Esta semana, más de 8 millones de niños y jóvenes comienzan un nuevo curso escolar, con pocas novedades. Tendrán más profesores, tras 3 convocatorias de plazas, y algunos recursos más, volviendo al gasto de 2008. Lo nuevo es que los Gobiernos del PP y Ciudadanos en Madrid y Andalucía van a concertar con centros privados plazas de Bachillerato, subvencionando una enseñanza que ahora sólo es gratis en los centros públicos. Y prometen también concertar con centros privados la enseñanza de 0 a 3 años, mientras el PSOE y Podemos quieren que sea gratuita en los centros públicos. Son dos estrategias políticas para “ampliar el negocio” de los centros concertados, que ya controlan el 26% de los alumnos y reciben un 12,5% del dinero público en educación, sin recortes en los años de crisis. Es el gran debate de esta Legislatura: más o menos educación pública, con más recursos (50.000 alumnos estudian en barracones) y profesores. Un tema clave del Pacto educativo que no llega.
Este nuevo curso escolar 2019-2020 volverán a aumentar los alumnos de las enseñanzas no universitarias, unos 20.000 más, hasta llegar a los 8.200.000 niños y jóvenes que estudian en colegios e institutos, 757.000 más que hace diez años (curso 2008-2009), según los datos de Educación. Volverán a bajar (-20.000) los niños escolarizados en educación infantil (unos 1.718.000), por la caída de la natalidad sufrida a partir de 2009, que afecta a los niños de 3 a 6 años. Sufrirá también una ligera bajada (-11.000) la cifra de estudiantes de Primaria (sobre 2.918.000), subirán los alumnos de la ESO (+35.000), los más numerosos (rondarán los 2 millones), volverán a bajar (-3.600) los que estudian Bachillerato (668.000) y será otro año récord en Formación Profesional, con 845.000 alumnos, casi el doble de los que estudiaban FP hace una década (462.492 alumnos en 2007-2008). Del total de alumnos, 51,7% son chicos y 48,3% chicas, ganando los varones en todos los estudios, salvo en Bachillerato, donde el 52,8% son mujeres, por el mayor abandono escolar de los chicos.
Dos de cada tres alumnos no universitarios estudiarán este
curso 2019-2020 en colegios e institutos públicos (el 67,3% de los
alumnos), aunque año tras año gana peso la enseñanza concertada
(25,9% alumnos) y privada (6,9%), sobre todo en educación infantil (63% alumnos
en la pública) y la ESO (65,6% alumnos), subiendo la publica en Bachillerato
(74,5% alumnos) y en FP (72,6% alumnos estudian en centros públicos). Y sobre
todo en las autonomías más ricas: País
Vasco (49,2% alumnos van a centros concertados o privados), Madrid (45,5%), Navarra (35,7%), Baleares
(35,4%) y Cataluña (34,4% de alumnos
en enseñanza no pública), según los datos de Educación. Mientras, el peso de la enseñanza concertada y
privada es mucho menor en las autonomías
pobres: Melilla (sólo 16,7% alumnos), Castilla la Mancha (19,9%),
Extremadura (19,7%), Ceuta (21,3%), Canarias (24%) y Andalucía (25,7%). En los
últimos años, la enseñanza pública ha
perdido 10.000 alumnos y la
concertada ha ganado 50.000, gracias a las ayudas de algunas autonomías, según un informe de CCOO.
