Este domingo se celebran elecciones generales y hay que votar para salir de un estancamiento político que dura ya 4 años. Y tenemos más problemas que Cataluña. La economía debería ser una preocupación central este 10-N, porque la recuperación no llega a todos: un tercio de españoles trabajan en precario y una cuarta parte, 12 millones, son oficialmente “pobres”, según la estadística europea. Y además, hay riesgo de que estalle otra crisis y no estamos preparados para afrontarla. Por eso, tendríamos que conseguir un Gobierno estable, que consiga pactar como sea las grandes reformas que necesita España: empleo, reforma laboral, pensiones, lucha contra la pobreza y desigualdad, educación y mejora de los servicios públicos, vivienda y una modernización de la economía. Pero todo esto cuesta dinero y España recauda 73.000 millones menos que Europa. Sin una reforma fiscal, para que paguen más el 5% que pagan poco (multinacionales, grandes empresas, bancos y los más ricos), no hay salida. Piénselo al votar.
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| enrique ortega |
España lleva 4 años largos sin afrontar los grandes problemas del país, desde que el 2 de octubre Rajoy anunció las elecciones del 20 de diciembre de 2015, a las que han seguido otras dos fallidas, la del 26 de junio de 2016 y la del 28 de abril de 2019. Ahora, en las elecciones del 10 de noviembre (las cuartas en 4 años, un récord mundial) nos jugamos acabar con el bloqueo político que ha impedido aprobar ninguna reforma seria estos años. Y para conseguirlo, necesitamos que salga un Gobierno estable (en solitario o en coalición), que sea capaz de plantear y pactar las reformas más urgentes que necesita el país. Y que tome medidas para impedir que se genere otra crisis que hunda el crecimiento y el empleo y nos lleve otra vez a los recortes y al desempleo.
¿Cuáles son los retos que deberían preocupar a los electores el 10-N? El primero y fundamental, el empleo, el primer problema para 2 de cada 3 españoles, según el CIS. El empleo se ha “enfriado” este verano (69.400 empleos frente a 182.200 en 2018 y 225.000 en los veranos de 2016 y 2017) y además sigue siendo muy precario (sólo 6,2 de cada 100 empleos nuevos son “decentes”: fijos y a jornada completa) y con sueldos bajos. Y el paro sigue siendo el doble que en Europa (13,9% frente a 6,2% en la UE y 3,1% en Alemania) y llega al 31,6% entre los jóvenes menores de 25 años. Además, casi la mitad de los parados (43,5%) llevan más de 1 año sin trabajar y el 40% de los parados no cobran subsidio.
Urge pactar un Plan de choque contra el paro, aumentando las ayudas a los parados, promoviendo su formación (la mayoría no hacen cursos) e incentivando la contratación de jóvenes, mujeres y mayores de 45 años. Y en paralelo, alcanzar un pacto social con sindicatos y patronal para luchar contra la precariedad laboral, fomentando contratos fijos y a jornada completa con sueldos decentes y anulando los aspectos más lesivos de la reforma laboral.
El segundo gran reto es mejorar los servicios públicos, el Estado del Bienestar: En Sanidad, aumentar las plantillas de médicos y enfermeras (reduciendo los temporales, hoy un tercio del personal), mejorar los hospitales y centros de salud, renovar su tecnología y reducir las listas de espera, racionalizando el gasto farmacéutico. En Educación, mejorar las plantillas y aumentar los centros (suprimiendo barracones), luchar contra el fracaso escolar con apoyos, corregir las desigualdades educativas entre autonomías y reformar la enseñanza universitaria, para ajustar sus programas a la demanda de empleo, reforzando la Formación Profesional, sobre todo la dual (30% programa son prácticas en empresas). Y en Dependencia, aportar más recursos públicos a las autonomías para reducir la lista de espera: hay 257.487 dependientes con derecho reconocido que esperan una prestación. Y como muchos son ya octogenarios, 80 dependientes se mueren cada día sin que les llegue.
El tercer gran reto es reducir la pobreza y la desigualdad en España, un cáncer no sólo social sino también político y económico, porque hay 12 millones de españoles en situación de pobreza (tasa AROPE, un indicador europeo) que malviven ganando el 60% o menos de la media (menos de 1.552 euros al mes una familia con 2 hijos) y que apenas consumen, cotizan o pagan impuestos,“pasan” de la política y se sienten abandonados por la democracia. Y enfrente, se han quintuplicado los millonarios (hay casi 1 millón de españoles con más de 1 millón de dólares de patrimonio) y crece la desigualdad, con un 20% más rico que tiene 6 veces los ingresos del 20% más pobre, siendo España el 4º país con más desigualdad de Europa, tras Bulgaria, Lituania y Letonia, según Eurostat.
