 |
| Enrique Ortega |
La Ciencia es una de las grandes “asignaturas pendientes” de España en este siglo XXI, una de las claves para modernizar el país y ser más competitivos. En 2009, estábamos recortando distancias con el resto de Europa, pero la crisis y los drásticos recortes se cebaron en la Ciencia: el gasto se redujo en -21.728 millones entre 2010 y 2016, se han perdido investigadores (-5.000 entre 2009 y 2019) y hay menos empresas que investigan hoy que hace una década. El año 2021 fue el primero en que volvió a aumentar el presupuesto en Ciencia y todavía más en 2022, con 7.879 millones de gasto público en I+D+i, un 12% más que en 2020, pero todavía una cuarta parte menos del gasto público en Ciencia que España hizo en 2019 (10.360 millones). Así que llevamos ya 13 años de retraso…
Dentro del Presupuesto en Ciencia para 2022 (7.879 millones), algo menos de la mitad son subvenciones directas (3.411,85 millones), donde se ha hecho el mayor esfuerzo, ya que duplican las subvenciones en Ciencia que se dieron en 2017 (1.721 millones) y casi triplican las concedidas el peor año para la Ciencia (1.396 millones en subvenciones en 2013), siendo la cifra más alta de ayudas públicas a la investigación de la historia (el anterior máximo fueron los 2.575 millones de 2009). El problema es que del Presupuesto total para Ciencia (7.879 millones en 2022), más de la mitad siguen siendo créditos (4.467,70 millones), préstamos que se conceden para I+D+i, que son una manera de “inflar” el Presupuesto total, porque la mayoría de estos créditos (el 75%) no se piden ni gastan.
Así que tenemos mucho más dinero para la Ciencia en 2022, pero más de la mitad de ese dinero son créditos que las instituciones y Universidades no suelen pedir porque sus cuentas no les permiten endeudarse. Al final, el resultado es que gran parte del dinero público disponible para la Ciencia (que es menor al de 2009) no se gasta. Es lo que ha pasado en la última década: en 2009, se gastó el 81,6% de todo lo presupuestado, pero luego bajó drásticamente al 57,6% en 2011, al 38,22% en 2016, al 29, 7% en 2017 (se gastaron menos de 1 de cada 3 euros disponibles), el 51,3% en 2019 y el 52,1% en 2020, el último año del que ha publicado datos Hacienda, según este informe de COTEC.
En definitiva, que hay poco dinero público para la Ciencia y encima sólo se gasta la mitad. La causa es doble. Por un lado, no se gastan todas las subvenciones disponibles (la mitad del Presupuesto) porque los expedientes para conseguirlas son muy complejos, con excesivos trámites que retrasan su ejecución. Por otro, la razón básica es que desde 2012, con Rajoy, la mayor parte del Presupuesto total para Ciencia son créditos que hay que devolver (no subvenciones a fondo perdido) y ni las instituciones ni las Universidades están en situación de devolverlos, con lo que las tres cuartas partes de estos créditos no se piden. En resumen, se “inflan” los Presupuestos para parecer que gastamos en Ciencia, pero no.
Con todo, lo importante es que el Presupuesto en Ciencia (subvenciones y créditos) ha vuelto a subir en 2021 y 2022, tras estar congelado entre 2018 y 2020, por la forzada prórroga de los Presupuestos. Y que además, ahora contamos con una parte de los Fondos Europeos para impulsar a la Ciencia: de los casi 70.000 millones que aportará la UE al Plan de Recuperación, el 16,5% (11.550 millones) serán subvenciones directas (a fondo perdido) para impulsar la investigación, desarrollo, innovación y digitalización, la 2ª partida con más recursos europeos tras la educación y formación (17,6% de los recursos UE). Este dinero ya se incorporó a la Ciencia en el Presupuesto 2021 (España anticipó 1.100 millones europeos) y se notará más en 2022, con 5.418 millones de Fondos Europeos para Ciencia (casi todo, salvo 12 millones, subvenciones a fondo perdido), que se repartirán entre 28 programas ligados a 5 Ministerios (Ciencia, Asuntos Económicos, Universidades, Transportes e Industria y Comercio).
