España falla en la formación de adultos

Casi el 40% de los adultos españoles está poco formado, más del doble que en Europa. España no se esfuerza por formarlos, ni cuando trabajan ni cuando están parados: sólo el 10,5% de los adultos se forma tras finalizar sus estudios, menos que en la mayoría de paises. La educación reglada de adultos ha caído a la mitad, los cursos de formación sólo los hacen el 3,5% de los parados y entre los trabajadores en activo, sólo 2.800.000 hacen algún curso. El problema no son los recortes, que han reducido cursos, sino que ni siquiera se gasta el dinero disponible (tenemos 2.000 millones de remanente), porque ni parados ni trabajadores se animan a formarse en cursos largos y poco atractivos. Y las empresas se quejan de hay mucha burocracia y tienen que adelantar el dinero. La formación de adultos no funciona y tanto sindicatos como patronal piden cambios. Urge mejorarla si queremos mano de obra preparada para la revolución tecnológica que está ahí. A formarse.

enrique ortega

España es un país con poca formación para trabajar. El último dato de la OCDE (2018) es muy revelador: un 39,9% de los adultos (25-64 años) tienen baja formación (la ESO o menos), frente al 18,7% de media en Europa (UE-23), el 10,9% en Finlandia, 13,3% en Alemania, 20,6% en Francia, 33,3% en Reino Unido o el 38,3% en Italia (sólo Portugal está peor, con el 50,2% de adultos poco formados). Y otro 22,9% de adultos españoles tiene una formación media (Bachillerato o FP), frente al 46,2% en Europa. Eso sí, tenemos más universitarios: un 37,3% de los adultos, frente al 35,6% en Europa (UE-23). 


No sólo tenemos menos adultos formados, según sus títulos. Es que, además, tienen menos “habilidades”, menos competencias prácticas, según el informe PIACC 2013, que nos sitúa “a la cola de Europa”. En comprensión lectora, tenemos a un 27,2% de los adultos en su nivel mínimo (Finlandia tiene sólo al 10%). En matemáticas, el 30,6% de adultos se sitúan en el nivel mínimo, el porcentaje más alto de toda Europa con Italia. Y lo mismo sucede en informática (el 42% de los adultos españoles son “casi analfabetos digitales”) y en idiomas: la mitad de los adultos españoles (49%) no conocen otro idioma extranjero, frente al 34% de media en Europa, el 10% en Escandinavia o el 15% en Holanda y Suiza.


En definitiva, hay demasiados españoles con poca formación académica y con pocas habilidades prácticas, lo que explica en buena medida que tengamos el doble de paro. Y que el 72% de las empresas españolas se quejen de que no encuentran el perfil de trabajador que necesitan. Pero el problema se va a agravar en el futuro, con la revolución tecnológica, donde sólo tendrán empleo los mejor formados: para 2020, el 50% de los empleos en Europa serán para los trabajadores con formación media (sólo el 22,9% de los adultos españoles), el 35% para los que tienen alta formación (37,3% españoles adultos) y sólo quedará un 15% del empleo para los peor formados (casi el 40% de los españoles), según un estudio de CEDECOP. Y centrados en España, de los nuevos empleos disponibles dentro de diez años, entre 8,8 y 10 millones, sólo el 2,3% serán para los que tienen baja formación, un 39,5% para los que tienen estudios medios y más de la mitad (58,4%) para los que tengan educación superior, según un estudio de la Fundación BBVA e Ivie.


La urgencia de formarse es evidente, pero el problema es que España parte de una baja formación y se ha hecho poco por mejorarla. Otra vez más, los datos son impactantes: sólo el 10,5% de los adultos españoles se forman a lo largo de su vida laboral, por debajo del 11,1% de media en Europa y sobre todo por debajo del 14,6% que se forma en Reino Unido, del 19% que se forma en Francia y Holanda o del 30% que casi alcanzan en Finlandia o Suecia, aunque España queda por encima de la formación continua en Alemania (8%, aunque es un país con alta formación de partida), de Italia (8,1%) y Portugal (10,1%), según Eurostat. La Comisión Europea cree que la formación continua es uno de los grandes retos del continente y planteó un objetivo dentro de la Estrategia Europa 2020: que llegue al 15% el año próximo.


Ese 10,5% de adultos que se forman a lo largo de su vida lo hacen en España por 3 caminos: los estudios “reglados” que promueve el Ministerio de Educación (formación de adultos) y la formación “no reglada” (fuera del sistema educativo), que promueve el Ministerio de Trabajo y las fuerzas sociales (sindicatos y patronal), a través del SEPE y de la Fundación para la formación en el empleo (FUNDAE), para los parados y para los que trabajan.


