Las 3 Españas siguen ahí

Este año 2019 hay elecciones autonómicas, pero a nadie parece preocuparle (salvo a la extrema derecha) la creciente desigualdad entre las regiones españolas: diferente crecimiento, paro, riqueza y servicios públicos. Por eso, nadie ha comentado los últimos datos del INE, que demuestran que hay dos Españas o mejor tres: la España rica (País Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña y Baleares), la España pobre (Extremadura, Murcia, Canarias, Castilla la Mancha y  Andalucía) y “la España intermedia” (las 7 regiones restantes, Ceuta y Melilla). Y lo peor es que son las mismas que el año 2.000 y que en 1977. Así que 41 años largos de democracia no han resuelto esta desigualdad entre españoles y ni las inversiones públicas ni los impuestos y el gasto social lo corrigen, como denuncia la OCDE. Urge aprovechar estas elecciones para perfilar una España más igualitaria, reformando la financiación autonómica, igualando los servicios públicos, el empleo y los impuestos. Acabar con las 2 ó 3 Españas, otra asignatura pendiente de nuestra democracia.

enrique ortega

En vísperas de Nochebuena, el INE hizo públicos sus datos anuales de renta por habitante, lo que ingresa cada español (referido a 2016). Y quedó claro, otro año más, que hay dos Españas, o quizás mejor tres. Una, la España rica, con una renta por persona que supera los 12.000 euros anuales en 8 autonomías: País Vasco (14.397 euros), Navarra (13.583), Madrid (13.099), Cataluña (12.712), Baleares (12.665), Asturias (12.244), La Rioja (12.131) y Aragón (12.110 euros). En total, ahí viven 20.806.290 españoles, el 44,5% de la población total. Curiosamente, estas 8 autonomías son las mismas que tenían más renta en el año 2.000 y en 2014, tras lo peor de la crisis. Pero lo más llamativo es que son casi las mismas autonomías que eran las más ricas en 1977, al inicio de la democracia, aunque entonces cambiaba el orden: Baleares, Madrid, Cataluña, La Rioja, País Vasco y Navarra, según puede comprobarse en las estadísticas históricas 1850-2000 que recopiló en su día el Banco de Bilbao (una joya). A comienzos de siglo se incorporó al grupo Aragón y en 2008, tras la Ley del Cupo (2002), el País Vasco y Navarra encabezan el grupo de las más ricas.

La España pobre son 6 autonomías más Ceuta, que tienen una renta por habitante inferior a los 10.000 euros, según las últimas estadísticas del INE (referidas a 2016): Extremadura (8.250 euros), Murcia (8.702), Canarias (8.863), Castilla la Mancha (9.045), Andalucía (9.116), Ceuta (9.676) y la Comunidad Valenciana (9.801 euros). En total, ahí viven 20.144.190 españoles, el 43,1% de la población.  Son las mismas autonomías pobres que en el año 2000, 2008 y 2014, salvo Galicia, que ha salido de este grupo y la Comunidad Valenciana, que no estaba al inicio del siglo y ha entrado entre las pobres. Pero, otra vez, lo preocupante es que estas autonomías pobres son casi las mismas que en 1977, al inicio de la democracia: entonces eran las más pobres Extremadura, Andalucía, Castilla la Mancha, Murcia, Galicia y Canarias, por este orden, según las series históricas del BB.

En medio quedan las 4 autonomías y Melilla que conforman “la España intermedia”, que rondan la renta media española (11.074 euros en 2016), según los últimos datos del INE: Cantabria (11.293 euros), Castilla y León (11.239), Galicia (10.753 euros) y Melilla (10.161 euros). En conjunto, 5.772.500 habitantes, el 12,4% de la población española. Un grupo intermedio que ha cambiado algo más en los últimos 40 años, ya que antes incluía a Galicia, Asturias y Aragón, que han mejorado su estatus, y a la Comunidad Valenciana, que lo ha empeorado y pasa al grupo de las “pobres”.

