Enrique Ortega
Los servicios funerarios son un negocio muy seguro y con gran futuro. Desde 2015, en España hay más muertes que nacimientos, por primera vez desde la Guerra Civil, debido a la caída de la natalidad y el envejecimiento de la población (hoy, el 6% de los españoles tienen más de 80 años, frente al 3,4% en 2001), por el aumento de la esperanza de vida (de 50 años que se vivía de media en 1941 a 84,4 años en 2023). El hecho es que las defunciones han aumentado un 60% en los últimos 40 años, saltando de 289.344 en 1980 a 360.391 en el año 2.000, 402.950 en 2012 y 463.133 en 2022, según el INE. Eso significa que hemos pasado de 792 entierros diarios en 1980 a 1.268 entierros al día en 2022.
Los servicios funerarios son un negocio muy seguro y con gran futuro. Desde 2015, en España hay más muertes que nacimientos, por primera vez desde la Guerra Civil, debido a la caída de la natalidad y el envejecimiento de la población (hoy, el 6% de los españoles tienen más de 80 años, frente al 3,4% en 2001), por el aumento de la esperanza de vida (de 50 años que se vivía de media en 1941 a 84,4 años en 2023). El hecho es que las defunciones han aumentado un 60% en los últimos 40 años, saltando de 289.344 en 1980 a 360.391 en el año 2.000, 402.950 en 2012 y 463.133 en 2022, según el INE. Eso significa que hemos pasado de 792 entierros diarios en 1980 a 1.268 entierros al día en 2022.
Pero además de que aumenta la mortalidad (y los entierros),
las previsiones apuntan que habrá más defunciones en el futuro,
porque seguirá aumentando la esperanza de
vida (87,5 años de vida media en 2061) y
el envejecimiento de la población (un 13% de españoles tendrán más de 80
años en 2060, el doble que hoy). La estimación del INE es que para los años 2037-41 haya 516.136
muertes anuales en España y 633.172 fallecimientos anuales en el periodo
2052-53. Y que lleguemos a una cifra
máxima de 668.451 muertos anuales en el periodo 2062-66 (ojo: 200.000
muertos más al año que hoy), para bajar ligeramente hacia 2070 (659.894
muertes anuales). Eso supone que pasaríamos de los 1.268 entierros diarios de
hoy a 1.831 entierros al día en 2065, un 44% más que hoy.
Con estos datos, es normal que muchos se apunten al "negocio
de la muerte", la prestación de servicios
funerarios, una actividad con sólo
medio siglo de historia en España. Antes, los fallecidos se velaban en casa
y sólo se generaba actividad con los ataúdes, nichos y lápidas. Pero a partir de los años 70 (el
primer tanatorio se abrió en Barcelona en 1968), surgió un negocio nuevo: la oferta de servicios
funerarios completos a las familias de los fallecidos. Primero fueron
compañías de seguros las que crearon empresas funerarias y luego invirtieron constructoras
y pequeños empresarios locales. Y en este siglo, con el "boom" de la
construcción y el tirón de ingresos de los Ayuntamientos, proliferaron tanatorios y
crematorios municipales, incluso en pequeños pueblos. Y así, ahora nos
encontramos con una
"burbuja
funeraria", miles de tanatorios y crematorios medio vacíos.
Actualmente, hay en España 2.567 tanatorios, con una capacidad de 7.000 salas de velatorio,
según los datos
de 2022 de la patronal Panasef. Eso indica que hay disponibles 5,5 salas por cada persona que fallece al
día (1.268 muertes diarias), un exceso claro de capacidad, más notorio
en algunos pueblos y ciudades. Y aún es peor la sobrecapacidad de crematorios:
había 537 hornos disponibles en
2022, con una capacidad de 1.663 incineraciones diarias, según Panasef. Pero
resulta que sólo se incineran en España
el 45% de los fallecidos, unas 571 incineraciones en 2022, la tercera parte de las que podrían hacerse en los crematorios disponibles (que tienen así 2/3 de su capacidad sin utilizar). De hecho, España
es el país con más hornos crematorios de Europa (537, frente a 307 en
Reino Unido, 185 en Francia o 159 en Alemania), cuando aquí se hacen menos
cremaciones.
Esta "burbuja" de
instalaciones, que encarece el coste
final de los servicios funerarios, es fruto de un crecimiento vertiginoso y desordenado del sector, donde muchos han
hecho el negocio al construir tanatorios y hornos crematorios, no tanto con la
explotación del servicio. Actualmente hay 1.076
empresas de servicios funerarios en España (con 12.433 trabajadores), un negocio muy disperso, con muchas
empresas en Andalucía (181), Galicia (171), Comunidad Valenciana (131) y
Castilla y León (115) y más concentrado en Madrid (22 empresas), Cataluña (47)
o Euskadi (33). Y en los últimos 5 años ha habido un proceso de concentración: las grandes empresas de servicios
funerarios han comprado empresas pequeñas locales, desapareciendo
360 empresas: se ha pasado de 1.435 en 2015 a 1.076 en 2022. Ha desaparecido un 25% del sector funerario.
