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| Enrique Ortega |
Antes de la pandemia, ya teníamos en España un serio problema de pobreza, con 1 de cada 4 españoles en situación de exclusión social, según las estadísticas europeas. Así, en 2019 había 11.870.012 personas, un 25,3% de españoles, en situación de pobreza o exclusión social, según el indicador europeo AROPE que considera 3 factores: pobreza monetaria (personas que ingresan menos del 60% de la media del país), privación material severa (no poder atender 4 gastos básicos de 9, desde comer carne a pagar recibos) y bajo nivel de empleo (trabajar menos del 20% de la jornada normal). Si alguien cumple 1 de estos 3 indicadores, es oficialmente “pobre”. Y con este indicador AROPE, en Europa había 109,2 millones de pobres (un 21,7% de la población). Y los 11,8 millones de España (el 25,3%) nos colocaban en 2019 (antes de la pandemia) como el 7º país europeo con más pobreza, sólo por detrás de Bulgaria (32,5%), Rumanía (31,2%), Grecia (30%), Letonia (28,4%) e Italia (27,3%) y Lituania (26,3%), según Eurostat.
La pandemia ha empeorado la situación de pobreza y privación material, al reducir los ingresos de muchas familias y llevar a otras al paro. Y eso se refleja en la reciente Encuesta de Presupuestos Familiares de 2020, publicada por el INE, que aumenta en 620.000 personas los oficialmente “pobres”, las personas con bajos ingresos, privación material severa o bajo nivel de empleo. Son ya 12.495.000 personas (el 26,4% de la población) “en situación de pobreza o exclusión social”, lo que rompe una tendencia de cinco años seguidos en que bajó en España la tasa de pobreza AROPE (del 29,2% máximo en 2014 al 25,3% en 2019). Este es el porcentaje medio de pobreza, pero hay familias que están peor: madres solas con niños (49,1% de esos hogares son pobres), familias con niños (37,4% pobres) y personas que viven solas (31,8% pobres). Y sobre todo los parados (54,7% en situación de pobreza), inmigrantes (43,4% de los europeos y el 58% del resto del mundo). Y sufren más la pobreza las personas que tienen sólo educación primaria (36% son pobres) y sólo la ESO (32,5%).
En 2020, con la pandemia, han empeorado dos de los tres indicadores que miden la pobreza AROPE: la pobreza monetaria y la carencia material severa, mientras ha mejorado el bajo nivel de empleo, porque la Encuesta del INE toma los datos de 2019, cuando aún no había caído por la pandemia. La pobreza monetaria, las personas que ingresan menos del 60% de la renta media de los españoles, sí aumentó en 2020, aunque el dato es parcialmente revelador, porque toma como base la renta de 2019, que aún no había bajado por la pandemia. Aún así, hay 9.940.000 personas, un 21% de la población, que se le considera “pobre”, porque ingresó en 2020 menos del 60% de la renta media de 2019: menos de 9.626 euros anuales las personas solas y menos de 20.215 euros las familias con 2 hijos. Son 223.000 “pobres” más que en 2019, lo que rompe también 5 años de bajada de la pobreza monetaria (desde el 22,2% máximo de 2014 al 20,7% de pobreza en 2019).
Este aumento de la pobreza monetaria en 2020 se ha concentrado en las mujeres (21,7% de pobreza, +0,6%) y no ha variado entre los hombres (20,2% de pobreza, igual que en 2019). Y ha aumentado sobre todo entre los niños (27,6% en los menores de 16 años, +0,5%) y entre los mayores de 65 años (18,8%, +4,3%), debido a que los ingresos de los jubilados crecieron menos que el umbral de la pobreza. Por autonomías, destaca el aumento de la pobreza monetaria en Cataluña (del 13,9 al 16,7%, un aumento del 20%) y su reducción en Ceuta, Aragón y Murcia. Pero la pobreza sigue concentrada en Extremadura (31,4% de la población), Ceuta (35,3%), Melilla (36,3%), Canarias (29,9%) y Andalucía (28,5%) y es muy reducida en Navarra (9,9% de la población), País Vasco (10%), La Rioja (15%), Castilla y León (15,1%) y Madrid (15,4%), según el INE.
Aunque ha aumentado la pobreza con la pandemia, lo más llamativo en 2020 ha sido que se ha disparado la privación material severa, las personas que no pueden hacer frente a 4 o más gastos de los 9 gastos que Europa considera básicos: no poder comer carne, pollo o pescado al menos cada 2 días (5,4% españoles no pueden, frente al 3,8% en 2019), no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada (10,9% no pueden frente al 7,6% en 2019), no poder afrontar gastos imprevistos (el 35,4%, frente al 33,9% en 2019), tener retraso en el último año en pagos de alquiler, hipoteca, gas o comunidad (el 12,2%, frente al 7,8% en 2019), no poder irse 1 semana de vacaciones al año (34,4% frente al 33,4% en 2019), no disponer de teléfono, TV, lavadora o coche (4,9% frente a 4,7%).
