrero, el último Pleno del Congreso, el Gobierno Sánchez quiere llevar otros proyectos de Ley que estaban a punto de aprobarse, algo que intentarán torpedear  PP y Ciudadanos. Quizás acepten incluir la aprobación de un paquete de medidas urgentes para la Ciencia, destinadas a eliminar trabas burocráticas y que el Gobierno aprobó el 8 de febrero. Y quizás el Gobierno Sánchez intente convalidar algunas de las 5 medidas pactadas con las asociaciones de autónomos el 26 de diciembre de 2018, que necesitan ser aprobadas por el Congreso para que beneficien a 3,3 millones de autónomos: mejorar el paro y las bajas de los autónomos, cotizaciones por ingresos reales, que no paguen el IVA hasta que cobren las facturas, acabar con los falsos autónomos y mejorar sus pensiones. El Gobierno Sánchez sólo enviará al Pleno temas que cuenten con el apoyo seguro de Podemos y nacionalistas.

Pero la mayoría de las 31 Leyes pendientes (casi todas aprobadas por el Gobierno Sánchez) se quedarán sin aprobar en el Congreso, a la espera del nuevo Parlamento. Y muchas son importantes y afectan a muchos españoles. Como la Ley de Seguridad Ciudadana (o “Ley Mordaza”) o la Ley del voto rogado (para facilitar el voto emigrante), la Ley de Eutanasia (bloqueada por PP y Ciudadanos, que han aprobado 23 prorrogas para presentar enmiendas), la Ley de Cuidados paliativos (pendiente del Senado), la Ley de prevención del suicidio, la Ley contra las “pseudociencias”, la nueva regulación de las especialidades médicas, la nueva Ley de Industria, la regulación del contrato de relevo, la creación de la Autoridad de protección del cliente financiero o la Autoridad de supervisión macro prudencial, el organismo que debe vigilar y avisarnos si viene otra crisis. O el proyecto de nueva Ley de Educación aprobado por el Gobierno Sánchez el 15 de febrero. Y dos Leyes que ha aprobado el último Consejo de Ministros del 22 de febrero, porque las exigía Europa antes de finales de 2018: una Ley de Cambio Climático y un Plan Nacional de Energía y Clima (España ha sido el último país UE en aprobarlo). 

En paralelo, el Gobierno Sánchez no se resiste a aprobar antes de irse algunas medidas que iban en los Presupuestos 2019 y que benefician a muchos españoles. Tratará de aprobarlas  por decreto-ley, en los Consejos del 22 de febrero y el 1 de marzo. La primera, el seguro de paro para los que tienen entre 52 y 55 años (que les quitó Rajoy en 2013), unos 114.000 personas beneficiadas (la medida cuesta 700 millones). La segunda, el pago de la cotización a la Seguridad Social  (que les quitó Rajoy en 2012) a los cuidadores familiares de los dependientes, 180.000 beneficiarios, en su mayoría mujeres (315 millones). La tercera medida, la ampliación del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas, que podría beneficiar a 18.000 padres (cuesta 302 millones). 


Y además, mañana martes 26 de febrero, negociará con sindicatos y patronal un consenso laboral para aprobar, en el próximo Consejo de Ministros, un decreto-ley para anular algunas medidas de la reforma laboral aprobada por Rajoy en 2012 y que exigen los sindicatos: la prórroga automática indefinida de los convenios (ultraactividad), suprimir la prevalencia del convenio de empresa sobre el de sector y la prohibición de la subcontratación, así como el control horario de jornada, para evitar el abuso de las horas extras (la mayoría, sin cobrar).  Incluso, el presidente Sánchez anunció el sábado que va a aprobar, en el Consejo de este viernes 1 de marzo, un decreto-ley de medidas urgentes sobre igualdad laboral entre hombres y mujeres, incluyendo la obligación a las empresas de llevar un registro salarial. Y el Gobierno no descarta negociar otro decreto de alquileres con Podemos y aprobarlo como decreto-ley antes de las elecciones. 

Si finalmente el Gobierno Sánchez aprueba “in extremis” estas medidas (u otras, como la revalorización de las pensiones con el IPC), por decreto-ley, luego tendrá que conseguir convalidarlas en el Congreso, bien en el último Pleno o en la Diputación Permanente, el organismo que sigue abierto, "de guardia", tras el cierre de las Cortes el 5 de marzo, donde hay 64 miembros y la presidenta del Congreso (24 del PP, más Ana Pastor, y 6 de Ciudadanos, lo que dejaría la convalidación en manos del PSOE, 15 votos, Podemos, con 12, Grupo mixto, 4, Ezquerra con 2 y PNV con 1). A ver quien “se retrata” y vota en contra del seguro de paro a los mayores de 52 años, la cotización a las cuidadoras, aumentar el permiso de paternidad o la revalorización de las pensiones.