El primer camino, la formación de adultos en centros educativos, ha caído a la mitad en los últimos años: alcanzó un máximo en 2011-2012 (474.621 alumnos) y fue cayendo después, sobre todo en 2014 (328.348 alumnos), para llegar a 230.026 alumnos matriculados en enseñanzas para adultos en el curso 2018-19, casi la mitad para sacar la Secundaria (105.746), otros 14.952 para obtener la ESO y 19.254 para acceder a la Universidad. Este desplome en la educación reglada para adultos se debe sobre todo a los recortes, que redujeron profesores y centros: hay 418 centros menos que en 2011 (-16%), 2.323 centros  educativos que imparten enseñanza para adultos (el 98,9% públicos). Pero también hay un desinterés hacia esta educación, poco flexible (horarios) y poco incentivada socialmente.


El segundo camino, que se bifurca en dos, es la formación “no reglada”, los cursos que se imparten a parados y ocupados. Se financia con las cuotas de formación que cotizan cada mes empresas y trabajadores (el 0,7% : 2.101 millones en 2018), más una pequeña aportación el Presupuesto y de los Fondos europeos (312,55 millones en 2018). En total, fueron 2.414 millones de euros en 2018, que se reparten para formar a parados (1.148 millones) y trabajadores (1.148 millones), junto a la financiación de becas y otros gastos (118 millones). El problema ha sido que la formación fue una de las partidas que más sufrieron los recortes de Rajoy: la aportación del Estado a la formación no reglada pasó de 934 millones en 2011 a 134 millones en 2015.


Vayamos a la formación a los parados, que gestionan el SEPE (antiguo INEM) y las autonomías (responsables del 95% de esta formación). En 2018, sólo 117.538 parados finalizaron cursos de formación, en 1.622 centros públicos de empleo y 18.780 entidades privadas de formación, según el SEPE. Significa que sólo el 3,5% de los parados registrados hicieron cursos: fueron básicamente mujeres (52,91%), parados de edades medias (53,23% entre 25 y 45 años) y mayores (26,37%), pocos jóvenes (20,3% eran menores de 25 años), con formación media (36% con Bachillerato o FP) y alta (14 % universitarios) y sobre todo parados con baja formación (49%). Y dos tercios de los que hicieron cursos volvieron a trabajar.


Este bajo porcentaje de parados que hacen cursos (3,5%) es doblemente preocupante si sabemos que la mayoría de los parados españoles tienen baja formación: casi la mitad de los 3.214.100 parados que había en España en septiembre (EPA) tienen la ESO o menos (49,19%), una cuarta parte Bachillerato o FP (24,62%) y otra cuarta parte son universitarios (26,17% de los parados), según el INE. Y están aún peor formados los parados de larga duración, los que llevan más de 1 año sin trabajar (1.243.400 en septiembre): el 53,4 % tienen la ESO o menos, el 23,3% Bachiller o FP y el mismo porcentaje de universitarios.


Y vayamos al tercer camino para formarse, los cursos para trabajadores en activo, que se imparten a través de la Fundación para la Formación (FUNDAE, integrada por Trabajo, sindicatos y patronal) y del SEPE. Existen dos fórmulas: la formación bonificada (que imparten las empresas, ellas directamente o a través de empresas de formación, a cambio de recibir ayudas en forma de recorte de cotizaciones) y la formación subvencionada, cursos gratuitos que se convocan y que se ofrecen a través de entidades de formación acreditadas. Dos tercios del dinero van a la formación bonificada que programan las empresas y el tercio restante a los cursos que convoca la FUNDAE.


En total.  en 2018 hubo 360.052 empresas que utilizaron la formación bonificada, alguna más que en 2017 (+4.545) pero 118.000 menos que en 2013 (478.621 empresas hicieron formación), según la FUNDAE. Son sólo el 21,2% de las empresas que podrían hacerlo, una cifra muy baja y que se reparte de forma desigual: hacen poca formación las microempresas (el 16,6%) y las pymes (el 49,7%) y mucho más las medianas (81,2% la hacen) y las grandes (92%), probablemente las que tienen el personal mejor formado. Las que más hacen formación son las empresas de Madrid (se llevan 156 millones), Cataluña (110) y País Vasco (28,5 millones), sobre todo empresas de servicios, hostelería, comercio e industria.


En cuanto a los trabajadores, 2.800.000 ocupados hicieron cursos de formación en 2018, sólo el 21,3% de los trabajadores que podrían formarse. Y realizaron 1,6 cursos de media, con 14,8 horas de media por curso (en 2008 eran 27 horas de media), la mayoría presenciales (75,5%) aunque crecen los online (23,5% cursos). El perfil del trabajador que hace cursos bonificados o subvencionados es hombre (54,7%), de 36 a 45 años (23,19%) y de 46 a 55 años (17,80%), pocos jóvenes (17,5% menores 35 años), con un nivel de estudios alto (29% son universitarios) y medio (45% son trabajadores cualificados), muchos directivos y jefes (30%), la mayoría trabajan en grandes empresas (el 56%) y escogen cursos de comunicación y marketing (22,85%), administración y gestión (20,20%), informática y comunicaciones (12,19%), servicios socioculturales (10,90%), hostelería y turismo (5,92%), según la Memoria 2018 de FUNDAE.


Parece claro que la formación a los trabajadores no funciona cuando sólo la hacen 360.000 empresas (hay 3 millones registradas) y 2.800.000 trabajadores (hay 16.790.000 asalariados). En 2015, el Gobierno Rajoy impuso una reforma de la formación, para atajar la ineficacia y el fraude, quitando la semi exclusividad de los cursos a sindicatos y patronal. Pero las fuerzas sociales, que ya se quejaban entonces del sistema, hoy se quejan más. Primero, porque han caído el número de empresas que hacen formación. Segundo, porque la nueva normativa ha encarecido los cursos, expulsando a las microempresas de 5 a 10 trabajadores. Tercero, por la falta de transparencia en la adjudicación de los cursos, que se concentran en menos empresas, vinculadas a grandes consultoras: sólo 19 entidades se reparten el 30% de los fondos (con 3 millones cada una) mientras las 287 restantes se llevan una dotación media de sólo 67.000 euros. Cuarto, que hay un exceso de burocracia y las empresas tienen que adelantar el 40% de los cursos y tardan en recuperarlo. Y quinto, que los cursos son demasiado generalistas y poco ligados a lo que necesitan las empresas.


Pero la mayor crítica que hacen sindicatos y patronal al sistema de formación es que es ineficaz, porque no es capaz de gastar los recursos disponibles: Trabajo les ha reconocido que hay un remanente de 1.504 millones de euros no gastados entre 2015, 2016 y 2017. Y en 2018, sólo en la formación bonificada, no se utilizaron 125 millones, el 19,3% del Presupuesto disponible, según la Memoria de FUNDAE. Pero la patronal CEOE va más lejos: entre 1993 y 2016, de los 35.215 millones pagados para la formación por empresas y trabajadores (vía cuotas a la SS), sólo se gastaron 20.682 millones. El resto, 14.533 millones (el 41,3%) es un remanente que no fue a formación (no será porque no hace falta) y que los distintos Gobiernos han gastado en otras cosas o en reducir el déficit.


Ahora, sindicatos y patronal insisten en que la reforma del sistema de formación debe de ser una prioridad de cualquieracuerdo social y con el futuro Gobierno. Hace falta un Plan integral de formación, para trabajadores y parados, que consiga gastar lo presupuestado, en cursos que sean útiles para mejorar la cualificación y afrontar la revolución tecnológica. Y es clave mejorar la transparencia en la gestión y la eficacia, con auditorías. Además, algunos expertos apuestan por no hacer la formación sólo a través de las empresas sino crear la figura del “cheque formación”, para que no haya trabajadores excluidos. Y promover en los convenios la formación continua, con incentivos a los trabajadores que se formen. En paralelo, urge reformar los cursos para parados, aumentando su utilidad y vinculándolos al cobro de prestaciones. Y en la enseñanza reglada, incluir la educación de adultos como una prioridad de un necesario Pacto Educativo, con más profesores y centros implicados.


En definitiva, se trata de conseguir que los españoles adultos estén mejor formados y más preparados para los nuevos empleos que ya se necesitan hoy y para las habilidades que se van a exigir en el futuro. Un factor clave para lograr que trabaje más gente (debería haber 1,8 millones de personas más trabajando para equipararnos al empleo europeo) y que trabajen mejor, con más eficacia (España ocupa el puesto 23 en el ranking mundial de productividad). Eso exige aprobar un Plan de formación continua (no existe), recursos y apoyo, desde las empresas y los sindicatos al poder  político. Nos jugamos el futuro.