Vuelve la Champions, tras un mercado de fichajes
de verano que ha batido todos los récords:
5.425 millones de euros gastados en
la compra de jugadores en Europa, con los equipos
españoles como líderes de gasto y
fichajes más caros. Y se disparan las cesiones
de jugadores, una “trampa” de los Clubes para evadir los controles de la
FIFA. Es una muestra de cómo engorda la burbuja económica del fútbol, que
mueve 15.000 millones de euros sólo
en las 5 grandes Ligas europeas. LaLiga es ya la 2ª que más ingresa,
tras la Premier británica, más de 4.500
millones en 2017-2018. El fútbol español es un negocio más saneado,
con beneficios desde 2012, gracias al Plan de ajuste, los buenos resultados en
Europa y los fichajes, aunque gasta
demasiado en salarios y sigue endeudado. LaLiga quiere dar otro salto, multiplicando los ingresos por TV y patrocinio con mayor
presencia en China, Asia y EEUU.
Mientras, la FIFA prepara un Plan para controlar los fichajes e
impedir que estalle la burbuja.
El fútbol profesional es una máquina de
hacer dinero. Se ve cada temporada, con los fichajes. Este año, en el mercado de verano, que cerró el 31 de
agosto, la compra de jugadores movió
5.425 millones de euros sólo en las 5
grandes Ligas de Europa, un 27,64% más que el año pasado y cuatro veces más que hace 9 años, según el informe Football Transfer Review. La Liga que más gastó en fichajes fue
la Premier británica (1.516 millones), seguida por LaLiga
española (1.319), la Serie A italiana (1.178), la Bundesliga alemana
(742) y la Ligue1 francesa (670 millones). LaLiga española fue la segunda donde
más crecieron los fichajes (+49%, sólo por detrás del 59% de la Bundesliga) y tres equipos españoles han sido los tres
Clubes europeos que más gastaron en fichajes: Madrid (305 millones), Barça
(255) y Atlético de Madrid (243). Y además, los tres fichajes más caros de este verano los han hecho 3 equipos españoles: Joao Félix (126
millones, Atlético de Madrid), Antoine Griezmann (120 millones, Barça) y Eden
Hazard (100 millones, Real Madrid).
La locura de los
fichajes, que baten récord año tras año, hace que haya ya 27 jugadores de fútbol profesional que ganan más de 100 millones de euros al año, según el CIES Football Observatory. Los encabeza Mbappé, con 252 millones, seguido
de Salah (219,6), Sterling (207,8), Neymar (124,7), Hazard (120,7) y Ronaldo
(118,1 millones). Y de estos 27
jugadores “cienmillonarios”,17 juegan en la Premier británica
(Manchester City y Liverpool tienen 6 cada uno), 5 en LaLiga española (3 en el Barça), 2 en la Serie A italiana y en
la Ligue 1 y 1 en la Bundesliga alemana. El jugador español mejor pagado es Saúl (93,8 millones), que ocupa el nº
33 en el ranking de sueldos, seguido
de Rodrigo (88,2), Kepa (87,2) y Asensio (86,3).
Pero la burbuja del fútbol no se ve sólo en los fichajes. La
última moda son las cesiones de jugadores, que
este verano han superado a los traspasos: 135 cesiones frente a 129 traspasos
en la Premier británica o 166 cesiones
en LaLiga frente a 159 traspasos. El “boom”
de las cesiones se debe a que hay un límite de 23 jugadores por plantilla y
muchos Clubes se han dedicado a comprar para aprovechar nuevos jugadores
baratos y tienen que “soltarlos”. Las cesiones
son también una forma de “burlar” los requisitos económicos de la FIFA, en cuanto
al porcentaje de inversiones y sueldos sobre ingresos, rebajando el gasto en
plantillas. La ventaja es doble: el Club
que cede se quita el gasto de ese jugador y puede subir más sus gastos en
jugadores y el Club que toma al jugador
cedido se hace con buenos jugadores con menos costes que en un traspaso. Dos ejemplos. Uno: en enero de 2018, el Arsenal ficho a Mjitarian por 35
millones y el 1 de septiembre de 2019 lo ha cedido a la Roma por 3 millones. El
otro: el PSG acaba de ceder a Jesé al Sporting de Lisboa, después de haberlo
cedido sucesivamente a Las Palmas, Stoke y Betis. Y en su puesto, adquirió
cedido por 1 temporada a Icardi (del Inter), por sólo 5 millones de euros (la
mitad de su salario).
Traspasos y cesiones
engordan la burbuja del fútbol
profesional y los presupuestos de las Ligas
europeas y los grandes Clubes.
Las 5 grandes Ligas europeas facturarán
esta temporada 15.000 millones de euros, en un crecimiento económico imparable
movido por los ingresos por las retransmisiones deportivas, los premios en las
competiciones y, sobre todo, por los ingresos comerciales (publicidad,
patrocinios y merchandising), más que
por las entradas y pagos de socios (marginales). La Liga líder en gasto, a
mucha distancia, es la Premier británica, que ingresó 5.300 millones de euros
en 2017, según el último balance de la UEFA. Y le sigue LaLiga española, que hace dos temporadas superó a la Bundesliga,
con 2.900 millones facturados en 2017 (frente a 2.800 la alemana). Y luego siguen
la Serie A italiana (2.200 millones) y la Ligue1 francesa (1.692 millones).
LaLiga española
(20 equipos de 1ª división y 22 equipos de 2ª A) ha dado un gran salto en las
últimas temporadas, duplicando sus
ingresos en los últimos 5 años,
entre 2012-2013 (2.266 millones) y
2017-2018 (4.478,6 millones), según los últimos datos publicados por LaLiga. Ello ha sido posible gracias a los éxitos deportivos de los equipos
españoles (en los últimos 5 años, de los 15 grandes títulos europeos, 14 han
ido a las vitrinas de equipos españoles), al saneamiento de sus cuentas y, sobre todo, al fuerte aumento de los ingresos por
TV (de 844 millones en 2013 a 1.500 millones en 2017, tras la negociación
centralizada impuesta en 2015), al tirón de los ingresos por traspasos de jugadores (se duplicaron, de 498 millones en
2016-17 a 1.017 en 2017-2018) y al fuerte aumento de los ingresos por comercialización (de 393 millones en 2013-14 a 837
millones en 2017-18), estabilizándose los ingresos por entradas y socios, dado
que la asistencia a los estadios roza el 70% del aforo. Y todavía tiene un alto endeudamiento. Al final, el fútbol
español cerró la temporada 2017-2018 con 189 millones de beneficio neto, según LaLiga.
Si LaLiga española
ha dado un gran salto económico, parejo a los éxitos deportivos, los grandes Clubes españoles se consolidan
como líderes
en Europa. Así, los dos Clubes
europeos con mayores ingresos son españoles, según el estudio Football Money League 2019 de Deloitte: el Real Madrid (750
millones en 2017-2018) y el Barça
(690,4 millones), por delante del Manchester
United (666 millones), Bayer Múnich (629,2), Manchester City (568,4), Paris
Saint Germain (541,7), Liverpool (513,7), Chelsea (505,7), Arsenal (439,2) y
Tottenham (428,3 millones de ingresos). En el puesto 13º del ranking
europeo está ya el Atlético de
Madrid (304 millones ingresos) y en el 27º el Sevilla (224,4 millones). Al final, los grandes equipos españoles
tienen beneficios (42,98 millones el Madrid, 33,69 el Sevilla, 28,77 la Real,
21,04 el Leganés y 20,14 millones el Barça), con pérdidas sólo en el Valencia (-33,74 millones), según Informa. Y en 2ª A, de 22 equipos, 9
tienen todavía pérdidas.
