Sindicatos
y patronal están que trinan
con el Gobierno por su política
de formación: le han denunciado
ante los Tribunales y el Defensor del Pueblo por marginarles y
le critican que han caído un 23% las
empresas que hacen formación, que no es útil para el empleo y que además no se gasta el 26% del dinero que pagan empresas y
trabajadores con sus cuotas. Y exigen
una nueva Ley para la formación,
porque la de 2015 la aprobó el Gobierno Rajoy sin acuerdo de las fuerzas
sociales y ha empeorado la situación. Urge tomar medidas porque España tiene
un grave problema de formación (el 42,8% de adultos tienen poca) y sólo hacen cursos el 12% de los empleados y el 7,4% de los parados, muchos menos que en Europa. Por si fuera
poco, la mitad del dinero de la formación recaudado desde 1993 se ha gastado en
otras cosas. Un escándalo y un suicidio,
porque en la formación nos jugamos el
empleo del futuro.
Alta
tensión entre las fuerzas sociales y el Gobierno Rajoy a cuenta de su política de formación a empleados y parados.
En los últimos meses, la patronal y los sindicatos han denunciado al Gobierno a los Tribunales
por no contar con ellos en la aprobación de los cursos de 2016, que han
controlado sólo las oficinas de empleo (SEPE). Y también han denunciado al Gobierno
ante el Defensor del Pueblo por
negarles información sobre lo que han hecho con el dinero de la formación no
gastado en 2016: han “sobrado” 64 millones de euros, un 26% de los fondos disponibles. Y
por si fuera poco, sindicatos y patronal se quejan de que el Gobierno les ha
enviado en mayo el tercer borrador de Reglamento para desarrollar la Ley de reforma de la
formación, aprobada por decreto-ley hace
más de 2 años, en marzo de 2015 (y convalidada como Ley 30/2015, en
septiembre).
Con todo, quizás lo más llamativo es que patronal y sindicatos están preparando una declaración conjunta para
denunciar los graves problemas de la política de formación en España, que
en su opinión “se ha deteriorado aún más” con la última Ley, que el Gobierno
aprobó en 2015 sin contar con las fuerzas sociales. Denuncian que ha caído un 23% el número de empresas que hacen formación, de 478.600
en 2013 a 368.300 en 2016, menos del 30% de todas las empresas que cotizan, cuando en Europa
hacen cursos de formación entre el 50 y el 75% de las empresas, según los
paises. Y ello lo explican porque la nueva ley ha encarecido los cursos y ha dejado de cofinanciar los cursos de las empresas entre 5 y 10
trabajadores, lo que ha expulsado a muchas micropymes de la formación. Además
se quejan de la falta de transparencia en la adjudicación de los cursos y que, tras la
reforma, se han concentrado en menos
empresas, muchas vinculadas a grandes consultoras: sólo 19 entidades se
reparten el 305 de los fondos (casi 3 millones cada una), mientras otras 287 se
llevan una dotación media de 67.000 euros. Y además, se quejan de que los
cursos son demasiado generalistas, poco ligados a lo que necesitan las empresas y el 80% son online.
Con todo, su mayor
crítica es que no se gasta el dinero
destinado a la formación y eso demuestra el fracaso de la política que se
hace. Año tras año, las empresas no piden parte del dinero destinado a ayudarles a la
formación (ellas tienen que aportar entre el 10% y el 40% del coste de los
cursos, según su tamaño) y el problema es que ese dinero se pierde,
porque el Gobierno y las autonomías lo
gastan en otras políticas de empleo (bonificación de cuotas, trabajos de
parados, prácticas en empresas, ayudas a emprendedores…) o se lo ahorran, para reducir su déficit. Y además, se niegan a informar a empresas y sindicatos qué hacen con estos remanentes,
a pesar de que el dinero de la formación sale de las cuotas que pagan las
empresas (0.6% de la masa salarial) y los trabajadores (0,1%). Y año tras año,
quedan remanentes de estas cuotas sin gastar, entre el 20 y el 26%. La patronal CEOE estima que no se han gastado
1.000 millones de los fondos de formación sólo desde 2012.
Este dato es un
escándalo y un suicidio en un país que necesita formar a sus trabajadores como el comer, porque la
formación de los adultos españoles es muy baja comparada con Europa: el
42,8% de los españoles de 15 a 64
años sólo tiene la ESO o menos, frente al 26,6%
de europeos con poca formación, según el último dato de Eurostat (2016). Y en la franja media de estudios, con
bachillerato o FP, tenemos sólo a un
24,6% de los españoles adultos, frente a un 46,3% de europeos. Eso sí, en el nivel universitario tenemos más
porcentaje de adultos que Europa: un 32,6% frente al 27,1%. Y si esto sucede
entre todos los adultos, preocupa más que esa brecha de formación se mantiene
también entre los jóvenes (25-34 años): tenemos un 34,7% de jóvenes que tienen sólo la ESO o menos, frente a sólo un 16,5% de jóvenes poco formados en
Europa. Y con formación media, 24,4% de jóvenes frente a 45,4%.
Unos
datos tremendos, como para desperdiciar la cuarta parte de
los fondos para formación. Y más cuando España,
además de tener adultos poco formados, gasta menos en formación y hace menos cursos que el resto de Europa.