Así que este año 2022, la Ciencia contará en España con 13.298 millones para la Ciencia, entre subvenciones y créditos nacionales y fondos europeos. Una cifra nunca vista desde 2009 y que impone un doble reto: gastarla y gastarla bien. Para ayudar, el Gobierno ha aprobado por fin, el 18 de febrero, la esperada nueva Ley de la Ciencia, que reforma la Ley de 2011. Una Ley que tiene básicamente 2 patas: reducir la burocracia y facilitar el gasto en Ciencia y solventar los múltiples problemas laborales de los investigadores. Y lo más importante: incluye un compromiso, destinar el 3% del PIB español a la Ciencia para 2030, frente al 1,41% que se gastó en 2020. Duplicar el gasto total en Ciencia en esta década.
Este “compromiso” de gasto con la Ciencia, gobierne quien gobierne, es una vieja petición de los investigadores españoles, que han visto como cuando hay recortes se empieza por la Ciencia, alejándonos cada vez más del gasto en Europa, según los datos de Eurostat. El mejor año, 2009, el gasto total en Ciencia de España fue del 1,36% del PIB, frente al 1,97% del PIB en la UE-27 (una “brecha” del 0,61%). Y a partir de 2012, con los recortes, el porcentaje de gasto baja, más en España que en Europa (1,19% en España frente al 2,12% en la UE-27: la brecha crece al 0,93%). Y con la recuperación, el gasto en Ciencia sube más en el resto de Europa que en España, manteniendo la “brecha: 1,41% de gasto total en Ciencia en 2020 (último dato oficial) frente al 2,32% en la UE-27, una brecha del 0,91%.
La inversión total en Ciencia en España (1,41% del PIB) no sólo es mucho menor que la media europea (2,32%), sino que es la menor de los grandes paises del continente: 3,14% del PIB gasta Alemania, 2,35% Francia, 1,53% Italia, 3,53% Suecia, 3,48% Bélgica, 3,2% Austria, 2,94% Finlandia o 2,29% Paises Bajos. Pero incluso gastamos menos en Ciencia (comparativamente) que paises económicamente menos desarrollados de Europa, como Eslovenía (2,15%), República Checa (1,99%), Estonia (1,79%), Hungría (1,61%), Portugal (1,62%) y hasta Grecia (gasta 1,49% de su PIB en Ciencia), según Eurostat.
En 2020, el último año con datos publicados, el gasto total (público y privado) de España en Ciencia fue de 15.768 millones de euros (el 1,41% del PIB), poco más que los 14.581 millones gastados en 2009 (descontando la inflación, el gasto en Ciencia ha caído un -6,3%), según el INE.. Más de la mitad del gasto en Ciencia lo hacen en España las empresas privadas (8.813 millones en 2020), cuyo gasto ha aumentado algo en la última década (gastaban 7.567 millones en 2019). Pero se ha estancado el gasto público (6.954 millones en 2020 frente a 6.985 en 2009), porque lo ha hecho el gasto en Ciencia que hacen el sector público (2.753 millones) y las Universidades (4.202 millones de gasto en investigación en 2020).
Otro problema añadido a que gastemos poco en Ciencia es que lo gastamos de forma muy desigual. Primero, por autonomías. Las tres cuartas partes de todo el gasto (15.768 millones en 2020) se reparte entre sólo 5 autonomías: Madrid (27% del total), Cataluña (23%), Andalucía (10,3%), País Vasco (9,3%) y Comunidad Valenciana (7,8%). Y si tenemos en cuanta la población, la disparidad es enorme: el País Vasco gasta en Ciencia 674 euros por habitante (el doble que la media española: 328,6 euros por persona), Madrid gasta 607,2 y Cataluña 469 euros, mientras Canarias gasta 98 euros por habitante, Extremadura 131 y Andalucía 181 euros por habitante, según COTEC. Y todavía, en 2020, hay 9 autonomías que no han recuperado el gasto en Ciencia de 2009 ni otras 7 regiones el empleo de sus investigadores: La Rioja, Cantabria, Extremadura, Asturias, Canarias, Aragón, Andalucía, Navarra y Castilla la Mancha. La mayoría, en el pelotón de las más pobres.
Además, el gasto en Ciencia es muy desigual por sectores: hay 13 sectores de los 33 existentes que ya han recuperado la inversión en Ciencia de 2008, en especial el automóvil (gasta +102,7%), transporte (+62,6%), energía y agua (+28,8%) y farmacia (+19,6%). Mientras los 22 sectores restantes todavía gastan menos en investigación que en 2008, sobre todo construcción (-62,6%), minería (-58,4%) textil y calzado (-49,3%) y muebles (-47,2%), según COTEC. Y también hay mucha desigualdad de gasto según el tamaño de las empresas: han subido un 1% las grandes empresas que investigan pero hay 2.415 empresas menos que investigan hoy que en 2008 (sobre todo han caído pymes).