Un panorama económico bastante saneado hoy si tenemos en cuenta que 32 Clubes entraron en suspensión
de pagos entre 2003 y 2012 y otros desaparecieron, mientras el futbol español (1ª y 2ªA) arrastró pérdidas de 1999 a 2012. Forzados por la UEFA, los
Clubes y el Gobierno Rajoy aprobaron un Protocolo en
abril de 2012 para ajustar las cuentas de los 42 Clubes, con una
aprobación previa de sus Presupuestos y un control de ingresos y gastos por
LaLiga y el Consejo Superior de Deportes (CSD). El resultado es que los Clubes están ahora saneados, con
beneficios desde la temporada 2012-2013, aunque es gracias a los ingresos por traspasos (sin ellos, sólo con los
ingresos “ordinarios”, los Clubes siguen con pérdidas), según las últimas cuentas (temporada 2017-2018) publicadas por el CSD. Y tienen menos deuda, aunque aún deben 416 millones de euros a Hacienda (311 los de 1ª y 104 los de
2ªA), otros 10,34 millones a la
Seguridad Social y 3.020 millones
más a bancos (695,5) y proveedores
(2.325 millones), una deuda “manejable” según LaLiga.
El “punto negro” de las cuentas del futbol español siguen siendo los salarios (de jugadores, entrenadores, directivos y personal), que suponen
el 65,9% de los gastos (66,6% en 1ª,
2.052 millones en 2017-2018, un 21,8% más que la temporada anterior, y el 58,2%
en 2ªA, con 173,3 millones, sólo un 0,3% más), por debajo del tope del 70% que marca la UEFA. LaLiga
acaba de publicar los topes de gasto salarial para 2019-2020, en función de los ingresos y gastos estructurales de cada Club (671 millones
para el Barça, 641 para el Madrid, 348 para el Atlético de Madrid, 170 millones
para el Valencia…). Un intento de “frenar la burbuja de fichajes y sueldos, aunque
afecta poco a los Clubes grandes con muchos ingresos (el tope al Barça aumenta un
38%, el del Madrid un 74% y el Atlético un 55%) y mucho a los pequeños o peor
gestionados (-0,55% Villareal, -0,72 Leganés, +0,33 Real Sociedad, +2,3
Levante). Y bastante a los de 2ªA: la mitad de los 22 equipos no podrán
subir su gasto salarial esta temporada.
Saneados (más o menos) los 42 equipos de LaLiga (1ª y 2ªA), poco se sabe de la situación
económica del resto de equipos
profesionales: los 80 equipos de 2ªB y los 360 equipos de 3ª división.
Todo hace temer que sus finanzas son “penosas”. En 2ª A, se estima que sólo 20
equipos tienen más de 1 millón de euros de Presupuesto y el resto languidece,
sin llegar algunos a los 400.000 euros mínimos para sobrevivir. Y en 3ª
división, son muchos los que sufren para alcanzar los 100.000 euros anuales
para sobrevivir. Por ello, la Federación y los Clubes han intentado en julio (en medio de una gran polémica) fijar unos Presupuestos mínimos para esta temporada 2019-2020:
600.000 euros en 2ªB y 200.000 en 3ª, lo que puede llevar a muchos Clubes pequeños a
desaparecer, como pasa desde hace años.
Cara al futuro, LaLiga sigue empeñada en “ganar tamaño” (llegar a los 6.000
millones de ingresos de la Premier británica) y alcanzar 250 millones de beneficios. Para ello, trabajan en dos frentes: conseguir más recursos de las retransmisiones por TV
(la Premier británica ingresa 5.000 millones frente a 1.516 millones LaLiga) y aumentar la presencia internacional de
LaLiga y el futbol español, siguiendo el modelo de la NBA (baloncesto USA). Y
en el camino, atraer inversores al
fútbol español, donde ya hay 9 Clubes en manos de extranjeros e inversores
interesados en comprar otros 8 equipos españoles
(Betis, Sevilla, Getafe, Leganés, Alcorcón, Celta, Eibar y Zaragoza). Al final,
LaLiga se guarda la gran jugada para 2020: que 2 ó 3 Clubes de fútbol español salgan a Bolsa, donde ya cotizan hoy 22 Clubes de Inglaterra, Italia, Francia,
Portugal, Alemania o Turquía.
El primer gran objetivo de los actuales gestores de LaLiga,
responsables del éxito económico del fútbol profesional español, es sacarle más dinero a las retransmisiones deportivas por TV, en colaboración con las
telecos (Movistar y Orange), que han apostado por el fútbol en sus ofertas. Y
ambos saben que hay margen para ingresar más, porque
en Reino Unido, un 70% de los telespectadores pagan por ver fútbol en TV (20
millones de personas), mientras en España
sólo lo hacen el 34% (6 millones).Y
además, dejan de ingresar 400 millones por la piratería de partidos. Por todo
ello, creen que los Clubes podrían ingresar el doble que ahora por el fútbol en
TV, hasta 3.500 millones anuales (2.500 millones en España y 1.000 millones en
el extranjero).
El segundo objetivo
es hacer del fútbol profesional español (LaLiga) una gran multinacional, ampliando su presencia en el mundo, donde LaLiga cuenta ya con 9 oficinas
internacionales y 35 delegados. Intentan seguir
el ejemplo de la NBA USA o de la Premier británica, cuyos jugadores y
partidos son seguidos en todo el mundo, lo que refuerza audiencias en TV e
ingresos comerciales por patrocinio y merchandising. El gran objetivo de LaLiga es China
(donde el fútbol español es la tercera liga más seguida, tras la propia y la
Premier), el resto de Asia, Estados
Unidos y Latinoamérica. Para penetrar más en estos mercados, ya han puesto partidos a horas “intempestivas
(a las12, 14 o 16 horas) y han lanzado la idea de jugar partidos de LaLiga en otros paises (Miami), no apoyada por la Federación. Y siguen
reforzando la presencia en las redes
sociales del fútbol español, que tiene más de 1.700 millones de aficionados en
todo el mundo.
Todo esto está muy bien, pero hay que vigilar que la burbuja del fútbol no explote, en Europa y en
España. Para eso, debería haber auditorías
más rigurosas de los Clubes y que fueran públicas,
algo que no es habitual. Y controlar mejor gastos y endeudamiento.
Mientras, la FIFA ya ha anunciado que prepara un Plan
para “parar el gesto desmesurado de los
fichajes” y controlar las cesiones (“hay
un exceso de jugadores cedidos”), denunciando que hay un abuso de los agentes (unos pocos controlan y encarecen fichajes)
y “una falta de transparencia en el
mercado”, que fija un valor aleatorio a los jugadores. La idea de la FIFA es crear un
organismo (ligado a un banco de inversión) que controle todos los fichajes y los limite, en base a un algoritmo. Y fijar un tope de 6 a 8
cesiones por equipo. Cambios que quiere
aplicar para 2020, aunque hay muchas presiones en contra.
Mientras esperamos que la
FIFA y LaLiga impidan que engorde más la burbuja del fútbol profesional, el próximo Gobierno debería implicarse en
que el dinero del fútbol de élite (pagaron
3.053 millones en impuestos en 2017-2018) repercuta más en el deporte de a
pié, en ese millón de niños y jóvenes
federados que carecen de campos,
equipación y ayudas, que sólo van a recibir 84,6 millones de la Federación este año 2019, según las cuentas del CSD. Y eso es
preocupante en un país donde 6 de cada
10 niños incumple las recomendaciones de hacer ejercicio de la OMS, según el estudio PASOS promovido por la Fundación Gasol, debido al excesivo uso
de los móviles y videojuegos. Está bien que España sea una potencia en el
fútbol profesional, pero no a costa de sueldos escandalosos y peligrosas
“burbujas” económicas. Y ese “poderío” debería ayudar a promover y
financiar el fútbol y el deporte entre jóvenes y mayores. Algo que no se hace.
El martes pasado, mientras nuestros políticos se peleaban
por una investidura fallida, la OCDE
publicaba su diagnóstico sobre la
educación en los paises desarrollados. Y su dictamen sobre
España es demoledor. Tanto que, al final, 1 de cada 5 jóvenes españoles no estudian ni trabajan, 1.325.747 jóvenes “ni-nis” que no ven futuro,
tras sufrir España el mayor abandono escolar de Europa. Un fracaso educativo muy
serio, agravado en algunas autonomías,
aunque nuestros alumnos dan más horas de
clase y tienen más profesores. El problema es que “estudian mal”,
memorizando y sin ayudarles a pensar, como demuestra el Informe PISA. Y que gastamos menos en educación, con lo que
hay más alumnos por aula y faltan medios y profesores, que ganan hoy menos
que en 2005. Resultado: tenemos demasiados jóvenes
y adultos con poca formación y el doble de paro que Europa. Un balance dramático,
aunque a nuestros políticos no les preocupe. Urge un Pacto de Estado para mejorar nuestra enseñanza: la educación de
hoy es la economía de mañana.
La radiografía que
hace la OCDE en su informe “Panorama de la educación 2019” es muy preocupante para España. El dato clave
es que un 39,9% de los españoles adultos
(25-64 años) tiene poca formación (la ESO o menos), frente al 18,7% en Europa (UE-23) y el 21,5% en
la OCDE (34 paises desarrollados). Y que otro 22,9% tiene una formación media (Bachillerato o FP básica), un
porcentaje mucho más bajo que el 46,2%
de Europa y el 44% de la OCDE, mientras estamos equiparados en universitarios:
37,3% de los adultos españoles,
frente al 35,6% en Europa y el 38,6%
en la OCDE. O sea, que el último medio
siglo de educación nos han dejado un país con el doble de adultos poco
formados y la mitad medianamente formados, lo que explica que tengamos
el doble de paro. Y si miramos sólo a los jóvenes (25-34 años), a los formados en las últimas tres décadas,
el informe revela que un 32,3% están poco formados (ESO o menos) y el 23,4%
medianamente (Bachiller y FP básico), aunque un 44,3% sean universitarios.
Este mal resultado educativo es fruto de varios fracasos. El primero, que muchos niños y adolescentes repiten curso, básicamente por falta de
apoyo docente: casi 1 de cada 3 estudiantes de 15 años han repetido curso
alguna vez, el 31,4% en el curso
2016-17, según las estadísticas de Educación. Un porcentaje de repetidores que oscila
entre el 47,4% de Ceuta, el 41,5% de
Aragón o el 39,2% de Murcia y el 21,8% de Galicia o el 23,8% del País Vasco. Y antes, a
los 12 años, ya han repetido curso el
14,3% de alumnos. Y así, España es el país de la OCDE con más repetidores, triplicando la media
internacional (11,3%) y muy lejos de los paises líderes en educación (3% de
repetidores en Finlandia). Un fracaso humano y económico (cada repetidor cuesta al país 20.000 euros, según algunos expertos).
El siguiente eslabón
del fracaso escolar son los alumnos
que, cansados de repetir y quedar marginados (por falta de apoyo expreso), acaban
dejando los estudios al final de la ESO (etapa obligatoria) y no completan el Bachillerato o la FP básica.
El dato del abandono escolar temprano en España es
impresionante: un 17,9% de los jóvenes de 18 a 24 años en 2018 (eran
el 30,3% en 2006), frente al 10,6% en la UE-28, según los últimos datos de Eurostat, que refleja cómo España es líder europeo en
abandono escolar, muy por delante de Holanda o Austria (7,3% de
abandono escolar), Finlandia (8,3%), Francia (8,9%), Alemania (10,3%) o Reino
Unido (10,7%), Portugal (11,8%) o Italia (14,5%).
Al final, hayan abandonado prematuramente sus estudios o los
hayan terminado, los jóvenes españoles tratan
de encontrar un empleo. Y lo tienen muy difícil, según el informe de la OCDE, porque nuestro modelo económico (muchos servicios y
pymes y poca industria y grandes empresas) no ofrece mucho y porque su
formación no responde a lo que necesitan las empresas. El resultado es que un 78% de los jóvenes universitarios (25-34
años) trabaja en España, frente al 84% en Europa. Y que el 12% de jóvenes españoles con carrera está en paro, el doble que en Europa y la OCDE (6%), según la OCDE. Y entre los que abandonaron sus estudios y tienen la ESO o menos,
el 25% están parados (16% en la UE).
Con todo ello, llegamos a un último dato preocupante: un 20,2%, 1 de cada 5 de jóvenes españoles de 18 a 24 años (649.000 jóvenes) ni estudian ni trabajan, son la viva
fotografía de nuestro fracaso educativo y laboral. Un porcentaje de “ni-nis” muy variable por autonomías (entre el 21,4% en Canarias y el 9,9% en el País
Vasco) y que es el 3º mayor de Europa
(tras el 25,7% de Italia y el 22,3% de Grecia), muy superior a la media europea
(13,1%) e internacional (14,3% de “ni-nis” en la OCDE) y muy alejado de Holanda
(6,9% de “ni-nis”), Noruega (8,8%) o Alemania (9,6%). Y si abrimos el abanico,
a los jóvenes entre 15 y 29 años, el dato es similar: España tiene un 19,5% de ni-nis, frente al 12,7% de
Europa (23,9% en Italia y 9,2% en Alemania) y el 13,2% de la OCDE. Nada menos
que 1.325.747 jóvenes españoles que ni
estudian ni trabajan, una generación
medio perdida.
