El año 2019 termina con dos novedades en las pensiones: las nuevas jubilaciones han crecido menos que ningún año desde 2006
y los pensionistas se jubilan más tarde que
nunca, a los 64 años y 5 meses. Se debe a una caída de las jubilaciones
anticipadas y a que los nuevos jubilados esperan para no sufrir recortes.
Con todo, la factura de las pensiones ronda los 10.000 millones mensuales
y, aunque han subido los ingresos por cotizaciones, no llegan: en 2019, la Seguridad Social tendrá otro agujero
de -17.109 millones, similar al de
los 4 años anteriores. El déficit
hace acuciante la reforma de las pensiones, pero sobre todo este dato, fruto de
la caída de nacimientos al nivel de 1941: si hoy tenemos 3,26 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años, en
2050 serán sólo 1,24 activos por 1
mayor, según la OCDE. Eso obliga a atemperar el gasto en pensiones y buscar
más ingresos. Urge pactar una reforma en 2020.
En España hay muchos
pensionistas, 8,88 millones (1 de cada 5 españoles), pero 2019 ha sido el año en que menos han crecido desde 2015: sólo crecieron en 76.189 hasta finales de noviembre (8.882.933 pensionistas),
mucho menos que en todo 2018 (+101.037), según los datos de la Seguridad Social. Y lo mismo ha pasado con el número de pensiones: han crecido en
87.990 hasta noviembre (9.784.262 pensiones), mucho menos que en todo 2018
(+114.502). Y las pensiones de
jubilación, que suponen dos tercios de todas las pensiones, han crecido
sólo en 76.751 hasta noviembre
(6.076.942), un aumento del 1,65%, el más bajo desde 2015 y 2009.
Las pensiones y pensionistas crecen menos porque en 2019 se han solicitado menos pensiones
nuevas que en años anteriores: 476.364 nuevas pensiones hasta noviembre, un 5,22% menos que el año pasado (+586.286 nuevas pensiones en todo
2018) y la mayor caída en la solicitud de pensiones desde 2006. Esto se debe,
sobre todo, a que han caído las jubilaciones
(256.000 hasta noviembre frente a 328.000 en todo 2018), un -8,20%,
la mayor caída desde 2006, aunque también las solicitudes de pensiones
de viudedad (114.523 hasta noviembre
frente a 135.000 en todo 2018), un -3,24%, y las de orfandad (-0,50%), mientras crecen pensiones por incapacidad
permanente (+2,65%), según
la SS.
Hay menos
jubilaciones porque han caído sobre todo las jubilaciones anticipadas, que son ahora el 40% del total: si en 2018 se jubilaron 141.093 personas con menos de 65 años, en 2019 se han jubilado (hasta finales de noviembre)
102.345. Las otras jubilaciones
“normales” (con 65 años y más), que suponen el 60% del total, también han caído pero menos: de 187.066 en todo 2018 a 153.692
hasta finales de noviembre de 2019, según la SS.
La razón de que crezcan
menos las pensiones, los pensionistas y los jubilados es triple. Por un lado, en diciembre
de 2018 hubo una avalancha
de jubilaciones anticipadas, porque muchos españoles temían que no se
prorrogaran las condiciones ventajosas para jubilarse que había hasta el 1 de
enero de 2019. El 28 de diciembre, tres días antes del fin de año, el Gobierno
Sánchez aprobó la prórroga, pero ya muchos se habían jubilado anticipadamente. Por otro
lado, en marzo de 2019, el Gobierno Sánchez aprobó otro decreto por el que ampliaba y mejoraba el subsidio a los parados de más de
52 años (antes 55), con lo que más de 100.000 parados mayores podían
seguir trabajando hasta llegar a la edad legal de jubilación (antes, se
les obligaba a jubilarse anticipadamente). Y en tercer lugar, muchos
mayores esperan a jubilarse a los 65 años para no sufrir recortes en la
pensión.
Además, muchas empresas
no tienen prisa por jubilar a sus trabajadores, aunque desde diciembre de 2018 pueden obligarles a jubilarse al llegar a la edad legal (en 2019: 65 años para los que han cotizado 36
años y 9 meses o más y 65 años y 8 meses
para el resto). Pero para aplicarlo, antes debe incluirse en convenio y muchas
empresas no lo han hecho, también por la reticencia de los trabajadores, que,
si están bien, prefieren seguir trabajando antes que jubilarse y perder un 12%
de su sueldo (o más, por pluses e incentivos).
Por unas cosas o por otras, el aumento de pensiones y pensionistas es menor y se han reducido las jubilaciones anticipadas, como
pretendía la reforma de pensiones aprobada por Zapatero en 2011. Eso explica también el otro cambio de 2019, que los nuevos pensionistas se jubilan más
tarde, más mayores: la edad real de los jubilados en 2019 ha sido de 64 años y 5 meses, casi dos meses y medio más mayores que en 2018, la edad más elevada en que se han jubilado nunca los españoles (al menos
desde 2005 en que existen registros), según la Seguridad Social. Los datos revelan que las mujeres se jubilan más tarde (64 años y 11 meses) que los
hombres (64 años y 1 mes), debido a que tardan más en cumplir los requisitos y
porque sus pensiones son un tercio más bajas. Y la edad real de jubilación
también varía por ramas de actividad: la más
baja se da en la minería (57
años y 10 meses) y la más alta en los
autónomos (65 años y 9 meses), también porque cotizan menos y su pensión
final es más baja (además, los autónomos no pueden jubilarse anticipadamente).
A pesar de que haya menos
pensiones nuevas, el gasto en pensiones sigue subiendo y en noviembre, la
factura ha batido otro récord histórico: 9.784,26 millones de euros, un
tercio más que en 2009 (pagar las pensiones costaba 6.537 millones), aunque el
aumento del gasto es sólo del 1,13% anual,
el más bajo de los últimos ejercicios. Y eso, porque está haciendo efecto la reforma
de las pensiones de 2011, que pretendía “frenar el gasto”.
La factura de las pensiones crece porque hay más
pensiones que pagar (aunque crezcan menos), con una revalorización del
1,6% (y el 3% las mínimas), y porque
los nuevos
pensionistas tienen derecho a pensiones
más altas. Pero las nuevas pensiones de jubilación bajan desde 2015, por efecto de la reforma de
pensiones de 2011: si en 2008, la
pensión nueva de jubilación fue de 1.051,70
euros y subió a 1.202,07 en 2011 y a 1.392,44
en 2015, cayó en 2016 (por el
aumento de jubilaciones anticipadas y el mayor cómputo de años de cotización),
a 1.332 euros (-0,79%), en 2017 a
1.318 euros (-1,04%), en 2018 a 1.311,23 euros (-0,55% y más en 2019, a 1.305,62 euros en octubre (-1,82%), según los datos de la Seguridad Social. Con esta menor subida, la pensión media de jubilación que se paga
(viejas y nuevas) es de 1.142,67 euros
al mes, aunque hay muchas diferencias
por regiones: 1.236,91 euros
se pagan en el País Vasco, 1.173 en
Asturias y 1.169 en Madrid, frente a 828,73
euros en Extremadura, 845,12 en Galicia, 876,90 en Murcia y 891,55 euros en
Extremadura. Es el fruto de sueldos y contratos diferentes en sectores
distintos.