Y queda otra importante tarea pendiente: la reforma de las pensiones. La Comisión del Pacto de Toledo, integrada por 48 diputados de todos los partidos, lleva reuniéndose más de 2 años, desde noviembre de 2016, sin ser capaces de pactar medidas para asegurar el futuro de las pensiones. El 19 de febrero, cuando parecía que tenían unas recomendaciones medio pactadas, se rompió el posible acuerdo, por Podemos y el PP. Y eso cuando había consenso sobre varias recomendaciones para eliminar el déficit en 2025: revalorizar las pensiones con el IPC real, pagar las prestaciones asistenciales con impuestos, que el jubilado pueda escoger sus mejores años de cotización (15 ahora y 25 en 2022) y limitar la jubilación parcial. No es mucho para afrontar una reforma que exige conseguir más recursos (vía cotizaciones e impuestos) y ver cómo repartirlos para que haya para los pensionistas actuales y futuros. Así que 7 años perdidos para afrontar una reforma clave que también queda para la próxima Legislatura. 

Ahora, tras estas dos semanas contra reloj para aprobar las medidas más urgentes, el Gobierno entra en funciones y el país se paraliza durante 2 meses de larga campaña electoral. Y hasta junio o julio no habrá nuevo Gobierno, con lo que habremos perdido medio año para afrontar los graves problemas del país, mucho más preocupantes para los ciudadanos que Cataluña: el empleo, las pensiones, la sanidad, la educación, la dependencia, la pobreza y la desigualdad, los impuestos, la vivienda, la situación de las mujeres y los autónomos,  la Ciencia, la crisis de la industria, la energía y el cambio climático, la digitalización y la modernización de la economía, en una Europa que apenas crece y con Brexit. Esos deberían ser los temas centrales de la campaña electoral, no sólo el 155.

Y por encima de todo, una cuestión clave: los impuestos. Porque la no aprobación de los Presupuestos 2019 nos ha creado un problema serio: hay una serie de gastos que van a seguir adelante (subida de las pensiones y sueldos de los funcionarios, algunos gastos sociales e inversiones), pero no se van a aprobar los nuevos ingresos que contemplaba el Presupuesto (subida impuestos sucesiones empresas, subida patrimonio, tasa Google, impuesto transacciones financieras), con los que el Gobierno Sánchez esperaba ingresar 5.600 millones extras. Y por ello, el déficit público va a ser mayor del previsto: entre el 2 y el 2,4% del PIB, no el 1,8% previsto ni el 1,3% inicial impuesto por el techo de gasto. Eso supone que el próximo Gobierno, sea el que sea, sólo tiene 2 opciones: o subir esos impuestos (u otros) o no tocar los ingresos, aplicar la tijera y recortar 8.000 millones de euros o más. Es “la herencia” que deja Sánchez por no haberle aprobado los Presupuestos. Lo preocupante es que, tanto PP como Ciudadanos se presentan a las elecciones con la bandera de “bajar impuestos”: si lo hacen, el ajuste tendrá que ser todavía mayor.

Así que lo serio sería plantear en la campaña electoral los retos que tenemos, lo que queda por hacer: las necesidades que hay que cubrir (en empleo decente, pensiones, Estado del Bienestar, ayudas sociales, igualdad, vivienda, tecnología, industrialización, infraestructuras, modernización de la economía…) y decirles a los españoles que todo esto no se puede hacer sin aumentar los ingresos públicos, porque España recauda menos que Europa (82.000 millones menos cada año). Y por eso, es obligatorio subir los impuestos, no a la mayoría, que ya pagamos bastante (trabajadores y jubilados), sino a los que pagan menos de lo que deben: grandes empresas, multinacionales, bancos y los más ricos. Y si alguien le vende que “se puede hacer todo bajando impuestos”, no le crea: no salen las cuentas y antes o después hará nuevos recortes y le echará la culpa a “la herencia de Sánchez”. ¿Les suena?

Autonomías: la pelea por las herencias

Otras 6 autonomías han seguido a Madrid y han aprobado este año una drástica rebaja en el impuesto de sucesiones que se cobra a las herencias, una pelea fiscal por ver quien se lleva a los contribuyentes que legan y quien baja más los impuestos, cara a las elecciones de 2019. Resultado: las autonomías recaudarán 225 millones menos, en beneficio de las rentas medias y altas, mientras se quejan de que no tienen recursos y mantienen a 290.000 ancianos sin cobrar la Dependencia. Y nos suben otros impuestos para compensarlo, como el que se paga en la compraventa de viviendas. Hay una batalla política de fondo, encabezada por Ciudadanos, para suprimir este impuesto, que se cobra en la mayoría de países y que es la mejor vía para reducir la transmisión de la desigualdad, penalizando la riqueza que pasa de padres a hijos. Los expertos aconsejan mantenerlo y que haya condiciones homogéneas en toda España, sin privilegios. Y no hacer polítiqueo con los impuestos. 

