Servicios sociales: escasos y muy desiguales

La pandemia deja un reguero de familias con problemas económicos, sociales y psicológicos que hay que atender. Pero los servicios sociales públicos están colapsados y las ONGs no dan abasto: Cruz Roja ha atendido a 788.000 personas más y Cáritas a 500.000 nuevos, como los Bancos de alimentos. Estamos ante “una crisis social sin precedentes”, según Cáritas, que ha agravado los problemas de pobreza y exclusión social que ya teníamos antes. Y contamos con un mínimo gasto en servicios sociales, el 11º en Europa, con una gran desigualdad entre las autonomías: sólo el País Vasco, Navarra y Castilla y León tienen unos servicios sociales “excelentes” mientras en 6 autonomías (donde viven el 40% de españoles) son “débiles” o “irrelevantes” (Madrid, Murcia y Canarias, los peores). Urge un gran acuerdo entre Gobierno y las autonomías para reforzar con dinero y personal unos servicios sociales públicos superados y ahogados en trámites burocráticos que no ayudan a las familias necesitadas. Hay que “curar las heridas” de la pandemia.

Enrique Ortega

Más de 15 meses de pandemia han agravado la difícil situación económica y social que 1 de cada 5 familias ya tenían en febrero de 2020. Porque no podemos olvidar que en 2019, casi 10 millones de españoles (9.695.989 personas, el 20,7% de la población) estaban en situación de “pobreza monetaria”: ingresaban menos del 60% de la media española, menos de 9.009 euros anuales los solteros (menos de 750 euros al mes) y menos de 18.919 euros anuales las familias con 2 hijos (menos de 1.576 euros al mes). Eso nos colocaba, antes de la pandemia, como el 6º país con más pobreza monetaria de Europa, sólo por detrás de Rumanía (23,5%), Letonia (23,3%), Lituania (22,9%), Bulgaria (22%) y Estonia (21,9%), lejos de la media europea de pobreza monetaria (17,1% en la UE-28), según Eurostat. Y entre estos pobres, casi la mitad (4,3 millones, el 9,3% de los españoles) sufren pobreza severa, porque ingresan menos del 40% de la media de españoles (menos de 500 euros al mes los solteros y menos de 1.050 euros al mes las familias con dos hijos).

Ahora, como la pandemia y la crisis subsiguiente se han cebado más en España (PIB cayó un -10,8% frente al -6,4% en la UE-27), cabe esperar que se haya agravado más esta situación de pobreza post-COVID, que ya era preocupante antes. Así, un estudio de Oxfam Intermón advierte que puede haber 1.100.000 españoles más en situación de pobreza monetaria, alcanzando ya los 10,9 millones de personas (el 22,9% de los españoles). Y lo más preocupante es que la mayoría de estos “nuevos pobres” han caído en la pobreza severa: 790.000 personas más con ingresos inferiores al 40% de la media. El informe señala que el aumento de la pobreza en 2020 se concentró en los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes, creciendo más en Baleares, la Rioja, Navarra, Andalucía, Madrid y Cataluña.

Cáritas considera que la pandemia ha provocado una crisis social “sin precedentes”, enquistando la pobreza que ya había antes. Los datos de las ONGs que han atendido a las familias más afectadas por la pandemia son muy esclarecedoras: Cruz Roja ha atendido a 788.000 personas más y Cáritas a 500.000 nuevos demandantes de ayuda, con lo que habrán superado los 3 millones de personas atendidas en 2020 (fueron 2,4 millones en 2019). Y el Banco de Alimentos ha ayudado a 1.500.000 personas, medio millón más.

¿Cuál es la situación de estas familias pobres cuya situación ha agravado el COVID-19? Caritas acaba de publicar los resultados de una Encuesta hecha entre las 1.500.000 familias que “acompaña” y sus conclusiones son muy elocuentes. La primera, que la pandemia ha agravado su paro y ha deteriorado sus precarios contratos e ingresos: 258.000 de estos hogares que atienden no reciben ningún ingreso (+75.000 que antes) y 825.000 familias (el 55% de las que acompañan) están en situación de pobreza severa, dos tercios de ellas con menores. La segunda, que sólo el 3,6% de estas familias atendidas por Cáritas están cobrando el Ingreso Mínimo Vital (IMV), mientras un 39% han dejado de cobrar las rentas de inserción que antes les pagaban las autonomías. Y la tercera, que ante este deterioro de sus ingresos, el 16% de las familias acompañadas se han visto obligadas a cambiar de vivienda (77.000 familias) y casi la mitad tiene problemas para pagar el alquiler o su hipoteca (el 44%) o los recibos mensuales (el 47%). Y un 16% sufren problemas tecnológicos, que les impiden acceder a la educación online o a buscar empleo en la Red.