Estas 3 Españas por la renta son el resultado de que también hay 3 Españas económicas, debido a la desigualdad en la producción (PIB) por el diferente modelo económico de cada región (más o menos industria, más o menos exportación, más o menos capital humano y tecnología) y por la diferencia inversión y estructura empresarial. Ahí empieza la desigualdad, en lo que produce cada región, que se mide por el PIB por habitante.

La España más productiva la integran 6 autonomías, según los recientes datos del INE, esta vez referidos a la producción de 2017: Madrid (33.824 euros por habitante), País Vasco (32.969), Navarra (30.853 euros), las tres producen más que la media europea (30.000 euros por habitante), Aragón (27.648), Baleares (26.287) y La Rioja (26.194 euros por habitante). Son las mismas que en el año 2.000, según el INE, aunque entonces Navarra ocupaba el 2º lugar y Baleares el 4º. Y la España menos productiva, en 2017, estaba formada por 5 autonomías más Ceuta y Melilla: Extremadura, el farolillo rojo (17.554 euros producidos por habitante, casi la mitad que Madrid), Melilla (18.007), Andalucía (18.557), Ceuta (19.561), Castilla la Mancha (19.819), Canarias (20.573) y Murcia (20.636 euros por habitante). Un bloque sin cambios desde el año 2000, salvo Canarias, que no estaba entonces en el grupo de las autonomías menos productivas. Y queda “la España intermedia”, 5 autonomías con una productividad también inferior a la media de España (25.064 euros/habitante en 2017): Comunidad Valenciana (22.034), Asturias (22.243), Galicia (22.404), Cantabria (22.700) y Castilla y León (23.446 euros producidos por habitante).

Esta mayor o menor productividad de las regiones explica, junto a la población que tienen,  las grandes diferencias en el paro, según las autonomías. Así, hay 6 autonomías, de la España más productiva, con una tasa de paro “europea”, por debajo del 10%: Baleares (7,16%), Cantabria (8,99%), País Vasco (9,42%), La Rioja (9,60%), Navarra (9,65%) y Aragón (9,87%), según la última EPA. Y 3 autonomías, de la España menos productiva, que tienen una tasa de paro rozando o superando el 20%: Andalucía (22,85%), Extremadura (21,68%) y Canarias (19,64%), más Ceuta (30,79% de paro) y Melilla (24,01%). Y las 8 autonomías restantes tienen un “paro intermedio”: Cataluña (10,63%), Castilla y León (11,30%), Madrid (11,86%), Galicia (12,24%), Asturias (13,45%), Comunidad Valenciana (15,29%), Murcia (16,33%) y Castilla la Mancha (16,71%), mientras el paro de toda España está en el 14,55%, según la EPA del tercer trimestre de 2018.

El crecimiento es un factor clave para corregir las desigualdades de renta y el paro, pero el problema es que no todas las regiones crecen por igual. Entre 1987 y 2016, la economía española creció un 93,5% (casi duplicó su PIB: de producir 569.833 millones de euros pasó a producir 1.102.850 millones), según un interesante libro de AFI, pero hubo dos regiones que crecieron muy poco, Asturias (+39,5%) y Cantabria (+56,4%), lo que explica que haya caído su PIB por habitante y su renta estos años. Pero hubo otras 7 regiones que crecieron más que el conjunto de España, sobre todo Madrid (+119%), Murcia (+111,07%) y  la Rioja (+110,13%), seguidas de Andalucía (99,8%), Canarias (+97,4%), Navarra (96,7%) y Cataluña (96,05%). En los tres años más fuertes de la recuperación (2015, 2016 y 2017), las tres autonomías que han crecido más que la media de España (+3%, +3,2% y +3,6%) han sido Madrid (+3,3, +3,2 y +3,9%), Cataluña (+3,2, +3,5 y +4,2%) y Murcia (+3,1,+4,3 y +6,6%). Y las que “pincharon” estos años han sido Castilla y León (+1,7, +3,1 y +2,5%) y la Rioja (+1,5, +2,6 y +3,2%), según la Contabilidad regional del INE.