enrique ortega

El impuesto sobre las herencias es uno de los más viejos del mundo y se remonta al Imperio Romano. En España, el antecedente es la llamada “manda pía forzosa”, un tributo sobre herencias, creado entre 1811 y 1845, para socorrer a las viudas y prisioneros de la Guerra de la Independencia: 12 reales de vellón que cobraban los sacerdotes en los entierros (recaudación “asegurada”). Durante el franquismo, en 1967, se estableció un impuesto de sucesiones que se modificó con la reforma fiscal de 1978, siendo un tributo estatal hasta que en 1983 se cede a las autonomías, que tienen competencias para fijar tipos y deducciones, con lo que en la práctica hay 17 impuestos de sucesiones distintos.

En 2017 se tramitaron en España 408.402 herencias, 1.119 diarias, según los datos de los notarios. En realidad, se trata de un impuesto marginal, que sólo recaudó 2.725 millones en 2017, un 3,5% del dinero que se llevaron las autonomías por el 50% del IRPF (les correspondió 38.500 millones) y un 4,2% de lo que ingresaron por el 50% del IVA (otros 31.800 millones). Y además, es un impuesto bastante estable, porque en los años buenos, como 2008, sólo recaudó un máximo de 2.915 millones. Pero aunque marginal, se ha convertido en un “impuesto escaparate”, que se utiliza políticamente para poner en marcha una campaña de “bajada de impuestos”. Primero lo hizo el PP, en la Comunidad de Madrid, y este año lo ha hecho Ciudadanos, forzando bajadas en otras 6 autonomías este año 2018.

En 2006, el gobierno de Esperanza Aguirre fue el primero que rebajó drásticamente el impuesto de sucesiones, aprobando una bonificación del 99% que hacía que muchas herencias no tributaran prácticamente nada. El impuesto se calcula aplicando un tipo a la base imponible que se hereda  (valor neto de lo que se transmite menos deudas y gastos deducibles), tipo que oscila del 7 al 34% según el importe y el grado de parentesco. Sobre el resultado a pagar, se aplican deducciones y bonificaciones y aquí es donde entra la bonificación del 99% de Madrid, que hace que finalmente sólo se pague el 1% de lo que corresponda.

Este año 2018, otras 6 autonomías han seguido a Madrid en una carrera por ver quién cobra menos a las herencias. La más importante, Andalucía, que ha elevado el mínimo exento de pagar sucesiones a 1 millón de euros (antes era 250.000), con lo que no pagarán nada el 95% de las herencias, gracias a la presión de Ciudadanos, que ha obligado a aceptarlo al PSOE para aprobar los Presupuestos 2018 (Susana Díaz llevaba años criticando la rebaja de Madrid). Otra autonomía gobernada por el PSOE que se suma a bonificar el 99% de las herencias es Extremadura, al igual que Asturias, que ha elevado el mínimo exento de 200.000 a 300.000 euros y que bonifica algunas herencias el 95%. La cuarta en rebajar sucesiones, con una bonificación del 90%, es Cantabria. Y las dos restantes, gobernadas por el PP, son Murcia (aumenta la bonificación del 60 al 99%, beneficiando a 15.000 herencias al año, que se ahorrarán 75 millones de euros) y Castilla y León, que además eleva el mínimo exento de 300.000 a 400.000 euros.

En esta carrera autonómica por ver “quien cobra menos a las herencias”, Madrid no ha querido quedarse atrás y la ex presidenta Cifuentes aprobó en marzo de 2018 otra rebaja a las herencias: una bonificación del 15% en sucesiones y donaciones entre hermanos y otro 10% a las herencias entre tíos y sobrinos (de haberse aprobado antes, el presidente de El Corte Inglés, sobrino del anterior, se habría ahorrado muchos millones. Pero ya habrá otros “sobrinos” que se beneficien...). Estos nuevos “regalos fiscales” en Madrid beneficiarán a 10.900 declarantes al año, que se ahorrarán 32,5 millones de euros.

Al final, con esta “carrera de rebajas” a las herencias, el panorama del impuesto es un galimatías, con 17 impuestos diferentes, como señala este informe del Consejo General de Economistas de España. Y demuestran que se paga muy distinto según donde se herede. Así, un soltero que hereda 800.000 euros (200.000 de una vivienda) no paga nada en Andalucía (antes del cambio, en 2017, pagaría 164.049 euros), sólo 134 euros en Canarias, 1.586 euros en Madrid, 1.587 euros en Extremadura (antes del cambio, en 2017, pagaría 158.796 euros) y 1.640 euros en Murcia (antes del cambio, en 2017, pagaría 65.619 euros), las 5 autonomías donde menos se paga por una herencia. Y donde más pagaría sería en Aragón (155.393 euros), Asturias (103. 135 euros este año, frente a 134.643 antes de la rebaja), Castilla y León (81.018 este año, frente a 125.643 antes), la Comunidad Valenciana (63.193 euros) y Castilla la Mancha (31.759 euros). En las cinco autonomías restantes, esta herencia pagaría entre 15.040 euros (Galicia) y 3.175 euros (La Rioja).

