El juego online sigue creciendo imparable: en
junio se jugaron casi 4 millones de euros por hora. La “gasolina”
de este negocio está en el gasto en publicidad y marketing que hacen las
empresas del juego, gasto que se disparó en junio (+53% anual),
gracias a que el Tribunal Supremo ha anulado parte de las restricciones
que el Gobierno había aprobado en 2021 contra la publicidad del juego.
Esta “victoria legal”, fruto de una “chapuza jurídica” (los
recortes a la publicidad se hicieron por Decreto y no por Ley), está animando a
las empresas a gastar más en publicidad y en bonos para atraer a
clientes, en beneficio de Google, televisiones, radios y Webs, que están
“encantados” con los mayores ingresos. Consecuencia: crece la adicción al juego online,
sobre todo entre los jóvenes, incluso menores (lo llaman “la droga
digital”). Y crea serios problemas médicos, mientras faltan medios para
afrontar la ludopatía. Urge frenar por Ley la publicidad del juego
y proteger a los jóvenes. 
El sector del juego online, que mueve
el 10% de todo lo que se juega en España (Lotería, casinos, bingos,
salones, máquinas…) facturó en 2023 otra cifra récord, 1.270
millones de euros de facturación neta
(lo jugado menos los premios), 5,5 veces más de su facturación neta en 2013
(229 millones). Se trata de un gran negocio para ellos, porque el
80,14% de los jugadores online pierden (un 8% más que en 2016), un
0,93% se quedan igual y sólo el 18,9% de los jugadores ganan, según la
DGOJ. El sector del juego online está integrado por 78 operadores con
licencia (ver
listado), un mercado controlado por las multinacionales (británicas y de la
UE) y pocas empresas españolas, radicadas muchas en paraísos fiscales.
El juego online ha disparado las cifras jugadas y su
facturación de la mano de un salto en los jugadores: en 2023 había 3
millones de cuentas abiertas para jugar online en las distintas plataformas,
con 1.637.819
jugadores activos, un 20% más que antes de la pandemia
(1.366.422 en 2019). La mitad de jugadores juega a un solo juego, pero la
otra mitad comparte juegos y apuesta en varias plataformas. El gasto medio
de estos jugadores activos es de 736 euros (61,32 euros al mes), que se juegan sobre
todo en casinos online (19.591 millones, el 61,4% del total jugado,
sobre todo en máquinas online, ruleta y black jack) y en apuestas (9.486
millones jugados, el 29,73% del total, más en apuestas deportivas en
directo, en apuestas convencionales, hípicas y cruzadas), además de las
apuestas en póquer (2.730 millones), bingo online (96,40
millones) y concursos (737.000 euros).
La “gasolina” de este negocio del juego online son
los gastos en publicidad y marketing de las distintas plataformas. En
2023, el sector gastó en marketing y promoción 402,77
millones de euros, un +7,5% sobre 2022
(374,5 millones) y casi cuatro veces el gasto de promoción de 2013 (111,5
millones). En 2021, el Gobierno Sánchez restringió la publicidad del
juego online, al entrar en vigor (en mayo y en agosto) un Decreto
(958/2020) que prohibía la publicidad en radio, TV (salvo de 1 a 5),
Webs, plataformas de vídeos y redes sociales, limitando la captación de
clientes y prohibiendo el patrocinio en equipos deportivos así como la
publicidad del juego de personajes famosos. A raíz del Decreto, las empresas
del juego redujeron el gasto en publicidad directa (147,94
millones en 2023 frente al máximo de 201,73 millones en 2020) y patrocinio
(4,3 millones frente a 26,2) pero gastaron más en bonos para atraer a
los nuevos jugadores (199,89 millones en 2023) y en bonificaciones a los
“afiliados” (50,02 millones), los “ganchos” que utilizan para que los
nuevos jugadores “prueben” a jugar sin dinero. Y además, recurrieron el
Decreto a los Tribunales.
El pasado 2 de abril, el Tribunal
Supremo emitió una sentencia que elimina las principales restricciones
a la publicidad incluidas en el Decreto de
noviembre de 2020, argumentando que “carecen de la necesaria cobertura
legal” (esas limitaciones no podían hacerse por Decreto, necesitaban aprobarse
por Ley). Y además, la sentencia considera que “no es posible limitar toda
la publicidad con alcance general a todo un medio ante la eventualidad (sic)
de que pueda ser utilizado por menores”. En consecuencia, el
Supremo ha anulado la prohibición de que los famosos puedan hacer
publicidad del juego, permite los anuncios en Webs (lo que supone ahora un “alivio”
para muchos medios online, que no criticaban el juego porque les aportaba
muchos ingresos publicitarios), Google y buscadores, plataformas de vídeos o
redes sociales. Y permite ahora todas las actividades de captación de clientes
que hacían las empresas del juego (bonos, recompensas, promociones, links, etc.).
Sólo sigue prohibido el patrocinio deportivo y la publicidad del juego en TV
(salvo de 1 a 5 de la madrugada).
Gracias a este “balón de oxígeno” del Tribunal Supremo, las empresas
del juego han
vuelto a disparar su publicidad y marketing, “la gasolina del juego”. Y
así, en junio de 2024, su gasto en publicidad ha batido todos los
récords: 16,36 millones de euros, un aumento del +53% sobre junio 2023 (10,68 millones). Y
también se ha disparado el gasto en “bonos” para atraer a nuevos
clientes (22,5 millones, +41,6% anual), mientras se mantiene estable el gasto
en afiliados (3,85 millones) y se duplica el mínimo gasto en patrocinio (0,35
millones). En total, el gasto en marketing ha sido de 40,06 millones en
junio 2024, +30,9% sobre junio 2023. Y supuso un gasto de 120,19
millones en el 2º trimestre,+22,4% que un año antes.
Este impulso
al gasto en publicidad del juego,
tras la sentencia de abril del Tribunal Supremo, explica en gran parte el récord
histórico del juego online en junio 2024: 2.819 millones de
euros jugados, +18% que un año antes. Es algo que ha probado un
reciente estudio de la Universidad de Oviedo: el gasto en
publicidad y marketing incrementa el juego online. Analizando los datos oficiales
de publicidad y juego desde 2013, esta investigación universitaria concluye que
el gasto en marketing aumenta las cuentas que se crean, las cuentas activas, el
dinero que se deposita en ellas y las cantidades jugadas. El
estudio revela dos datos claves. Uno, que el gasto en promociones
(bonos para atraer jugadores y dinero a los afiliados) y en patrocinios es
más eficaz que el gasto directo en publicidad. Y el otro, que este tipo de
marketing de promociones es especialmente eficaz cuando se dirige a
poblaciones vulnerables, como jóvenes y jugadores más activos.
Así que nos encontramos con un problema, el auge
imparable del juego online, que no se ha frenado por la “chapuza jurídica”
del Gobierno Sánchez (el ministro Alberto Garzón), que aprobó un
Decreto-Ley y Reglamentos en lugar de
aprobar una Ley, que habría sido más efectiva (según el Supremo). Ahora, el
Gobierno dice que prepara una Ley
para limitar de verdad la publicidad del juego, pero no acaba de
aprobar nada, quizás por su dificultad política para sacar adelante
Leyes. Y mientras, las empresas y multinacionales del juego lo aprovechan
para gastar mucho más en marketing y publicidad. Y para avanzar en nuevos
caminos. Por un lado, en agosto se firmó un acuerdo
entre el grupo de juego Luckia y LaLiga para “distintas acciones destinadas
a la difusión y promoción de competiciones”. Y por otro, las empresas
del juego ya utilizan la Inteligencia Artificial para analizar mejor
datos y comportamientos y diseñar campañas de marketing más eficaces.
