Las “rentas mínimas” son pequeñas ayudas mensuales que las autonomías conceden a las familias más pobres desde hace tres décadas. La iniciativa la tomó el País Vasco, en 1989, y le siguieron Cataluña y Madrid (en 1990) para cerrar Aragón, en junio de 1.993. Su cuantía es muy dispar: oscila entre 434 euros mensuales en Galicia y 800 euros en el País Vasco. Y también son diferentes los criterios de concesión y el presupuesto. En 2020, con la pandemia, disfrutaron de las “rentas mínimas” un máximo de 795.861 beneficiarios (dos tercios mujeres), con grandes diferencias por autonomías (150.000 en Cataluña, 123.050 en País Vasco o 110.397 en Andalucía, frente a 78.605 en Madrid o 20.181 en Canarias), según los datos del Ministerio de Asuntos Sociales. Y el gasto autonómico en estas rentas mínimas alcanzó un máximo de 1.728 millones de euros en 2020, también con grandes diferencias: el País Vasco gastó 450 millones y Cataluña 427, mientras Andalucía gastó solo 135 millones, Madrid 133 millones, Canarias y Extremadura 42 millones y Castilla la Mancha 12,6 millones.
En resumen, las “renta
mínimas” son “un pequeño parche” autonómico, muy desigual según las regiones
y que ayuda poco a los 9,68 millones de españoles que están
en situación de pobreza (ingresan menos del 60% de la renta media:
menos de 840 euros mensuales los solteros y menos de 1.765 euros las familias
con dos menores). Pero a partir de 2020, las rentas mínimas
autonómicas ayudan aún menos, porque la mayoría de las autonomías han aprovechado que el Gobierno central
puso
en marcha el ingreso mínimo vital (IMV) para recortar sus ayudas
y “hacer caja”. Los datos oficiales
reflejan que entre 2020 y 2022 (últimos publicados), 13 autonomías han recortado su gasto en rentas mínimas en 241 millones
de euros (-12,8%), según
denuncia la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y sólo
han aumentado su gasto en rentas
mínimas 4 autonomías: Canarias
(+126,7%), Baleares (+87,3%), Cataluña (+23,3%) y Comunidad Valenciana (+10,8%).
Lo más llamativo es que entre esas 13
autonomías que han recortado sus rentas mínimas entre 2020 y 2022 hay
autonomías que gestionaba el PP (5),
pero también bastantes gestionadas entonces por el PSOE (6) y los nacionalistas (2). El mayor recorte del gasto lo
han hecho Aragón (-84,5%), Madrid (-81,2 %: -108,6 millones “ahorrados),
Castilla la Mancha (-72,9%), Castilla y León (-63,3%), La Rioja (-55,5%),
Extremadura (-44,9%: -19 millones), Cantabria (-44,6%), Andalucía (-43,1%: -58,5 millones “ahorrados”), Asturias
(-33,2%), Galicia (-31,6%: -17 millones), País Vasco (-15,6%: -70 millones “ahorrados”) y Navarra
(-15,3%), según
los Directores de Servicios Sociales.
Este recorte de gasto se produce porque han reducido los beneficiarios de las ayudas de las rentas mínimas entre 2020 y 2022: había 667.413 beneficiarios a finales de
2022, según
el Ministerio de Asuntos Sociales, 128.448
menos que en 2020. La mayoría de las autonomías recortaron beneficiarios,
pero las que más han sido Madrid (-57.383 beneficiarios, un 73% de los 78.605 beneficiarios de
2020), Andalucía (-77.685 beneficiarios perdidos, el 70%
de los 110.397 que tenía en 2020) y Baleares
(-11.992, dos tercios de los 19.256 beneficiarios que tenía en 2020). Y sólo
han aumentado beneficiarios en la Comunidad Valenciana (+35.400), Canarias
(+25.935) y Navarra (+692). Al final, esos 667.413 beneficiarios de rentas mínimas autonómicas sólo suponen
el 7,9% de todos los españoles que están
en situación de pobreza (9,68
millones), pero hay 8 autonomías donde suponen aún menos: Castilla la Mancha (reciben esta ayuda el 0,6% de los considerados “pobres”), Andalucía (el 1,6%), Murcia (1,6%), Madrid (2,4%), Castilla y
León (2,9%), Baleares (4,1%), Galicia (4,4%) y la Rioja (7,2%). Bajas coberturas que contrastan con Navarra y el País Vasco, donde reciben la renta mínima el 52% de sus
“pobres”. Y el 22,5% en Asturias o el 15,1% en Cataluña, según
los Directivos de Servicios Sociales.
