Pensiones: muchos Planes y ninguna reforma

Diciembre es el mes de los Planes de pensiones privados: bancos, financieras y aseguradoras nos bombardean con campañas, aprovechando el temor por las pensiones públicas. Pero los Planes están de capa caída : han bajado las aportaciones, han subido los rescates (de parados) y se han perdido un millón largo de partícipes mientras los que quedan (8 millones) aportan cada año menos (400 euros de media y dos tercios nada). Todo porque es un dinero "cautivo" y los Planes son poco rentables y pagan altas comisiones, El Gobierno Rajoy ha tratado de reanimar a los Planes, aprobando medidas para hacerlos más atractivos, “un parche” según la OCDE. Entre tanto, Gobierno y “oposición” llevan más de un año debatiendo la reforma de las pensiones públicas, sin alumbrar ninguna medida. El parto se retrasa, mientras los pensionistas pierden poder adquisitivo, sigue el déficit (-17.500 millones) y se agota la “hucha” de las pensiones, obligando a pedir un crédito para pagar la extra de Navidad. Urge tomar medidas para garantizar las pensiones públicas. 

enrique ortega

Los Planes de pensiones privados cumplieron este verano 30 años, al aprobar el gobierno de Felipe González, en junio de 1987, la Ley de Planes de pensiones, que ya existían en toda Europa. Entre 1998 y 2006 fue la época dorada de los Planes, triplicándose los partícipes y el dinero aportado. En 2007, el empuje aflojó, al suprimirse algunas ventajas fiscales, y empezó el declive a partir de 2008, con la crisis, hasta hoy: se han perdido 1.100.000 partícipes (hay 8 millones de españoles, 3 de cada 10 personas entre 25 y 65 años), se han reducido las aportaciones (de 8.093 millones en 2008 a 4.972 en 2016) y han subido los rescates (de 3.301 a 4.728 millones, por los parados que han pedido su Plan), con lo que en 2017, por primera vez en 30 años de Planes, el saldo será negativo: los rescates superarán a las aportaciones. Y los partícipes aportan cada año menos dinero a sus Planes: de los 800 euros de media en 2004 se ha pasado a 400 aportados en 2016. Y dos tercios de los partícipes (64,6%) no aportaron nada el año pasado, mientras otro 22% aportaba menos de 900 euros.

Como se ve, los Planes de pensiones privados están de capa caída, por muchas campañas que hagan los bancos, financieras y aseguradoras, campañas que son “engañosas”: ofrecen un regalo (del 2 al 4% de lo aportado o traspasado), pero la mayoría exigen una aportación mínima de 3.000 euros, aportación que sólo hacen una minoría, el 4% de los partícipes. Actualmente, hay 35 entidades que venden un rosario de Planes (más de 2.700), aunque es un negocio controlado mayoritariamente por los tres grandes bancos, CaixaBank (23,6% del mercado), BBVA (20%) y Santander (13,3 % si le sumamos los Planes de Allianz Popular), a los que añadir Bankia (6,2%), Ibercaja (5,7%), Mapfre (4,8%), Fonditel (3,5%) y Sabadell (3,3%), para totalizar el 80% del mercado. Los Planes tienen un patrimonio de 109.244 millones, sólo un 5,5% del ahorro de los españoles, colocado en depósitos (860.562 millones, el 40% del ahorro), Bolsa (450.000 millones, el 21%), Fondos de inversión (302.000 millones, el 14%) y seguros (243.000 millones, el 11,4%), según los datos de INVERCO (2017).

Los Planes de pensiones han tocado fondo porque los trabajadores (hay 7,5 millones de planes individuales, el 40% de los empleados) no los ven atractivos: supone inmovilizar un dinero durante muchos años (que sólo se puede rescatar en caso de paro de larga duración, enfermedad grave o desahucio) y saben que recuperarlo luego supone pagar un buen pico a Hacienda en impuestos. Además, hay que pagar altas comisiones anuales (el 1,50% y más), mayores que en el resto de Europa, y los Planes tienen una baja rentabilidad (2,04% de media en 2016), inferior a la de la Bolsa o los Fondos de Inversión. Y tampoco ven claros los Planes de pensiones las empresas (sólo un 0,4% de empresas los tienen, con 2 millones de trabajadores incluidos en planes de empleo), que han recortado sus aportaciones y ya no incluyen en los Planes, en muchos casos, a los nuevos contratados.

Las entidades que venden Planes de pensiones (bancos) han lanzado un SOS al Gobierno, pidiendo ayuda para insuflar oxígeno a un producto de ahorro que languidece. Y además, han tenido la peregrina idea de proponer una aportación “cuasi obligatoria”  a Planes privados de pensiones: un 2% de los sueldos lo aportarían las empresas y otro 2% los trabajadores… Así tendrían un negocio “cautivo” y “redondo”. Y nadie les dice que sería mucho más sensato subir las cotizaciones de empresas y trabajadores a la Seguridad Social, que son más bajas en España que en otros paises, para consolidar así las pensiones públicas y reducir su déficit, en lugar de alimentar un negocio privado plagado de comisiones.