Con ello, el negocio funerario se ha concentrado en 12 grandes empresas, que facturan entre
10 y 50 millones de euros anuales (30 millones de media) y que controlan más del 35% del mercado,
mientras todavía hay unas 850 empresas
locales muy pequeñas, que facturan
menos de 1 millón de euros al año, según
la patronal Panasef. Y cada semana, muchas de estas pequeñas funerarias
desaparecen o son compradas por las grandes, sobre todo en Galicia, Andalucía y
Castilla y León. Esto ha reforzado a las 5
grandes empresas, cada día mayores por sus compras y que controlan el 26% del mercado funerario. Un negocio que facturó 1.653 millones de euros en 2022, según
el último dato de Panasef, con lo que supera ya los ingresos de 2019
(1.565) aunque todavía no llega al récord
de facturación que tuvieron con la pandemia (1.700 millones en 2020).
La empresa
líder del sector funerario en
España es Memora, con 200 millones de facturación anual y unos 50.000
servicios anuales en sus 146 tanatorios, 45 crematorios y 35 cementerios. Es
propiedad de la aseguradora Catalana de
Occidente, que compró
en julio de 2022 la empresa funeraria (por 401,3 millones) a Ontario Teacher's (el Fondo de pensiones
de los profesores de Ontario), que antes se la habían comprado al Fondo de inversiones británico 3i. La
segunda mayor funeraria es Albia, propiedad
de la aseguradora Santa Lucía, que factura 90 millones anuales y gestiona unos
55.000 servicios anuales, con 126 tanatorios, 40 crematorios y 20 cementerios. La
tercera es Servisa, de la
aseguradora Ocaso, que factura 65 millones y anuales y tiene 60 tanatorios. La cuarta es Funespaña, propiedad de
la aseguradora Mapfre, con 48 millones de facturación, 160
tanatorios, 25 crematorios y 24 cementerios. Y 5ª está ASU, de la familia alicantina
Payá y Meridiano Seguros, con una
facturación anual de 30 millones.
El problema de esta creciente
concentración y gran poder de "las 5
grandes" es que se han repartido el mercado y fijan unas condiciones de "cuasi-monopolio" donde operan, impidiendo en la práctica la entrada de otras empresas, en perjuicio del usuario, que ha de
aceptar sus precios y condiciones en un momento muy doloroso. De hecho, han
sido numerosas las denuncias de pequeñas funerarias contra las
grandes. Y eso llevó al Gobierno Zapatero a aprobar una Ley
de Servicios Funerarios, en junio de 2011, que incluía dos cambios claves: suprimía la
exigencia de que una empresa funeraria estuviera autorizada en el lugar donde
iba a recoger al fallecido o donde lo iba a enterrar y suprimía también la
obligación de esperar 24 horas desde la muerte para trasladar el cadáver, dos
requisitos que impiden, de hecho, que una
funeraria de provincias se ocupe del enterramiento de alguien fallecido en
Madrid o Barcelona, por ejemplo.
Pero esa Ley no llegó
a aprobarse, porque se acabó la Legislatura, y el Gobierno Rajoy nunca contempló una reforma funeraria, aunque se lo
prometió a Bruselas en 2014, dentro del Plan
Nacional de Reformas. Y a pesar de la petición (en 2014) de la Comisión de la Competencia (CNMC), que habló incluso de "connivencia
entre empresas y Ayuntamientos" para impedir la libre competencia en los
cementerios y servicios funerarios, en perjuicio de los usuarios. Ya un
informe del Tribunal de Cuentas denunció en 2006 grandes diferencias de precios funerarios entre ciudades y la falta de transparencia del sector. Un sector que sigue "bajo vigilancia" de la CNMC, que ha
frustrado en octubre de 2021 la fusión de dos
grandes, Albia y
Funespaña, solicitada en 2019. Ahora, el sector funerario sigue
sin una Ley que lo regule y se rige por el Decreto de Policía Sanitaria Mortuoria de 1974.
La "gasolina" que alimenta este negocio funerario, además de
la creciente mortalidad, son los seguros
de decesos que contratan los españoles a las aseguradoras y que pagaron
1.050 millones en 2022 a las empresas funerarias (dos tercios de su facturación el año pasado), según la patronal
Unespa. Este seguro de decesos es el 2º
seguro más popular en España, tras el de automóviles (obligatorio: 33,2 millones de coches asegurados), con más de 22 millones de asegurados en 2022 (22.129.957,
según Unespa), 1,8 millones de
asegurados más en la última década. Eso significa que lo tienen el
47% de los españoles, aunque
su penetración es mayor en Extremadura (70,6%), Andalucía (62,4%), Asturias
(59,3%) y Castilla la Mancha (56,29%), siendo mucho menor en Madrid (39,18%),
Cataluña (33,88%) y Navarra (21,87%). Y sorprende el alto porcentaje que tienen
este seguro de decesos en Cádiz (78%), Ávila (76%), Ciudad Real (71%) y Cáceres
(66%), según los datos de Unespa. En general, lo contratan más las familias
con menos ingresos y los mayores de 60 años.
