En la mayor parte de este siglo XXI, casi la mitad de los trabajadores se han jubilado antes de tiempo. El récord se dio en 2004, cuando se jubilaron anticipadamente el 49,6% de los jubilados. Y después se mantuvo un alto porcentaje, hasta el 40,5% en 2011. España se lo podía permitir, porque la Seguridad Social tenía superávit (+2.444 millones en 2010). Pero en 2011, aumentaron las jubilaciones y los nuevos jubilados se retiraban con pensiones más altas, tras haber cotizado por salarios mayores. Y con ello, la SS entró “en números rojos”, con un déficit creciente desde 2011 (-487 millones, el 0,06% del PIB) al déficit récord de 2016 (-18.536 millones, el 1,7% del PIB), para bajar después (-11.096 millones en 2021, el 0,9% del PIB) y hasta hoy (-7.160 millones, el 0,5% del PIB en 2022 y casi el mismo déficit previsto para este año 2023). Son 13 años de déficit de la SS.
Con este “agujero”, todos los Gobiernos han tratado de recortar la factura de las jubilaciones.
Primero fue el Gobierno Zapatero quien aprobó,
en julio de 2011, una primera reforma de las pensiones,
apoyada por los sindicatos, la patronal, el PSOE y CiU. Era una reforma impuesta por la Comisión Europea,
que exigía recortes para que España evitara el rescate europeo. Esta reforma de
ZP intentó frenar el gasto en pensiones
con 4 medidas polémicas
pero eficaces: subir la edad de jubilación (de 65 a 67 años para 2027), elevar
el periodo cotizado exigible para
recibir el 100% de la pensión (de 35 a 37 años en 2027), aumentar los años exigidos para poder jubilarse a los 65 años (de
35 a 38 años y 6 meses en 2027) y aumentar el periodo de cómputo cotizado (de
16 a 25 años en 2022).
La segunda reforma
de las pensiones la
aprobó el Gobierno Rajoy en septiembre de 2013, esta vez en
solitario (sin apoyos sociales ni de la oposición), con Bruselas también
vigilante en plena época de recortes.
Dos
fueron las medidas impuestas: una mínima
revalorización de las pensiones (no con el IPC, sino en función del déficit
de la SS), que subieron un +0,25%
entre 2014 y 2017. Y la introducción de un Factor de Sostenibilidad, para subir
menos las pensiones futuras (suponía un recorte del -30% para 2050), aunque Rajoy
tuvo que dar marcha atrás en 2017, forzado por el PNV, y retrasar su
entrada en vigor (de 2019 a 2023). Pero no tocó las jubilaciones anticipadas,
que volvieron a subir (del 38,3% en
2013 al 43,3% en 2018 y al 40% en
2019 (como en 2002).
La tercera reforma
de las pensiones la promovió el Gobierno Sánchez, en octubre de 2020, al conseguir que una mayoría política (apoyo de
todos los partidos, salvo VOX y la abstención de ERC y Bildu) y social ( apoyo sindicatos y patronal) aprobara
en el Pacto de Toledo (Congreso) 22 medidas de reforma, que se resumían
en 4
medidas básicas: revalorización de las pensiones con el IPC, quitar a
la SS los gastos impropios (y financiarlos con los Presupuestos), una subida
extra de las cotizaciones del +0,6% (para recuperar “la hucha de las pensiones,
vacía) y acercar la edad de jubilación
real a la oficial. Para desarrollar esta última medida, el Gobierno Sánchez
aprobó, a finales de 2021, penalizar las jubilaciones anticipadas e
incentivar a los que se jubilen más tarde.
Así que sigue siendo
posible jubilarse antes (hasta 2 años antes), siempre que se haya cotizado
lo suficiente, pero se pierde una parte
importante de la jubilación el resto de la vida. Un
ejemplo: un trabajador con 40 años cotizados, si se jubila a los 65
(podría) cobrará 1.700 euros de jubilación. Pero si se jubila a los 63,
cobraría 1.377 euros (-19%) cada mes. Y si vive 20 años, habrá perdido 90.440 euros de pensión… Un “palo” importante, como para jubilarse antes (los
despedidos pueden jubilarse 4 años antes de la edad legal).
La “zanahoria” es que el Gobierno Sánchez aprobó, en
paralelo a estos recortes, unos incentivos
para que los trabajadores retrasen su jubilación, hasta un máximo de 10
años. Son 3 incentivos, para que el
trabajador elija (ver
cuadro). La 1ª opción (la que
se aplica si el trabajador no elige otra), supone cobrar un 4% más de base reguladora de la pensión cada
mes por cada año que se retrase la jubilación a partir de la edad legal
(65 o 66 años y 6 meses, según lo cotizado). Eso supone entre 40 euros y 113 euros más al mes por cada año de retraso (según lo que uno cotice) en la jubilación
futura. La 2ª opción es cobrar una
cantidad fija, un “cheque”, al jubilarse con retraso, una cantidad que oscila entre los 6.000 y 12.000 euros por año de
retraso (según lo que se cotice). Y la tercera opción, la mixta, es una combinación
de ambas: 2% de aumento mensual y una cantidad fija.
De momento, “la zanahoria” está empezando a funcionar
y en 2022, un 5,4% de los nuevos
jubilados optaron por retrasar su edad de jubilación, según el ministro
Escrivá, quien explicó que estos jubilaciones recibirán un incentivo medio de 30.000
euros, aunque algunos llegarán a cobrar un incentivo de hasta 120.000 euros.
