Elecciones 24-M: claves para nuestra economía

Las elecciones autonómicas y municipales de este domingo son claves para nuestros bolsillos, incluso más que las generales. Las autonomías gestionan el desempleo, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la Dependencia y la justicia (12 autonomías). Y en estos años, las diferencias entre los recortes y servicios autonómicos han sido abismales, con lo que será clave quien gestione estos servicios públicos los próximos años. Además, la mitad de los impuestos que pagamos son autonómicos y locales, aunque los notemos menos que pagar el IVA o el IRPF. Y de las autonomías y Ayuntamientos dependen otros servicios esenciales, desde vivienda, carreteras, guarderías, transportes, agua o basuras, que suben o se privatizan y son fuentes de corrupción. Y la cultura, las instalaciones deportivas, el urbanismo y la contaminación. Además, las nuevas autonomías y Ayuntamientos tendrán que estrenarse haciendo más recortes y subiendo  impuestos para bajar su déficit, por exigencia de Bruselas (acaba de pedir más ajustes) y Montoro. Así que mire bien su voto el 24-M.
 

enrique ortega

Las autonomías tienen mucho que decir frente al problema que más preocupa a los españoles, el paro. Primero, porque son las que gestionan las oficinas de empleo (SEPE) y por tanto las responsables de ayudar a los parados a encontrar trabajo (sólo a 2 de cada 100), con cursillos y asesoramiento personalizado. Las diferencias en la gestión de la SEPE y en los medios son muy patentes entre autonomías, aunque la mayoría adolece de falta de medios y personal. Pero hay más: las autonomías tienen también competencias en política económica, con ayudas a empresas y a la promoción de empleo. Y tienen mucho que decir a la hora de atraer inversiones o apoyar la exportación, el turismo o la investigación y las nuevas tecnologías. Y eso se nota en el empleo.

No es casual que las autonomías con menos paro, Navarra (15,66%) y País Vasco (16,43%) sean las autonomías con más peso de la industria (23% y 27%, frente al 12,3% en toda España), de la tecnología (gastan el 1,79% y 2,09 % del PIB, frente al 1,3% de España)  y de los gastos en educación, así como de las empresas que exportan. Y que las tres autonomías con más paro, Andalucía (33,62%), Canarias (30,81%) y Extremadura (30,24%) son las que tienen un menor peso de la industria (del 7 al 10%), menos gasto en tecnología (del 0,5 al 1% del PIB), menos gasto en educación y menos empresas exportadoras. Y por eso, 8 de las 10 ciudades españolas menos afectadas por la crisis son localidades de Vizcaya y Guipúzcoa, mientras las 10 ciudades que peor han pasado la crisis están en el litoral mediterráneo, sobre todo en Murcia, Castellón, Tarragona y Almería, según el reciente Atlas de la crisis.

Así que el paro y el empleo tienen mucho que ver con las políticas que hagan las autonomías, no sólo con el Gobierno central. Y eso es mucho más definitivo con los servicios públicos: Rajoy ha hecho recortes (unos 35.000 millones), pero también han sido claves los recortes de las autonomías y la forma en que han gestionado los menores recursos. Así, los recortes en educación han sido del 21,6% del presupuesto (unos 9.000 millones), pero han sido mayores en cuatro autonomías, tres de ellas gestionadas por el PP: Comunidad Valenciana (-28,2%), Castilla la Mancha y Cataluña (-26,5% ambas) y Madrid (-21,2%), según un reciente informe de la Fundación BBVA-Ivie. Los recortes en sanidad han sido del 20,7% (10.000 millones), pero han sido mayores en Castilla-La Mancha (-28.5%) y Canarias (-26,6%). Y en prestaciones sociales, con un recorte global del 2,3% (-3.000 millones), destacan los tijeretazos de Castilla la Mancha (-40%), Andalucía (-35%) y Baleares (-32%).

