Enrique Ortega |
Hacienda está consiguiendo un récord en los ingresos tributarios en 2022: han aumentado en +22.283 millones hasta finales de julio (+18%), recaudando ya 146.235 millones de euros, según la Agencia Tributaria. Una recaudación extra que tiene 3 causas: la fuerte inflación (todo es más caro y el IVA y otros impuestos que pagamos suben), hay más gente trabajando, cotizando y pagando impuestos (+284.000 empleados este primer semestre y 796.000 ocupados más en el último año) y hay más actividad, tras la caída por la pandemia (la economía creció un +0,65% en el primer semestre de 2022). Se espera que la recaudación siga al alza el resto del año y Hacienda recaude unos 35.000 millones más este año.
Un dinero extra que “no va a la hucha de Sánchez”, como reitera demagógicamente el PP, sino “a la hucha del Estado”, que tiene que pagar con estos ingresos extras los gastos públicos y los gastos extras que acarrea la crisis por la invasión de Ucrania: hasta ahora, las ayudas aprobadas cuestan 30.000 millones, cifra que seguirá aumentando hasta final de año. Y además, hay que recordar a Feijóo y los suyos que más de la mitad de la recaudación del Estado va a las autonomías y Ayuntamientos, muchos gobernados por ellos: las autonomías reciben un 50% de la recaudación total del IRPF y del IVA y el 58% de lo que se ingresa por los impuestos especiales (carburantes, tabaco y alcohol), mientras los Ayuntamientos participan también en la recaudación de tributos del Estado (más del 2% del IRPF, IVA y especiales).
Así que si el Estado recauda más este año, más de la mitad de estos ingresos extras acabarán en las arcas de autonomías y Ayuntamientos, como ya viene pasando los últimos años. Y volverá a pasar en 2023, como adelantó Hacienda a autonomías y Ayuntamientos en julio pasado: van a tener los mayores ingresos del Estado de su historia, debido a que se espera un nuevo aumento de la recaudación tributaria, por el triple efecto de la inflación, el aumento del empleo y el crecimiento esperado de la economía.
Concretamente, las autonomías van a recibir 134.335 millones del Estado en 2023, lo que supone 26.130 millones más que este año (+24%). Una parte (124.292 millones, un 11% más) son ingresos a cuenta de la recaudación esperada en 2023 (el 50% de lo que Hacienda espera ingresar por IRP e IVA y el 58% por impuestos especiales) y el resto (10.980,6 millones) es la liquidación por la diferencia entre lo adelantado a cuenta en 2021 y lo realmente ingresado (se liquida a los dos años). Pero además, el Gobierno va a permitir a las autonomías tener “un margen adicional de gasto” en 2023: les aumenta el déficit permitido, del -0,1% del PIB que se contemplaba en abril al -0,3% de déficit que les permite ahora, según el último Plan de Estabilidad enviado a Bruselas en julio. Eso se traduce en que podrán gastar 2.580 millones más en 2023. Al final, entre mayores ingresos y mayor déficit, las autonomías tendrán un colchón de gasto de +28.710 millones de euros en 2023.
Esto es algo que ya viene pasando en los últimos ejercicios, donde las autonomías han ido aumentando año tras año los ingresos que reciben del Estado, debido al aumento de la recaudación y a la necesidad de financiar mejor las crecientes competencias. Así, los datos de Hacienda indican que las autonomías recibirán 178.750 millones adicionales en los 5 años completos de Gobierno Sánchez (2019-2023) de los recibidos en los cinco años anteriores completos del Gobierno Rajoy (2013-2017). Claro que eso no se debe tanto a “la vocación autonomista” del Gobierno como a la mejora de la recaudación tras la resaca de la crisis de 2008-2014, junto a las mayores demandas de las autonomías, que se quejan (con razón) de falta de recursos y de los efectos negativos (más para algunas) del actual sistema de financiación autonómica, que Rajoy prometió cambiar en 2014 (pendiente hoy).
Los Ayuntamientos también van a recibir en 2023 la mayor transferencia de fondos del Estado de su historia: 23.035 millones de euros, un 5% más que en 2022 (+ 1.100 millones), según les anticipó Hacienda en julio. La mayor parte (19.452 millones, +3%) les llegará por la entrega a cuenta de su participación en los ingresos del Estado en 2023 (2,13% del IRPF, 2,32% del IVA y 2,92% de los impuestos especiales) y el resto (3.583 millones) vendrá de la liquidación (positiva) por la diferencia entre lo adelantado a cuenta en 2021 y lo realmente ingresado (se liquida a los dos años). Además, en los Presupuestos para 2023 habrá una partida para compensar a los Ayuntamientos de la posible liquidación negativa que salga cuando se les liquiden los ingresos de 2022. Y también, como con las autonomías, el Gobierno ha aprobado otro colchón extra a los Ayuntamientos para 2023: se les va a permitir tener un menor superávit. Si antes se les pidió ayudar a recortar el déficit público español con un superávit del +0,2%, ahora se les permite tener un +0,1%, lo que supone poner gastar otros 1.290 millones extras en 2023. En total, pues, podrán gastar 2.390 millones más.
