Volviendo a esos 1.736.502
parados registrados que sí cobran ayuda, hay
dos tipos de subsidios. Menos de la mitad de los parados,
772.852 desempleados (el 44,5% de
todos los beneficiarios) cobran un subsidio contributivo, cuyo importe tiene
que ver con el tiempo que ha trabajado y cotizado (se exigen 360 días de
cotización en los últimos 6 años) y con su sueldo (reciben el 70% de la base
reguladora los primeros 6 meses y el 50% después). Y se cobra entre 4 meses
(si ha cotizado menos de 539 días) y un
máximo de 2 años (para los que han cotizado 720 días). En octubre, el
importe medio que cobraban esos 772.852 parados con prestación contributiva era
de 974,20 euros mensuales.
Y luego están la otra mitad larga de parados, 963.650 desempleados (el 55,5% del
total que cobran algo) que reciben
el subsidio asistencial, una ayuda para los que ya no tienen derecho
a la prestación contributiva, porque se les ha acabado o no cotizaron lo
suficiente (710.622 en octubre) o son eventuales
agrarios de Andalucía y Extremadura (158.552 parados más) o han agotado
todas las prestaciones (renta mínima de
inserción: 94.476 parados la recibían en octubre). El importe de este
subsidio, que ya no tiene que ver con el tiempo cotizado, es igual para todos y
se fija cada año, en un 80% del IPREM
(un indicador público de referencia para ayudas y subvenciones): en 2023 es de 480 euros, lo que cobran de subsidio
asistencial esos 963.500 parados. Y este
subsidio asistencial (no el contributivo) es el que contempla la reforma aprobada la semana pasada.
¿Quién cobra este
subsidio asistencial de 480 euros? La mayoría son parados de más de 52 años (433.691 parados, el 44,65% del total), que cobran esta prestación mensual hasta que
alcanzan su edad legal de jubilación (66 años y 4 meses o 65 años si ha
cotizado suficiente). Otro grupo importante, según
los datos del SEPE, son los parados que han agotado su prestación
contributiva (136.785 parados, el
14,8% de los subsidios asistenciales). Y les siguen los parados que han cotizado menos de lo exigido para tener una
prestación contributiva (120.766 parados, el 10,07% del total). Luego están los
trabajadores
eventuales del campo de Andalucía y Extremadura, que cobran la renta
agraria (74.518) o el subsidio agrario (82.024 parados), que exige menos
requisitos. Y quedan los 97.874 parados (10,07% de los subsidios asistenciales)
que cobran la renta activa de inserción, una última oportunidad de cobrar
algo para los que han perdido todos los subsidios.
Todos estos
colectivos cobran esos 480 euros al mes durante 6 meses, aunque puede extenderse
hasta 30 meses a los parados mayores de 45 años con cargas familiares (los mayores
de 52 años, cobran el subsidio hasta que se jubilan). Según
los datos del SEPE, el 55% de
los parados que cobran estos subsidios asistenciales son mujeres, el 68% tienen más
de 50 años y el 92% son españoles
(sólo un 8% son extranjeros). Y por
regiones, la mayoría de los que cobran el subsidio viven en Andalucía (496.691 subsidiados, el
8,20% de sus activos), seguidos de Cataluña
(228.093 subsidiados, el 2,4% de sus activos), Comunidad Valenciana
(200.486 subsidiados, el 4,1% de sus activos), Madrid (173.512 subsidiados, el 1,9% de sus activos), Canarias (95.586 subsidiados, el 4,8%
de sus activos), Galicia (81.824 subsidiados) y Extremadura (71.686 subsidiados, el 10,4% de sus activos).
El primer problema que tiene este subsidio de desempleo es que 1 millón largo de parados registrados
no cobra nada y que la mayoría de los
que sí cobran, esos 963.650 parados que tienen un subsidio asistencial sólo reciben 480 euros mensuales. Eso
les lleva a una situación de marginalidad: el
41,7% de los parados están (2022) en una situación de “pobreza” (ganan
menos del 60% de la media del país), el doble que la media de españoles (20,4% son
oficialmente “pobres”), según la Red
Europea de lucha contra la pobreza (EAPN). El segundo problema, es que muchos parados llevan años en el desempleo,
un pozo del que no salen: el 39,67% de todos los parados (1.132.700) llevan más
de 1 año sin trabajo, según
la EPA. Y la mayoría de los parados
con más de 50 años no encuentra trabajo nunca.