Antes y después de estos recortes, las diferencias de gasto de las autonomías en servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales) son abismales. Las autonomías que menos gastan son Madrid (19% de su PIB), Baleares (23%), Cataluña (25%), Navarra (25,77%), País Vasco (28,5%) y Comunidad Valenciana (29%), mientras destacan en el esfuerzo por financiar servicios públicos Asturias (gasta 43% de su PIB), Extremadura (39,8%), Cantabria (34,13%) y Andalucía (33,6%). Esas diferencias suponen que Asturias gasta 8.531 euros/habitante en servicios públicos frente a 5.252 Canarias.

Desglosando por servicios, en el gasto en educación vuelve a ser Madrid la que menos gasta (2,6% de su PIB), seguida de Cataluña (3,4%), frente a las dos que más gastan, Extremadura (6,5% del PIB) y  Andalucía (5,7%), según el informe Fundación BBVA-Ivie. Si se tiene en cuenta la mayor o menor población, las que más gastan en educación por habitante son País Vasco (1.223 euros) y Navarra (1.106 euros), un tercio más que Madrid (790 euros por habitante) o Baleares (830 euros), mientras la media de España son 914,9 euros/habitante.

En sanidad, Extremadura vuelve a ser la autonomía que más gasta (9,44% de su PIB), seguida de Asturias (8,5%), Murcia (7,9%) y Cantabria (7,4%), mientras las que menos gastan vuelven a ser Madrid (4,5% PIB) y Cataluña (5% PIB). Contando la población, el mayor gasto por habitante en sanidad se da en Asturias (1.714 euros), País Vasco (1.620€) y Cantabria (1.530€), mientras es bajo en Andalucía (1.182€), Baleares (1.274€) y Comunidad Valenciana (1.301€), siendo 1.356 euros/habitante el gasto medio en España.

Y en protección social (desempleo, pensiones, dependencia y servicios sociales), vuelve a ser Madrid la autonomía que menos gasta (12,3% de su PIB), seguida de Baleares (13,65%), Cataluña (16,7%) y Castilla la Mancha (19,7%), porcentajes que contrastan con los de Asturias (28,7% PIB en gastos sociales), Extremadura (23,85%), Andalucía (20,88%) y Cantabria (21,87%). Y ponderando el gasto con la población, contrasta los 5.750 euros por habitante en protección social de Asturias (o los 5.115 del País Vasco) con los 3.074 euros por habitante en Canarias (o los 3.200 de Murcia y Baleares). La media de España son 3.958 euros.

Como se ve, no reciben el mismo gasto en educación, sanidad o servicios sociales en unas autonomías que en otras. Y lo mismo pasa en las ayudas a la Dependencia (ancianos y jóvenes discapacitados): hay un abismo entre los 174 euros por habitante que gasta en Dependencia Cantabria( 153 euros la Rioja, 149 el País Vasco o 140 Castilla y León) y los 39 euros por habitante que gasta Canarias (56 Baleares, 62 Valencia y 84 Murcia). Y no todas tardan lo mismo en reconocer las ayudas ni tienen las mismas “listas de espera”. Por eso, 11 autonomías han sido suspendidas por el Observatorio de la Dependencia, los profesionales del sector: Comunidad Valenciana, Canarias, Ceuta y Melilla (las cuatro, con 1,7 puntos sobre 10), Aragón (3,3), Baleares (3,8), Galicia, Madrid y Murcia (las tres, 4,2 puntos), Cantabria y Cataluña (4,6 puntos). De las 11 suspensas, 9 están gestionadas por el PP, responsable también del 10 concedido a Castilla y León, junto al 7,5 del País vasco y el 7,1 de Andalucía.

La Justicia también está gestionada por 12 autonomías (todas salvo las dos Castillas, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla), con un 80% de los juzgados y el 82% de población. Y por ello son en parte responsables del colapso judicial, aunque la mayor culpa esté en los recortes y la falta de jueces que ha impuesto el Gobierno Rajoy.  En otro tema clave, la vivienda, las autonomías también tienen mucho que decir, aunque hagan poco para paliar la falta de viviendas sociales y sobre todo de alquileres sociales: sólo hay un 2% de vivienda pública en alquiler, frente al 19% en Francia o Gran Bretaña. Y las ayudas al alquiler (muy recortadas) varían mucho entre autonomías. Y no hay que olvidar el urbanismo y la futura configuración de las ciudades (clave para Madrid, con grandes operaciones pendientes, como Chamartín, Campamento, Plaza España, el Bernabéu y el Calderón), que van a depender mucho de quien gobierne autonomías y ayuntamientos tras el 24-M.

