Más control a la jornada laboral

A partir del 12 de mayo, todas las empresas estarán obligadas a llevar un control horario de entrada y salida de sus trabajadores y guardarlo 4 años, según el decreto recién aprobado por el Gobierno Sánchez. El objetivo es luchar contra el enorme fraude de horas extras que ni cotizan ni se pagan: 2,82 millones de horas extras gratis a la semana, con las que las empresas ahorran 2.700 millones anuales. Un tema muy grave porque todas las horas extras evitan contratar a 170.000 nuevos trabajadores y agravan el déficit de la Seguridad Social. También se obligará a fichar para evitar otro fraude: los que tienen contrato por 4 ó 6 horas y en realidad trabajan 8, 10 ó 12 y cobran el resto en negro, cotizando menos, algo frecuente en hostelería y comercio. Al final, España es uno de los paises europeos donde se trabaja más horas, aunque seamos menos productivos. Hacemos jornadas larguísimas, en contra de las mujeres y la vida familiar. Trabajemos menos y mejor.

A partir de Edvard Munch enrique ortega

En España hay una costumbre de hacer largas jornadas de trabajo y muchas horas extras, como pasa también en el resto de la Europa del sur. Para las empresas, es una forma de recortar costes y ahorrarse dinero en personal, sueldos y cotizaciones. Y para los trabajadores, es una forma de “redondear” el sueldo y llegar mejor a fin de mes. Así que todos “colaboran”. Al final, la jornada pactada en los convenios es de 151,1 horas al mes (septiembre 2018), según el INE,  37,77 horas a la semana, pero más de la mitad de los ocupados trabajan más de 40 horas efectivas semanales: 8,4 millones de españoles el 43% de los ocupados)  trabajan de 40 a 49 horas y otros 1,5 millones (7,7%) trabajan incluso más de 50 horas a la semana, según la EPA. Los que trabajan jornadas más largas son los jóvenes (el 55% tienen entre 25 y 34 años) y los empleados en hostelería, comercio, construcción y algunas industrias, sobre todo en Madrid, Baleares, Canarias, Cantabria y Galicia.

La jornada efectiva supera mayoritariamente las 40 horas semanales porque han vuelto a crecer las horas extras, tras haberse reducido con la crisis. En los años de “bonanza” se llegó al récord de horas extras: 10,2 millones a la semana en el primer trimestre de 2008, según el INE. Pero luego estalló la recesión y las empresas metieron “un tajo” a las horas extras, bajándolas a la mitad, hasta un mínimo de 4,5 millones semanales en el verano de 2012. Pero ese año, el Gobierno Rajoy aprobó una reforma laboral que daba amplios poderes a los empresarios para fijar la jornada y las horas extras, que empezaron a subir, hasta los 6,7 millones de horas extras semanales, en la primavera de 2015. Y en 2016 y 2017 se mantuvieron por encima de los 6 millones de horas extras semanales, cerrando el año 2018 con 6.435.000 horas extras semanales, un 5% más que en 2017, según el INE.

Tomando la media de 2018, se hicieron 6.450.650 horas extras semanales, el mayor número de horas hechas desde 2009, aunque son menos de las horas medias semanales hechas en 2008 (9.387.050). Las horas extras se hacen sobre todo en la industria (más de 1 millón de horas a la semana), el comercio (927.500), la hostelería (657.000), el transporte y almacenamiento (500.700), la sanidad y servicios sociales (493.000) y la construcción (462.100 horas semanales). Dos de cada tres horas extras las hacen los hombres (66%), sobre todo los que tienen mejores empleos y trabajan en Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía (las cuatro concentran dos tercios horas extras).