Pero el Gobierno Rajoy ha recogido de alguna manera el guante de salvar los Planes de pensiones y ha aprobado por decreto, el 13 de noviembre, dos medidas, para reanimar la campaña de Planes de la banca. Una, rebajar la comisión máxima de los Planes del 1,75 al 1,45% (a partir de mayo de 2018). Y la otra, permitir que los partícipes de un Plan recuperen el dinero a los 10 años, no al jubilarse. La OCDE ha calificado este “reforma de urgencia” del Gobierno como “un parche”, porque las comisiones siguen siendo más altas que en Europa (en Reino Unido tienen un tope del 0,9%) y, sobre todo, porque “desvirtúan” lo que es un Plan de pensiones (ahorrar para la jubilación), transformándolos en “Planes de ahorro” sin más.

Eso sí, Planes de ahorro con desgravación fiscal, algo muy injusto y que la Comisión Europea ha calificado en varias ocasiones de “fiscalmente regresivo”. Porque todos los españoles costeamos que una parte, los que tienen Planes, se desgraven en el IRPF por ellos. En 2015, la desgravación por Planes costó 5.000 millones de euros y benefició sólo a 2,8 millones de contribuyentes, 1 de cada 6 españoles que declaran a Hacienda. Y los que más se benefician de esta desgravación son los que más ganan: 1,23 millones de contribuyentes, el 44% de los que desgravan por Planes, ganan más de 30.000 euros al año. Y cuanto más ganan, más aportan (el límite son 8.000 euros anuales) y  más desgravan. Así que tenemos  unos Planes en claro declive que sólo sobreviven gracias a una desgravación costosa que beneficia sobre todo a los más ricos. Urge cambiarlo.

Mientras el Gobierno Rajoy auxilia a los Planes de pensiones privados, deja languidecer la reforma de las pensiones públicas. La Comisión del Pacto de Toledo, que estudia en el Congreso las medidas a tomar, lleva ya más de un año de reuniones (desde el 22 de noviembre de 2016), sin avances, mientras el Gobierno no ha vuelto a reunir desde marzo a sindicatos y patronal para hablar de las pensiones. Y todo apunta a que, con el problema de Cataluña, no habrá avances hasta 2018. Incluso se habla de que las posturas entre PP, PSOE, Podemos y C´s están muy encontradas y que la reforma de las pensiones podría retrasarse sine die, máxime si Rajoy convoca elecciones en junio de 2018, como es posible.

La reforma de las pensiones públicas está atascada y eso es especialmente grave porque se mantiene la asfixia financiera de la Seguridad Social, cuyo déficit previsto en 2017 será de  -17.299 millones de euros (según las cuentas enviadas por el Gobierno a Bruselas), tras cerrar 2016 con un “agujero” de -18.500 millones, porque los ingresos no alcanzan a cubrir los gastos, debido a la mala calidad del empleo (más empleados que cotizan menos). Y ahora , la Seguridad Social ha casi agotado la “hucha” de las pensiones (quedan 8.095 millones, tras haber tenido 66.815 millones en 2011), con lo que ha tenido que recurrir a un crédito del Estado para pagar la extra de diciembre y la pension del mes (17.400 millones de desembolso total). Y cada mes aumentan los pensionistas (ya hay 8.679.378 pensionistas), que se jubilan con pensiones más altas (1.308 euros de media las altas en octubre).

Además, 2017 será el primer año desde 2012 en el que los pensionistas vuelven a perder poder adquisitivo, porque la pensión les subió un 0,25% y la inflación media subirá un 2%. Y lo mismo pasará en 2018: la pensión les subirá 0,25% (2,3 euros al mes la pensión media, 925 euros) y los precios el 1,6%. Eso pasa porque España es el único país europeo que, desde 2013, no liga la subida de las pensiones a la evolución de los precios o de los salarios, como hacen todos los demás paises de la UE, salvo Irlanda, según un reciente informe de la Comisión Europea.