¿Cuáles son las causas de este fracaso educativo? El informe de la OCDE tiene el mérito de descartar algunas. Como el número de horas de clase: España es
el país europeo con más horas de clase en Secundaria (1.054 horas anuales frente a
874 en Europa y 919 en la OCDE) y el 4º con más horas de clase en Primaria (792
horas anuales frente a 769 en Europa y 799 en la OCDE), mientras Finlandia, el
gran modelo educativo, es quien tiene menos horas de clase (808 en Secundaria y
651 en Primaria). El problema tampoco está en el número de alumnos por profesor: en España hay menos (14 alumnos por
profesor en Primaria frente a 14 en Europa y 15 en la OCDE, 12 en la ESO frente
a 11 en Europa y 13 en la OCDE y 11 en Bachillerato frente a 12 en Europa y 13
en la OCDE). Y tampoco que nuestros profesores estén mal pagados: ganan más de entrada
(entre 40.813 en Primaria y 45.509 euros en Bachillerato, frente a una franja
de 33.000 a 35.000 euros en Europa y la OCDE)
Entonces, ¿donde está la causa? Una básica es que gastamos menos en Educación: un 4,3% del
PIB entre gasto público (3,1%) y privado (1,2%) en enseñanzas no
universitarias, frente al 4,5% de media
en Europa (Reino Unido gasta el
6,2%, Francia el 5,2% y Alemania el 4,2%) y al 5% del PIB que gasta la OCDE. Y no es casualidad que Finlandia, un modelo en educación,
gaste el 5,5% de su PIB.
Este menor gasto en educación se traduce
en muchas limitaciones que ayudan al fracaso educativo. Una, el tener más alumnos por clase: 21 alumnos en
Primaria en España frente a 20 en Europa y 21 en la OCDE, pero 25 en Secundaria
frente a 21 en Europa y 23 en la OCDE, siendo España el país europeo con más
alumnos por clase, junto a Francia. Y otra vez Finlandia como ejemplo : tiene 20 alumnos por
clase en Primaria y 19 en Secundaria (6 menos que España). Otro problema de la
falta de recursos: los profesores están
poco incentivados. Ganan más de entrada sí, pero luego les cuesta mucho mejorar su sueldo: tardan 39 años en llegar al
máximo sueldo, mientras los profesores en Europa lo consiguen a los 28 años de
docencia y en la OCDE a los 25 años. Eso desincentiva su “carrera profesional”.
Y más aún, los recortes salariales que
han sufrido en la última década: los profesores
de la ESO, por ejemplo, ganan hoy un 6% menos que en 2018, según la OCDE, mientras los europeos ganan un 4% más y los de paises OCDE un 9%
más.
Y además, tienen más carga de trabajo que sus colegas internacionales: 880 horas en
Primaria (754 en la UE y 783 en la OCDE), 713 en la ESO (673 y 709) y en
Bachillerato (693 frente a 643 y 667). Pero, además de trabajar más horas, dedican más horas a dar clase (el 50%,
frente al 44% en la OCDE), lo que no es bueno, porque tienen menos horas que en ningún
país europeo para tutorías, refuerzos y preparación de clases, que,
según la OCDE son básicos para mejorar la
calidad de la enseñanza.
Precisamente, la otra
clave de nuestro fracaso educativo, junto al menor gasto, es el tipo de educación que se imparte en
España:”demasiado memorística y poco
práctica”, resumen los expertos de la OCDE. Y con un
exceso de asignaturas, con programas muy diferentes según las autonomías
(hasta con libros muy diferentes, según denuncian los editores). Con un exceso
de clases teóricas y pocas extraescolares y prácticas (en Corea del
Sur, otro país que es un modelo educativo, dan 30 horas semanales de clase y 20
extraescolares). Se trata de “cumplir el programa” más que aprender a pensar.
“Lo que menos necesitan los alumnos, en
un mundo donde abunda la información accesible, es proporcionarles cantidades industriales de
información. La clave es que tengan capacidad analítica y crítica, que tengan
herramientas y capacidades para tener éxito”, decía Gara Rojas, analista de la OCDE al presentar el informe en
Madrid.
Así que, junto a la falta de recursos (aulas, profesores,
refuerzos), el gran problema es que España
sigue anclada en una educación del siglo XIX,
que trata de que los jóvenes aprendan las cosas de memoria y no de prepararles
para el futuro, consiguiendo que analicen y piensen, que tengan “capacidades”.
Y eso se traduce, año tras año, en los malos resultados en el informe PISA, que mide las
capacidades de los jóvenes de 15 años en el mundo. En la edición de 2018
(resultados de 2015), España ocupó el lugar
18 en el ranking europeo de “competencia en Ciencia”, el 15º en “comprensión
lectora” y el 20º en “competencia en
matemáticas”, aunque en línea con la media de la OCDE. Pero además, el problema
es que hay autonomías con peores resultados, sobre todo Andalucía, Extremadura, Canarias y Murcia,
a la cola en educación (y en gasto). Y a la cabeza en paro.
Otra gran deficiencia de nuestro sistema educativo, según el informe de la OCDE, es el menor
peso de la Formación Profesional, que durante muchos años se ha considerado
una “enseñanza de segunda categoría”,
para “tontos y pobres”. Y por ello, a pesar del salto dado en los últimos años, sólo un 34,8%
de los que acaban la ESO en España pasan a la FP, frente al 47,2% de jóvenes en Europa y el 43,2% en la OCDE, con muchos paises donde hay más
jóvenes que estudian FP que Bachillerato, según el informe OCDE: República Checa (72,9%), Finlandia (71,3%),
Eslovenia (70,4%), República Eslovaca (68,9%), Austria (68,8%), Paises Bajos
(67,5%), Suiza (64,8%), Luxemburgo (61%), Bélgica (59,2%), Australia (56%),
Italia (55,6%), Rusia (54,4%), Reino Unido (53,1%), Polonia (51,1%) y Noruega
(50,4%), la mayoría de ellos con las tasas más bajas de paro juvenil por esta
mayor enseñanza “aplicada”.
Y es que, al final, el informe de la OCDE refleja con datos un
hecho: a más educación, más empleo,
mejores sueldos y menos paro. Por eso, con la deficiente educación y baja
formación que tenemos, no debería extrañarnos que España tenga menos
empleo (tenemos 1.800.000 empleos menos que la media de Europa: un 67% de
adultos trabajando frente al 73,2% en
la UE-28), más del doble de paro (13,9% frente al 6,3% en la UE-28) y unos salarios mucho más bajos (16 euros por
hora frente a 37,4 en Dinamarca, 26,9 en Alemania, 24,1 en Francia, 22,5 en
Reino Unido, 20,9 en la UE-28 y 20,2 euros en Italia, según Eurostat). En parte es por nuestro modelo económico (un exceso de servicios
y una falta de industria y tecnología), por nuestra organización empresarial
(demasiadas pymes, pocas grandes empresas y poco trabajo en equipo en una
gestión bastante autoritaria), pero mucho es fruto de la deficiente educación,
de tener una mano de obra mal formada. Y cara al futuro, con la revolución tecnológica, lo tenemos peor, porque ese 39,9 % de adultos mal
formados (sólo con la ESO o menos)
van a tener muy difícil trabajar
este siglo.
El informe educativo de
la OCDE y los datos que aporta son apabullantes,
aunque hayan pasado casi desapercibidos,
sobre todo para unos políticos que sólo piensan en las elecciones. Pero
deberían hacernos reflexionar y actuar,
forzando a que en la próxima Legislatura se pacte una nueva Ley de Educación
que empiece a cambiar las cosas, con más
gasto educativo (al menos el 5%
del PIB que gastan los paises OCDE, 11.200 millones más al año) y, sobre
todo, con otro tipo de enseñanza, menos memorística, que enseñe a los alumnos a
pensar, razonar y tener herramientas para trabajar. Una tarea que llevará varias décadas. Pero hay que empezar cuanto
antes. Porque la educación de hoy es la economía de mañana.