La reforma aprobada el pasado martes por el Gobierno y pactada antes con
Bruselas (para recibir la 4ª entrega de Fondos europeos, 10.021 millones solicitados el miércoles pasado) busca abordar esos 2
problemas de fondo del desempleo en España: que cobren más subsidio más parados y tratar de sacarles del desempleo, con más
exigencias para que sigan cobrando y con más ayudas para recolocarles. Trabajo (Yolanda Díaz) ha hecho más hincapié en mejorar las
ayudas y la vicepresidenta económica (Nadia Calviño) se ha preocupado más por
exigir una actitud más activa a los parados para buscar trabajo y ayudarles más
a recolocarse. Al final, la
reforma aprobada es un pacto entre
ambas.
El primer objetivo de esta reforma
de los subsidios de desempleo (la prestación contributiva no se toca)
es ampliar el número de beneficiarios y aumentar lo que cobran. Para ello, se incluyen en este subsidio a 3
colectivos que ahora no cobraban nada, 425.000
nuevos beneficiarios: 150.000 parados menores de 45 años sin cargas familiares (recibirán 6 meses de
subsidio, siempre que hayan cotizado 3 años, periodo que los sindicatos ven “excesivo”),
250.000 eventuales agrarios de toda
España (ahora sólo tienen derecho los de Andalucía y Extremadura) y otros 25.000
que son trabajadores “transfronterizos”
(marroquíes) en Ceuta y Melilla.
Ellos, y los 963.650 parados que hoy cobran el subsidio asistencial recibirán una ayuda mayor: los 480 euros actuales subirán a 570 euros los primeros 6 meses, bajarán
a 540 euros los 6 siguientes y volverán
a 480 euros los 18 meses restantes
(el máximo son 30 meses, según edad, circunstancias familiares y duración de la
prestación). Sólo los mayores de 52 años seguirán cobrando hasta jubilarse los
480 euros actuales.
Con la reforma, el subsidio asistencial se
simplifica y sólo habrá 2
motivos para cobrarlo. Uno, haber
agotado la prestación contributiva o no haber cotizado suficiente para
recibirla. Y el otro, ser mayor de 52
años y estar en paro. Para el resto, los que agoten esta prestación
contributiva, se abre una “pasarela” para que
accedan a cobrar el ingreso mínimo vital (IMV), ya fuera del desempleo.
Otra novedad es que se acelera el cobro del subsidio: ya no habrá un mes de espera
sin cobrarlo, se recibirá desde que se conceda.
El segundo objetivo de esta reforma es conseguir que los parados encuentren empleo, facilitar y promover que
lo busquen y encuentren. La primera medida es permitir
cobrar este subsidio y trabajar durante menos de 6 meses, algo ahora incompatible. Eso provoca que haya
parados que rechacen hoy un trabajo de temporada (verano o Navidad) porque
tienen que renunciar al subsidio y lo que ganan no les compensa perderlo. Esto debería
facilitar que los parados acepten trabajos y que las empresas los “prueben”. Sólo se
ponen dos salvaguardas, para evitar fraudes: que no pueden hacerlo empresas
con un ERE y que una empresa no puede contratar a un parado que haya trabajado con
ella el año anterior.
Otra medida para incentivar a los parados a buscar y aceptar
trabajo es que se les va a exigir ahora la
firma de un “acuerdo de actividad”, a cambio de cobrar el subsidio: se
trata de una serie de obligaciones que ha de cumplir el parado para
mejorar su empleabilidad. No sólo tendrá que demostrar cada año sus ingresos
(con la declaración del IRPF), sino que tendrá que actualizar su situación,
hacer los cursos y la adaptación que se le exija y justificar los trabajos que
rechace. Todo ello supondrá un mayor
control del parado, ya no renovará sin más su demanda para cobrar, como ahora.
Y si incumple, perderá el subsidio de desempleo.
La clave del éxito de esta reforma no está en el Real Decreto
Ley aprobado la semana pasada, que
entrará en vigor el 1 de junio de 2024
(para nuevas cuantías, beneficiarios y requisitos), el tiempo que necesitan las
oficinas de empleo para adaptarse. Lo decisivo será la aplicación de la Ley de Empleo, aprobada en febrero
de 2023, que pretende conseguir una tutoría personalizada de todos los parados:
que las oficinas de empleo tengan un análisis laboral de cada parado y lo
ayuden a colocarse, con políticas específicas para cada grupo o colectivo. Se busca
que las oficinas de empleo dejen de
ocuparse de la burocracia de los subsidios (ahora más simples) y se
dediquen a asesorar a cada uno de los parados a salir del paro. Un dato de su ineficacia: en la última década, las oficinas de empleo (SEPE) sólo han intermediado en un 2% de los contratos conseguidos por los parados, según Trabajo. Ahora, el compromiso que se fija la Ley de Empleo es hacer un seguimiento personalizado de cada parado a lo largo de 2024.
