Este mes de enero, casi 14 millones de españoles van a ganar algo más. A los 8,8 millones de pensionistas les suben este año un 1,6%, como en 2018. Y cobrarán además, en febrero, una “paguilla” de 13,43 euros, para compensarles de inflación extra en 2018. Los 2,55 millones de funcionarios cobrarán un 2,25% más, que puede llegar al 2,5%.Y los 2,5 millones de trabajadores que cobran el salario mínimo tendrán una subida del 22,3% y ganarán 900 euros al mes. El resto, 14 millones de asalariados más, tendrán que negociar la subida 2019 con su empresa, aunque patronal y sindicatos han pactado una subida del 2% para este año, que no se cumplió en 2018. Son más ingresos para muchos, lo que ha provocado quejas de las empresas, por un aumento de costes, pero sus beneficios llevan años subiendo mientras trabajadores y pensionistas han perdido poder adquisitivo. Lo bueno es que estos mayores ingresos de las familias harán subir el consumo y compensarán el menor crecimiento previsto para 2019. Eso sí, seguimos con sueldos un 21% más bajos que los de Europa.
enrique ortega |
Además, todos los pensionistas
van a cobrar "antes de abril" (quizás en febrero) una “paguilla”
para compensarles de la mayor subida del IPC sobre lo previsto en 2018: habrá
subido de media un 1,68% entre diciembre 2017 y noviembre de 2018, subida que se redondea al 1,7%. Y como
las pensiones subieron un 1,6% en 2018, se les compensa ese 0,1% de diferencia,
lo que supondrá un pago único de 13,43 euros (0,95 de desviación por 14 pagas), según
la Seguridad Social. Otro extracoste para el sistema de pensiones, de 257
millones de euros en 2019 (128,6 millones por la paguilla y otros 128 adicionales porque se consolida en la pensión
de este año).
En total, entre subida anual y "paguilla", serán 2.596 millones de gasto extra para la Seguridad Social en 2019, lo que complica aún más sus cuentas y su agujero (-17.000 millones de déficit previsto para 2018). Para compensarlo en parte, el Gobierno Sánchez ha aprobado una subida de las bases de cotización mínimas (+22%: 1.500 millones más de ingresos) y máximas (+7%: otros 850 millones más), lo que supondrá 2.350 millones de euros más de ingresos por cotizaciones en 2019.
En total, entre subida anual y "paguilla", serán 2.596 millones de gasto extra para la Seguridad Social en 2019, lo que complica aún más sus cuentas y su agujero (-17.000 millones de déficit previsto para 2018). Para compensarlo en parte, el Gobierno Sánchez ha aprobado una subida de las bases de cotización mínimas (+22%: 1.500 millones más de ingresos) y máximas (+7%: otros 850 millones más), lo que supondrá 2.350 millones de euros más de ingresos por cotizaciones en 2019.
Los empleados
públicos, 2.553.505 personas en 2018, también verán subir desde este mes su sueldo, una media
del 2,25% para todos, más otro 0,25% que se negociará con las
distintas Administraciones (estatal, autonómica y local) para pagar
homologaciones retributivas o planes de pensiones. Incluso podrían subir otro 0,25% más si la economía crece
este año 2019 un 2,5%, algo que ningún experto ni organismo internacional creen
(se apuesta por un crecimiento del 2,2%). Curiosamente, lo que hace el Gobierno Sánchez con esta subida es aplicar el acuerdo al que llegaron los sindicatos de funcionarios y el Gobierno
Rajoy en marzo de 2018, poco antes de salir de la Moncloa. Fijaba una subida
salarial mínima del 1,75% en 2018, 2,25%
en 2019 y 2% en 2020, más las
homologaciones retributivas (0,20% en 2018, 0,25 en 2019 y 0,30% en 2020) y
otro 0,25% de aumento salarial si la economía crece un 2,5% en 2019 o 2020,
algo bastante difícil de conseguir.
Con la subida de 2019 (que costará 3.625 millones, 2.100 millones a cargo de las autonomías), más la subida del año pasado y la de 2020, los
empleados públicos aumentarán su sueldo un
6% en tres años (que llegará al
6,75% para algunos colectivos, por la homogeneización de sueldos) , con lo que no recuperarán ni la mitad del poder
adquisitivo perdido desde 2010, un -14%, tras la bajada de sueldos
de mayo de 2010 (-5%), la congelación salarial de 2011 a 2015 y la mínima
subida de 2016 y 2017 (+1%).
El tercer colectivo en subir sus ingresos serán los trabajadores que cobran el salario
mínimo, 2,5 millones de asalariados. El pacto presupuestario entre el PSOE y
Podemos se ha traducido en un decreto-ley, aprobado en el Consejo de Ministros celebrado en Barcelona,
por el que se sube el salario mínimo un
22,3% este año, de 735,90 a 900 euros mensuales (en 14 pagas o
1.050 euros en 12 pagas). Una subida que beneficiará a 1.327.000 asalariados del régimen general que cobran el
salario mínimo (20% trabajan en el comercio y la reparación de vehículos, 14%
administrativos y personal de empresas de servicios, 10,8% en hostelería, 6,8%
en sanidad y servicios sociales, 6,8% en servicios públicos y el resto en
ciencia y tecnología, educación e industria), más de 750.000 trabajadores eventuales del campo y temporeros y 400.000 empleadas de hogar. En estos dos últimos casos, la subida afecta al pago por
horas y sube también el 22,3% (de 5,76 a 6,90 euros/hora).
