¿Subir o bajar impuestos?: esa no es la cuestión

Con elecciones por delante, vuelve el viejo dilema: subir o bajar impuestos. Es un debate político, no económico: la prioridad de España debe ser recaudar más, porque llevamos décadas recaudando menos que Europa y urge ingresar más para afrontar la crisis. Para conseguirlo, hay que subir impuestos a los que pueden pagarlos, a las empresas con beneficios y a los ricos. Y si podemos, que paguen menos los que ya pagan y necesitan más ayuda, los trabajadores, autónomos y pymes. Es lo que recomiendan la Comisión Europea, OCDE, FMI y hasta el BCE: subir impuestos selectivamente y no hacer bajadas generalizadas. Y menos a los más ricos, como defiende el PP y sus autonomías. Ahora, a falta de una reforma fiscal de verdad, el Gobierno ha aprobado “un parche Robín Hood”: subir impuestos a 3.600 empresas y 23.000 ricos y bajárselos a 4 millones de trabajadores, 400.000 pymes y un millón de autónomos. Y aun así, recaudar 3.144 millones más en 2023. Por economía, no por ideología.

Enrique Ortega

Antes de entrar en el dilema sobre subir o bajar impuestos, veamos dónde estamos, cual es la situación fiscal de España. Y está claro que tenemos un grave problema de fondo, reiterado por la Comisión Europea y todos los organismos internacionales: recaudamos poco, menos que el resto de Europa. Y no es un problema de ahora, de este Gobierno o el anterior: lo arrastramos desde siempre, con Franco y con la democracia. Así, en 2004, en plena “burbuja inmobiliaria”, España recaudó el 37,4% del PIB, frente al 44,9% que recaudó la UE-28, el 53,9% que recaudaba Francia y el 45,2% que recaudaba Alemania. Y con la crisis, entre 2008 y 2012, la recaudación fue menor en España (36,5% del PIB) mientras se mantenía estable en Europa (45%) y quedaba lejos en Francia (50,7%) y Alemania (44,5%, según la Comisión Europea.

No se trata de que nosotros paguemos más o menos impuestos que el resto de europeos. Se trata de que España recauda un porcentaje menor de su riqueza (PIB), que tenemos mucho menos “músculo fiscal”. Si se toma un periodo amplio, la década entre 2011 y 2020, España recaudó el 38,7% de su PIB, frente al 46,1% la UE-28. Significa que hemos ingresado 85.000 millones menos cada año que si recaudáramos como los demás europeos: una pérdida de ingresos de 851.000 millones en la pasada década. Y si tomamos los datos de 2021, la brecha de recaudación con Europa sigue ahí, aunque se ha reducido por la mejora de recaudación tras la pandemia y las subidas de impuestos del Gobierno Sánchez: España recaudó el 43,7% del PIB, frente al 46,9% de media la UE-27, el 47,8% de Alemania, el 48,3% de Italia y el 52,8% de Francia, según Eurostat. Eso significa que si recaudáramos como los demás europeos, España ingresaría entre 38.562 millones (UE-27), 49.407 millones más (Alemania) o 109.600 millones más (Francia)… cada año.

¿Por qué España recauda menos que la mayoría de Europa? (sólo Irlanda, Rumanía, Bulgaria, Malta, Estonia, Letonia y Lituania recaudan comparativamente menos). Porque recaudamos menos en todos los impuestos. En el IRPF, somos el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea: un 7,5% del PIB frente al 10% la UE-27, el 9% que recaudan Alemania o Francia, el 12% de Italia o el 27% en Dinamarca. Y no porque tengamos tipos más bajos, sino porque hay muchas deducciones y exenciones fiscales. En el IVA, somos también el tercer país que menos recauda, tras Irlanda e Italia: el 6,3% del PIB frente al 6,9% de media en la UE. La culpa es del exceso de productos con el IVA reducido (al 10%) o superreducido (4%). En el impuesto de Sociedades (empresas), la recaudación española está a la cola de Europa: el 2,3% del PIB, por debajo del 2,5% que recauda la zona euro. Otra vez, la culpa son las enormes exenciones y beneficios fiscales, que restan recaudación. Y en los impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco), también España recauda menos: un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media europea y el 3% en los paises nórdicos, debido a que el tabaco, el alcohol y los carburantes pagan menos impuestos en España. Y también ingresamos menos por las herencias (-3.250 millones menos cada año que la media UE), las tasas y los precios públicos.