Otro tema clave son los servicios públicos municipales, desde el agua y las basuras a los transportes, las guarderías, la cultura, las bibliotecas o los polideportivos municipales, cuyos precios y tasas son también claves para nuestros bolsillos. En general, la mayoría de los Ayuntamientos han subido las tarifas, mientras muchos trataban de privatizar los servicios, lo que en bastantes casos ha provocado más subidas (guarderías). Y otras veces, la adjudicación de los contratos con empresas de servicios, que ahora deben revisarse, han sido fuente de corruptelas (basuras). Además está el problema de la contaminación: en las grandes capitales respiramos un aire que mata y un 95% de los españoles respira un aire contaminado que supera los límites de la OMS, sin que se tomen medidas efectivas para recortar las emisiones de coches, viviendas e industrias.

Por el lado de los impuestos, la mitad de los que pagamos van a las autonomías y Ayuntamientos, desde los recargos en el IRPF (los más altos, en Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana, los más bajos en Madrid, Balares, Aragón, Galicia y Castilla y León) hasta el IBI municipal (que ha subido un 50% en los últimos 5 años) o las tasas por basuras y agua, sin olvidar los impuestos a la compra de viviendas (transmisiones) o los del automóvil. Todas las autonomías han aumentado sus impuestos y creado muchos otros nuevos (como los medio ambientales) mientras 8 de cada 10 Ayuntamientos han aumentado su recaudación por impuestos directos, una media del 17%, además de haber despedido a 86.714 trabajadores municipales (un 13% de su plantilla).

Lo malo es que este ajuste (subida de impuestos y recortes) en las cuentas autonómicas y municipales va a seguir después del 24-M, gane quien gane. Y eso porque autonomías y Ayuntamientos están en manos de Hacienda, que ha evitado su quiebra con varios “rescates” (62.558 millones en Fondos de liquidez para pagar a proveedores) y unos créditos sin interés a cambio de ajustes. Y ahora, cuando pase la marea electoral, Montoro volverá a la carga, a exigir a autonomías y Ayuntamientos que recorten sus déficits si no quieren que les corte el grifo de la financiación (como Bruselas y la troika con Grecia).

Así será al menos hasta diciembre. Y por ello, desde junio, los nuevos dirigentes autonómicos y municipales se verán obligados a hacer más recortes y a subir impuestos. Sobre todo, las autonomías, cuyo déficit superaron todas en 2014 (salvo Navarra, País Vasco, Canarias y Galicia), quedando  en el 1,66% del PIB, lo que les obliga a ajustar otros 10.000 millones de euros en 2015 (para cerrar en el 0,7% de déficit prometido a Bruselas). También tienen un problema 2.500 Ayuntamientos (un tercio del total), sometidos hoy a un duro Plan de ajuste, con una inyección de 11.000 millones a cambio de recortes y subidas de impuestos, que los nuevos ediles tendrán que mantener si no quieren quebrar.

O sea que votemos lo que votemos, nos esperan más ajustes, por exigencia de Montoro (hasta diciembre) y de Bruselas, que acaba de exigir a España más ajustes en 2015 y 2016 para cumplir con el déficit prometido. Claro que, como hemos visto, hay formas y formas de recortar. Y hay enormes diferencias entre los servicios públicos que prestan las autonomías. También autonomías con más y menos impuestos. Lo mismo pasa con los Ayuntamientos, que además pierden muchas competencias con la nueva ley de Régimen Local, sin que esté asegurado que las cubran las autonomías. Al final, todo esto es lo que deberíamos pensar antes de votar. Porque el 24-M nos jugamos mucho, sobre todo en nuestra economía, en nuestros bolsillos.