Desde el 12 de mayo, las empresas tienen obligación
de llevar un control horario de entrada y salida de sus trabajadores, medida
aprobada por el Gobierno Sánchez (con
el apoyo legal del Tribunal de Justicia europeo) para frenar las horas extras. A pesar del fichaje obligatorio, en el 2º trimestre se han hecho más horas
extras que en el 1º, según la
EPA. Y también más horas extras gratis. Los sindicatos denuncian retrasos y fraude en la aplicación del
control horario en muchas empresas. Y piden más inspectores, multas más altas y una reforma laboral que prohíba
a los empresarios imponer horarios excesivos. El problema es grave porque estas
horas
extras impiden crear 180.000 nuevos empleos al año y, como muchas no
cotizan, dejan a la Seguridad Social un “agujero” de 650 millones anuales. Más
1.800 millones que dejan de ganar los trabajadores que hacen horas gratis. Al
final, trabajamos más horas que en
Europa, para ganar menos y ser un país menos productivo.
En España hay una
larga
tradición de “hacer horas extras”, como en toda la Europa del sur. Una
fórmula para que los trabajadores “redondeen”
sus ingresos (antes era el pluriempleo) y las empresas se ahorren costes y, sobre todo, cotizaciones sociales,
con lo que ambas partes “colaboran”. Eso
aumenta, de hecho, la jornada laboral efectiva. Así, la jornada
media pactada en los convenios (marzo 2019) es de 148,6 horas al mes (37,15
horas semanales), según el INE, pero más
de la mitad de los ocupados trabajan más de 40 horas semanales efectivas:
8,81 millones (el 44,5% de los ocupados) trabajan de 40 a 49 horas semanales y
otros 1,44 millones (el 7,3%)
trabajan incluso más de 50 horas a la semana,
según la EPA. Los que trabajan jornadas más largas son los jóvenes (el 55%
tienen entre 25 y 34 años) y los empleados en hostelería, comercio,
construcción y algunas industrias, sobre todo en Madrid, Baleares, Canarias,
Cantabria y Galicia.
La jornada real de trabajo supera mayoritariamente las 40 horas
porque, tras los drásticos recortes de plantillas entre 2008 y 2014, las
empresas imponen jornadas más largas a los trabajadores que quedan (gracias a
la reforma laboral de 2012) y también porque se están haciendo más horas extras, tras haberse reducido con la crisis.
En los años de bonanza económica se llegó al récord de horas extras: 10,2 millones a la semana en el primer
trimestre de 2008, según el INE.
Pero luego estalló la recesión y las empresas recortaron las horas extras,
bajándolas a la mitad, hasta un mínimo de 4,5
millones de horas semanales en el verano de 2012. A partir de ahí, la
reforma laboral aprobada por Rajoy dio “amplios poderes” a los empresarios para
fijar la jornada y las horas extras, que empezaron a subir, hasta los 6,5 millones de horas extras semanales
en la primavera de 2015. Y en 2016 y 2017 se mantuvieron por encima de los 6 millones de horas
extras semanales, alcanzándose un récord a finales de 2018, con 6.435.000 horas extras semanales, el récord desde 2009.
Lo llamativo no es sólo el récord de horas extras, sino que casi la mitad de las horas extras no se
pagan: a finales de 2018, no se pagaron el 46% del total de horas
extras, concretamente 2.962.000 horas semanales que se hicieron gratis,
según la EPA. Un porcentaje mayor de horas gratis que antes de la crisis, ya
que en 2008 no se pagaban el 40%. Estas horas
extras trabajadas gratis suponen un importante ahorro de costes para
las empresas: si el coste total de una hora de trabajo ronda los 20
euros (según el INE), con esas casi 3 millones de horas gratis, las empresas se ahorran 56 millones a la
semana, 2.700 millones al año (descontando
las semanas de vacaciones). Y los
trabajadores pierden, al no cobrarlas, 13 euros por hora (coste salarial
horario, según el INE), o sea 38 millones a la semana y 1.824 millones de euros al año. Pero es eso o la amenaza de
despido.
Pero el abuso de las horas extras gratis
tiene otros costes. Para la Seguridad Social, porque las empresas no cotizan
por esas casi 3 millones de horas semanales gratis: UGT estima que se pierden 650 millones de euros
anuales en cotizaciones. Una cifra
clave para un sistema de pensiones
que tiene un déficit de -19.000 millones
de euros anuales. Además, los trabajadores
que hacen horas extras gratis no sólo pierden ingresos sino también pierden derechos al cotizar por menos
horas de las que realmente hacen: cobrarán menos al coger una baja laboral, en
la indemnización por despido, al cobrar el desempleo y, sobre todo, al cobrar
la pensión cuando se jubile.
Pero lo más grave de
las horas extras (pagadas o gratis) es que “quitan trabajo” a parados que
podían hacer esas tareas, ya que muchas empresas
suplen
el contratar a nuevos trabajadores alargando las jornadas de sus empleados
con horas extras, pagadas o no. De hecho, si
no se hicieran esas 6,43 millones de horas extras a la semana, las empresas
necesitarían contratar a 173.216 nuevos
trabajadores (contando las 37,15 horas de jornada media pactada). UGT estima que se podrían crear 180.000 nuevos empleos anuales a tiempo
completo si no se realizaran horas extras. Una cifra muy importante para un
país como España que tiene más del doble
de paro que Europa (13,9% frente al 6,3% en la UE-28, según Eurostat).
Por todo esto, la batalla contra las horas extras lleva
años siendo una obsesión de los sindicatos,
sobre todo los de banca, porque las instituciones financieras las han utilizado
mucho tras la crisis. En 2015 y 2016, la Audiencia
Nacional dictó 3 sentencias que
obligaban a la banca a llevar un registro de jornada para comprobar horarios y
horas extras. Pero la banca afectada (Bankia, Sabadell y Abanca) las recurrió y
finalmente el Tribunal Supremo les dio
la razón, en 2 sentencias (23 de
marzo y 30 de abril de 2017) que anulaban la obligación del registro diario de jornada, señalando que las empresas solo
debían llevar un registro de horas extras y comunicárselo cada mes a los
trabajadores afectados. Pero la “batalla legal” no acabó aquí, porque la Audiencia Nacional, a raíz de un nuevo
recurso sindical en Deutsche Bank, dictó un auto, el 19 de enero de 2018, donde trasladaba la cuestión al Tribunal de
Justicia de la UE. Y el 31 de enero de 2019, el abogado general de la UE
daba la razón a los sindicatos y proponía al Tribunal de la UE que declare que “la Carta Social Europea y la Directiva
2003/88 imponen a las empresas la obligación de implantar un sistema de cómputode jornada laboral”, sentencia
que se espera en los próximos meses.
Con este apoyo legal
europeo, el Gobierno Sánchez (en funciones) aprobó el 8 de marzo de 2019 un nuevo real decreto-ley sobre control de horarios,
pactado con los sindicatos y al que se
opuso la patronal CEOE. Un decreto convalidado
el 3 de abril por la Diputación permanente del Congreso, con el apoyo de
PSOE y Podemos, la abstención de
Ciudadanos y el voto en contra del PP. La nueva normativa obligaba a las empresas a establecer un registro diario de jornada desde el 12 de mayo donde se
especifique la hora de entrada y de salida y que deben guardar 4 años. Este
registro de jornada debe estar a disposición del trabajador, los sindicatos y
la inspección de trabajo, que lo lleva pidiendo muchos años. Y establece sanciones a las empresas que incumplan,
de 626 a un máximo de 6.250 euros de multa.
