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| Enrique Ortega |
Todo el mundo sabe que este verano se ha disparado el precio de la luz. Veamos cuánto y por qué. Primero, aclarar que hablamos del precio de la luz en origen, en el mercado mayorista, donde cada día acuden Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP para vender su electricidad a 333 comercializadoras, que luego nos la venden a nosotros. Este mercado ibérico (MIBEL) marca cada día un precio, que es el que se ha disparado: hoy jueves es de 188,18 euros por megavatio hora (MWh), más del doble que a principios de junio (84,85 euros) y más de cuatro veces que hace un año (43,49 el 13 de septiembre de 2020). Y los expertos apuntan a que este precio mayorista superará los 220 euros por MWh este invierno.
¿Qué ha pasado para que el precio mayorista de la luz se dispare? Hay dos causas que explican el 70% de esta subida, según un informe del Banco de España. La primera, que explica el 50% del aumento, es que se ha disparado el precio internacional del gas natural, debido a un aumento de la demanda mundial (sobre todo en China) y un recorte de la producción y las ventas de Rusia (por Ucrania), además del conflicto entre Argelia y Marruecos (por donde llega gas a Europa). El resultado es que el precio del gas ha saltado de 10,49 euros/MWh hace un año a 40 en julio y 63,72 euros/MWh ayer. Y este gas es el que utilizan las centrales térmicas para producir la electricidad que falta para completar la demanda.
La otra causa (20% de la subida) es el aumento disparatado de los derechos de emisión de CO2, que han pasado de 27,81 euros/Tm hace un año a 61,37 euros hoy. Estos derechos los tienen que comprar las eléctricas que producen electricidad contaminante (centrales de gas, fuel y carbón) y lo cargan directamente en el precio mayorista que exigen. Es el coste de forzarles a que ofrezcan energías más limpias y que por eso es un coste que tendríamos que asumir. Pero ojo, este mercado europeo de CO2 es objeto de una fuerte especulación financiera: hay Fondos y bancos de inversión (Goldman Sachs y Morgan Stanley) que invierten en este mercado (que mueve 100.000 millones de euros), comprando derechos de CO2 en el mercado secundario y especulando con ellos (con rentabilidades del 92,2%). Con lo que unos derechos que pretenden producir una luz más limpia son además un negocio financiero que nos encarece más la luz.
Este precio mayorista de la luz se fija en toda Europa por un sistema (“marginalista”) que es de locos: cada día se calcula la luz que hace falta y las eléctricas ofrecen su producción. Y la energía última que se oferta es la que fija el precio final, normalmente las centrales de gas, la más cara. Y todas las demás reciben ese precio, aunque les haya costado mucho menos producir la electricidad. Es como si alguien compra carne picada y el carnicero nos mezcla chuletón, ternera, cerdo y pollo, y nos la cobra toda a precio de chuletón… Así que las eléctricas le sacan 60 euros por MWh (precio centrales gas), por ejemplo, a luz que han producido con centrales hidroeléctricas (a las que les cuesta 10 euros/MWH) o nucleares (22 euros/MWH). Se estima que estos sobrecostes del sistema han hecho, sólo en España, que los consumidores paguemos 2.000 millones extras al año desde 2006. Echen cuentas…
Las eléctricas dicen que este sistema es igual en toda Europa y no se puede cambiar salvo que lo decida la UE. Pero hay un hecho: el precio mayorista de la electricidad es más alto en España que en el resto de Europa (salvo Reino Unido e Irlanda, dos islas). Así, hoy, el MWh cuesta en España 188,18 euros, frente a 158,94 en Alemania, 160,44 en Paises Bajos, 165,52 en Austria, 169,36 en Francia y 183,42 en Italia. Y lo mismo pasa en el precio medio de septiembre (145 frente a 126 en Francia y 127 en Alemania) y del último año. Y esto se debe a que el mercado eléctrico en España es estrecho, poco transparente, con escasa competencia y donde las grandes eléctricas manipulan precios.
Es un mercado estrecho porque hay 4 grandes productores de electricidad y 333 comercializadoras compradoras, a las que imponen sus precios (los 4 grandes venden y también compran, porque comercializan el 85% de la luz en España, son “juez y parte”). Y es un mercado muy volátil, con más oscilaciones de precios que en Europa, donde un operador puede influir mucho en los precios. De hecho, la Comisión de la Competencia (CNMC) ha abierto varios expedientes a Iberdrola, Endesa y Naturgy por parar centrales (hidroeléctricas o nucleares) o por aprovechar el alto coste de la luz para vaciar embalses (en Zamora y Cáceres este verano). Además, las eléctricas se acogen a subir su precio de producción con la subida del gas, a que el precio internacional supera los 60 euros/Tm, cuando una gran parte del gas que tienen almacenado les costó la mitad o menos.
