domingo, 17 de abril de 2011

Ley de Dependencia: un derecho sin recursos

Es el cuarto pilar del Estado de Bienestar: educación, sanidad, pensiones y ayuda a los que no se pueden valer por sí mismos. La Ley de Dependencia se aprobó en 2006, en pleno boom económico, pero ahora no se puede pagar y asfixia a las autonomías, que se defienden retrasando las prestaciones  y rebajando los servicios y ayudas, que reciben de momento 720.000 españoles. Y algunas, como Canarias, Madrid y la Comunidad Valenciana, torpedeando su aplicación. La ayuda a los dependientes (ancianos y discapacitados) es un derecho reconocido por Ley, pero habrá que revisarla y buscar cómo financiarla, ya que costará 20.000 millones en 2015. Y hay que poner orden en un sistema descoordinado, con 17 gestiones diferentes.
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La Ley de Dependencia echó a andar el 1 de enero de 2007, para ayudar a los 3 millones de españoles (personas mayores y discapacitadas) que no pueden valerse por sí mismos. O mejor, a sus familias, sobre todo mujeres de más de 50 años, que viven dedicadas a cuidar a sus padres, maridos o hijos. La Ley contempla ofrecerles servicios (residencias, centros de día o noche, teleasistencia, ayuda a domicilio) o una ayuda económica (de 300 a 520 euros al mes, o entre 625 y 850 euros para pagar a un cuidador), así como bonificaciones para que el familiar pueda darse de alta en la Seguridad Social como cuidador no profesional.
A 1 de abril, 1.585.427 españoles habían solicitado ayuda para la dependencia, en su mayoría mujeres (65%) ancianas (53% con más de 80 años), aunque también hay menores de 45 años (10%). De ellos, a 1.071.603 se les ha reconocido el derecho a recibir ayudas (hay 142.100 pendientes de dictamen y el resto tienen un grado de dependencia bajo), aunque sólo las reciben 720.769 dependientes, mientras otros 350.834 están a la espera de servicios o ayuda. Y eso, porque no hay dinero y las autonomías, que financian más de la mitad de la Ley, buscan ahorrar retrasando dictámenes y ayudas.
Teóricamente, la Ley iba a financiarse a tercios entre el Estado, las autonomías y los dependientes (copago). Pero en el cuarto año de aplicación, 2010, los dependientes sólo han aportado un 14% (448 millones), debido sobre todo a sus bajos ingresos (el 90% de los mayores de 65 años declaran a Hacienda rentas inferiores a 12.000 euros anuales). Y en consecuencia, las autonomías, que gestionan la Ley, han tenido que cubrir la diferencia y aportan el 54% (unos 3.000 millones en 2010) y el Estado un 34% (1.777 millones). Pero hay autonomías que aportan menos y lo suplen reconociendo menos dependientes y retrasándoles el pago o servicio. Así, las que menos aportan son Canarias (8,85 € por habitante, frente a 61 € de media), Baleares (29,66 €.), Murcia (31,08 €), Ceuta y Melilla (37,25 €), Galicia (34,53 €) Comunidad  Valenciana (41,08 €) y Madrid (54,06 €). En el otro extremo, las que dedican más recursos son La Rioja (120 €/hab.), Cantabria (114,69) y el País Vasco (112,66 €).
La penuria de fondos está detrás de los retrasos en recibir los servicios o ayudas, retrasos que en muchos casos están denunciados en los Tribunales y que a veces se” resuelven” con la muerte del beneficiario: así, en Cataluña, han muerto 17.374 solicitantes sin recibir las ayudas y la cifra podría ascender a 100.000 muertos en toda España, un 15% de los dependientes con derecho reconocido. Pero no sólo falta dinero. La Ley se está aplicando de forma muy desigual por las autonomías, cada una con sus criterios, que en la práctica dejan fuera a los enfermos mentales. Al final, algunas cargan las tintas en los grados de dependencia, para recibir más dinero del Estado. Otras, como Andalucía, echan mano de la teleasistencia, porque sale más barata. Y todas optan por las ayudas (54%) más que por los servicios, porque les resulta más barato dar 300 euros a una familia que buscarle un centro de día o una residencia, que son caras y escasas.  
Al final, las diferencias entre autonomías son abismales. En personas beneficiadas: menos del 1% de la población total en Canarias (0,48%), Comunidad  Valenciana (0,73%), Madrid (0,90%) y Baleares (0,92%), frente al 1,48% de media en España y un mayor porcentaje en La Rioja (2,45%), Cantabria (2,42%), Andalucía (2,22%), Castilla León y Aragón (1,95%). En personas con derecho reconocido en espera de servicios: 60% en Canarias, 42% en la Comunidad  Valenciana o cerca del 35% en Galicia, Baleares y Madrid. Al final, el Observatorio de la Dependencia da buena nota a cinco autonomías: Castilla-La Mancha y Castilla y León (9), País Vasco y Aragón (8,5) y La Rioja (8). Y suspende a otras seis: Asturias y Baleares (4), Ceuta y Melilla (3), y, sobre todo,  Madrid (2), Comunidad  Valenciana (2) y Canarias (0,5), tres autonomías a las que denuncian  por “el empecinamiento en no aplicar la Ley de Dependencia”.
Tras las elecciones del 22-M, las autonomías van a tener que recortar gastos y es posible que lo paguen también los dependientes (Cataluña ya ha pedido una moratoria). En cualquier caso, aplicar la Ley va a ser cada año más costoso y harán falta 20.000 millones de euros para 2015, frente a los 5.225 actuales. Y más después, ya que para 2050 se duplicarán los mayores de 65 años (de 7,6 a 15,3 millones, uno de cada tres con más de 80 años).Eso exige revisar la Ley y su financiación, buscar nuevos recursos: establecer una cotización para la dependencia, fijar un recargo del IVA, establecer un copago de los medicamentos a jubilados o promover seguros privados para la dependencia, propuestas planteadas por una Comisión de expertos. Y habrá que ligar sanidad, pensiones y dependencia, buscando soluciones conjuntas. Todo menos seguir haciendo demagogia con los ancianos. No valen derechos sin recursos. Hay que consolidar la Ley. Se lo debemos a nuestros padres y a nosotros mismos, para el día de mañana.   