Estas familias, más empobrecidas por la pandemia, no sólo sufren problemas económicos y sociales: 3 de cada 10 hogares atendidos por Cáritas han empeorado su salud física y, más de la mitad, también la mental, con un aumento de la soledad (recordemos que hay 4.889.000 españoles que viven solos, más de 2 millones de ellos con más de 65 años, el 75% mujeres que viven solas). Y la Encuesta refleja también “un agotamiento” de las relaciones sociales y la ayuda familiar: en lenguaje claro, que a las familias necesitadas se les cierra la puerta de amigos y familiares que les ayuden, tras años pidiendo ayuda. Y por todo ello, el 55% de las familias acompañadas por Cáritas tienen “miedo al futuro”.

Ante esta situación de emergencia social provocada por la pandemia, los servicios sociales de las autonomías y Ayuntamientos están superados (ya antes atendían a 5 millones de personas al año). Y muchos descargan la atención en las ONGs, que tampoco dan abasto, por falta de medios, personal y financiación. Al final, la pandemia ha revelado lo vulnerables que son los servicios sociales en España. Un problema es que es fruto de una década de bajas inversiones en servicios sociales y de los recortes hechos entre 2010 y 2015, tanto en los Presupuestos del Estado como en las cuentas de autonomías y Ayuntamientos.

El hecho relevante es que España es el único de los grandes paises europeos que redujo su gasto social entre 2012 y 2017, según ha revelado Eurostat: pasó de suponer el 25,7% del gasto público total en 2012 a ser el 23,4% en 2017, muy por debajo de la media de la UE-27 (27,9% del gasto es social) y de paises como Italia (29,1%), Alemania (29,7%) y Francia (32,2% del gasto es social). En este gasto social se incluye la sanidad, la educación, las pensiones, el desempleo y los gastos de protección social. Si nos centramos en estos últimos, que tienen que ver con el gasto directo para atender la emergencia social, España está también a la cola de los grandes paises: gastó en 2019 en protección social el 17,4% del PIB, lejos del 19,3% de media europea y mucho menos que Francia (23,9% del PIB), Italia (21,2%) o Alemania (19,7% del PIB), paises con muchos menos problemas sociales. Y somos el 11º país en la UE-27 por gasto en protección social, según Eurostat.

No se trata sólo de que España gaste mucho menos (-23.600 millones cada año) en protección social que Europa, es que además, lo gasta mal, con menos eficacia, porque las ayudas benefician porcentualmente más a las familias con ingresos medios y altos, según el Fondo Monetario Internacional (FMI): el 40% de las familias más pobres reciben el 30% de las ayudas sociales. De hecho, la OCDE ha dicho que, entre sus 34 paises miembros, sólo  Grecia, Portugal e Italia hacen una política social peor que España.

Menos gasto social, mal repartido y además muy desigual por autonomías, con lo que depende donde uno viva para que las familias necesitadas sean mejor o peor atendidas, según un reciente estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. La primera clave de esa desigualdad está en lo que gasta cada autonomía en gasto social: entre 738 euros por habitante y año en Navarra, 687 euros en Euskadi o 514 euros en Extremadura y 299 euros por habitante y año en Murcia, 353 euros en Madrid, 367 en Galicia y 376 euros en Andalucía. Y sobre esa base, más o menos gasto, hay también una brecha en el personal de servicios sociales que tiene cada una: 1 profesional por 745 habitantes en Navarra, 1 por 1.902 en País Vasco o 1 por 1995 en Asturias frente a 1 profesional por 3.219 habitantes en Canarias, 1 por 3.166 en Extremadura o 1 por 3.084 habitantes en Cantabria.

Al final, el estudio de los Directores de Servicios Sociales pone una nota a cada autonomía (de 1 a 10), en base a tres parámetros: los derechos sociales que reconoce y su decisión política (0 a 1,5 puntos), el gasto social que hacen (de 0 a 3 puntos) y la cobertura de servicios sociales que prestan (de 0 a 5,5 puntos). Y así concluyen que sólo 3 autonomías ofrecen un nivel “excelente” de servicios sociales: País Vasco (7,95 puntos), Navarra (7,90) y Castilla y León (7,30). Otras 8 aprueban con un nivel “medio”: Asturias (6,30), Castilla la Mancha (5,75), Aragón (5,65), La Rioja (5,60), Extremadura (5,15), Baleares (5,15) y Cataluña (5,05 puntos). Y las 6 regiones restantes suspenden: dos tienen un nivel “débil” de servicios sociales (4,65 puntos Comunidad Valenciana y 4,50 Galicia) y otras 4 autonomías tienen unos servicios sociales “irrelevantes” (4,65 puntos Cantabria, 3,40 Canarias y 3,20 puntos Murcia y Madrid, los “farolillos rojos” de la asistencia social). Lo preocupante es que en estas 6 autonomías que suspenden en servicios sociales viven el 40% de los españoles.

