El recibo de la luz
subió un 10,3% en 2017, debido en parte a la sequía, que redujo la luz
producida con centrales hidroeléctricas y molinos eólicos y aumentó la generada
con carbón, fuel y gas, más cara y más sucia (CO2). Pero no
es sólo eso: el mercado eléctrico utiliza un sistema de precios que prima las energías más caras y promueve el fraude, por lo que han expedientado a
varias eléctricas. Además, la mayor parte del recibo son “peajes”, que fija el
Gobierno y pagan costes que deberían cargarse al Presupuesto o suprimirse, como
la deuda eléctrica, las ayudas a renovables, nucleares o centrales de gas y a la
industria vasca. Y también pagamos más
impuestos. Por estos “extra costes” y no por el clima, la
luz en España es un tercio más cara que
en Europa, en beneficio de tres grandes eléctricas. Mientras no hagan una auditoria de costes y paguemos la luz por lo que vale, el
recibo seguirá subiendo en 2018.
Durante el año 2017, subió la luz en 7 meses (incluido el último trimestre), con lo que la factura de un consumidor medio (4,4 kw de potencia y 3.900 kWh consumidos) se encareció en 77 euros, hasta los 830 euros anuales, un +10,3% de subida en 2017, según la estimación de la Comisión de la Competencia (CNMC), tras haber bajado un -10,8% en 2016 y subir antes un +10.30% en la primera Legislatura de Rajoy (2012-2015).
enrique ortega |
Durante el año 2017, subió la luz en 7 meses (incluido el último trimestre), con lo que la factura de un consumidor medio (4,4 kw de potencia y 3.900 kWh consumidos) se encareció en 77 euros, hasta los 830 euros anuales, un +10,3% de subida en 2017, según la estimación de la Comisión de la Competencia (CNMC), tras haber bajado un -10,8% en 2016 y subir antes un +10.30% en la primera Legislatura de Rajoy (2012-2015).
Si la luz ha subido tanto en 2017 ha sido en gran parte por
el clima, por la sequía, que ha reducido el
peso de la luz producida en las centrales hidroeléctricas (-48,4%) y
los molinos eólicos (-1,6%), más barata, obligando a producir más luz en las centrales
de carbón (+22,6%), de fuel (+3,9%) y las de ciclo combinado de gas
(+32,9%), según Red Eléctrica, una luz más cara y que genera más emisiones de CO2. También
ayudó, en enero de 2017 (subida de la luz del 28,9%), el cierre de varias nucleares en Francia, que disparó el precio de la
luz importada, y la subida del gas y el
petróleo, que habían bajado los años anteriores.
Pero la subida no es
sólo culpa del clima y los altos precios de la energía. Una parte del
aumento del recibo hay que achacárselo al funcionamiento mercado eléctrico ibérico (MIBEL),
que funciona desde 1998: es un mercado estrecho (un “mercadillo”) y con precios
muy volátiles, donde muy pocas empresas (Endesa, Iberdrola y Gas natural)
tienen un gran poder y se benefician de un sistema de precios “de locos”,
que les permitió Aznar con la Ley eléctrica de 1.997. En esencia, es un mercado donde cada empresa va
aportando su electricidad, empezando por las más baratas (hidroeléctrica,
renovables, nucleares) y siguiendo con las
más caras (fuel y gas), que son las
que fijan el precio a que se paga a todas. O sea, que si el kilowatio de
gas entra a 90 euros, es lo que se paga por el kilowatio hidroeléctrico (que
cuesta producir 10 euros) o el nuclear (que cuesta 22 euros). Un negocio
redondo para estas centrales, que además están ya amortizadas. Es como si compráramos carne picada hecha
con pollo, cerdo, ternera y chuletón y la pagáramos a precio de chuletón.
De hecho, el experto Jorge Fabra estima que los consumidores
hemos pagado 20.000 millones de más a las eléctricas, sólo entre 2005 y
2015, por este injustificable sistema de
precios.
