Autonomías: menos peso del gasto social
Las autonomías, empujadas por el PP, llevan meses
pidiendo más recursos al Gobierno y quejándose de falta de financiación. Pero incurren
en 3 contradicciones. La primera, piden más dinero y a la vez vetan
el nuevo techo de gasto y los Presupuestos 2025, que les
aportarían 12.000 millones más. La segunda, exigen más ingresos del Estado,
pero mientras rebajan impuestos (más a los más ricos) y pierden 6.500
millones de recaudación (Madrid, -60.000 millones desde 2004). Y la
tercera, piden más recursos para ofrecer más servicios, pero los datos
revelan que gastan menos cada año (porcentualmente) en gastos sociales (sanidad,
educación y servicios sociales) y más en pagar deuda y “otros gastos”.
Un escándalo. Y Madrid, la autonomía más peleona y pionera en bajar
impuestos, es la que menos gasta por habitante en sanidad y educación.
No hagan “demagogia” y piensen en “la gente”: urge reformar la
financiación autonómica y tener más recursos, pero para gastarlos
mejor en lo que hace falta.
Pero la realidad es que, en los últimos años, todas las
autonomías han recibido más dinero que nunca del Estado central, gracias al
fuerte crecimiento y a la inflación, que han permitido a Hacienda récords de
recaudación: 271.935
millones en 2023, un +6,4% (tras aumentos del +15% en 2021 y +14%
en 2022). Por eso, el Gobierno Sánchez ha podido aportar a las autonomías
unas cantidades récord: 147.412
millones de euros en 2024 (+9,5%, un máximo histórico), que les han
permitido cubrir sus gastos y compensar la infrafinanciación. Y gracias al
crecimiento, el aumento del empleo y la recaudación récord, las autonomías recibirán
estos casi 7 años de Gobiernos de
Sánchez (2018-2024) unos
300.000 millones más del Estado de lo que recibieron durante los casi 7
años de Gobiernos de Rajoy (2012-2018).
Ahora, el Gobierno Sánchez quiere aprobar un Presupuesto para 2025, tras
no poder aprobar el de 2024 (por la falta de apoyo de ERC y Junts, tras el
adelanto electoral en Cataluña) y prorrogar este año el de 2023. Pero el
Gobierno tiene que aprobar antes, por exigencia de la Constitución (se
aprobó un añadido en 2011, obligado por Bruselas) y de la Comisión Europea, un “techo
de gasto” y una “senda
de déficit”, dos cimientos previos a todos los Presupuestos. El Consejo de
Ministros aprobó ambos el 16 de julio. Pero el PP (y Vox), con el apoyo de
Junts, lo vetaron a finales de julio. El Gobierno volvió a
aprobar lo mismo (techo de gasto y senda de deuda) el 10 de septiembre,
pero finalmente no lo ha llevado al Congreso, para no perder una 2ª
votación, dado que Junts sigue con su veto (con PP y Vox ).
Estos dos puntos de partida de los Presupuestos 2025 no
debían ser tan polémicos. Por un lado, el
“techo de gasto” es un tope que se pone a todo el
gasto del Estado, contando con lo que se espera crezca la economía (y la
recaudación) y la obligación (impuesta por la Comisión Europea) de rebajar
el déficit público (del 3% del PIB en 2024 al 2,5% prometido para
2025). Así sale que España no puede gastar más de 195.353 millones en
2025, un +3,2% (sin contar los Fondos europeos). Eso supone poder gastar
6.138 millones de euros más en 2025. Algo que beneficiará a todos los
españoles y también a las autonomías, que se llevan casi la mitad del gasto
total. Pero el PP (y Vox), que gobiernan 11 autonomías, vetan este “techo de
gasto”, no tanto porque les parezca alto (es el que admite la Comisión
Europea) sino como “arma de ataque político” al Gobierno.
El otro documento que también se veta es “la
senda de déficit” . En este
caso, el Gobierno reparte el tope de déficit prometido a Bruselas
para 2025 (2,5% del PIB, unos 37.500 millones de euros) entre el
Estado central, la Seguridad Social, las autonomías y los Ayuntamientos. La
idea es “repartir el ajuste”. Pero este año, el
Gobierno ha propuesto un cambio: la Administración central reducirá más
su déficit (al -2,2% del PIB frente al -2,8% inicialmente previsto: tendrá
que “ajustar” sus cuentas en 9.000 millones más) para que las autonomías tengan más margen
de gasto y puedan tener déficit (antes se les ponía como objetivo un superávit
del +0,1% del PIB y ahora se les permite un déficit de
-0,1%). Eso se traduce en que podrán gastar 3.000 millones más de lo previsto
en 2025 (y otro tanto en 2026). Y también mejora “la senda de
déficit” para los Ayuntamientos: si antes debían tener un superávit del
+0.1% del PIB en 2025, ahora, el Gobierno les propone que no tengan superávit (cuantas
equilibradas), con lo que podrán gastar 1.500 millones más (y 3.000 en
2026, cuando se les permite también un equilibrio en vez del +2% de superávit).