Y mientras, la sociedad tiene un grave problema: la
adicción al juego online avanza imparable, como el juego.
Esta política de bonos y afiliación, más la facilidad que supone jugar
online (las 24 horas del día desde cualquier dispositivo, sin testigos) explican
el
gran salto en jugadores y cantidades jugadas.
Pero lo más preocupante es que el juego online crece sobre todo entre los
jóvenes. En 2023, 2 de cada 3 jugadores online (el 65,5%) tenían
menos de 35 años: 1.072.732 jugadores de los 1.637.831 españoles que
jugaron en 2023, según el Informe
de la Dirección General del Juego (DGOJ). Eso significa que hay 172.000
jóvenes más jugando online que en 2019, (+20%). Pero lo más llamativo es
que quienes más se han “enganchado al juego online son los más
jóvenes: 534.335 jóvenes de 18 a 25 años (1
de cada 7 jóvenes con esa edad) jugaron
online en 2023, un +41% que en 2019 (378.798 jugadores
de 18 a 25 años), según la DGOJ.
Así que el juego online “engancha” a los jóvenes, pero sobre todo a los menores
de 25 años, los más vulnerables, que gastan lo poco que tienen (o se lo quitan
a su familia) para jugar online.
Ya en 2021, la
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) alertó de que “el juego
online se ha convertido en la principal causa de ludopatía entre los menores de
26 años”, aportando el testimonio de médicos y profesionales, que llevan
años advirtiendo del aumento de la ludopatía entre los menores y de que
cada vez hay chavales más jóvenes enganchados al juego : algunos hablan ya de “la
heroína online”. En octubre
de 2023, un
informe de prevalencia elaborado por la Dirección General del Juego (DGOJ) ponía
cifras al grave problema de la ludopatía en los jóvenes que juegan online: el
12,5% tienen algún problema de adicción. Eso suponía 176.837 jóvenes
de 18 a 25 años con problemas por el juego online. Un porcentaje que sube
entre los que juegan a la ruleta online (23,3% jugadores tienen problemas),
o al póquer online (20% con problemas).
Además, el problema del juego de los jóvenes no es
sólo el juego online, porque también hay jóvenes “enganchados” al juego en
los salones, los locales de apuestas deportivas y las máquinas
de juego de los bares, según
las estadísticas de CEJUEGO.
Hasta aquí el alcance del juego online y presencial de
los jóvenes. Pero no podemos olvidar el juego de los menores
de 18 años, que juegan aunque lo tienen prohibido, gracias a que falsifican
su edad o utilizan una tarjeta ajena al jugar online: se
ha detectado que más del 40% de los chavales entre 15 y 17 años juegan
online, aunque la Ley lo prohíbe. Y además, 1 de cada 3 adolescentes
que juegan entre 1 y 3 veces al mes tienen ya problemas de adicción (un 0,7% de
adolescentes tienen trastornos que hay que tratar), que se agravan cuando
cumplen 18 años y pueden jugar ya legalmente. Los expertos creen que lo más
peligroso para los adolescentes son las tragaperras online, donde
se ha detectado que el 93% de los adolescentes que juegan están “enganchados”.
La vía de entrada más fácil y peligrosa para
el juego online de los adolescentes son los videojuegos,
donde se ha detectado que el 24% de los jugadores menores (de 15 a 17 años) utilizan
las “cajas botín” para obtener recompensas en el juego
a cambio de dinero. En 2021, 3 de cada 10 jóvenes gastaron dinero
dentro de los videojuegos para mejorar su posición, personaje, accesorios o
imagen, al margen de la compra inicial. Es una entrada al juego de los
adolescentes por la puerta de atrás de los videojuegos, lo que preocupa
a los expertos. Por eso, en enero de 2023, el
Parlamento europeo aprobó una Resolución
que insta a Bruselas a legislar sobre las “cajas botín” en Europa, después de
que EE. UU. haya sancionado a Fortnite por “usar patrones oscuros para fomentar
compras no deseadas, sobre todo en menores y adolescentes”. El Gobierno
Sánchez aprobó
en julio de 2022 un anteproyecto de Ley para regular las “cajas botín” en
los videojuegos, pero quedó fuera por el final de la Legislatura. Y aún
no se ha vuelto a aprobar ni a mandar al Congreso.
En resumen, tenemos unas empresas del juego que “van
a por todas” y un
Gobierno que no aprueba una Ley eficaz
para limitar la publicidad del juego ni
medidas para frenar el juego en jóvenes y menores. Y mientras, el juego
online batirá en 2024 otro récord histórico, dejando una secuela de adolescentes
y jóvenes con problemas serios de juego, como denuncian las ONGs y los
médicos, preocupados porque el juego patológico se ha convertido en la
3ª enfermedad mental que más suicidios provoca, tras el
trastorno bipolar y la depresión. Y con el problema añadido de que la
sanidad pública carece de medios para tratar la ludopatía, desde los
médicos de familia a los especialistas y hospitales, con sólo 3 Unidades
especializadas en grandes hospitales para tratar las adicciones del
juego.
Los expertos y las ONGs que atienden a ludópatas (cada vez
más jóvenes) insisten en que hay
que tomar medidas más eficaces para frenar esta pandemia del
juego, sobre todo online. Por un lado, habría que lanzar Campañas de
concienciación sobre el juego (como se hace con el tráfico, el tabaco,
el alcohol o las drogas), incluyéndolo en la formación de Colegios,
Institutos y Universidades. Y por otro, habría que reforzar la sanidad
pública, con especialistas y unidades especializadas conta la ludopatía,
aumentando también las ayudas a las ONGs que atienden a los ludópatas. Todo
ello podría financiarse con una pequeña parte de los impuestos pagados por el
juego: casi
1.500 millones ingresados en 2023 (sólo 159
millones del juego online), que reciben casi en su totalidad las autonomías.
Conclusión: tenemos
un grave problema con el juego online en España,
especialmente entre los jóvenes y menores, que utilizan el juego en solitario
(o en los locales del barrio) para evadirse de sus múltiples problemas y “tentar
a la suerte”, perdiendo casi siempre y enganchándose muchas veces, generando
problemas sociales y mentales que afectan gravemente a sus familias, sin
recibir apoyo sanitario ni ayudas, salvo de las ONGs. Hay que tomárselo en
serio, como la droga o el alcohol, y frenar esta” epidemia del juego”.