Esta abultada subida
del salario mínimo (SMI), la mayor
desde 1977, puede provocar problemas en tres colectivos donde
su aplicación tendrá que ajustarse. El primero, en el campo, entre temporeros
y trabajadores eventuales, donde el decreto del Gobierno permite ahora pagar el SMI por horas (hasta ahora
estaba referenciado a la jornada legal), lo que abre el riesgo de “prácticas indeseadas que conllevarían una
mayor inseguridad de estos colectivos”, según denuncia CCOO, preocupada porque algunos empresarios agrícolas utilicen el
nuevo sistema para contratar por horas y tratar de pagar menos, algo que
también preocupa a la Seguridad Social. El segundo problema puede saltar entre los trabajadores discapacitados:
hay 481.000 discapacitados trabajando
y la mayoría cobran el SMI, con lo que muchas empresas pueden tener la
tentación de despedirlos ahora que son “más caros”, creándose un problema a los
1.992 “centros especiales de trabajo” (donde el 75% de los empleados son
discapacitados), que reciben un 50% del sueldo de estos discapacitados en
subvenciones de las autonomías, que ahora deberían aumentar.
El tercer problema, el
más peliagudo, son las contratas que tiene el sector público (Estado, autonomías y Ayuntamientos) con
empresas privadas de limpieza, seguridad y mantenimiento, subcontratas
que ya han pedido renegociar los
contratos al haberles subido los costes un 22,3%. Incluso algunas están
estudiando llevar a la Administración a
los Tribunales si no les compensa
del extracoste. De momento, parece que la decisión de Hacienda es que se revisen los contratos uno por uno y asumir una parte del extracoste, pero no todo,
obligando a las subcontratas a asumir otra parte (si no quieren perder el
contrato). Pero la patronal CEOE
quiere una solución única para todas estas subcontratas y que la
Administración asuma en sus cuentas el aumento del salario mínimo.
Además de estos problemas concretos, la fuerte subida del salario
mínimo ha provocado una avalancha de duras críticas, de la ortodoxia económica y los empresarios. Primero, la Comisión Europea
estimó que la subida provocará que España cree 75.000 empleos menos entre 2019 y 2020. Y el Banco de España (cuyo gobernador gana 183.000 euros anuales) asegura que la medida costará 150.000 empleos. Mientras, el premio Nobel estadounidense Josep Stiglitz
les replica que subir el salario mínimo “no daña el empleo” y que hay datos abrumadores que lo confirman (lean este interesante artículo del catedrático Carlos García Serrano). En cualquier caso, sepamos que, aún con 900 euros (1.050 en 12
pagas), el salario mínimo en España es
más bajo que en la mayoría de Europa: se pagan 1.999 euros en Luxemburgo,
1.614 en Irlanda, 1.578 en Holanda, 1.563 en Bélgica, 1.499 en Francia, 1.498
en Alemania y 1.463 en Reino Unido, según datos de Eurostat para julio 2018 (SMI
en 12 pagas), estando sólo por debajo los salarios mínimos de Malta (748
euros), Grecia (684 euros), Portugal (677) y 11 paises del Este, mientras en
Italia, Dinamarca, Chipre, Austria, Finlandia y Suecia no hay salario mínimo.
Junto a estos tres colectivos (jubilados, empleados públicos
y trabajadores que cobran el salario mínimo), 13,85 millones de españoles que van a ganar más desde este mes, hay
otros 14 millones de asalariados que
tienen que negociar con su empresa la subida de 2019. En principio, muchos
han firmado ya sus convenios, con una subida media del 1,7% en los negociados hasta noviembre. Y la patronal y los sindicatos firmaron, en
julio de 2018, un pacto salarial, dentro del IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), por el que los sueldos subían un 2% en 2018, 2019 y
2020, más otro 1% variable según las mejoras de productividad. Además,
pactaron un sueldo mínimo de 1.000 euros
para 2020.
Sin embargo, no
parece que este pacto salarial se haya cumplido en 2018, a la vista de la
subida pactada en los convenios (+1,7% en los firmados hasta noviembre) y del
aumento anual de los costes salariales que refleja el INE hasta septiembre:
+1,2%. Y eso se debe a que muchos
trabajadores no tienen convenio y hay muchas pymes que no tienen sindicatos y
cuyos directivos no acatan este pacto salarial. Por eso, todo indica que la subida salarial de los asalariados será
inferior al 2% en 2019, aunque ganarán poder adquisitivo (se espera que la inflación media suba el 1%). La subida salarial podría ser menor si el
enfriamiento de la recuperación, en Europa y en España, ralentiza ventas y exportaciones y
algunas empresas ven reducidos sus
beneficios en 2019.
