Financiación autonomías: reformas o "parches"

Mañana 17 de enero, Rajoy se reúne con la mayoría de presidentes autonómicos para abordar su mayor problema: están asfixiados financieramente y algunos medio quebrados, como Valencia y Cataluña. El Gobierno promete un nuevo sistema de financiación autonómica para el verano, sustituto del actual (2009), que perjudica a Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Madrid. Urge una reforma en profundidad, no más “parches”, como los aplicados por  Rajoy en estos 5 años: ha destinado 203.874 millones de euros a 6 “rescates” de las autonomías (como los de Bruselas con Grecia), prestándolas 111 millones de euros cada día. Y a pesar de eso, siguen con déficits y muy endeudadas. Si las autonomías cargan con la sanidad, la educación, la Dependencia, los gastos sociales y muchos otros, necesitan más recursos. Y menos el Estado central. Un cambio en los ingresos y gastos que supone un cambio del poder, más descentralizado, algo que Rajoy no acepta. Ahí está el meollo del debate de financiación autonómica.


enrique ortega

Mediados de diciembre de 2011. Rajoy no había tomado aún posesión como nuevo presidente del Gobierno y ya tenía una llamada urgente del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps (PP), para lanzarle un SOS: el 25 de diciembre les vencía un crédito de 123 millones de euros de Deutsche Bank y no tenían liquidez para devolverlo ni para pagar las nóminas de diciembre ni la Seguridad Social, a pesar del anticipo que les había dado la ministra socialista Ana Salgado unos días antes de irse. Rajoy y Montoro, aún sin jurar sus cargos, tuvieron que avalar de palabra la deuda y adelantar 110 millones más para pagos urgentes. Baleares, también gobernada por el PP, pidió otro crédito para poder pagar las nóminas de ese mes de diciembre. Y Cataluña no ingreso ese diciembre ni las retenciones ni las cuotas sociales de sus funcionarios. Las demás autonomías estaban igual: sin liquidez, endeudados y con millones de facturas sin pagar a empresas y autónomos.

Diciembre de 2016. Han pasado cinco años y las autonomías siguen financieramente asfixiadas. En la Comunidad Valenciana, el auditor acaba de advertir al nuevo presidente, el socialista Ximo Puig, que existe un grave desequilibrio de cuentas y que la autonomía tiene un patrimonio neto negativo (-25.419 millones), tras haber destinado el 40% del Presupuesto de 2015 a pagar deudas. Y tanto Cataluña como Murcia están sin liquidez, medio quebradas. Y Montoro se ha visto obligado a un pago extraordinario a las autonomías de 4.548 millones de euros en diciembre de 2016 (28% para Cataluña y 21% para la Comunidad Valenciana).

En el camino, en estos cinco años, el Gobierno Rajoy se ha visto obligado a aprobar 6 “rescates” a las autonomías, como los de Bruselas con Grecia: les ha inyectado 203.874 millones de euros en créditos blandos y subvención de intereses, entre 2012 y 2016, según los datos recién publicados por Hacienda. Son 111 millones prestados cada día, para evitar la quiebra de las autonomías, que sobreviven con el “chute” de la liquidez del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) y los préstamos para pagar a proveedores. La mayor parte de este dinero público ha ido a Cataluña (62.952 millones, el 30,8% del total), a la Comunidad Valenciana (47.853 millones, el 23,5% de los préstamos) y a Andalucía (30.416 millones, el 14,9%), seguidas a distancia por Castilla la Mancha (12.888 millones), Baleares (8.448 millones) y Murcia (8.201 millones). En total, 6 autonomías que se han llevado el 84% de todo el “rescate” autonómico, 4 de ellas gobernadas por el PP hasta el verano de 2015.

Ha sido un rescate costoso, 111 millones diarios durante 5 años, pero claramente insuficiente. Las autonomías siguen con déficits estructurales y algunas de ellas, como la Comunidad Valenciana y Cataluña, con graves problemas patrimoniales. Todas tienen elevados déficits estructurales y un “agujero” de 17.962 millones en 2015, un 1,66% de su PIB. Pero 6 autonomías tienen un déficit superior (2015): Cataluña (2,70% PIB), Extremadura (2,64%), Murcia (2,51%), Comunidad Valenciana (2,51%), Aragón (2,13%) y Castilla la Mancha (1,67%), según datos de Hacienda.