Cuarto reto básico y de fondo: apuntalar el sistema de pensiones. A corto plazo, tenemos el problema de que el gasto crece más que los ingresos por cotizaciones (porque crecen los pensionistas y los nuevos vienen con pensiones más altas, mientras los empleos cotizan por salarios muy bajos y discontinuos). Con ello, la Seguridad Social cerrará este año con un déficit de -17.430 millones, similar a los de 2016, 2017 y 2018, cerrando así 10 años seguidos de déficit (-118.022 millones desde 2010). Un déficit que se ha tapado con deuda y gastando la hucha de las pensiones (tenía 66.815 millones en 2011 y cerrará 2019 con 2.000 millones). Pero el problema no es sólo “tapar” este agujero anual, sino hacer frente al problema que se nos viene encima a medio plazo, a partir de 2027, cuando se jubilen los españoles del “baby boom” (nacidos entre 1960 y 1975), lo que disparará el número de pensiones (de los 9,7 millones actuales a 15 millones en 2050), sin que aumente apenas el empleo (sólo habrá 500.000 empleos más que hoy) que ha de financiarlas con sus cotizaciones.
Urge un Pacto de pensiones con un horizonte hasta 2050, que asegure más ingresos (con una subida de cotizaciones y trasvase de impuestos), quite gastos que debe pagar el Presupuesto y no las pensiones (fomento del empleo, ayudas por maternidad o paternidad, pago desempleo no contributivo, coste Ministerio de Trabajo) y atempere el gasto futuro en pensiones, quizás subiendo la edad efectiva de jubilación y aumentando el periodo de cómputo de cotizaciones (de los 25 previsto para 2027 a 35 años). Y sobre todo, estudiar un sistema de revalorización anual de las pensiones actuales que “no se coma” las pensiones futuras (subirlas todas con el IPC cuesta 327.000 millones en 20 años), quizás concentrando la revalorización en las pensiones mínimas y más bajas.
El quinto gran reto es la vivienda, sobre todo los alquileres, que se han “disparado” en los últimos años, con una subida que oscila entre el 50% desde 2014 (según los portales de alquiler) y el 24,6%, según Fomento (a partir de las fianzas). Aquí, el atajo de Podemos y algunos Ayuntamientos es imponer controles, limitar la subida de los alquileres como se va a hacer en Berlín. Pero puede provocar el efecto contrario: que los propietarios no alquilen. Sería mejor incentivar el alquiler de las 3,44 millones de viviendas vacías (con deducciones fiscales, en el IBI y el IRPF) y, sobre todo, ampliar el parque de viviendas en alquiler (con promoción pública de Ayuntamientos y autonomías), hoy inexistente, y facilitar suelo público a los promotores que construyan alquileres baratos. Más oferta para bajar precios.
El sexto gran reto, de España y del mundo, es luchar contra el Cambio Climático, racionalizar la oferta y el consumo de energía para no cargarnos el Planeta. El Gobierno en funciones aprobó en febrero de 2019 un Plan Integrado de Energía y Clima que puede ser un punto de partida para lograr un gran Pacto climático, donde se integren los partidos, las empresas eléctricas y energéticas, los transportes y los consumidores, con inversiones, impuestos, tarifas y ayudas que permitan esta urgente “reconversión energética”. Y en paralelo, urge una auditoría del sector eléctrico, para ajustar el recibo a lo que de verdad cuesta producir la luz, porque hoy pagamos un sinfín de “extracostes” que explican por qué la luz en España es la 4ª más cara de Europa para las familias y la 9ª más cara para las empresas.
El 7º gran reto de España, el más de fondo, es conseguir modernizar la economía para ser más competitivos y más ricos. Hoy por hoy, España es la 5ª potencia económica de Europa pero la renta de los españoles ocupa el lugar nº 14 entre los europeos, no sólo por detrás de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia (lógico), sino que tenemos menos renta por habitante que Luxemburgo, Irlanda, Holanda, Austria, Dinamarca, Suecia, Bélgica, Finlandia y Malta. Somos más pobres que 13 paises por dos razones: trabajamos menos gente (deberían trabajar 1.800.000 españoles más para llegar a la tasa de empleo UE) y trabajamos peor. Trabajamos menos gente porque el modelo económico está basado en los servicios (el turismo y la hostelería), pesa menos la industria y las grandes empresas, producimos con menos tecnología y valor añadido y tenemos una mano de obra poco formada (el 40,9% de adultos no tiene acabada la ESO), factores que en buena medida explican también que trabajemos peor, con menos productividad (ha caído un -10,5% entre 1995 y 2017 mientras crecía un +4,5% en Europa) y eficacia. Un reto que exige tomar medidas a 20 años vista, para ser más productivos y vivir mejor.
Al final, todos estos grandes retos exigen una cosa: dinero. Recursos para pagar a los parados, para incentivar a las empresas a que los contraten, para formación, recursos para contratar más médicos y reducir las listas de espera, para mejorar la educación, más recursos para ayudar a nuestros mayores dependientes, para ayudar a los millones de familias pobres (y sobre todo a sus niños), más ingresos para las pensiones, más dinero para promover viviendas públicas, más recursos para financiar la lucha contra el Cambio climático, más inversiones para modernizar y digitalizar la economía, para competir mejor en el mundo. Y el problema es que España no tiene recursos, es más, gasta más de lo que ingresa, con lo que este año tendremos otra vez déficit (el 2% del PIB), el 4º mayor déficit de Europa (tras Rumania, Italia y Francia). Y la Comisión Europea ya nos ha advertido que podría ser mayor y que el futuro Gobierno tiene que recortar al menos 6.500 millones en 2020, no gastar más.