Al margen de estas rebajas, muy ligadas a que en 2019 habrá elecciones autonómicas, España tiene un impuesto de sucesiones en línea con Europa. En los países occidentales, hay impuesto de sucesiones en 19 de los 34 países de la OCDE y España es el 6º país con el tipo máximo más alto (34%), por detrás de Japón (55%), Corea del Sur (50%), Francia (45%), Reino Unido (40%) y EEUU (34%), muy por encima del tipo medio de la OCDE (15%), según un estudio de Tax Foundation. Pero estos son “tipos escaparate”, ya que luego entran en juego las deducciones y bonificaciones que rebajan drásticamente lo que se paga. Y por ello, resulta más revelador la comparación de lo que se ingresa por sucesiones: España ingresa un 0,2% del PIB, en la media de Europa, menos que algunos países como Bélgica (ingresa el 0,7% de su PIB por sucesiones), Francia (el 0,5% del PIB), Bulgaria y Holanda (0,3%), igual que Alemania, Dinamarca Luxemburgo, Malta o Finlandia (0,2% del PIB todos) y más que Irlanda o Grecia (ingresan por herencias el 0,1% del PIB), según Eurostat.

Así que no es cierto que las herencias paguen más en España que en otros países: estamos en la media, aunque hay 15 países OCDE donde no pagan nada (como Suecia, Noruega, Austria, Portugal o Hungría, en Europa). Tampoco es cierto, como señalan los defensores de suprimir este impuesto, que los altos tipos hayan aumentado el número de herencias que se rechazan: 42.987 en 2017, un 10,5% del total, un porcentaje que ha bajado respecto a los peores años de la crisis (20% herencias rechazadas en 2012 y 2013). Muchos renuncian a una herencia porque son viviendas o negocios que llevan aparejadas deudas y no les compensa aceptarlas, no por el impuesto a pagar. Y otros, porque el renunciar a la herencia pasa directamente a los hijos y se reparte entre ellos, con lo que no tributan o pagan menos. Y también favorece los rechazos que sólo se dan 6 meses para pagar este impuesto.

Otra “leyenda urbana” de los opuestos a pagar por las herencias es que han motivado un trasvase de contribuyentes, de las autonomías que más cobran a las que menos. El PP andaluz dijo en 2017 que “40.000 andaluces se mudan cada año a Madrid para heredar sin tributar”. Si fuera cierto, Andalucía se habría despoblado en la última década (400.000). Además, la Ley establece que se aplica la norma tributaria de la autonomía donde el difunto haya vivido más tiempo “en los últimos 5 años”, no vale un cambio repentino.

Pero el hecho es que el impuesto sobre las herencias generó en 2017 un “movimiento social en contra”, apoyado en la Plataforma “Stop Sucesiones”, que organizó numerosas manifestaciones contra el impuesto en Andalucía y Asturias, antes de la rebaja, promovidas en muchos casos por Ciudadanos. “Es un impuesto obsoleto que hay que suprimir”, ha señalado Albert Rivera, quien asegura que es un impuesto que pagan las clases medias porque “los más ricos lo sortean”. Otra crítica es que el dinero heredado tributa dos veces, algo que no es así, según los expertos fiscales, porque el impuesto "grava una transferencia de riqueza que va de unas manos a otras”.

Un hecho demostrable es que suprimir el impuesto de sucesiones beneficiaría sobre todo a los más ricos. Los técnicos de Hacienda (GESTHA) hicieron un estudio en 2017 donde señalaban que la eliminación del impuesto beneficiaría sólo al 0,7% de los contribuyentes, a los herederos de los 181.778 españoles que más ganan (más de 60.000 euros anuales), con una herencia media de 3 millones de euros que ya no pagarían nada. Y perjudicaría al 72,4% de los contribuyentes, a los herederos de esos 14 millones de españoles que ganan entre 6.000 y 60.000 euros anuales.

Y sobre todo, los técnicos de Hacienda advertían de algo evidente: si las autonomías suprimen el impuesto de sucesiones o lo reducen al mínimo, tendrán que compensar esos 2.750 millones que ingresaron por herencias en 2017. Y lo harán subiéndonos otros impuestos, como ya están haciendo, por ejemplo en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que se cobra en las compraventas de vivienda: su recaudación ha subido de 5.637 millones en 2013 a los 9.000 millones previstos en 2018. 

