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| Enrique Ortega |
Los que nos hemos quedado alguna vez en paro sabemos bien que no es una situación fácil, sino angustiosa, que nos hunde en la desesperación y la impotencia, aunque cobremos el paro. Y la gran mayoría de los parados, lo que quieren es trabajar. Pero hay un viejo tópico, alimentado por la patronal y algunos “expertos” económicos: muchos parados no quieren trabajar y prefieren “vivir del paro”. Un estereotipo que perpetúan en los últimos años con quejas de que no encuentran trabajadores, sobre todo en la hostelería, el transporte, la construcción o el campo, los sectores más duros y peor pagados. “Páguenles más”, les contestó el presidente Biden en EEUU y la ministra Díaz en España.
Ahora, lo grave es que hasta el líder de la UGT se ha sumado a esta insidia contra los parados.
A principios de marzo, Pepe
Álvarez sugirió (en un acto
organizado por El Mundo…) que “los
parados que rechacen una oferta de trabajo deben dejar de cobrar la prestación”,
reconociendo después que su
posicionamiento “no es normal”. Y tanto: es pura demagogia. Primero, porque el líder sindical sabe (o
debería saber) que ya
hay una norma para evitar los abusos, un
régimen sancionador: si un parado rechaza una oferta adecuada, se le abre
una infracción y está 3 meses sin cobrar el paro. Y si rechaza un 2º trabajo,
se le sanciona con 6 meses más sin cobrar el desempleo. Y a la tercera, se le quita
el subsidio. Pero además, Pepe Álvarez debería saber que el problema hoy no está en los parados, sino en las oficinas de empleo
(SEPE), que son un desastre y no ayudan a los parados a recolocarse.
Una vez más, los datos replican a la demagogia. Por un lado, un tercio de los parados registrados en el SEPE no cobran ninguna ayuda: en diciembre de 2022, cobraban algún subsidio 1.838.199 parados, el 64% de los registrados (2.873.653). Así que un 36% de los parados registrados no recibía ninguna ayuda. Y de los dos tercios restantes, la mayoría (casi 1 millón de parados) cobraba una miseria, un subsidio asistencial de 463,21 euros, que reciben algunos parados a los que se les han acabado los dos años de paro o que no han cotizado lo suficiente (6 años para cobrar 2 de paro). En su mayoría son parados mayores de 45 años, mujeres y jóvenes, la mayoría de los que cobran ese subsidio asistencial y de los que no cobran nada. No es casualidad que los parados lideren la tasa de pobreza en España: el 58,6% son, estadísticamente, "pobres", según la Red Europea de lucha contra la pobreza (EAPN).
Además, por otro lado, los parados registrados no reciben casi ninguna ayuda de las oficinas de empleo (SEPE), razón por la que muchos no se registran: en diciembre de 2022 había 3.024.000 personas que se declaraban “parados” en la EPA (cuando les preguntaba el INE), pero en esa fecha sólo había 2.873.653 registrados en el SEPE (150.347 se consideraban parados pero no les compensaba registrarse). Y eso pasa porque los parados saben que las oficinas de empleo no les sirven para encontrar empleo. Los datos confirman esa sensación. En enero de 2023, el SEPE solo gestionó 27.806 colocaciones, el 1,99% de las colocaciones registradas en España. Y esto lleva pasando muchos años. Así, en julio de 2022, las oficinas de empleo sólo gestionaron el 2,23% de todas las colocaciones hechas en el país. Y entre 2012 y julio de 2022, las oficinas públicas de empleo (SEPE) intermediaron 4,2 millones de contratos, el 2% de todos los contratos hechos en la última década (las ETTs privadas intermediaron el 16,4%).
Así que las empresas españolas no confían en las oficinas públicas de empleo para contratar y utilizan las ETTs más los portales de empleo privados, las redes sociales y los contactos de conocidos y trabajadores. Y el 96% de los parados registrados que encuentran trabajo lo hacen por su cuenta, multiplicando los contactos, currículos y visitas. Otro dato, que debería conocer el líder de UGT: en enero de 2023, sólo 1 de cada 38 personas que cobraban el paro llegaron a recibir una oferta de trabajo de su oficina pública de empleo, según las propias estadísticas del SEPE. Así que quizás haya quien rechace un empleo, pero la mayoría tiene el problema de no recibir ofertas.
Precisamente, el problema de España, que lidera la tasa de paro en Europa (13% en enero, frente al 6,1% en la UE-28 y el 3% en Alemania, según Eurostat), es que es el 2º país europeo con menos ofertas “vacantes” de empleo: a finales de 2022 había 140.517 “vacantes” sin cubrir, el 0,9% de los empleos existentes, sólo un porcentaje menor de vacantes que Rumanía, Bulgaria y Polonia (0,8% de los empleos), según Eurostat. Eso significa que, aunque España tiene mucho paro, los nuevos empleos (pocos) se ocupan mayoritariamente, no se rechazan. De hecho, por cada 1.000 empleos existentes, en España hay 9 vacantes, frente a 28 de media en la UE-28, 44 en Alemania, 24 en Francia y 19 en Italia.
Hay otra forma de medirlo, la proporción de puestos vacantes y parados. En España hay 4,9 empleos vacantes por cada 100 parados, la cifra más baja de toda la OCDE, salvo Grecia (4,1 vacantes por cada 10 parados). Y la media en Europa es de 50 vacantes por cada 100 parados y 32 empleos vacantes por cada 100 parados en Alemania, Paises Bajos y República Checa, según Eurostat. Así que, ya no es sólo que las oficinas de empleo (SEPE) funcionen mal y no ayuden a recolocarse, es que, además, los parados españoles tienen menos oportunidades de encontrar empleo, por el tipo de economía que tenemos (menos productiva y más basada en los servicios). De hecho, las estadísticas europeas reflejan que la oportunidad de un parado español de encontrar empleo es 26,2 veces inferior a la de un alemán, 35 veces inferior a un checo y 10 veces inferior a la media europea.