Pero no es justo que las empresas "racaneen" con
los salarios. Primero, porque los beneficios
empresariales se han recuperado con creces de la crisis, pero los salarios no: los beneficios de las empresas han aumentado 98.680 millones de
euros entre 2008 y 2017 (82.000 millones se los han quedado las empresas y
15.663 millones han ido a sus accionistas, como dividendos) mientras los salarios totales se reducían en 10.214 millones,
según el INE. Y con ello, las empresas han aumentado “su trozo” en el reparto
del pastel de la renta: si en 2008 se llevaban el 41,7% de la riqueza
generada, en 2017 se llevaron el 42,5%. Y los trabajadores “han perdido pastel”: del 50,1% que se llevaban en 2008 al
47,3% de 2017, según el INE (el resto, hasta el 100% se lo llevan los
impuestos).
Además, las empresas no pueden argumentar que ya pagan salarios altos, porque con la “devaluación
salarial” sufrida por los trabajadores españoles (el salario medio
bruto subió sólo un 2,09%, 38,70 euros, entre 2012 y 2017, un 0,41% menos que el IPC,
según el INE), el coste
de la mano de obra es mucho
menor en España que en los grandes paises de Europa con los que competimos. Así, el coste por hora trabajada en España era de 21,2 euros en 2017, un 21% menos de lo que se pagaba en Europa
(26,8 euros en la UE-28) y un 29% menos que el sueldo por hora en la zona euro
(30,3 euros), según Eurostat. Y muy inferior al sueldo
de Suecia (38,3 euros/hora), Francia (36 euros), Holanda (34,8), Alemania
(34,1), Italia (28,2) o Reino Unido (25,7 euros/hora).
España y nuestras empresas no
pueden aspirar a ser “la China de Europa”,
a competir en base a tener los sueldos más bajos. Y menos quejarse de que ahora tengan que
pagar un mínimo de 900 euros al mes a
cualquier empleado: poco eficiente y
competitivo es un negocio si no da para pagar ese mínimo sueldo. Y tiene
poco futuro, así que su problema no es que tenga que pagar ese salario mínimo
sino quizás su modelo de negocio. Además, las empresas tienen también otros
costes no salariales, que son mucho
más altos en España que en Europa y de los que no se quejan tanto. Unos, los costes energéticos: la electricidad les cuesta a las
empresas en España un 20% más cara
que la media europea (0,083 euros/kwh sin impuestos en 2017 frente a 0,069
euros/kwh), un 29% más cara que en Alemania (0.064 euros/kwh) y un 40% más cara
que en Francia (0,059 euros/kwh), según
Eurostat. Y lo mismo los créditos:
en España cuestan de media el 4,72% (tipos a más de 5 años), el doble del 2,36% que cuestan en la
zona euro, según
el Banco de España.
Otro grave problema de que los salarios suban poco es que
las familias ingresan menos y consumen menos, sobre todo si sube la inflación (como pasa desde 2017), lo que ralentiza el crecimiento de la economía y el empleo, además de reducir la recaudación de impuestos
(IVA y Renta) y los ingresos por
cotizaciones de la Seguridad Social (más gente trabajando con sueldos bajos
igual a menos ingresos y déficit). Por eso, y a pesar de las críticas, la
subida del salario mínimo, los sueldos de los funcionarios y las pensiones van a servir para reanimar el consumo y el crecimiento en 2019, un año que soplarán “vientos en contra
desde fuera de Europa y del mundo (por lo que el crecimiento bajará del 2,5 al 2,2%). Además, ayudará a Hacienda
a recaudar algo más, que falta hace (para gastar más en tantas cosas y reducir el
déficit). Y, sobre todo, mejorará las
cuentas de la Seguridad Social: sólo la subida del salario mínimo aumentará las cotizaciones en 1.500 millones. Y si esa subida tiene “un efecto arrastre” sobre todos los salarios,
como “temen las empresas, la recaudación de la SS podría subir hasta 3.000
millones en 2019, algo que hace mucha falta a las pensiones.
Bueno, hay muchos
españoles que ganarán algo más este mes y este año. Ahora, lo que hace
falta es que esos mayores ingresos se traduzcan en mejoras de productividad en las empresas y en las Administraciones públicas
y en mayores ingresos de Hacienda y la Seguridad Social. Y a partir de ahí, tengamos
claro que si queremos ganar más, los
españoles tendremos que ser más productivos, para lo que tenemos
que mejorar la formación y conseguir unas empresas más competitivas, en un
país más innovador, moderno y eficiente. No podemos tener unos salarios de
subdesarrollo pero si queremos tener los sueldos de la Europa rica, tenemos que mejorar a
fondo nuestra formación, nuestra tecnología, nuestro trabajo y nuestras
empresas, para que produzcan más y con más valor y más empleo. Una buena petición para los Reyes Magos.
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