¿Cuál es el problema? ¿Gastamos mucho? No. Realmente, España es uno de los paises europeos con menos gasto público: un 41,3% del PIB frente al 45,6% de media en la UE-28 para 2018, según Eurostat. Eso significa que para “homologarnos” con Europa, deberíamos gastar 51.954 millones más al año. Porque gastamos mucho menos que los europeos en sanidad (5,8% del PIB frente al 7,2% de su PIB que gastan la UE-28, Alemania e Italia o el 8,2% que gasta Francia), en educación (4% del PIB frente al 5% medio de la UE-28 y hasta el 7% de algunos paises), en Dependencia (0,7% del PIB frente al 1,4% en los paises OCDE), en Ciencia (1,2% del PIB frente al 2,1% en la UE-28), en pensiones (10,8% del PIB en España frente al 13,9% en Francia, el 16,2% en Italia, el 10,1% en Alemania o el 6,2% en Reino Unido, según la OCDE), en ayudas a la familia (0,7% del PIB en España frente al 1,7% en la UE)) y en protección social (el 16,6% del PIB frente al 18,8% en Europa). Gastamos menos en todo, según Eurostat, salvo en paro (el 1,6% del PIB frente al 1,2% en la UE, pero tenemos más del doble de paro).
Si el gasto público es menor que Europa y tenemos más déficit, ¿qué pasa? Pues que ingresamos mucho menos. El gran problema de España es que recauda mucho menos, exactamente 73.703 millones menos en 2018: ingresamos el 38,9% del PIB frente al 45% que ingresaron los 28 paises UE (y los del euro aún más: el 46,3%), según estos datos de Eurostat. Y recaudamos menos en todos los impuestos: en Renta (somos el 3º país europeo que menos recauda: un 7,5% del PIB frente al 10% de media en la UE-28, el 9% de Francia o Alemania, el 12% de Italia o el 27% de Dinamarca), en IVA (recaudamos 23.400 millones menos que la media europea, según la Comisión), en Sociedades (recaudamos el 2,3% del PIB frente al 2,5% que recauda la zona euro, con 3.453 millones de beneficios fiscales a las empresas en 2018), en impuestos sobre alcohol, tabaco y carburantes (ingresamos el 2,5% del PIB frente al 2,3% de media en la UE y el 3% en Dinamarca, Finlandia, Reino Unido o Grecia), en impuestos verdes (recaudamos 3.000 millones menos que la media europea) y hasta con las herencias (-3.250 millones menos que Europa). Y el impuesto sobre el patrimonio (con tipos bajos) no se paga en Madrid (deja de recaudar 955 millones cada año) y ofrece "rebajas" en 7 autonomías.
Así que si queremos gastar más en lo que hace falta (sólo acercarnos al gasto de los europeos) y no subir el déficit, sólo nos queda recaudar más. Y eso supone un gran Pacto fiscal, para reformar los distintos impuestos, rebajar deducciones y exenciones injustificables, reducir el fraude y hacer que paguen más no el 95% de los españoles (que ya pagamos bastante) sino ese 5% que pagan menos: las multinacionales, grandes empresas, bancos, rentas más altas y los más ricos. Si no se hace, es imposible disponer del dinero que hace falta para afrontar las grandes reformas que necesita el país.
El problema es que los tres partidos de la derecha sólo tienen una obsesión, además de la “mano dura” con Cataluña: bajar impuestos. Casado (PP) cuantifica su promesa si gana: bajar 12.000 millones los impuestos a las empresas. Y Ciudadanos promete "rebajar el IRPF a las rentas altas y suprimir el impuesto sobre el patrimonio y las herencias", los dos más "redistributivos". Así resultaría muy difícil mejorar los servicios públicos, el empleo y las pensiones, sobre todo si crecemos menos. Mientras, el PSOE “esconde" en su programa electoral las subidas de impuestos que defendió, con Podemos, en su Presupuesto 2019. Quizás teme que hablar de subir impuestos le quite votos...
Eso sería porque no se explica bien. Hay que contar a los españoles que tenemos una serie de reformas urgentes y que no pueden hacerse sin gastar más. Y que es factible hacerlo, porque gastamos menos que Europa e ingresamos mucho menos. Que esto no significa subir impuestos al 95% de los españoles, sino que paguen más ese 5% que hoy paga poco y puede colaborar más en mejorar España. Es fácil de entender y asumir, sin temor, por la mayoría, que no se vería afectada. Pero esa minoría, que sabe que si gana la izquierda tendrían que pagar más, alimenta los temores ciudadanos y los programas de las tres derechas. Piénselo al votar el 10-N.
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