Enrique Ortega |
España ha aumentado su recaudación fiscal en los últimos 15 años, para financiar y mejorar los servicios públicos, aprovechando el mayor crecimiento económico y que hay más empleos y pensionistas, con más ingresos y que pagan más impuestos. Globalmente, se ha pasado de recaudar 200.676 millones en 2007 a 255.463 millones en 2022, un aumento del +27,3%, según la Agencia Tributaria. Pero el esfuerzo fiscal ha sido desigual. El Impuesto sobre la Renta (IRPF), que en su mayoría pagamos trabajadores y pensionistas, ha pasado de recaudar 72.614 millones en 2007 a 109.485 millones en 2022, un aumento del +50,7%. Y el IVA, el impuesto que pagamos todos los días, también mayoritariamente trabajadores y pensionistas, ha saltado de ingresar 55.851 millones en 2007 a 82.595 millones en 2022, un aumento del +47,9%. Mientras, el Impuesto de Sociedades, que pagan las empresas, recauda mucho menos: de ingresar 44.823 millones en 2007 ha pasado a recaudar 32.176 millones en 2022 (-26,77%), aunque en 2019, cuando la izquierda llegó al Gobierno, aún recaudaba mucho menos (23.738 millones), la mitad que en 2007.
Como se ve, el esfuerzo fiscal de la mayoría (trabajadores y pensionistas), que no pueden “evadir impuestos” porque sus ingresos son fácilmente controlables, ha sido importante y ahora, que ingresan más, pagan un 50% más en Renta e IVA. Pero las empresas pagan una cuarta parte menos. Podría pensarse que eso se debe a que, con las crisis, ganan menos y por eso tributan menos. Pero no es así, según los datos de la Agencia Tributaria: los beneficios de las empresas españolas en 2022 han sido un 50,1% superiores a los de 2008 (ver gráfico). Incluso se han duplicado sobre 2005 (327.461 millones frente a 164.497). En resumen: las empresas ganan el doble y pagan una cuarta parte menos de impuestos.
¿Cuál es el truco? Que las empresas pagan ahora a Hacienda un menor porcentaje sobre sus beneficios. Y eso se debe a cambios en la política fiscal, a privilegios que han ido acumulando en las últimas décadas, amparados por distintos Gobiernos. En los años 90, los gobiernos de Aznar privatizaron 50 grandes empresas públicas (Telefónica, Repsol, Endesa, Tabacalera, Argentaria…) y les ayudaron a convertirse en importantes multinacionales, con el apoyo posterior de los gobiernos de Rodríguez Zapatero, que, en 2007, les hizo una serie de “regalos fiscales”, con la excusa de fomentar la inversión y el empleo: bajada del tipo nominal de sociedades (del 35 al 30%) y la creación de un abanico de exenciones, deducciones y beneficios fiscales que rebajaban su tributación final. En 2012, al llegar Rajoy al Gobierno, se encontró con un “agujero fiscal” y llegó a decir en el Congreso: “Algunas empresas del IBEX no pagan impuestos”. Les recortó algunas deducciones y exenciones, pero también bajó (en 2016) el tipo de Sociedades del 30 al 25% actual. En unos años de subidas históricas de impuestos (y recortes), Rajoy subió la recaudación de sociedades, pero más nos subió el IRPF y el IVA. Y en 2017 y 2018, volvió a restablecer deducciones. A partir de 2020, el Gobierno Sánchez ha tratado de que las empresas paguen más impuestos, consiguiendo una subida de la recaudación en 2022.
Esta evolución de la política fiscal se puede ver en los impuestos que han pagado las empresas. Hasta los años 90, el resultado de las empresas y su base imponible (sobre la que se pagan impuestos) eran bastante equiparables. Así, en 1995, las empresas pagaban un 21,97% sobre su base imponible y un 19,10% sobre su beneficio final. Y en el año 2000, un 24,07% sobre la base imponible y un 21,42% sobre su beneficio. Pero luego, la autorización de nuevas deducciones y exenciones, rebajaron el impuesto final. Así en 2011 (tras la “ayuda de ZP), las empresas pagaron un 19,92% sobre la base imponible, pero tras las deducciones y exenciones, sólo pagaron un 9,04% sobre los beneficios. En 2014 (Rajoy lo necesitaba) pagaban algo más, un 10,02% sobre el beneficio contable, pero en 2019 (con Presupuesto PP prorrogado) sólo pagaron el 9,07%, casi lo mismo que en 2021. Y sólo pagaron algo más en 2022, un 20,55% sobre su base imponible (ingresos menos gastos), pero sólo un 9,40% sobre su beneficio contable. En resumen, que las empresas españolas pagaban el 21,42% de lo que ganaban en el año 2000, el 16,7% en 2007 y ahora el 9,4%. Por eso Hacienda ahora recauda un -26,77% en Sociedades, frente a un +50,7% más con el IRPF.