Al final, aunque el gasto
en pensiones crezca ahora menos, eso no arregla el déficit de la
Seguridad Social, porque los ingresos por cotizaciones son
insuficientes, aunque otra novedad de 2019 es que han crecido más que nunca desde 2008: un +8% de enero a octubre (103.203
millones ingresados por cotizaciones), gracias a que este año han subido algo
más los salarios, mucho el salario mínimo (+22,3%) y también el empleo, a la vez que el Gobierno
Sánchez subió algunas cotizaciones y a los autónomos.
Pero esta mejora de
cotizaciones es insuficiente y el Gobierno comunicó a Bruselas en octubre
que espera un déficit de la Seguridad
Social de -17.109 millones en 2019, casi como el
de 2018 (-17.369), 2017 (-16.775 millones) y 2016 (-17.720 millones). Y será ya
el 10º año consecutivo de déficit de la SS, un “agujero” acumulado de -118.000 millones de euros desde 2010, tras 11 años de superávit
continuo desde 1999 (ver gráfico). Para “tapar” estos déficits continuados, los Gobiernos
han tirado de la hucha de las pensiones (de 66.815 millones en 2011 quedan ahora sólo 1.500 millones) y han hecho distintos préstamos del Tesoro a la
Seguridad Social, que cerrará el año con 54.833 millones
de deuda.
La situación de las
pensiones es preocupante, porque año tras año generan un abultado déficit, que hay que financiar. Pero el problema se va a agravar en las próximas décadas, a partir de 2027, cuando se jubilen
las generaciones del “baby boom” (nacidas entre 1960 y 1975). La
consecuencia será que los 9,88 millones
de pensiones actuales se convertirán en 15 millones de pensiones para 2050. Y será todavía más difícil pagarlas
que hoy, porque la población joven se reduce (el número de nacimientos en la primera
mitad de 2019, 170.074 niños, ha sido el más bajo desde 1941, según el INE) y el empleo no crecerá tanto como los
mayores, no superará los 20 millones
de españoles trabajando para 2050 (hoy hay 19,87),
según estima la Comisión Europea.
Consecuencia: el problema de las pensiones en España se va
agravar en las próximas décadas, según alertó la OCDE a finales de noviembre con este dato: si hoy, en
España hay 30,6 mayores de 65 años por cada 100 españoles en edad de trabajar,
en 2050 habrá 77 mayores por cada 100 activos. A lo claro: si hoy tenemos 3,26
españoles en edad de trabajar por 1
mayor de 65 años, en 2050 habrá sólo 1,29 activos por cada pensionista.
Y así no salen las cuentas. El tema es tan serio que España será en 2050 el 2º país del mundo con
peores cuentas, sólo detrás de Japón
(tendrá 1,28 activos por mayor), según el informe “Panorama de las pensiones 2017”, que analiza 40 paises. En Europa, en 2050 estarán casi tan mal como nosotros (muchos viejos y pocos trabajando) Grecia (1,36 activos por mayor), Portugal (1,37) e Italia (1,38). Y mejor, Reino Unido (2,08 activos por mayor),
Francia (1,91) y Alemania (1,69), con una media europea de 1,79 activos por
mayor de 65 años (UE-28), según la OCDE.
El dato es espeluznante y debería obligar
a nuestros políticos a acelerar la reforma de las pensiones, aunque no parecen tener prisa. Pero indica claramente
que la reforma es urgente y que no basta
con retoques. Hay que actuar en
varios frentes: fomentar la
natalidad (conseguir al menos 100.000 nacimientos más al año en una
década), aumentar el empleo (tenemos1,8 millones menos de personas trabajando que la media de empleo en
Europa), mejorar salarios e ingresar más
por cotizaciones (aumentando algo todas y subiendo las de los sueldos altos
y las de los autónomos, que cotizan poco en España, como denuncia el informe de la OCDE) y dedicar una
parte de los impuestos (recaudando más) a pagar las pensiones. Pero aún con todas esas medidas, es obligado
proponer otra que no gusta a nadie: “atemperar” el gasto en pensiones, lo que obliga a contener y moderar las pensiones iniciales y a subirlas poco (salvo
las mínimas), dado que ahora se van a tener que pagar durante 22 años o más (la
gente vivirá hasta los 88 años y más). Y si no lo hacemos, el problema lo
tendrán nuestros hijos y nietos.
El último informe de la OCDE refleja un problema del que nadie quiere hablar, pero
que es un hecho: comparativamente, las pensiones en España son más altas que
en la mayoría de paises. El dato de la OCDE es concluyente: las pensiones suponen
aquí de media (para un trabajador con un salario medio y carrera laboral
completa, no para los muchos “precarios”) el
84,3% del último salario que cobraba, frente a un 63,5% de media del último salario que suponen en Europa (UE-28) o el 58,6%
de media en los 36 paises de la OCDE. Sólo en Turquía
(93,8%), Italia (el 91,8% del último salario), Austria (89,9%), Portugal
(89,6%) o Hungría (84,3%) la pensión es más “generosa” que en España, siendo peor en Holanda (80,2%), Francia
(73,6%), Dinamarca (70,9%), Bélgica (66,2%), Suecia (53,4%), Alemania (51,9%),
Grecia (51,5%), EEUU (49,4%), Japón
(36,8%), Polonia (35,1%) y Reino Unido (28,4% del último
sueldo).
En definitiva, que si
pensamos que las pensiones españolas
son bajas (muchas lo son: un tercio reciben menos de 650 euros al mes), es
porque hemos cotizado por sueldos bajos,
ya que el sistema es más generoso que en la mayoría de Occidente. Otro dato
lo corrobora, este de la española FEDEA: los que cotizan
37 años se pagan con ello 13,2 años de la pensión media. Así que si viven
más y cobran 8 años más de pensión (21-22
años, la media), son años que cobran sin
haber cotizado por ellos.
No se trata de recortar las pensiones sino de que el gasto crezca menos, para
asegurar que el sistema no quiebre en el futuro. Eso implica un conjunto de
medidas para “atemperar” el gasto en pensiones: aumentar la edad “real” de jubilación (de los 64
años y 5 meses actuales a 67 o 68 años, como plantea la OCDE y muchos expertos), computar más años de cotización (de los 25 años previstos para 2017 a 35 años
primero y luego toda la vida laboral) y frenar
más las jubilaciones anticipadas. Todo ello rebajaría algo las nuevas pensiones,
pero se trataría de asegurar un mínimo y luego revalorizarlas “lo posible”, sabiendo que hay que pagarlas durante 22 años y más.
Y en paralelo, conseguir más ingresos,
por cotizaciones e impuestos, sobre todo para asegurar unas pensiones mínimas
dignas.
La clave es recortar el déficit actual y mejorar las cuentas
a medio plazo, para que el gasto no colapse el sistema y aseguremos las pensiones de las
futuras generaciones, no sólo las nuestras. Hacer las
cuentas (sin demagogias) para ver cuánto se puede ingresar y cuánto pagar, con
equidad y solidaridad entre generaciones. No pensar sólo en subir las pensiones
actuales y “el que venga detrás que arree”. Urge pactar una reforma de las pensiones que
valga al menos hasta 2050. Y, como pasa con el Cambio Climático, hay que actuar cuanto antes y con rigor, porque cuanto
más se tarde en enderezar el sistema, más duros serán los ajustes.
Salvemos las pensiones, no sólo las
nuestras, sino las de nuestros hijos y nietos. Es una de las grandes tareas
de España en 2020.
Hablar de inversión
suena a “rollo”, incita a no seguir
leyendo. Pero es uno de los tres
factores claves, junto a la formación de los trabajadores y la tecnología,
que hacen que un país avance y cree
riqueza y empleo. A más inversión,
más desarrollo y más nivel de vida. El problema es que España, un país que atraía inversiones propias y extranjeras al
ladrillo, ha visto caer la inversión con
la crisis y no recuperarse: ahora
es un 25% menor que en 2007. Y la mayor caída se ha dado en la
inversión
pública (por los recortes), que está a niveles de hace 50 años. Urge reanimar la inversión pública en infraestructuras y servicios, para
que “tire” de la inversión privada. Y asegurar financiación a las empresas, sobre todo a las pymes, para que inviertan y se modernicen. Porque sólo
invirtiendo más, en equipos, tecnología y digitalización, España será un país más productivo. Y creará más empleo y riqueza. Como ven, nos
jugamos mucho con la inversión. Lean.
España ha sido “un paraíso” para la inversión
nacional y extranjera, sobre todo en el
ladrillo y las infraestructuras. El despegue se inició a partir de 1986, con la entrada de España en
Europa, y se aceleró a principios de este siglo, con el “boom” inmobiliario: la
inversión se duplicó entre 2000
(172.590 millones) y 2007 (327.418 millones, el máximo histórico), según el INE. Pero con la crisis, la inversión se
desplomó, sobre todo porque la mayoría se financiaba con créditos y los
bancos “cortaron el grifo”: año a año
se invirtió menos hasta el mínimo en 2013,
el peor año de la crisis, con 175.660 millones de inversión. Después, con la
recuperación, la inversión ha mejorado, pero sigue por debajo que antes de la crisis:
2018 cerró con 244.949 millones, un 25,18% menos que en 2007.
Y además, la
inversión ha perdido peso como motor del crecimiento español: si
en 2007 aportaba el 30,44% del PIB, en 2013 cayó su peso al 17,21% y en 2018 sólo aporta el 20,37% del PIB (el resto es el consumo, que aporta el 76,91% del
PIB, y el sector exterior, que resta
un 7,35% al crecimiento porque importamos más que exportamos), según los datos de Estadística (INE). Así que la inversión nos ayuda ahora un
10% menos a crecer.
La caída de la
inversión en España ha sido mayor que en Europa, según los datos de Eurostat: si en España el
peso de la inversión (aportación al PIB) ha caído un -10,07% entre 2007 y 2018, en Europa cayó entre un -3,3%
(UE-28) y un 2,8% (zona euro), mientras apenas caía en Alemania (-0,1% sobre el
PIB), Francia (-1,1%) y Reino Unido (-1,4%), aunque cayó más en Italia (-4,1%).
A pesar de esta mayor bajada con la crisis, el peso de la inversión en España ronda el que tiene en Europa (20,6% en la UE-28 y
20,8% en la zona euro) y Alemania (20%), aunque está lejos de los paises ricos
del norte, que tienen mucha más inversión (comparativamente al PIB) que España:
31,8% Irlanda, 24,9% Suecia, 22,2% Finlandia, 23,4% Bélgica, 23,1% Austria y
22% Francia. Y a la cola de la inversión, claro, los paises más pobres, Grecia
(11,7% de inversión sobre el PIB) y Portugal (16,2%).
La inversión ha caído
más en España por dos razones. Una, el excesivo endeudamiento de las empresas
(y del sector público), que les obligaba en 2007 a destinar un
72,2% de sus beneficios a pagar la deuda, dificultándoles invertir (hoy lo tienen más fácil, porque, tras
devolver muchos préstamos, sólo destinan a pagar deudas el 33,2% de sus
beneficios),según un estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Y la otra, por la mayor caída del crédito en España a
partir de 2007, tras una mayor crisis bancaria: en 2011, un 25% de las empresas
españolas tenían problemas para financiarse e invertir. De hecho, la caída de
la inversión ha sido mucho mayor entre
las empresas españolas con restricciones de crédito, según ese estudio.
Con todo, la mayor caída de la inversión en España se ha
dado en la inversión pública, que se ha desplomado a partir de
2009, por los recortes: si en 2009
(con el tirón inversor del Plan E de Zapatero, inútil para frenar la crisis),
la inversión pública supuso un 5,1% del PIB (55.100 millones
invertidos), cayó al 3,7% en 2011 (25.900 millones) y siguió bajando hasta otro
mínimo del 1,9% del PIB en 2016 (23.000 millones de inversión pública), el
mismo 1,9% que supondrá la inversión pública este año 2019 (26.300
millones). Eso significa que el
Estado invierte hoy 30.000 millones menos al año que en 2009 y que el peso de la inversión pública en la economía (1,9% del PIB) ha caído
a niveles
de hace 50 años, según el Banco de España. Y otra vez más, la inversión pública tiene en España menos
peso que en Europa, donde representa
el 3% del PIB (un tercio más) y en paises como Suecia el 4,6%, según Eurostat.
Esto es el resultado de
los recortes hechos por ZP y sobre todo por Rajoy para bajar el déficit
público. De hecho, la inversión pública
ha sido “la gran sacrificada con el ajuste”: si la inversión supone el 10% del gasto público, los recortes
que ha sufrido suponen el 60% de todos
los recortes hechos, según estima el Banco de España. Así que el
ajuste se ha traducido en menores
inversiones en investigación, en obras públicas, en carreteras y autovías, en
infraestructuras hidráulicas (sequías e inundaciones) y de transporte (corredor ferroviario del Mediterráneo o trenes a Extremadura), en tecnología
sanitaria y nuevos hospitales, en colegios e institutos (barracones),
en viviendas públicas… Recortes que han reducido drásticamente la
inversión pública y la privada, de las empresas que dependen de ella.
Al final, tenemos menos inversión que antes de la crisis y
menos que Europa, sobre todo por el desplome de la inversión pública. Lo
positivo es que, tras la crisis,
la inversión es ahora “más sana”, más “productiva”, porque se
dirige más a la compra de tecnología, maquinaria y transporte que al ladrillo,
según un reciente estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Antes, a principios del siglo, dos
tercios de la inversión se dirigía a la construcción y al sector inmobiliario
(más especulativos y menos “productivos”) y ahora, en 2018, sólo suponen el 50%
de toda la inversión, mientras ha subido hasta el otro 50% la inversión en maquinaria, bienes de equipo, transporte,
tecnologías de la información (TIC) y “activos inmateriales” (software y
tecnología). Con todo, todavía necesitamos
invertir más en estos “activos inmateriales”, que sólo suponen el 15% de la
inversión total, muy lejos de los paises competitivos.