La principal novedad
de este curso 2019-2020 es que los alumnos de enseñanzas no universitarias
van a encontrarse con casi 30.000
profesores más, tras las oposiciones celebradas en junio, las terceras y las más numerosas desde
que se reanudaron en 2017. Con ellas se busca cubrir las jubilaciones y reducir la temporalidad del profesorado,
que afecta a 1 de cada 3 docentes. La previsión es ampliar las plantillas de
profesores en los centros públicos (ahora superan
los 500.000) en 139.000 entre 2017 y 2022, pero CCOO estima que harían falta convocar 46.259 plazas más, para reducir
la precariedad y cubrir necesidades futuras. Además, muchos expertos hacen
hincapié en formar mejor a los profesores, porque sólo un 35% reciben la
formación inicial adecuada en España frente al 62% en el resto de Occidente,
según el informeTalis 2018, de la OCDE. Algunos expertos piden un MIR para profesores (como los médicos) y Cataluña ha establecido un filtro de pruebas complementarias en la selectividad para
los que quieren acceder a Magisterio y Educación.
Algunos alumnos más, pocos nuevos centros (50.000 alumnos de la escuela pública estudiarán este curso en barracones, sobre todo en Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares y Canarias), algo más de
presupuesto y más profesores para un curso
escolar 2019-2020 con pocas novedades para alumnos y familias. Otro curso
más sigue en vigor la LOMCE, la Ley de Educación aprobada en solitario por el PP
en 2013, aunque la mayoría de grupos del nuevo Parlamento están por derogarla. Eso
sí, las autonomías pueden cambiar un aspecto fundamental de esta Ley, el número de
alumnos por aula, que el ministro Wert aumentó un 20% (de 27 a 30 en Primaria y
de 30 a 36 en la ESO). Ya el curso pasado bajaron otra vez los alumnos por aula
en Andalucía y Extremadura y este curso las reducirán el resto de autonomías.
También se reducirán las horas de clase de los docentes, aumentadas en
2012 (a 25 horas semanales en infantil y primaria y a 20 horas mínimas en ESO,
Bachillerato y FP). Y también se han “flexibilizado” las reválidas a que obliga la LOMCE al final de
Primaria y en 4º de la ESO, así como la Selectividad.
Pero los demás cambios pendientes, desde reducir
el peso de la asignatura de Religión a
los itinerarios y los planes para repetidores, no se harán tampoco este curso
2019-2020, porque el bloqueo político ha impedido discutir el proyecto
de nueva Ley de Educación aprobado por el Gobierno Sánchez el 15 de febrero de
2019. El Gobierno ha ofrecido a Podemos, entre sus 370 medidas de Gobierno, aprobar una Ley
Básica de Educación “que derogue la
LOMCE, blinde la educación pública e incorpore los acuerdos alcanzados por la
comunidad educativa”, pero no entraría en vigor hasta el curso 2020-2021,
como pronto.
La gran novedad educativa de este curso 2019-2020 es el impulso a la enseñanza concertada en Madrid y Andalucía, tras la llegada al
Gobierno de PP, Ciudadanos y Vox. La iniciativa la ha tomado Madrid, que
ya este curso va a poner en marcha un proyecto para que 1.500 alumnos de bachiller puedan estudiarlo gratis en centros
concertados, con becas de 3.000 euros para familias con menos recursos. Y
el objetivo del Gobierno conservador madrileño es que en 4 años, todos los centros concertados de la región
puedan ofertar el Bachillerato concertado, como hacen con Primaria y la
ESO. En Andalucía, con muchos más
alumnos, lo están estudiando, pero su objetivo
a medio plazo es también concertar el Bachillerato, que ahora solo es
gratuito en los centros públicos. Y no son los únicos. Ya hay 5 autonomías donde el curso pasado se subvencionó el Bachillerato a 70.000 estudiantes en centros privados : País Vasco, Cataluña,
Navarra, Baleares y Murcia. Las restantes, gobernadas por la izquierda, no
están por la labor de subvencionar el Bachillerato en centros concertados (sí
defienden becas a los alumnos con menos recursos).Y en el caso de la Comunidad
Valenciana, ha recurrido a los Tribunales, los conciertos de Bachillerato
aprobados por Camps.
