domingo, 15 de mayo de 2011

Ayuntamientos: el ajuste que no votaremos

Estas elecciones municipales se distinguen de otras en que hay pocas inauguraciones. Los Ayuntamientos están endeudados hasta la bandera y deben millones a empresas y proveedores. Y el Gobierno central no les ha dejado endeudarse más, con lo que han tenido que recortar de casi todo, tras tener problemas hasta para pagar las nóminas. Pasado el 22-M, los nuevos alcaldes van a tener que entrar a saco, cortando aún más gastos y sobre todo subiendo impuestos y tasas a sus vecinos. El ajuste municipal sería menos duro si PSOE y PP pactaran una nueva Ley de Financiación Local, con más recursos para los Ayuntamientos, que dedican uno de cada cuatro euros a gastos sociales que debían hacer el Estado o las autonomías. Y hace falta agrupar Ayuntamientos, la mayoría muy pequeños.  
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Los gobiernos locales (Ayuntamientos y Diputaciones) tienen una deuda financiera de 36.226 millones de euros (un 3,4% del PIB), de los que 28.769 corresponden a los más de 8.000 Ayuntamientos. La deuda no ha crecido mucho (en junio de 2008, antes de la crisis, era de 30.000 millones, un 2,8% del PIB), pero el problema es que ahora no pueden financiarla, porque el Gobierno central, para cumplir con Bruselas, les ha prohibido endeudarse a largo en 2011 y 2012. Y tienen que cancelar su deuda a corto a finales de cada año.
 En consecuencia, los Ayuntamientos han optado por no pagar a empresas y proveedores, a los que adeudan unos 30.000 millones de euros (sólo 3.300 millones  a las empresas de basuras).El PP ha propuesto que el ICO destinara una línea de crédito de 30.000 millones para pagar estas deudas, que ponen en peligro la supervivencia de muchas pymes y autónomos. El Gobierno se ha negado, para no disparar el déficit público. Con ello, la morosidad sigue ahí, con un retraso en los pagos de 157 días, frente a los 50 que marca la Ley de Morosidad. Y la pelota crece para los Ayuntamientos, que acabarán pagándoles con intereses del 12%.
Los Ayuntamientos más endeudados son los de Madrid (6.453 millones €) y Barcelona (1.202 millones), seguidos de Valencia (890 millones), Zaragoza (748 millones), Málaga (743) y Sevilla (454), aunque las que tienen más deuda por habitante son Madrid (2.081 €), Málaga (1.266 €), Zaragoza (1.115 €) y Valencia (1.024 €). En conjunto, 5.137 municipios de los 8.114 están endeudados (vea aquí la deuda de su Ayuntamiento), aunque más de la mitad de la deuda se concentra en las 50 ciudades que deben más de 75 millones cada una.
La deuda municipal viene de que les han caído drásticamente los ingresos (por la crisis del ladrillo, del que muchos sacaban la mitad de los ingresos) y no han controlado los gastos (obras faraónicas en Madrid, eventos deportivos varios en Valencia, Expo en Zaragoza, etc.). Además, la crisis les ha aumentado la demanda de servicios sociales, desde becas, ayudas comedor o subsidios. Hay que recordar que un 25% de los gastos de los Ayuntamientos son gastos no obligatorios”, que los municipios atienden pero que deberían hacer las autonomías y el Estado: seguridad y protección civil, cultura, protección social y servicios sociales (vivienda, educación, bienestar comunitario, sanidad, ayudas).
España es el país europeo con menos peso del gasto local: un 12,5 % del gasto total, frente al 15% de media en la UE y menos que Alemania (14,2%), Francia (17,8%), Italia o Reino Unido (27,7%) y muy inferior al gasto municipal en los países nórdicos (del 37% en Finlandia al 44% de Suecia o el 58,8% de Dinamarca). Y con ello, los municipios europeos tienen mucho más peso que los españoles en los gastos de protección social (28% media UE y 31% en Reino  Unido o Alemania frente al 8% en España) o educación (21% media UE, 31% en Reino Unido o el 16% en Alemania frente al 3% en España.
En definitiva, los municipios españoles deberían gastar más en protección social o educación, pero a cambio, deberían tener más ingresos, a costa de las autonomías. Hoy, el 40% de los ingresos municipales son transferencias dirigidas a un fin concreto del Estado y las autonomías, por lo que piden más autonomía y una mayor participación en los grandes impuestos (IRPF, IVA y especiales). Pero eso exige reordenar los impuestos entre Estado, autonomías y municipios, para que los ciudadanos no paguemos tres veces. Un gran pacto fiscal, que no se ve por ningún lado, al menos hasta después de las elecciones de 2012.
Entre tanto, habría que tomar algunas medidas, como reducir el número de Ayuntamientos, para prestar los servicios con menos costes. En España, el  85% tienen menos de 5.000 habitantes (945 tienen menos de 1.000 habitantes, la mitad de ellos en Castilla y León), cuando en Alemania son el 80%, en Italia el 72% y en Irlanda el 49%. Ya los han agrupado Bélgica, Holanda, Unido o Suecia, con grandes ahorros. Además, habría que aprobar un crédito extraordinario o créditos del ICO para que liquiden deudas. Y a partir de ahí, ajustar gastos e ingresos para una década. Pero como no va a haber un Pacto local, cada Ayuntamiento tendrá que ajustar drásticamente sus cuentas, gastando lo mínimo y subiendo tasas e impuestos. Eso sí, después de que les votemos el 22-M. Tomen nota.