El problema ahora es que la inversión española se dirige a
sectores más productivos pero donde la
inversión es “menos duradera” que
en el ladrillo. Son activos que se
deterioran antes, que hay que reponer antes por exigencias de la
competitividad. Y como consecuencia de este cambio, la inversión acumulada (el “stock”
de capital) está más envejecido que antes. Y eso obliga a invertir más, para renovar
equipos y maquinaria. Y si no se hace, “se frena el progreso técnico, al no
incorporar equipos más innovadores”, lo que reduce la productividad, según
refleja el estudio de la Fundación BBVA e Ivie.
Al final, el mayor problema de España no es tanto que nos
falte capital (aunque se invierta menos ahora) como que nos falta conseguir
una mayor productividad de ese capital. Porque aunque se ha mejorado,
al invertir ahora más en máquinas que en inmuebles, todavía tenemos inversiones con baja productividad, menor que las de los paises punteros
de Europa. Además, con grandes
diferencias regionales: el capital privado se ha invertido con más
rentabilidad en el País Vasco, Madrid, Cataluña y Navarra (por eso son los
territorios más ricos) y con menos eficacia en Castilla y León y Castilla la
Mancha, según el estudio de BBVA e Ivie. Por eso, el reto no es sólo invertir más, sino invertir en activos (maquinaria,
equipos de transporte, tecnología, software) que sean más productivos. Se habla mucho de mejorar la productividad del trabajo, pero muy
poco de mejorar la productividad del capital.
Y además, resulta clave para consolidar el crecimiento invertir más en toda España, no sólo “donde
siempre”, porque la inversión está muy concentrada: el
60% de la inversión total se concentra en 4 autonomías (Cataluña, Madrid,
Andalucía y Comunidad Valenciana), ahora igual que antes de la crisis, lo que
ha mantenido “las 2 Españas”, según el informe de la Fundación BBVA e Ivie. Sólo destacan pequeños cambios, como
que Madrid ha ganado peso como destino de la inversión (el 17% del total) y lo
ha perdido Cataluña y el País Vasco, mientras atraen ahora más inversiones
Castilla la Mancha, Murcia y Baleares
y menos Castilla y León, Asturias, Extremadura y la Comunidad Valenciana.
Ahora, uno de los grandes retos de España es aumentar la inversión y su eficacia, su
“productividad”, claves para competir mejor, crecer más y crear más
empleo. Para ello, sería clave un
Pacto de Estado en materia de infraestructuras, para recuperar la inversión
pública, como ha pedido la patronal de infraestructuras Seopan. Y eso, porque si el Estado invierte “tira” de la inversión de las empresas que hacen las obras,
tiene un efecto multiplicador sobre la
inversión privada. La propuesta de Seopan es que España invierta 100.000
millones en la próxima década (10.000 al año, con inversión mixta, pública y privada) en 814 proyectos de infraestructuras prioritarios, relacionados con el
transporte, las obras hidráulicas, el medio ambiente, el agua, los residuos, la
logística, el acceso a las ciudades y la movilidad. Además, urgen inversiones
públicas en centros de salud y tecnología sanitaria, colegios e institutos y vivienda pública para alquiler y venta (se hicieron 5.191 VPO en 2018, frente a más
de 100.000 anuales entre 1957 y 1989). Y por supuesto, más inversiones públicas
en tecnología, innovación y digitalización
de la economía.
En paralelo, hay que fomentar
la inversión privada productiva, facilitando el acceso de las empresas a la
financiación (privada y pública, a través del ICO). Muchas empresas, sobre todo
las grandes, no invierten suficiente porque destinan una parte creciente de
beneficios a dividendos,
“recompra” de acciones propias y compras de empresas, pero otras, las pequeñas
y medianas, necesitan disponer de crédito barato para invertir más. Y el
problema es que el 74,9% de las empresas
que tienen “inversión negativa” (la inversión no cubre ni las
amortizaciones necesarias) tienen problemas para financiarse,
según otro estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Y esa dificultad para financiarse (y
para invertir) es mayor en las “microempresas” (menos de 9
trabajadores): la mitad tienen problemas para financiarse, un 17,9% tienen el
grifo cerrado y otro 31,9% tienen restricciones, según el estudio.
Así que el futuro
Gobierno debería conseguir que fluya más el crédito para nuevas
inversiones (sobre todo a las pymes) y recaudar
más ingresos para aumentar la
inversión pública en tantas cosas que hacen falta, lo que “tiraría” de la inversión privada. Y
todo ello, buscando invertir con eficacia, para mejorar la productividad de la
economía y de las empresas, no en obras megalómanas ni en nuevas “burbujas”. Es la hora de la inversión, para
apuntalar los cimientos de una recuperación
en entredicho, el crecimiento y el empleo. No vale con crecer a costa
del consumo, como hacemos. Lo duradero sería gastar menos, ahorrar algo más como país y dedicarlo a mejorar la inversión. Apostar por
el futuro.
Este viernes 13 se clausura en Madrid la Cumbre del Clima, que intenta
comprometer al mundo a un mayor recorte de las emisiones de gases contaminantes que el de
la Cumbre de París (2015). Pero será muy difícil, porque China, USA, India, Rusia y Brasil
(53,5% emisiones totales) no están por la
labor, mientras Europa promete
emisiones cero en 2050. Lo grave, según los científicos, es que si los recortes no empiezan en 2020 y
reducen un 50% de emisiones para 2030 y todas en 2050, el deterioro del clima será irreversible,
con graves efectos sobre los mares, los ecosistemas, la salud y la economía del
mundo. Urge imponer más impuestos a los que emitan CO2, subir impuestos carburantes,
promover energías alternativas, cambiar el modo de producir y consumir.
En España, alcanzar un
Pacto verde de todos los partidos, con medidas y dinero. Pero, sobre todo, tenemos que cambiar
nuestro modo de vida: menos
coche, menos carne, menos consumismo. No hay Planeta B.
Hace ya 40 años, en 1979, científicos de 40 países se reunían en la 1ª Conferencia Mundial del Clima (en Ginebra) y alertaban de las “tendencias alarmantes” sobre el Cambio
Climático y la necesidad de actuar. Hoy,
en la Cumbre de Madrid (COP25), tras decenas de reuniones, el mundo emite el doble de gases de efecto invernadero: 37,1 millones de toneladas equivalentes
de CO2, frente a 19,59 millones en
1979. Y emitiendo más cada año, hemos llegado a una concentración histórica de CO2,
un 20% mayor que en 1979: 407,8 partes
por millón en 2018, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), una concentración que no se daba en la Tierra desde hace 3 millones de
años (se sabe por las burbujas de gas atrapadas en el hielo ártico), cuando
la temperatura era 3ºC mayor y el mar estaba 15 metros más arriba. Y el 2 de diciembre, al inaugurarse la
Cumbre de Madrid, la concentración de CO2 en la atmósfera ya había subido a 410,90, según se ve en esta web
diariamente.