Al final, tenemos unos impuestos similares a los europeos, con tipos algo más bajos, pero que recaudan menos porque son “un queso de gruyere”, están llenos de agujeros por los que se pierde recaudación: las deducciones, exenciones y bonificaciones fiscales, que además benefician más a los que declaran mayores ingresos (fomentan la desigualdad). Un dato reciente: en 2021 se concedieron 39.049  millones de “beneficios fiscales”, un 17,5% de la recaudación fiscal. O sea, las deducciones suponen 1 de cada 6 euros de ingresos potenciales y son muy abultadas en el IVA (20.491 millones), en la Renta (11.178 millones) y en Sociedades (3.871 millones de deducciones). Con ello, las grandes empresas y las rentas de capital (intereses y dividendos) pagan un tipo efectivo (9,2% sobre beneficios)  inferior a las pymes (17,2%) y trabajadores (12,81%). Y además, España ingresa también menos porque hay mucho fraude fiscal: la economía sumergida (actividades no declaradas) supone el 20% del total, frente al 13% en Europa, según el FMI.

Así que tenemos un serio problema de baja recaudación, que acarrea dos consecuencias. Una, que como ingresamos menos, también gastamos menos que el resto de Europa. Así ha sido en el pasado (en 2003-2007, el gasto público era en España del 38,7% del PIB frente al 46,8% que gastaba Europa), después de la crisis financiera (44,9% del PIB frente a 48,6% entre 2011 y 2020) y el año pasado: en 2021, España gastó el 50,6% de su PIB (por las ayudas a la pandemia y la inflación), todavía menos que la UE-27 (51,6% del PIB) y que Alemania (51,5%), Italia (55,5%) y Francia (59,2% del PIB). Eso significa que gastamos 12.000 millones menos (al año) que si nuestro gasto público fuera como el del resto de los países europeos.

Y la segunda consecuencia es que, como los gastos públicos acucian y hay que pagarlos, cubrimos una parte de lo que no ingresamos con déficit público y nos endeudamos para financiarlo. El resultado de que “la recaudación no nos llegue” es que España tiene el 6º mayor déficit público de la UE-27 (un 6,9% del PIB en 2021) y la 4ª mayor deuda pública acumulada del continente (debemos 1.425.000 millones, el 118,4% del PIB), que nos obliga a gastar cada año 31.675 millones de euros en intereses, más “la herencia” de la devolución del  principal a nuestros hijos y nietos.

En definitiva, que por culpa de recaudar menos que el resto de europeos, tenemos más déficit y encima gastamos menos en lo que hace falta. Así, España gasta menos en sanidad (7,6% del PIB frente al 8% de media en la UE, el 8,5% en Alemania y el 9% en Francia), en educación (3,5% España frente al 3,9% la UE, el 4,5% Francia y el 5,2% Suecia), en gastos sociales (suponen el 16,9% del PIB frente al 19,2% en Europa) o en Ciencia (España gasta en I+D+i el 1,41% del PIB, la mitad que el 2,32% de la UE y un tercio del 3,14% que gasta Alemania). Y lo mismo podría decirse de una lista larga de necesidades públicas: vivienda,  infraestructuras, obras hidráulicas, protección civil, lucha contra incendios, formación… Todo menos en pagar el desempleo, donde gastamos más que el resto de Europa porque tenemos más del doble de paro.