El grave problema de la vivienda, con precios y
alquileres disparados, preocupa a muchos españoles, sobre todo jóvenes y familias
vulnerables, que destinan más del 40% de ingresos (los jóvenes el 92%) a
pagar un alquiler. Si lo encuentran, porque hay un 33% menos que en
2009, consecuencia de cambios legales y topes que han llevado a muchos
propietarios a cambiar su piso en alquiler a uno de temporada o turístico. O a
venderlo. La Ley de Vivienda (mayo 2023) es un fracaso y ha reducido los
alquileres. Mientras, se terminan 89.000 viviendas al año (frente a 424.000 en
2009), cuando se crean 275.000 nuevas familias. Tenemos pocos alquileres y
carísimos porque apenas hay viviendas disponibles: faltan 600.000 hasta 2025
y el doble para 2030. La única solución es que Gobierno, Ayuntamientos,
autonomías, promotores y bancos pacten un Plan de Vivienda, conseguir
suelo y financiación para construir 200.000 viviendas al año, la mayoría para
alquiler. Y ayudar (no amenazar) a los propietarios para que
alquilen. Menos Leyes demagógicas y más medidas eficaces. 
El problema es que la subida de alquileres de este año se
suma a las
subidas del alquiler desde 2014. En 2023, los alquileres subieron
un +10,1%, más que el +8,4% en 2022 y el 4,6% en 2020 (en 2021, con la pandemia.
bajaron un -3,6%). Y antes, entre 2014 y 2019, los alquileres subieron en
España un +50%, según Idealista. Así que en la última década
(2014-2023), los alquileres
han subido un +69,5%, el triple que la inflación general (+21,3%, según
el INE) y cuatro veces más que los salarios (+17,6% han subido los
convenios). Y si sumamos la subida de este año, los alquileres suben casi
un 80% desde 2014…
¿Por qué suben tanto los alquileres? Básicamente,
porque hay pocas viviendas disponibles y una demanda creciente. Por un
lado, apenas se construye vivienda nueva: en 2023 se terminaron 89.119
viviendas, casi las mismas que en 2022 (89.545), tras una década
en la que se construyeron incluso muchas menos (60.000 en 2013, 44.630 en 2016,
78.810 en 2018). Es una cifra ridícula si la comparamos con las 424.459
viviendas terminadas en 2009 o las 650.000 terminadas
en 2006 y 2007. Además, apenas se hacen viviendas protegidas (8.646
VPO en 2023) y la nueva construcción se concentra en la costa mediterránea y
las islas (el 37,2% de las viviendas terminadas) y en el resto de España
(39,1%), más que en Madrid y Barcelona (27,7%).
Apenas se hacen viviendas nuevas mientras cada año crecen
las nuevas familias y los jóvenes que buscan un alquiler, más los últimos
años, cuando la subida de tipos e hipotecas hacen que muchos españoles no
piensen en comprar casa, máxime cuando los precios de compra de los
pisos de han disparado también (+7,8% este año y +39,8% entre 2014 y 2023). El Banco
de España estima que cada año hay 275.000 nuevas familias que buscan
techo, además de 60.000 nuevos inmigrantes. El dato es muy llamativo:
el número
de hogares creció en 1.491.700 entre 2011 y 2023, mientras se
construyeron 762.843 viviendas…
Está claro: la demanda de alquileres se ha
disparado y mientras, apenas se construye. Y tampoco se alquilan muchas de
los 4
millones de viviendas que están vacías. Unas, la mayoría, porque son segundas
residencias o están en mal estado, necesitan rehabilitación. Y, sobre
todo, porque hay pocas viviendas vacías en las grandes ciudades donde
hay más demanda de alquileres: el
Banco de España estima que sólo hay 400.000 viviendas vacías
(el 10% del total) en ciudades de más de 250.000 habitantes.
Esta falta de oferta se ha agravado en los últimos
años, porque los propietarios se han retraído a alquilar, a la
vista de los cambios normativos aprobados por el Gobierno Sánchez. En marzo de
2019 se cambió la Ley de Arrendamientos (LAU), con un Decreto
que limitaba las subidas al IPC y ampliaba los plazos
de alquiler: de 3 a 5 años si el propietario era particular
y hasta 7 años si era empresa. Eso retrajo a muchos propietarios, que reaccionaron
con subidas extras de los alquileres (para “cubrirse”) y retrasando su alquiler
o vendiendo. En febrero de 2022, el Gobierno
aprobó la Ley de Vivienda, que establecía “topes” de
subida a los alquileres en las zonas tensionadas, lo que redujo más la oferta
de alquileres, “asustando a los propietarios”. En mayo de 2023, la Ley entró
en vigor y la
mayoría de expertos coinciden: ha reducido drásticamente la oferta de
alquileres, disparando más los precios.
Los datos vuelven a ser elocuentes. Entre 2019 y 2024, la
oferta de alquileres en España ha caído un -33%, según un reciente
estudio del portal Idealista. Pero en Barcelona (donde la
Generalitat aprobó un control de alquileres ya en 2020), la oferta de
alquileres se ha reducido un 75% desde 2019 a hoy: han
desaparecido del mercado 3 de cada 4 viviendas en alquiler. También ha
caído drásticamente la oferta de alquileres en Oviedo (-55%), San
Sebastián (-55%), Las Palmas (51%), Madrid (-46%), Palma
(-46%), Girona (-45%), Bilbao (-44%), Zamora (-42%), Toledo
(-42%) y Burgos (-40%). Y se ha reducido también la oferta de alquileres
en Málaga y Valencia (-33%), Sevilla y Alicante (-42%).
¿Cómo se ha producido este drástico recorte de la oferta
de alquileres? Por
3 vías: se han “desviado” los alquileres tradicionales a alquileres
de temporada, a alquileres turísticos o a la venta. El primer camino,
el más utilizado, ha sido “desviar” alquileres permanentes a
alquileres de temporada: son por menos de un año, a estudiantes,
trabajadores desplazados (profesores, médicos, camareros, temporeros) o por
vacaciones. No se rigen por la nueva Ley de Vivienda (ni por la normativa de apartamentos
turísticos) y las condiciones se pactan libremente. Estos alquileres han
crecido un +182% entre 2019 y 2024 (+220% en Barcelona) y suponen ya
el 14% de todo el mercado del alquiler, aunque hay ciudades donde
superan la tercera parte del total (y creciendo). El Gobierno intentó
regularlos con un reciente Decreto, pero no consiguió aprobarlo en el Congreso,
por el veto de Junts, junto al PP y Vox.
El 2º camino para desviar alquileres
permanentes es destinarlos
a alquiler turístico. En septiembre había 388.259 pisos
turísticos en las 25 mayores capitales, +55.295 que en junio, según
la patronal turística Exceltur. El problema es más relevante en 48
municipios, con más del 10% de
alquileres turísticos, destacando los centros de Barcelona y Madrid (con más
del 25% de pisos turísticos), Málaga, Sevilla o Palma. El Gobierno promete
regular estos alquileres para el futuro, pero la competencia es autonómica y
municipal y cada ciudad va a su aire, mientras los pisos turísticos aumentan (ver
cuadro), a pesar de las protestas.
El tercer camino para desviar pisos que antes se alquilaban
es venderlos,
aprovechando los altos precios actuales (han subido +47,6%
desde 2014) y la gran demanda, que aumentará con la próxima bajada de tipos
e hipotecas. En los últimos años, Fotocasa
estima que el 12% de los
propietarios que antes alquilaban han vendido, lo que supondría 327.000
alquileres menos desde 2019. La mitad de estos propietarios han desistido de
alquilar, según
Fotocasa, “por malas experiencias” con inquilinos o por temor a la nueva
normativa.