En conjunto, 3.300.000 personas, el 7% de los españoles no pudieron afrontar 4 o más de estos gastos en 2020, casi el doble que en 2019 (4,75%), un porcentaje de privación material severa similar al de 2014 (7,1%), en lo peor de la anterior crisis. Las que más sufren estas penurias son otra vez las mujeres (7% frente al 6,9% los hombres) y las familias con niños (8,2% tienen carencia material severa), en especial las madres solas con niños (el 16,8% sufrieron estas penurias en 2020). Por autonomías, donde más han aumentado estas carencias materiales ha sido en Cantabria (las sufren el 10,7% de personas, frente al 3,9% en 2019) y la Comunidad Valenciana (han saltado del 4,8 al 11,5% de la población). La carencia de carne o pescado es más alta en Galicia, Melilla y Murcia, no poder mantener la temperatura de la vivienda se sufre más en Baleares, Melilla y Canarias y el mayor retraso en el pago de los recibos de la casa ha crecido en Ceuta, Canarias y Melilla.
Además de estos tres indicadores de la pobreza (pobreza monetaria, carencia material severa y bajo nivel de empleo), la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE refleja otro indicador: los hogares que tienen problemas para llegar a fin de mes, un dato importante porque revela qué personas están en el camino de ser pobres mañana si les surge algún imprevisto. Y aquí, los efectos de la pandemia son muy evidentes: las personas “con mucha dificultad” para llegar a fin de mes han pasado del 7,8% en 2019 al 10% en 2020. Son ya 4.733.261 personas, 1 millón más que antes de la pandemia. Y lo peor: son muchos más que en la crisis anterior (7,1% en 2014). El mayor porcentaje de personas “con mucha dificultad” para llegar a fin de mes se da en Melilla (17,6%), Canarias (15,6%), Andalucía (14,8%), Extremadura (12,7%), Murcia (11,2%) y Comunidad Valenciana (10,7%), siendo muy bajo en Ceuta (2,7%), Aragón (5,5%), País Vasco (5,6%) y Navarra (5,9%). Otro 12,8% de españoles tienen “dificultad” para llegar a fin de mes y un 22,3% más llega “con cierta dificultad”. En total, un 45% de españoles tienen problemas para llegar a fin de mes con la pandemia.
Como se temía, los datos del INE revelan con claridad que la pandemia ha disparado la pobreza y, sobre todo, las penurias económicas de muchos españoles. Con ello, se ha agravado la situación de familias que ya tenían problemas y se les han sumado otras que han perdido trabajos e ingresos con la pandemia. En consecuencia, la pobreza y la penuria se ha generalizado más y alcanza ya “a personas que tenemos cerca”, a nuestros vecinos, como revelaba la Encuesta hecha por EAPN-ES a 7.000 pobres: la mayoría son españoles (el 78,3%), adultos (27,7% tienen entre 45 y 64 años), con nivel educativo medio y alto (el 38,5% de los pobres, un 16% universitarios), que trabajan (un 33% de los pobres tienen empleo) y que viven en grandes ciudades (45,4% de los pobres) y zonas rurales (otro 30,4%). Y la mayoría sobreviven gracias a la ayuda de familias o amigos (el 21,4%) y las ONGs (el 12,3%).
La ONG Save the Children alerta que la pandemia se ha cebado sobre los niños: hay 1.100.000 niños en situación de pobreza y de ellos, más de 740.000 niños (el 14,1% de los menores de 18 años) viven en situación de pobreza severa, en hogares que ingresan menos del 40% de la renta media. Y eso dificulta su alimentación, su educación, incluso su atención sanitaria, favoreciendo que sean también pobres cuando lleguen a adultos.
Todos estos datos urgen a tomar medidas en tres frentes. El primero y más básico, asegurar una comida decente a ese 5,4% de personas (2.565.000 españoles) que se alimentan con pocas proteínas. Eso requiere potenciar con ayudas públicas los Bancos de Alimentos y canalizar lotes de comida a través de ONGs, asociaciones de vecinos y colegios, con especial atención a la alimentación de los niños. El segundo frente, ayudar a pagar el recibo de la luz y el gas, mejorando el actual bono social eléctrico: la burocracia y el exceso de requisitos provoca que sólo lo reciban 1,1 millones de familias y que otras 3,5 millones de familias vulnerables se queden fuera. Y en tercer lugar, hay que mejorar y ampliar las ayudas para el alquiler de viviendas, que son escasas y llegan a pocas familias necesitadas.
