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| Enrique Ortega |
La Dependencia es uno de los 4 pilares del Estado del Bienestar, junto a la sanidad, la educación y las pensiones. Pero desde hace 15 años, cuando la Ley de la Dependencia inició su camino (2007), ha sido “la pariente pobre” del sistema de protección social, con falta de financiación primero y luego, a partir de 2012, con los recortes que aprobó el Gobierno Rajoy y que secundaron todas las autonomías. En total, entre 2012 y 2020, el gasto en Dependencia se recortó en España en 6.321 millones, según el cálculo de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En enero de 2021, Gobierno y autonomías pactaron un Plan de Choque para relanzar de una vez la Dependencia, con un compromiso de dedicar 3.600 millones más de los Presupuestos del Estado entre 2021 y 2023.
El primer año del Plan de choque, en 2021, el Estado central (los Presupuestos) aportó a la Dependencia 1.992 millones de euros, un 44% más (+608 millones) que en 2020. Pero al hacer el balance del año, los Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncian dos hechos. El primero, que las autonomías no han hecho apenas su esfuerzo (cofinancian con el Estado central la Dependencia): sólo aportaron 7.566 millones, un 0,57% más que en 2020. Y lo más escandaloso: 11 autonomías aprovecharon que el Estado central gastaba más para gastar ellos menos, para “hacer caja” y desviar dinero de la Dependencia a otros fines. Los casos más llamativos fueron Cataluña (gastó 55,1 millones menos en Dependencia en 2021), Canarias (-43,6 millones) y Castilla y León (-41 millones), aunque también gastaron menos Galicia (-19,6 millones), Aragón (-8), País Vasco (-6,8), Extremadura (-4,1), La Rioja y Murcia (-3,8 millones), Navarra (-2,4) y Castilla la Mancha (-0,5 millones).
En los casos de Cataluña y Canarias, el destacado “ahorro” hecho en 2021 es más escandaloso porque son las dos autonomías con más listas de espera: en Cataluña esperan una ayuda (ojo: que tienen legalmente reconocida) el 29,62% de los dependientes (12.611 murieron en 2021 “esperando”) y en Canarias “esperan” la ayuda reconocida el 26,25% de los dependientes (3.202 fallecieron en 2021 sin recibirla), según los datos de los Directores de Servicios Sociales. Y otra autonomía “ahorradora”, La Rioja, es la 2ª con más porcentaje de listas de espera: el 28,30% de sus dependientes en abril, según el IMSERSO.
El otro dato preocupante del balance de 2021 es que por culpa de la baja inversión de las autonomías (reitero: 11 gastaron menos que en 2020), se han perdido 75,77 millones de los aportados por el Presupuesto estatal: no se han gastado y Asuntos Sociales tiene que devolver ese dinero a Hacienda. Y eso porque el Estado central aporta una cantidad por dependiente, pero si la autonomía no la completa con otra (porque gasta menos), esa ayuda presupuestaria se pierde y el Dependiente no la recibe. Increíble pero cierto.
El problema no es sólo que la mayoría de las autonomías no hayan hecho el esfuerzo extra que sí hicieron los Presupuestos 2021 por el Plan de choque. Es que, por ello, no se han cumplido varios de los objetivos del Plan. El primero, reducir las listas de espera en 60.000 dependientes en 2021: sólo se ha reducido en 38.807, quedando todavía 193.436 dependientes a la espera de que les llegara su ayuda reconocida a finales de 2021. El 2º objetivo, extender la teleasistencia a todos los dependientes con un grado reconocido que vivan en su casa, tampoco se pudo cumplir en 2021: se aumentó el servicio de teleasistencia a 37.825 dependientes más, pero todavía quedan sin ese servicio 760.000 dependientes reconocidos. El tercer objetivo incumplido es la mejora de las prestaciones: ha mejorado el servicio de ayuda a domicilio (de 33,45 horas semanales ha pasado a 39,6 horas), pero la prestación más importante, la que reciben las familias por cuidar a un dependiente, se ha reducido en 2,51 euros al mes (de 239 a 236,49 euros).
Así que el Plan de choque, que iba a acabar con casi una década de recortes a la Dependencia, no ha funcionado como se esperaba en 2021. El esfuerzo de los Presupuestos del Estado ha sido importante, pero todavía hay una “dejación” del Estado central, que sigue cargando sobre las autonomías la mayor parte de la financiación de la Dependencia, cuando la Ley de 2006 estableció que la financiación pública de la Dependencia debía ser paritaria: 50% lo pagaría el Presupuesto del Estado y 50% las autonomías. En 2009, el Estado central pagaba el 46% y las autonomías el 54%. Pero a partir de 2010 y sobre todo con los recortes de Rajoy en 2012, el peso del Estado central en el gasto público en Dependencia bajó al 23,5% en 2013 y a un mínimo del 19,4% en 2019, financiando el 80,6% restante las autonomías. Y a pesar del salto por el Plan de choque, en 2021, el Estado central sólo financió el 27,3% del gasto público en Dependencia y las autonomías el 72,7% restante.
