Hoy se ha conocido la EPA de septiembre, que refleja lo que todo el mundo dice: la recuperación se está frenando y también el empleo. Este verano se han creado sólo 69.400 empleos, la tercera parte que en 2018 y el menor aumento del empleo desde 2013. Y lo peor: el empleo sólo crece entre los hombres y baja entre las mujeres. Además, sólo un 6,2% de los nuevos contratos son “decentes” (fijos y a jornada completa), con lo que seguimos siendo el país con más trabajo precario de Europa. Y mientras, apenas baja el paro, casi la mitad de los parados llevan más de un año sin trabajo y el 40% no cobran ningún subsidio. De hecho, hay 1,28 millones de parados sin ninguna ayuda, en la pobreza más absoluta. Un panorama muy preocupante, tras 6 años de recuperación y con la amenaza de otra crisis. Por eso, urge tener un nuevo Gobierno que pacte un Plan de choque contra el paro y por un empleo de más calidad, con un acuerdo social entre patronal y sindicatos y con medidas que deberían ser la prioridad de todos los partidos en 2020. El empleo no puede esperar.
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El verano suele ser una buena época para el empleo, por el turismo. Pero este año, ha “pinchado” el turismo (-0,92% de turistas en julio y agosto) y también el empleo, sobre todo en septiembre. Con ello, el empleo se desinfló en el tercer trimestre de 2019, según la EPA conocida hoy: sólo se crearon 69.400 empleos entre julio y septiembre, la menor cifra de creación de empleo desde 2013 (se crearon 183.900 empleos en el tercer trimestre 2018, más de 225.000 en 2016 y 2017, 182.200 en 2015, 151.000 en 2014 y 39.500 en 2013). Y lo más preocupante es que sólo se ha creado empleo entre los hombres (+74.300) y se ha perdido entre las mujeres (-4.900 en el trimestre). Se creó empleo este verano en los servicios (+87.700) y la industria (+51.200), pero se perdió en el campo (-63.000) y la construcción (-6.500). Por autonomías, el empleo aumentó en 11 (+41.000 en Baleares, +31.300 en Cataluña, +16.700 en la Comunidad Valenciana y +15.400 en Castilla y León), pero bajó en otras 6 (-35.000 Andalucía, -15.100 en País Vasco), más Ceuta y Melilla, según la EPA.
Con todo, lo más preocupante es que el empleo que se crea sigue siendo muy precario, más incluso que en 2018. Así, el 90,4% de los contratos firmados entre enero y septiembre de 2019 son temporales, según Trabajo, frente al 89,6% en el primer semestre de 2018, el 90,32% en el 2º y el 89,75% de todo 2018, en línea con el 91% de contratos temporales firmados en 2016 y 2017. Y además, hay una gran rotación, con lo que se firman muchos contratos de corta duración para cada empleo. Así, un 38% de los contratos se firman por menos de un mes y un 25% por menos de 1 semana, sobre todo en el turismo, la hostelería, el comercio y los servicios. Además, lo que sucede es que esta excesiva temporalidad se ceba en un reducido número de trabajadores, unos 212.000, que han firmado una media de 3,3 contratos al mes, unos 40 contratos al año para poder trabajar, según un estudio de CCOO.
Esta alta temporalidad de los nuevos contratos, que arrastramos desde la reforma laboral aprobada por Rajoy en 2012, lleva a que España sea el país europeo con más precariedad laboral: un 26,66% de los asalariados tienen ya un contrato temporal, casi el doble que en Europa (13,7% de contratos temporales en la UE-28), Francia (16.5%) o Alemania (12%), según Eurostat (2019). Y España es también el país europeo donde se hacen más contratos temporales por menos de 6 meses: el 60% del total, frente al 15% en Alemania, según la OIT.
También suben este año los contratos a tiempo parcial (por horas o días), que suponen el 35,4% de los contratos firmados de enero a septiembre (frente al 33,18% en el primer trimestre y el 34,72% en el 2º), según Trabajo. El problema de estos contratos a tiempo parcial es que se concentran en las mujeres: 2,06 millones de los 2,78 millones de asalariados que trabajan a media jornada. Y además, las mujeres y los hombres que trabajan menos horas no lo hacen porque quieren (algunos sí, para cuidar a hijos y padres dependientes), sino porque no encuentran otra cosa. Así, el 55,8% de los contratados a tiempo parcial en España lo son de forma “forzosa” (subempleo), frente al 24,8% de media en Europa, según Eurostat.
Así que España crea empleo, más que la mayoría de Europa, pero sigue siendo un empleo muy precario. De hecho, sólo el 6,2% de los contratos firmados en 2019 (16.783.000 entre enero y septiembre) son contratos “de calidad”: indefinidos y a tiempo completo, menos incluso que en 2018 (6,5% fueron contratos fijos y a tiempo completo), según Trabajo. Pero además, estos contratos “indefinidos” no son tampoco “seguros”: sólo un 63% de los contratos indefinidos firmados a lo largo de 2018 sobrevivían a finales del año pasado, según un estudio de CCOO, que lo achaca a la reforma laboral de 2012, porque en 2011, el 87% de los contratos indefinidos se mantenían. Y otro dato sorprendente sobre la precariedad de los contratos “fijos”: sólo el 50% de los contratos indefinidos firmados en 2017 sobrevivían a finales de 2018: la otra mitad se habían perdido.