La patronal y muchas
empresas han criticado este registro de jornada, que se ha ido aplicando con muchos retrasos y dudas,
a pesar de que el Ministerio de Trabajo publicara en su web esta Guía para
aplicarlo. Y los sindicatos han
denunciado retrasos y fraudes, sobre todo en pequeñas empresas que no lo
aplican o llevan un control manual a posteriori. Quizás por todo esto, el control horario ha sido poco efectivo
hasta ahora, al menos no ha servido
para reducir las horas extras, que han aumentado en el 2º trimestre,
según la EPA: han pasado de 5.679.400
horas extras semanales en el primer trimestre a 6.020.700 en el segundo. Y dentro de ellas, han aumentado también las horas extras gratis y su peso: de
2.636.700 (el 41,6% del total) a 2.912.600
(el 48,37% de las horas extras). Eso sí, lo positivo es que en la primera mitad de 2019 se han hecho menos
horas extras totales (5.549.300 semanales) que en el primer semestre de
2018 (5.824.000).
Viendo los datos de la EPA, los sectores que han aumentado sus horas extras (pagadas y gratis) en el segundo trimestre, a pesar del
control horario, son la hostelería
(+99.100 horas extras semanales), el ocio y entretenimiento (+71.600), la
educación (+52.100) la industria (+49.500 horas extras), la construcción
(+45.000), información y comunicación (+38.200), la administración pública
(+37.500), y el transporte (+14.900), bajándolas el comercio (-88.200 horas
extras semanales), actividades profesionales (-75.200), banca y seguros
(-14.200) y sanidad (-5.500 horas). Con todo, los sectores donde se hacen más horas extras son la industria (424.200 horas semanales), la hostelería (377.500), la
educación (294.800), el comercio
(239.200), las actividades profesionales
(212.900), la información y
comunicaciones (192.500), y las
finanzas y seguros (166.700 horas semanales). Dos tercios de las horas
extras (66%) las hacen los hombres y
el resto las mujeres, que han bajado sus horas extras.
En realidad, los que hacen horas extras son una minoría de trabajadores: 764.100 empleados en el 2º trimestre de
2019, según la EPA, un 4,57% de los asalariados (en el primer trimestre eran
735.500, el 4,49%). La mayoría de los que hacen horas extras tienen entre 30 y 49 años y trabajan en la hostelería,
servicios profesionales y la industria. De ellos, la mayoría son los que hacen de 4 a
6 horas extras a la semana (216.100 asalariados), los que hacen de 10 a 12
horas semanales (145.700), de 1 a 3 horas (137.600) , de 7 a 9 horas (83.000) y
16 horas o más (83.000), mientras hay 73.000 asalariados que “no saben” cuantas
horas extras hacen. De este grupo que hace horas extras, sólo la mitad, 329.700 asalariados hacen horas extras
gratis, mientras otros 35.200 las hacen a
la vez cobrando y gratis, según la EPA. Y entre los que hacen más horas
gratis, vuelven a estar los profesionales y los que trabajan en hostelería,
comercio y servicios.
Los sindicatos denuncian, además, que hay un enorme fraude en los horarios laborales,
no sólo porque se hagan más horas de las pactadas sino porque hay sectores (hostelería,
comercio, servicios) donde dominan los contratos
a tiempo parcial y los trabajadores tienen
un contrato por horas o media jornada y acaban haciendo la jornada completa,
sin cobrar la mayoría de obras extras que hacen. De hecho, hay ya 2.951.500 ocupados con contrato a tiempo
parcial (un 15%, casi 1 de cada 6 trabajadores), según la EPA. Las tres cuartas partes son mujeres (2.186.200 trabajan a tiempo
parcial, por horas o días), sobre todo en el comercio, hostelería, servicio
doméstico y servicios.
A la vista de que el
control horario no ha frenado las horas extras ni el fraude, los
sindicatos piden medidas más efectivas, básicamente reforzar la inspección de Trabajo
(tiene la mitad de plantilla que en Europa: 1 inspector por cada 15.000
asalariados frente a 1 por 7.300 trabajadores en la UE-28), aumentar las multas por no cumplir el
registro horario (son muy bajas, de 626 a 6.250 euros, y a las empresas les
compensa arriesgarse), introducir un mayor control horario en los convenios colectivos y, sobre todo, que el Gobierno apruebe una reforma laboral que limite el enorme poder
de fijación de horarios que les dio Rajoy a los empresarios en 2012. Más jornadas pactadas y menos
abusos.
Reducir las horas extras es clave para crear más empleo. Y, en
contraposición, tener una jornada laboral mayor que en Europa no nos ayuda a ser más competitivos. De
hecho, la jornada laboral media en
España era de 37,7 horas semanales
en 2018, frente a 37,1 horas en la UE-28 y 36,5 horas semanales en la zona
euro (trabajan 62,4 horas menos al año), según Eurostat. Y sin embargo, España está a la cola en productividad
(ocupamos el lugar nº 26 en el ranking mundial del Foro Económico Mundial),
somos el país nº 14 en Europa por renta per cápita y tenemos más del doble de
paro. Porque ser más productivos y más ricos no depende de trabajar más horas sino
de ser más eficientes, algo que depende del modelo económico (poca
industria y demasiados servicios), del tamaño de las empresas (demasiadas
pymes), del desarrollo tecnológico, de las infraestructuras, de las formación
de los trabajadores y de la organización del trabajo (poco participativa en
España). No vale con hacer horas y “calentar”
el asiento.
Ahora, otra prioridad
del futuro Gobierno debería ser hacer cumplir la normativa de los
controles horarios y favorecer la reducción de las horas extras, aflorando el
fraude y penalizándolas con cotizaciones para que sean sustituidas por nuevos
empleos. Y promover un cambio
legislativo y un acuerdo social,
sobre el control horario, para convencer a las empresas que no pueden seguir
obligando a hacer horas extras gratis y que no
por muchas horas van a competir mejor. No olviden el dato: tenemos 1.800.000 empleos menos que la media de Europa: un 67% de adultos
trabajando frente al 73,2% en la
UE-28. Una parte es porque el modelo
económico no da de sí más empleo. Pero otra parte es porque está
mal repartido, porque algunos hacen horas de más. Hay que trabajar menos horas, con más eficiencia, para que trabaje más
gente, como en Europa.
Esta semana, más de 8
millones de niños y jóvenes comienzan un nuevo curso escolar, con pocas novedades. Tendrán más profesores, tras 3 convocatorias de
plazas, y algunos recursos más,
volviendo al gasto de 2008. Lo nuevo es que los Gobiernos del PP
y Ciudadanos en Madrid y Andalucía van a concertar con centros privados
plazas de Bachillerato, subvencionando
una enseñanza que ahora sólo es gratis en los centros públicos. Y prometen
también concertar con centros privados la
enseñanza de 0 a 3 años, mientras el PSOE y Podemos quieren que sea
gratuita en los centros públicos. Son dos estrategias políticas para “ampliar el negocio” de los centros concertados, que ya
controlan el 26% de los alumnos y reciben un 12,5% del dinero público en
educación, sin recortes en los años de crisis. Es el gran debate de esta Legislatura: más o menos
educación pública, con más recursos (50.000 alumnos estudian en barracones) y profesores. Un tema clave del Pacto
educativo que no llega.