El Gobierno Sánchez ha
comunicado a Bruselas que espera que
500.000 jubilados retrasen su jubilación cada año, lo que supondrá un gran
ahorro para la Seguridad Social, dado que por
cada año que se retrase la edad real de jubilación (ahora, en septiembre de
2023, está en 65 años y se confía en dejarla en 66,6 años para 2030), la
SS se ahorra 14.000 millones anuales.
A pesar de esta mejora
en las jubilaciones, quedan dos
importantes temas pendientes El primero, qué hacemos con los parados mayores de 50 años, que no encuentran
trabajo y a los que quedan muchos años para poder jubilarse. A finales de
septiembre estaban parados 819.000 personas con más de 50 años, según la EPA, casi el 30%
de todos los parados. Y de ellos, 229.400
parados tenían más de 60 años. Estos parados mayores tienen un serio
problema para encontrar empleo, pero no
tienen la edad para jubilarse, les faltan muchos años (hasta 15 y 17 años
algunos). ¿Qué pueden hacer? Pues lo
que hacen: buscar trabajo, malvivir con “chapuzas” (economía sumergida) y
apuntarse al paro para cobrar algo hasta que se les acaba el desempleo. Y
luego, si tienen más de 52 años, cobrar
un desempleo asistencial de 480 euros al mes hasta que se jubilen. Eso si
cumplen 3 requisitos: haber cotizado al desempleo durante al menos
6 años, estar registrado en las oficinas de paro (y no rechazar trabajos “adecuados”
ni cursos de formación) y presentar cada año una declaración de rentas para
justificar que ni ingresan más de 1.080 euros.
Hasta 2019, este
paro asistencial a los mayores sólo lo recibían los mayores de 55 años. En marzo de 2019, el anterior Gobierno Sánchez
rebajó la edad para recibir este
subsidio a los 52 años. Y además,
mejoró lo que el Estado cotiza por ellos, ahora el 125% de la base mínima de
cotización. En septiembre de 2023, 433.888
parados mayores de 52 años cobraban este “subsidio asistencial” (480 euros
al mes), según
los datos del SEPE, sólo algo más de la mitad de los parados mayores de 50
años (819.500). Y su futuro es siniestro:
esperar entre 11 y 17 años (según
los años cotizados) para poder jubilarse
a la edad legal...
En realidad, lo que se hace es “subvencionar” a estos mayores para que no se jubilen anticipadamente,
ya que no pueden. Ahora que el Gobierno Sánchez ha
prometido a Bruselas una reforma de los
subsidios de paro (somos el 2º país que más gasta en desempleo, tras
Francia, y no conseguimos que los parados encuentren trabajo), sería un buen
momento para estudiar qué se hace con
los parados mayores de 52 años. Habría que pensar en jubilar anticipadamente a una
parte de ellos, por ejemplo a los parados mayores de 60 años (229.400),
que tienen casi imposible trabajar. La medida tendría un coste adicional, para asegurarles una pensión “decente”, pero su
situación actual es insostenible. Y para el resto de parados mayores, fomentar su
reciclaje y las ayudas para recolocarlos.
La otra reforma laboral pendiente es la de la
jubilación parcial, la que puede solicitar un trabajador (a partir de los 60 años) para cambiar su contrato por uno a tiempo parcial
(con una reducción de jornada del 25 al 50%, e incluso del 75% si al que le
releva le hacen un contrato indefinido a tiempo completo ), ligado o no a la contratación de un joven
(contrato de relevo), con lo que la
empresa le paga un sueldo (menor) y la Seguridad Social una pensión
complementaria. Esta jubilación parcial ha
perdido “fuelle” en España, pues subió de 23.804
jubilaciones parciales en 2014 a 35.363
en 2018 (el 10,77% de todas las jubilaciones), para bajar después a 25.131 jubilaciones parciales en 2022 (el
7,66% del total) y 18.519 este año 2023 hasta septiembre (7,7%).
Sindicatos y patronal están de acuerdo
en promover la jubilación parcial (lo
incluyeron en el 5º
Acuerdo para la Negociación Colectiva, firmado en mayo de 2023), dado el
creciente envejecimiento
de las plantillas (4,4 millones de trabajadores actuales tienen más de 55
años, 1 de cada 5 ocupados, y casi 2 millones de ellos tienen más de 60 años) y
el
abultado paro juvenil (856.400 jóvenes menores de 30 años
están sin trabajo, el 30% de todos los parados). Habría que buscar una vía para
que los más mayores fueran dejando su puesto (y enseñando) a los más jóvenes,
sin perder ingresos. El Gobierno
Sánchez se comprometió con sindicatos y patronal a reformar
la jubilación parcial antes del 30 de junio de 2023, pero luego se convocaron elecciones y no se pudo hacer. El
tema polémico es que, con el sistema actual, las empresas cotizan lo mismo
por el trabajador mayor que reduce su jornada y se jubila parcialmente, lo que desincentiva
que empresas (y el sector público, que apenas lo utiliza) lo hagan.
En resumen, que los españoles ya no se jubilan anticipadamente
como antes, porque las distintas reformas de las pensiones se lo han
puesto más difícil, lo que es bueno para las cuentas de la Seguridad Social.
Pero los que pueden seguir trabajado después de los 65 (o de los 67), ahora
tienen incentivos para hacerlo y mejorar así las cuentas de las pensiones. Eso
sí, tenemos 2 problemas que afrontar: qué hacemos con los parados mayores que todavía no pueden
jubilarse y cómo ayudamos a las empresas
para que rejuvenezcan sus plantillas,
en ayuda de los jóvenes. Dos retos
claves para el próximo Gobierno
Sánchez.
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