Así, sólo un 11,9% de los españoles
que trabajan hicieron algún curso de formación en 2015, frente a una media del
14,7% en Europa (UE-28), el 12,5% en Alemania, el 20,9% en Reino Unido, el 23% en Francia, el 31,5% de Suecia o
el 37,4% de los trabajadores en Dinamarca, según datos de la Comisión Europea y
el Banco de España. Y si miramos a los
parados, sólo el 7,4% de los
desempleados hicieron algún curso de formación en 2015, frente al 9,6% en
Francia, el 23,7% en Alemania y el 25% de parados que se forman en Italia,
países con la mitad o menos de parados que España.
La poca formación
y el desprecio por hacer cursos de empresas, trabajadores y parados es uno
de los talones de Aquiles de la economía española y la recuperación,
según el último informe del Banco de España 2016. Y eso porque el empleo del futuro sólo será para los más
formados: para 2020, el 50% de los empleos en Europa serán para
trabajadores con formación media, el 35% para los que tengan niveles altos y
sólo quedará un 15% del empleo para los europeos que tengan baja formación (el
42,8% de los españoles adultos), según un estudio de CEDECOP.
Y centrados en España, de los nuevos
empleos disponibles aquí dentro de una década (entre 8,8 y 10 millones), sólo el 2,3% serán para los que tienen baja
formación, un 39,35 para los que tengan estudios medios y más de la mitad
restante (58,4%) para los que tengan educación superior, según un estudio de la Fundación BBVA e Ivie.
Por todo ello, parece claro que nos jugamos el empleo futuro en
mejorar la formación de los españoles, sobre todo los más jóvenes. Y
por eso, los sindicatos y la patronal,
casi siempre a la greña, se han puesto de acuerdo en exigir reformas urgentes al Gobierno. La primera y
fundamental, que lo que las empresas y trabajadores coticen por formación se
gaste en formación. Porque según estima la patronal CEOE, de los 35.215
millones de euros ingresados por la cuota de formación profesional desde 1993 a
2016, sólo 20.682 millones se han
gastado realmente en formación. El resto, el 41,3% de lo recaudado se ha gastado en otras cosas o se lo han “ahorrado”
los distintos Gobiernos. Y además de gastar lo recaudado, el Gobierno debe aportar más a la formación, porque Rajoy
ha recortado a la séptima parte
la aportación estatal: de 934 millones en 2011 a 134 millones en 2015 (la tercera fuente de ingresos, los fondos europeos, se mantienen
estables, en 100 millones anuales).
Aparte de gastar
más en la formación, se trata de gastarlo mejor y con más transparencia.
Las fuerzas sociales se quejan de que los procesos de petición y gestión de
las ayudas para la formación son muy
burocráticos (duran más de 9 meses), con demasiado ocultismo y poca transparencia, máxime ahora que han echado a
sindicatos y patronal del organismo de supervisión. Y se quejan también de la falta
de coordinación entre la Administración central y las autonomías. Por otro
lado, piden una mayor participación de las empresas privadas, sobre todo de las pymes, en
la selección y oferta de los cursos, porque critican que la mayoría de cursos están obsoletos y existe una oferta formativa desequilibrada: deja
sin cursos a aquellas ramas formativas
que no resultan rentables a las academias privadas, por lo que los sindicatos
piden más participación en la formación de los centros educativos públicos. Y
además, que se incluya la formación como un elemento clave en la negociación de
los convenios, para que los
sindicatos peleen por la formación junto a los salarios, el horario y las condiciones de trabajo.
Y junto a estas peticiones de sindicatos y patronal, una
petición más: buscar la transparencia y evitar el fraude y la corrupción en la gestión de los cursos de formación,
como se ha detectado en demasiados casos en Madrid y Andalucía. De hecho, el Ministerio de Empleo acaba de reclamar a 41.000 empresas (entre ellas Inditex, Ikea, Repsol, Mercadona, el Barça...) que devuelvan descuentos de cotizaciones cobrados indebidamente por cursos a empleados. Formación sí,
pero no como un negocio paralelo de
sindicatos y patronal o empresas para complementar su maltrecha financiación. Eso
exige controles, pero sin que se eternicen los procesos
con lentas y complejas solicitudes que hunden la formación, como ha pasado
desde 2015. Y sobre todo, no quedarse sólo en controles de legalidad, sino
multiplicar los controles de eficacia.
Porque si no pasará lo que pasa ahora: que se
hacen cursos inútiles y faltan trabajadores cualificados en lo que necesitan las
empresas. De hecho, en el mercado laboral español faltarán 1,9 millones de
profesionales altamente cualificados en 2020, según un estudio de Randstad: científicos, ingenieros, tecnólogos y matemáticos que tendrían
que estar formándose ahora.
En definitiva, que patronal
y sindicatos se han puesto de acuerdo en pelear por otra formación en España
y han propuesto sus reformas al resto de partidos políticos, que están de
acuerdo con ellos, salvo el PP. Es el momento de proponer un gran Pacto por la formación de los empleados y los parados, con
más recursos y una gestión más eficiente y transparente, para mejorar el nivel
de unos adultos y parados poco formados. Es una de nuestras grandes asignaturas
pendientes, como insisten la Comisión Europea, la OCDE y el Banco de
España. Porque en la formación nos jugamos el empleo del futuro.
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