Y tras estos años de vivir a crédito, su deuda se ha disparado: deben 271.980 millones de euros a septiembre de 2016, el 24,6% de su riqueza (PIB), según el Banco de España. Y el 85% de lo deben al Estado  central, el único que les ha prestado a tipos subvencionados, porque las autonomías tienen desde 2010 el grifo del crédito cerrado en bancos nacionales y extranjeros. Cuatro autonomías concentran dos tercios de esta deuda: Cataluña (74.400 millones, el 35,6% de su PIB), la Comunidad Valenciana (43.194 millones, el 41,4% PIB, la más endeudada relativamente), Andalucía (32.316 millones, 22,4% PIB) y Madrid (29.502 millones, 14,2% PIB). Pero hay otras tres autonomías con mucha deuda en  relación a su tamaño: Castilla la Mancha (13.846 millones, 35,9% PIB, la segunda más endeudada relativamente), Baleares (8.628 millones, 31,6% PIB) y Murcia (8.098 millones, 29,8% PIB).

El problema de los rescates de estos años a las autonomías es que han elevado su deuda y el pago de intereses (aunque estén subvencionados) les supone una pesada losa sobre sus Presupuestos. Hay 4 autonomías que dedican más de un 20% de su gasto total a pagar deuda: Cataluña (23,78% gasto va a pagar la deuda), Comunidad Valenciana (23,64%), Baleares (21,46%) y Castilla la Mancha (20,05%), mientras Murcia gasta un 17% (todas las  autonomías dedican el 16% de su gasto a pagar la deuda). Eso les obliga a recortar gasto de otro lado o aumentar su déficit y su deuda. Sobre todo se resiente el gasto en sanidad  (33,2% del gasto total, de media), en educación (21,5% del total), en seguridad y protección social (6,75%) y en el resto de  políticas que hacen las autonomías (22,6% de media).

En resumen, que las autonomías tenían un grave problema de falta de recursos que el Gobierno Rajoy subsanó a base de préstamos y ahora están tan  endeudadas que tienen que dedicar a pagar intereses una parte sustancial de sus recursos, a costa del Estado del Bienestar (sanidad, educación, Dependencia, gastos sociales e inversiones). Y como los ingresos no les llegan, siguen los déficits, las deudas y el pago futuro de intereses. Una pescadilla que se muerde la cola, fruto de un “parche” que no afrontó el problema de fondo: las autonomías tienen muchas competencias y pocos recursos.

El sistema de financiación actual, aprobado por Zapatero en diciembre 2009, es insuficiente y también injusto: favorece más a unas autonomías que a otras, que llevan años quejándose. Así, si se analizan los ingresos que recibe cada autonomía por habitante (ajustados), aparecen 5 autonomías que ingresan menos del índice 100 que debía ser la media justa: Canarias (recibe 88,53 sobre 100), Comunidad Valenciana (91,24), Murcia (93,29), Andalucía  (93,55) y Madrid (95,27).También reciben menos de la media Cataluña (índice 97,53) y Baleares (98,93), según los cálculos para 2013 del Consejo de Economistas. Mientras, hay otras 5 autonomías que salen ganando, sobre todo Cantabria (índice 132,13), La Rioja (124,25), Extremadura (120,87), Castilla y León (118,30) y Aragón (115,67), aunque también acaban con un saldo favorable Asturias (114,78), Galicia (112,91) y Castilla la Mancha (107,33).

En esta clasificación de autonomías “perdedoras” y “ganadoras” con el actual sistema de financiación autonómica no están el País Vasco y Navarra, que tienen un sistema de financiación diferente: el concierto económico  o régimen foral, por el que ambos territorios recaudan todos los impuestos y luego pagan al Estado por los servicios que allí presta. Se trata de unos privilegios históricos, que se renovaron en la transición (como contrapartida a los nacionalistas moderados ante una ETA asesina) y que suponen hoy un privilegio económico real: el País Vasco ingresó 4.925 euros por habitante en 2015 y Navarra 6.020 euros por habitante, frente a 3.029 euros Andalucía, 3.165 euros Murcia o 3.231 euros Canarias. Estos mayores ingresos  (un 60% más que la media de España) permiten al País Vasco y Navarra ser las comunidades que tienen mayor gasto en educación, sanidad y servicios sociales y los impuestos más bajos de España, según el estudio del profesor Ignacio Zubiri. Y además, son las autonomías con mayor crecimiento, mayor riqueza y menor paro.