Pero además, es un contrasentido que las autonomías se quejen al Gobierno central de que les falta financiación, de que no les llega con los impuestos cedidos cuando se dedican a una carrera de recortes en sucesiones, en las herencias, donde las rebajas de 2018 van a mermar la recaudación este año en 225 millones, hasta los 2.500 millones. Menos ingresos por querer beneficiar a algunos contribuyentes cuando les faltan recursos para casi todo. No es de recibo que Andalucía pierda este año 50 millones de euros de recaudación en herencias cuando tienen 88.676 ancianos con derecho a una ayuda a la dependencia que no la cobran. Y que Murcia pierda otros 26 millones cuando tienen 5.000 ancianos esperando ayudas (y 290.000 en toda España, según los datos del Imserso). Y lo mismo podría decirse de la falta de recursos en sanidad, educación y ayudas sociales.

España es un país que recauda poco por impuestos, 81.500 millones de euros menos cada año que la media europea, según Eurostat. Y por eso, es un lujo inadmisible que las autonomías se lancen a una carrera por bajar el impuesto de sucesiones a las herencias. Sobre todo, porque es una vía para “redistribuir la riqueza” y “luchar contra la creciente desigualdad”, uno de los pocos caminos para evitar que los hijos y los nietos de los muy ricos hoy lo sean también mañana y se mantenga o crezca la desigualdad. Por eso hay que mantener el impuesto, eso sí, con cambios, como han defendido los 21 expertos que realizaron, en julio de 2017, un informe sobre la futura financiación autonómica. Proponían introducir unos niveles mínimos de tributación, que debería fijar el Estado para toda España (entre el 4 y el 5% y entre el 10 y el 11%, según el grado de parentesco, y un nivel máximo (que no detallan). Homogeneizar el impuesto para que no haya tantas diferencias, pero no suprimirlo porque “tiene una gran capacidad de redistribución de la riqueza”, decían.

Lo mismo piensan los técnicos de Hacienda (GESTHA), que defienden una subida y equiparación de tipos, no una bajada, y piden más flexibilidad en el pago, para que no se tenga que pagar en sólo 6 meses y se pueda incluso fragmentar el pago. Y los sabios que propusieron en 2014 las bases de una reforma fiscal, proponían que aumentara el número de personas que pagan por las herencias aunque con tipos más bajos. Pero tampoco proponían suprimir el impuesto ni desvirtuarlo con bonificaciones, como han hecho varias autonomías y también Madrid con el impuesto sobre el Patrimonio (bonificado al 100%).

El debate sobre el impuesto a las herencias volverá en la primavera de 2019, cuando lleguen las elecciones autonómicas y todos se apunten a hacer rebajas fiscales, en este y otros impuestos. Pero en economía no hay milagros. Si se quieren servicios, y las autonomías gestionan los más importantes (sanidad, educación, dependencia y ayudas sociales), hay que pagarlos con impuestos. Y no se pueden hacer rebajas, menos a los más ricos. Y menos en las herencias, que es una forma de penalizar la desigualdad y reducirla para el futuro. No hagan politiqueo con los impuestos en beneficio de unos pocos, aunque digan lo contrario. Menos demagogia.

Presupuestos 2017: dos mentiras y un milagro

El Gobierno lleva días “vendiendo” dos bondades del Presupuesto 2017 por las que la oposición debería apoyarlos: no tienen recortes y suben mucho los gastos sociales. Dos mentiras. El gasto se recorta en 8.754 millones para reducir más el déficit (bajan inversiones públicas, desempleo y muchas partidas).Y el gasto social sube 1.650 millones, un “parche” frente a los 25.000 millones recortados por Rajoy, mientras 11 millones de españoles (jubilados y funcionarios) perderán poder adquisitivo. También propagan un “milagro” del Presupuesto: creará 506.000 empleos, 92.100 más que en 2016, aunque la economía crecerá menos. Al final, nuevos sacrificios para no recortar el déficit lo previsto, como teme Bruselas. Y todo porque no quieren subir algunos impuestos (IVA, gasóleo, medioambientales, bebidas azucaradas), como piden la OCDE y la Comisión Europea. Podrían conseguirse entre 15.000 y 45.000 millones extras, para reducir el déficit y gastar más, en empleo, crecimiento y gastos sociales. Pero PP y Ciudadanos se niegan. Y así, estos Presupuestos no ayudarán a la recuperación ni al empleo.
 