Ese porcentaje que pagan sobre lo que ganan, el 9,4%, es muy inferior al tipo efectivo de todos los impuestos (15,3% en 2022) y al tipo efectivo que pagamos en Renta los que vivimos de un sueldo a de una pensión (el 14,1%). Pero además, es un tipo medio: hay empresas que pagan mucho menos, según los datos de la Agencia Tributaria. Así, los grandes grupos empresariales españoles tributaron el 5,9% de sus beneficios en 2021 (y un 5,1% en 2020), mientras las empresas no integradas en grupos pagaban un 13,4% de sus beneficios. Y todavía pagan menos las multinacionales españolas, las empresas que tienen filiales en el extranjero (muchas en paraísos fiscales): de las 126 mayores multinacionales españolas, 31 pagan menos del 5% de sus beneficios en el Impuesto de Sociedades (pagan el 1,75% de media). Otras 15 pagan del 5 al 10% (8,64% de tipo efectivo), 6 multinacionales pagan del 10 al 15% (11,46% de media) y 18 multinacionales pagan del 15 al 20% (16,31% de tipo efectivo), según un informe de la Agencia Tributaria. Globalmente, un tercio de las multinacionales españolas (el 37%) pagan de impuestos menos del 10% de sus beneficios.
Las grandes empresas pagan poco “legalmente”, porque se aprovechan de tres mecanismos fiscales que les han ido “regalando” en las últimas décadas. El primero, las bonificaciones, deducciones y reducciones fiscales (por donaciones, inversiones en I+D+I, o tipos reducidos a SICAV y SOCIMIs y otros múltiples conceptos como la deducción por gastos financieros), que les rebajan la cuota a pagar, sobre todo a las grandes empresas. El segundo, los “créditos fiscales” acumulados por pérdidas anteriores. Y el tercero, por las operaciones en el extranjero. Veámoslos.
Los créditos fiscales son “una gran “hucha” que tienen las empresas (sobre todo las grandes y los bancos) para tirar de ella y ahorrarse el pago de impuestos por pérdidas anteriores: superan los 500.000 millones de euros (575.334 millones, según el Comité de expertos fiscales) y se estima que permitió a las empresas ahorrarse 25.000 millones en impuestos en 2019 (por la crisis financiera de 2008). El sistema es justificar pérdidas o comprar empresas con pérdidas para eludir el pago de impuestos, algo que resta unos 5.000 millones de recaudación anual. Un caso llamativo es la banca, que acumula un colchón, una hucha de 65.000 millones de euros en créditos fiscales, por haber comprado Cajas de Ahorros y bancos en pérdidas (con 65.725 millones de ayudas públicas que no vamos a recuperar) y por las pérdidas de la pandemia. De hecho, en 2022, Santander se ahorró 642 millones en impuestos y BBVA otros 598 millones por los créditos fiscales que acumulan. Y así cada año.
El tercer mecanismo legal para pagar menos impuestos, junto a las bonificaciones y los créditos fiscales, son las operaciones en el extranjero, básicamente dos: la deducción fiscal por pérdidas (o endeudamiento) en filiales y la exención fiscal del 100% a los dividendos y plusvalías generados en el extranjero, que busca evitar la “doble imposición”. Se entiende que estos ingresos han tributado en otros paises y no deben volver a pagar en España, pero el problema es que en muchos paises (de baja imposición o paraísos fiscales) tributan poco o nada, con lo que muchos de estos ingresos realmente no pagan. Se estima que este dinero exento supone un ajuste de hasta 150.000 millones anuales, la mitad del beneficio contable de muchas multinacionales, lo que explica por qué tributan menos del 5%.
Sea por la vía que sea, la realidad es que una buena parte del beneficio de las
grandes empresas no paga impuestos. Y más en el caso de las multinacionales
españolas: 24 de las 35 compañías del
IBEX tienen filiales en paraísos fiscales (187 el Banco de Santander, 82
ACS y 65 Ferrovial), según
este informe de Intermón Oxfam). Los datos son impactantes: si en 2010, las
empresas españolas ganaron 164.164 millones y sólo tributaron por 77.658
millones (el 47,3% de su beneficio), en 2021 ganaron casi el doble (304.978
millones) y sólo tributaron por 114.605 millones, por el 37,58 de su beneficio.
En definitiva, que 2
de cada 3 euros de beneficio de las empresas españolas no tributa.