Como se ve, la mayor o menor productividad y crecimiento no explican por sí solos las diferencias de renta entre regiones ricas y pobres, aunque sean dos factores claves. Hay otros factores que agravan o mejoran las diferencias, como el distinto modelo económico (más industria y más exportación mejoran el empleo y los ingresos), la estructura empresarial (más empresas grandes suponen más riqueza), el “capital humano” (la formación de los trabajadores y parados), el envejecimiento de la población, la innovación y la tecnología, las infraestructuras disponibles (desde autopistas a centros de transporte y distribución o red de Internet) y el papel del Estado en la región, con la financiación presupuestaria, las  inversiones públicas y los impuestos, que en las últimas décadas son menos redistributivos (han crecido los indirectos y baja el peso de los directos, en perjuicio de las familias y regiones más desfavorecidas). Y han sido decisivas las ayudas europeas: 81.000 millones de fondos europeos recibidos entre 1986 y 2017, de los que se beneficiaron  sobre todo Extremadura (5.300 euros/habitante), Castilla y León (4.000), Galicia (3.800), Asturias (3.500), Castilla la Mancha (2.500) y Andalucía (2.400 euros/habitante), según el citado libro de AFI.

Un elemento clave para reducir las diferencias entre regiones ricas y pobres debería ser el sistema de financiación autonómica, que cuenta con un Fondo de compensación interterritorial. Pero el sistema aprobado en 2009 (aún vigente) no es justo, porque beneficia más a unas regiones que a otras. Según los datos de Hacienda, estas son las 10 autonomías que salen ganando, porque reciben más de lo que aportan: País Vasco (recibe +2.483/euros por habitante al año), Navarra (+1.563 euros), Cantabria (+347), La Rioja (+248), Extremadura (+233), Castilla y León (+169), Galicia (+111), Aragón (+107), Asturias (+78) y Canarias (+78 euros/habitante). Sólo se benefician 2 regiones pobres (Extremadura y Canarias) pero entre las 7 autonomías perjudicadas por el sistema de financiación hay otras 4 regiones pobres: Comunidad Valenciana (recibe -373 euros/habitante y año), Murcia (-331), Andalucía (-256), Cataluña (-249), Baleares (-96) y Castilla la Mancha (-42 euros/habitante). Y si tenemos en cuenta las ayudas de Estado recibidas desde 2012 (créditos para pagar proveedores e intereses deuda), Cataluña y Baleares pasarían al lado de las 10 autonomías que salen ganando con el actual sistema de financiación (12 de 17).

Así que ya tenemos el mapa de los factores que configuran la España rica y la España pobre: modelo económico, tejido empresarial, capital humano, inversiones e infraestructuras, papel del Estado, impuestos, ayudas y sistema de financiación. Factores que no han ayudado en 41 años largos de democracia a perfilar otro mapa de España, ya que las regiones pobres y ricas son casi las mismas. Y lo peor, han aumentado las diferencias de renta. Si en 1977, un balear tenía 1,81 veces la renta de un extremeño, mejoró algo en el año 2000, cuando un aragonés ingresaba 1,53 veces lo que un andaluz, pero ha empeorado después: si un vasco tenía una renta en 2008 que era 1,65 veces la de un extremeño, en 2017 es ya 1,74 veces mayor que antes de la crisis. Se agrava la desigualdad.

Un fracaso de España y los distintos gobiernos democráticos. Y más cuando, tras 33 años en Europa,  6 regiones españolas siguen todavía con una renta por debajo del 75% de la renta media europea: Extremadura (63% renta media UE-28), Melilla (67%), Andalucía (68%), Castilla la Mancha (72), Ceuta (73%) y Canarias (75%), según los últimos datos de Eurostat (para 2016). Y sólo 3 regiones españolas superan la renta media europea: Madrid (125% de la renta media UE-28), País Vasco (121%), Navarra (114%) y Cataluña (110%).