Esto es lo que significa, a lo claro,
la “senda del déficit” propuesta por el Gobierno: que las autonomías
puedan gastar 3.000 millones más en 2025 (y otros 3.000 extras en 2026) y
que los Ayuntamientos gasten 1.500 millones más en 2025 (y 3.000 en
2026), a cambio de que la Administración central gaste menos (-9.000 millones).
Y el PP (y Vox), que gobierna en 11 autonomías y la mayoría de los
Ayuntamientos, ha votado en contra… No se entiende, salvo que se anteponga la “pelea
política frontal” a los intereses de regiones y ciudades.
Pero hay más. Si no hay Presupuestos para 2025, por no aprobarse previamente
ni “el techo de gasto” ni la “senda del déficit”, las
autonomías van a tener menos recursos, porque recibirán con retraso
las aportaciones del Estado. Vean por qué. El grueso de los ingresos de
las autonomías son “las entregas a cuenta” que les hace el Estado
central (el Gobierno) a cuenta de la parte que les corresponde por los
impuestos que ingresa (la mitad del IRPF y del IVA y el 58% de los impuestos
especiales). Cada año se presupuesta lo que les corresponde y se les da
un anticipo: para 2025, Hacienda tiene previsto entregarles 147.320
millones. Y además, cada año se les entrega la liquidación de dos
años antes (la diferencia entre lo presupuestado y el ingreso real).
En 2025, está previsto liquidarles 11.692 millones, por la diferencia
de 2023 (recaudación real-entrega a cuenta).
Con ello, el proyecto del Gobierno es entregarles a las
autonomías 159.104 millones en 2025 (+2,6%), de los que 147.320
millones son a cuenta de la recaudación prevista, que son 12.743
millones más que en 2024. Pero si no hay Presupuestos, esta
aportación se retrasa legalmente y dependerá de un Real Decreto que
debe aprobar el Gobierno en 2025. Eso
ya pasó en 2024, cuando las autonomías recibieron sus aportaciones a cuenta
(son pagos quincenales) a partir de junio. Así que si no hay
Presupuestos, las autonomías no recibirán estos 12.743 millones extras de 2025 hasta
el próximo verano, no desde el 1 de enero.
Como se ve, las autonomías (y Ayuntamientos) perderán
recursos si no hay Presupuestos por una triple vía: habrá
menos gasto público en toda España (-6.138 millones), podrán gastar menos por
no aprobarse su nuevo techo de déficit (-6.000 millones en 2025 y otros tantos
en 2016) y les llegará medio año más tarde la parte extra que les corresponde
de la mayor recaudación de impuestos (12.743 millones). Quizás los ciudadanos que
viven en las autonomías no lo sepan, pero sus gobernantes sí lo saben.
Pero no han presionado al PP (ni a Vox) para que apoyen el techo de gasto y la
senda de déficit, aunque les cueste dinero.
En el caso de Junts, han suavizado su veto inicial a
la senda de déficit y quieren pactar, para “sacar tajada”: ahora buscan
aumentar el gasto autonómico, pelean porque el déficit de
las autonomías en 2025 sea mayor. Que en vez del -0,1% del PIB que
propone el Gobierno aumente: incluso proponen subirlo a un máximo del -0,8%. A lo claro, eso significaría que las
autonomías podrían gastar 10.500 millones adicionales en 2025. Y como a
Cataluña le puede corresponder un 25% (por su peso económico y fiscal), les “tocaría”
un gasto extra de +2.625 millones, que Junts vendería como “un triunfo político
propio”. El Gobierno está viendo cuánto puede ceder, ya que como el
déficit total es inamovible (no debería superar el -2,5%, para que lo
acepte Bruselas), lo que gasten de más las autonomías lo gastaría de
menos el Estado central (en servicios públicos, ayudas e inversiones).
La primera contradicción de las autonomías, al pedir
más dinero y vetar el techo de gasto y la senda de déficit , es evidente. La
segunda es aún más clara: las autonomías piden más recursos y a la vez,
las gobernadas por el PP (y Vox) reducen
su recaudación porque rebajan impuestos,
desde hace años. Una rebaja fiscal que beneficia más a los que más tienen y reduce
sus ingresos de forma clara. Así, en 2022, las autonomías
renunciaron a 5.710 millones de ingresos por sus rebajas fiscales, según
un estudio de la Fundación Alternativas, CES, Intermón Oxfam y CCOO. Concretamente,
hubo 10 autonomías que redujeron su recaudación, encabezadas
por Madrid (-6.255 millones, el 2,4% de su PIB) y Andalucía (-703
millones), Canarias (-363), Castilla y León (-353), Castilla la Mancha (-238),
Cantabria (-201) y Galicia (-147 millones), mientras la aumentaban Cataluña (+1.199),
Comunidad Valenciana (+683), Baleares (+550), Extremadura(+207) y Asturias (+46).