La consecuencia de este triple recorte de la
oferta es clara: hay muchos menos alquileres disponibles y eso sube los
precios y dificulta encontrar un piso para alquilar ("vuelan") Y los que lo consiguen, tienen
que destinar
una mayor parte de sus ingresos al alquiler : ya
suponía el 43% del sueldo medio en 2023, frente al 38% en 2019, según
este estudio de InfoJobs. Pero en las ciudades con los alquileres más
caros, representa mucho más: en Barcelona, el alquiler se lleva el
65% del sueldo medio, en Palma el 63%, en Madrid el 62%, en San
Sebastián el 60%, en Las Palmas el 53%, en Valencia y Santa Cruz de Tenerife el
50%, en Málaga el 49% y en Girona el 48%.
El esfuerzo para pagar el alquiler es mayor en las familias
más vulnerables (con bajos ingresos) y entre los jóvenes.
Así, el pago del alquiler se lleva más del 40% del Salario Mínimo (SMI) en toda
España, según
este estudio de El País. Y supone la mitad o más del SMI en Barcelona
(70%), Madrid (61%), San Sebastián (57%), Bilbao y Málaga (50% SMI). Esto hace
que el pago del alquiler haya llevado a muchas familias a caer en la
pobreza, según reiteran Cáritas
y la
EAPN. Y provoca que muchas familias vulnerables no puedan pagar ahora su
alquiler y aumenten los desahucios (en los últimos 9 meses): en
el 2º trimestre de 2024 han sido 7.850 desahucios, según
el CGPJ, las tres cuartas partes por alquileres (5.874,
un 40% más que hace un año y 5 veces más que en 2020, en
plena pandemia).
Con todo, los que más sufren los alquileres
disparados y escasos son los jóvenes: ganan de media 1.050,77 euros
netos al mes, los menores de 30 años (según el
último estudio del Consejo de la Juventud ) y para pagar un alquiler
necesitan 968 euros de media, según
este estudio de UGT. Además, tienen que pagar los gastos fijos de la
vivienda (agua, luz, Internet y gastos comunitarios): en total 1.131 euros al mes, 80
euros más de lo que ganan los jóvenes en España. Y luego hay que comer,
pagar transporte, vivir… Imposible. Así que la mayoría no pueden alquilar y siguen
viviendo con sus padres, emancipándose
mucho más tarde que en Europa: a
los 30,4 años de media, frente a los 26,3 años en Europa.
El panorama de la vivienda y los alquileres es desolador,
además de suponer “un cáncer para la economía”, porque muchas empresas
(turismo, hostelería, campo, sanidad, educación, industrias) no encuentran
personal debido a que los trabajadores no encuentran un alquiler accesible en
muchas ciudades y pueblos. Urge dejar de “empecinarse” en la Ley de
Vivienda: la ministra Isabel Rodríguez, en un doble gesto de “impotencia” e “incapacidad”
, ha
apelado a la “solidaridad” de los caseros y ha
amenazado con recortar aportaciones estatales a las autonomías que no aplican “topes”(todas
menos Cataluña). Hay que dejarse de “demagogia” y “populismo” y probar otro camino, el que ha
abierto el presidente Illa, con su Plan
de vivienda para Cataluña.
El Plan
Illa tiene 4 ejes, que va a
proponer a los municipios catalanes, a arquitectos y constructores: crear
un Fondo de suelo, agilizar los trámites de las licencias y el
periodo de construcción de viviendas (bajar las entregas de 100 meses a 50), más
inversión para facilitar la construcción a promotores públicos y privados y
ayudas al alquiler, sobre todo a jóvenes. En total, Illa propone invertir
4.400 millones desde la Generalitat para construir 50.000 pisos públicos
en Cataluña de aquí a 2030 (se
terminaron 2.243 VPO en 2023). Un objetivo ambicioso, que supone hacer
las cosas de otra manera: con suelo, negociación e inversión.
El problema del alquiler no se resuelve imponiendo topes
y una Ley: se
resuelve negociando un Plan con los que tienen las competencias
y la decisión (autonomías, Ayuntamientos, promotores y propietarios),
garantizando además los derechos de los inquilinos. Hay que empezar por el
principio, el suelo, que es clave (supone la mitad o más del coste de
una vivienda). En España hay suelo “urbanizable”,
pero falta suelo
“urbanizado”, listo para construir. Y no se sabe cuánto hay ni
dónde está. Por eso, Gobierno, autonomías y Ayuntamientos deben hacer
un Censo de suelo público. Y agilizar que se puede construir en él. El Gobierno
aprobó en marzo de 2024 una reforma
parcial de la Ley del Suelo, para facilitar a los Ayuntamientos que
pudieran aprobar Planes urbanísticos con defectos menores, que llevan años
paralizados en los Tribunales. Pero tuvo
que retirarla en el Congreso por el veto de Sumar, Junts, ERC y Podemos…
Urge conseguir suelo público y facilitárselo a promotores públicos y privados,
porque hoy el proceso tarda de 7 a 10 años.
Además, hay que relanzar las promociones de nuevas
viviendas, aportando inversión pública suficiente y pactando financiación
privada (con bancos e inversores). Ahora hay poca inversión pública en
vivienda (6.900 millones, un
0,5% del PIB, frente al 1% en Europa) y urge aumentarla, a
nivel estatal, autonómico y municipal. Sobre todo, porque la inversión pública para construir viviendas protegidas es sólo la mitad del gasto total (3.472 millones en 2023): el 70% lo aporta el Gobierno central (ojo: con Fondos europeos) y sólo el 30% lo financian las autonomías. Además, los bancos deben volver a financiar
promociones, favoreciendo la promoción privada (subiendo
módulos) de VPO (se
construyeron 8.646 en 2023, frente a 67.909 en 2009). En paralelo, hay que frenar
los costes de construcción (disparados), mejorar la formación de
trabajadores (las constructoras de quejan de que no encuentran personal
cualificado) y agilizar el proceso de construcción (aumentando su ” industrialización”).
Otro frente de actuación es frenar los alquileres de
temporada y los pisos turísticos, para aumentar la oferta. Y en paralelo, negociar
con los propietarios para facilitarles el alquiler con garantías,
sin
topes y con ayudas a los que voluntariamente contengan precios. Una vía es crear
empresas municipales y autonómicas que hagan de “intermediarias”, como
hace el País Vasco con el “Programa
Bizigune”: los propietarios les ceden las viviendas y cobran seguro el alquiler, mientras
se despreocupan de todo. Además, deberían plantearse ayudas para rehabilitar
más viviendas y fomentar fiscalmente (rebajas IRPF, IBI...) que no estén vacías y se alquilen.
Cara a los inquilinos, hace falta que el Estado (con los
pisos del “banco malo”), las autonomías y Ayuntamientos promuevan más
viviendas protegidas (hoy suponen el
2,5% del parque, frente al 10-30% en Europa), para ofrecer alquileres públicos
subvencionados a las familias que no pueden pagar un alquiler de mercado,
aunque baje. Y urge mejorar las ayudas a los jóvenes para el alquiler,
que ahora
se retrasan y no funcionan (7 de cada 10 solicitantes del bono joven de alquiler no lo consiguen) , fomentando la
construcción pública de residencias
para estudiantes. Y necesitamos un sistema ágil, con viviendas públicas
alternativos, para evitar los desahucios de familias vulnerables.