Y estas emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) son “culpa” del hombre: en 2011, los
científicos Mark Huber y Reto Knutti, de la Escuela Politécnica de Zúrich, ya estimaron que “al menos tres cuartas
partes del cambio climático en los últimos 60 años se debe a la actividad
humana”. La mayor emisión es de CO2
(81% del total), que emiten sobre todo los transportes, las industrias, la generación de
electricidad y los hogares, seguida del metano
CH4 (11% de los GEI), emitido en sus dos terceras partes por la agricultura
y ganadería, el óxido nitroso N2O (5%
emisiones, desprendido por el transporte y la agricultura) y los hidrofluocarburos
y partículas (2% GEI), emitidos por el aire acondicionado, los aerosoles y
vehículos (PM10). Estos gases hacen como de “paraguas atmosférico” y provocan el calentamiento de la Tierra:
la temperatura ya ha subido +1,1 ºC
desde 1850 hasta hoy.
Este aumento de la
temperatura de la Tierra se ha
agravado en la última década, de un “calor excepcional”, según el último informe de la OMM presentado en la Cumbre de Madrid: las temperaturas del periodo 2010-2019 son las más altas registradas
en la historia y 2019 será el
segundo o tercer año más cálido desde 1850. Las consecuencias son
evidentes. Primera, una subida del nivel del mar por el deshielo de los polos. El riesgo es que, a
partir de 2050, se inunden cada año zonas costeras de Asia, América, Africa
y Europa (Doñana, delta del Ebro, la Manga y municipios de Cádiz y Huelva), donde viven 300 millones de personas. Y se teme que, si no se toman medidas,
el nivel del mar pueda subir 1 metro y
más para 2100. Además, el
aumento de la temperatura calienta el
agua del mar y la concentración de CO2 lo acidifica, dos factores que deterioran los ecosistemas marinos (fitoplancton, corales, algas) y reducen la pesca, provocando su
desplazamiento hacia el norte.
El segundo efecto del Cambio Climático, según el último informe de la OMM, es el aumento
de los fenómenos meteorológicos extremos:
olas
de calor (en Europa en junio y julio de 2019, con 46º en Francia y
42,6º en Alemania), graves inundaciones
(centro EEUU, norte de Canadá y Rusia, sureste de Asia y sur de Europa y
Levante español en 2019), aumento de huracanes,
tormentas tropicales y ciclones, mega
incendios (California y Europa), y sequías
(Africa, sudeste asiático y suroeste del Pacífico en 2019) que han provocado hambre en muchas zonas de Africa y Asia.
Desastres meteorológicos que, según los científicos, serán cada vez más
frecuentes y más graves. Y que provocarán “migraciones climáticas”: 140 millones de personas pueden verse
obligadas a migrar en 2050, según el Banco Mundial.
El tercer efecto del Cambio Climático es la pérdida de vida en la Tierra: 1 millón de especies (animales,
insectos y plantas), de los 8 millones que existen, están en peligro de extinción
y podrían desaparecer en las próximas décadas si no se toman medidas para
frenar la drástica pérdida de biodiversidad, según un informe publicado en mayo por la Plataforma intergubernamental sobre la
Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (IPBES), organismo impulsado por la
ONU. El estudio, elaborado durante 3 años por 145 expertos de 50 paises, revela
que están amenazadas más del 40% de
las especies anfibias, casi un
tercio de los arrecifes de coral, un
tercio de los mamíferos marinos y un
10% de los insectos, que son claves
para la polinización, de la que depende gran parte de nuestra agricultura. Y
además, están amenazadas más de 1.000 especies de mamíferos domesticados. Estamos en puertas de “la 6ª gran extinción” de especies en la historia del Planeta.
Por si fuera poco, el Cambio
Climático ya afecta seriamente a nuestra salud: la polución atmosférica y las emisiones causan ahora 7 millones de muertes “prematuras” (evitables) en el mundo (400.000 de
ellas en Europa y 10.000 en España), según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que advierte que el Cambio
Climático no sólo provoca enfermedades
respiratorias (cáncer de pulmón, asma, neumonía), sino que la contaminación
pasa a la sangre y provoca también enfermedades
cardiovasculares, infartos e ictus. Y el Cambio Climático, además de
destruir la vida y el Planeta, va a destruir la economía, porque provoca
pérdidas crecientes. Y si se sigue
emitiendo como hasta ahora, el crecimiento del mundo (PIB) caerá entre un 15 y un
25% para 2100, según un estudio publicado en Nature.
A pesar de este apocalipsis en el horizonte, la mayoría
de los paises siguen emitiendo más gases contaminantes: +1,7%
en 2018 y +1,4% en 2017, tras tres
años estables (de 2014 a 2016), según la Agencia Internacional de la Energía. Y los expertos creen que las emisiones volverán a subir un +0,6% este año 2019. Mientras, los paises esperan a 2020 para confirmar las reducciones de gases prometidas
por 195 paises en la Cumbre de París (2015). Pero los científicos alertan que “el Cambio
Climático va más rápido de lo esperado”
y que hay que hacer más ajustes de los
previstos, porque si no, la
temperatura de la Tierra subirá 3,2ºC a finales de siglo y las
consecuencias serán catastróficas. Así que la consigna de esta Cumbre de Madrid
es “más ambición”: hay que hacer
recortes más drásticos (multiplicar por 5 los recortes previstos en 2015) y empezar a hacerlos ya, en 2020.
La propuesta de la
ONU al mundo, reiterada en Madrid, es que los paises
recorten un 50% sus emisiones entre 2020 y 2030 (sobre las de 1.990) y que
tengan cero emisiones netas para 2050 (sólo se emiten los gases que
se absorban). Es un reto tremendo,
pero los científicos aseguran que es la
única vía para que la temperatura no
suba más de 1,5ºC (sobre la del periodo preindustrial) para 2100 (ya ha subido 1,1º). Y para lograrlo, la ONU propone una auténtica “reconversión energética: eliminar las ayudas al petróleo y el carbón (302.000
millones de euros vía subsidios en 76 paises, según la OCDE), no construir ninguna central de carbón a partir de 2020, fomentar
las energías limpias y ayudar a los paises pobres y en desarrollo a
reestructurar su esquema energético (con un Fondo del Clima de 100.000 millones
de dólares). Además proponen poner un
impuesto a los emisores de CO2, subir los impuestos a los carburantes y promover bonos e inversiones “verdes”.
Los paises que emiten
más gases contaminantes no han aceptado el reto de la ONU, en particular China (26,8% emisiones), EEUU
(13,1%), India (7%), Rusia (4,6%) o Brasil (2% emisiones), que no
se plantean aumentar los recortes previstos en París o que incluso no tienen planes de rebaja de emisiones (EEUU, Rusia o Brasil). Frente a ellos,
la Unión Europea lidera la lucha contra
el Cambio Climático, tras ser el primer continente en declarar la “emergencia climática”, el
pasado 28 de noviembre, en el Parlamento Europeo. La nueva Comisión Europea ya se ha comprometido
a reducir sus emisiones un 50% para 2030 y alcanzar cero emisiones en 2050,
como pide la ONU, aunque hay tres paises “discordantes” (Polonia, Hungría y
República Checa) y no hay todavía un
acuerdo unánime.