Además de engordar los
precios del mercado eléctrico, este sistema incentiva el fraude,
porque algunas eléctricas pueden verse
tentadas a cerrar hidroeléctricas y meter centrales de gas, para subir
artificialmente precios Es lo que detectó en diciembre de 2013 la CNMC, que
multó a Iberdrola por parar la producción de sus centrales
hidroeléctricas del Duero, Tajo y Sil, provocando una falta de oferta que
disparó los precios del mercado. En enero de 2017, algunos expertos denunciaron que las eléctricas habían “manipulado el mercado”, retrasando la entrada de las centrales de
gas y marcando luego un precio muy alto que benefició a sus centrales más
baratas. Y la CNMC ha abierto, en diciembre de 2017, otro expediente a Gas Natural y Endesa,
por haber encontrado “indicios” de que ambas compañías contribuyeron a “alterar el precio mayorista de la
electricidad entre octubre de 2016 y enero de 2017”. Y por si fuera poco,
se ha detectado otro problema adicional, a raíz de la fuerte subida de la luz
en octubre 2017: existe un algoritmo en el mercado eléctrico (introducido en 2013) que hace entrar
en juego a los mercados secundarios y funciona mal, “elevando artificialmente los precios”, como ya denunció la propia
CNMC en 2014. Y este algoritmo nos pudo costar una subida extra de la luz en octubre
pasado de más de 4 millones de
euros.
Como se ve, el mercado eléctrico, donde se fija el precio
base de la luz, es complejo y poco transparente, pero juega a favor de las subidas. Y más desde abril de 2014, cuando el Gobierno Rajoy acordó que el precio de la luz en
el mercado mayorista se fijara cada día
y cada hora, algo que no sucede en
ningún otro país de Europa, donde los precios se fijan mensual o
trimestralmente. Eso hace que el español sea un mercado muy volátil, con muchos altibajos, un tobogán de precios muy
sensible al clima, al cierre de tal o cual central o a la mayor o menor
demanda, interna o extranjera. Y eso se traduce directamente en la factura de los
usuarios, que sufren esta enorme volatilidad.
Este coste de la luz
en el mercado mayorista es una de las
tres partes del recibo y supone el
37,5% de la factura que pagamos, según la CNMC. Y no para todos los usuarios, sólo para los que tienen un “precio regulado” de la luz, que son 11,9 millones de españoles. El resto, otros 17 millones de consumidores, pagan una “tarifa libre”, generalmente anual,
fija (“tarifa plana”), que no varía con el clima o los vaivenes del mercado de
la electricidad. Pero estas tarifas
libres tienen dos pegas. Una, que
suelen ser más caras que las tarifas reguladas (32 euros más de media), porque las eléctricas tienen que cubrirse de que suba
la electricidad. Y la otra, que al renegociar la tarifa cada año, la eléctrica
les subirá el importe si el mercado eléctrico está subiendo los precios. Se lo acabarán repercutiendo.
Vayamos a la segunda
parte del recibo, un 41,5%de la factura que pagamos,
que no tiene que ver con cómo evolucione el
precio de la luz en el mercado mayorista y que pagan igual todos los consumidores, los que tienen precios “regulados”
y libres”. Son los costes regulados
que fija el Gobierno cada año y que se llaman “peajes”. Llevan cuatro años sin subir y tampoco subirán en
2018, pero son un enorme “cajón de sastre” de costes que encarecen nuestro recibo y que deberían suprimirse o cargarse al
Presupuesto. Aquí pagamos algunos costes
justificados pero demasiado elevados,
como por transportar la electricidad (el 2,96% del recibo) o distribuirla (el
10,04% del recibo) y otros injustificados: ayudas a las renovables (6.403 millones
en 2016, el 17,22% del recibo), a las nucleares
(155 millones, el 0,41% del recibo, por el parón nuclear de 1986), para amortizar la deuda eléctrica acumulada (2.828 millones, el 2,84% del
recibo), para compensar a Endesa por el mayor coste de producir luz en las islas (4,2% del recibo), para
compensar a grandes industrias de que puedan cortarles la luz si hace falta (algo
que nunca ha pasado y por lo que pagamos 525 millones, el 3% del recibo) o
incluso este año para abaratar la luz a las industrias vascas (50 millones que salen de nuestro
recibo, en contrapartida al apoyo del PNV a los Presupuestos 2017…). Y hay más,
como las ayudas a las centrales de gas
para que estén disponibles, aunque no funcionen.
