Más pobreza y menos ayudas

Sabíamos que la pandemia aumentó la pobreza en España en 2020 (+223.000 "pobres", según el INE) pero Cáritas acaba de anticiparnos que también aumentó en 2021: hay ya 11,59 millones de “pobres” (ingresan menos del 60% que la media), casi 1,5 millones más que en 2018. Y además, casi la cuarta parte de los españoles están en situación de “exclusión social” (2,5 millones más que en 2018), con problemas graves de empleo (parados o con trabajos precarios), vivienda, consumo, salud, educación (y brecha digital) o conflictos familiares. Y mientras aumenta la pobreza (y la desigualdad), sólo el 3% de esos pobres reciben el ingreso mínimo vital y un 8% las rentas mínimas autonómicas, con un dato escandaloso: 7 autonomías redujeron los beneficiarios en 2020, Madrid, Aragón y Baleares en cabeza. Y los servicios sociales de los Ayuntamientos están colapsados, con 25 grandes Ayuntamientos que aprovecharon la pandemia para recortar su gasto social en 2020. Damos de lado a los pobres, una injusticia social y un lastre para la recuperación y la democracia.

Enrique Ortega

En julio de 2021 tuvimos el primer dato oficial sobre la pobreza provocada por la pandemia en 2020: +223.000 pobres más que en 2019, según el INE. Eran 9.940.000 personas, un 21% de la población,  consideradas oficialmente “pobres”, porque ingresaron menos del 60% de la renta media española (menos de 9.626 euros anuales las personas solas y menos de 20.215 euros las familias con dos hijos). Se rompía así una racha de 5 años de bajada de la pobreza en España, desde el máximo de 2014 (22,2%) al mínimo de 2019 (20,7% de pobreza). Los datos oficiales del INE sobre 2021 no se publicarán hasta julio, pero Cáritas acaba de publicar un estudio de la Fundación FOESSA que adelanta la cifra de pobres en el 2º año de la pandemia: 11.503.340 personas, el 24,5% de la población. Y señala que son 1.484.540 “pobres” más que en 2018 (10.108.800). Además, el informe revela que lo que más ha crecido con la pandemia es la pobreza “severa”, las personas que ingresan menos del 40% de la media española : eran ya 5.299.840 personas en 2021, un 11,2% de la población y 853.840 pobres severos más que antes de la pandemia, en 2018.

El informe Foessa revela que la pobreza es mayor entre las mujeres (27,8% son oficialmente “pobres”) que entre los hombres (22,6%), entre los parados (el 52% son pobres), entre las personas sin formación (32% de los que no tienen primaria y 27,9% de los que sólo tienen primaria), entre los inmigrantes (43,6% en situación de pobreza, aunque ha crecido más entre los españoles), entre los que viven en ciudades de más de 50.000 habitantes (36,5% de pobreza, frente al 20% en los pueblos de menos de 5.000 habitantes) y en Cataluña (+10,8%, con un 24% de población “pobre”), Murcia (+9,5% y un 31,4% de “pobres”), Andalucía (+3,4%, con un 28,2% de población “pobre”) , Madrid (+1,9% y un 21,6% de pobreza) y Canarias (+1,2% y un 30,3% de “pobres”), mientras tienen menos pobreza ahora que en 2008 Asturias (13%), Castilla la Mancha (24,3%) y País Vasco (13,6%).