Para ayudar a remontar este retraso en la última década, la nueva Ley de la Ciencia busca asegurar un gasto (el 3% del PIB) y facilitar la investigación, para gastar mejor. Ahora, uno de los graves problemas de los investigadores es la burocracia, el exceso de papeleo y tiempo para justificar los programas y sus gastos (es muy difícil comprar una silla o un ordenador y hay que justificar facturas de hasta 10 años atrás, incluso un taxi). La nueva Ley de Ciencia simplifica los trámites y la comprobación de los gastos será “por muestreo”, a cargo de la Agencia Estatal de Investigación. Además, se va a conceder una subvención directa a todos los proyectos que ya hayan sido evaluados positivamente por algún responsable del sistema público (autonomías o Universidades). Se trata de agilizar los proyectos.
La otra pata de la nueva Ley de Ciencia es resolver los múltiples problemas laborales que tienen hoy los investigadores y sus responsables. Hasta ahora, la mayoría de los contratos para investigadores eran por obra y servicio, por un máximo de 4 años, con lo que pasado este tiempo se rompían los proyectos y los investigadores tenían que buscar un nuevo grupo en el que trabajar. Además, una parte del sueldo de los investigadores dependía de la evaluación de sus méritos anteriores (los “quinquenios”), lo que penalizaba a los investigadores que trabajaban fuera de España y regresaban, ya que su trabajo exterior no se tenía en cuenta a la hora de pagarles. Ahora, con la reforma laboral, se crea una nueva modalidad de contrato indefinido vinculado a actividades científico-técnicas, a los que se reconocerá los trabajos de investigación realizados en España y en el extranjero.
Además, se aprueba un nuevo contrato para investigadores postdoctorales, de hasta 6 años (ahora eran hasta 5), con una evaluación intermedia y otra final que les permitirá obtener un nuevo certificado R3 que facilitará su acceso posterior a una plaza fija, porque se les reserva un 25% de plazas en los organismos públicos de investigación y en las Universidades. Además, si no encuentran plaza y se les acaba el contrato, la nueva Ley les asegura una indemnización, lo mismo que a los contratados pre-doctorales, que tampoco la tienen (el Ministerio va a destinar 12 millones a ayudar a instituciones y Universidades a pagar estas nuevas indemnizaciones).
Además de reducir la precariedad y mejorar el sueldo de los investigadores, la Ley abre la vía a la sustitución de jubilados: desde 2012, cuando el Gobierno Rajoy situó en cero la tasa de reposición de investigadores (se jubilaban y no podía cubrirse su plaza), se han perdido 5.000 puestos públicos. Ahora, la tasa de reposición se pasa al 120% (por cada 100 jubilados, 120 puestos), con lo que se estima que se van a incorporar 12.000 investigadores a puestos públicos relacionados con la Ciencia. Y la Ley pretende que una parte sean investigadores españoles que están en el extranjero, a los que se facilita su vuelta. Y también se busca atraer cerebros extranjeros, desarrollando la figura de “investigador distinguido”.
La nueva Ley de Ciencia está ahora en el Congreso, para el debate de enmiendas y el Gobierno quiere que se apruebe para el verano, con los mayores apoyos políticos posibles, para que dé estabilidad a la Ciencia, al margen de quien gobierne. Los investigadores la han recibido bien, aunque piden que el compromiso de gastar el 3% del PIB se refuerce más, porque la Ley lo condiciona “a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio”. Y piden, a través de la COSCE (84 sociedades científicas y 46.000 investigadores) que se avance en otras cuestiones: creación de una Oficina de Ciencia en Presidencia del Gobierno y una vicepresidencia, reforzar la Agencia Estatal de Investigación, acelerar de verdad los procesos burocráticos de investigación, un Plan para el retorno de investigadores y corregir a fondo toda la precariedad laboral y salarial de los investigadores.
La nueva Ley de la Ciencia y los mayores fondos, nacionales y europeos, pueden ayudar a recuperar la década perdida para la Ciencia, si se alcanza un pacto político que blinde su futuro y se apoya a los investigadores, facilitando sus contratos y programas. Es hora de promover de verdad la Ciencia, donde nos jugamos la salud, la mayor eficiencia de la economía y el empleo de las próximas décadas. Apostar por la Ciencia es ganar el futuro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario