Recuperación: 1 de cada 5 españoles, excluidos

La economía española lleva 5 años creciendo, pero la recuperación no llega a todos: hay 8,5 millones de españoles “excluidos”, 1,18 millones más que antes de la crisis, según el VIII Informe Foessa (Cáritas). Y de ellos, la mitad son “excluidos severos”, españoles con graves problemas de ingresos, trabajo, vivienda, aislamiento, salud o educación. Y de ellos, 1,8 millones están “expulsados”, con graves problemas para sobrevivir cada día. En conjunto, son 1 de cada 5,5 españoles excluidos económica y socialmente, que “han perdido el tren” y muchos son irrecuperables si no se toman medidas, sobre todo por culpa del paro, la precariedad del trabajo y  la vivienda, los mayores causantes de la exclusión social. Y los más afectados son los jóvenes, las mujeres solas con niños, los discapacitados, los inmigrantes y las familias muy numerosas, sobre todo en Canarias, Extremadura, Baleares y Valencia. Urge intentar recuperarles cuanto antes, porque la exclusión social no sólo es injusta e inmoral: es un cáncer para la economía y la democracia.

enrique ortega

Ya sabíamos que la crisis ha aumentado la desigualdad, a pesar de la recuperación: si en 2008, el 10% más rico tenía 9,7 veces los ingresos del 10% más pobre, ahora, ese 10% tiene 12,8 veces más ingresos, según este informe de Intermón Oxfam. Y España es el 4º país europeo con más desigualdad, tras Bulgaria, Lituania y Letonia, según Eurostat. El  1% más rico concentra el 25,1% de la riqueza española, casi lo mismo que el 70% más pobre (32,1% de la riqueza total). Y el 10% más rico acapara más riqueza (53,8%) que el 90% restante de españoles (46,2% de la riqueza total), según el informe de Intermón Oxfam “La recuperación económica en manos de una minoría”. Y también sabíamos que ha crecido la pobreza: había 12.338.187 españoles pobres en 2017, según la estadística europea AROPE, que incluye personas que ingresan menos del 60% de la renta media española o que sufren privaciones o que trabajan pocas horas. Son 1,4 millones de pobres más que en 2008.

Lo que no sabíamos hasta ahora es que la crisis ha aumentado también la “exclusión social”, a pesar de la recuperación: hay 8.592.000 españoles “excluidos” en 2018, el 18,4% de los españoles, 1,18 millones de excluidos más que en 2007, según el VIII Informe Foessa (Fundación de Cáritas). ¿Qué españoles se consideran excluidos? No son sólo pobres (la mayoría sí). Son personas apartadas de la vida económica, social y política debido a carencias económicas, de vivienda o de salud y a su aislamiento social, personas que se han quedado “fuera” y no consiguen salir de su aislamiento. El VIII Informe FOESA estudia 35 variables (ingresos, paro, empleo, vivienda, salud, educación, aislamiento social y político) y ha realizado 29.000 encuestas en 2018 (viene haciendo informes periódicos desde 1964) para estimar el grado de integración o exclusión social de los españoles.

El VIII Informe Foessa (2018-19) revela que algo menos de la mitad de los españoles están plenamente integrados socialmente: 22.601.832 personas, el 48,4% de los españoles, casi los mismos que en 2007 y más que en lo peor de la crisis (el 34,1% en 2013). Un tercio de la población (el 33,2%, 15.503,736 españoles) están integrados de una forma precaria, inestable, casi los mismos que en 2007 (34,6%) y menos que en 2013 (40,7% precarios). Y luego hay 8.592.000 españoles con problemas de exclusión social, un 18,4% de la población, 1,18 millones más que antes de la crisis (eran el 16,4% en 2007) y menos que en 2013 (25,3% con problemas). Dentro de este grupo con problemas de exclusión, hay dos colectivos que están peor, según el Informe Foessa. Uno, los 4.109.000 españoles (un 8,8% de la población) que están en exclusión social severa: se han cebado en ellos el paro y la precariedad laboral, tienen una vivienda insegura e inadecuada que les cuesta pagar, están aislados o tienen problemas de salud y tienen poca formación y no participan social ni políticamente. Y dentro de  este colectivo, hay 1.800.000 excluidos (eran 600.000 en 2007) que Foessa considera “expulsados” de la sociedad: tienen tal cúmulo de dificultades graves que “malviven” cada día y requerirían ayuda urgente para tener una vida digna.