Visto así, no parece que subir la recaudación sea una opción ideológica (de “izquierdas”) sino una necesidad económica, de puro sentido común. Recaudamos y gastamos menos en lo que hace falta que el resto de europeos y con este menor colchón de ingresos hemos tenido que afrontar dos crisis seguidas, la pandemia y la inflación disparada con la guerra en Ucrania. En la anterior crisis, de 2008 a 2011, Europa y el gobierno Rajoy optaron por “la mayor subida de impuestos de la democracia” (2012-2014) y los recortes. Ahora, Europa y el Gobierno Sánchez optan por el camino contrario: más ayudas, gastar más, con un Plan de recuperación (850.000 millones, 140.000 para España)  y 500.000 millones en ayudas a empresas y familias contra la inflación: España es el 4º país con más ayudas públicas (35.500 millones, el 2,9% del PIB), tras Alemania (100.200 millones, el 2,8%), Francia (71.600 millones, el 2,9%) e Italia (59.200 millones, el 3,3% de su PIB), según Bruegel.

Con este panorama, y el temor a que la guerra en Ucrania y la inflación se prolonguen y exijan más ayudas en los próximos meses, no está el patio para bajar impuestos sino para recaudar más. Es lo que defienden desde hace meses el FMI y la OCDE, y más recientemente la Comisión Europea y el BCE, organismos poco sospechosos de ser “de izquierdas”. Todos reiteran que hacen falta ayudas, no generalizadas sino selectivas (a las familias y empresas más afectadas) y que hay que recaudar más, poniendo impuestos a las empresas que se benefician de la crisis, como las energéticas. Incluso el economista jefe del BCE, Philip Lane acaba de defender “subir impuestos a los más ricos y a las empresas más rentables”. Por pura estrategia económica, no por ideología: es hora de recaudar más para gastar más, no menos. Y España, que recauda poco, con más motivo.

La excepción internacional ha sido la nueva ministra británica, la conservadora Liz Truss, que aprobó un plan para bajar los impuestos… a los ricos: los que ganan más de 150.000 libras al año (172.500 euros) pagarían el 40% en vez del 45%. La medida provocó un desplome de la libra, porque los inversores temían que Reino Unido no pudiera financiar sus ayudas contra la crisis (lleva gastados 178.400 millones de euros, el 6,5% de su PIB) si reduce su recaudación. Incluso sus colegas conservadores estaban en contra, forzando a Truss a retirar esta rebaja concreta, aunque sigue con su Plan: "bajar impuestos es lo correcto, moral y económicamente", reiteró ayer. La otra excepción en Europa es el PP español, con Feijoo defendiendo desde hace semanas la bajada de impuestos, como medida estrella para luchar contra la inflación. Ideología antes que realismo.

Y en medio de este panorama, Andalucía y Madrid, dos autonomías gobernadas por el PP anuncian bajadas de impuestos en 2023, año de elecciones. Ambos aprueban “deflactar” la tarifa de la Renta, lo que supone descontar la inflación a lo que se ha ganado en 2022, lo que hará que se pague menos. Pero ojo, la medida reducirá la recaudación (que tanta falta hace para sanidad, educación, gastos sociales y en Andalucía, contra la sequía) de forma desigual: pagarán menos los que más tienen. En Madrid, por ejemplo, la deflactación ahorrará 19 euros anuales a las rentas más bajas y 110 euros a las más altas. Además, Andalucía se suma a Madrid y también suprime el pago por el impuesto de patrimonio  a sus 20.660 contribuyentes más ricos, con lo que perderá 120 millones de recaudación. Madrid lleva desde 2011 sin cobrar patrimonio y beneficiando a 19.508 declarantes más ricos (250 con más de 30 millones), perdiendo 905 millones de recaudación al año.

Tras las rebajas de Andalucía y Madrid, las demás autonomías gobernadas por el PP  (Murcia, Galicia, Castilla y León) se han lanzado a prometer rebajas de impuestos en 2023, por la vía de deflactar la tarifa o suprimir el impuesto de sociedades. Incluso tres comunidades gobernadas por el PSOE, Valencia, Baleares y Castilla la Mancha, se suman a las rebajas, aunque de otra manera: proponen bajar impuestos a las familias con menos ingresos y subirlas a los más ricos, con un saldo de pérdida de recaudación.