Las autonomías, que gestionan la Dependencia, se han encontrado estos 15 años con un enorme salto en el número de dependientes (de 758.361 beneficiarios en 2015 a 1.238.399 en abril de 2022) y una menor aportación del Estado central. Y han tratado de “capear el temporal”, atendiendo a más dependientes con sus pocos recursos. Para afrontar el reto, las autonomías han aplicado 3 “trucos”: dilatar en lo posible los expedientes que reconocen la dependencia de una persona (la mayoría, mayores), retrasar lo más posible la ayuda una vez reconocida legalmente (las “listas de espera: 194.842 personas, el 13,59% de todos los dependientes reconocidos) y tratar de conceder ayudas “low cost”, intentar prestar ayudas más baratas para poder cubrir a más dependientes sin disparar el gasto. Veámoslos.
El primer “truco” es dilatar los expedientes que reconocen los tres grados de dependencia con derecho a ayudas (I, II y III, la más grave). En 2021, el tiempo medio de espera para reconocer una prestación era de 421 días, según los Directores de Servicios Sociales, cuando el periodo máximo legal se fijó en 180 días. Pero hay autonomías que retrasan la resolución mucho más, para embalsar la demanda y retrasar el gasto: destacan Canarias (943 días, 2 años y medio), Andalucía (680 días), Cataluña (580), Murcia (573), Extremadura (551), Galicia y Comunidad Valenciana (411 días), mientras en Castilla y León tardan sólo 117 días, en el País Vasco 139 y en Cantabria 141. Otra vía que han utilizado algunas autonomías es “revisar” los grados de dependencia, como otra manera de “rebajar grados” y ahorrar…
El 2º truco para ahorrar es retrasar la concesión de la ayuda a los que ya se les ha reconocido una dependencia. Son las tristemente famosas “listas de espera” de la Dependencia: personas que esperan una ayuda económica, una teleasistencia, un centro de día o la ayuda para una residencia. En 2015, había 384.326 dependientes en listas de espera, un tercio del total (32,56%), al incorporarse ese año los Dependientes “moderados” (Grado I). Estuvieron por encima de los 300.000 en 2016 y 2017, bajando a 250.037 en 2018 (el 19,7% de los dependientes) y a un mínimo de 193.436 en diciembre de 2021, una lista de espera que ha empeorado este año (194.842 dependientes, el 13,59%, en abril de 2022).
El problema de la lista de espera ya no es sólo que se priva de recibir una ayuda pública a alguien que la tiene reconocida por Ley (imagínese que los pensionistas tuvieran “lista de espera”), sino que la mayoría de los dependientes son muy mayores (el 53% de los solicitantes y beneficiarios tienen 80 años o más) y muchos dependientes se mueren antes de que les reconozcan la ayuda o les llegue la prestación. El dato de los Directores de Servicios Sociales es impresionante: en 2021 murieron 46.300 dependientes esperando que resuelvan su expediente (18.356) o que les presten la ayuda que tienen reconocida (otros 27.944 dependientes). En total, cada día mueren 127 dependientes “esperando”… Tremendo.
El tercer truco para ahorrar es intentar atender a más dependientes con el mismo dinero (o menos, como las 11 autonomías que “ahorraron” en 2021). Para eso, en la última década, han desarrollado servicios de bajo coste (“low cost”) que engañan las estadísticas: hay más dependientes “atendidos” con servicios de baja calidad. Es el caso de la teleasistencia (el servicio más barato), que reciben el 18,69% de los beneficiarios), la ayuda a domicilio (18,57% de las prestaciones) o los Centros de día (5,81% de los beneficiarios). Hay muy pocos dependientes que reciben atención en una residencia (el 10,71%) y la mayoría reciben una ayuda económica para que les cuide su familia (el 30,77% de los beneficiarios) o un cheque para que ellos contraten un servicio (11,2% de los beneficiarios).
La mayoría de los dependientes (480.000) reciben una ayuda a sus familias para que los cuiden, una ayuda mínima de 236,49 euros de media (138,36 Grado 1, 240,59 Grado II y 333,73 Grado III), ayudas que varían mucho según las autonomías (el Estado asegura un mínimo y luego cada autonomía lo complementa). El 74,2% de los cuidadores familiares son mujeres y sólo 67.225 están dadas de alta en la Seguridad Social. Sobre el cheque para contratar un cuidador o una residencia, el importe es muy bajo y las familias pagan la diferencia, un alto copago. Así, un dependiente grave (Grado III) que quiera ir a una residencia, el sistema de Dependencia le paga 531 euros al mes, lo que supone para su familia un tercio del coste real que van a tener por llevarle a una residencia (si encuentra plaza).