Lo más llamativo no es sólo que hayamos vuelto a hacer más horas extras, sino que casi la mitad de las horas extras no se pagan: el 46% a finales de 2018, concretamente 2.962.000 horas semanales que se hicieron gratis, según la EPA (INE). Con la recuperación, ha aumentado el número de horas extras no pagadas, que sólo suponían el 40% del total en 2008. Estas horas gratis suponen un importante ahorro para las empresas: si el coste total de una hora de trabajo ronda los 20 euros (INE), con esas casi 3 millones de horas gratis, las empresas se ahorran 56 millones a la semana, 2.700 millones al año (descontando las semanas de vacaciones). Y los trabajadores pierden, al no cobrarlas, 13 euros por hora (coste salarial por hora, según el INE), o sea 38 millones a la semana y 1.824 millones al año.

Pero el abuso de las horas extras gratis tiene más costes. Para la Seguridad Social, porque las empresas no cotizan por esas casi 3 millones  de horas semanales gratis, lo que amplía el déficit de las pensiones (-18.937 millones en 2018): UGT estima que la SS ha dejado de ingresar 3.500 millones anuales desde 2010 por horas extras no cotizadas.  Los trabajadores no sólo pierden ingresos sino sobre todo derechos al cotizar por menos horas de las que hacen realmente: cobrarán menos al coger una baja laboral, en la indemnización por despido, al cobrar el desempleo y sobre todo, al cobrar la pensión cuando se jubile. Pero lo peor es que el exceso de horas extras “quita” empleo, porque las empresas suplen los nuevos trabajadores que necesitarían haciendo que los que trabajan hagan muchas horas. De hecho, si no se hicieran esas 6,45 millones de horas extras a la semana, las empresas contratarían 170.787 nuevos trabajadores (contando las 37,77 horas de jornada media pactada).

Las horas extras (pagadas y no pagadas) son muchas, pero las hacen una minoría de trabajadores: 797.000 empleados a finales de 2018, sólo el 4,84% de todos los asalariados, según la EPA, aunque son 141.500 más que en 2011 (entonces las hacían el 4,32% de los trabajadores). La mayoría son los que hacen de 4 a 6 horas extras semanales (el 30%), los que hacen de 1 a 3 horas (17,5%) y de 10 a 12 horas extras a la semana (otro 17,5%). Y de ellos, 338.100 asalariados (el 42,4% de los que hacen horas) son los que hacen horas extras no pagadas (198.700 hombres y 139.500 mujeres). Los sectores donde se hacen más horas extras gratis, según la EPA,  son las inmobiliarias (el 95,4% de horas no las pagan), educación (86,5%), banca (82,9%), actividades profesionales, científicas o técnicas (74,2%), información y comunicaciones (63,7%), eléctricas (52,7%), hostelería (49,2%) y comercio (48,6%). Las autonomías donde no se pagan más de la mitad de horas extras son Ceuta y Melilla (71% gratis), País Vasco y Madrid (56%), Cantabria (53%) y Galicia (51%). Por profesiones, hacen más horas extras gratis los directivos, técnicos cualificados y profesionales, con contratos indefinidos y en los servicios, según un informe de CCOO.

Todavía hay otras horas extras que no figuran en las estadísticas oficiales y que son el resultado de un fraude en los contratos a tiempo parcial: se contrata a alguien con un contrato por  4 horas y en realidad trabaja 6, 8 o 12 horas y esas horas “extras” se le pagan en negro (o no todas) y no cotizan por ellas. Y el trabajador, o acepta esas condiciones o se queda sin el empleo, que aceptará otro parado. Es algo cada vez más utilizado en hostelería, comercio, servicio doméstico y en muchas pymes del sector servicios. No en vano, de todos los contratos hechos en 2018, más de un tercio (35,8%) fueron contratos a tiempo parcial, mientras los dos tercios restantes eran a jornada completa. Y ya hay 2.894.800 ocupados con este tipo de contrato, el 14,8% de los trabajadores, la mayoría en los servicios (2.653.300 empleos a tiempo parcial) y entre las mujeres (2.159.300, el 74,6% del total son mujeres).