Pero no solo hay que hablar de aumento de la “pobreza monetaria”, de las personas con muy bajos ingresos o ninguno. El informe Foessa analiza las personas que están “en situación de exclusión social”, personas que no están bien integrados en la sociedad porque sufren problemas graves en el empleo, la vivienda, el consumo, la educación, la sanidad, conflictos familiares, desarraigo político o aislamiento social.  El informe de Cáritas divide a los españoles en 4 grupos: personas con integración social plena (el 42,2% de la población, cuando antes de la pandemia, en 2018, eran el 50,6%), con integración “precaria” (el 34,4% hoy frente al 31,1% en 2018), personas con exclusión “moderada” (10,7% ahora frente al 9,7%) y personas en exclusión “severa” (12,7% ahora frente al 8,6% antes). Agrupando los dos últimos escalones, el informe Foessa revela que un 23,4 % de españoles (11.088.200) están en situación de “exclusión social”, frente al 18,3% que lo estaban en 2018 (8.577.400 personas). Son 2.510.800 españoles más “en exclusión social que antes de la pandemia (y 973.700 hogares más, el 20,8% del total de familias).

Así que la pandemia, además de recortar ingresos, ha aumentado las familias y personas que tienen problemas de exclusión en algunas esferas de su vida. El problema que más ha empeorado con la pandemia, según el informe Foessa, es el empleo (afecta al 24,7% de las personas y al 21,8% de los hogares), debido no solo al paro sino sobre todo a la precariedad laboral: 1,9 millones de trabajadores (1 de cada 10) han tenido en 2021 o más de tres meses de paro o más de 3 contratos o han trabajado en más de 3 empresas. El 2º mayor factor de exclusión ahora es la vivienda (afecta al 24% de las personas y al 20,6% de los hogares): se han duplicado las personas que viven en viviendas insalubres o hacinados, los hogares en pobreza severa tras pagar su vivienda (del 11,1 al 14,2% de los hogares) y se han duplicado (de 1,1 a 2 millones) los hogares con retrasos o que no pueden pagar el alquiler o la hipoteca.

El tercer mayor factor de exclusión son los excluidos del consumo (17,6% de las personas y 17,3% de las familias), con problemas para gastar en lo más básico o equipar su casa, además de “acumular deudas”  (887.195 hogares, 189.664 más que en 2018). Y hay 1.530.000 hogares donde nadie está ocupado ni es pensionista ni recibe prestaciones sociales (casi 400.000 hogares más que en 2018). El 4º mayor factor de exclusión es la salud, con un 17,2% de los hogares afectados por problemas de salud (14,4% en 2018): no pueden pagar gastos sanitarios (13,1% hogares), pasan hambre con frecuencia (2,6% de los hogares) o carecen incluso de cobertura sanitaria (0,8% hogares). Además, más de la mitad de los hogares (50,8%) en situación de exclusión social tienen problemas de salud y dos tercios no pueden comprar medicinas, prótesis o seguir tratamientos, según el informe Foessa.

El 5º mayor factor de exclusión social es la política (afecta al 14,5% de la población y al 12,6% de hogares), con un mayor distanciamiento de la ciudadanía y más desinterés por influir en las decisiones políticas (ha subido del 5,9 al 6,9%). El siguiente factor de exclusión es la educación (afecta al 13,2% de las personas y al 13,9% de hogares), con un aumento de las personas con baja formación en exclusión total (del 6,3 en 2018 al 7% en 2021). Y aquí, el informe Foessa lanza una alerta: la “brecha digital”, el analfabetismo del siglo XXI, afecta a casi la mitad de los hogares en exclusión social, a 1,8 millones de hogares (de 3,9 excluidos). Y eso tiene graves consecuencias: en 2021, 850.000 familias con atraso digital (el 4,5% de todas las familias) perdieron por ello oportunidades de mejorar su situación. Sin olvidar que los niños de estas familias, sin ordenadores o Internet, sufren graves retrasos escolares.

El 7º mayor factor de exclusión social son los conflictos sociales en los hogares, que aumentaron con la pandemia, según el informe Foessa-Cáritas: se han triplicado los hogares que admiten malas relaciones entre sus miembros( del 0,5% al 1,5%), las familias con menores de 18 años que van a ser madre o padre (del 0,6 al 1,6%), los hogares con malos tratos (del 2,4 al 3,5%) o donde hubo detenidos (del 0,6 al 1,1%). Y el último indicador de exclusión, el aislamiento social también ha empeorado (lo sufren el 2,9% de la población y el 6,2% de los hogares): se estanca el porcentaje de personas sin amigos ni familia a los que  recurrir (5,4%) , suben algo los que tienen mala relación con sus vecinos (0,6%) y, lo peor, hay  un 5,2% de personas en exclusión social que no tienen relaciones ni apoyos.