Este nuevo curso
escolar 2019-2020 volverán a aumentar los alumnos de las
enseñanzas no universitarias, unos 20.000
más, hasta llegar a los 8.200.000
niños y jóvenes que estudian en colegios e institutos, 757.000 más que hace diez años (curso 2008-2009), según los datos de Educación. Volverán a bajar (-20.000) los niños escolarizados
en educación
infantil (unos 1.718.000),
por la caída de la natalidad sufrida a partir de 2009, que afecta a los niños
de 3 a 6 años. Sufrirá también una ligera bajada (-11.000) la cifra de estudiantes
de Primaria (sobre 2.918.000), subirán los alumnos
de la
ESO (+35.000), los más numerosos (rondarán los 2 millones), volverán a
bajar (-3.600) los que estudian Bachillerato (668.000) y será otro año récord en Formación Profesional,
con 845.000 alumnos, casi el doble de los que estudiaban FP hace una década (462.492 alumnos en 2007-2008). Del total de alumnos, 51,7% son chicos y 48,3% chicas, ganando
los varones en todos los estudios, salvo en Bachillerato,
donde el 52,8% son mujeres, por el mayor abandono escolar de los chicos.
Dos de cada tres alumnos no universitarios estudiarán este
curso 2019-2020 en colegios e institutos públicos (el 67,3% de los
alumnos), aunque año tras año gana peso la enseñanza concertada
(25,9% alumnos) y privada (6,9%), sobre todo en educación infantil (63% alumnos
en la pública) y la ESO (65,6% alumnos), subiendo la publica en Bachillerato
(74,5% alumnos) y en FP (72,6% alumnos estudian en centros públicos). Y sobre
todo en las autonomías más ricas: País
Vasco (49,2% alumnos van a centros concertados o privados), Madrid (45,5%), Navarra (35,7%), Baleares
(35,4%) y Cataluña (34,4% de alumnos
en enseñanza no pública), según los datos de Educación. Mientras, el peso de la enseñanza concertada y
privada es mucho menor en las autonomías
pobres: Melilla (sólo 16,7% alumnos), Castilla la Mancha (19,9%),
Extremadura (19,7%), Ceuta (21,3%), Canarias (24%) y Andalucía (25,7%). En los
últimos años, la enseñanza pública ha
perdido 10.000 alumnos y la
concertada ha ganado 50.000, gracias a las ayudas de algunas autonomías, según un informe de CCOO.
La principal novedad
de este curso 2019-2020 es que los alumnos de enseñanzas no universitarias
van a encontrarse con casi 30.000
profesores más, tras las oposiciones celebradas en junio, las terceras y las más numerosas desde
que se reanudaron en 2017. Con ellas se busca cubrir las jubilaciones y reducir la temporalidad del profesorado,
que afecta a 1 de cada 3 docentes. La previsión es ampliar las plantillas de
profesores en los centros públicos (ahora superan
los 500.000) en 139.000 entre 2017 y 2022, pero CCOO estima que harían falta convocar 46.259 plazas más, para reducir
la precariedad y cubrir necesidades futuras. Además, muchos expertos hacen
hincapié en formar mejor a los profesores, porque sólo un 35% reciben la
formación inicial adecuada en España frente al 62% en el resto de Occidente,
según el informeTalis 2018, de la OCDE. Algunos expertos piden un MIR para profesores (como los médicos) y Cataluña ha establecido un filtro de pruebas complementarias en la selectividad para
los que quieren acceder a Magisterio y Educación.
Algunos alumnos más, pocos nuevos centros (50.000 alumnos de la escuela pública estudiarán este curso en barracones, sobre todo en Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares y Canarias), algo más de
presupuesto y más profesores para un curso
escolar 2019-2020 con pocas novedades para alumnos y familias. Otro curso
más sigue en vigor la LOMCE, la Ley de Educación aprobada en solitario por el PP
en 2013, aunque la mayoría de grupos del nuevo Parlamento están por derogarla. Eso
sí, las autonomías pueden cambiar un aspecto fundamental de esta Ley, el número de
alumnos por aula, que el ministro Wert aumentó un 20% (de 27 a 30 en Primaria y
de 30 a 36 en la ESO). Ya el curso pasado bajaron otra vez los alumnos por aula
en Andalucía y Extremadura y este curso las reducirán el resto de autonomías.
También se reducirán las horas de clase de los docentes, aumentadas en
2012 (a 25 horas semanales en infantil y primaria y a 20 horas mínimas en ESO,
Bachillerato y FP). Y también se han “flexibilizado” las reválidas a que obliga la LOMCE al final de
Primaria y en 4º de la ESO, así como la Selectividad.
Pero los demás cambios pendientes, desde reducir
el peso de la asignatura de Religión a
los itinerarios y los planes para repetidores, no se harán tampoco este curso
2019-2020, porque el bloqueo político ha impedido discutir el proyecto
de nueva Ley de Educación aprobado por el Gobierno Sánchez el 15 de febrero de
2019. El Gobierno ha ofrecido a Podemos, entre sus 370 medidas de Gobierno, aprobar una Ley
Básica de Educación “que derogue la
LOMCE, blinde la educación pública e incorpore los acuerdos alcanzados por la
comunidad educativa”, pero no entraría en vigor hasta el curso 2020-2021,
como pronto.
La gran novedad educativa de este curso 2019-2020 es el impulso a la enseñanza concertada en Madrid y Andalucía, tras la llegada al
Gobierno de PP, Ciudadanos y Vox. La iniciativa la ha tomado Madrid, que
ya este curso va a poner en marcha un proyecto para que 1.500 alumnos de bachiller puedan estudiarlo gratis en centros
concertados, con becas de 3.000 euros para familias con menos recursos. Y
el objetivo del Gobierno conservador madrileño es que en 4 años, todos los centros concertados de la región
puedan ofertar el Bachillerato concertado, como hacen con Primaria y la
ESO. En Andalucía, con muchos más
alumnos, lo están estudiando, pero su objetivo
a medio plazo es también concertar el Bachillerato, que ahora solo es
gratuito en los centros públicos. Y no son los únicos. Ya hay 5 autonomías donde el curso pasado se subvencionó el Bachillerato a 70.000 estudiantes en centros privados : País Vasco, Cataluña,
Navarra, Baleares y Murcia. Las restantes, gobernadas por la izquierda, no
están por la labor de subvencionar el Bachillerato en centros concertados (sí
defienden becas a los alumnos con menos recursos).Y en el caso de la Comunidad
Valenciana, ha recurrido a los Tribunales, los conciertos de Bachillerato
aprobados por Camps.
Algunos expertos, los sindicatos y la izquierda critican
esta política del PP y Ciudadanos (apoyada por Vox), señalando que es una vía de “ampliar el negocio” de la enseñanza privada, que ve como
año tras año se les van alumnos en Bachillerato a la pública porque sus
familias no pueden pagar estos estudios (entre 300 y 400 euros al mes). Por
eso, buscan que esta enseñanza se
concierte, para ganar alumnos (hoy sólo tienen el 25,5% de alumnos, frente
al 32,7% de alumnos en toda la enseñanza no universitaria).