Además, la nueva Comisión Europea se ha comprometido a aprobar en marzo de 2020 una Ley Climática europea (“European Green Deal”) para conseguir
estos drásticos recortes de emisiones, movilizando 1 billón de euros de inversiones
(públicas y privadas) en la próxima década. Empezarán creando un Fondo de
35.000 millones para financiar el cierre de las minas y centrales de carbón
en Europa para 2030 (que suprimirá 160.000 empleos) y se contemplan 70 medidas, como la subida del impuesto
al CO2 (hoy se pagan 25 euros por Tm y podría duplicarse y triplicarse),
incluyendo en este mercado (donde hay 11.000 industrias europeas que pagan por
el CO2 que emiten) a las compañías
aéreas, con lo que subirían los billetes de avión. Además, reforzarán las ayudas a los coches y
camiones eléctricos y destinarán el Banco Europeo de Inversiones (BEI) a financiar la “reconversión verde”. Y ya
hay 100 académicos y 60 asociaciones que han pedido al Banco Central Europeo (BCE)
que no compre activos (bonos y deuda) de
empresas europeas que contaminen.
Está muy bien que Europa
lidere esta lucha más decidida contra el Cambio Climático, pero será poco
efectiva mientras no se sumen China
(gran consumidor de energías fósiles y a la vez líder en energías renovables y coches eléctricos) y EEUU (dependerá de que Trump pierda las elecciones en noviembre
2020, aunque hay Estados, empresas e instituciones que ya están tomando medidas: “Estamos dentro”, ha dicho la demócrata Nancy Pelosi en Madrid). Pero hace falta
que en el G-20, en la Organización Mundial del Comercio (OMC) o en la OCDE se
aprueben medidas que afecten a todos los paises, como la creación de un mercado mundial de CO2 (donde los paises e industrias que emiten más paguen y los
que emiten menos cobren), junto a un posible arancel o impuesto a las
importaciones de paises que no reduzcan emisiones (medida propuesta por
Macron). Y sobre todo, que las grandes empresas vean la ventaja
(económica y de imagen) de reducir emisiones, como ya han hecho Volkswagen
o Repsol,
que prometen cero emisiones para 2050.
En España, lo
urgente es que el próximo Gobierno (si lo hay: tampoco es fácil) promueva un gran Pacto verde, con todos los partidos, empresas y entidades,
para reducir las emisiones de gases contaminantes: en 2018 eran un 15,4%
superiores a las de 1990, con lo que habría que reducirlas un 65,4% para 2030, un objetivo casi imposible. El punto
de partida puede ser el Plan Nacional integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), enviado en
febrero a Bruselas por el Gobierno Sánchez, aunque ahora tendría que ser más
ambicioso, dado que en ese Plan se contempla reducir las emisiones un 21% para 2030
(sobre las de 1990). El Plan contempla el cierre
de las minas y centrales de carbón para 2030, que el 100% de la electricidad sea renovable en 2040 (hoy
es el 35,75%, según REE), aumentar los vehículos
eléctricos y reducir el consumo de petróleo, carbón y gas en la industria y los hogares, así como
reducir las emisiones en la agricultura
y la ganadería.
Para saber cómo reducir
las emisiones de gases contaminantes, hay que saber quién contamina. En 2018,
según las estadísticas oficiales, el transporte
fue “el primer culpable”, al emitir el 27% de los GEI en España. Le siguieron la industria (19% emisiones), la generación
de electricidad (17%), la
agricultura y ganadería (12%) y los usos
residenciales (9% los hogares,
comercios e instituciones), junto a la gestión de residuos (4,1%), la
maquinaria agrícola, forestal y pesquera (4%), las refinerías (3,5%), los gases
fluorados de refrigeración y aire acondicionado (1,8%). Así que nos la jugamos en reducir emisiones en el transporte
(carretera y aviación), la industria, la electricidad y el campo.
Es evidente que para que la industria, las eléctricas o los
coches consuman menos combustibles fósiles y contaminen menos habrá que penalizar las emisiones subiendo impuestos. Por eso, resulta clave subir
el coste del CO2 emitido (hoy 25 euros/TM), tanto a las cementeras,
empresas de aluminio o centrales eléctricas. Y en paralelo, penalizar el gasóleo y la gasolina, subiéndoles impuestos para que se consuman
menos carburantes y los conductores se pasen a los coches eléctricos (con más ayudas y “enchufes”). Hoy, los impuestos que paga el gasóleo (58,97
céntimos por litro) y la gasolina (69,81 céntimos/litro) son distintos y más bajos que en Europa (73,30 céntimos paga de impuestos el gasóleo
y 86,73 céntimos la gasolina). Con estos ingresos
por “impuestos verdes” se podrían pagar parte de las ayudas e inversiones que hacen falta para la “reconversión verde”. Pero
además, harán falta enormes inversiones públicas (algunas vendrán de la UE) y
privadas, así como financiación de
la banca para proyectos verdes (hoy casi inexistente).
En total, el Gobierno Sánchez estima que hará falta invertir 235.000 millones
de euros en la reconversión verde entre
2021 y 2030, un 20% con fondos públicos y el 80% restante privados. Eso va
a suponer, además, cierres y despidos
(minería, centrales, empresas obsoletas), pero se abren también oportunidades para “nuevas empresas verdes” (donde España tiene multinacionales muy
competitivas) y nuevos empleos: se
podrían crear entre 250.000 y 364.000 en la próxima década, según el Plan del Clima. Y además, esta costosa reconversión verde, sería un “empujón”
para el crecimiento: un 1,8% más de PIB para 2030.
Tener una energía más limpia supondrá al
principio pagarla más cara, desde el
gasoil a la luz, aunque a medio plazo bajarán los costes, porque las energías
alternativas acabarán siendo más
eficaces y más baratas. Pero, sobre todo,
la reconversión verde obliga a un cambio drástico en el sistema económico
y en nuestro modo de vida. No
vale con que reciclemos un poco o no usemos bolsas de plástico. Tenemos que modificar nuestras costumbres: no vale apoyar la lucha contra el Cambio Climático
y usar el coche hasta para comprar el pan, consumir a destajo (en el Black
Friday o Navidad), tener la calefacción o el aire a tope y todo encendido, coger
el avión lo más posible o comer alimentos importados y carne casi todos los
días (producir un filete de 200 gramos emite tanto como viajar en coche 100
km). Hay que vivir de otra manera y eso cuesta. Pero no tenemos otro camino:
no hay un Planeta B.
Los españoles seguimos suspendiendo en idiomas: el 45,8% no conocen otra lengua, casi los
mismos que hace 10 años. Y hablando inglés,
estamos a la cola de Europa: ocupamos el puesto 25 entre los 33 paises del continente, según un ranking de
noviembre. Lo chocante es que hablamos
inglés poco y mal, a pesar de que
el 100% de los niños y jóvenes españoles
lo estudian al menos 12 años (de primaria a Bachillerato y FP). Eso indica
que España falla en la enseñanza
del inglés, como aseguran muchos expertos: demasiada gramática y
vocabulario y poca conversación. Una
“educación
bilingüe” que no lo es y muchos profesores
poco formados. Urge un Plan estatal para mejorar la enseñanza del
inglés y otras lenguas, que son claves para afrontar el trabajo y el
futuro en un mundo muy interconectado. Hacen falta objetivos concretos a 20 años vista, profesores y medios, en colaboración con Europa. Tenemos que aprobar de una vez esta asignatura pendiente. Let´s go.