Las pensiones públicas exigen una reforma urgente para hacer frente a dos problemas. Uno, la falta de recursos para revalorizar las pensiones actuales, lo que llevó a Rajoy a aprobar en 2013 un ajuste (el “Factor de Sostenibilidad”) para que las pensiones sólo suban un 0,25% anual hasta que las cuentas mejoren. Y eso no pasará hasta 2040, según el Banco de España, con lo que estos 25 años, las pensiones perderán hasta un 35% de poder adquisitivo. O sea, que una pensión de 700 euros hoy (son la mitad) quedaría en 455 euros reales en 2040. Y si se quiere evitar, subiendo las pensiones como los precios, el déficit de la SS subiría a 70.000 millones anuales, según FEDEA. El otro problema, más grave, es demográfico: en 2050, España será el país más envejecido de Europa y un tercio de los españoles tendrán más de 65 años, con lo que el número de pensiones pasará de los 9,5 millones actuales a 15 millones. Y además, los pensionistas vivirán más años (90 frente a 83 hoy). Y mientras este envejecimiento aumentará el coste de las pensiones, bajará la población española y habrá menos gente trabajando (900.000 activos menos en 2025). En definitiva, más jubilados viviendo más años y menos jóvenes para trabajar y pagar las pensiones. Oscuro panorama.

Para hacer frente a estos dos grandes retos, revalorizar las pensiones actuales y pagar las futuras, hace falta una cosa: más ingresos, entre 50.000 y 80.000 millones más de aquí a 20 años. Y hay que conseguir este dinero extra por dos razones. Una, por justicia, porque se debe, ya que España gasta en pensiones menos que el resto de Europa: un 10,6% del PIB en 2016, inferior al 11,6% de la UE-28 y muy por debajo de ocho paises europeos menos envejecidos como Italia (15,8%), Grecia (14,5%), Francia (13,8%), Austria (13,2%), Portugal (13%), Eslovenia (11,4%), Polonia (10,8%) y Alemania (10,6%), según la OCDE. Y la otra, porque se puede: España ingresa menos que la mayoría de Europa tanto por cotizaciones sociales como por impuestos.

Hay pues dos vías para conseguir esos ingresos extras que necesitan las pensiones. Una, subir las cotizaciones sociales, aunque no le guste a nadie porque puede penalizar el empleo (según  se haga). Pero hay margen para subirlas: los ingresos por cotizaciones netas suponen en España el 12,3% del PIB, frente al 13,2% en Europa y el 15,3% en la eurozona, muy por debajo del peso de las cotizaciones en Alemania (16,5% del PIB), Francia (18,9%), Italia (13,3%) o Portugal (11,6%) y sólo por debajo de Reino Unido (7,8%), según Eurostat. Eso significa que si en España se cotizara como en la eurozona, la Seguridad Social podría ingresar 34.000 millones más cada año. Y otro tanto pasa con los impuestos: la recaudación fiscal en España supone el 38,2% del PIB (2016) frente al 46,1% del PIB que recaudan los paises euro y el 44,8% del PIB que ingresa la UE-28. Eso significa que si recaudáramos como la eurozona, España ingresaría 86.900 millones más en impuestos cada año.

Así que se pueden salvar las pensiones, con más ingresos, siempre que se acuerde subir las cotizaciones (a empresas y trabajadores, que ya gastan dinero extra en contratar Planes de pensiones poco rentables) y se suban los impuestos, no a los trabajadores y pensionistas que ya pagamos, sino a las grandes empresas, multinacionales y los más ricos, que pagan legalmente menos y que defraudan más (en España y en los paraísos fiscales). Además, habría que hacer algunos ahorros en la Seguridad Social, como quitar las bonificaciones de cotizaciones a empresas y autónomos (3.700 millones de ingresos anuales que pierde la SS), porque son poco eficaces. Y quitar del presupuesto de la SS el coste del Ministerio de Empleo (4.000 millones), un anacronismo que debería pagar el Presupuesto del Estado, como los demás Ministerios. Y por último, tomar medidas serias para fomentar la natalidad (para aumentar los cotizantes futuros) y mejorar la calidad del empleo, porque los contratos temporales y por horas son un torpedo letal para las cotizaciones y las pensiones.

La prioridad debería ser salvar el sistema público de pensiones, no los Planes privados. Es una irresponsabilidad, del Gobierno y la “oposición”, haber perdido más de un año sin aprobar la reforma. Cataluña es importante pero no más que asegurar las pensiones actuales y futuras. Hay que acelerar la reforma, porque las medidas tardan décadas en hacer efecto. Hay soluciones, pero no sin subir cotizaciones e impuestos. Los trabajadores tendrán que pagar algo más para asegurarse una pensión digna. Y una minoría de españoles, las empresas y contribuyentes más privilegiados, tendrán que ayudar pagando más impuestos. Así que si oye al PP y a Ciudadanos que van a bajar los impuestos en 2018, sepa que están poniendo en peligro sus pensiones, además de la sanidad, la educación y el resto del Estado del Bienestar. No se pueden salvar las pensiones sin más ingresos, salvo que haya más recortes, como los aprobados en 2011 (ZP) y 2013 (Rajoy). Si es así, que lo digan.