Centrémonos en esos 8,59 millones de españoles (1 de cada 5,5 habitantes) con problemas de exclusión social en 2018, según Foessa. Los excluidos no son un colectivo uniforme, sino que se reparte de forma desigual. Por un lado, por autonomías. Tienen más exclusión social Canarias (29% frente al 18,4% de media española), Extremadura (23,2% de excluidos), Baleares (21,5%), Comunidad Valenciana (20,3%), Cataluña (18,6%) y Murcia (18,5%). Y menos, La Rioja (11,3% de población excluida), Cantabria (11,8%) y Asturias (14,4%), País Vasco (15,2%), Castilla y León (15,3%) y Navarra (15,9%). Y por otro lado, la exclusión social se ceba con los jóvenes, las mujeres con niños, los discapacitados, los inmigrantes y las familias muy numerosas, según el VIII Informe Foessa.

La edad es un factor clave de exclusión social: los menores de 18 años tienen un alto porcentaje de exclusión social (23,3%, de ellos el 12,6% con exclusión severa), lo mismo que los jóvenes de 18 a 24 años (22,6% excluidos, de ellos el 10% con exclusión severa), mientras el resto de la población tiene una exclusión inferior a la media y los mayores de 65 años, la exclusión más baja (11,4% y sólo el 5% sufren exclusión severa), debido a que tienen una pensión (aunque sea baja) y normalmente la casa pagada. Otras que sufren más la exclusión son las mujeres, especialmente las mujeres solas con niños (20% excluidas, 9,4% con exclusión severa), más que los hombres solos con niños (16% excluidos, el 7,5% severos). Y también hay más personas excluidas entre las familias numerosas con 5 o más miembros (36,1% están excluidos, el 18,8% con exclusión severa). La exclusión social se ceba también entre los discapacitados (afecta al 30%) y entre los inmigrantes (43,8% en exclusión social, el 22% en exclusión severa).

¿Qué provoca la exclusión social? Un factor clave es la pobreza, pero no el único, porque el 40% de los excluidos socialmente no son pobres, según el Informe Foessa. Pero el 56% sí y está claro que los  ingresos y la situación laboral son claves para estar excluido socialmente o no. Por un lado, el paro de larga duración y el cobrar o no desempleo (la mitad de los parados EPA no cobran nada). Y por otro, resulta decisivo el tipo de empleo, porque los excluidos suelen  tener empleos precarios: 1 de cada 3 excluidos han pasado por 6 o más contratos o por 3 o más empresas o ha estado 3 meses o más en paro en el último año, según el informe Foessa (y 1 de cada 2 de los que están en exclusión severa). Y lo peor es que el trabajo tampoco es una garantía de integración social: el 12% de los que tienen un trabajo se encuentran en situación de exclusión social. Y muchos no es sólo por su precariedad laboral y bajos salarios, sino porque trabajan pocas horas: el 31% de los excluidos trabaja menos de 20 horas a la semana, están subempleados.