En definitiva, que autonomías y Ayuntamientos va a tener más ingresos que nunca en 2023: +28.710 millones las regiones y +2.390 millones los municipios. Unas cifras muy importantes, si se concretan y comparan con sus Presupuestos. Así, Andalucía ingresará 4.316 millones más (11% de su gasto), la Comunidad de Madrid +2.600 millones (el 10% de su gasto), Cataluña +3.100 millones (el 8%), la Comunidad Valenciana +2.835 millones (el 11%) , Galicia +1.409 millones (9%), Canarias +1.246 millones (12%), Castilla y León +1.000 millones (8%), Aragón +879 millones (12%), Castilla la Mancha +812 millones (8%)…
¿Qué van a hacer las autonomías y Ayuntamientos con estos ingresos extras? La ministra de Hacienda les ha pedido que lo gasten en ayudas para compensar la inflación (complementando las ayudas estatales) y en reforzar los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales). Pero me temo que no lo gastarán así, por dos razones. Una, por lo que han hecho con los fondos extras recibidos del Estado para paliar la crisis de la COVID: de los 29.500 millones recibidos en 2020 (16.000 millones) y 2021 (13.500 millones), no se gastaron 3.500 millones ni en Sanidad, ni en Educación ni en gastos sociales (los destinos para los que les traspasaron el dinero), según Hacienda y la AIReF. Y tenemos otro hecho revelador: 11 autonomías recortaron el gasto en Dependencia en 2021, (sobre todo Cataluña y Canarias) “aprovechando” que el Estado central aumentó su aportación a la atención de los dependientes: aprovecharon el dinero “extra” para “hacer caja y gastar en otras cosas, a pesar de que hay 186.346 dependientes en las "listas de espera" de la Dependencia…
La otra razón que me hace temer por el destino de este dinero extra para autonomías y Ayuntamientos es el anuncio de muchos gobiernos autonómicos y municipales de que van a bajar los impuestos en 2023, curiosamente un año en que se celebran elecciones en mayo en los municipios y la mayoría de las regiones. En concreto, Madrid, Andalucía, Murcia o Galicia (autonomías gobernadas por el PP), ya han anunciado que van a bajar los impuestos autonómicos en 2023, deflactando la tarifa (descontando de los ingresos a declarar la inflación) y bajando tipos y gravámenes. Y también será la bandera de muchos alcaldes, sobre todo los del PP, Ciudadanos y Vox. Así que una parte de los ingresos extras que van a recibir del Estado (de todos nosotros) lo van a destinar a bajar impuestos en sus regiones y ciudades, no a mejorar los deteriorados servicios públicos.
Y esta política tiene dos problemas. Uno, que la bajada de impuestos acaba deteriorando los servicios públicos, ya que se reducen los ingresos de autonomías y Ayuntamientos. No es casualidad que las autonomías que menos ingresan sean también las que menos gastan en sanidad, educación y servicios sociales. Veamos los datos. De las 6 autonomías que menos ingresan por habitante (datos 2021), 5 están gobernadas por el PP : Madrid (3.823 euros ingresos por habitante), Andalucía (4.206 euros), Canarias (4.232), Murcia (4.435), Castilla y León (4.727) y Galicia (4.973 euros por habitante), que contrastan con Navarra (7.388 euros por habitante), La Rioja (5.944), País Vasco (5.732), Castilla la Mancha (5.474) o Aragón (5.326 euros por habitante). Y a su vez, estas mismas 6 autonomías (5 gobernadas por el PP) son las que menos gastan por habitante: 3.726 euros Madrid o 4.206 Andalucía frente a 7.388 Navarra, 5.944 la Rioja, 5.732 el País Vasco o 5.454 Castilla la Mancha.
Pero todavía está más clara la divergencia si miramos el gasto autonómico en sanidad educación y servicios sociales, según los últimos datos de los Directores de Servicios Sociales (2020). En sanidad, las 4 autonomías que menos gastan son Madrid (1.204 euros por habitante), Cataluña (1.251), Murcia (1.268) y Andalucía (1.278), por debajo de la media española (1.375 euros/habitante), tres de ellas autonomías que prometen seguir bajando impuestos en 2023. En gasto en educación, vuelve a estar a la cola Madrid (725 euros por habitante), seguida de Asturias (826), Canarias (838), Castilla y León (842), Baleares (858), Cataluña (866) y Castilla la Mancha (870), todas por debajo del gasto medio español (905 euros por habitante). Y en servicios sociales, el menor gasto se da en Baleares (157 euros por habitante), seguido de Canarias (243), Murcia (279), Madrid (274), Andalucía (286), País Vasco (294), Galicia (301) y Cataluña (308), todas por debajo del gasto medio (309 euros).