El contrato por horas se usa sobre todo en el servicio doméstico (el 55,2% lo tienen y el 60% de las mujeres que trabajan en este sector), las actividades artísticas (32,2% trabajan con contratos por horas y el 35% de las mujeres), las actividades administrativas (28,8% contratos a tiempo parcial y 43,1% las mujeres de este sector) y la hostelería (24,8% de los trabajadores lo tienen y el 32% de las mujeres), los sectores más proclives al fraude de trabajar más horas de las fijadas por contrato. De hecho, la Inspección de Trabajo, en el Plan por un trabajo digno (iniciado en agosto 2018), envió 130.000 cartas a empresas por presunto fraude laboral: 85.500 por contratos temporales que debían ser fijos y 50.000 por contratos a tiempo parcial que encubrían jornadas a tiempo completo (con horas extras no declaradas).

Ambos fraudes, el de un exceso de horas extras (el Estatuto de los Trabajadores las limita a 80 horas anuales, 1,6 horas a la semana, con un periodo de 4 meses para recuperar las horas extras no pagadas) y el de los trabajadores por horas que trabajan a jornada completa, son posibles porque los trabajadores no los denuncian y porque cuando los sindicatos o un trabajador lo denuncian, es muy difícil de demostrar, porque la mayoría de empresas no llevan un control estricto (muchas lo hacen “a mano”) de la jornada laboral, solo las grandes. Pero la Inspección de Trabajo sabe que el fraude es elevado: en 2014 hizo un plan de inspección en 2.900 empresas (de más de 3 millones) y detectó “irregularidades” sobre horas extras en el 60% de las empresas investigadas. Pero se quejan de que es difícil demostrarlo al no existir obligación legal de tener un control riguroso de los horarios.

Hasta ahora, la guerra contra las horas extras excesivas y sin pagar la han protagonizado los sindicatos y la banca, a la que han llevado desde hace años a los Tribunales. En 2015 y 2016, la Audiencia Nacional dictó tres sentencias que obligaban a la banca a llevar un registro de jornada de toda la plantilla, para comprobar horarios y horas extras. A raíz de estas 3 sentencias, la inspección de Trabajo aprobó, en marzo de 2016 una “instrucción interna” para exigir a todas las empresas ese registro diario de jornada, lanzando además una campaña en la que inspeccionaron (y multaron) a muchas empresas. Pero la banca afectada (Bankia, Sabadell y Abanca) recurrió estas 3 sentencias y finalmente el Tribunal Supremo les dio la razón, en 2 sentencias (23 de marzo y 30 de abril 2017) que anulaban la obligación del registro diario de jornada, señalando que las empresas solo deben llevar un registro de horas extras y comunicárselo cada mes a los trabajadores afectados. Y con ello, la inspección de Trabajo dio marcha atrás y en mayo de 2017 anuló la exigencia del registro diario de jornada.

Pero “la batalla legal” no acabó ahí, porque la Audiencia Nacional, a raíz de un nuevo conflicto por las horas extras en Deutsche Bank (promovido por CCOO y al que se sumó UGT), dictó unauto, el 19 de enero de 2018, en el que planteó la cuestión al Tribunal de Justicia de la UE. Y hace poco, el 31 de enero de 2019, el abogado general de la UE ha dado la razón  a los sindicatos y propone al Tribunal de Justicia UE que declare que “la Carta Social Europea y la Directiva 2003/88 imponen a las empresas la obligación de implantar un sistema de cómputo de jornada laboral efectiva”, porque es “la única manera de poder determinar la cantidad de trabajo realizado, su distribución y si son horas ordinarias o extraordinarias”. La sentencia del Tribunal de Luxemburgo se espera en los próximos meses pero todo indica que harán caso, como es habitual, a la tesis de su abogado general.

