El recibo de la luz ha bajado en septiembre y son ya 11 meses bajando, con una rebaja anual del 18%. Eso es porque un 20% de la luz se ha generado con gas natural, cuyo precio ha bajado a la mitad. Pero hay menos luz producida con agua y viento, por el clima, y la luz es más sucia: el 35% es renovable este año (sólo el 28,7% en agosto), frente al 38,5% en 2018. Además, los consumidores de 11 autonomías recibirán una carta este mes donde les suben el recibo de septiembre, entre 17 céntimos y 2 euros, por impuestos autonómicos de 2013 no cobrados. Al final, la luz es la 4ª más cara de Europa para las familias y la 9ª más cara para empresas. Y eso, porque pagamos costes de más, por la generación, recargos e impuestos. Es prioritario que el futuro Gobierno haga una auditoría de costes y paguemos por la luz lo que cuesta, no extracostes que alimentan el dividendo de las eléctricas. Nadie se ha atrevido a hacerlo.
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| enrique ortega |
El recibo de la luz sufre muchas subidas y bajadas porque el mercado eléctrico (que supone un 35% del recibo: el resto son “peajes” e impuestos) es un tobogán de precios, con mucha volatilidad por el clima (que afecta a los embalses hidroeléctricos y al aire de los molinos) y los costes del fuel, el carbón y el gas que usan las centrales eléctricas. Así, en septiembre de 2018, el precio de producir electricidad batió récords históricos (alcanzó los 71,27 euros por kwh) y en septiembre de 2019 ha cerrado a 42,11 euros por kwh, un 41% menos que hace un año. Y como el precio del mercado eléctrico ha sido bajo, hemos asistido a 11 meses de bajadas del recibo (todos salvo julio) en el último año. Y así, en septiembre de 2019, el recibo medio de una familia (4,4 kWh de potencia y 3.000 kWh de consumo) ha sido de 52,43 euros, un 17,9% menos que en septiembre de 2018 (63,86 euros), según datos de la Comisión de Competencia (CNMC).
El precio de producir la electricidad ha caído mucho este año porque se ha disparado la utilización de gas natural en las centrales de ciclo combinado: su producción ha crecido un +105,3% de enero a septiembre, según Red Eléctrica (REE). Y ha aportado un 21,36% de la luz producida, sólo por detrás de la nuclear (22,11% de la generación), siendo la energía más utilizada en septiembre (27,3% de la electricidad). Y eso porque el precio del gas natural se ha desplomado en los mercados internacionales (hace un año costaba de 22 a 25 euros por MWh y en septiembre ha costado 9,86 euros, un precio que no se veía hace una década), por la mayor producción de gas en EEUU (por el fracking, “gracias” a Trump). Con ello, las eléctricas han reducido la producción con carbón (muy caro, por la subida del impuesto al Co2 que generan) y han puesto a trabajar a tope sus centrales de gas, hasta ahora sólo utilizadas para cubrir repuntes de demanda. Con ello, producir electricidad ha sido más barato. Además, el clima (sequía y falta de viento) ha provocado una caída de la producción hidroeléctrica (-42,2% de enero a agosto) y eólica (-1,7%), más baratas.
Pero si el desplome del precio del gas ha abaratado la electricidad, ahora es más “sucia”, porque han reducido su peso las energías renovables, al reducirse el peso de la energía hidráulica (los embalses están en mínimos) y eólica, mientras baja el peso del carbón (que produce la luz más “sucia”) y se dispara el gas (que emite menos pero también emite CO2). El resultado es que la generación renovable (hidráulica, eólica, solar y otras renovables) ha reducido su peso, del 38,5% de la producción eléctrica en 2018 al 35,18% que aportan en 2019 (enero a septiembre), según REE. Y sólo un 28,7% de la electricidad producida en agosto de 2019 fue renovable y un 34,1% en septiembre. Y si analizamos el peso de la generación eléctrica sin emisiones, ha caído del 71% del total que alcanzó en marzo de 2019 a sólo el 53% de la electricidad producida en agosto de 2019, según el último balance mensual de REE.
Así que pagamos la luz un 18% más barata que hace un año pero una luz más “sucia” y menos renovable, generada con menos carbón (muy contaminante) pero también con menos agua y viento y muchísimo más gas natural (que emite CO2, aunque menos que el carbón). Además, este mes de octubre, los consumidores de 11 autonomías vamos a recibir una carta de nuestra compañía eléctrica donde nos anuncian un pequeño recargo en el recibo de la luz de septiembre, para compensar la subida de impuestos autonómicos que no se cobró en 2013. Ese año, 14 autonomías (todas salvo Baleares, Canarias y País Vasco) pusieron un impuesto a la producción, transporte y distribución de electricidad, pero ese recargo no se incluyó en las tarifas en 2013. Las eléctricas recurrieron y el Tribunal Supremo obligó al Gobierno a incluirlo. Pero se retrasó y en 2016 hubo otra denuncia de Iberdrola, que llevó al Supremo a dar un ultimátum al Gobierno. En 2017, se aplicó sólo a 4 autonomías (Cataluña, la Rioja, Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana) y ahora, en septiembre de 2019 se aplica a las 10 restantes y a Cataluña (porque el recargo de 2017 fue insuficiente).