Y además, en el mercado eléctrico español hay poca competencia, ya que apenas se negocian contratos de luz a plazo (sólo al día: mercado “spot”) y el 92,9% son para Iberdrola y Endesa, para abastecerse ellos. En España los contratos de suministro a un mes, un trimestre o un año son 19 veces menos que en Alemania y 13 veces menos que en Francia, donde los grandes consumidores negocian contratos fuera del mercado diario, lo que rebaja y estabiliza los precios. Y lo más preocupante: tenemos un mercado eléctrico cerrado, porque no entra casi electricidad de fuera( ni sale): en septiembre, sólo se ha importado el 3,90% de la luz consumida (saldo import-export), mientras en Francia, Alemania e Italia se importa del 10 al 15%, lo que ayuda a tener precios más bajos. Aquí, somos “una isla eléctrica” y eso dificulta que las grandes empresas y los comercializadores puedan buscar ofertas mejores fuera.
Otra cuestión importante. El precio mayorista de la electricidad se ha disparado en toda Europa, pero en los demás paises no preocupa ni abre los telediarios. Y eso, porque el consumidor europeo no se ve afectado cada día en su factura de la luz por los altos precios en origen. La mayoría de los paises (Portugal o Alemania, por ejemplo) tienen sistemas de tarifas con revisiones anuales y otros semestrales o trimestrales, lo que “aplana” las subidas (al menos hasta ahora). En España, el 40% de los consumidores (10.643.175), los que están en el sistema de precios “regulado” (PVPC), les repercute cada día el precio mayorista de la luz. Y el resto (16.230.261 consumidores), el 60% que están en el mercado “libre”, notarán la subida cuando su comercializadora le revise el contrato (al año), sin olvidar que estas tarifas “libres” son un 17% más altas que las reguladas, según la Comisión de la Competencia (CNMC).
Este sistema de tarifas, diferente del europeo, está vigente desde 2014, cuando el PP cambio el anterior sistema de revisión de precios trimestral, porque estimó que ese sistema de subasta suponía un extracoste para el consumidor. Y pensó que era mejor ligar el recibo con el precio diario de la luz, que el usuario pagara directamente “el precio del Merca Madrid de la luz”. Pero ahora, el sistema se ha vuelto en contra, al dispararse el precio en origen. Y el resultado es muy preocupante: Si hasta el verano, el precio mayorista de la luz suponía un 33% del recibo (otro 48% eran los precios regulados y el 19% eran impuestos), ahora, ese precio en origen supone un 50% del recibo de la luz, según la simulación de la CNMC (los impuestos han bajado al 15% del recibo y los precios regulados un 35%).
Esto explica que el recibo de la luz, lo que pagan cada mes los consumidores, se haya también disparado: ha aumentado un +34,9% en el último año (agosto 2020-agosto 2021), según el INE, con una factura media de 318 euros en estos 8 primeros meses de 2021, 69 euros más que el año pasado. Y la previsión de la ministra de Transición Ecológica era que la factura de la luz suba un 25% este año: 644 euros de coste para una familia media, 132 euros más que el año pasado (+11 euros más al mes).
La fuerte subida del precio mayorista de la luz ya hizo en junio que el Gobierno aprobara dos medidas: bajar impuestos a la luz (el IVA del 21 al 10% hasta fin de año y suprimir el impuesto de generación eléctrica,7% en el tercer trimestre) y quitar a las eléctricas un ingreso que reciben injustificadamente: las centrales hidroeléctricas, nucleares y renovables se benefician de que las demás centrales (gas, carbón, fuel) carguen en los costes de producción de la luz el pago de los derechos de CO2 que ellos no emiten. Son los llamados “beneficios llovidos del cielo”, 1.000 millones al año que llevan cobrando injustificadamente desde 2005 y que dejarán de cobrar en unos meses, cuando se apruebe el decreto-ley en el Congreso.
Esta bajada de impuestos no ha servido de mucho, porque el precio mayorista se ha duplicado desde junio y el resultado es que el recibo de la luz subió en agosto un +7,8%, según el IPC. Así que el Gobierno aprobó este martes un Plan de choque, para intentar abaratar el recibo de la luz, un -22% hasta finales de año. Por un lado, mantiene y amplía la bajada de impuestos: sigue la rebaja del IVA hasta fin de año, se amplía la rebaja del impuesto eléctrico (7%) al 4º trimestre y baja el impuesto especial de electricidad del 5,1127% al 0,5% (un recorte de ingresos públicos de 1.400 millones de euros).
Además, se aprueba otro recorte a los beneficios injustificados de las eléctricas: esta vez se les quita parte de los “beneficios llovidos del cielo” que obtienen con el gas natural: las centrales que no utilizan gas para producir electricidad (nuclear, hidroeléctrica, renovable) dejarán de ingresar el sobreprecio que hoy ingresan por el mayor coste del gas (que no usan). No se les quita todo el coste, sólo lo que supere los 20 euros/Tm, el precio medio de los últimos 4 años. Si ahora cargaban 62 euros, les quitan un ingreso extra de 42 euros (menos un regalo de un 10%...). Y sólo por un tiempo, hasta marzo de 2022, cuando se espera baje el gas. Hasta entonces, se les quita un ingreso extra (no justificado) de 2.600 millones.