No hay una medida milagrosa para que bajen los
alquileres. Pero la clave es que haya más viviendas y eso debería
obligar a las distintas Administraciones a pactar un
Plan de choque para la Vivienda, hasta 2030, para construir 200.000
viviendas al año (más del doble que ahora) y que viviendas “desviadas”
hoy vuelvan a alquilarse. Debería ser una prioridad para todos. Eso
exige dejarse de politiqueos y demagogia, “sentarse” en toda España (en
cada autonomía y cada ciudad) y negociar suelo, inversiones, medidas y
ayudas. Urge.
Más de 1,8 millones de universitarios han iniciado
otro curso, un récord histórico de alumnos, sobre todo en Masters y
Grados online. Pero las Universidades públicas están faltas de
recursos (secuela de los recortes desde 2010), incluso con problemas
para pagar nóminas (los 6 Rectores de Madrid han pedido 200 millones
a Ayuso), calefacción y servicios. Los rectores han pedido a las
autonomías, que financian el 65% de las Universidades, que firmen Planes
plurianuales, para asegurarles financiación suficiente y reforzar
plantillas (el 49% docentes son “temporales”) y estudios. Exigen que se cumpla
la nueva Ley de Universidades (LOSU), de 2024, que promete invertir un
1% del PIB en Universidades (frente al 0,76% actual), 3.596 millones más.
El problema es quien lo paga. Porque las autonomías “se
escaquean”, mientras las del PP apoyan nuevas Universidades privadas (13
en Madrid, 4 en Andalucía y 43 en toda España) .Y el Gobierno no
consigue aprobar el Presupuesto 2025, clave para aportar más fondos.
Urge apostar por la Universidad, financieramente asfixiada.
Con este récord histórico de universitarios para
2024-25, España se consolida como uno de los paises de Europa y del mundo
con más universitarios, mayores y jóvenes. En el conjunto de la
población (25 a 64 años), tenemos un 41,4% de universitarios, frente al 40,7% en
la OCDE y el 37,7% en la UE-25 (42,4% en Francia, 33,9% en Alemania y 21,3% en
Italia), según
el último informe educativo de la OCDE (datos 2023). Y si miramos sólo a
los jóvenes (25 a 34 años) el porcentaje de universitarios es aún mayor: 52%
en España, frente al 47,4% en la OCDE (51,85% en USA y más del 57% en
Japón, Irlanda, reino Unido o Noruega) y el 44,2% en la UE-25 (51,8% Francia,
38,5% Alemania o 30,75% Italia).
Este liderazgo universitario de España
contrasta con las quejas
constantes de falta de financiación de los rectores de las
Universidades españolas (CRUE). Según
sus informes, no se han recuperado todavía de los recortes
presupuestarios (-30% de transferencias) hechos a partir de 2009 por el Gobierno (ZP y sobre todo Rajoy) y por
las autonomías. Y aseguran que, descontando la inflación, hoy
reciben entre un 15 y un 20% menos que en 2009, aunque tienen 256.000 universitarios
más. Eso les ha obligado estos años a no cubrir jubilaciones, a hacer
contratos basura a los profesores (el 49% de los docentes universitarios
tienen contratos temporales, frente al 23% los camareros), a no poder
ampliar programas y Master y a tener problemas para pagar la luz o la
calefacción…
Un grave problema económico y financiero para la
Universidad que no se debe solo a los recortes sino a un problema
estructural: España financia menos la Universidad que otros paises. Así,
el gasto total por estudiante universitario en España era de 15.654
dólares en 2021 (último
dato de la OCDE), frente a 20.499 dólares en la OCDE (36.274 en USA y
33.574 en Reino Unido) y 20.027 dólares en la UE-27, un 28% más que
nosotros (27.756 dólares por universitario en Suecia, 23.864 en Paises Bajos, 21.963
en Alemania, 20.458 en Francia y 13.717 en Italia), homogeneizando en todos
la inflación. Eso se traduce en que Europa destina un 1% de su PIB a
financiar sus Universidades, mientras España destina el 0,76%.
Pero no sólo financiamos menos la Universidad. También lo
hacemos de forma diferente, con menos peso de la inversión
pública y más aportación de los estudiantes y sus familias (tasas y
matrículas). Así, el gasto público en Universidades supone en España el
67% del gasto universitario, frente al 68% en la OCDE y el 76% en la UE-25 (84%
en Alemania, 79% en Francia o 60% en Italia). Y el 28,8% del gasto universitario
es privado, frente al 19,2% en la OCDE y el 13% en Europa. Y la
mayoría de esta aportación privada, un 19% de la financiación total, la
aportan los alumnos y sus familias (pagando matrículas y tasas).
Otro problema de España es que hay una gran desigualdad
en la financiación universitaria por autonomías (que tienen la competencia
y aportan, de media, el 65% de la financiación total). Así, hay una serie de autonomías
que transfieren a sus Universidades menos que la media (7.378 euros/universitario
en 2021-22) : Madrid (6.005 euros por universitario, -19,6%), Murcia
(6.712), Cataluña (6.756), Baleares (6.907) y Extremadura
(6.959 euros), según
el Informe CYD 2023. Y entre las autonomías que mejor financian sus
Universidades destacan La Rioja (10.068 euros/universitario), País
Vasco (9.995), Cantabria (9.775) y Navarra (9.625 euros). En
contrapartida, las que menos aportan son las autonomías donde los alumnos
pagan más tasas y matrículas: Madrid (2.009 euros/alumno), Cataluña
(1.970), Navarra (1.740) y Comunidad Valenciana (1.713 euros). Y mientras, hay
otras donde pagan en tasas y matriculas poco más de 1.000 euros (la
mitad que Madrid): Canarias (1.049), Galicia (1.059), Andalucía (1.150),
Baleares (1.157) y Asturias (1,190 euros/alumno).
A la vista de este panorama (más alumnos y
cursos y escasa financiación), la mayoría de las universidades públicas
tienen serios apuros económicos, otro Curso más. La situación
financiera más penosa se da en las 6 Universidades públicas de Madrid,
la autonomía que menos financia a sus universitarios (y la más cara). Los Rectores
acaban de lanzar un SOS:
necesitan 200 millones extras para seguir funcionando, para pagar sus
nóminas. Y piden al Gobierno regional que pague a sus profesores como
hace con el personal sanitario público y docentes de Colegios e institutos
públicos. Argumentan que las transferencias de la Comunidad son menores que las del resto (suponen un
0,4% del PIB regional, frente al 0,55% de media) y los gastos crecen cada año. Y
no saben todavía lo que les aportarán en 2025, porque no hay Presupuesto. Además,
temen que la presidenta Ayuso retrase concretar su aportación hasta que no
apruebe la Ley
de Universidades regional, con la que están enfrentados los
Rectores madrileños, porque creen que ”invade
su autonomía”.
Si la situación financiera de la mayoría de
Universidades es precaria, lo será más este Curso y los siguientes,
porque entra en vigor la nueva
Ley de Universidades, la LOSE, la 4ª de la democracia (BOE 22 marzo 2024).