Además de estas medidas de choque, la pobreza y penuria post pandemia exigen reforzar los ingresos de las familias más vulnerables, desde el Ingreso Mínimo Vital al salario mínimo o las subidas salariales anuales. El Ingreso Mínimo Vital, la principal herramienta contra la pobreza (aprobada en mayo de 2020) no funciona bien: llegaba a mediados de julio a 320.000 beneficiarios, poco más de la tercera parte del objetivo previsto, llegar a 850.000 beneficiarios. Siguen sin solventarse los problemas (se mira la renta de 2019, no la de 2020, y hay un exceso de burocracia), lo que provoca que se hayan denegado 700.000 solicitudes (la mitad de las presentadas), mientras muchas autonomías han suprimido las rentas mínimas que pagaban (un tercio de los acompañados por Cáritas las han perdido).
Subir el salario mínimo (SMI) es otra medida clave para paliar la pobreza y la penuria material de muchas familias vulnerables, las que más cobran ese ingreso mínimo. España sigue siendo uno de los paises europeos con el SMI más bajo (1.108 euros en 12 pagas frente a 1.555 en Francia o 1.614 en Alemania) y un Comité de Expertos ha recomendado al Gobierno subirlo de los 950 euros actuales (14 pagas) a 1.047 en 2023. Pero la patronal y la vicepresidenta Calviño se oponen a subirlo este año, argumentando que puede dificultar la recuperación y la creación de empleo. Es una postura discutible, pero la mayoría de expertos reconocen que la subida del salario mínimo es la mejor herramienta para luchar contra la pobreza y la desigualdad, para ayudar a las familias más vulnerables.
En paralelo, urge mejorar los salarios más bajos y pactar unas subidas salariales más altas para 2022, que contrarresten el aumento de la inflación previsto este año: el IPC puede alcanzar el 2% para este otoño, cuando los salarios han subido el 1,56% este año, según la última estadística de convenios. Si no suben más los salarios y se dispara el precio de la luz, los carburantes y la alimentación, como está pasando, serán más los españoles que sufran carencias materiales severas. Y los que tengan problemas para llegar a fin de mes.
Además, necesitamos reforzar los servicios sociales, que están superados con el aumento de la pobreza y la penuria económica, lo mismo que las ONGs. España tiene que gastar más en servicios sociales (gastó en 2019 el 17,4% del PIB en protección social, lejos del 19,3% de media europea, el 23,9% de Francia, el 21,2% de Italia o el 19,7% de Alemania), gastarlo mejor (sólo Grecia, Portugal e Italia hacen una política social peor que España, según la OCDE) y con menos desigualdad entre autonomías (sólo País Vasco, Navarra y Castilla y León tienen unos servicios sociales “excelentes” mientras la mayoría tienen un nivel “medio” y 10 autonomías suspenden, de ellas Cantabria, Canarias, Murcia y Madrid con servicios sociales “irrelevantes”, según el índice DEC 2020).
Junto a todas estas medidas contra la pobreza, la principal es que la economía se reanime y se pueda crear empleo estable y decente, porque el desempleo y los trabajos precarios están detrás de la mayoría de las familias vulnerables. Eso pasa por poner en marcha el Plan de recuperación y gastar bien las ayudas europeas, pero también por aprobar un Plan de choque para crear empleo urgente entre los colectivos más afectados por la pandemia: las mujeres, los jóvenes, los parados de larga duración y los inmigrantes. Un Plan que incluya formación e incentivos a la contratación, con un asesoramiento personalizado a los parados de las oficinas de empleo. Y muy dirigido a las regiones y colectivos más afectados, en sus ingresos y paro, por la pandemia.
Muchos no quieren oír hablar de la pobreza y creen que es algo que sólo afecta a unos pocos, que no es un problema para la mayoría. Pero sí lo es. Porque la pobreza creciente es un serio obstáculo para la recuperación económica, que se dificulta si una cuarta parte de la población no puede gastar y consumir, contribuir al crecimiento y al empleo. Y también ataca la democracia, porque las personas más vulnerables y en exclusión social no participan en el sistema y son caldo de cultivo de populismos y extremismos. Y además, la pobreza es una muestra de desigualdad e injusticia social. Por todo ello, la pobreza es un cáncer social, económico y político, que hay que extirpar. No podemos pensar en recuperar la economía y el país dejando a la cuarta parte de españoles atrás.
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