Además, se amplía de 4 a 10 meses el bono social eléctrico (que beneficia a 1.137.295 consumidores). Y se limita la subida del gas natural al 4,4% por trimestre, hasta primavera. Y se obliga a las 4 grandes eléctricas a que hagan, antes de fin de año, una subasta de electricidad al margen del mercado diario, para cubrir un 6,5% de la demanda. Y además, se va a modificar la Ley de Aguas, para regular lo que hacen las eléctricas con los embalses y evitar abusos como los de este verano. Finalmente, se solicita al Congreso que se tramite por vía de urgencia el recorte de los beneficios caídos del cielo por el CO2 (1.000 millones) y el Fondo que se quiere crear para quitar del recibo (en 5 años) el coste de las ayudas a las renovables (7.000 millones anuales).
Son medidas importantes, que buscan “taponar” agujeros del mercado eléctrico en una coyuntura desesperada. Y que ayudarán a bajar el recibo al consumidor, al trasladar lo que se quita a las eléctricas (3.600 millones) y los mayores ingresos por CO2 a rebajar los costes regulados del recibo (35%). Pero la mayoría son medidas coyunturales, “parches”, que no van al fondo del problema: tenemos un sistema eléctrico distorsionado, con escasa competencia y demasiado fraude, donde pagamos costes de más por la luz que alimentan año tras año los beneficios de las eléctricas, comparativamente los más elevados de Europa. Una parte de la reforma, la del sistema de fijación de precios, depende de Europa y el lobby eléctrico evita que la Comisión lo revise, aunque acabará haciéndolo si no bajan los precios. Pero otra parte depende de España, de que el Gobierno tome medidas de fondo en el mercado y cambie el sistema de traslación de costes al recibo.
Porque hay un hecho claro: la luz sube en toda Europa pero España tiene la 5ª luz más cara del continente, tras Alemania (0,3006), Bélgica, Dinamarca e Irlanda, según Eurostat (datos 2º semestre 2020): 0,2298 euros por kwh para los consumidores domésticos (impuestos incluidos), frente a 0,2134 céntimos de media UE-27, 0,2153 en Italia o 0,1958 en Francia. Y para los consumidores industriales, tenemos la 9ª tarifa eléctrica más cara: 0,1422 euros por kWh, frente a 0,1225 euros de media en UE-27. Y esto es preocupante, no sólo porque cada vez hay más familias que no pueden pagar la luz sino porque afecta muy negativamente a las cuentas de las empresas, sobre todo de las grandes consumidoras de electricidad (metal, siderurgia, química, papel, cemento, automóvil), que tienen más difícil competir. Y que se quejan de que no pueden comprar electricidad en otros mercados ni reciben las ayudas y exenciones que reciben las empresas en Francia o Alemania.
La luz es más cara en España que en la mayoría de Europa porque pagamos costes de más en las tres partes del recibo: en el coste mayorista de la electricidad, en los costes regulados (pagamos parte de ayudas a la electricidad en las islas y a los grandes consumidores, a las renovables, al parón nuclear y al mantenimiento de la deuda eléctrica y un extracoste en el transporte y comercialización de la luz) y en los impuestos (somos el tercer país de Europa con más peso de la fiscalidad en el recibo). Así que, en vez de parches, hace falta tomar medidas urgentes en todos esos frentes. Como dice Jorge Fabra, uno de nuestros mejores expertos, bajar impuestos no es bajar la luz, dar un hachazo a las cuentas de las eléctricas no es bajar la luz, es esconder el problema un tiempo. Bajar la luz exige hacer una auditoría de costes, para no pagar extracostes en el recibo. Y forzar una reforma del mercado eléctrico en Europa, resistiendo las presiones del lobby eléctrico.
Todo hace pensar que este Plan de choque será insuficiente y que la luz seguirá subiendo hasta la próxima primavera, aunque menos de lo que subiría si el Gobierno no hubiera hecho nada. Y las eléctricas aprovechan para lanzarnos ofertas y tratar de que esos casi 11 millones de consumidores “regulados” vayan al “mercado libre”, ofreciéndoles contratos estables a 2 años (Endesa y Naturgy) y a 5 años (Iberdrola). No les importa vender ahora “electricidad a pérdidas”, si a cambio ganan clientes a los que ya sacarán beneficios después (además, lo que pierdan con la comercialización lo ganan con las centrales). Y de paso, se quitan a parte de los 333 comercializadores que venden luz y les hacen competencia (muchos quebrarán). Aprovecharán los vaivenes de precios para ganar mercado. Y si vienen mal dadas, amenazan con cerrar centrales nucleares o ir a los Tribunales, donde casi siempre ganan (el Supremo acaba de obligar al Estado a devolverles 1.400 millones por un canon hidráulico que aprobó Rajoy en 2015…).
Si ha leído hasta aquí, habrá visto que el problema eléctrico es muy complejo y no se resuelve con soluciones simplistas ni fórmulas mágicas. Exige actuar en muchos frentes, en España y en Europa, con firmeza y con un objetivo claro: que paguemos la luz por lo que cuesta de verdad producirla, transportarla y comercializarla. La batalla será larga y difícil.
Me parece un muy buen art. Y estoy fe acuerdo con la necesidad de auditorías serias. Falta una exigencia ineludible, la creación de una empresa pública.
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