Hablar bien otra
lengua es una asignatura pendiente
de los españoles desde siempre: la hablan pocos y mal. En concreto, un 45,8% de los españoles adultos (25-64 años) no conocía ninguna lengua extranjera, frente al 35,4% de los europeos, según la última estadística de Eurostat (2016). Es casi el mismo porcentaje que hace
10 años (46% en 2007). Un 34,8% de españoles indican que conocen una lengua (35,2% en Europa) y sólo un
14,3% reconoce hablar dos lenguas,
frente al 21% de los europeos, el 26,6% de los alemanes y el 41,2% de los
daneses. Y al preguntarles a los españoles qué tal hablan otra lengua, sólo el 29,8% contesta que “muy
bien”, según la estadística de Eurostat.
La lengua que más hablan los españoles, como el resto de
europeos, es el inglés. Y el último estudio mundial (2019), realizado por la multinacional sueca Education
First (EF) entre 2.300.000 hablantes no nativos de 100 paises, revela que estamos a la cola de Europa en hablar
inglés: España ocupa el lugar 35 en
el ranking mundial y el puesto 25 entre
los 33 paises europeos analizados,
con una nota de 55,46 puntos sobre 100, muy alejada
de los líderes de cada continente (70,27 puntos Holanda, 66,82 puntos
Singapur, 65,38 puntos Sudáfrica y 58,36 puntos Argentina). Y lo peor es que hemos empeorado: en el ranking anterior
(2018) teníamos 55,86 puntos y ocupábamos el puesto 32.
De hecho, España subió de nivel de inglés en este ranking EF EPI (English Profidency Index) en 2012 (de nivel “bajo” en 2011 a “medio”) y ahí seguimos desde entonces,
en ese nivel “medio”, por debajo de 12 países europeos que tienen un nivel de inglés “muy alto”, por este orden en el ranking: Holanda (país líder mundial en hablar
inglés, con 70,27 puntos), Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Austria,
Luxemburgo, Alemania (63,77 puntos), Polonia, Portugal(63,14 puntos), Bélgica,
Grecia y Croacia. Y les siguen, con un nivel
“alto” (superior al de España), Hungría, Rumanía, Serbia, Suiza, Grecia
(59,87 puntos), República Checa, Bulgaria, Eslovaquia y Estonia. Sólo Francia (57,25 puntos) e Italia (55,31),
entre los grandes, acompañan a España
(55,46 puntos) en tener nivel “medio”
de inglés. Además, España empeora su nota y su puesto, mientras otros, como
Portugal, lo mejoran.
El estudio revela que, en inglés, los hombres
españoles sacan algo mejor nota (56,32 puntos) que las mujeres (54,83
puntos) y que la mejor nota la sacan los
jóvenes entre 26 y 30 años (54,36 puntos), por delante de los más jóvenes
(53,08 puntos los que tienen entre 21 y 25 años) y los más mayores (50,79
puntos los mayores de 40 años). Por autonomías, sólo el País Vasco
alcanza un nivel “alto” de inglés (58,06 puntos) y hay otras 8 autonomías que están por
encima de la media española, todas en la mitad norte de España
(Madrid, Navarra, Galicia, Cantabria, Asturias, la Rioja, Aragón y Cataluña),
mientras las regiones del sur están por
debajo y a la cola en hablar inglés Extremadura (52,59
puntos), Baleares (52,90), Murcia (53,61) y Canarias(53,92), las dos islas
quizás porque estudian más alemán por su turismo. Y en cuanto a ciudades, Barcelona es la única con un nivel de inglés “alto” (57,97 puntos) y Madrid lo
tiene “medio” (57,35), muy lejos de
la ciudad europea líder en hablar
inglés, que es Ámsterdam (71,35
puntos), según este estudio EF EPI 2019.
Una vez visto donde estamos, el estudio se
pregunta por qué España está a la cola
en Europa en el conocimiento del inglés.
Y señala varios factores. Por un lado, porque tenemos un idioma muy poderoso,
el tercero más hablado del mundo (580 millones de personas), lo que nos alienta
menos a estudiarlo que paises con lenguas
poco utilizadas. Por otro lado, hay muchos
trabajos que no piden saber bien inglés (en concreto, 2 de cada tres ofertas de empleo, según el último estudio de Infoempleo y Adecco), sobre todo los más precarios.
Luego hay una tradición de ver películas
y series en televisión dobladas, lo que es un hándicap frente a paises
(como Portugal o los nórdicos) donde toda la población “acostumbra el oído” al
inglés desde pequeño viendo películas en TV. Pero sobre todo, hay un factor
decisivo: el inglés que estudiamos
está volcado a la gramática y al vocabulario, es demasiado “memorístico” y se
practica poco la conversación, algo difícil en clases con 25 a 30 alumnos. “El inglés se enseña como una lengua muerta”,
resume gráficamente el fundador del método Vaughan. Y por último, los jóvenes
tienen pocas facilidades para estudiar
en el extranjero.
Realmente, lo que más choca es que España tenga
un nivel “medio” de inglés y de los más bajos de Europa cuando nuestros niños y jóvenes estudian 12 años
de inglés o más (desde primaria a Bachillerato o FP e incluso algunos en
infantil). Eso significa que la
enseñanza del inglés se hace mal, no
es eficaz. Actualmente, los españoles estudian inglés de forma “reglada” por 3 caminos, además de las
múltiples academias de inglés privadas: las Escuelas
oficiales de idiomas, el inglés que se estudia en escuelas e institutos y la “enseñanza
bilingüe”, los escolares que estudian Ciencias o Geografía e Historia en
inglés.
Los estudios de lenguas en las Escuelas oficiales de idiomas han “pinchado” en los últimos años:
si en el curso 2011-2012 estudiaban idiomas en estas escuelas 457.737 alumnos,
la cifra subió a 516.413 en el curso 2013-2014 (había más
parados y muchos buscaban así un trabajo), el máximo de matriculados, para
luego caer un 23,20% hasta el curso 2017-2018, en el que estudiaron
idiomas sólo 396.604 estudiantes, el 67% inglés (otro 13,5% francés, 8,7% alemán y
el o,6% chino). O sea, que las Escuelas
de idiomas han perdido 1 de cada 4 alumnos en los últimos 5 años, por culpa de haberse disparado el coste de las matrículas (el “tasazo”) y
por haberse reducido las clases de niveles avanzados (muchos alumnos buscan el
nivel C1 y C2 para ser profesores de inglés).