Su objetivo es reorganizar las Universidades, mejorando y
estabilizando las plantillas docentes, mejorar los programas e
internacionalizarlas. Objetivos que supondrán una mejora de la calidad y la
formación universitaria pero tendrán más coste. Sólo el tema de regularizar
plantillas (el 49% de los docentes son temporales), cubrir vacantes y
jubilaciones les supondrá a las Universidades un
coste extra de 843 millones de euros, según los Rectores (CRUE). Y
luego están los costes extras de las mejoras docentes y los programas de investigación
e internacionalización. Los rectores insisten en que, hoy, no
saben quien lo va a pagar ni cuándo. Y temen que su situación vaya a peor.
La propia LOSU establece, en su artículo 55, que “las
Administraciones públicas dotarán a las Universidades de los recursos necesarios,
de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio”, pero
no concreta ni quién ni cuándo. Sí concreta el cuánto: “dedicar
como mínimo el 1% del PIB en gasto
público en educación universitaria pública para todo el Estado”. Como ahora ese
gasto es del 0,76% del PIB, subirlo al 1% supone gastar 3.596 millones
adicionales (con el nuevo PIB de 2023). Pero sigue
sin concretarse quien lo paga, aunque el Gobierno ha propuesto que
cada Universidad firme un Acuerdo Plurianual con su Gobierno
regional y que el Presupuesto del Estado lo complete.
Pero de momento, casi ninguna autonomía (salvo
Andalucía) ha firmado ningún acuerdo de financiación a medio plazo con
sus Universidades, que insisten en saber cuanto antes el dinero con que pueden
contar para planificar su gestión, desde la política de personal (que se lleva
dos tercios del gasto) a los nuevos programas. Y, en paralelo, el Gobierno Sánchez
no
consigue aprobar los Presupuestos 2025, con lo que va a tener difícil
aportar más recursos. De momento, ha aprobado 1.300 millones para becas
universitarias en 2024-25 (que benefician a medio millón de
universitarios), pero queda
reformar el sistema de becas, porque los umbrales son demasiado altos para
muchas familias (con la inflación) y la dotación es insuficiente (con el aumento de costes
del alquiler). Otra medida que sí está en marcha es el
programa María Goiri, por el que el Estado y las autonomías van
a financiar 5.600 plazas de profesores y ayudantes doctores en las
Universidades públicas españolas.
Pero la mayor parte de la nueva financiación de las
Universidades, obligada por la LOSU, “sigue en el aire”,
aunque el Curso 2024-25 lleve un mes en marcha. El problema concreto es que la
mayor parte de la financiación pública (el 82%) la aportan las autonomías y las
11 gobernadas
por el PP no están de acuerdo con la
LOSU y no quieren financiarla ni poner más recursos para las
Universidades públicas. Y varias autonomías del PP se están dedicando a
promover y autorizar Universidades privadas.
El caso más llamativo es Madrid:
tiene 6 Universidades públicas y 13 Universidades privadas, con
la intención de aprobar este otoño la Universidad privada nº 14 (la
Universidad Abierta de Europa, virtual), a pesar del voto negativo de 10
miembros (7 del PP) en la última Conferencia de Política Universitaria estatal.
Y hay otras 4 Universidades privadas que esperan su turno… (serían 18).
En
Andalucía, se acaba de aprobar el desembarco de la 4ª Universidad
privada en los últimos 10 meses (a las que habría que sumar una 5ª, la
entrada de la Universidad de Comillas). Canarias tiene otras 4, Castilla
y León 5, País Vasco 3, Aragón 2 y Cataluña sigue con 7,
mientras tienen 1 Universidad privada las restantes (salvo Asturias,
Baleares, Extremadura y Castilla la Mancha, donde no se ha autorizado ninguna
privada). En total, 43
Universidades privadas, frente a las 17 en 1977, mientras se mantienen
(desde 1.998) las 50 Universidades
Públicas.
El exministro Castell aprobó en 2021 un Decreto
para garantizar la calidad de las nuevas Universidades que se aprobaran, para
evitar la proliferación de Universidades privadas poco profesionales, sobre
todo virtuales, sin medios ni programas ni profesorado. Pero las nuevas
Universidades han sabido adaptarse y conseguir aprobar nuevos proyectos, que la
mayoría de los Rectores critican duramente, considerándolas de baja calidad.
Por eso, el Gobierno estudia
ahora cambiar el Decreto, para frenar la proliferación de
Universidades privadas “low cost”. Pero el PP y sus Gobiernos las apoyan,
como al resto de enseñanza concertada y privada. Y, además, muchos están bajando
impuestos y reduciendo recaudación, con lo que no están a favor de
aumentar mucho su financiación a las Universidades públicas.
Pero la Universidad española, básicamente la pública,
tiene un problema estructural: va a tener cada año más alumnos,
al menos hasta 2041 (cuando accedan una parte de los nacidos en 2023, 322.075
niños, 160.000 menos que los nacidos en 2006 y que ingresan
ahora) y van a tener más gastos, para renovar profesores, programas y poder
competir por alumnos en Europa y el mundo. Y sólo hay dos opciones: o
los alumnos de las universidades públicas pagan más (ya pagan más que en
la mayoría de Europa) o reciben más financiación pública, del Estado
central y las autonomías, lo que exige recaudar más (no menos) y destinar más
recursos a formar mejor a nuestros universitarios. También ayudaría que empresas y bancos financiaran más la Universidad pública, como en muchos
paises. Lo que no podemos es dejar que las Universidades sigan en
pérdidas.
Aumentar la financiación a las Universidades públicas es un requisito básico para mejorarla y que no
quiebre a medio plazo, en beneficio de las Universidades privadas (carísimas).
Pero no es suficiente. Las Universidades (todas) han
de afrontar una profunda reforma, para conseguir que los 200.000
licenciados que producen cada año tengan futuro. Porque actualmente, tienen
más trabajo y menos paro que los jóvenes que no son universitarios, pero
todavía están mucho peor que los universitarios europeos. Por un lado,
sólo el 83% de los universitarios españoles de 25 a 24 años está
trabajando, frente al 87% en la OCDE y en la UE-25, el 88% en Francia, el
89% en Alemania, el 91% en Reino Unido y el 92% en Paises Bajos, según
la OCDE. Y los universitarios españoles (25 a 34 años) tienen un
9% de paro, frente al 5% en la UE-25 y el 3% en Alemania.
Corregir este “drama”, que la Universidad
siga siendo “una
fábrica de parados”, exige no sólo tener más financiación sino
hacer un cambio estructural, con múltiples medidas:
derivar más alumnos a carreras técnicas y con más empleabilidad, modificar los
planes de estudio con la colaboración de empresas e instituciones, reducir la
endogamia y aumentar la presencia de profesores que trabajan en empresas e
instituciones, mejorar la formación práctica y los periodos de formación en
empresas y en el extranjero, flexibilizar las pasarelas de acceso e intercambio
a la FP de Grado Superior y realizar auditorías externas, sobre la
enseñanza, el gasto y la gestión, para que los recursos públicos y los años de
enseñanza sean más eficaces. Parte de estas medidas se incluyen en la LOSU,
pero el resto deben ser fruto de una
mayor implicación de la Universidad con la economía y la sociedad.
Podemos estar orgulloso de ser líderes en universitarios, pero también lo somos
en parados. Hay que analizar propuestas, conseguir recursos y agilizar
los cambios. Pactar entre todos otra Universidad.