El otro factor clave de la exclusión social es la vivienda, según el informe Foessa, sobre todo en los últimos años en que los alquileres se han disparado, subiendo un 30%. Esto ha llevado a la exclusión a muchas familias, que dedican un tercio o más de sus ingresos a pagar el alquiler : una media del 34% de sus ingresos mensuales en España, que llega al 51% en Madrid y al 49% en Barcelona), según un reciente estudio de Fotocasa e InfoJobs. Además, el VIII Informe Foessa revela que 2.100.000 hogares (el 11% del total) viven en situación de “exclusión residencial”: unos (1,3 millones) porque viven en casas con graves deficiencias  (infravivienda) y sin suministros adecuados (agua, calefacción) y otros (800.000 hogares) porque viven sin contrato de alquiler o con riesgo de que les desahucien o con situaciones de violencia intrafamiliar.

Una tercera causa de exclusión social es la salud, un problema de ida y vuelta: una enfermedad grave, una toxicomanía o cuidar a un dependiente pueden llevar a la exclusión social de una familia y a su vez, la exclusión social deteriora la salud de los afectados, agravando sus problemas y su exclusión. Por un lado, hay todavía un 0,8% de personas que no tienen la tarjeta sanitaria (según el VIII Informe Foessa) y existe un conjunto amplio de servicios sanitarios que no están disponibles para los españoles excluidos (dentista, óptica, ayudas técnicas, prótesis, salud mental…). Y por otro, las familias en exclusión social han dejado de comprar medicinas por los copagos (el 52% de los que están en exclusión severa y el 24,4% en exclusión moderada), interrumpiendo tratamientos.

Un cuarto factor importante de exclusión social es el aislamiento: un 5,4% de los hogares españoles (1 millón de hogares) están formados por personas solas o sin apoyo (familia, amigos, conocidos…) en caso de dificultades o enfermedad. Y es lo que les pasa a muchas mujeres solas y a inmigrantes: no tienen a quien pedir ayuda si enferman, se quedan sin trabajo o les echan de casa. Y pasan de estar integrados a “excluidos”.

Y también cuenta mucho, claro, el nivel educativo, la formación de las personas. Hay 3 factores claves que fomentan la exclusión: el analfabetismo o la falta de estudios de los padres y la no escolarización de los hijos. Lo más preocupante, según el VIII Informe Foessa es que los hogares con exclusión social tienen más dificultades para que sus hijos estudien (8 de cada 10 jóvenes que no terminan la secundaria son hijos de padres que no tienen EGB) y hay un mayor riesgo de que los hijos “hereden” la exclusión, porque tendrán grandes dificultades para trabajar y emanciparse si tienen poca formación.

¿Cómo se apañan las familias en exclusión social? La mayoría, según el VIII Estudio Foessa, se centran en recortar gastos (de todo menos de vivienda y comida) y pedir ayuda a familia y amigos, aunque cada vez es más difícil porque la mayoría lleva una década pidiendo y muchas “redes de apoyo” están agotadas, en tanto las instituciones (Ayuntamientos o autonomías) y ONG han sufrido drásticos recortes y tienen menos recursos y más demanda. Los que lo están pasando peor son esos 4,1 millones de españoles en exclusión severa, porque su situación “se ha hecho crónica y ha empeorado”, según el VIII Informe Foessa, especialmente los 1,8 millones que están peor, los “expulsados”, que ya han agotado todas las prestaciones y ayudas y no saben qué hacer.

Frente a esta delicada situación de los excluidos, el resto de españoles hemos cambiado de actitud y somos menos solidarios que hace años, según apunta el VIII Informe Foessa. Esto se debe a una cierta “fatiga en la compasión” y a que muchos españoles de clase media se consideran “los perdedores de la crisis” (aunque lo sean más los pobres) y creen que pagan “demasiados impuestos” (aunque pagan menos que en la mayoría de Europa”) y que muchos ingresos se destinan a ayudar “a otros”, sin control. Un sentimiento de crispación, temor e inseguridad ante el futuro que alimenta ideas contrarias a universalizar las ayudas sociales, a veces favorecidas por la xenofobia contra los inmigrantes. Algo que no se corresponde con la realidad: el 80% de los excluidos socialmente son españoles y sólo un 20% son inmigrantes, según aclara el Informe Foessa.