Con estos datos, queda claro que los parados españoles tienen muy difícil recolocarse, no sólo por las peculiaridades de nuestra economía sino por lo poco que les ayudan las oficinas de empleo, el SEPE, que sólo les sirven para “sellar” periódicamente su demanda y cobrar (dos tercios, el 36% nada). ¿Por qué falla el SEPE? Primero, porque no está dirigido a “recolocar” a los parados, sino a gestionar burocráticamente su desempleo. Basta con ver su web, “Empléate”: sólo incluía 63.853 puestos de trabajo y 22.209 ofertas a finales de marzo, prácticamente las mismas que hace un año, con sólo 63.965 empresas registradas (de las 3 millones existentes) y 783.785 trabajadores registrados (de 3 millones de parados y 17,3 millones de asalariados). Datos que reflejan que el empleo no pasa por la web del SEPE, mientras el portal de empleo de Francia registra un millón de ofertas…
El problema de fondo de las oficinas de empleo (SEPE) es que no buscan la recolocación de los parados y no están preparadas para ayudarles: su sistema informático es obsoleto, su plantilla es insuficiente (los sindicatos piden ampliarla de 8.100 a 12.000 personas), muy envejecida (la mitad tienen más de 50 años), con contratos precarios (la cuarta parte son interinos y más de 1.000 personal laboral) y no está especializada en recolocaciones. Además, las 4.000 oficinas de empleo repartidas por España funcionan de forma diferente, porque la política de empleo la gestionan las autonomías. Y pasa como con la sanidad, la educación o la dependencia: unas regiones gestionan mejor que otras el desempleo, aunque ahora todas dispongan de más recursos, porque se han duplicado los recursos aportados por el Estado (y la UE) para políticas activas de empleo: 2.798 millones del Estado y los Fondos Europeos repartidos en 2022. Según los datos del SEPE, las regiones que consiguen más recolocaciones son Extremadura, Andalucía y Canarias. Y las que menos recolocan (el 1% o menos) son Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid.
Otra asignatura pendiente es mejorar la formación de los parados, ya que está demostrado que hay más paro y menos recolocaciones entre los parados menos formados. Pero aquí también han fallado las oficinas de empleo (SEPE), porque sólo un 2% de los parados asisten a cursos de formación (sólo 65.389 desempleados en 2021, según el SEPE). Una parte puede ser por “dejadez” de los parados, pero otra parte se debe a la falta de atractivo (y exceso de burocracia) de muchos de los cursos ofertados. Y al desinterés de las empresas españolas por mejorar la formación de los parados, para así conseguir trabajadores mejores formados. De hecho, una buena parte de la cuota de formación que pagan empresas y trabajadores no se gasta, por falta de demanda de empresas (que racanean permisos y fondos), trabajadores y parados: hay un remanente no gastado entre 2015 y 2020 de 2.635 millones…
Para tratar de buscar alternativas a los parados, en febrero de 2023 se aprobó en el Congreso la Ley de Empleo, otra exigencia de Bruselas, para tratar de mejorar la política de empleo y la recolocación de los parados. Para los sindicatos y algunos expertos, es una Ley demasiado vaga y falta de medios, por lo que están pendientes de ver el Reglamento que la desarrolle, donde debería concretarse la obligación de las empresas de comunicar todas sus ofertas de empleo a las oficinas públicas, como se hace en Francia. Y queda por ver cómo se hace el cambio de la actual SEPE a la nueva Agencia Estatal de Empleo, que se quiere poner en funcionamiento antes del verano.
El objetivo de todo el cambio legal y de nombre es ofrecer un asesoramiento individual y personalizado a los parados, tras hacerles uno a uno una entrevista y contar con un tutor de la Agencia Estatal de Empleo que elaborará su perfil y un expediente personalizado, para facilitar su recolocación, lo que exigirá que el parado se comprometa a participar en las acciones necesarias para mejorar su empleabilidad. En paralelo, se pretende agilizar y modernizar el portal público de empleo, para que incluya todas las ofertas de trabajo y asegure que lleguen a todos los parados y trabajadores. Una tarea ingente, si se quiere ayudar de verdad a 3 millones de parados, para la que hará falta mucho personal especializado (funcionarios y empresas colaboradoras) y, sobre todo, muchos recursos. Dinero y personal que no se ha asegurado con la Ley y la futura Agencia de Empleo. Y cuya ejecución va a tener mucho que ver con los Gobiernos autonómicos que se elijan el 28-M…
En resumen, que nadie debería hacer más demagogia con los parados, porque bastante mal están, un tercio sin ningún ingreso y la mayoría solos a la hora de buscar trabajo, sin casi ayuda pública. Es hora de afrontar la grave situación que arrastramos desde hace décadas, dedicando más personal y más recursos públicos a formarlos y ayudarlos en su recolocación, con más implicación de las empresas. Darles una salida, ya que casi la mitad de los parados actuales (42,4%) llevan más de 1 año sin trabajo y la sexta parte (medio millón) llevan más de cuatro años en paro y sin esperanzas. Así que dejen de hacer demagogia con los parados y ayúdenles a recomponer su trabajo y su vida.
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