2 comentarios:

  1. Es cierto que la ayuda a los dependientes es un derecho reconocido por ley y que cuando se aprobó fueron casi un millón de españoles que solicitaron esta ayuda, ahora con la crisis no se puede costear y que habrá que buscar financiación para costearla, pero también creo que estas ayudas a veces se han dado alegremente por ello sería conveniente que se revisaran y digo esto porque por ejemplo existen casos de ancianos que están en residencias que como no les llega la paga para costear su estancia solicita ayuda de dependencia, muchos de estos ancianos tienen bienes tanto rústicos como urbanos y dinero en cuentas corrientes y plazos fijos, sin embargo, sus familiares sobre todo hijos y sobrinos no se hacen cargo de sus necesidades ni afectivas, ni económicas... Pero a la hora de que el anciano muere son muy “avispados” para recoger la herencia. Estos casos son frecuentes y perjudican a quien realmente lo necesita. Por ello creo que las ayudas deben ser concedidas a quien realmente lo necesita y en el caso del ejemplo anterior: Estos ancianos deberían responder a los gastos con su paga, después si no le llega con sus ahorros, con los bienes rústicos y urbanos y una vez que no posee más recursos, que sea el Estado se hagan cargo de todas las necesidades de este anciano de forma inmediata. Pero como he comentado me parece escandaloso que muchos hijos, nietos o sobrinos solicite ayuda para que con el dinero de todos mantengamos a sus mayores pero que ellos no aporten a su manutención y tengan la cara de ir como “buitres” a por la herencia cuando el anciano ha fallecido. Por esto sería bueno que si estas personas pueden con su dinero ayudar a pagar la residencia lo hagan y ya que no han necesitado ayuda del Estado, entonces sí que puedan quedarse con los bienes de la herencia de sus mayores.
    Ahora bien en el caso de niños que tienen que estar bajo el cuidado de sus padres de forma permanente, me parece muy bien que a los padres se les dé una baja mientras dure el ingreso hospitalario y la recuperación de esos niños, porque los niños en caso de enfermedad, necesitan cuidados sanitarios recibidos por sanidad pero fundamentalmente necesitan imperiosamente el cariño de sus padres que tendrán que luchar con ellos y para ellos, y que deberán estar pendientes de estos enfermos las 24 horas del día por ello no pueden trabajar mientras este proceso sigue.
    Las ayudas son necesarias pero para las personas que realmente lo necesitan y para apoyar a las personas y familias que realmente se ocupan de los enfermos, ayudas económicas y morales.
    Me alegro que Aragón sea una de las comunidades que mejor nota han obtenido, pero tenemos que buscar cómo se financian todas estas ayudas para que lleguen de forma inmediata a las personas que realmente las necesitan porque todo el mundo tiene derecho a vivir y morir con dignidad.
    Mónica Garcés Palacios, IES Jerónimo Zurita 1011B1D08

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  2. La ley de dependencia, desde mi punto de vista, es una de las leyes más importante que pueda tener un país. No olvidemos que cada día aumenta la expectativa de longevidad de las personas y además el índice de natalidad de los países más desarrollados cada día es más bajo, por lo que no pasando muchos años, la gran cantidad de mayores en estos países será abrumadora y de alguna manera habrá que ayudarles, tanto a ellos como a aquellas personas que se dediquen a sus cuidados. No solo contando con la edad de los ciudadanos, no nos olvidemos de los discapacitados y las familias que están a su cargo. Los cuidados que estas personas necesitan no las regalan por así decirlo. Alcanzan precios elevados, pero si desean que su ser querido obtenga los mejores cuidados, claro esta, subirá el precio como sube la calidad. No solo la calidad, sino que también hablamos de cuidados la mayor parte del día, ya que si no tienen a alguien contratado para la supervisión y cuidado de su familiar, las personas que están a su cargo, por lo menos una de ellas, deberá abandonar su trabajo para poder centrarse en el cuidado de el necesitado. Muchas familias no pueden afrontar a estos gastos y piden ayuda, y gracias a esta ley pueden estar un poco más tranquilos económicamente hablando. Por si este problema no fuera suficientemente serio, las cosas se complican con la crisis que afecta al país y que, como no, también afecta a esta ley, llegando al punto de que algunas comunidades han dejado de dar esta ayudas, ya que como en teoría este gasto debe sufragarse entre el contribuyente, el estado y las autonomías y cada una de las partes también sufren la crisis, no hay fondos para ello.

    Considero que es una obligación del conjunto de nuestros gobernantes, tanto del partido que gobierne como de aquellos que estén en la oposición, el solucionar el tema de cómo gestionar estas importantes ayudas a estas personas que no pueden subsistir sin ellas y estar muy atentos para evitar posibles fraudes, que desgraciadamente nunca faltan en estos casos.

    AndreaIESJerónimoZurita1011B1D19

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