Esta elevada precariedad laboral, más en los contratos temporales y de media jornada, pero también en los indefinidos, se traduce en bajos salarios, porque los contratos precarios ganan entre un 39% y un 62% del sueldo de los contratos indefinidos a jornada completa: 17.003 euros anuales los empleos temporales y 10.648 euros a tiempo parcial frente a 27.348 euros los que trabajan a tiempo completo, según la estadística salarial del INE (2017). Eso explica el aumento en España de los trabajadores pobres (los que ganan menos del 60% de la media del país): 2.200.000 personas con empleo, el 13% de los asalariados, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), muy por encima de la media europea (9,5%) y el tercer país con más trabajadores pobres de Europa, tras Rumanía (24%) y Grecia (17%).
Si la situación del empleo es preocupante, lo es mucho más la del paro, que afecta a 3.214.400 españoles y sus familias, según la EPA. La bajada del paro en el trimestre (-16.200) es mucho menor que en los últimos años (bajó en -164.000 en el tercer trimestre de 2018 y en -298.200 parados en 2015). Y aunque la tasa de paro esté ahora en el 13,92% (Rajoy la dejó en el 16,7%), es todavía mucho más alta que antes de la crisis, cuando estaba en el 7,9% (verano 2007). Y, sobre todo, es la segunda más alta de Europa, tras Grecia (17% de paro), con más del doble de paro que la media europea (6,2% en la UE-28) y más de cuatro veces el paro de Alemania (3,1%), según los últimos datos de Eurostat (agosto 2019). Además, el paro afecta especialmente a los jóvenes (31,6% en paro frente al 15% en 2007), los inmigrantes (21% paro) y las mujeres (15,92% en paro frente al 12,7% os hombres). Y hay 5 autonomías que superan o rondan la tasa de paro del 20% (Melilla, Extremadura, Ceuta, Andalucía y Canarias), mientras seis no llegan al 10% (Navarra, País Vasco, Aragón, Cantabria, Baleares y la Rioja), según la EPA.
No es sólo que tengamos todavía una tasa de paro “insoportable”. Es que la situación de los parados es doblemente preocupante. Por un lado, son casi la mitad (el 43,5%) los parados que llevan varios años en paro, sin encontrar trabajo, lo que les dificulta ser recolocados: hay casi 1,4 millones de parados EPA que llevan más de un año sin trabajar, el triple que antes de la crisis (500.000 parados de larga duración en 2007). Y de ellos, casi 700.000 llevan más de 4 años parados, muchos de ellos sin perspectiva de encontrar trabajo porque tienen más de 45 años.
Por otro lado, casi la mitad de los parados no cobra ninguna ayuda, porque se les ha acabado el subsidio o porque su contrato era tan precario que no tiene derecho (o autónomos que no han cotizado). En agosto, último dato de Trabajo, sólo 1.927.778 parados cobraban alguna ayuda, el 60% de los parados EPA, cuando antes de la crisis, en 2007, cobraban subsidio el 76% de los parados. Y hay 4 autonomías donde hay más parados que no cobran ayudas (más del 50%) de los que sí las cobran: Melilla (sólo 31,25% cobran algo), Canarias (49,16%), Ceuta (43,58%) y Asturias (48,37%). Además, entre los que cobran algo, son mayoría (1.018.538 parados) los que cobran un subsidio “asistencial” (de sólo 430 euros, durante unos meses) que los que reciben un subsidio “contributivo” (909.240 parados), que ha bajado a 804,70 euros al mes.
Con la EPA de hoy, el empleo ronda los 19,8 millones de ocupados, lo que indica que se han creado 2.833.700 nuevos empleos (precarios y mal pagados) con la recuperación iniciada en la primavera de 2014. Pero todavía queda recuperar 726.300 empleos para alcanzar la máxima ocupación alcanzada antes de la crisis (20.510.600 españoles trabajaban en septiembre de 2007, según la EPA). Así que no hay que hacer “triunfalismo” con los datos de empleo de junio, sobre todo porque el ritmo de creación de empleo está bajando, como el crecimiento de la economía. La previsión de la Comisión Europea es que el empleo en España crezca este año un 2% (frente al 2,5% en 2018 y el 3% en 2016 y 2017). Eso se traducirá en 350.000 nuevos empleos este año 2019, tras los 566.200 creados en 2018 (y una media de 465.000 cada año entre 2014 y 2017). Y eso si no hay “sustos” en el horizonte económico de los próximos meses (guerras comerciales, subida del petróleo y los tipos, estancamiento en Europa, nuevos ajustes, bloqueo político en España…).