En paralelo al Real Decreto de reforma del subsidio de
desempleo, el
Gobierno se ha comprometido a elaborar
en 6 meses (para junio de 2024), con
sindicatos y patronal, una Estrategia para reducir el paro de larga
duración, “dar una salida” a esos 1.132.700 parados que llevan más de 1 año
sin trabajar, la mayoría
mayores de 45 años (el 79% del total). Para conseguirlo, plantea elaborar en
2024 una herramienta que permita a estos
“parados difíciles” acceder a oportunidades de empleo, emprendimiento o
formación.
La reforma a fondo del desempleo es
clave para un país como España,
que tiene el doble de paro que Europa (12% de la población activa frente
al 6% la UE-27 y el 3,1% en Alemania, según
Eurostat). La derecha y una buena
parte de los empresarios siempre han pensado que muchos parados “no quieren
trabajar” y prefieren “vivir del paro” (es falso: el 80% de los parados no agotan su prestación, según Yolanda Díaz). Por esa actitud "condenatoria", han defendido siempre recortes
en el seguro de desempleo. El más
drástico es el que hizo Rajoy en 2013,
recortando la protección, subiendo el subsidio hasta la jubilación de 52 a 55
años y bajando la cotización pública por
los parados (al 80%). Con ello, la cobertura de parados con alguna ayuda
se desplomó, del 70,7% que
cobraban algo en 2011 al 61,44% en diciembre de 2013, el 54,87% en 2015 y el
56% en mayo de 2018, antes de irse de la
Moncloa. El primer Gobierno Sánchez
aumentó la cobertura, que ahora
está en el 67% (bruta). Y además, como en estos 5 años se han creado
1.738.000 empleos netos, ha aumentado la recaudación de cotizaciones para el desempleo. Y así, hoy tenemos más parados cobrando más (entre
2013 y 2017, el paro asistencial se estancó en 426 euros mensuales) pero, además, el
sistema tiene un superávit de +5.700 millones, mientras con Rajoy tenía un
déficit de -66.000 millones, según
señaló Yolanda Díaz tras el Consejo de Ministros.
Pero seguimos teniendo un problema: España gasta mucho en subsidios a los parados (21.287
millones gastaremos este año 2023)
y poco en ayudarles a encontrar trabajo
(8.029 millones en 2023, aunque es
el doble que en 2014). Por eso, muchos expertos creen que hay que apostar más por las “políticas
activas de empleo”, por gastar
más en formar y recolocar a los parados, para tener menos parados y gastar
menos en subsidios. Y no sólo se trata de gastar más en incentivar la
contratación de los parados, sino hacerlo de otra manera, porque hoy el 30% de los incentivos son para rebajar
cotizaciones a los parados que se contratan y todo indica que es
poco eficaz, que las empresas los contratarían igual y lo
consideran una subvención encubierta, no un incentivo real a su contratación.
Por ello, hay que avanzar
en “políticas activas” de empleo
eficaces, por 3
caminos: orientar a los parados
para ayudarles a buscar trabajo (sobre todo a los mayores y a los colectivos
con más problemas para recolocarse), planes de formación para parados
ligados a lo que demandan las empresas (que se quejan de que “no encuentran trabajadores”) y una mayor información
de la demanda y oferta real de empleo, dinamizando la web de la SEPE (que solo
tiene 71.753 empresas registradas, 685.304 demandantes y 51.265 ofertas de
empleo). Eso exige destinar más recursos a las futuras oficinas
de empleo (Agencia Pública de Empleo), sobre todo contratar personal
especializado (como el de las ETTs), dado que tienen
muy poco personal (8.000 empleados y necesitarían 3.500 más), demasiado mayor y poco formado para ayudar a
recolocar a los parados. Y sobre todo, una mayor coordinación entre autonomías, porque la gestión del
desempleo está en sus manos y cada una tiene una política distinta para gestionar
los fondos estatales para políticas activas de empleo.
En resumen, que el Gobierno Sánchez ha dado un paso importante para intentar
reformar el desempleo, para que los parados sean “menos pobres”, pero la clave sigue estando en conseguir que los 2.855.200 parados
actuales encuentren un empleo. Y eso exige más recursos y más
personal para reorientarles, formarles y ayudarles a colocarse. Es nuestra gran
asignatura pendiente.
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