Esta rebaja autonómica de impuestos es injusta por partida triple. Injusta con Europa, cuyos contribuyentes no entenderán que algunas regiones españolas bajan impuestos cuando nos han prometido 140.000 millones (77.200 millones a fondo perdido), que saldrán de sus bolsillos. Injusta con otras autonomías, porque con el sistema de financiación autonómica actual, hay regiones que ingresan de más y otras menos: Madrid recibe el 101,2% de la media (es de las sobre financiadas, junto a Cantabria, la Rioja, Canarias, Extremadura y Baleares), mientras otras reciben menos en el reparto (Valencia, Murcia, Castilla la Mancha y Andalucía están infra financiadas). Y sobre todo, injusta con la mayoría de los ciudadanos: las autonomías que bajan impuestos son las que menos gastan en sanidad (Madrid, Cataluña, Murcia y Andalucía tienen el menor gasto por habitante), en educación (Madrid es la que menos gasta) y gastos sociales (Murcia, Madrid y Andalucía entre las 5 que menos gastan). No es casualidad: si se bajan impuestos, se recauda menos y se gasta menos.

El Gobierno ha querido cortar de raíz esta “carrera de rebajas fiscales”, aprobando varios cambios fiscales para 2023 y 2024, que son un “parche”, un sucedáneo de la reforma fiscal a fondo que España necesita, pero que es imposible pactar en víspera de un año electoral. Es una “estrategia fiscal Robín Hood”: bajar impuestos a una mayoría de familias y empresas con más problemas, a cambio de subirlos a una minoría, buscando que el saldo sea positivo: +3.144 millones de recaudación entre 2023 y 2024.

La bajada de impuestos no es generalizada (en línea con Europa) sino que afecta a tres grupos. El primero, entre 4 y 5 millones de trabajadores con menos ingresos, que ganan menos de 21.000 euros anuales (el salario mediano en España): no se toca su tarifa en el IRPF pero se extiende la deducción por el trabajo, con lo que pagarán menos en Renta (entre 331 euros un matrimonio con dos hijos, 689 menos un pensionista medio y 746 euros un soltero). El segundo, los autónomos, a los que se rebaja un 5% adicional el rendimiento neto de los módulos por los que pagan (beneficiará a 577.000) y se les permite aumentar del 5 al 7% los gastos deducibles sin justificar (beneficia a 956.000 autónomos). Y el tercero, la rebaja de tipos (del 25 al 23%) a las pymes que facturan menos de 1 millón de euros (son 407.384). Y baja el IVA de las compresas al 4%. En total, un ahorro fiscal de 2.505 millones.

Para compensarlo, se suben los impuestos a dos pequeños grupos. Uno, a los grandes grupos empresariales, a los que se limita un 50% la posibilidad de compensar las pérdidas de sus filiales (pagarán más 3.600 grandes empresas). Y otro, a los más ricos, con la creación de un nuevo impuesto de Solidaridad a las grandes fortunas, que afectará sólo a 22.935 contribuyentes con más de 3 millones de patrimonio, que pagarán este impuesto vivan donde vivan. Además, se sube el impuesto a los que ingresan más de 200.000 euros anuales en intereses y dividendos (del 26 al 27 y 28%, según la cuantía), lo que subirá los impuestos a 17.814 contribuyentes. En total, entre grandes empresas y los más ricos, se espera ingresar 5.649 millones más entre 2023 y 2024. Restando los 2.505 millones que se rebajan a trabajadores, autónomos y pymes, se recaudará 3.144 millones más. Que falta van a hacer.

Estos cambios fiscales se suman a los dos nuevos impuestos, a los beneficios extraordinarios de las energéticas (en línea con lo aprobado por Europa) y la banca, para recaudar 7.000 millones extras en dos años, que el Gobierno pondrá  en marcha en 2023, con una Ley ad hoc que tampoco apoya el PP. En conjunto, se busca recaudar más, porque hará falta “con la que está cayendo”. Es una necesidad económica, no ideológica. Por eso digo que subir o bajar impuestos es un falso dilema: ahora, en esta coyuntura económica, hacen falta más ingresos, no menos. Es puro sentido común, no ideología. En España, ya nos faltaban ingresos antes y más ahora, para afrontar esta nueva crisis por la inflación, tras la pandemia. Y urge reforzar la sanidad, la educación, la lucha contra la desigualdad, la modernización del país, que buena falta nos hace. Que no les engañen.