El otro problema que acarrea bajar impuestos como “bandera electoral” es que la medida beneficia más a los que más tienen, a los ingresos medios altos y altos, según se ha demostrado en las rebajas hechas los últimos años en Madrid, Andalucía o Murcia, como revela este estudio de los economistas fiscales. Y hay un hecho que lo corrobora: han aumentado los ricos que se empadronan en las autonomías con menos impuestos. Veamos el dato: 500 multimillonarios y 3.700 contribuyentes con un patrimonio entre 3 y 30 millones consiguen no pagar nada de impuesto de patrimonio por tener su residencia en Madrid, que por bonificar el 100% de este impuesto deja de recaudar 900 millones de euros cada año (mientras recorta médicos, centros de salud y profesores). Y también se benefician más de las rebajar en herencias y otros impuestos los contribuyentes que tienen más recursos.
Así que en los próximos meses, cuando la derecha continúe con su propuesta de bajar impuestos, más ante las elecciones de mayo, recuerde estos datos y piense en cuál es el mejor destino de los mayores ingresos: si rebajar impuestos (más a los que más tienen) o mejorar los servicios públicos, donde hay muchas autonomías que gastan poco. Y este debería ser un debate clave para las elecciones de mayo porque las autonomías son la clave para asegurar el Estado del Bienestar: son responsables del 92% del gasto sanitario público, del 85% del gasto educativo y del 73% del gasto en Dependencia. Así que si bajan impuestos e ingresan menos, los servicios públicos esenciales se van a resentir.
En paralelo a este debate sobre los futuros impuestos autonómicos y municipales, la derecha (PP, Ciudadanos y Vox) sigue con su bandera de “bajar impuestos para resolver todo”, desde la subida de la luz y los carburantes a los alimentos: las grandes distribuidoras (y el PP) piden bajar el IVA de los alimentos para rebajar su precio. Así conseguirían mantener sus mayores márgenes a costa de que el Estado (no Sánchez) ingrese menos y tenga menos recursos, necesarios para financiar las ayudas necesarias para compensar la inflación y para complementar una sanidad, educación y servicios sociales muy necesitados de refuerzo.
Oponerse a bajar impuestos no es una cuestión "ideológica" (de “izquierdas”) sino "económica". Porque casi nadie dice que España tiene un serio problema de recaudación, que ingresamos menos por impuestos que la mayoría de Europa (ahora y desde hace décadas): en 2021, por ejemplo, España recaudó por importe del 43.7% del PIB, frente al 46,9% la UE-27, el 47,8% Alemania, el 48,3% Italia y el 52,8% Francia. Eso quiere decir que, si recaudáramos como el resto de europeos, España debería ingresar entre 38.562 millones más (UE-27), 49.407 millones más (Alemania) o 109.660 millones más (Francia)… cada año. Para conseguirlo, tendríamos que recaudar más en todos los impuestos, reduciendo deducciones injustas en IRPF y Sociedades, con menos tipos bajos en IVA y reduciendo el fraude.
Así que si queremos ser como los demás europeos, tenemos que recaudar más, no menos. Y sólo así podremos gastar más, porque aunque tampoco se dice, España tiene menos gasto público que la mayoría de Europa: gastó el 50,6% del PIB en 2021, frente al 51,6% la UE-27, el 52,4% la zona euro, el 51,5% Alemania, el 55,5% Italia y el 59,2% Francia. Y aquí hay menos distancia porque para mantener este gasto (insisto: menor) tenemos que tener más déficit público (y más deuda) que la mayoría de Europa. O sea, que si queremos gastar más, en sanidad, educación, dependencia, gastos sociales y en modernizar la economía y el país, como parece necesario, hay que recaudar más, no menos. Y como en economía no hay milagros (“bajamos impuestos y se recauda más”), si se bajan impuestos se tendrá que gastar menos por algún lado. Madrid ya ha demostrado dónde…
En resumen, que el aumento de la recaudación puede ser una buena ocasión para financiar las necesarias ayudas frente a la inflación y para que las autonomías y Ayuntamientos refuercen los servicios públicos. Pero algunos políticos regionales y locales no deberían aprovechar estos mayores ingresos, y las elecciones de mayo, para bajar impuestos, en beneficio de los que más tienen y en perjuicio del Estado del Bienestar, que hay que reforzar y no recortar. Es nuestro seguro para el futuro, como se ha visto con la pandemia y la guerra. No lo olvidemos.
Justo en la diana. Lo peor es la demagogia. Pero lo cierto es, como aquí en Galicia, que el deterioro del Estado Social se nota.
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