Ayuntamientos: el ajuste que no votaremos

Estas elecciones municipales se distinguen de otras en que hay pocas inauguraciones. Los Ayuntamientos están endeudados hasta la bandera y deben millones a empresas y proveedores. Y el Gobierno central no les ha dejado endeudarse más, con lo que han tenido que recortar de casi todo, tras tener problemas hasta para pagar las nóminas. Pasado el 22-M, los nuevos alcaldes van a tener que entrar a saco, cortando aún más gastos y sobre todo subiendo impuestos y tasas a sus vecinos. El ajuste municipal sería menos duro si PSOE y PP pactaran una nueva Ley de Financiación Local, con más recursos para los Ayuntamientos, que dedican uno de cada cuatro euros a gastos sociales que debían hacer el Estado o las autonomías. Y hace falta agrupar Ayuntamientos, la mayoría muy pequeños.  

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Los gobiernos locales (Ayuntamientos y Diputaciones) tienen una deuda financiera de 36.226 millones de euros (un 3,4% del PIB), de los que 28.769 corresponden a los más de 8.000 Ayuntamientos. La deuda no ha crecido mucho (en junio de 2008, antes de la crisis, era de 30.000 millones, un 2,8% del PIB), pero el problema es que ahora no pueden financiarla, porque el Gobierno central, para cumplir con Bruselas, les ha prohibido endeudarse a largo en 2011 y 2012. Y tienen que cancelar su deuda a corto a finales de cada año.

 En consecuencia, los Ayuntamientos han optado por no pagar a empresas y proveedores, a los que adeudan unos 30.000 millones de euros (sólo 3.300 millones  a las empresas de basuras).El PP ha propuesto que el ICO destinara una línea de crédito de 30.000 millones para pagar estas deudas, que ponen en peligro la supervivencia de muchas pymes y autónomos. El Gobierno se ha negado, para no disparar el déficit público. Con ello, la morosidad sigue ahí, con un retraso en los pagos de 157 días, frente a los 50 que marca la Ley de Morosidad. Y la pelota crece para los Ayuntamientos, que acabarán pagándoles con intereses del 12%.

Los Ayuntamientos más endeudados son los de Madrid (6.453 millones €) y Barcelona (1.202 millones), seguidos de Valencia (890 millones), Zaragoza (748 millones), Málaga (743) y Sevilla (454), aunque las que tienen más deuda por habitante son Madrid (2.081 €), Málaga (1.266 €), Zaragoza (1.115 €) y Valencia (1.024 €). En conjunto, 5.137 municipios de los 8.114 están endeudados (vea aquí la deuda de su Ayuntamiento), aunque más de la mitad de la deuda se concentra en las 50 ciudades que deben más de 75 millones cada una.

La deuda municipal viene de que les han caído drásticamente los ingresos (por la crisis del ladrillo, del que muchos sacaban la mitad de los ingresos) y no han controlado los gastos (obras faraónicas en Madrid, eventos deportivos varios en Valencia, Expo en Zaragoza, etc.). Además, la crisis les ha aumentado la demanda de servicios sociales, desde becas, ayudas comedor o subsidios. Hay que recordar que un 25% de los gastos de los Ayuntamientos son “gastos no obligatorios”, que los municipios atienden pero que deberían hacer las autonomías y el Estado: seguridad y protección civil, cultura, protección social y servicios sociales (vivienda, educación, bienestar comunitario, sanidad, ayudas).

España es el país europeo con menos peso del gasto local: un 12,5 % del gasto total, frente al 15% de media en la UE y menos que Alemania (14,2%), Francia (17,8%), Italia o Reino Unido (27,7%) y muy inferior al gasto municipal en los países nórdicos (del 37% en Finlandia al 44% de Suecia o el 58,8% de Dinamarca). Y con ello, los municipios europeos tienen mucho más peso que los españoles en los gastos de protección social (28% media UE y 31% en Reino  Unido o Alemania frente al 8% en España) o educación (21% media UE, 31% en Reino Unido o el 16% en Alemania frente al 3% en España.

En definitiva, los municipios españoles deberían gastar más en protección social o educación, pero a cambio, deberían tener más ingresos, a costa de las autonomías. Hoy, el 40% de los ingresos municipales son transferencias dirigidas a un fin concreto del Estado y las autonomías, por lo que piden más autonomía y una mayor participación en los grandes impuestos (IRPF, IVA y especiales). Pero eso exige reordenar los impuestos entre Estado, autonomías y municipios, para que los ciudadanos no paguemos tres veces. Un gran pacto fiscal, que no se ve por ningún lado, al menos hasta después de las elecciones de 2012.

Entre tanto, habría que tomar algunas medidas, como reducir el número de Ayuntamientos, para prestar los servicios con menos costes. En España, el  85% tienen menos de 5.000 habitantes (945 tienen menos de 1.000 habitantes, la mitad de ellos en Castilla y León), cuando en Alemania son el 80%, en Italia el 72% y en Irlanda el 49%. Ya los han agrupado Bélgica, Holanda, Unido o Suecia, con grandes ahorros. Además, habría que aprobar un crédito extraordinario o créditos del ICO para que liquiden deudas. Y a partir de ahí, ajustar gastos e ingresos para una década. Pero como no va a haber un Pacto local, cada Ayuntamiento tendrá que ajustar drásticamente sus cuentas, gastando lo mínimo y subiendo tasas e impuestos. Eso sí, después de que les votemos el 22-M. Tomen nota.