Este apoyo judicial comunitario ha sido determinante para que el Gobierno Sánchez, en funciones, haya aprobado el 8 de marzo un nuevo decreto-ley sobre control de horarios, que había pactado con los sindicatos y al que se opone la patronal CEOE. Establece la obligación de que todas las empresas implanten, a partir del 12 de mayo, un registro diario de jornada donde se especifique la hora de entrada y salida y que se debe guardar durante 4 años. Este registro de jornada debe estar a disposición del trabajador, los sindicatos y la inspección de Trabajo, que lo lleva pidiendo años para controlar que no se hacen horas extras ilegales o excesivas y que se pagan o compensan con horas libres. Y se establecen sanciones a las empresas que incumplan, hasta un máximo de 6.250 euros.

Habrá que esperar para ver si este mayor control de la jornada reduce el fraude y las horas extras, lo que antes o después favorecería a la creación de más empleo. Porque no es de recibo que el 2º país de Europa con más paro sea uno de los que tienen la jornada laboral más larga, debido sobre todo al exceso de horas extras. Así, la jornada laboral media en España era de 37,9 horas semanales en septiembre de 2018, frente a 37,2 horas en la UE-28 y 36,6 horas semanales en los paises euro (trabajan 62,4 horas menos al año), según Eurostat. Y salvo Grecia (42 horas semanales), Portugal (39,5 horas) y muchos paises del Este (40,5 horas en Polonia), el resto de Europa trabaja bastantes horas menos que España: 37,5 horas semanales Italia, 37,4 Francia, 37,3 Bélgica, 36,7 Austria, 36,6 Reino Unido e Irlanda, 36,3 Suecia  y 35 horas semanales Alemania.

Y a pesar de trabajar más horas, somos menos productivos, porque trabajamos con menos eficacia aunque “calentemos más la silla”:  la productividad total de España ha caído un 10,5% entre 1995 y 2017 mientras la de Europa ha mejorado un +4,5%, la de la eurozona un +1,4%, la de Alemania un +8,5% y la de Francia un +2,2%, mientras la de Italia caía un 9,7%, según un interesante estudio de la Fundación BBVA e Ivie, que explica porque somos ahora más pobres que media Europa (ocupamos el lugar 14 en el ranking de renta por habitante). Y esta menor productividad (y riqueza) se debe no a las horas que trabajamos sino al menor peso de la industria, a la menor formación de los trabajadores y parados, al menor gasto en tecnología a innovación, al menor tamaño de las empresas (demasiadas pymes), a la menor inversión pública, a la excesiva precariedad del empleo, al exceso de burocracia y normativas y a la deficiente organización de las empresas, según expliqué en un blog reciente.

Ahora, con el próximo control de jornada, la Inspección de Trabajo tienen una herramienta clave contra el fraude en las horas extras, aunque necesita más inspectores: tiene la mitad de plantilla que en Europa: 1 inspector por cada 15.000 asalariados frente a 1/7.300 en la UE-28. Y además, se necesita otra reforma legal para endurecer las sanciones, porque todavía son bajas (de 600 a 6.250 euros) y pueden llegar a “compensar” el fraude. En paralelo, el próximo Gobierno debería encarecer la cotización de las horas extras, para penalizar su uso excesivo y fraudulento. E incentivar fiscalmente y con cotizaciones a las empresas que transformen horas extras en nuevos empleos estables, el que debería ser nuestro gran objetivo final.

Las horas extras sistemáticas son una “corruptela laboral” con la que muchos trabajadores “colaboran”, obligados o voluntariamente. Pero hay que decirlo claro: las horas extras “roban empleo” a los parados. Por eso, hay que perseguirlas y crear una conciencia en contra, en paralelo a la mejora de los salarios. Y, sobre todo, buscar un acuerdo nacional por unos horarios razonables, por jornadas laborales que se acaben a las 6 de la tarde, para favorecer la conciliación familiar y sobre todo, la vida de las mujeres. Se puede y se debe competir y sobrevivir trabajando menos horas y repartiendo el trabajo entre más gente. La Europa más rica lo demuestra. Hay que trabajar menos horas y mejor.