Las autonomías han podido “hacer caja” y ahorrarse 241
millones entre 2020 y 2022 aprovechando
que el Gobierno Sánchez implantó el
ingreso mínimo vital (IMV) en mayo de 2020, en plena pandemia. Lo
que han hecho las autonomías es poner trabas a las familias vulnerables que recibían una renta mínima y que ahora
solicitan el IMV. Unas, como Andalucía,
Baleares, Cantabria, Cataluña y Galicia han hecho incompatible sus rentas
mínimas con recibir el IMV. Y en el resto, como Madrid, País Vasco,
Navarra, Canarias, Comunidad Valenciana o Asturias, sí pueden recibir las dos ayudas, pero les computa como ingreso lo
que reciben del IMV, con lo que algunos superan el tope de ingresos permitido y
pierden la renta mínima autonómica. Así,
unas y otras “han hecho caja”.
Mientras las rentas mínimas autonómicas están a la baja (la
tendencia ha seguido en 2023, a falta de datos globales), el
ingreso mínimo vital (IMV) mejora,
tras crecer muy poco en 2020 y 2021, por desconocimiento y el exceso de
exigencias y burocracia. Nació con el objetivo de llegar a 850.000 hogares y
beneficiar a 2,3 millones de personas vulnerables y ya está cerca: lo cobraban 735.000 hogares (dos
tercios, con una mujer al frente) y
beneficiaba a 2.157.712 personas (el 54% de los beneficiarios son mujeres y un 42,8% menores), según
el balance oficial al cierre de 2023. Este año 2024, el importe que se recibe con el IMV es muy superior a la mayoría de
las rentas mínimas autonómicas: 604
euros mensuales adultos solos, 966 euros en el caso de un adulto con
dos hijos y 1.147 euros mensuales
para familias con dos adultos y dos hijos. Además, en enero de 2022 entró en
vigor el complemento de ayuda para la
infancia, que cobran 451.900 familias
que tienen el IMV y niños: un complemento de 115 euros mensuales (niños de 0 a 3 años) a 57,5 euros (niños de 6
a 18 años).
Ahora, muchas ONGs temen que se recorten aún más las rentas
mínimas autonómicas, dado que el PP y Vox gestionan 11 de las 17 autonomías.
Y la derecha se ha mostrado siempre
contraria a las ayudas sociales, “la
paguilla” que critica la popular Ayuso. En su ideología neoliberal, que
impregna a gran parte del PP, la
pobreza “es un invento de la izquierda” y los que tienen problemas de
subsistencia es porque no ponen los medios para salir adelante, porque no
pelean por vivir mejor y “se conforman” con los subsidios. Por eso no es
casualidad que las autonomías que
gestiona el PP sean las
que menos gastan en rentas mínimas (2022): 872,46 euros anuales por beneficiario Murcia, 1.229 euros Andalucía o 1.702 euros Madrid, frente a una media española de 2.475 euros de gasto por beneficiario y los 3.656 euros de País Vasco, 3.021 de Navarra y 2.843 de Cataluña.
Cáritas propone
“armonizar” las rentas mínimas y el ingreso mínimo vital, para que puedan cobrar ambas ayudas
(complementarias) las familias más vulnerables, sobre todo esos 4 millones de españoles en situación de
pobreza severa (ingresan menos del 40% de la renta media: menos de 560
euros un soltero y menos de 1.176 euros una familia con dos niños). Y en
general, las ONGs piden que
se simplifique el mecanismo de las
ayudas públicas a las familias más vulnerables, porque el exceso
de requisitos y el complejo “papeleo” conducen a que muchas familias vulnerables (y los 35.000
españoles que viven en la calle, sin hogar) no reciban ni una renta mínima ni el ingreso mínimo vital (IMV). De
hecho, muchos
que trabajan no tienen derecho a una renta mínima por tener un empleo
(no les permite trabajar más de 90 días al año), aunque sea precario y mal pagado.
Y no se tiene en cuenta en la cuantía el
coste del alquiler o el número de hijos, factores claves. Además, proponen
que se cree una ventanilla única para ambas ayudas públicas (renta mínima e
IMV), dando más protagonismo en la
solicitud a las ONGs, para agilizar la concesión que hoy se retrasa
demasiado.
Con todo, muchos expertos creen que no se trata sólo de “armonizar”
las rentas mínimas y el ingreso mínimo vital, coordinar mejor las ayudas públicas, sino que debería aprovecharse
para “reordenar”
todas las ayudas públicas a las familias más vulnerables, porque hoy
por hoy son escasas y están mal diseñadas, como ya ha alertado a España en
varias ocasiones la OCDE. Por un lado, las ayudas públicas a las familias en
España tienen la mitad de peso que en
otros paises: suponen el
1,6% del PIB (2021), frente al 2,5% en la UE-27 y en Francia, el
3,4% en Dinamarca o el 3,7% del PIB en Alemania. Además de ser escasas, las ayudas sociales benefician más a las rentas
medias y altas que a las bajas. Y eso porque el grueso de las ayudas
son las desgravaciones fiscales a las
familias en el IRPF, que benefician a 8 millones de contribuyentes ( que se
ahorran 4.000 millones de euros cada año), la mayoría
de rentas medias y altas, porque las
rentas bajas y los más pobres no declaran (los que ingresan menos
de 22.000 euros al año, todos los que están en pobreza severa y la mayoría de
los “pobres”).