El estudio de inglés
en colegios e institutos se ha generalizado: en el curso 2017-2018,
estudiaban inglés como asignatura obligatoria el 100% de los alumnos de Primaria (frente a sólo el 57,8% en el
curso 2007-2008), el 100% de los alumnos
de la ESO (frente al 74,8% diez años antes) y el 96,6% de los alumnos de Bachillerato (88,2% en el curso
2007-2008), según las últimas estadísticas de Educación. Y además, ya hay un 84,1% de niños que estudian inglés en el
2º ciclo de educación infantil (3-6 años), uno de los porcentajes más altos
de Europa, cuando hace diez años sólo lo estudiaban a esas edades el 57,8%. Y
además, hay un alto porcentaje de
alumnos que estudian una segunda lengua (generalmente francés): el 20,1% de los que estudian Primaria (en Andalucía, el 67%, en
Canarias, el 36,3% y en Cantabria, el 32,5%), el 42,8% de los que estudian la
ESO (un 78,9% en Canarias, un 69,9% en Andalucía y un 59,3% en Andalucía) y
un 25,1% de los alumnos de Bachillerato (y el 67,1 de los
bachilleres andaluces), según las estadísticas oficiales.
Además de estudiar
obligatoriamente inglés entre los 6 y los 18 años, muchos alumnos de
colegios e institutos tienen “educación bilingüe”: les enseñan una o varias asignaturas
(Ciencias y Humanidades) en inglés. La última estadística del Ministerio de Educación, referida al curso 2017-18, cifra
en 1.227.276 alumnos los que reciben
en España “educación bilingüe”, 6 veces los que la recibían en 2009-2010
(263.431). Eso supone casi un 20% de todos los alumnos de Primaria, ESO,
Bachillerato y FP. El mayor porcentaje de “educación bilingüe” se imparte en Primaria (la reciben el 33,2% de alumnos), algo menos
en la ESO (23,8%) y menos en Bachillerato
(la reciben el 6,9% de alumnos).
Esta enseñanza bilingüe se imparte básicamente en inglés (96%).
La “enseñanza bilingüe” se imparte en
España en 6.345 Centros de enseñanza, mayoritariamente en centros públicos (67,5% del
total en Primaria, 79,2% en ESO y 92,8% en Bachillerato). Y hay grandes diferencias en la penetración de la “educación bilingüe” por
autonomías, Así, en Primaria, destacan Castilla
y León (53,4% de alumnos) y Asturias (51,8%). En la ESO, hay 11 autonomías
que superan el 20% de alumnos en “educación bilingüe” (35% en Asturias, 34,7%
en Murcia, 33% en Andalucía, 32% en Madrid y 30% en Castilla y León), mientras en 4 regiones no llega al 10%(Baleares,
Comunidad Valenciana, Ceuta y Navarra). Y luego hay varias autonomías que son “trilingües”:
además de implantar la “educación bilingüe” en inglés, enseñan a sus
alumnos catalán, valenciano, mallorquín, euskera o gallego.
La “enseñanza bilingüe”, iniciada en el curso 2004-2005 por Madrid (un empeño político de Esperanza Aguirre, para contrarrestar
la “guerra de lenguas” desatada en Cataluña), Canarias y Extremadura, se
extendió después al resto de autonomías (Ceuta y Melilla en 2016-17). Y hoy, el balance que se hace es bastante negativo. Unos, como refleja con ironía este artículo de Javier Marías, porque opinan que no es ni “enseñanza” ni “bilingüe”. Precisamente, hay dos estudios, uno de la Universidad Carlos III y otro de Fedea,
que coinciden en señalar que los alumnos que han estudiado una asignatura de
Ciencias o Humanidades en inglés obtienen peores
resultados que los que las estudian en castellano. Vamos, que no aprenden
Historia y tampoco inglés. Y ambos coinciden en que el perjuicio es mayor para
los alumnos con bajo nivel educativo (que no les pueden ayudar a estudiar
Biología en inglés…). Sin embargo, otro estudio del Ministerio de Educación, en colaboración con el British
Council, señala que los alumnos de centros bilingües obtienen mejores resultados que el resto en lectura, escritura, comprensión auditiva y
oral y comprenden mejor el inglés.
En cualquier caso, la mayoría de los expertos educativos
critican que la educación bilingüe se haya implantado “a toda prisa”, sin planificación,
presionada por el interés político de las distintas autonomías. Y sin
los profesores adecuados, la crítica más generalizada: hay centros donde los profesores dan estas clases
con un nivel B1, cuando sólo las
deberían dar profesores con nivel C1 y
C2. Y faltan auxiliares de
conversación, muchos de ellos nativos sin formación pedagógica. Y existe
una enorme descoordinación en la normativa y en la aplicación del bilingüismo
en las 17 autonomías. Por último, los programas no se evalúan correctamente y algunos centros y autonomías hacen
“trampas” en las evaluaciones del bilingüismo.
¿Qué se puede hacer
para mejorar nuestro nivel de inglés? La cuestión preocupa también a las
autoridades europeas, porque casi
la mitad de los europeos son incapaces de mantener una conversación en un
idioma distinto a su lengua, según el Eurobarómetro. Y eso dificulta la libre circulación de personas en Europa y
el poder competir mejor en una economía globalizada. Por ello, el Consejo Europeo del 22 de mayo de 2019
hizo una serie de recomendaciones a los paises europeos: potenciar los hábitos multilingües en la
educación infantil, primaria y secundaria, ayudar a los jóvenes a conocer otra
lengua europea promoviendo estudios en el extranjero (Erasmus +), invertir en
la formación de profesores, promover herramientas digitales europeas de
cooperación virtual para la enseñanza de idiomas (eTwinning) y fomentar la
formación en idiomas de las empresas europeas.
En España, urge
que el Gobierno y la comunidad educativa acuerden un Plan estatal por la mejora en
el conocimiento de idiomas, en especial el inglés, una lengua que ya hablan más de 1.000 millones de personas y que es la “lengua franca” del
mundo a nivel económico, comercial, investigador, cultural y de contenidos
audiovisuales. Esto exige revisar a
fondo el inglés que se imparte en la educación, incluyendo la pretendida “educación bilingüe”, concentrando los esfuerzos en una enseñanza más dirigida a la
conversación, con programas específicos para formar profesores y captar profesionales nativos. Y dedicando más recursos a la
recuperación y apoyo de los alumnos con problemas. Además, debería incorporarse
mucho más el inglés en la Universidad, fomentando los estudios en otros paises. Y reforzar el
nivel de inglés de parados y trabajadores, con
cursos más prácticos y eficaces, incentivando en las empresas a los
empleados que mejoren su inglés. Y por supuesto, evaluar de forma objetiva e independiente el resultado de los programas lingüísticos. Además, sería útil un acuerdo con las TV para que
emitieran películas y series en inglés con subtítulos.
En definitiva, tenemos que aprobar esta asignatura pendiente, la de hablar mejor inglés y otras
lenguas, algo imposible ya para las generaciones mayores pero que tienen que
conseguir las futuras. Es un gran reto a
20 años vista, para los niños y jóvenes actuales, que se juegan en ello su
trabajo y el poder compartir mejor el mundo. Hay que tomárselo en serio y poner los
medios humanos y el dinero para conseguirlo. Let´s go.