Este seguro de decesos es el
4º seguro que más primas recauda en España: 2.626 millones en 2022,
sólo por detrás del seguro de automóviles (11.352 millones) el seguro de salud
(10.543 millones) y el seguro multirriesgo (8.578 millones). Y ha sido uno de los seguros que mejor se ha comportado en las últimas
crisis, duplicando sus primas en los
últimos 17 años (ingresó 1.370 millones en 2015). Es un negocio muy
concentrado y 5
aseguradoras controlan casi el 70% del mercado de seguros de decesos: Santa Lucía (34,9%), Ocaso (21,2%) y Mapfre (12,6%), las 3 aseguradoras que controlan también el
negocio funerario, más Adeslas (5%) y Norte Hispania (4,7%). Y las 10 mayores
aglutinan el 82,4% de estos seguros.
El seguro de decesos tiene 3 modalidades, según el sistema de pagos por el que se opte (menos al
principio y más con la edad o más nivelado). Y actualmente se mantiene una
cierta "guerra de precios", como en el resto del seguro, con ofertas "low cost" muy bajas al
principio, para captar clientes. Los comparadores disponibles en Internet
hablan de cuotas
desde 109 a 182 euros al año, aunque la tarifa depende mucho de la edad
y la cobertura del seguro. En cualquier caso, un
estudio reciente de la OCU revela que estos seguros no son recomendables,
porque se acaba pagando el triple de
lo que cuesta el servicio funerario. Y la prima
sube cada año más, un +4,9% este año, según el INE.
Los seguros de
decesos pagan 6 de cada 10 funerales, pero los 4 restantes los pagan los familiares cuando se produce el
fallecimiento. El coste medio de un servicio funerario ronda los 3.700 euros, según la OCU, aunque varía mucho según la ciudad, oscilando entre 5.200 euros en
Madrid y 3.800 en Barcelona (ver "comparador
de precios"). En el desglose del gasto funerario, lo más caro es el féretro (1.198 euros), seguido de la
cremación (646), el tanatorio (546), las esquelas (319), personal y servicio
(291), coche (211), trámites y gestiones (205), flores (186) y otros (137). Y
el coste se dispara más si no hay cremación (55% entierros) y hay que pagar un
nicho o tumba (difícil de comprar en muchos cementerios).
La patronal
funeraria estima que un 58% del coste
se debe al servicio funerario estricto, otro 14,3% al crematorio o
cementerio y el 12,8% restante se lo lleva el pago de servicios complementarios
(certificados y tasas, esquelas, iglesia, coronas y lápida). Y recuerdan que un 15% se lo llevan los impuestos, el IVA
del 21%, que Rajoy subió en 2012 desde el 10% que se pagaba antes. La patronal funeraria se queja de que España
paga el tercer IVA más alto en Europa por los servicios funerarios (tras el 27% de Hungría y el 24% de Grecia), mientras se paga un 20% en
Francia, un 19% en Alemania y un IVA cero en los servicios funerarios en
Italia, Portugal, Irlanda, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia y Suecia. Por eso
piden bajarlo al 10%, lo que reduciría
el coste de un sepelio en 350 euros.
Cara al futuro, las empresas funerarias
están aumentando al máximo sus servicios, lo que encarecerá el coste de los entierros, porque muchas familias empiezan
a contratar
servicios complementarios: sepelios laicos (15%), viajes para tirar las cenizas, música,
psicólogos y servicios personalizados, servicios digitales (funerales "en streaming", Memoria, historial del difunto) y en redes sociales, gestión de
legados y huella digital... Y avanza el concepto de funerales "sostenibles", con
la oferta de ataúdes de cartón y
reducción de emisiones más plantación de árboles. En paralelo crecen los cementerios y servicios funerarios para mascotas (hay 31 millones en España). De hecho, Málaga tendrá a finales de 2023 el
primer cementerio público para mascotas de España.
En resumen, la
muerte se ha convertido en un gran negocio y en un coste creciente para las
familias, que no tienen tiempo ni ganas para elegir cómo entierran a
sus seres queridos, mientras la oferta se concentra y las grandes funerarias
imponen condiciones, con poca transparencia y sin una Ley que
ponga orden y competencia en el sector, evitando los abusos y unos precios
disparados. Hasta morirse es caro.
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