Ya casi nadie se fija en el recibo de la luz, que tantos
“sustos” nos dio en 2021 y 2022. En 2023 moderó su subida y así
sigue en 2024, a pesar del final de “la excepción ibérica”, la subida
del IVA y los conflictos geopolíticos. Y España sigue con la luz más barata
de Europa. La causa de estos precios “más controlados” está en las
energías renovables (sol, aire y agua), que producen una electricidad
más barata y limpia: llevan 12 meses consecutivos generando más del
50% de la electricidad. Y el objetivo es que generen el 81% de la
luz en 2030. Es bueno, pero obliga a estar más pendientes del clima:
más o menos aire, sol y lluvia explican los vaivenes del precio
de la luz. En paralelo, se agrava la “guerra de precios” y las ofertas
de las eléctricas para que contratemos la luz “en el mercado libre”, con tarifas
planas (y “letra pequeña”) que ya tienen el 71,8% de consumidores.
Enrique Ortega
El recibo de la luz sigue sin
darnos sustos en 2024. Ya en 2023 volvimos “casi a la normalidad” en
las tarifas, tras los “sustos” sufridos en 2021 y 2022, por la crisis de
la energía y la invasión de Ucrania. Así, el coste de la luz en el mercado
mayorista (donde venden y compran la luz diariamente las compañías
productoras y distribuidoras) cerró
2023 con un precio medio de 87,43 euros/MWh, menos de la
mitad del precio medio de 2022 (209,69 euros/MWh) y por debajo del
precio medio de 2021 (111,39 euros/MWh), aunque todavía duplicaba el
precio medio de los 5 años anteriores (46,15 euros/MWh). Y ahora, en lo que
llevamos de 2024 (enero-septiembre), el precio medio del mercado mayorista ha
sido menor al de
2023, 45,5 euros/MWh, a pesar de ser mayor en verano (desde
56 euros en junio a 91,05 en agosto y 72,62 en septiembre), por las olas de
calor y el turismo.
Con un precio de la luz en origen más moderado, los
consumidores hemos pagado precios contenidos, tanto en el mercado
regulado (8,6
millones de clientes, cuya tarifa se rige por el precio mayorista diario
según las horas de consumo) como en el mercado “libre” (21,8
millones de clientes) , donde las tarifas (“planas”) se suelen fijar por un
año o más (y se revisan después, con la evolución del mercado). Ya en 2023,
el recibo medio de la luz (para un hogar que tenga contratada 4,6 kW de potencia
y 292 kwh de consumo mensual) fue de 60,26 euros al mes (723 euros al
año), una rebaja importante (-42,8%) sobre el recibo medio pagado
en 2022 (105,48 euros al mes) y en 2021 (79,11 euros al mes de
media), según los
precios que publica la OCU. Y este año 2024, revelan que estamos pagando un recibo algo más bajo: 58 euros de
media (enero a septiembre), con recibos inferiores a 55 euros en abril, mayo y
junio y por encima de los 60 euros en enero, julio y agosto.
Así que este año 2024, el precio de la luz es más bajo
incluso que en 2023, tanto en el mercado mayorista de origen como en el
recibo final al consumidor. Y eso que hemos contado con dos factores en
contra. Uno, que desde el 1 de enero de 2024 ya
no tenemos la ayuda de “la excepción ibérica”, esa medida
concedida por Bruselas a España y Portugal para poner un tope al precio del gas
utilizado para producir electricidad, para que no disparara el precio del
mercado de origen. La medida entró en vigor el 15 de junio de 2022 y fue clave
para rebajar la tarifa eléctrica en 2022 (el peor año) y en 2023 (aunque no se
aplicaba desde febrero de 2023, porque el gas estaba por debajo del tope,
entonces 65 euros/MWh). De hecho, “la excepción ibérica” (el “timo ibérico” para el PP)
permitió a España un
ahorro de 5.106 millones de euros en los recibos (4.000 millones en
2022 y 1.100 millones en 2023).
El otro factor que no ha ayudado a bajar el recibo han sido los 3
impuestos a la electricidad, que han
subido en 2024. En enero, con los precios en origen más bajos, el
Gobierno Sánchez decidió subir el IVA (tras bajarlo del 21 al 10% en
2021 y al 5% en junio de 2022): lo subió al 10%, siempre que el precio
mayorista (en origen) estuviese por encima de los 45 euros/MWH. Pero en febrero
bajó a 40euros y con ello, el IVA subió al
21% hasta mayo. En junio, el precio mayorista se colocó en 56 euros/MWH y
el IVA volvió al 10%, que ha estado vigente hasta septiembre. Además de
un IVA más alto que en 2023, hemos pagado una subida del impuesto especial a
la electricidad (del 0,5% al 2,5% en el primer trimestre, el 2,8% en el 2º
y el 5,11% desde julio) y del impuesto a la generación de electricidad,
que pagan las eléctricas pero “nos lo repercuten” a los clientes (se
suprimió en 2021 y ha vuelto, al 3,5% en el primer trimestre, el 5,25% en el 2º
y el 7% a partir de julio). En conjunto, se
estima que pagaremos 7,50 euros extras mensuales
en 2024 por esta triple subida de impuestos a la luz.
Sin embargo, hay otros factores que sí han ayudado y
explican por qué pagamos algo menos por la luz que en 2023 (y mucho menos que
en 2021 y 2022). Uno de ellos, la
reforma de la tarifa regulada, el PVPC (precio voluntario para el
pequeño consumidor), que entró en vigor el 1 de enero de 2024. El
principal cambio es que la tarifa regulada ya no oscila sólo con el precio
diario del mercado mayorista, sino que se obliga a las compañías
distribuidoras que compren una parte de la luz que nos venden en el mercado
a plazo: este año, un 25% deberá ser de contratos a plazo (a un mes, un
trimestre, un año o más), un 40% en 2025 y un 55% en 2026. Con ello se buscan
contratos más estables (evitando los “saltos” diarios de precios)
y que deben ser más baratos, en beneficio de los consumidores.
Pero el factor clave de que el precio de la luz sea más bajo
está en el creciente peso de las energías renovables (eólica, solar e
hidráulica) en la generación de electricidad, porque son más baratas que el
resto (gas, carbón o incluso algunas nucleares). Así, en 2024
(enero-septiembre), las energías renovables han aportado el 57,3% de
la electricidad producida (22,4% la eólica, 20,3% la solar, 13,2% la
hidráulica y 1,4% otras energías renovables), según Red
Eléctrica (Redeia). Y lo más importante: son ya 12 meses consecutivos
(de octubre de 2023 a septiembre de 2024) en que las energías renovables
generan más del 50% de la electricidad en España. Ya en 2023,
las renovables aportaron el 50,1% de la electricidad generada, un gran
salto desde 2019,
cuando aportaron el 39,2%.
El tirón de las renovables es lo que explica
que nuestro recibo de la luz no se dispare, junto a la moderación en el precio
del gas natural, el culpable de disparar nuestro recibo en 2021 y 2022: sigue
por debajo de los 40 euros/MWh, cuando en agosto de 2022 se disparó a 311
euros, aunque su precio podría repuntar por el conflicto en
Oriente Próximo. En cualquier caso, la electricidad generada con gas
(centrales combinadas) es ahora marginal (11,3% de
enero a septiembre), con lo que podría aumentar algo el recibo si su precio
se dispara, pero no lo notaríamos demasiado, porque casi dos tercios de la
electricidad es renovable.