La subida es pequeña y se estima que será de 10,36 euros en Galicia, 8,22 euros en Castilla y León, 5,16 en Cantabria, 2,25 en Aragón, 1,79 euros en Navarra, 1,19 en Asturias, 1,17 en Extremadura, 1,05 en Murcia, 0,30 euros en Andalucía, 0,36 en Madrid y 0,17 euros en Cataluña, segúnla estimación de Gesternova, aunque la de la OCU es mayor en todas (19,79 euros en Galicia, 15,69 euros en Castilla la Mancha o 0,57 en Madrid o Andalucía). En este recibo de septiembre, lo máximo que se puede cargar es una subida de 2 euros y donde la subida sea mayor, se prorrateará el resto en los próximos 12 meses.
Es el “chocolate del loro” en un recibo, pero muchos millones para el conjunto de consumidores, que irán a las angustiadas arcas de las autonomías. Al final, a pesar de la bajada de la luz en el último año, el coste de la electricidad en España es muy alto: los consumidores domésticos pagamos la 4ª luz más cara de Europa (tras Dinamarca, Alemania y Bélgica) y las industrias pagan la 9ª luz más cara, según Eurostat (primer semestre 2019). Así, la electricidad de uso doméstico cuesta 0,2369 euros por kWh, un 12% más cara que la media europea (cuesta 0,2113 €/kWh en la UE-28) y bastante menos que en Francia (0,1765), Reino Unido (0,2122) o Italia (0,2161). Y la electricidad de uso industrial cuesta en España 0,1389 euros/kWh, un 2,3% menos que en Europa (0,1422) pero más que en Francia (0,1230) y otros 18 paises europeos. Y si descontamos los impuestos (pagamos menos que la media europea: 21% de IVA frente al 37% en la UE-28), la luz de uso doméstico es en España la 2ª más cara de Europa (tras Bélgica) y la 4ª más cara para la industria, tras Chipre, Malta e Irlanda (3 islas), según Eurostat.
Y además de tener la luz más cara que en la mayoría de Europa, el servicio de las eléctricas es el peor valorado por los españoles, peor aún que el servicio de telefonía e Internet: el 19,1% de los usuarios de la electricidad están “poco o nada satisfechos”, según el Panel de hogares elaborado por la CNMC. Además, casi la mitad se queja de la falta de claridad de las facturas y el 90,5% de los encuestados consideran que la luz “es cara”.
Así que la luz es cara, objetiva y subjetivamente, al margen de que suba o baje coyunturalmente con los precios del gas (que podría volver a duplicar su precio en unos meses, según los mercados de futuros) o del carbón y los efectos del clima. ¿Por qué es cara la luz? La razón es que los usuarios pagamos costes de más en las tres partes del recibo: en el coste de generación de la electricidad (el 35% del recibo), en los peajes que aprueba el Gobierno (40% del recibo) y en los impuestos (25%). Veámoslo.
El primer componente, el precio de producir la luz, se fija en el mercado eléctrico ibérico (MIBEL), un mercado donde se negocia el precio de la luz cada hora según la aportación de las distintas energías y su coste. Pero el sistema de fijación de precios, aprobado por Aznar en la Ley Eléctrica de 1997, es “de locos”: cada empresa aporta su electricidad, empezando por las más baratas (hidroeléctricas, nucleares y renovables) y siguiendo con las más caras (carbón, fuel y gas). Y al final, el precio resultante para todas es el del kilowatio más caro. Lo normal es que la energía que falta (y más cuando no llueve o falta viento) se cubra con centrales de carbón, fuel o gas, las más caras, que producen a 60 euros por kilowatio. Y ese es el precio que se paga también a las centrales hidroeléctricas (a las que producir un kilowatio les cuesta 10 euros) o a las nucleares (a las que les cuesta 22 euros/kWh), centrales que además ya están amortizadas (tras 90 o 40 años de vida). Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y nos la cobraran toda a precio de chuletón. Y así, pagamos unos 4.500 millones de más al año, según un cálculo de Natalia Fabra.