3 comentarios:

  1. Los Ayuntamientos españoles están muy endeudados, debido a los grandes gastos que han asumido y a la drástica bajada de los ingresos en los últimos años.

    Este endeudamiento no cesa ni cesará ya que el Gobierno central ha prohibido un endeudamiento mayor, lo que ha supuesto que los Ayuntamientos no puedan refinanciar su deuda y recuperar el dinero. Dinero prestado por empresas y bancos a los que los Ayuntamientos deben mucho dinero desde hace mucho tiempo, tanto que el índice de morosidad se ha disparado. Se ha propuesto pagar estas deudas con dinero del Estado debido a que peligran muchos puestos de trabajo, pero se ha descartado porque esto incrementaría el déficit. Finalmente se corre el riesgo de que los Ayuntamientos tengan que pagar estas deudas con unos intereses del 12%.

    Hay demasiados Ayuntamientos que tienen demasiadas cargas sociales de las que debería ocuparse el Gobierno central, por lo que es necesaria una unificación de Ayuntamientos para que estos tengan más fuerza y menos cargas sociales.

    De todos modos para que los Ayuntamientos puedan reducir su endeudamiento no tendrán más remedio que realizar drásticos recortes sociales que afectarán a los de siempre, a los ciudadanos. Cierto es que en la próximas elecciones votemos a quién votemos se realizarán medidas drásticas de recorte que sinceramente nadie habremos aprobado.

    Para que esta situación mejore debemos exigir que se reordenen los impuestos entre el Estado, autonomías y municipios. También deberíamos aprobar un crédito extraordinario o créditos del ICO para que liquiden deudas. Y a partir de ahí, ajustar gastos e ingresos para una década. Pero es muy difícil conseguir un pacto social y conseguir que todos los Ayuntamientos se pongan de acuerdo, por lo que estas medidas no se llevarán a cabo y cada Ayuntamiento deberá hacer frente ha su situación como pueda y como siempre los perjudicados seremos los ciudadanos con recortes, recortes y más recortes.

    1011B1D04
    Irene de Val Traín
    I.E.S Jerónimo Zurita

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  2. Como mi compañera, a mí también me ha interesado especialmente esta entrada pues la considero un tema espinoso cuando menos.
    Vemos día a día como los ayuntamientos se gastan nuestro dinero en obras absurdas o innecesarias (omitiré el tema tranvía que tan “escaldados” nos tiene en Zaragoza), falta de infraestructura y carencias evidentes. ¿Por qué esta política?, ¿es que ninguno de los 200 asesores se lo ha dicho a ninguno de nuestros muchos presidentes y alcaldes?
    La solución esta vez, volverá a ser “apretarnos el cinturón” pero es que hay familias que ya no saben por dónde cortar gastos, pero eso a los ayuntamientos les importa bien poco que ellos sí saben por donde van a recortar, siempre en servicios a la comunidad. Ilusamente sueño con que ellos por lo menos también recorten algo en sí mismos y tal vez…no se acaben usando también bolígrafos de los que tienen publicidad. Esta es la realidad de los hogares españoles. Nos dicen que ellos no tienen dinero, pero eso no es culpa nuestra. No creo que se nos pueda echar la culpa. Espero que nadie nos eche la culpa algún día.
    Ya siento si me he ido de tema, pero cuando uno se pone a hablar de cosas que lo indignan es casi inevitable. “las autonomías piden más libertad” yo creo que lo que deberían tener es lo contrario; lo mismo para todas, si ahora nos dividimos lo que conseguiremos es crear “grupitos” y cerrar el comercio entre comunidades. Y eso no favorecerá a nadie.
    A la espera de una subida de los impuestos o de la luz, del gas o de las materias primas:

    Virginia M.
    1011B1D15

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  3. En la actualidad los ayuntamientos de España están endeudados, han ido acumulando deudas durante años, hasta convertirse la situación en insostenible, por lo que a partir de ahora los gastos se van a reducir de manera drástica, los nuevos alcaldes van a tener que recortar gastos, la parte más afectada son los proveedores y empresas a los que los ayuntamientos les deben dinero, puesto que peligra su actividad económica, viéndose obligados a cerrar sus negocios por falta de liquidez, no todas las empresas pueden soportar millones de euros de deudas, también los ciudadanos se ven afectados puesto que se ven obligados a pagar más impuestos y tasas, como por ejemplo el pago de basuras, que en algunos municipios se llegan a pagar hasta 90 euros al año por vivienda.
    Con la crisis del ladrillo muchos municipios han perdido su fuente de ingresos, y no han sabido administrar el gasto público, yo considero que en algunos casos se han creado infraestructuras innecesarias, y con un elevado coste público, además la crisis general ha aumentado la demanda de servicios sociales, debido a que cada vez hay más gente necesitada, y muchas familias que tienen a todos sus miembros en el paro.
    Opino que una medida a adoptar sería reducir el número de Ayuntamientos, para recortar gastos, aprobar créditos para pagar deudas a empresas, y comenzar a controlar de manera eficiente el gasto público.
    Andrea Garcia 1011B1D09

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