Los expertos coinciden en que el sistema de financiación autonómica actual es injusto y desigual, además de poco transparente y muy complejo. Las autonomías se financian con la cesión de una parte de los impuestos estatales (50% del IRPF e IVA más 58% de los impuestos especiales), más el 100% de los tributos cedidos (sucesiones y patrimonio)y los impuestos propios que establecen las autonomías (han pasado de 49 en 2008 a 75 en 2016) más transferencias del Estado central, compensado todo ello con varios Fondos (cuatro) para compensar su población, extensión  o  su nivel de renta. Así sale lo que recibe cada uno y de ahí se deduce que el sistema actual perjudica a Canarias, Comunidad valenciana, Murcia, Andalucía y Madrid, sobre todo, y beneficia a Cantabria, la Rioja, Extremadura y Castilla y León. Pero además, supone unos ingresos insuficientes para todos, que hay que compensar con déficits, deuda y retrasando el pago a proveedores.

Ahora, el Gobierno Rajoy promete cambiar el sistema de financiación autonómica para antes del verano, promesa que ya incumplió en 2014 y 2016. Lo primero que piden las autonomías es tener más recursos y los expertos creen que antes hay que fijar el coste real de la sanidad, la educación, la dependencia y los gastos sociales, que suponen dos tercios del gasto autonómico. Y a partir de ahí, aumentar el flujo de ingresos desde el Presupuesto del Estado. Y en paralelo, buscar una mayor co-responsabilidad fiscal, que las autonomías “se mojen” a la hora de recaudar, porque ahora el 87% de sus ingresos vienen de fuera. Y claro, así gastan con menos control que si tuvieran que fijar ellos la mayoría de los impuestos de sus ciudadanos. En tercer lugar, hay qué ver qué se hace con la deuda, con esa losa de 271.980 millones de euros, que en su mayoría deben al Estado central. Unos expertos piden que se les perdone y se parta de cero y otros creen que sería una mala idea, que incentivaría la deuda futura, y apuestan por renegociarla y pagarla a muy largo plazo.

Buscar un sistema alternativo de financiación autonómica no va a ser fácil, porque hay que encajar un difícil puzzle donde todos salgan ganando y nadie perdiendo, algo imposible. Hay dos problemas de fondo que resolver. Uno, conseguir más ingresos, lo que pasa por una reforma fiscal profunda, en el Estado y en las autonomías: España ingresa 50.000 millones de euros menos por impuestos que el resto de Europa, según la Comisión Europea, porque hay más fraude fiscal (en el IVA), pagamos menos impuestos (carburantes, alcohol y medioambientales) y, sobre todo, porque hay tres grupos que pagan menos impuestos de los que deberían: grandes empresas, multinacionales y los más ricos. O España consigue recaudar más (se puede) o las autonomías no tendrán más recursos y seguirán financieramente asfixiadas .

El otro problema de fondo es el reparto del gasto, de las competencias. Actualmente, el 50% del gasto lo hace el Estado, un 35% las autonomías y un 15% los Ayuntamientos. Pero las autonomías tienen competencias cada vez más costosas (como la sanidad, que en una década se llevará el 50% de sus Presupuestos) y deberían tener más ingresos, más “trozo del pastel del gasto”, lo mismo que los Ayuntamientos, a costa de un menor peso del Estado central. Salvo que se dé marcha atrás y aumenten las competencias estatales, como pretendía Renzi en Italia. Pero si no es así, si apostamos por un país descentralizado, el Estado central tendría que perder ingresos y poder.

No parece que Rajoy esté por la labor de que el Estado central pierda poder y recursos en beneficio de las autonomías. Ni tampoco que grandes grupos de poder (grandes empresas, multinacionales y los más ricos) paguen más impuestos para que haya más ingresos que repartir con las autonomías. Así que todo apunta a que buscará otro “parche” para afrontar la actual asfixia económica de las autonomías. Un “parche” que impedirá recuperar la sanidad, la educación, la Dependencia, los gastos sociales y muchas inversiones autonómicas que hacen falta. Urge una reforma a fondo del sistema de financiación, para que los gobiernos más cercanos, autonomías y ayuntamientos, tengan más recursos estables para gestionar mejor los servicios imprescindibles, nuestro día a día. A costa de un Estado central más pequeño.