Como he intentado explicar, los datos del empleo y el paro mejoran pero están lejos del resto de Europa y de recuperar la situación que teníamos antes de la crisis, a pesar de estos 6 años de recuperación. Y la situación es angustiosa para muchas familias, o bien porque siguen en paro (mucho tiempo ya y sin cobrar subsidio) o porque tienen empleos muy precarios y mal pagados, que les hacen mirar el futuro con mucha incertidumbre. Por todo ello, el paro sigue siendo “la primera preocupación de los españoles” (para el 60%), según el Barómetro del CIS de septiembre. Y eso hace que las soluciones no pueden esperar, a la vista del grave panorama del empleo y el paro que acabo de reflejar, con datos oficiales.
Lo primero y más urgente es resolver la grave situación de los parados que no cobran y que están en la pobreza y la exclusión social. Son 1.450.000 parados que no reciben ayudas, según un estudio de CCOO. Los sindicatos ya presentaron en el Congreso, en febrero de 2017, una iniciativa popular (apoyada por 700.000 firmas) para pagar una renta mínima de 426 euros a las familias sin recursos, iniciativa que contó con el apoyo de todos los grupos, salvo PP y Ciudadanos. Ahora, casi 3 años después, esta propuesta de renta mínima sigue sin aprobarse y tendrá que debatirse en el Congreso que salga tras las elecciones del 10-N. Mientras, la Autoridad Fiscal independiente (AIREF) ha dado un espaldarazo técnico es esta renta mínima, al presentar un estudio donde defiende crear una renta mínima de 430 euros para 1,8 millones de familias excluidas, con un coste de 5.500 millones anuales.
El próximo Gobierno debería pactar también un Plan de choque contra el paro, dirigido especialmente a los jóvenes, las mujeres y los parados de larga duración, los colectivos que tienen más difícil colocarse. Primero, hay que volcarse en su formación (hay 1.504 millones de euros para formación sin gastar, de los ejercicios 2015, 2016 y 2017), con cursos más eficaces y ligados a lo que piden las empresas. Segundo, hay que reformar los servicios públicos de empleo (SEPE), para que no sean unas oficinas burocráticas sino que ayuden realmente a los parados a encontrar empleo, como agencias de colocación. Un avance pueden ser los 3.000 asesores que han contratado las autonomías para orientar a los jóvenes parados, en cumplimiento del Plan de empleo joven aprobado por el Gobierno Sánchez en diciembre. Y tercero, hay que incentivar (ayudas fiscales, cotizaciones) a las empresas que contraten de forma estable parados de larga duración, casi la mitad de los parados.
En tercer lugar, urge un acuerdo social, entre patronal y sindicatos (con el apoyo del Gobierno y los partidos), para conseguir más empleo “decente”, con una estrategia de “palo y zanahoria”: palo a las empresas y sectores (hostelería y servicios) que “abusan” de los contratos temporales y por horas para empleos que son estables y con jornadas normales. Hay que reforzar la Inspección de Trabajo y lanzar campañas contra los que defraudan, como la iniciada en agosto de 2018 (se regularizaron 195.000 falsos empleos temporales en 2018). Y “enseñar la zanahoria” al resto, para incentivarles a que hagan contratos fijos y con jornadas normales, con menores cotizaciones e impuestos. Con un seguimiento periódico y un objetivo: por ejemplo, rebajar del 89,75% al 70% el porcentaje de temporales en los contratos de 2020. Se puede conseguir si se convence a los empresarios que ahora, tras varios años con beneficios, pueden y deben ofrecer contratos decentes. Y eso pasa también por una reforma normativa, para dar marcha atrás a la reforma laboral de Rajoy de 2012, como piden los sindicatos y la izquierda.
Y hay una cuarta medida de fondo para promover el empleo en España: cambiar el modelo económico de crecimiento, asentado en el turismo, la hostelería, las tiendas y la construcción, sectores con un empleo estacional, precario y mal pagado. Hay que apostar por la industria y la tecnología, porque el 92% de los empleos en España se crean en actividades de bajo contenido tecnológico y sólo el 8% en ramas de tecnología media y alta, las que tienen futuro, según un estudio de CCOO. Eso significa evitar ser “la California de Europa” y apostar por un país más competitivo, que cree más empleo (tenemos 1.800.000 empleos menos que la media de Europa: un 67% de adultos trabajando frente al 73,2% en la UE-28) y un empleo más estable y más productivo, para vivir mejor.
Son retos muy importantes y que exigen tiempo. Pero urge empezar cuanto antes, porque el empleo no puede esperar: es lo que más preocupa a los españoles, aunque no a los políticos. Dejen de pelearse y tomen medidas eficaces para que trabajen más españoles, con empleos decentes y mejor pagados. Esa debería ser la gran prioridad del Gobierno y los demás partidos tras el 10-N. Muévanse.
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