enrique ortega

En agosto de 2016, El PP tenía mucha prisa en investir a Rajoy “porque había que aprobar con urgencia los Presupuestos de 2017”. Pero hasta el 31 de octubre no consigue ser presidente y como no ve posibilidades de pactarlos con el PSOE, Rajoy opta por prorrogar en diciembre los Presupuestos de 2016, aprobando un ajuste de gastos para 2017, para cumplir con el déficit prometido a Bruselas. Ya nadie pensaba en un Presupuesto para 2017. Pero el PNV no consigue aprobar el Presupuesto vasco con el único apoyo del PSOE. Y el PP vasco se ofrece a ayudarle, prestándole sus votos en marzo. A partir de ahí, Rajoy apuesta otra vez por aprobar un Presupuesto para 2017, con Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria (175 votos), más el posible voto de Nueva Canarias. Si consigue esos 175 votos, puede tumbar a principios de mayo las enmiendas a la totalidad del PSOE y Podemos. Pero luego necesita apoyos para sacar las enmiendas parciales. Y en junio, sólo sacará adelante estos Presupuestos si consigue 176 votos, algo todavía en el aire hoy. Pero Rajoy apuesta fuerte. Si lo consigue, se refuerza dentro y fuera de España. Y si no, tiene un argumento de peso para convocar nuevas elecciones y volver a ganarlas, con un PSOE débil que tendrá una líder recién estrenada.

Rajoy y su Gobierno no sólo lanzan el envite de estos Presupuestos sino que propagan  la idea de que son “los que España necesita” y que si la oposición no los apoya es por “egoísmo político” y no pensando en el bien de los españoles (Montoro dixit), porque son unos Presupuestos “sin recortes y con mucho gasto social”. Dos mentiras que lleva días repitiendo, con el apoyo de sus medios afines (la mayoría). “No hay recortes”, primera mentira. El ajuste del déficit público supone bajarlo del 4,33% del PIB que terminó en 2016 al 3,1% prometido a Bruselas para 2017. Eso supone un ajuste de 14.250 millones, el 1,23% del PIB, el mayor ajuste hecho por Rajoy desde 2012 (el déficit bajó un 2,5% del PIB), superior a los ajustes hechos en 2013 (el déficit sólo bajó un 0,1% del PIB), 2014 y 2015 (-0,8%) o 2016 (-0,77%). Y este ajuste se hace por dos vías: subiendo la recaudación y recortando gastos (5.057 millones sobre los gastos de 2016, que ya recortó otro tanto sobre los gastos de 2015).

Y que hay recortes puede verse en el libro amarillo de los Presupuestos 2017 (página 69), donde las partidas de gasto ascienden a 342.102 millones de euros en 2017, 8.754 millones menos que en 2016. El mayor recorte lo sufrirá, un año más, la inversión pública, que baja un 21,2% (-2.012 millones), sobre todo en ferrocarril, carreteras y obras hidráulicas. También habrá 1.303 millones menos para desempleo (a pesar de que el 54% de los parados EPA no cobran ningún subsidio), un 20,6% menos de ayudas a la vivienda (-121 millones) y un 0,7% menos de subvenciones al transporte (-10 millones), mientras bajan los Presupuestos de Industria y Energía (-0,2%), Comercio, Turismo y Pymes (-11%) y Cultura (-0,7%). Y las transferencias del Estado a otras administraciones públicas (-1,2%). Sube el gasto de Justicia (+7,6%), 122 millones frente a los  322  millones recortados por Rajoy desde 2012. Sube 41 millones el Presupuesto de Educación un 1,7%, lo que la inflación, lo que significa que se congela tras los 7.000 millones recortados por Rajoy desde 2012. Y la partida de Sanidad aumenta otros 93 millones (+2,3%), frente a los 9.000 millones recortados antes. Eso sí, el Presupuesto de Defensa aumenta un 32%, con un gasto que rozará (con el coste de las misiones militares en el exterior) los 9.000 millones en 2017, el gasto del Estado en Sanidad (4.093 millones), Educación (2.525), Justicia (1.726) y Cultura (801 millones) juntos.

Aumenta mucho el gasto social en los Presupuestos 2017. Segunda mentira. Por un lado, hay 11,13 millones de españoles que perderán poder adquisitivo este año: 8.610.495 pensionistas cuya pensión subirá 0,25% frente al 1,7% que subirá la inflación media (según Bruselas) y otros 2.522.819 funcionarios cobrarán sólo un 1% más. Y el ministro Montoro “vende” 1.650 millones extras de gasto social  en los Presupuestos 2017, que son un mínimo “parche” frente a los 30.284 millones que se redujo el gasto público en España entre 2009 y 2014, según la Intervención del Estado (IGAE), de ellos 25.000 millones achacables a Rajoy. Por eso, resulta provocativo que “presuman” de las migajas sociales que ofrecen ahora. Como los 100 millones para Dependencia, que sólo darán para pagar a 15.000 de los 341.301 ancianos dependientes con derecho reconocido que están en espera de recibir ayuda (la tercera parte se morirá antes de cobrar). O los 342 millones de ayudas extras a la familia y la pobreza infantil, cuando España gasta en esto un tercio que en Europa, unos 12.000 millones menos cada año. O los 4 millones más para becas, cuando las han quitado antes 270 millones. O los 263 millones más para Ciencia(I+D+i), a la que han recortado 2.183 millones. O el 5,5% más para políticas de empleo (+289 millones), tras un recorte de 2.135 millones entre 2011 y 2016, a pesar de tener el doble de paro que Europa.