Algunos expertos, los sindicatos y la izquierda critican
esta política del PP y Ciudadanos (apoyada por Vox), señalando que es una vía de “ampliar el negocio” de la enseñanza privada, que ve como
año tras año se les van alumnos en Bachillerato a la pública porque sus
familias no pueden pagar estos estudios (entre 300 y 400 euros al mes). Por
eso, buscan que esta enseñanza se
concierte, para ganar alumnos (hoy sólo tienen el 25,5% de alumnos, frente
al 32,7% de alumnos en toda la enseñanza no universitaria).
Pero la novedad no para ahí. Madrid y Andalucía quieren ampliar los convenios con los colegios
privados a la educación de 0 a 3 años, que hoy no es obligatoria ni gratuita. En España, sólo poco más de un tercio (38%) de los menores de 3años están escolarizados (más en el País Vasco, un 52,4%, y menos en
Canarias, el 16,8%), un porcentaje superior a la media de paises desarrollados
(33% en la OCDE) y a la
escolarización infantil en Europa, incluidos Finlandia, Alemania, Francia o
Reino Unido. Sin embargo, aunque estamos mejor, dos tercios de los niños
menores de 3 años no reciben educación, lo que es perjudicial para su formación y éxito educativo futuro, porque es
una edad clave, según todos los estudios.
Por eso, los expertos defienden que España se lance a escolarizar a los menores de 3 años. Pero hay 2 estrategias. PP y Ciudadanos (con Vox) defienden “la libertad de elección” y que esta primera etapa educativa se
concierte con los centros privados, ampliando así “su negocio” como con el Bachillerato. Y la
izquierda, tanto el PSOE como Podemos, defienden que sea una enseñanza gratuita
y pública. Ya en el Presupuesto fallido para 2019, ambos partidos pactaron destinar 330 millones para avanzar en la escolarización pública
gratuita entre los 0 y 3 años. Y entre las 370 medidas de Gobierno que propone Sánchez, la 94 es “la universalización
de la educación de 0 a 3 años en una red de recursos integrada pública y
gratuita”.
A falta de una nueva Ley de Educación, la batalla por ampliar la
educación concertada al Bachillerato y a la educación de 0 a 3 años se ha lanzado con fuerza. Y llueve sobre mojado, porque la
enseñanza concertada ha ido creciendo en la última década gracias a los mayores recursos
recibidos del Gobierno Rajoy y de muchos gobiernos autonómicos, mientras
se recortaban los recursos a la educación pública. Los datos son explícitos: si el gasto total
en enseñanza ha crecido un 4,68% entre 2007 y 2017 (con fuertes recortes entre
2011 y 2015), la enseñanza pública ha recibido sólo un 1,4% más (con recortes
entre 2013 y 2015) y la concertada recibió un 24,4% más, sin recortes entre
2011 (+7,1%) y 2015 (+19,1%), según datos oficiales de Educación (SEIE). Con ello, la enseñanza concertada ha pasado
de recibir el 10,5% del gasto público en educación (2007) al 12,5% (2017).
Pero esa es la media en España. Lo llamativo es que hay autonomías donde la educación
concertada se lleva mucho más dinero público. Es el caso del País Vasco (23,9%
del gasto público en educación va a la concertada), Navarra (19,5%) o Madrid
(19,7%), mientras tiene poco peso en las autonomías más pobres: Canarias (8%
del gasto educativo va a la concertada), Extremadura (8,3%) y Castilla la
Mancha (9,2%).
Muchos expertos creen que se ha pervertido, por
razones ideológicas, el
papel “subsidiario y complementario” de la enseñanza concertada, que se
empezó a apoyar en 1990 (Felipe González), cuando la LOGSE amplió la educación obligatoria de 14 a 16 años y no había
suficientes plazas en los centros públicos. Pero hoy, con menos nacimientos y
jóvenes, no faltan plazas (salvo en algunas zonas y edades) y ya no parece tan necesario que la concertada
crezca tanto. Y menos que lo haga a
costa de la pública. Además, otros expertos señalan que este tirón de la
concertada agrava la dualidad y la desigualdad de la enseñanza: los colegios privados “seleccionan” a
sus alumnos y desplazan a los niños inmigrantes y con problemas a los colegios
públicos, lo que deteriora su calidad ante la falta de medios. Los datos oficiales son explícitos: de
750.000 niños extranjeros en
infantil y primaria, el 80% estudian en
centros públicos (y en Extremadura, Andalucía y Castilla la Mancha llegan
al 90%). Así que aceptan fondos públicos pero desechan alumnos problemáticos.