Este tirón de las renovables explica también
otro hecho: España tiene la electricidad más barata de Europa. Con datos del 3 de octubre, en
España costaba 58 euros/MWH, casi como en Francia (57,64 euros) y
mucho más barata que en Portugal (67,45), Alemania (72,66), Paises Bajos
(86,05), Grecia (101), Italia (115) o Finlandia (183 euros/MWh). Y eso
ha sido así durante todo 2024 y también en 2022 y 2023. Concretamente, en los 18
meses que iban de junio de 2022 a diciembre de 2023, el precio mayorista de la
electricidad fue de 102,64 euros por MWh en España, 161,48 euros en Alemania,
175,82 en Francia y 207,88 euros en Italia, según los datos
publicados por el Grupo ASE. Y si miramos todo
el año 2023, el precio mayorista en España (87,43 euros de media)
fue un -14,2% inferior a la media de la electricidad mayorista en
los 4 grandes paises UE (101,82 euros).
Eso se explica en parte por la “excepción ibérica” (hasta
2023) pero sobre todo porque España ha desarrollado más las energías
renovables. En energía solar, somos
líderes europeos en potencia instalada (29,5 GW
de potencia, por delate de los 24,6 de Alemania, los 10,8 de Francia, los 9,8
de Reino Unido y los 4,8 de Italia) y también en potencia en construcción
(7,8 GW, más que la prevista en Grecia, Reino Unido, Portugal y Alemania juntas.
Y en
energía eólica, España ocupa el 2º puesto en Europa en
capacidad instalada (30,42 GW en 2023), tras Alemania y por delante de Reino
Unido, Francia e Italia. Y por si no quedara claro, en 2023, España produjo casi
el 40% de la electricidad (39,3%) con
energía eólica y solar, frente al 13% en el mundo y algo por encima de Alemania (39%).
El objetivo es seguir aumentando el peso de las energías
renovables (eólica, solar, hidroeléctrica y otras) en los próximos
años y conseguir que aporten el 81%
de la electricidad en 2030, según el
último Plan aprobado por el Gobierno en septiembre y enviado a Bruselas. La
hoja de ruta de la energía solar (fotovoltaica y térmica) va bien,
según lo previsto, pero la
energía eólica va retrasada: ha superado el listón de los 30 GWh (con 22.200 aerogeneradores),
pero le queda mucho para llegar a los 62 GW previstos para 2030. Y avanza a
un ritmo lento: en 2023 se instalaron 607,27 MWh, la octava parte de los
5,2 GWH anuales que hay que instalar hasta 2030. El
sector se queja de un “exceso de rigidez normativa” por las distintas
administraciones, con mucha “judicialización” de proyectos (sobre todo en
Galicia). Problemas que urge agilizar y resolver, junto al desarrollo de la
eólica marina (recién
autorizada) porque la energía eólica es clave para cubrir la demanda
en horas que no hay sol (si no hay molinos y energía suficiente, obliga
a tirar de las centrales de gas…).
El tirón de las renovables no sólo abarata
el recibo de la luz sino que reduce drásticamente las emisiones de CO2
que provocan las centrales de carbón (solo ha generado el 1% de la electricidad
este año), fuel y gas (11,5%) y los residuos de las centrales nucleares (que generan todavía un 19,7% de la
electricidad). Concretamente, en 2024 (enero-septiembre), la producción
de electricidad
ha generado 18,58 millones de toneladas de CO2 equivalente y podrían
llegar a 25 millones de toneladas de CO2 en todo 2024. Eso supondría reducir
a la mitad las emisiones por generar electricidad que se hicieron en
2019 (50 millones).
Así que el impulso a las renovables nos está
permitiendo tener una luz más barata y limpia. Ahora, la clave es
seguir promoviendo las energías eólica, solar y otras renovables,
mejorando su eficiencia y desarrollando
el almacenamiento, porque una parte de la energía renovable no se
puede guardar (almacenar en baterías gigantes) y se pierde. En paralelo,
urge
modernizar la red de distribución, para evitar picos y cortes:
hay horas y lugares donde se
ha cortado la luz a grandes industrias para no cortarla al resto, por
desajustes puntuales en la generación y distribución de electricidad. Con todo,
lo esperado es que la luz sea cada año más barata, al ser más renovable.
El
Banco de España estima que las energías renovables pueden reducir los
precios de la luz un 50% de aquí a 2030. Y con ello, España tendría
unas tarifas eléctricas más competitivas, del 20 al 30% más bajas que en
Europa.
Pero esto va a suponer un gran cambio: cada
vez tendrá más peso el clima en nuestro
recibo de la luz. Ya lo hemos visto este año: en primavera,
con las lluvias, hemos tenido la luz más barata del año (marzo, abril y mayo).
En verano, con las olas de calor (más demanda y menos rendimiento de los
paneles solares), la falta de viento y de lluvias, hemos tenido la luz más cara
(julio y agosto). Y en septiembre, con más viento y algunas lluvias,
la electricidad ha bajado. También se espera que baje en octubre (salvo
por “sustos” geopolíticos en el gas natural). Así que alegrémonos los días
de viento, sol y lluvia (más
renovables) y poco calor y frío (menos demanda), porque eso rebajará nuestro
recibo de la luz.
Visto el panorama, queda hablar de la
“guerra de precios” que han vuelto a lanzar las eléctricas y sus
distribuidoras (también las independientes y empresas como Repsol
o el
Corte Inglés) para “robarse clientes”. Ahora que los clientes
de tarifa regulada (PCPV) han visto subir algo su recibo en verano (aunque les
bajó más en primavera), las distribuidoras arrecian sus ofertas para que
se cambien al “mercado libre”. Hasta ahora están teniendo éxito, porque
han
ganado clientes en los últimos años: en junio sólo había 8,6 millones
de consumidores con tarifa regulada (el 28,2%) y 21,8 millones con “tarifa
libre” (71,2%), clientes que contratan una “tarifa plana”
(tanto al año), con el argumento de que así “no tendrán sustos”. Pero
muchos no saben “los
inconvenientes”: estos contratos suelen tener “permanencia”, no pagan según
la hora de consumo, como la tarifa regulada (a veces tienen 3 franjas horarias)
y no tienen derecho al bono social. Y a veces pagan
potencia de más.
Cualquier consumidor puede meterse en el comparador de la
CNMC, para ver las ofertas de luz disponibles y compararlas con su
tarifa regulada (PVPC). Pero ojo, aquí pasa un poco como con las
hipotecas: las eléctricas quieren convencernos de que nos pasemos al
mercado “libre”, como los bancos nos
intentan convencer de las hipotecas a tipo fijo. Y ahora que bajan los tipos,
puede que no sean una buena opción. Lo mismo pasa con la luz: si la
previsión es que siga bajando, compensará más estar en el mercado regulado
(más ligado al mercado) que en el “libre” (donde habrá que pelear la
rebaja en cada revisión, algo difícil). Por eso, a pesar del bombardeo de “ofertas”,
yo sigo con la tarifa regulada.