Precisamente, las familias con mayores o personas dependientes han visto aumentar el coste de atenderles en los últimos años. Si en 2009 sólo financiaban el 14,7% del coste total de la Dependencia, con los recortes vieron aumentar los “copagos” y en 2015 ya financiaban el 20,5% del sistema (otro 17,49% el Estado central y 62,5% las autonomías), según los Directores de Servicios Sociales. Y ahora, en 2021, las familias ya pagan el 21,3% de los gastos totales de la Dependencia, casi como el Estado central (21,5%) mientras baja la financiación de las autonomías (57,2% del total).
Vistos los datos, está claro que la gestión de la Dependencia en estos 15 años es muy deficiente y problemática. Y además, es muy desigual entre las autonomías. Se ve claro en el retraso en los expedientes (2 años y medio en Canarias y 117 días en Castilla y León) y en las listas de espera: es muy alta en Cataluña (29,62% dependientes en espera), la Rioja (20,30%) y Canarias (26,25%) pero casi inexistente en Castilla y León (0,15%), Galicia (4,99%), Navarra (5,77%) o Ceuta (5,85%). Y eso tiene mucho que ver con la gestión, pero sobre todo con el gasto en dependencia, donde hay tremendas diferencias: el País Vasco gasta 12.932 euros por beneficiario (seguida de 11.814 en Extremadura, 10.541 en Navarra y 9.599 en Asturias), el doble que las que menos gastan, Castilla y León (6.599 euros por beneficiario, Andalucía (6.653), Galicia (6.758) y Canarias (6.893 euros).
Al final, los directores de Servicios Sociales tienen un Observatorio de la Dependencia que valora cada año la gestión y los gastos de las autonomías. En el de 2021, sólo 9 autonomías aprueban, 4 de ellas con notable: Castilla y León (8,4), Castilla la Mancha (8,1), Andalucía (7,5) y Madrid (7,4). Y suspenden en la gestión de la dependencia otras 10 regiones: Canarias (1,6 puntos sobre 10), Cataluña (2,8), los dos “farolillos rojos”, Navarra, Murcia, Cantabria, Ceuta y Melilla (3,4 puntos), Galicia (4,4), Asturias y Extremadura (4,7).
Este año 2022, el Presupuesto del Estado gastará otros 1.200 millones “extras” para financiar la Dependencia, siguiendo el Plan de Choque aprobado (que contempla otros 1.800 millones extras en 2023). Ahora falta ver si las autonomías siguen aprovechando estos mayores fondos para gastar ellas menos, como han hecho ya 11 en 2021. Parece claro que hay que hacer cambios, para conseguir suprimir la lista de espera en las 11 autonomías que la tienen muy baja y suprimirla totalmente en 2023, como prevé el Plan de choque. No va a ser fácil si no hay un Pacto entre el Gobierno y las autonomías para reducir las enormes diferencias entre autonomías, buscando más recursos extras para recortar drásticamente las listas de espera en Cataluña, Aragón, Canarias, Extremadura, País Vasco y Murcia. Y recabar más recursos autonómicos para mejorar los servicios de la dependencia, ayudando más a las familias, para que no carguen con buena parte del coste.
Gobierno y autonomías deberían volver a sentarse y pactar otro Plan de Choque, para resolver los problemas de fondo que tiene el sistema de la Dependencia y que revelan los distintos informes de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Porque si la Dependencia es hoy un problema, lo será más en el futuro, por el envejecimiento de la población: si hoy son 1.433.000 los dependientes con derecho a una prestación, en 2050 serán el doble (3 millones), según un informe del CSIC. Y eso obliga a buscar más recursos, porque la Dependencia no puede seguir “infra financiada”. De hecho, España destina hoy el 0,8% del PIB a la Dependencia, mucho menos que la mayoría de Europa (4% del PIB en Paises Bajos, 3,2% en Suecia, 2,5% en Dinamarca, 2,2% en Bélgica o 1,7% en Francia). El objetivo, según algunos expertos, debería ser gastar el 2% del PIB. Eso supondría gastar en Dependencia 24.500 millones al año, frente a los 9.558 millones de 2021.
En resumen, la Dependencia debe dejar de ser “la pariente pobre” del Estado del Bienestar y ser una prioridad de la política social, como la sanidad, la educación y las pensiones. Y no sólo por un sentido de justicia ante nuestros mayores y dependientes, también por razones económicas: la inversión en cuidados es muy rentable, porque se recupera una parte importante en cotizaciones e impuestos (el 41,7%) y crea mucho empleo (hay 283.694 personas trabajando en la Dependencia), lo que convierte la economía de los cuidados en un sector de futuro. Debe ser una prioridad. Se lo debemos a nuestros padres y abuelos.
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