Tras este impactante balance, el informe Foessa refleja el perfil de los españoles en situación de exclusión moderada o severa: son más mujeres que hombres, menores de 18 años, con pocos estudios, extranjeros (sobre todo extracomunitarios), de etnia gitana y que viven en ciudades de más de 50.000 habitantes. Y como corolario, indica los 8 factores de riesgo para que una persona o una familia caiga en exclusión social, por este orden: estar en paro (la probabilidad de caer en exclusión severa es 16 veces mayor), ser menor de 30 años (6 veces más riesgo que el resto), el nivel de estudios (2,5 veces más riesgo de exclusión los no formados), la etnia (los gitanos tienen el triple de riesgo de ser excluidos), la nacionalidad (no ser europeo multiplica el riesgo de exclusión por 4), el número de personas del hogar (tener 5 o más de familia y las mujeres solas con niños triplican el riesgo de exclusión), el residir en barrios degradados (multiplica por 2,8 el riesgo de exclusión) y tener discapacitados en casa (x 2,2).

Este resumen de los factores que llevan a la pobreza y exclusión social es a la vez un catálogo de las medidas que habría que tomar: mejorar la formación y el empleo, activar la política de vivienda,  atender a menores y jóvenes, integrar a inmigrantes y gitanos, cuidar mejor a las familias numerosos, con madres solas y discapacitados. Además, el informe Foessa-Cáritas propone un abanico de medidas contra la pobreza y exclusión social: mantener y no retirar las medidas sociales anti-COVID en materia de salud, vivienda y protección social, mejorar la protección del ingreso mínimo vital (que sólo cobran unas 350.000 personas, frente a los 850.000 beneficiarios prometidos por el Gobierno), reducir la precariedad laboral (sobre todo en la limpieza, la hostelería y las labores agrícolas, origen de muchos “trabajadores pobres”), mejorar los bajos salarios (subir el salario mínimo a 1000 euros beneficia a 1,8 millones de trabajadores, sobre todo jóvenes y mujeres), garantizar una atención sanitaria de calidad a todos, mejorar la atención a los dependientes, facilitar alquileres asequibles y mejorar la formación, reduciendo la brecha digital de las familias más desfavorecidas.

Como hemos visto, la pobreza y la exclusión social han empeorado tras dos años de pandemia. Y también la desigualdad: el 10% más rico ha aumentado su parte de la renta total (del 40,2% en 2018 al 43,3% en 2021), mientras el 10% más pobre perdía en su trozo de pastel (del 6,4 al 5,6%), lo mismo que el resto con ingresos intermedios, según el informe Foessa. Y los ingresos del 10% más rico han crecido con la pandemia 8,3 veces más que los ingresos del 10% más pobre, según el Banco de España. Además, mientras aumentaron en 61.000 las familias sin ingresos con la pandemia (ahora 1,02 millones), los 23 milmillonarios españoles han aumentado su riqueza un 29% estos dos años, según un informe de Oxfam.