En cualquier caso, el debate está ahí y el reto es cuánto podemos y debemos ayudar a los excluidos socialmente, que son ya 1 de cada 5,5 españoles, en total 8.592.000 personas. Una cifra que podría aumentar si llega otra crisis, porque el VIII Informe Foessa alerta que en el nivel intermedio, los que tienen una integración precaria (33,2% de españoles) hay 6 millones de personas “en la frontera” y muchas podrían pasar de integradas a excluidas si vuelve a fallar el crecimiento o el empleo o se dispara el problema de los alquileres.

Hay que atacar y reducir la exclusión social no sólo por justicia, sino también por razones económicas y políticas. Por un lado, la exclusión social impide que millones de españoles consuman, coticen y paguen impuestos, lo que supone un cáncer para la economía, el crecimiento y el futuro, como han reiterado la ministra Calviño (“la exclusión es uno de los tres grandes problemas de nuestra economía, junto al paro y la deuda”), el FMI, la OCDE y la Comisión Europea, que lleva años pidiendo a España que reduzca la pobreza y la desigualdad y consiga “un crecimiento inclusivo”, que la recuperación llegue a todos.

Pero además, la exclusión social es un grave problema para la democracia, como señala el VIII Informe Foessa: sólo la mitad de los hogares excluidos votan y el 18% no votan nunca, frente al 74,1% de los hogares integrados que votan siempre. Y hay barrios excluidos en algunas ciudades donde el 75% de los ciudadanos no votan nunca. Una marginación política que es caldo de cultivo para populismos y extremismos y que debilita la democracia y las instituciones. Se da la paradoja de que los ciudadanos que necesitan más al Estado no votan y eso reduce los incentivos para que los políticos recojan y defiendan sus intereses, no sólo los de los ciudadanos integrados que sí les votan. Lo que favorece su marginación política.

¿Qué se puede hacer? El VIII Informe Foessa propone crear un nuevo escenario de ayudas con “responsabilidades compartidas” entre las Administraciones públicas, las ONGs, las empresas sociales, los profesionales y las iniciativas ciudadanas, para perfilar la asistencia a los excluidos, fomentando la solidaridad frente al individualismo. Proponen crear consensos sociales y políticos para evitar que 8,59 millones de españoles se queden atrás, afrontando con urgencia la situación de los 1,8 millones de españoles que están peor. Eso pasa por contar con más recursos para la asistencia social y definir las futuras prestaciones sociales, que hoy son no sólo escasas sino ineficaces.

Lo urgente es conseguir más recursos para los excluidos, porque ahora los Ayuntamientos no tienen medios y las ONGs están saturadas. Y esto obliga al futuro Gobierno a aprobar un Plan de choque contra la pobreza y la exclusión social, sobre todo de las familias con niños. Un Plan que exige recursos, para lo que urge aumentar la recaudación fiscal, una reforma que consiga ingresar más (dado que España recauda 80.000 millones menos cada año que la media europea). Y a partir de ahí, pactar un sistema de ayudas que combine las rentas básicas y el seguro de paro con formación y ayudas a la vivienda y becas. Y sin olvidar la urgencia de promover viviendas públicas en alquiler (se hacen 3.500 VPO al año, frente a 100.000 antes de la crisis), para que no aumenten las familias excluidas. Y, por supuesto, mejorar la calidad del empleo y los salarios, junto a la formación y la educación de jóvenes y adultos, para atacar las raíces de la exclusión social.

No podemos mirar para otro lado: 1 de cada 5,5 españoles se han quedado atrás mientras el resto vivimos como si no existieran. No les podemos dejar tirados. Es una cuestión moral, pero también económica y política: sin ellos no podemos construir un país sano y con futuro. Hay que ayudarles a recuperarse, a integrarse económica y socialmente. Por el bien de todos.