¿Qué se puede hacer? Lo primero, abrir el debate sobre la desigualdad interregional, sobre estas graves diferencias entre españoles según donde vivan, no sólo en renta, paro, sueldos sino en servicios públicos, desde sanidad a educación, dependencia o ayudas a la pobreza, la familia o la vivienda. No podemos dejar que la extrema derecha encabece este debate sobre la España de las autonomías. Denunciar las desigualdades no es poner en cuestión el modelo autonómico sino afrontar una grave situación, reforzada por cientos de datos. Y una desigualdad que se puede mejorar, en unas décadas, si se toman medidas.

La primera y fundamental es reforzar el papel reequilibrador del Estado, a través de múltiples instrumentos que deben ir a corregir las desigualdades entre regiones: políticas económicas, Planes de empleo, inversiones públicas, planes de reindustrialización, infraestructuras, ayudas públicas e impuestos. Porque los Gobiernos gastan mucho dinero en inversiones y ayudas públicas, pero gastan mal, no ayudan a reducir las desigualdades, según le acaba de decir a España un informe de la OCDE. Es clave reformar la política fiscal y que los impuestos ayuden al reequilibrio territorial.

Otro objetivo clave del Gobierno central debería ser asegurar la homogeneidad de los servicios públicos, porque no es de recibo que la atención sanitaria, la educación, la dependencia, las ayudas al desempleo o a la pobreza sean distintas según donde uno viva, porque hay autonomías que gastan más y otras menos, además de gestionar mejor o peor. Así, por ejemplo, si uno enferma, no es lo mismo hacerlo en el País Vasco (cuya sanidad recibe 90 puntos sobre 114 de la Fundación en Defensa de la Sanidad Pública), Navarra (90 puntos) o Aragón (82 puntos) que en Canarias (49 puntos), Comunidad Valenciana (59), Cataluña o Andalucía (59 puntos). Y lo mismo si uno es un anciano dependiente, un parado o un pobre. Urge garantizar unos servicios mínimos equivalentes y crear un Fondo de compensación para mejorar el Estado del Bienestar en las autonomías más pobres y con menos recursos.

Otra medida urgente es reformar el sistema de financiación autonómica, que se debería haber modificado en 2014. Hay que reequilibrar ingresos y aportaciones, para que no haya autonomías ganadoras y perdedoras, y reforzar el Fondo de Compensación interterritorial, dando más peso a criterios como paro, renta, envejecimiento y dispersión de la población. Y además, hay que asegurar más recursos públicos a las autonomías, porque tienen muchas competencias y les faltan ingresos. Y eso hay que hacerlo a costa de reducir la parte del Estado, porque ya somos un país muy descentralizado: si hoy el Gobierno central gasta el 50% de los ingresos totales (y el 35% las autonomías y 15% los Ayuntamientos), habría que pasar a un reparto 40/40/20 al menos. Esa debería ser la base fiscal del Estado federal que se defiende.

Al final, las elecciones autonómicas de mayo deberían ser una oportunidad de hacer balance de la España autonómica y reconocer que las desigualdades regionales siguen ahí, tras 41 años de democracia, e incluso se han agravado. Y habría que corregirlas, con un Pacto político dirigido a reequilibrar el país, sobre todo desde el Estado. Para que dentro de 40 años, no haya 3 Españas, sino una más equilibrada. Pero no parece que ningún partido, salvo la extrema derecha, quiera afrontarlo. Así que la campaña electoral volverá a girar sobre las polémicas habituales y no sobre cómo conseguir una mayor igualdad entre españoles, vivan donde vivan. Otra asignatura pendiente de la democracia.