Como se ve, en esta 2ª
parte del recibo nos cargan muchos costes que poco tienen que ver con el coste directo de la
electricidad y que son compensaciones
que las eléctricas han ido consiguiendo en las últimas décadas, a costa de
nuestro bolsillo. Muchas son criticadas por la Comisión de la Competencia (CNMC) y otras por la Comisión Europea, que tiene abiertos tres expedientes a España, por las ayudas a las centrales de gas que no
funcionan y a las empresas por poder cortarles la luz (“ayudas a la interrumpibilidad”, que consideran una “ayuda encubierta”) y, sobre todo, porque
el Gobierno Rajoy fija estos “peajes” y no lo deja en manos de un organismo
independiente, como pasa en el resto de Europa. Aquí debía ser la CNMC
(aunque depende del Ministerio de Economía), pero el ministro de Energía se
niega a perder esta competencia de los peajes,
lo que ha llevado a algo insólito: la CNMC
ha llevado al Gobierno a los Tribunales, presentando un recurso al Supremo contra el real decreto que aprobó el Gobierno en
octubre para seguir aprobando tarifas y peajes eléctricos.
Y queda la tercera parte del recibo, el 21% restante de la factura que
pagamos, que son impuestos, y donde también pagamos de más,
más impuestos a la electricidad que la media de Europa. La luz paga en España dos impuestos, el impuesto especial eléctrico (del 5,113% sobre la potencia contratada y el
consumo, 1.300 millones recaudados que van a las autonomías) y el IVA sobre la factura total (incluido
el impuesto eléctrico, con lo que pagamos un impuesto sobre otro impuesto), que
es del 21%, uno de los más altos de Europa: en Reino Unido se paga el 5% de IVA en
la luz, en Italia el 10%, en Grecia el 13%, en Irlanda el 13,5%, en Francia el
16,7% y en Alemania el 19%.
Recapitulando, vemos que en las tres partes del recibo de la luz (coste de producirla,
peajes que aprueba el Gobierno e impuestos) pagamos costes de más. Pero incluso antes, al
contratar la luz, ya pagamos de más muchas
veces, porque contratamos más
potencia de la que necesitamos, por miedo a que “nos salte el automático”: un 20% de españoles tienen contratada más potencia de la que necesitan y pagan así 52,82 euros de más al año,
según un estudio de Mirubee. Antes no era tan caro hacerlo, pero en 2013, con la “reforma eléctrica” aprobada por el Gobierno
Rajoy, se subió mucho el componente potencia del recibo (+92% a los consumidores
domésticos y +145% a los industriales), como una forma de “garantizar ingresos”
a las eléctricas en unos años de menos consumo, por la crisis. Y ahora, podemos pagar casi tanto por potencia (gastemos o no luz) como por consumo. Yo pago 19,84
por potencia y 29,50 por consumo. Miren su recibo. Y si pueden,
contraten menos potencia.
Al final, entre tanto “extra
coste” (en el precio de mercado, peajes, impuestos y potencia contratada)
no resulta extraño que el precio de la
luz se haya disparado, subiendo en España un 52% durante la crisis
(2008-2014), casi el doble que en Europa (+34%). Y ahora, los consumidores domésticos pagamos la luz más cara de Europa, según Eurostat : 0,181 euros/kWh sin impuestos, un 41,4% más cara que la media europea (0,128 e/kWh
en la UE-28) y un 37% más cara que en la zona euro (0,132 euros/kWh), según los
últimos datos del Ministerio de Energía (precios
junio 2017). Y más cara que en Francia (0,109 €/kWh), Portugal (0,111
€/kWh), Reino Unido (0,134 €/kWh) y Alemania (0,139 €/kWh). Lo mismo les pasa a
las empresas: pagan 0,084 euros/kWh sin impuestos, un 21,7%
más que las empresas europeas (0,069 €/kWh media UE-28) y un 23,5% más que las
empresas de la zona euro (0,068 €/kWh), sí como un 33,3% más que las empresas
alemanas (0,063 €/kWh) y un 37,7% más que las francesas (0.061 €/kWh), aunque menos que las
británicas (0,095 €/kWh).