Este aumento en el peso de la educación
concertada, junto a los recortes
en la educación pública, ha llevado a que las familias tengan que pagar más por la educación: por un lado pagan cuotas “voluntarias” en los concertados
y por otro pagan más cada año por actividades extraescolares y servicios
complementarios. El dato es revelador:
en 2017, las familias se gastaron 12.356 millones en educación y el Estado unos
50.000, con lo que las familias aportan 1 euro para cada 4 que aporta el Estado (en 2007 aportaban 72 céntimos). Y luego hay un galimatías de ayudas autonómicas, desde
becas a ayudas por libros y desgravaciones fiscales, lo que aumenta la
desigualdad. Y más entre los que van a centros públicos, que acogen a un 33% de
estudiantes de clases humildes mientras los concertados sólo acogen al 7%, según
un estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Y así, la mitad de los alumnos de familias
pobres se concentran en los centros con más estudiantes pobres, según el último
Informe sobre Equidad en la educación de la OCDE. La
educación acentúa la desigualdad.
Es un problema serio de nuestro sistema
educativo que se suma a otros de los que se habla poco al inicio de cada curso
escolar. Por un lado, el fracaso del sistema educativo, reflejado en dos datos: 1 de cada 3
estudiantes de 15 años han repetido curso y el 17,9% de los jóvenes de 18 a 24 años han dejado sus estudios tras la ESO,
sin acabar Bachillerato o FP (somos líderes de abandono escolar en Europa, donde lo dejan el 10,6% de jóvenes y menos
en 21 de los 28 paises UE). Y por otro, la tremenda desigualdad regional en la educación entre las 17
autonomías, con peores resultados en Baleares, Ceuta, Melilla, Andalucía,
Castilla la Mancha y Murcia y mejores en País Vasco, Castilla y León, Cantabria,
Navarra, la Rioja y Asturias. Y además, una formación demasiado memorística y poco
práctica, con retraso en matemáticas y comprensión lectora, según
revelan los informes PISA.
Factores todos que explican, junto a un menor gasto
educativo, por qué los jóvenes españoles
están peor formados que el resto de europeos: entre 25 y 34 años, el 33,8% de los jóvenes españoles
tienen la ESO o menos (frente al 16,2%
menos formados en Europa), un 23,6%
ha terminado la Secundaria (frente a casi el doble en Europa: el 44,8% de los jóvenes) y el 42,6% son universitarios (más que el 39% en Europa), según los últimos datos de Educación. Un balance, con más jóvenes poco o medio
formados, que explica por qué tenemos más del doble de paro que Europa
(13,9% frente al 6,3% en la UE-28) y aún más paro juvenil (33,8% frente a
14,3% en la UE-28 y 5,6% en Alemania), según Eurostat.
Son datos como para reflexionar y tomar medidas. Básicamente pactar una nueva Ley de Educación, que asegure más gasto educativo (subir del 4,2% del PIB actual al 5% que gasta Europa
supondría gastar 11.200 millones extras
anuales), acuerde las reformas
que propone la comunidad educativa, establezca medidas eficaces contra el fracaso escolar, aumente el profesorado y su formación y corrija las tremendas desigualdades
educativas entre regiones, formando mejor a los alumnos en los conocimientos que va a exigir la economía del
siglo XXI. Muchos retos en los que nos jugamos el futuro.
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