Ante este tremendo panorama, España tiene un problema de fondo: gasta poco (menos que la media europea) y gasta mal en ayudas sociales (no se benefician más los más necesitados), según ya alertó en 2018 un informe de la OCDE. Y aunque el gasto social ha aumentado con la COVID, no parece que sea efectivo, a la vista del aumento de la pobreza y la exclusión social. Y “la medida estrella”, el ingreso mínimo vital (IMV), aprobado en mayo de 2020, sigue sin funcionar, a pesar de los cambios: lo cobran solamente unas 350.000 personas, un 6,6% de las personas en pobreza severa (5.299.840), según Cáritas. Y lo peor, algunas autonomías han aprovechado la aprobación del IMV para reducir los beneficiarios e importes de sus rentas mínimas, para “hacer caja” y ahorrar costes en 2020, el año peor de la pandemia, como denuncian los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

En 2020, las autonomías gastaron 1.970 millones de euros para pagar una “renta mínima de inserción” a 795.861 beneficiarios, sólo un 8% de las personas que estaban en situación de pobreza (9.940.400, según el INE). Pero lo grave es que 7 autonomías aprovecharon en 2020 para recortar los beneficiarios de las rentas mínimas, con el argumento que se había aprobado el ingreso mínimo vital: fueron Madrid (-12.471 beneficiarios), Aragón (-11.339), Baleares (-7172), Galicia (-5.201), Castilla y León (-3.478), Castilla la Mancha (-3.078) y la Rioja (-39 beneficiarios). Y no sólo redujeran los beneficiarios, también han reducido las ayudas por perceptor, todas las autonomías: bajaron del 17,1% de la renta media al 15,3%. Y además, hay una gran diferencia entre las ayudas que pagan las autonomías: a la cola Andalucía, la autonomía con más pobreza (419,52 euros al mes, el 13,2% de su renta media), Madrid (400 euros, el 12,9% de su renta) y Galicia  (403,38 euros, el 12,2%). Y en cabeza, el País Vasco (693,73 euros mensuales, el 15,5% de su renta media), Cataluña (664 euros, el 11,6%), Navarra (639,73, el 16,2%) y Comunidad Valenciana (630 euros, el 23,4% de su renta media, el mayor porcentaje en toda España), según el Ministerio de Derechos Sociales.

Los servicios sociales que atienden a las familias pobres y en exclusión social dependen de los Ayuntamientos, cuyas oficinas de atención a los más vulnerables están colapsadas, porque atienden a más de 5 millones de personas necesitadas al año. Pero al menos en 2020 aumentaron su gasto social, un +10,2%, hasta 109 euros por habitante y año. Pero aquí también hay “farolillos rojos”, según otro estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales : entre los 369 Ayuntamientos con más  de 20.000 habitantes, hay 25 Ayuntamientos que aprovecharon lo peor de la pandemia (2020) para reducir su gasto social más del 5% (como los demás lo aumentaron un 10,2%, el recorté real supera el -15,2%). Y entre ellos (ver lista), hay 4 capitales: Badajoz (-15% recorte), Albacete (-9%), Santander y Burgos (-5%). Además, el informe revela que hay 39 grandes Ayuntamientos que son “pobres en servicios sociales”, porque gastan menos del 60% de la media (42,80 euros por habitante). De ellos, 19 Ayuntamientos con una “pobre política social” están en la Comunidad de Madrid y hay dos capitales, Badajoz (38,09 euros gasto por habitante) y Toledo (44,96 €).

En resumen, crece la pobreza y la exclusión social pero el ingreso mínimo vital no despega y algunas autonomías y Ayuntamientos aprovechan para ahorrar recortando ayudas a los más necesitados. Y todo ello, con muchas personas “mirando para otro lado”, como si la pobreza no les incumbiera. Pero es un problema de todos. Porque la pobreza creciente es un serio obstáculo para la recuperación económica, que se dificulta si una cuarta parte de la población no puede gastar y consumir, contribuir al crecimiento y al empleo. También ataca   la democracia, porque las personas más vulnerables y en exclusión social no participan en el sistema y son caldo de cultivo de populismos y extremismos. Y además, la pobreza es una muestra de desigualdad e injusticia social. Por todo ello, la pobreza es un cáncer social, económico y político, que hay que extirpar. No podemos pensar en recuperar la economía y el país dejando a la cuarta parte de los españoles atrás.