En general, la mayoría de autonomías han aumentado sus
deducciones en el IRPF y han “deflactado la tarifa” (descontado la
inflación de los ingresos), además de reducir los tipos en sucesiones y
donaciones (una carrera por bajar impuestos a las herencias) y bonificado el
impuesto del patrimonio. Con ello, en los Presupuestos autonómicos de
2024 se contemplan rebajas fiscales de -2.856 millones de euros,
según
la AIReF, de los que -624 millones son de la Comunidad Valenciana, -453
millones de Madrid, -169 de Baleares, -148 de Galicia y -124 de Navarra. Y para
2025, la mayoría de autonomías gobernadas por el PP siguen con rebajas
fiscales: otros
-180 millones Madrid, una autonomía que ha
renunciado a ingresar 65.000 millones desde 2004… Y mientras, es la
región que menos gasta en sanidad (1.280 euros por habitante frente a
1.635 de media y 2.129 en Asturias) y
en educación (858 euros frente a 1.081 de media y 1.522 euros en el
País Vasco).
Pero la contradicción más flagrante de las autonomías
es que piden más recursos al Estado y luego cada año gastan menos en lo que necesitamos,
en sanidad, educación y servicios sociales. Así, entre 2010 y 2023, las
autonomías han reducido el porcentaje de gasto que dedican al gasto social (aunque gastan más millones): de suponer dos terceras partes de su Presupuesto (el 67,4% en 2010) ha
bajado a ser poco más de la mitad (el 58,9% en 2023), según
denuncia un informe de los Directores de Servicios Sociales. Un
escándalo: piden más dinero y cada año pesa menos lo que se
gastan en sanidad, educación y servicios sociales, los servicios
públicos que gestionan. A cambio, ha aumentado drásticamente los intereses que
pagan por su deuda (era el 5,3%
del gasto en 2010 y supuso el 20,1% en 2023) y los “otros gastos”
(desde personal, compras e inversiones a gastos varios como inversiones megalómanas
o la Formula 1…).
Y aunque cada año aumentan los Presupuestos autonómicos, la
mayor parte del aumento no va al gasto social. Así, en 2023, según
el informe, sólo 1 de cada 10 euros de aumento de los Presupuestos
autonómicos fueron a aumentar el gasto social (sanidad, educación o
servicios sociales). Y en Sanidad, por ejemplo, el gasto por
habitante de las autonomías en 2023 (1.635 euros) es inferior
al de 2020 (1.657) y 2021 (1.678), a pesar de las listas de
espera y el deterioro de la sanidad pública. Además, hay una gran diferencia
en el gasto social: en 2023, están a la cola Madrid (2.464 euros por
habitante), Cataluña (2.942), Murcia (3.008) y Andalucía
(3.035), todas por debajo del gasto social autonómico medio (3.124 euros por
habitante), la mayoría gobernadas por el PP y bajando impuestos.
En el caso del gasto en Dependencia, los datos son
más escandalosos, según
otro informe de los Directores de Servicios Sociales: hay 3 autonomías que
han aprovechado la mayor aportación del Estado para gastar ellos menos en
Dependencia, en 2023 sobre el 2.020. Las autonomías que han “hecho caja”
son Castilla y León (ha gastado -34,7 millones, -6,3%), Galicia
(-6,4 millones, -2,1%) y Aragón (-3,2 millones, -1,6%). En conjunto, todas
gastaron sólo un 9% más en Dependencia (2020-2023), mientras el Estado
central aportaba un +138% estos 3 años. Y eso, a pesar de que los
dependientes crecen cada año y 292.792 están en espera de ayuda o trámites. Con
el agravante de que, como muchos son octogenarios, 40.000
dependientes mueren cada año sin recibir la ayuda a la que tienen
derecho (mientras las autonomías reducen o medio congelan su gasto).
Tras este “panorama”, quizás tengamos “otra idea” sobre las
peticiones de más recursos y el gasto que hacen las autonomías. Y entendamos la
demagogia que se hace cada día con el debate de la financiación
autonómica. Está claro que hay que reformar el sistema,
para que las regiones tengan más recursos, repartidos de forma más justa. Pero
también es evidente que hay que acabar
con el sistema actual de rebajas fiscales autonómicas, porque eso
perjudica a la mayoría de los ciudadanos: una minoría paga menos pero la
mayoría sufre que su autonomía acabe gastando porcentualmente menos en
sanidad y educación (Madrid)
o servicios sociales (Canarias).
Debería haber unos
mínimos comunes, que aseguren unos servicios públicos homogéneos
en toda España, desde el tratamiento del cáncer a las guarderías o la
FP. Unas leyes que incluyan Fondos de nivelación para igualar los
servicios públicos que se prestan a los ciudadanos, vivan donde vivan.
Debates que casi nadie plantea.
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