El tercer argumento para “vender” estos Presupuestos 2017 es que son la clave para seguir creciendo y creando empleo. Y dan una cifra mágica: ayudarán a crear 506.000 empleos este año, aunque no explican por qué esa cifra (y no 525.000 o 475.000). Un “milagro”. Porque sólo así se explica que creciendo menos (2,5% frente a 3,2% en 2015 y 2016), España vaya a crear 92.100 empleos más que en 2016. Lo “normal” (milagros aparte) es que si el año pasado se crearon 413.900 empleos con un 3,2% de crecimiento, este año, creciendo un 2,5% (y con las incertidumbres del Brexit, Trump, la subida de tipos, el petróleo caro y el euro alto), se creara menos empleo. La propia Comisión Europea estima 370.000 empleos y eso sería mucho. Así que los 136.000 más que promete Luis de Guindos es un inexplicable “milagro”. Más cuando el 93,9% de las empresas asegura que no necesita contratar ningún trabajador, según la última encuesta trimestral de coste laboral del INE. Y cuando sólo un 45% de las empresas se plantea crear empleo este año, según una encuesta de la consultora KPMG: el 35% dicen que no lo aumentarán y el 20% restante lo reducirá.

Mientras esperamos el “milagro” de tanto empleo nuevo (por supuesto precario y mal pagado: sólo 1 de cada 20 empleos creados desde 2014 son fijos y a jornada completa), el Gobierno sigue haciendo “publicidad”, esta vez de que ha pactado con los sindicatos la convocatoria de 250.000 empleos públicos (si se aprueban estos Presupuestos, si no, no: otro “chantaje a los que voten en contra). Pero ojo: no son empleos nuevos: son plazas para cubrir puestos que ahora ocupan interinos, 130.000 en la sanidad, 100.000 en la educación y 10.000 en la justicia. Y no los regularizan por voluntad política, sino porque les obliga una sentencia reciente del Tribunal Europeo de Justicia. Al margen de estas plazas, el Presupuesto 2017 contempla crear 67.000 nuevos empleos públicos, otro dato del que presumen. Eso sí, ocultan que este Gobierno ha recortado la mayoría de los 227.685 empleos públicos perdidos entre enero de 2010 y julio de 2016 (98.000 en las autonomías y 100.000 en los Ayuntamientos).

El problema de fondo es que, a pesar de tanto recorte (será el octavo año con ajustes) y tanto sacrificio para mucha gente, el déficit público no se va a reducir tanto como se ha prometido, algo que ha pasado los últimos 8 años, salvo 2016 (y el año pasado se ha “cumplido” porque Bruselas abrió dos veces la mano, pasando el déficit objetivo del 2,8% al 3,6%, en abril, y al 4,6% en julio). El Banco de España ya ha dicho que el déficit 2017 será del 3,3% (no del 3,1% prometido) y la Comisión Europea cree que será del 3,5%. Eso significaría que a finales de 2017, Bruselas exigirá a Rajoy un ajuste extra de 4.600 millones.

Y eso puede pasar por dos causas. Una, porque los recortes (sobre todo en inversiones públicas y las mínimas subidas de pensionistas y funcionarios, que se comerá la inflación) van a reducir la inversión y el consumo, los dos motores del crecimiento junto a las exportaciones, que pueden frenarse si  el euro sigue fuerte, Europa crece poco y aumenta el  proteccionismo comercial con Trump. Y entonces, España podría crecer menos de lo esperado y recaudar menos, sobre todo porque Montoro ha hecho una previsión de ingresos (nunca las cumple) “superoptimista”: 14.714 millones más, un +7,9%.

El gran problema de España es que recaudamos mucho menos que el resto de Europa y por eso, aunque Rajoy apruebe recortes año tras año, tenemos el mayor déficit público de Europa (más incluso que Grecia), en 2016 y en 2017. Las cuentas son claras: no tenemos más déficit porque gastemos más que Europa (gastamos 59.400 millones menos: un 42,6% del PIB frente al 48% los países euro) sino porque ingresamos mucho menos (90.000 millones menos: un 38% del PIB frente al 46,2% los paises euro, según Eurostat). Así que si nos fuerzan a rebajar el déficit, sólo hay 2 caminos: recaudar más o más recortes.