Esta situación escandalosa, sobre todo para los que pagamos por todo lo que ganamos, es un tema preocupante, no sólo en España sino en todos los paises occidentales, donde los Gobiernos están muy preocupados, sobre todo por las multinacionales y su “elusión fiscal”: termino “fino” para indicar que no hacen “fraude fiscal” sino “ingeniería fiscal” para pagar menos impuestos “legalmente”, utilizando los agujeros de las leyes y los paraísos fiscales. En conjunto, se estima que las multinacionales dejan de pagar 125.000 millones de dólares al año. Sólo España pierde cada año 4.000 millones de euros (el 18% de los ingresos por Sociedades) por la “elusión fiscal” de las multinacionales, según estimaciones internacionales. Para evitarlo a medio plazo, la OCDE y el G-20 acordaron en la Cumbre de Roma, en octubre de 2021, establecer un tipo mínimo del 15% sobre los beneficios de las multinacionales, un acuerdo que generará 150.000 millones de ingresos fiscales adicionales en 140 paises (en España podría suponer 2.300 millones anuales de recaudación extra). En principio, el tipo mínimo iba a entrar en vigor este año 2023, pero la OCDE ha señalado que su implantación “va con retraso” y no se implantará hasta 2024.
Europa se puso en línea y el Consejo aprobó en diciembre de 2022 una Directiva (2022/2523) para que todos los paises europeos apliquen este tipo mínimo del 15% en Sociedades. En España, el 6 de marzo de 2023, el Gobierno ha sometido a consulta pública esta Directiva, que debía trasponer y aprobar el Congreso antes de fin de año, una tarea que queda en suspenso y pendiente del futuro Parlamento. Entre tanto, las empresas y multinacionales españolas tienen ya ese tope mínimo del 15% por su actividad en España, dado que lo aprobó el Gobierno Sánchez, en el Presupuesto 2021, para aplicarlo a partir de 2022.
El Gobierno Sánchez, desde enero de 2020, ha tenido entre sus prioridades que las grandes empresas pagaran más impuestos. Por un lado, ha limitado las bonificaciones y exenciones fiscales, reduciendo del 100 al 95% la exención fiscal por dividendos y plusvalías generados en el extranjero. Y la Agencia Tributaria estrecha el cerco a los grandes grupos empresariales que compran empresas con pérdidas para rebajar la factura fiscal, publicando en mayo una nota aclaratoria que delimita el alcance de este mecanismo, que permitió a las empresas ahorrarse 4.780 millones en impuestos en 2021. Además, el Gobierno aprobó en 2022 un impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios de las eléctricas, energéticas y la banca, para recaudar 7.000 millones entre 2023 y 2024. Los bancos han empezado a pagarlo en febrero (pagarán 1.500 millones anuales, el 7,4% de sus beneficios anuales), pero antes lo tienen recurrido ante los Tribunales. Y si el 23-J gana el PP, lo suprimirá.
Al final, lo que pase con la tributación de las grandes empresas y las multinacionales va a depender del futuro Gobierno. Pero el Comité de Expertos que, en marzo de 2022, presentó su informe sobre una futura reforma fiscal, ya se mostró a favor de replantearse las bonificaciones, exenciones y deducciones del Impuesto de Sociedades, así como el cambio en la tributación de las multinacionales españolas, para que pagaran un mayor porcentaje sobre sus beneficios reales. Y lo mismo plantea el último informe de Intermón Oxfam, que pide limitar las bonificaciones y créditos fiscales, aumentar el tipo efectivo que pagan las empresas y revisar el listado español de paraísos fiscales (sólo 24 territorios: ver la lista) y también el europeo, que no considera paraísos fiscales a Irlanda, Paises Bajos, Luxemburgo o Delaware (EEUU), los lugares donde más empresas españolas tienen filiales para “eludir” impuestos.
La mayoría de los españoles, según la última Encuesta del CIS, creen que los impuestos son injustos y no pagan más los que más tienen, sino los trabajadores y las clases medias, con el IRPF y el IVA. Ya hemos visto que los datos oficiales lo corroboran. Ahora, el debate es si el futuro Gobierno continúa aumentando los impuestos a las grandes empresas (y a los más ricos) o se los rebaja, como defiende la derecha. Entonces, en vez de avanzar en justicia fiscal, retrocederíamos. Y si encima hay que reducir más el déficit en 2024, por exigencia de Bruselas, sólo hay 2 caminos: ingresar más, consiguiendo que paguen más los que más ganan (y tienen) o recortar gastos, como hizo Rajoy y el PP de 2012 a 2016. Este es uno de los grandes temas que está en juego en las elecciones del 23 de julio. Piénselo antes de votar.
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