Por todo esto, distintos expertos plantean modificar
el esquema de protección social a las familias más vulnerables. Por un
lado, coordinar y simplificar las
ayudas autonómicas y el ingreso mínimo vital, para que lleguen a más
beneficiarios y su importe no dependa del Gobierno autonómico de turno, sino
que esté regulado por una Ley estatal, coordinándose
con otras ayudas, como la prestación no contributiva por desempleo. Y por
otro, proponen aprobar una prestación
universal por hijo, que ayude a las familias a afrontar los costosos gastos
de crianza y a reducir la escandalosa pobreza infantil, promoviendo la
natalidad.
España tiene 2
problemas estructurales graves, de los que se habla poco. Uno, la baja natalidad: 1,2 hijos por mujer,
la tasa de fecundidad más baja de Europa, salvo Malta (1,1). Un problema que hipoteca nuestro futuro, no sólo porque
nos faltará mano de obra (que necesitamos suplir con emigrantes) sino ocupados
para pagar impuestos y pensiones. Y el otro problema, la
altísima pobreza infantil: el 27,8%
de los menores en España viven en hogares “pobres”, frente al 19,3% en la
UE-27, un dato peor al de paises como Rumanía (27% pobreza infantil) o Bulgaria
(25,9%), Italia (25,4%), Grecia (22,4%) o Francia (19,3%) y un gran
contraste con el 9,5% de pobreza infantil en Finlandia o el 14,8% en Alemania,
según Eurostat. Un dato, 2.379.000
niños pobres, impropio de la 3ª
mayor economía europea.
Para afrontar estos
dos graves problemas, que arrastramos
desde hace décadas, muchos expertos defienden
una medida, implantada hace años en 20 de
los 27 paises europeos (los que tienen menos pobreza infantil): una
prestación universal por hijo, financiada por impuestos, que se sumara a una renta mínima (estatal
y autonómica) que llegara al menos a las familias en pobreza severa (4 millones
de personas). Esa ayuda universal por
hijo, mayoritaria ya en Europa y cuyo importe se podría modular según la
edad (de 0 a 16 o 18 años), permitiría
reducir la escandalosa pobreza infantil actual (somos “lideres en Europa”) y
a la vez fomentar la natalidad, algo clave para nuestro futuro como país.
De momento, el Gobierno Sánchez aprobó desde 2022 esa ayuda
complementaria de 115 euros al mes por hijo (de 0 a 3 años), pero sólo como complemento para los que cobran el
ingreso mínimo vital. Y en paralelo, desde la declaración de 2022, las madres trabajadoras con hijos hasta 3 años
pueden desgravarse
hasta 1.200 euros anuales en el IRPF.
Todo esto podría simplificarse con una prestación universal por hijo, se declare el IRPF o no, como hacen
ya 20 paises europeos, una medida que la propia OCDE ha invitado a España a
explorar. Y una ayuda que, otra vez, se
ha adelantado a aprobar el País Vasco: a partir de marzo de 2023 entró en vigor esta ayuda
universal por hijo, 200 euros
al mes que cobrarán durante tres años todas
las familias que hayan tenido hijos después de esa fecha. De momento, el Gobierno Sánchez estudia alguna medida
similar, como una deducción
universal por maternidad hasta los 6 años, según
informó hace unos días en el Congreso el ministro de Asuntos Sociales, medida
que podría ampliarse progresivamente.
Al final, se trata de luchar contra la pobreza y la vulnerabilidad
de muchas familias, centrada más
en las que tienen hijos, además de promover la natalidad. La pobreza existe
y muchas familias necesitan ayudas públicas para comer, pagar el alquiler y
sobrevivir, diga
lo que diga Ayuso. Por eso, hay que
ayudarles, no mirar para otro lado ni recortar las ayudas autonómicas como
muchos hacen. Y eso, porque la pobreza
es “un cáncer social, económico y político”, que debería ser una prioridad para todos, al margen de las ideologías. Porque la
pobreza es un serio obstáculo a la
recuperación económica, que se dificulta si la cuarta parte de la población
no puede consumir y contribuir al crecimiento y al empleo. También ataca la democracia, porque las
personas vulnerables y en exclusión social no participan en el sistema y son caldo de cultivo de populismos y
extremismos. Y además, porque la pobreza es una grave muestra de desigualdad e injusticia social. Por todo esto, urge atajar la pobreza sin racanería y no
dejar a la cuarta parte de españoles atrás.
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