Además de fijar unos precios de la luz muy por encima de los costes reales, el mercado eléctrico español es poco transparente (lo controlan de hecho las eléctricas, que son “juez y parte”), muy volátil (con muchos altibajos de precios, más que en Europa) y promueve el fraude, como ha detectado en varias ocasiones la Comisión de Competencia (CNMC). Así, en diciembre de 2013, la CNMC multó a Iberdrola con 25 millones de euros por parar la producción de sus centrales hidroeléctricas del Duero, Tajo y Sil para provocar una falta de oferta de “electricidad barata” que obligó a utilizar sus centrales de gas (más caras) y disparó el precio de la luz en el mercado eléctrico (y sus beneficios). En junio de 2008, la CNMC también multó a Viesgo con 6 millones por “manipular su oferta” en la central de los Barros (Cádiz) para subir artificialmente los precios. Y en mayo de 2019, la CNMC impuso una multa de 13 millones a Naturgy (Gas Natural Fenosa) y 5,8 millones a Endesa por utilizar 10 centrales de gas para manipular el mercado eléctrico y subir el precio de la electricidad “de forma consciente y deliberada”. Un largo historial de malas prácticas que pagamos en el recibo.
El segundo componente del recibo de la luz (un 40%) son los llamados “peajes”, una especie de “cajón de sastre” donde los distintos Gobiernos han ido incluyendo múltiples costes que nos cargan cada mes. Unos son costes “justificados” pero demasiado elevados, como los del transporte de la electricidad (el 2,96% del recibo) y la distribución (el 10,04%). Otros son costes “más discutibles”: ayudas a las renovables, cogeneración y residuos (20,6%), ayudas por el parón nuclear (0,41%), para amortizar la deuda eléctrica acumulada (2,89%), para compensar a Endesa por producir electricidad en Baleares y Canarias (4,2%) y otras ayudas varias para mantener las centrales de gas (por los saltos de demanda) o para compensar a las grandes industrias consumidoras de electricidad. Costes y ayudas que son discutibles, pero que deberían pagarse con el Presupuesto y no con nuestro recibo.
La tercera parte del recibo de la luz (el 25%) son los impuestos: pagamos un impuesto especial eléctrico (del 5,113% sobre la potencia instalada y el consumo) y el 21% de IVA sobre la factura total (incluido el impuesto eléctrico, con lo que pagamos un impuesto sobre otro). Y aquí, también pagamos impuestos de más, porque España es el 5º país de la UE con el IVA de la electricidad más alto, sólo por detrás de Dinamarca y Suecia (25% IVA), Finlandia (24) y Portugal (23%), pero muy por encima del IVA que paga la luz en Reino Unido (5%), Italia (10%), Grecia (13%), Irlanda (13,5%), Francia (16,7%) o Alemania (19%).
Como acabamos de ver, los consumidores pagamos costes de más en las tres partes del recibo de la luz, en la producción de electricidad (35% del recibo), en los peajes que incluye el Gobierno (40% del recibo) y en los impuestos (25% del recibo). Por eso es más cara que en la mayoría de Europa, al margen que unos meses suba o baje por el clima o los precios del fuel, el carbón o el gas. Y estos “extracostes” que pagamos cada mes en el recibo benefician sobre todo a las eléctricas españolas (un oligopolio: las 3 grandes controlan el 80% del mercado), que ganan el doble que las eléctricas europeas (en relación a su negocio), según un estudio del Observatorio de Sostenibilidad.
Ahora se ha producido un importante cambio institucional: este año, gracias a un Decreto aprobado en enero (por presión de la Comisión Europea), es la Comisión de la Competencia (CNMC, un organismo independiente) y no el Gobierno el organismo responsable de fijar los “peajes” por transporte y distribución de la electricidad (un 13% del recibo). Y ya han propuesto una rebaja de estos peajes de 735 millones para 2020, que rebajaría un 3% la luz a los consumidores domésticos y un 6% a las industrias, propuesta que ha puesto en pié de guerra a las eléctricas. Ahora, el Ministerio de Industria y la CNMC estudian fijar antes del 31 de diciembre el resto de los peajes (27% del recibo), una propuesta que tendrá mucho que ver con el resultado electoral y la renovación de la CNMC: su presidente, Marín Quemada, a quien “odian” las eléctricas, está en funciones desde el 9 de septiembre y su sucesor no puede nombrarse hasta que tome posesión un nuevo Gobierno, quizás no antes de fin de año.
Mientras se aclaran los peajes de 2020, lo que urge es que el futuro Gobierno imponga una auditoría de costes, para que paguemos la luz por lo que cuesta producirla, sin tantos extracostes no justificados o que deberían pagarse con los Presupuestos y no con el recibo. Eso permitiría bajar hasta un 40% el precio de la luz en unos años, según algunos expertos. Es hora de atreverse a hacerlo (no lo ha hecho ningún Gobierno), aunque suponga enfrentarse a las todopoderosas eléctricas. Va depender mucho del resultado electoral.
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