El estudio no sólo puntúa los servicios sociales autonómicos sino que analiza sus problemas. El primero y fundamental, señalan, la sobrecarga de gestión, que ya tenían antes pero que ha agravado la pandemia, llevando a muchos de estos servicios públicos a derivar a las familias necesitadas a ONGs como Cáritas o Cruz Roja (“un termómetro de su fracaso”). Además, advierten, ha aumentado la complejidad burocrática y los trámites para solicitar ayudas son demasiado farragosos, lo que disuade a muchos necesitados. Es lo que pasa, según los Directores de Servicios Sociales, con los trámites para pedir el ingreso mínimo vital o las ayudas a la dependencia (los trámites tardan de media 430 días), lo que lleva a que 229.493 dependientes (el 16,62% del total) están en lista de espera para recibir la ayuda o servicio que tienen reconocido. Y también es escandalosa la asistencia a las personas sin hogar: los servicios sociales tienen 19.093 plazas en albergues, 40,7 por 100.000 habitantes, que oscilan entre 170 plazas/100.000 habitantes en Euskadi a 34 en Madrid o 23 en Cataluña.

Visto el panorama, nos encontramos con un país en emergencia social por la pandemia, con más pobres y más familias vulnerables, pero con una red de servicios sociales colapsada y con pocos medios, que no ofrece soluciones a la mayoría de los necesitados. ¿Qué se puede hacer? La Plataforma del tercer sector, que representa a 28.000 entidades sociales de toda España, se reunió en abril con el Ministerio de Economía y presentó sus propuestas para la mejora de los servicios sociales: aumentar el gasto social a la media de la UE, subir el salario mínimo, mejorar el ingreso mínimo vital, reducir la brecha digital de las familias más desfavorecidas, reforzar el sistema sanitario público, mejorar la política de vivienda y ampliar la oferta de alquileres sociales y una fiscalidad más progresiva.

Una medida urgente es mejorar de una vez el ingreso mínimo vital, que acaba de cumplir un año (se estrenó el 15 de junio de 2020) con un balance muy pobre: había 260.206 beneficiarios (en familias donde viven 680.000 personas), menos de la tercera parte de los 850.000 beneficiarios a los que esperaba llegar el Gobierno. Todas las ONGs y expertos se quejan de un exceso de burocracia y  de que no se incluye la situación real de las familias más vulnerables, como lo demuestra que de las 1.320.000 solicitudes recibidas y las 1.100.000 ya tramitadas, 700.000 se han denegado. Y lo peor es que, con la entrada en vigor del IMV, varias autonomías han reducido o suprimido sus rentas mínimas de inserción, como demuestra que un tercio de las familias acompañadas por Cáritas las hayan perdido.

Además de mejorar el ingreso mínimo vital, es importante subir el salario mínimo (más bajo en España que en la mayoría de Europa), porque muchas familias desfavorecidas ingresan ese salario mínimo o uno vinculado. De hecho, un Comité de Expertos acaba de recomendar al Gobierno subirlo un 10%, elevarlo de los 950 euros actuales (en 14 pagas) a una franja entre 1012 y 1047 euros para 2023. El debate está en el seno del Gobierno, por la llamada de atención de la patronal y algunos expertos a que se puede crear menos empleo (precario) si sube el salario mínimo. Pero es una vía clara para reducir la pobreza de muchos.

Otras medidas para reducir las heridas sociales de la pandemia son las políticas activas de formación y empleo, porque la mejor ayuda a los más desfavorecidos es ayudarles a trabajar. Y apoyos concretos a la vivienda y el alquiler, ampliando el parque de viviendas sociales, hoy casi inexistente. Y ayudas concretas para el pago de los recibos (luz, agua, gas, Internet) de los más desfavorecidos, sin olvidar los apoyos a la educación de sus hijos, con políticas concretas contra el abandono escolar y para reducir su brecha digital. Y por supuesto, una reforma fiscal que consiga más ingresos y permita aumentar los gastos sociales.

Las ONGs y los expertos en servicios sociales creen que España debe aprobar una Ley de Servicios Sociales, que asegure un marco estable de gasto público, coordine mejor los esfuerzos del Estado, autonomías y Ayuntamientos y consiga una cartera de servicios mínimos a prestar, al margen de donde vida cada uno. De momento, el Gobierno ha prometido destinar 600 millones de los Fondos europeos a la mejora de los servicios sociales. Pero no es sólo cuestión de dinero, sino de mejorar su funcionamiento, quitar burocracia y conseguir que funcionen con la agilidad y cercanía de Cáritas o la Cruz Roja. Es un reto clave, más ahora que la pandemia nos deja un reguero de familias vulnerables. No podemos dejarles tirados.