Y el Gobierno Rajoy recauda más, pero poco más, no lo que debería para que España recaudara como el resto de europeos. Y no será porque no sepa dónde falla la recaudación. La Comisión Europea, la OCDE y el FMI se lo han dicho en múltiples informes. Primero falla en el IVA: somos el tercer país europeo que menos recauda por IVA (6,5% del PIB frente al 7% de media de la UE-28 y Alemania). Luego, falla en la Renta (IRPF), por un exceso de deducciones: hay 11 paises que recaudan más que España (un 7,4% del PIB frente al 9,4% de la UE-28 y el 9,1% de Alemania). Tercero, en el impuesto de Sociedades, donde hay 18 paises europeos que ingresan más que España (un 2,4% frente al 2,5% de la UE o el 3% de Suecia). Cuarto en los impuestos especiales: España es de los paises donde se pagan menos impuestos (unos 2.200 millones menos) en los carburantes, el tabaco y el alcohol. Y quinto, en sucesiones y herencias, donde España recauda 3.250 millones menos que Europa. Además, Bruselas cree que España podría recaudar 6.710 millones más en impuestos medioambientales, 5.000 millones con la tasa Tobin (operaciones financieras) y 200 millones más con un nuevo  impuesto a las bebidas azucaradas.

En total, si España recaudara impuestos como los demás europeos, podría ingresar 45.000 millones de euros más, que darían para bajar el déficit del 3% exigido (con 15.000 millones) y para gastar otros 30.000 millones en lo que hace falta para fomentar el empleo, ayudar a los más pobres y reanimar la economía: 4.000 millones para fomento del empleo, 10.000 millones para cubrir el agujero de las pensiones, 6.000 millones contra pobreza, 1.000 millones para la Dependencia, 2.000 millones para la sanidad, otros 2.000 para la educación y 5.000 millones para inversiones necesarias (tecnología, infraestructuras, reindustrialización y economía digital). No son “las cuentas de la lechera”. Se pueden conseguir esos ingresos a medio plazo con una reforma fiscal de verdad y sin que la mayoría pague más. Eso sí, habría que volcarse (con más medios) en luchar contra el fraude fiscal y conseguir que paguen más los que pagan poco: grandes empresas, multinacionales y los más ricos. Un dato: Montoro quiere recaudar en 2017 (220.963 millones), casi lo mismo que en 2007 (200.676). Pero para conseguirlo, busca ingresar más con el IRPF (78.027 millones frente a 72.614) e IVA (67.463 frente a 55.851) mientras las empresas pagarán la mitad de impuestos que en 2007 (24.399 frente a 44.823 millones), aunque ya tienen más beneficios que antes de la crisis.

A corto plazo, para este Presupuesto 2017, el Gobierno Rajoy podría haber recaudado más, para no tener que hacer nuevos recortes y subir de verdad el gasto social. La Comisión Europea y la OCDE le han dicho cómo. Primero, deberían subir el IVA al 21% a muchos productos y servicios que pagan ahora el 10% (como hoteles, bares y restaurantes, a los que se suman ahora discotecas y salas de fiesta, a los que estos Presupuestos bajan el IVA del 21 al 10% ): de ahí sacarían 14.000 millones más, dice Bruselas. Segundo, subir el impuesto al gasóleo y dejarlo como la gasolina: son 1.400 millones más. También deberían subir los impuestos ambientales, que aportarían otros 2.000 millones.Y los 200 millones del impuesto a bebidas azucaradas. Sólo con eso serían 18.000 millones más. Pero Montoro se niega a subir el IVA y su socio, Ciudadanos, amenazó con no apoyar los Presupuestos 2017 si subían los impuestos ambientales o se aplicaban tasas a las bebidas azucaradas.

Nada de subir impuestos, coinciden PP y C´s. Es tabú. Y en cuanto puedan los bajarán, prometen. Aquí está el verdadero problema de España y de estos Presupuestos: mientras no seamos como Europa y se recaude más, tendremos más déficit  y habrá peores servicios públicos y menos gastos sociales. No se trata de subir los impuestos a la mayoría, a los que viven de un sueldo, sino a las grandes empresas, multinacionales y a los más ricos. Pero PP y Ciudadanos se niegan a hacerlo, quizás porque no quieren tocar el bolsillo de esos poderosos, que han de ser fiscalmente más “solidarios” (ahora que ya tienen más beneficios que antes de la crisis)  para que el Presupuesto lo sea.

En definitiva, que lo importante no es conseguir aprobar estos Presupuestos para fortalecer a Rajoy, sino aprobar unas cuentas públicas que ayuden de verdad a crecer más y a crear más empleo. Y eso no se hace con más recortes. Y urge aprobar un Presupuesto solidario con los más pobres, que ayude a recuperar lo perdido en sanidad, educación y dependencia y que permita invertir en tecnología e infraestructuras, los cimientos del futuro. Pero para eso hacen falta más recursos, que se pueden conseguir: basta con recaudar como el resto de Europa. Eso sí, algunos tendrán que pagar más, pero no la mayoría. Ahí está el gran debate, no en las mentiras y milagros que quieren vendernos.