Pero la novedad no para ahí. Madrid y Andalucía quieren ampliar los convenios con los colegios
privados a la educación de 0 a 3 años, que hoy no es obligatoria ni gratuita. En España, sólo poco más de un tercio (38%) de los menores de 3años están escolarizados (más en el País Vasco, un 52,4%, y menos en
Canarias, el 16,8%), un porcentaje superior a la media de paises desarrollados
(33% en la OCDE) y a la
escolarización infantil en Europa, incluidos Finlandia, Alemania, Francia o
Reino Unido. Sin embargo, aunque estamos mejor, dos tercios de los niños
menores de 3 años no reciben educación, lo que es perjudicial para su formación y éxito educativo futuro, porque es
una edad clave, según todos los estudios.
Por eso, los expertos defienden que España se lance a escolarizar a los menores de 3 años. Pero hay 2 estrategias. PP y Ciudadanos (con Vox) defienden “la libertad de elección” y que esta primera etapa educativa se
concierte con los centros privados, ampliando así “su negocio” como con el Bachillerato. Y la
izquierda, tanto el PSOE como Podemos, defienden que sea una enseñanza gratuita
y pública. Ya en el Presupuesto fallido para 2019, ambos partidos pactaron destinar 330 millones para avanzar en la escolarización pública
gratuita entre los 0 y 3 años. Y entre las 370 medidas de Gobierno que propone Sánchez, la 94 es “la universalización
de la educación de 0 a 3 años en una red de recursos integrada pública y
gratuita”.
A falta de una nueva Ley de Educación, la batalla por ampliar la
educación concertada al Bachillerato y a la educación de 0 a 3 años se ha lanzado con fuerza. Y llueve sobre mojado, porque la
enseñanza concertada ha ido creciendo en la última década gracias a los mayores recursos
recibidos del Gobierno Rajoy y de muchos gobiernos autonómicos, mientras
se recortaban los recursos a la educación pública. Los datos son explícitos: si el gasto total
en enseñanza ha crecido un 4,68% entre 2007 y 2017 (con fuertes recortes entre
2011 y 2015), la enseñanza pública ha recibido sólo un 1,4% más (con recortes
entre 2013 y 2015) y la concertada recibió un 24,4% más, sin recortes entre
2011 (+7,1%) y 2015 (+19,1%), según datos oficiales de Educación (SEIE). Con ello, la enseñanza concertada ha pasado
de recibir el 10,5% del gasto público en educación (2007) al 12,5% (2017).
Pero esa es la media en España. Lo llamativo es que hay autonomías donde la educación
concertada se lleva mucho más dinero público. Es el caso del País Vasco (23,9%
del gasto público en educación va a la concertada), Navarra (19,5%) o Madrid
(19,7%), mientras tiene poco peso en las autonomías más pobres: Canarias (8%
del gasto educativo va a la concertada), Extremadura (8,3%) y Castilla la
Mancha (9,2%).
Muchos expertos creen que se ha pervertido, por
razones ideológicas, el
papel “subsidiario y complementario” de la enseñanza concertada, que se
empezó a apoyar en 1990 (Felipe González), cuando la LOGSE amplió la educación obligatoria de 14 a 16 años y no había
suficientes plazas en los centros públicos. Pero hoy, con menos nacimientos y
jóvenes, no faltan plazas (salvo en algunas zonas y edades) y ya no parece tan necesario que la concertada
crezca tanto. Y menos que lo haga a
costa de la pública. Además, otros expertos señalan que este tirón de la
concertada agrava la dualidad y la desigualdad de la enseñanza: los colegios privados “seleccionan” a
sus alumnos y desplazan a los niños inmigrantes y con problemas a los colegios
públicos, lo que deteriora su calidad ante la falta de medios. Los datos oficiales son explícitos: de
750.000 niños extranjeros en
infantil y primaria, el 80% estudian en
centros públicos (y en Extremadura, Andalucía y Castilla la Mancha llegan
al 90%). Así que aceptan fondos públicos pero desechan alumnos problemáticos.
Este aumento en el peso de la educación
concertada, junto a los recortes
en la educación pública, ha llevado a que las familias tengan que pagar más por la educación: por un lado pagan cuotas “voluntarias” en los concertados
y por otro pagan más cada año por actividades extraescolares y servicios
complementarios. El dato es revelador:
en 2017, las familias se gastaron 12.356 millones en educación y el Estado unos
50.000, con lo que las familias aportan 1 euro para cada 4 que aporta el Estado (en 2007 aportaban 72 céntimos). Y luego hay un galimatías de ayudas autonómicas, desde
becas a ayudas por libros y desgravaciones fiscales, lo que aumenta la
desigualdad. Y más entre los que van a centros públicos, que acogen a un 33% de
estudiantes de clases humildes mientras los concertados sólo acogen al 7%, según
un estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Y así, la mitad de los alumnos de familias
pobres se concentran en los centros con más estudiantes pobres, según el último
Informe sobre Equidad en la educación de la OCDE. La
educación acentúa la desigualdad.
Es un problema serio de nuestro sistema
educativo que se suma a otros de los que se habla poco al inicio de cada curso
escolar. Por un lado, el fracaso del sistema educativo, reflejado en dos datos: 1 de cada 3
estudiantes de 15 años han repetido curso y el 17,9% de los jóvenes de 18 a 24 años han dejado sus estudios tras la ESO,
sin acabar Bachillerato o FP (somos líderes de abandono escolar en Europa, donde lo dejan el 10,6% de jóvenes y menos
en 21 de los 28 paises UE). Y por otro, la tremenda desigualdad regional en la educación entre las 17
autonomías, con peores resultados en Baleares, Ceuta, Melilla, Andalucía,
Castilla la Mancha y Murcia y mejores en País Vasco, Castilla y León, Cantabria,
Navarra, la Rioja y Asturias. Y además, una formación demasiado memorística y poco
práctica, con retraso en matemáticas y comprensión lectora, según
revelan los informes PISA.
Factores todos que explican, junto a un menor gasto
educativo, por qué los jóvenes españoles
están peor formados que el resto de europeos: entre 25 y 34 años, el 33,8% de los jóvenes españoles
tienen la ESO o menos (frente al 16,2%
menos formados en Europa), un 23,6%
ha terminado la Secundaria (frente a casi el doble en Europa: el 44,8% de los jóvenes) y el 42,6% son universitarios (más que el 39% en Europa), según los últimos datos de Educación. Un balance, con más jóvenes poco o medio
formados, que explica por qué tenemos más del doble de paro que Europa
(13,9% frente al 6,3% en la UE-28) y aún más paro juvenil (33,8% frente a
14,3% en la UE-28 y 5,6% en Alemania), según Eurostat.
Son datos como para reflexionar y tomar medidas. Básicamente pactar una nueva Ley de Educación, que asegure más gasto educativo (subir del 4,2% del PIB actual al 5% que gasta Europa
supondría gastar 11.200 millones extras
anuales), acuerde las reformas
que propone la comunidad educativa, establezca medidas eficaces contra el fracaso escolar, aumente el profesorado y su formación y corrija las tremendas desigualdades
educativas entre regiones, formando mejor a los alumnos en los conocimientos que va a exigir la economía del
siglo XXI. Muchos retos en los que nos jugamos el futuro.