Ya no se trata sólo que paguemos
la luz más cara que la mayoría de europeos. Es que además es
más “sucia”, se emite más CO2 al producirla, sobre todo en 2017. Y eso
porque la sequía ha aumentado el peso, en la generación de electricidad, del carbón (17,4%), del fuel (2,6%)
y del gas (14,8%), con lo que las energías
renovables sólo han producido el
33,3% de la electricidad en 2017, según Red Eléctrica (REE), el peor dato de
los últimos 5 años. Y con ello, las emisiones
de CO2 para producir electricidad han
subido un 18% en 2017, hasta los 74,8 millones de toneladas, el peor dato
desde 2015, según los datos de REE.
Y cuando emitimos más CO2 para poner encender la luz, el ministro
de Energía nos sale defendiendo las
centrales de carbón y poniendo pegas a Iberdrola, que quiere cerrar dos centrales de carbón en Palencia y Asturias. El ministro Nadal quiere impedir esos cierres y otros que puedan venir, por razones políticas
(el voto de los mineros) y lo justifica por riesgo de suministro y porque la
luz se encarecería un 15%. Pero ambos argumentos son falsos. Los expertos creen
que el cierre de las centrales de carbón (hay 64 en España: ver listado) sólo encarecería
la factura un 2,2% y sólo a corto plazo. Y además, en España sobran
centrales, hay un exceso de capacidad
instalada, más de la mitad: 104.517
MW de potencia frente a una demanda máxima en 2017 de 41.0015 MW, según los datos de REE. Y el carbón aporta sólo 10.004
MW. El 1 de julio de 2020, las centrales de carbón tendrán que cerrar o haber acometido una profunda
reconversión, por exigencia europea.
Una luz más cara y más sucia, no sólo en 2017, sino también
se espera en 2018, a juzgar por la
meteorología, el mercado eléctrico (los futuros auguran otra subida del 6,5%), los peajes e impuestos. Y antes o después, nos tocará pagar el “bono social eléctrico”,
un descuento del que se benefician 2,5 millones de españoles y que el Gobierno
quiere que paguen las eléctricas, aunque hasta ahora se pagaba también en el
recibo. Pero las 5 grandes eléctricas ya lo han recurrido en diciembre de 2017 ante el Supremo y es como para que
nos echemos a temblar, porque en recursos anteriores, los jueces les dieron la
razón y el Gobierno se ha visto obligado
a devolverles 503 millones desde
2009, una parte a costa de nuestro recibo y otra a costa del reciente superávit
eléctrico. Y ahora está en juego quien paga los 230 millones del bono en 2017 y
otros tantos en 2018. Seguro que nos acaban cayendo encima.
Como he detallado, el
recibo de la luz es un galimatías que pagan los 29
millones de usuarios (particulares y empresas) y beneficia sobre todo a las
3 grandes eléctricas (Endesa,
Iberdrola y Gas natural controlan el 96,3% del mercado), con un gran poder
económico, político y mediático, que llevan décadas engrosando sus beneficios (y dividendos) a costa de asegurarse pagos crecientes en el mercado
mayorista de electricidad y en los pagos regulados. Es hora de acabar con tantos extra costes y la solución
resulta muy evidente: realizar una auditoría de costes, que establezca
lo que cuesta realmente la electricidad. Así evitaríamos pagar costes de más, entre un 20% y un 30% del recibo
que pagamos hoy. Una reforma a fondo del sistema eléctrico, otra gran asignatura pendiente de la
transición que ningún Gobierno se ha atrevido a hacer en estos 40 años. Luz y
taquígrafos para que paguemos la
luz por lo que realmente cuesta. Mucho menos de lo que nos cobran por ella.
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